El pasado lunes, el salario mínimo interprofesional (SMI) en España subía oficialmente un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas. El aumento en la retribución tendrá efecto sobre un 9,3% de los asalariados, según las estimaciones de Comisiones Obreras (CCOO) a partir de la Encuesta de Población Activa. O, lo que es lo mismo, 1,7 millones de trabajadores percibirán un aumento en su nómina.

El número de empleados que ven su sueldo moverse al son de las reformas del Gobierno es cada vez mayor. La cifra de perceptores ya había aumentado desde un 3,5% en 2018 a un 7,4% en 2023, de acuerdo con un informe del Ministerio de Trabajo. Es decir, el impulso anual al SMI está alcanzando cada vez más convenios y más nóminas que llevan tiempo sin actualizarse en la negociación colectiva.

En la firma del acuerdo, en la que estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hizo hincapié en la ausencia de las patronales CEOE y Cepyme y en la necesidad de elevar la media salarial general para combatir la precariedad. “Que nadie nos diga que no hay margen para subir los salarios cuando los beneficios crecen”, señaló Sánchez. “Pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más y que vayamos hacia un aumento de los sueldos”. 

El aumento de las retribuciones mínimas es una buena noticia que tiene un doble filo, ya que el SMI señala un mínimo de subsistencia para que un trabajador no pierda poder adquisitivo. Se estima teniendo en cuenta factores como la evolución del Índice de Precios del Consumo (IPC), la productividad media nacional, las tasas de actividad y la coyuntura económica, según recoge el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Ponderando estos factores, el cálculo tiene que cumplir también con una medida de control introducida por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que establece un umbral digno cuando el SMI llega al 60% del salario medio nacional. Con todas estas variables es con las que se sientan a la mesa los agentes sociales.

El hecho de que la retribución mínima cada vez alcance a más trabajadores quiere decir también que hay más gente en este territorio de mínimos. Algo que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejaba caer en su comparecencia, a la vez que hacía un llamamiento a las empresas para que “no solo desde lo público, sino en la negociación colectiva, suban los salarios” en España. “Estamos todavía con un diferencial negativo de 25 puntos con respecto a las medias salariales europeas”, señaló. 

“La aspiración de los sindicatos es que nadie —o cuanta menos gente, mejor— cobre el salario mínimo interprofesional”, apuntaba Unai Sordo, secretario general de CCOO. “Sigue siendo un salario de mera subsistencia incapaz de hacer frente al aumento de gastos muy importantes como la vivienda o los productos básicos”, concluyó. Y es que, según los datos proporcionados por UGT, España mantiene un alto porcentaje de perceptores del SMI con respecto a otros vecinos europeos como Bélgica, donde lo cobra un 3% de los trabajadores, o Alemania (6%). 

Si observamos las retribuciones mínimas de nuestros vecinos europeos, España se encuentra ahora en la parte media de la tabla. Dentro de los 27, esta retribución va desde los 620 euros en Bulgaria, hasta los 2.704 fijados en Luxemburgo, de acuerdo con los datos publicados por Eurostat este enero. La oficina estadística divide en tres bloques a los países. Por debajo de 1.000 euros se encuentran ocho países (Bulgaria, Rumanía, Hungría, Estonia, Eslovaquia, República Checa y Malta). Otros ocho, entre los que está España, oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros: son Grecia, Croacia, Portugal, Chipre, Polonia, Lituania y Eslovenia. Por encima de los 1.500 se sitúan Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Irlanda y Luxemburgo. Al recorrer el porcentaje de crecimiento en estos últimos años, donde más ha aumentado el SMI desde 2016 ha sido en Rumanía (13%) y Lituania (12%); donde menos, en Bélgica y Luxemburgo, ambos con un incremento del 3,2%.

Además de estos, hay otros países en los que la ley no estipula un salario base de referencia. Son Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia e Italia. En estos casos, la referencia suele estar en los convenios sectoriales y depende de cada ámbito profesional. En Suecia, por ejemplo, los convenios llegan a cubrir al 90% de los trabajadores y la potencia sindical permite que la negociación se haga entre las partes, sin participación del Estado, de forma que cada sector tiene un SMI propio. 

La media y la mediana salarial son dos formas habituales de estimar cómo son las nóminas en un país. La media, de uso más cotidiano, es el resultado de dividir la suma de salarios de un país por el número de personas trabajadoras. La mediana se define como el salario correspondiente al trabajador situado en el medio de la distribución salarial, de forma que la mitad de las personas trabajadoras tengan un salario inferior al suyo y la otra mitad un salario superior. La mediana siempre es inferior a la media y no se ve afectada por lo que ocurre en los extremos, es decir, por los sueldos altísimos o los más bajos. La media, en cambio, recoge mejor variables macroeconómicas como el coste salarial y peor la manera en que se reparten los salarios.

Tomando los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos a la Encuesta anual de Estructura Salarial de 2023, España tenía en ese año una media salarial de 28.049 euros brutos anuales y una mediana de 23.349 euros, mientras que el SMI se quedaba en 15.120. Por eso, explica el informe de expertos de 2025 encargado por el Ministerio de Trabajo, los valores objetivo a los que la normativa europea aconseja llegar “se refieren al 50% del salario medio bruto o el 60% del salario mediano bruto”, recoge el documento. Aunque en nuestro país se ha llegado a un 60% del salario medio: “hasta el momento no hay constancia de la utilización del 60% del salario medio como referencia en ningún país, salvo el caso de España”, concluyen los expertos de trabajo.

Hablar de salarios lleva inevitablemente al debate de la precariedad laboral y del poder adquisitivo de los trabajadores. En 2024, el salario medio anual a tiempo completo para los empleados en la Unión Europea fue de 39.800 euros, lo que refleja un aumento del 5,2% respecto de los 37.800 euros de 2023, de acuerdo con los datos de Eurostat. En España esa retribución se situó en 33.700 euros, 6.000 menos que la UE. Hay que señalar que los cálculos de Eurostat suelen diferir de las cifras del INE por la metodología de los análisis, de forma que las conclusiones del organismo europeo dejan un salario medio ligeramente superior al que certifica el INE. Aun así, la brecha salarial es patente y esto se refería la vicepresidenta segunda en la firma del acuerdo del SMI. De los 27 países, Luxemburgo fue el que tuvo sueldos medios más elevados, con 82.969 euros en 2024, seguido de Dinamarca (71.575 euros), Irlanda (61.051 euros) y Bélgica (59.632 euros). Los valores más bajos se registraron en Bulgaria (15.387 euros), Grecia (17.954 euros) y Hungría (18.461 euros).

En la comparecencia de este lunes, la precariedad laboral tuvo más atención de la habitual. Primero, por la ausencia de la patronal en el acuerdo, pero también por el desafío que está suponiendo traducir los grandes números macroeconómicos en una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. “Necesitamos salarios dignos en España”, enfatizaba Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien también aludía a la Carta Social Europea, la cual fija el salario mínimo en una cuantía que debe llegar al 60% del salario medio nacional para evitar situaciones de precariedad laboral. Pero, ¿qué se entiende por precariedad y cómo se determina?

“Todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”, recoge la misiva europea. Aunque hablar de precariedad laboral es entrar en un concepto muy amplio que cambia en función del organismo que lo defina. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que este concepto abarca un abanico amplio de circunstancias, desde tener un salario bajo o contratos inestables hasta carecer de protección contra el despido o representación sindical. Aunque sí deja claro que hay colectivos mucho más expuestos a estos abusos. “Un aspecto importante del trabajo precario es su carácter marcado por el género, ya que las mujeres están continuamente sobrerrepresentadas en este tipo de trabajo. Pero también las personas jóvenes y los trabajadores migrantes”, recoge el organismo. 

Y, de hecho, el informe Tendencias sociales y del empleo en 2026, realizado por la OIT, no dejaba conclusiones demasiado positivas a nivel global. Advertía del estancamiento de las condiciones laborales debido a que los salarios no se habían recuperado de la crisis inflacionaria y a que la inteligencia artificial estaba haciendo mella en el acceso al empleo de los perfiles más jóvenes. “El mundo sigue sin lograr reducciones significativas de los déficits de trabajo decente”, concluye el informe, que, por el contrario, sí detectaba una disminución de las cifras de paro globales. 

“El señor Garamendi gana 23 veces el salario mínimo interprofesional. Le pido prudencia y responsabilidad. ¿Y por qué lo hago? En el año 80 la participación de los salarios en la renta nacional alcanzaba el 80%. Ahora lo hace en escasamente el 58%. Hemos perdido veintidós puntos de participación de la gente trabajadora en la renta nacional. Se ha construido un proyecto de país, que ahora estamos cambiando, en contra de la gente trabajadora. Hay más margen para mejorar los salarios. El país crece al 2,8%, con unos márgenes empresariales brutales. Bien merece que hagan el esfuerzo de repartir un poquito la riqueza con la gente trabajadora”.

Este mensaje al presidente de la patronal se lo lanzó de manera rotunda y directa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este martes durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. En las últimas horas no ha dejado de subir la tensión entre el Gobierno y el principal representante de los empresarios, Antonio Garamendi, con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como trasfondo.

Lejos quedan aquellas imágenes durante la pandemia en las que Garamendi posaba sonriente junto a los ministros del Gobierno y con los sindicatos por los acuerdos sobre los ERTE y el proyecto de reforma laboral, entre otros asuntos. Había entonces un hilo directo y de continuo diálogo entre el líder de la CEOE y la ministra de Trabajo. Pero ahora el representante de los empresarios libra su propia batalla contra las medidas del Ejecutivo de coalición progresista, un giro que emprendió principalmente desde su reelección al frente de la organización a finales de 2022, presionado también por los sectores duros de la confederación para alejarse del Gobierno.

Fue durante el primer semestre de 2023 –momento en el que todo el mundo daba por hecho que la izquierda saldría del Gobierno– cuando Garamendi entró al choque con el propio Pedro Sánchez y con las políticas del Ejecutivo. El líder de la CEOE llegó a dejar plantado al presidente durante la cumbre bilateral entre España y Marruecos en Rabat para mostrar su discrepancia con la subida entonces del salario mínimo y se despachó a gusto en una entrevista en El Mundo en la que acusaba a la coalición de incrementarlo de manera unilateral: “Para hacernos la foto no vamos”.

Pero al tiempo que se alejaba del Gobierno, Garamendi iba estrechando sus lazos con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a través de figuras destacadas del marianismo. Durante aquel principio de 2023 fichaba a José Luis Ayllón para dirigir el nuevo Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes. Fue uno de los hombres más importantes del último Ejecutivo del PP, donde ocupó puestos en la sala de máquinas como jefe de gabinete de Presidencia y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, además de ser la persona de máxima confianza política de Soraya Sáenz de Santamaría.

Esos vínculos umbilicales entre la actual dirección de la CEOE y el Partido Popular se materializan también a través de Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la organización desde septiembre de 2019 y presidente del consejo de administración de Rothschild en España. Fue uno de los cerebros económicos de la época de Rajoy, como secretario general del Tesoro y secretario de Estado de Economía. Hace menos de un mes, en un foro en Zaragoza, Fernández de Mesa apostó claramente por ir a elecciones anticipadas en caso de no aprobarse unas nuevas cuentas públicas. Con este mensaje al Ejecutivo: “Si no se es capaz de tener un presupuesto, lógicamente, hay que cambiar la composición del Parlamento”.

Asimismo, en el núcleo duro de Garamendi en la CEOE está Fátima Báñez como presidenta de su fundación. La exministra de Empleo fue la autora de la dura reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que supuso duros recortes para los trabajadores durante la crisis económica. Es también otra de las personas de confianza de Sáenz de Santamaría y tiene una excelente relación con Alberto Núñez Feijóo, a quien asesora de manera habitual en temas económicos.

La patronal y el Gobierno viven un duro choque durante estas horas, de nuevo a raíz de la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Este lunes se celebró el acto de rúbrica entre Díaz y los líderes sindicales para que ascienda a 1.221 euros mensuales durante 14 pagas para este año (un 3,1% más que en 2025). Y quiso estar presente Sánchez, un gesto de gran simbolismo político, al no haber acudido a un acto similar desde 2020, la última vez que los empresarios participaron.

El presidente del Gobierno fue también muy claro: “Aquí no estamos todos los que deberíamos estar. Falta la patronal y su ausencia dice mucho”. Para remarcar a continuación: “Es la que ha decidido borrarse de este acuerdo. Lo que no es admisible es que en un contexto de bonanza económica se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo mientras se mira hacia otro lado cuando se registran estos beneficios multimillonarios. Es una cuestión de justicia social y de inteligencia económica”.

Durante el martes, Garamendi disparó tanto contra Sánchez como contra Díaz. Sobre el líder socialista, indicó: "Yo creo que el presidente del Gobierno no estuvo a la altura". Se mostró “hiperenfadado”: "Creo que todo el mundo tiene muy claro qué está pasando. Es decir, parece que aquí hay que seguir buscando enemigos, pues para tapar, no sé, alguna miseria".

Respecto a Díaz, el líder de la patronal lamentó: “Yo creo que ya aburre sinceramente el populismo. En España los salarios están donde tienen que estar en función de la responsabilidad de la gente. Represento a la gran empresa y a los pequeñitos, que son los autónomos, los bares, los pequeños comercios”.

Desde el Palacio de la Moncloa insisten en las palabras de Sánchez durante el acto y señalan respecto a Garamendi: “No podemos entender que la patronal no esté de acuerdo en algo tan humano como mejorar el salario mínimo”. Asimismo, fuentes gubernamentales del espacio de Sumar manifiestan sobre el líder de la patronal: “Está haciendo política, está en contra del Gobierno”. “No quieren pactar nada”, señalan, recordando que, además del SMI, los empresarios se niegan a negociar sobre la reforma del despido y la modificación de la ley de prevención de riesgos laborales.

Ni es la primera vez que lo exige ni ha sido el primero en hacerlo. Nada original, ni moderno. Su idea ya aparece documentada en el Egipto de faraones y esclavos cuyo legado cultural permaneció inalterable hasta la caída del régimen feudal en la Edad Media y la aparición del individuo como sujeto susceptible de liberarse de los dioses y la nobleza. La cultura del esfuerzo es común a todas las culturas, desde la china hasta la maya, que han impuesto un modelo social basado en la dominación, la acumulación de riqueza y la desigualdad.

El capo de la patronal ha vuelto a reclamar la cultura del esfuerzo como solución a todos los problemas creados por quienes, como él, la banda de la CEOE y la de la CEPYME, viven a cuerpo de rey, como dios, a costa del esfuerzo del trabajador. La erosión cutánea, las manos arrugadas y agrietadas, las uñas astilladas, los estómagos mal atendidos, los insomnios, las precariedades vitales, la mala salud, los accidentes laborales y la ausencia de proyectos de vida se presentan como las consecuencias inevitables de la falta de esfuerzo por parte de quien sufre éstos y otros males con que los dioses castigan a los seres humanos.

Campesinas, educadores, administrativas, taxistas, mecánicos, policías, médicas, albañiles, camareras, panaderos, limpiadoras, informáticos, ingenieras… nadie se esfuerza bastante, lo suficiente para vivir como el sufrido empresariado. Porque, a ver, no hay mayor esfuerzo que el exigido para especular o medrar en el erario público, algo al alcance de la mano para cualquiera. Si en España no hay 23 o 25 millones de milmillonarios es porque no hay cultura del esfuerzo, porque el personal se conforma con 20.000 euros en lugar de 200.000.

Amén de Garamendi, hay numerosos ejemplos de emprendedores que, desde la nada, han alcanzado las más altas cotas del éxito y aparecen en el santoral de Forbes. Todos tienen en común cuadrillas de economistas, abogados y publicistas a su servicio para hacer más llevaderos los ímprobos esfuerzos y, de paso, ofrecer una imagen pública próxima a la de salvadores de la patria, a pesar de que un robusto pilar de su opulencia es el escaqueo a la hora de pagar impuestos mediante el esfuerzo conjunto con los ingenieros financieros.

Que nadie ponga en duda el denodado esfuerzo de los Roigs para disparar sus cuentas con la especulación alimentaria aprovechando crisis sanitarias, desastres naturales o subidas salariales en todos los sectores y poniendo como ejemplo de esfuerzo, y sumisión, al obrero chino. No es fácil, como tampoco lo debe ser para los Botines eliminar la libre competencia financiera para saquear a la clientela y especular a gusto con el derecho a la vivienda, por ejemplo. ¿Y qué decir de los Amancios y Florentinos? El éxito de los Ortegas se sostiene en un mercado insostenible y en la especulación inmobiliaria; el de los Pérez es el ejemplo de privatización de servicios públicos y del compadreo político como antesala de la corrupción que tanto daña a la patria que llevan en la pulsera y en la cartera.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.

Las patronales CEOE y Cepyme han calificado de "fórmulas trileras" la propuesta fiscal del Gobierno para compensar a las empresas ante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) alejando la posibilidad de cerrar un acuerdo tripartito para esta medida, según informa EFE.

En un comunicado difundido este jueves, horas antes de la reunión de la mesa de diálogo social para abordar la subida del SMI para 2026, CEOE y Cepyme apuntan que la propuesta conocida ayer supone la sustitución de la esperada indexación de los contratos públicos "por unas fórmulas trileras que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada" del 3,1% hasta los 1.221 euros brutos.

La propuesta, añaden, establece "condiciones inalcanzables para la mayoría de las empresas y, sobre todo, supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa. Es puro intervencionismo", concluyen.

La patronal añade que el comité ejecutivo emitirá una valoración una vez el Gobierno les entregue la documentación necesaria, aunque el comunicado ya anticipa la dificultad de poder alcanzar un acuerdo tripartito, con patronal y sindicatos, como buscaba el Ministerio de Trabajo.

Las patronales también reprochan que se haya filtrado a los medios en lo que consideran una "falta de respeto" del Gobierno por el diálogo social.

"No hacemos un buen servicio a la economía ni a la sociedad si sustituimos la concertación social, amparada por el artículo 7 de la Constitución, por la política del anuncio y la puesta en escena" inciden.

La propuesta, que la CEOE asegura haber conocido a través de los medios de comunicación, incluye una deducción del impuesto de sociedades para las empresas que aumenten los trabajadores con retribuciones por encima del SMI.

El incentivo podrá alcanzar el cien por cien de la subida del SMI siempre que el incremento de plantilla con sueldos superiores a esa retribución mínima sea igual o superior al 15%.

La propuesta incluye otros condicionantes, como que únicamente podrán aplicar la reducción prevista "las empresas cuyos gastos de personal superen el 70 % de los gastos de explotación".

Además, la plantilla media total de las empresas que se acojan a este incentivo deberá mantenerse o incrementarse respecto al inicio de dicho período y "sostenerse durante los dos años posteriores" al de la subida, que es 2026.

La patronal critica que el planteamiento "deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores".

De hecho, añaden, la medida "excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro".

El Ministerio de Trabajo se sienta esta tarde con patronal y sindicatos en una nueva reunión en la que se pretende acordar la subida del SMI del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, exenta de tributar en el IRPF y que se aplicará con efectos retroactivos desde este enero.

El cierre de año está siendo una carrera de fondo para el Ministerio de Trabajo respecto a un diálogo social en el que hace tiempo que la patronal ya no quiere participar. Y es que los acuerdos tripartitos, entre Gobierno, patronal y sindicatos, son ya una rareza en lo que a las medidas laborales se refiere. Esta misma semana Trabajo cerraba con los sindicatos y sin la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) un acuerdo para incrementar hasta en 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar y 15 para cuidados paliativos. Tampoco en la reducción de jornada hasta las 37,5 horas, en el fichaje digital o en el anteproyecto del Estatuto del Becario encontraron un punto de acuerdo. En cuanto a la subida del SMI, las últimas cinco veces los empresarios dijeron no, y solo en 2020 participaron de ella. En la que toca ahora, la distancia entre las partes ha dejado un primer encuentro sin acuerdo.

Este martes ha tenido lugar la primera reunión para acordar la remuneración mínima legal en 2026 y el acuerdo no parece estar cerca. A la salida, Comisiones Obreras ha hablado de un encuentro en el que se han ponderado “los márgenes de negociación” en relación con las posiciones de cada grupo y en el que el Gobierno no ha lanzado aún una propuesta concreta. Se trata, en principio, de porcentajes de aumento muy dispares, CEOE ha cuestionado el cálculo que se hace para llegar al 60% del salario medio y mantiene que una subida del 1,5% es “más que suficiente”. Los sindicatos se han posicionado en un 7% y los expertos de Trabajo han dado una horquilla entre un 3,1% y un 4,7%. “Confiamos en que haya margen para poder analizar las propuestas entre el conjunto de agentes sociales y sabemos de las dificultades de conciliar con las organizaciones empresariales”, señaló a la salida de la reunión Javier Pacheco, secretario confederal de acción sindical de CCOO.

“El Gobierno tendrá que adoptar finalmente una posición y nosotros exigiremos que, tanto el incremento como las reglas de compensación y absorción (para que las empresas no descuenten la subida de los complementos salariales), sean parte del mismo acuerdo y se incorporen al conjunto de las nóminas de los trabajadores”, señaló Pacheco. Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo señalaban a última hora de la tarde del lunes que este primer encuentro ha servido solo para ver las posiciones y apelaban a mantener un maltrecho diálogo social. “Tras esta primera toma de contacto, el Gobierno realizará una primera propuesta sobre el SMI para 2026 con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social”.

Aunque lo cierto es hubo un tiempo en el que existía sintonía con la patronal. Eran aquellos tiempos en los que se prorrogaban los ERTE (hasta seis veces), o se acordaba la reforma laboral en 2021. De hecho, en 2023, preguntado ante un hipotético cambio en el Gobierno, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, pedía “defender la reforma laboral” que habían firmado conjuntamente con Trabajo y sindicatos. Pero en este último año, ni rastro de diálogo o puntos de acuerdo. “La patronal no se levanta nunca de las mesas de negociación, sino que, como en el caso de los permisos por fallecimiento, nos echan de las mismas”, lanzaba Garamendi a principios de diciembre y hablaba de un espacio de diálogo “minado”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondía calificando de “inhumana” su negativa. “Lamento la actitud inaudita de la CEOE, que primero dijo que quería diálogo social para debatir sobre estos permisos y después, tras meses de trabajo y diálogo, se levanta de la mesa porque sencillamente no quiere algo que es de sentido común”, protestaba Díaz. Los reproches en una y otra dirección han ido erosionando aquel espejismo de diálogo social y no parece que ese patrón vaya a cambiar de cara a la negociación del SMI. 

Y es que el tono se ha ido elevando a medida que algunas propuestas progresaban, pero la revalorización del salario mínimo se ha convertido en una fuente habitual de desencuentros. “La CEOE podría participar si quisiera en el grupo de expertos de Trabajo que ha elaborado estos días el informe. Y pudiendo participar, han declinado, porque, por una cuestión política, no quieren dar legitimidad a las cosas que aquí se plantean”, explica a infoLibre Luis Zarapuz, coordinador del Gabinete Económico de CCOO. 

En las cinco últimas subidas el SMI ha pasado desde los 950 euros a los 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, es decir, ha crecido un 24% en contra del criterio de la patronal. Pero, ¿bajo qué supuestos se ha dado esta negativa? El principal y la que más ha repetido es “la supervivencia de las pymes” o la “baja productividad”, dos temas usuales cuando la mejora de las condiciones laborales vuelve a debate en la mesa de diálogo social. 

Sobre el impacto en las pequeñas empresas, en las anteriores negociaciones la patronal pidió establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario (en el que los salarios son en general más bajos y, por tanto, tienen una mayor incidencia las subidas) y de modificar la normativa de revisión de precios en los contratos con el sector público, para poder repercutir el incremento en los contratos en ejecución. Algo que también está presente en las quejas de este año. 

En cuanto a la productividad, es uno de los argumentos que más se han repetido en las notas de la patronal para oponerse a la reducción de la jornada o a los cambios en el SMI. Este indicador hace referencia a lo que cada hora trabajada de un empleado genera en rentas a la empresa. Y, si bien es cierto que España crece por debajo de la media europea, es difícil establecer una causalidad entre organización del trabajo y productividad. La razón, advierte el Banco de España, es que los mayores cambios en este aspecto vienen de la inversión en tecnología y la innovación, algo más lento en un país de empresas pequeñas (con menor margen para invertir en i+D), como es el nuestro. 

Entre los factores macroeconómicos también se suele hablar de la repercusión negativa en el empleo, bajo la hipótesis de que si aumenta el gasto en salarios, se recortan las plantillas o caen las contrataciones. Aunque este es un riesgo reconocido por todos, el informe de los expertos de Trabajo y de otros organismos como la AIReF, descartan que, por el momento, haya un impacto pernicioso y hablan de “un muy limitado efecto negativo del aumento del SMI sobre el crecimiento del empleo”.

En la misma línea se expresa la OCDE. “Entre los trabajadores directamente afectados, la subida del salario mínimo aumentó los ingresos mensuales equivalentes a tiempo completo en un 5,8% de media, y redujo el empleo en un -0,6% (unos 7.400 puestos de trabajo), lo que implica una elasticidad de la demanda de mano de obra con respecto al salario, muy pequeña”, señala su estudio para España relativo a 2023. 

Pero además de la batalla, que se repite año tras año, con el SMI. La fractura en la mesa diálogo social se aprecia también en la falta de acuerdos tripartitos recientes. Antes que los permisos por fallecimiento, ya mencionados, el nuevo marco sobre riesgos laborales tampoco se consiguió debatir y el cruce de acusaciones llegó se elevó con acusaciones de Díaz hacia la patronal de “jugar con la vida de los trabajadores” y respuestas que acusaban a la titular de “usar el fallecimiento de trabajadores para acusar a las empresas”. En este clima, se dirime en vísperas de Navidad el salario mínimo legal.

Las patronales CEOE y Cepyme han acordado proponer al Gobierno una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 1,5% para 2026, hasta los 16.824 euros brutos anuales (1.202 euros brutos al mes, en 14 mensualidades), no exentos de tributación al IRPF, informa EFE.

La subida, inferior a la planteada por los sindicatos, que apuestan por elevar el SMI un 7,5%, hasta los 1.273 euros al mes, ha sido acordada este martes por el Comité Ejecutivo de la CEOE, reunido con carácter extraordinario, ha informado la patronal en un comunicado.

La CEOE ha decidido proponer esta subida del 1,5% porque considera que el SMI ya ha superado el 60% del salario medio neto, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y porque está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año.

El Ministerio de Trabajo está a la espera del informe del comité de expertos al que pidió dos propuestas de subida, una en la que se tenga en cuenta si el SMI empieza a tributar y otra si sigue exento como hasta ahora.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha avanzado que si el SMI comienza a tributar -como todo parece indicar- la subida de 2026 "va a ser relevante".

En el comunicado, la CEOE explica que la Encuesta de Estructura Salarial, que sirve de base para extraer el salario medio para el grupo de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, no tiene en cuenta los sueldos de la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, entre otros, "lo que genera una distorsión al alza".

"Precisamente estos sectores son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado", añade la nota de la patronal.

Además, apunta, no tiene en cuenta el salario de sectores en los que las sucesivas subidas del SMI están penalizando más el empleo, algo que sí contempla la EPA, "una estadística más válida y ajustada para poder realizar estos cálculos", así como más actualizada (2024) que la Encuesta de Estructura Salarial (2023).

Así, según la EPA, el SMI debería ser de 15.760 euros brutos anuales, esto es 816 euros menos al año, de forma que el actual (16.576 euros) "es un 4,9% superior a lo que realmente corresponde".

"Dicho esto, si el SMI ya supera el 60% del salario medio según la EPA, en el caso de dar por buena la referencia que sigue el Ministerio de Trabajo, no cabría realizar ninguna revalorización para el año 2026", dice la CEOE.

Sin embargo, propone aplicar un alza del 1,5% en línea con la prevista para los empleados públicos y de acuerdo con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos: el fomento de la negociación colectiva, lograr un nivel digno de vida, reducir la pobreza de los ocupados, fomentar la cohesión social y la convergencia social al alza, y reducir la brecha salarial de género.

"Justamente para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5% al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores", concluye la CEOE.

El permiso por fallecimiento, que el Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta los diez días, podrá disfrutarse a lo largo de las cuatro semanas siguientes a la muerte del familiar que de lugar al mismo, según informa EFE.

Así aparece en la propuesta que Trabajo ya ha remitido a los agentes sociales, que detalla que los díez días hábiles de permiso por duelo podrán cogerse en caso de fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad, según adelantaba este lunes la SER y han confirmado a EFE.

Esto incluye tanto a hijos, como a nietos y también a abuelos y podrá disfrutarse a lo largo de las cuatro semanas siguientes al fallecimiento o entrega de los restos de la persona fallecida.

Por su parte, se mantienen los dos días actuales de permiso por fallecimiento (cuatro si es necesario un desplazamiento) para un familiar hasta el segundo grado de afinidad, lo que incluye cuñados y abuelos del cónyuge. 

La propuesta también concreta el nuevo permiso para cuidados paliativos que tendrá una duración de hasta 15 días y al que se tendrá derecho si esos cuidados afectan al cónyuge, la pareja de hecho o otros familiares de segundo grado de consanguinidad.

Este permiso, que podrá consistir en una reducción de jornada, puede dividirse en dos períodos diferentes pero solo una vez por paciente y siempre en un plazo máximo de tres meses desde que se empieza a disfrutar, algo para lo que sólo se requerirá un informe médico que justifique la situación de cuidados paliativos.

Otra novedad de la propuesta de Trabajo es la creación de un nuevo permiso para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia, que consistirá en un día, aquel en el que se administre, y al que tendrá derecho cualquier trabajador que haya sido designado por ésta para acompañarla, independientemente de si hay o no parentesco.

El anuncio hace un par de semanas de estos permisos por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue tachado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de "ocurrencia" al haberse planteado ante los medios y sin un diálogo social previo, algo que también reprocharon a Trabajo los sindicatos, que no obstante valoraron el avance en derechos.

El país se enfrenta a un debate que tiene mucho de artificial en torno a la disminución del tiempo de trabajo, que actualmente se encuentra en las 40 horas semanales, desde que el primer gobierno socialista de la democracia, allá por 1983, decidió rebajar la jornada laboral. 

Ya en aquellos días las críticas fueron muy parecidas a las que algunos empresarios y algunas fuerzas políticas esgrimen en estos momentos: La productividad económica es baja y si disminuimos el tiempo de trabajo eso traerá ruina para las empresas y pérdida de empleos.

Los años han pasado y ni la economía española, ni el empleo, han sufrido semejantes desastres. Muy al contrario. La actividad económica ha crecido y los puestos de trabajo también. Simplemente aquellos malos augurios eran el fruto del desconocimiento, de la desidia o de ideas anticuadas, cuando no tendenciosas.

Somos uno de los países que más horas trabaja en toda Europa, eso sin contar el uso y abuso de las horas extraordinarias. Sin embargo, España tiene una productividad por debajo de la media. Estamos bastante mejor que Grecia, pero bastante peor que Alemania, Italia o Países Bajos, por poner algunos ejemplos variados.

Cualquiera que se haya molestado en leer un poco sabe que la productividad es algo así como la eficiencia de un sistema productivo. La relación entre lo que produces y lo que has tenido que invertir para producirlo. Mide cuánto has producido por cada unidad de factor que haya intervenido en el proceso. Con más horas se supone que produces más, pero si inviertes en innovación y tecnología también produces más. Si modernizas tu empresa produces más. 

Por lo tanto la productividad no tiene que ver exclusivamente con las horas que pasa un trabajador atado al banco de trabajo, sino con la cualificación y la formación que tiene, las habilidades adquiridas y los medios con los que trabaja, así como con el capital invertido en mejorar los sistemas de producción de la empresa. 

Los países que lo fían todo a que los trabajadores dediquen muchas horas de trabajo, pero no invierten en mejoras tecnológicas e innovación en sus sistemas productivos, terminan perdiendo productividad. Los países que cuentan con empresarios que piensan en formar bien a sus trabajadores, que tengan niveles salariales adecuados, que se encuentren motivados y que dedican una parte de los beneficios a modernizar su empresa, renovar maquinaria, actualizar su tecnología, mejorar sus instalaciones, sus redes de distribución, consiguen incrementos de productividad. 

El problema es que España, pese a todas las modernidades sobrevenidas, sigue siendo un país de cultura terrateniente y latifundista. Cualquier empresario quiere ganar dinero, mucho dinero, lo más rápido posible, con trabajadores poco formados, pero que le echen muchas horas y que trabajen a pedales y con los menos medios posibles. 

Las inversiones tecnológicas escasean. La innovación es una palabra desconocida, o es utilizada tan sólo con fines publicitarios. El tejido empresarial está compuesto por una inmensa mayoría de pequeñas empresas, o microempresas, con muy pocos trabajadores, y eso también actúa en contra. 

Hay países europeos mucho más productivos que nosotros con jornadas laborales de 35, o de 37 horas. Países como Bélgica contemplan 38 horas y otros como Francia 35. También abundan los países avanzados europeos que establecen un máximo de 40 horas. Sin embargo, en estos países las horas pactadas en convenio suelen moverse entre las 37 y las 38 horas de media semanal. 

No es lo mismo la jornada máxima establecida por ley que la negociada en convenio, que es siempre inferior. El problema se encuentra en todos esos trabajadores y trabajadoras que carecen de convenio, o con poca capacidad negociadora, al tratarse de sectores precarizados y poco sindicalizados.

En España, por ejemplo, la jornada media negociada en convenio es de 38´2 horas semanales. Y pese a ello, la reducción de jornada que propone el Gobierno afectaría a unos 12 millones de trabajadoras y trabajadores. Lejos de producir crisis empresariales y pérdidas de empleo, la medida de reducir la jornada tendría efectos positivos sobre la mejora y modernización de nuestras empresas, como ya ocurriera en 1983. 

Recurrir a Carlitos Alcaraz, como hace el Presidente de la CEOE, con esa familiaridad del que conoce bien al muchacho, suena ridículo. El entrenamiento físico de Carlitos no puede ser infinito sin riesgo de colapso de sus músculos. El entrenamiento mental también tiene sus límites. El ocio de un deportista es parte esencial de sus éxitos. Pero es que, además, el salario de cualquier trabajador es incomparable con el de Carlitos y hasta con el del propio Garamendi, que se embolsa casi 400.000 euros de sueldo anual, limpios de polvo y paja.

Cuando un empresario se acostumbra a obtener altos beneficios, invertir poco y utilizar para ello tan sólo las horas de trabajo de su personal, la productividad termina por caer. Sin embargo, cuando ese mismo empresario utiliza mejor su fuerza de trabajo, pagada adecuadamente, incentivada y bien formada, la manera de incrementar la cantidad y calidad de sus productos y servicios es reinvertir parte de los beneficios, innovar y mejorar su tecnología. 

La reducción de la jornada laboral siempre es un incentivo para que las empresas mejoren su productividad, inviertan más, creen empleo y sean socialmente más responsables. El actual debate y la negativa a la reducción legal de la jornada laboral, impulsado por una derecha anquilosada y una parte del empresariado poco innovador y anclado en un pasado que no volverá, impide que nuestro mercado de trabajo mejore y supone una pérdida de tiempo en la necesaria modernización del país.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

En su reciente informe anual sobre el Estado de derecho, la Comisión Europea pide a España el establecimiento de “un registro público obligatorio de lobbistas”, una medida de importancia en la lucha contra la corrupción dentro de un conjunto más amplio de acciones que Bruselas planteaba menos de 24 horas antes de que el presidente del Gobierno compareciese en el Congreso de los Diputados por la presunta corrupción del exsecretario de Organización del PSOE.

La Comisión Europea reprocha a España los escasos avances en mejorar la reglas sobre los conflictos de interés en las distintas administraciones públicas, uno de los talones de Aquiles en la prevención de la corrupción, mientras en el cajón del Congreso aguardaba su tramitación parlamentaria la ley de lobbies que, ahora sí, Pedro Sánchez recuperará dentro del anunciado Plan Estatal contra la Corrupción.

Para la elaboración del registro español de lobbies, el Gobierno deberá basarse en el existente Registro de Transparencia de la UE, nombre oficial del censo europeo de lobbistas, donde están inscritas actualmente 15.031 empresas, asociaciones u organizaciones, de las que 938 son españolas. Es el cuarto Estado miembro, después de Alemania, Francia e Italia, con mayor representación de lobbistas, una cifra similar a la de los representantes británicos y superior a la de estadounidenses.

Aparecen todas las grandes empresas españolas que uno pueda imaginar. Telefónica, Inditex, Iberdrola, Repsol, Caixa Bank, Banco Santander o Mercadona, pero no sólo compañías privadas, también diferentes actores como la CEOE y la UGT, el Foro de la Industria Nuclear, Movimiento por la Paz o la Asociación Española contra el Cáncer. Porque, según la definición del propio Registro de Transparencia de la UE, actuarían como lobbistas aquellas “organizaciones, asociaciones, grupos o individuos autoempleados que llevan a cabo actividades para influir en la política de la UE y en su proceso de toma de decisiones”. Evidentemente, el propio registro incluye distintas categorías y diferencia entre empresas privadas, sindicatos, organizaciones o asociaciones profesionales.

Telefónica lidera con diferencia el ránking de los mayores lobbistas españoles por volumen de dinero invertido en Bruselas. Con algo más de dos millones de euros gastados el año pasado, casi el doble que CEINNMAT, la empresa valenciana de investigación tecnológica, sin actividad pública en el registro hasta hace poco y que en 2023 realizó una fuerte apuesta por las actividades de representación e influencia, el equipo oficial de siete lobbistas de Telefónica mantuvo 161 reuniones de alto nivel con dirigentes y funcionarios de la Comisión Europea, según los datos públicos de transparencia.

La lista de actividades de los lobbistas de Telefónica es completísima y está actualizada hasta hace pocas semanas, cuando celebraron en la capital comunitaria un encuentro con el equipo de la comisaria Ekaterina Zaharieva, responsable europea de startups, investigación e innovación. A lo largo de todo este año se han visto individualmente con el director general de Redes de Comunicación y Tecnología, con el jefe de unidad sobre Economía española, con el gabinete del comisario de Defensa o han “intercambiado visiones” con los responsables de la Comisión Europea para las gigafactorías de Inteligencia Artificial, un negocio de presente y futuro para la multinacional española.

La CEOE también está en el podio de la intermediación e influencia política en la capital comunitaria. La gran patronal española viene gastando en el último lustro cerca de un millón de euros anuales en defender los intereses de sus representados, “fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y la economía de mercado” o “la competitividad de las empresas y la libre competencia”, según su registro. Tiene un equipo propio presente en Bruselas y hasta la ciudad también se desplazan personas “procedentes de departamentos temáticos” de la sede principal de Madrid. En abril se reunieron con tres personas del gabinete de la vicepresidenta Teresa Ribera para conocer de primera mano la futura reforma en la política de ayudas de Estado y, en febrero, mantuvieron un desayuno de trabajo sobre las prioridades en materia de medioambiente de la comisaria Jessika Roswall con su asesor Luis Planas Herrera, hijo del ministro español de Agricultura y Pesca.

Entre los principales lobbistas españoles ante las instituciones de la UE hay empresas menos famosas, pero importantes, como la manufacturera Tecnove, el proveedor de servicios turísticos Amadeus, con un gasto de un millón de euros en sus asuntos públicos comunitarios, o una gran tecnológica que despega en el sector militar de la mano del Gobierno, Indra, con cinco representantes a tiempo completo en Bruselas, un presupuesto de casi un millón de euros para esta actividad y una oficina bien situada a medio camino entre la Comisión y la Eurocámara.

Los tres principales bancos españoles, La Caixa, Santander y BBVA, cuentan con oficinas de representación en Bruselas para realizar actividades lobbistas ante las instituciones comunitarias. Sus equipos son habituales de eventos informativos y conferencias en los principales think tanks de la ciudad, como Bruegel o CEPS, de organizaciones como la Cámara de Comercio, también presente con una oficina en la misma calle del Parlamento Europeo, o en los de las delegaciones de las comunidades autónomas.

Sus responsables son banqueros acreditados como lobbistas ante las instituciones comunitarias y, por tanto, con permiso para mantener encuentros con eurodiputados españoles o de cualquier otro Estado Miembro y también con funcionarios de la Comisión o el Consejo, responsables de las legislaciones financieras en las que trabaja la UE.

El BBVA fue el que más gastó, 800.000 euros para estas actividades de influencia y representación y mantuvo 63 reuniones de alto nivel con políticos y funcionarios comunitarios. El dinero es similar al invertido en 2023 o 2022 y el presupuesto se destina principalmente a pagar la oficina de asuntos públicos europeos con la que cuenta a pocos metros de la Grand Place, las nóminas de los tres trabajadores a tiempo completo y los gastos de, como mínimo, otros dos lobbistas más registrados ante las instituciones, según los datos de Lobby Control.

Durante el pasado mes de marzo, los representantes de BBVA mantuvieron encuentros al más alto nivel. Por ejemplo, con el gabinete del comisario de Energía, Wopke Hoesktra, para tratar cuestiones sobre fiscalidad internacional. En esa reunión estaban presentes también lobbistas de Telefónica, de Iberdrola y de Deloitte, el gigante de la consultoría. Pocos días después se reunían con Teresa Ribera, la española que dirige la Vicepresidencia primera de la Comisión, para conocer la Directiva Omnibus, de simplificación normativa para las empresas.

Más interesante es el gran encuentro en Bruselas del sector financiero español, y europeo, a principios de año con el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, semanas en las que Bruselas trabajaba en los planes de financiación para las inversiones militares, donde el sector bancario debe jugar un rol trascendental para canalizar esos fondos comunitarios y desde los presupuestos nacionales hacia los gigantes armamentísticos. Estaban presentes representantes del BBVA, La Caixa y Banco Santander, mano a mano con el ICO (Instituto de Crédito Oficial), los holandeses ING y ABN Amro, Deutsche Bank o las grandes aseguradoras Axa y Allianz. Era un total de 20 grupos, la crème de la crème del sector financiero europeo.

Banco Santander dispuso en 2024 una cantidad ligeramente inferior a la de BBVA pero fue más dinámica en sus relaciones con representantes en Bruselas. Su equipo de cinco lobbistas, todos acreditados ante el Parlamento Europeo, mantuvo un total de 140 reuniones de alto nivel con funcionarios y políticos de la Comisión y, además, destinaron también unas decenas de miles de euros a estar representados por un gigante lobbista en la capital comunitaria como es la firma de relaciones públicas Fleishman-Hillard, que realiza importantes fichajes para su equipo entre periodistas del Financial Times, antiguos responsables del Gobierno italiano, del Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo o entre la Comisión Europea.

Todos estos encuentros que las grandes empresas españolas mantienen en Bruselas se conocen gracias al registro de lobbies de la UE. En un contexto político español apremiado por los escándalos de la corrupción, la creación de uno semejante serviría para vigilar las influencias que reciben los representantes políticos durante el proceso legislativo. Igual que la UE, España debería introducir un régimen de sanciones para las compañías, organizaciones empresariales o asociaciones profesionales no registradas con su personal, impidiéndoles mantener encuentros con los políticos y funcionarios, y obligar bajo pena de sanciones a que los responsables públicos tuviesen que actualizar sus reuniones en un portal público para la ciudadanía.

La justicia fiscal es el gran debate progresista. Quién debe pagar más impuestos y con qué progresividad ha sido una agenda lograda a medias por el Gobierno pero con grandes hitos. En la última legislatura rompió el tabú de los impuestos especiales a la banca y a las eléctricas. Sin mayoría progresista, la coalición ha conseguido mantener parte del gravamen a los bancos. Y aunque no aprobó la gran reforma fiscal prometida en la primera legislatura, el SMI ha compensado en parte la prometida justicia fiscal elevando el sueldo mínimo a un techo histórico y empujando así el salario medio. Con todo, el SMI es un salario de subsistencia, una cobertura a los más vulnerables. Por eso el Gobierno ha disparado en la diana de una de sus grandes victorias políticas. Hay un debate incluso en la izquierda sobre si es bueno dejar fuera del radar tributario a más de dos millones de personas. Pero había otro más importante esta semana y era explicar por qué se decide que lo hagan. Al no hacerlo, es fácil el ataque sobre por qué deben pagar los de abajo lo que pueden cubrir los de arriba. 

Un debate complejo como la tributación del salario mínimo merece una explicación pública. Es preocupante que Hacienda no midiera la necesidad de hacerlo. No lo hizo en rueda de prensa ni en un Consejo de ministros convertido en el reality en vivo de la semana. La portavoz Pilar Alegría no llevaba preparados los argumentos para defender la decisión, y desmentir a Yolanda Díaz a la vista de todos no era la solución más hábil. La vicepresidenta Díaz hizo bien en escenificar el desacuerdo aunque haya bajado después el tono en la sesión de control acercándose a Sánchez. Una coalición sin engrasar y sin comunicación fluida en los principales asuntos de gobierno genera desafección y hace imposible que lleguen los mensajes a la opinión pública. Un choque así retumba en toda la coalición. Yolanda Díaz tiene que pelear por su espacio y su agenda. Pero una confrontación de este calibre no refuerza a ninguna de las partes, al revés, las debilita en público y hacia dentro. En este caso, más al PSOE que a Sumar. 

El error es propio porque además no tiene a nadie enfrente con legitimidad para plantarle cara. La CEOE se bajó de una negociación de la que no debía hacerlo. Hasta la OCDE pidió subidas del salario mínimo para ayudar a las familias ahogadas por la inflación. Y no se puede defender un ‘país de pymes’ y abandonar a los trabajadores de esas mismas empresas. En el debate de cuánto es un sueldo digno, Antonio Garamendi se desacreditó al subirse el suyo hasta 28.000 euros mensuales mientras defiende el falso mantra de la destrucción de empleo por 1.184 euros al mes.

El desprecio histórico del PP a las subidas del SMI también les desacredita para defenderlo ahora. Han virado, reconocen que la inflación ha llegado para quedarse, pero no se lo han explicado a sus votantes ni han reconocido que se han subido al carro muy tarde. En el viraje, Feijóo no forzó a la CEOE a seguir en la mesa de negociación y el histórico de los posicionamientos en contra es imborrable. En 2024 calificaron la subida de “urgencias mediáticas” y en 2023, aun con el cambio de postura, lo tildaron de “precipitado”.

Es incontestable que Rajoy lo dejó en 736 euros y Sánchez lo dejará en 1.184 euros, un 61% más. Pero lo ocurrido esta semana es un aviso serio por varios motivos. Hemos visto cómo ganar y dispararse en directo. Por la falta de explicación, la de coordinación y el riesgo de dejar escrito a fuego un mensaje que puede calar en la izquierda: que los de abajo paguen como los de arriba. 20 euros para quien cobra 1.184 euros al mes es la compra del día, el abono transporte del mes, el ocio de la semana. La CEOE hace tiempo que ha perdido la perspectiva de cuánto son 20 euros y para el PP nunca ha sido una prioridad política. Cuando el Gobierno, aun subiendo el SMI a máximos históricos, se olvida de contar por qué es bueno tributar el salario mínimo, al margen de estar a favor o en contra, esa falta de explicación es también una falta de perspectiva.

La CEOE ha decidido llevar a la reunión de diálogo social con el Ministerio de Trabajo de la tarde de este miércoles una propuesta de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3% y que este asunto se negocie junto con la reducción de jornada. El porcentaje de la subida de los salarios se daría en línea con lo pactada con los sindicatos en el acuerdo de negociación colectiva, según han explicado a EFE fuentes presentes en la reunión.

El Ministerio de Trabajo abrió la semana pasada la negociación sobre el SMI de 2025 con una propuesta de incremento de 50 euros, hasta los 1.184 euros mensuales (4,4%), una subida que los sindicatos ven insuficiente y piden llegar a los 1.200 euros. Fuentes empresariales han explicado que en la reunión de esta tarde trasladarán a Trabajo que no se puede abordar la subida del SMI de forma independiente, sino como un planteamiento global.

Así, han apuntado que la subida del SMI y la reducción de jornada suponen un incremento de costes para las empresas que, en algunos casos, llega al 10%.

Además, la CEOE reclamará esta tarde en la mesa de diálogo social que la subida del SMI conlleve su indexación a los precios de los contratos públicos y que tenga en cuenta la situación delicada de algunos sectores, como el agrario.

La mesa para negociar el salario mínimo para este año se abrió la semana pasada, después de que la comisión asesora para su análisis recomendará, para mantenerlo en la senda del 60 % del salario medio, un alza del 3,4% o una del 4,4%, en función del cálculo utilizado. Con esta recomendación en la mano, Trabajo decidió plantear a patronal y sindicatos un incremento del 4,4%, hasta los 1.184 euros mensuales en 14 pagas.

Los sindicatos, por su parte, exigieron al Gobierno que aclarara si la nueva cuantía quedaría exenta de tributar o no, en cuyo caso, proponen un alza cercana al 6%, hasta los 1.200 euros mensuales.

El 44 Congreso Confederal del sindicato UGT, que se celebra en Barcelona desde este lunes, reelegirá previsiblemente a Pepe Álvarez para un tercer mandato como secretario general del sindicato, según informa EFE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, estarán presentes en el congreso, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) hasta el miércoles. 

La participación Feijóo, en la primera jornada, adquirirá más relevancia que la de otros líderes de la oposición en congresos pasados de la UGT, ya que no se limitará a un saludo de cortesía, sino que tomará la palabra ante los afiliados.

El lunes también intervendrán la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, así como el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, entre otros.

La participación de Sánchez estaba prevista inicialmente para el miércoles, el día de la clausura, pero se ha trasladado al martes porque tiene que comparecer ante el Congreso para abordar la gestión de las consecuencias de la dana en Valencia, según explicó el sindicato esta semana.

El presidente de la Generalitat intervendrá el último día, cuando tendrá lugar la proclamación del nuevo secretario general de UGT, tras las votaciones que tendrán lugar el martes.

Este será el tercer congreso confederal de la UGT que se celebra en Barcelona, después del de su fundación, en 1888, y el de 1978, que tuvo lugar una vez que la organización fue legalizada tras el período franquista.

Con el lema "Más y mejor sindicato", el congreso espera la asistencia de 800 delegados con derecho a voto y 200 delegados de sindicatos internacionales, aunque el día de la clausura se espera la presencia de unas 1.500 personas, entre invitados institucionales y sindicales y otros afiliados.

En una entrevista con EFE a las puertas del congreso, Álvarez ha subrayado que prevé plantear una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5 o 6 % para 2025, lo que lo situaría en torno a los 1.200 euros anuales brutos en catorce pagas.

También seguirá con la lucha para reducir la jornada laboral, aunque el camino de la negociación tripartita parece haberse agotado ante el rechazo de la patronal.

"No cerramos el debate (...) ni el diálogo, ni la posibilidad de acuerdo con la CEOE. En la tramitación parlamentaria creo que se abre también la oportunidad de poder hacerlo", ha señalado.

El secretario general de la UGT de Cataluña, Camil Ros, ha afirmado por su parte esta semana que el congreso confederal aspira a "lanzar el mensaje de que el camino para ampliar el estado de bienestar es el diálogo político y social". 

"En los últimos cuatro o cinco años este diálogo ha conseguido conquistas como el incremento del SMI o el pacto de las pensiones", ha destacado.

El vicesecretario general de organización del sindicato, Rafael Espartero, ha subrayado que el evento servirá también para marcar las líneas en las que trabajará la organización para "avanzar en libertades y derechos", con el foco puesto en problemas como el acceso a la vivienda y la reducción de jornada.

La CEOE ha rechazado la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales para reducir la jornada laboral máxima legal desde las 40 horas semanales de la actualidad hasta las 37,5 horas en 2025, lo que podría llevar al Gobierno a aprobarla sin las ayudas ofrecidas para las empresas, según informa EFE.

En un comunicado remitido este martes, la CEOE informaba de que su Comité Ejecutivo extraordinario ha rechazado por unanimidad la última propuesta puesta encima de la mesa la semana pasada por el Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral. El Ministerio pidió entonces a los empresarios que llegaran a la reunión del próximo 11 de noviembre con "un sí o un no" y avisó de que, si no entraban en el acuerdo con el Gobierno y los sindicatos, algunas de las medidas podrían decaer. "CEOE y CEPYME, desde la responsabilidad, no pueden apoyar dicha propuesta", que incluye bonificaciones y ayudas directas a las pymes que tengan que contratar trabajadores o ampliar sus jornadas al aplicar en sus plantillas la reducción de la jornada.

Para los empresarios, explicaban, "modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva". Dicha autonomía, añaden, está recogida en el artículo 37.1 de la Constitución, que dice que "la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios".

Por ello, la CEOE considera que la reducción de jornada debilita el marco de negociación colectiva "que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años". Además de que "aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia", apunta. La CEOE y CEPYME dejan claro que "difícilmente" aumentará la productividad con la reducción de jornada, una medida que "tiene poco sentido" aplicar de forma general debido a las diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas.

La propuesta de Trabajo incluye ayudas directas de hasta 6.000 euros para las empresas de menos de 5 trabajadores de los sectores del comercio, la hostelería, la peluquería, la limpieza y la agricultura. Estas ayudas se suman al Plan PYME 375, que incluye bonificaciones de entre el 20 % y el 100 % para las empresas de menos de 10 trabajadores que tengan que contratar personal como consecuencia de la reducción de jornada o transformar contratos de tiempo parcial a completo.

La reducción de la jornada máxima legal va acompañada de un endurecimiento de las sanciones por incumplimiento, así como cambios en el registro horario, de forma que sea electrónico, interoperable y accesible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y una mejora del derecho a la desconexión digital.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, había vuelto a hacer este martes un llamamiento a la patronal para que participara en lo que supondrá "un gran pacto de país" y había pedido que hiciera un ejercicio de pragmatismo, ya que parece, ha añadido, que está "más pegada a consideraciones políticas que a una representación eficaz de las empresas". "Me gustaría que se valorara el gran esfuerzo de negociación de Trabajo", ha insistido Pérez Rey.

Los sindicatos llevan desde el verano convocando movilizaciones para presionar a la patronal para que se sume al acuerdo y centrarán ahora sus esfuerzos en los grupos políticos que deberán dar su apoyo a la medida en su trámite parlamentario. Trabajo, por su parte, ha reiterado que irá adelante con la reducción de jornada se llegue a un acuerdo o no con la patronal.

Este viernes 11 de octubre tampoco ha habido alumbramiento. Pese a llevar más de nueve meses de negociaciones, el Gobierno, la patronal y los sindicatos no consiguen pactar la reducción de la jornada laboral. De hecho, los sindicatos ya dan por hecho que este año no se podrá aplicar el recorte hasta las 38,5 horas, como estaba previsto, y no será hasta 2026 cuando las plantillas puedan disfrutar de la poda del tiempo de trabajo hasta las 37,5.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha recordado tras la reunión de esta mañana que se trata de poner en marcha medidas que, no sólo “pretenden mejorar la vida” de 12 millones de personas, sino también optimizar la “calidad” del tejido empresarial y "estimular la creación de empleo". Por ello ha destacado que la patronal haya “aceptado valorar la propuesta” de plan de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas (pyme) en la implantación de la reducción y el registro de jornada que les han presentado esta mañana “de manera más precisa”; así como el “cambio de tono” que, dice, ha detectado en los representantes de las empresas.

El ámbito de aplicación de esa propuesta, bautizada como Plan Pyme 375, serán las empresas de hasta 10 personas trabajadoras, cuyo volumen de negocio o balance general no exceda de los dos millones de euros al año y que no cuentan ya con una jornada efectiva por debajo de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual.

La propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo incluye ayudas a la contratación realizada con ocasión de la puesta en marcha de la reducción de jornada, el establecimiento de puntos de información y formación empresarial en la red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (Red COE), para facilitar la  adaptación empresarial a la nueva regulación en la materia; la elaboración de una guía informativa por sectores sobre la aplicación de las novedades sobre la jornada y el derecho a la desconexión; cursos formativos para microempresas y personas autónomas; y un programa específico y temporal de los Servicios Públicos de Empleo para la asistencia en la selección y la contratación de personas con ocasión de la poda temporal.

Respecto a las ayudas, el Gobierno ha planteado una bonificación en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes de hasta una cuantía mensual que está por determinar. Alcanzará a una sola contratación por empresa o autónomo o, alternativamente y como punto novedoso, a la conversión de un contrato a tiempo parcial en contrato a tiempo completo, siempre que se produzcan en los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la reducción legal de la jornada legal de trabajo. Y tendrá una duración de un año.

El ministerio calcula que se podrán beneficiarse de ésta hasta 1,2 millones de pymes y que habrá un 40% de potenciales destinatarios entre los trabajadores autónomos. Los sectores más afectados serán la hostelería y el comercio, donde se hallarían más de un tercio de las posibles agraciados con el incentivo, según consta en el documento que se ha puesto sobre la mesa este viernes. Hasta el 70% de las contrataciones podrían disfrutar de incrementos adicionales de bonificaciones, por cuestiones como la contratación de mujeres, jóvenes de hasta 30 años o mayores de 55. Y se prevé que se acojan a la medida más de 80.000 empresas y autónomos, que crearían empleos equivalentes a unos 65.000 contratos a jornada completa. La pelota vuelve a estar en el tejado de la patronal, a la que Pérez Rey ha agradecido hoy la “actitud constructiva”.

Del lado sindical ya dan por hecho que este año no se podrá aplicar el recorte de jornada hasta las 38,5 horas semanales como estaba previsto y avisan de que el diálogo no se puede alargar “sine die”. “En ningún caso vamos a permitir que esta cuestión se quede en vía muerta o en el dique seco. Nos la han vendido como la medida estrella de esta legislatura”, ha avisado Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción sindical y Empleo de CCOO.

“Llevamos más de nueve meses negociando la reducción de la jornada, intentando que las organizaciones patronales acepten lo que es la opinión mayoritaria de la ciudadanía española. Es tiempo más que suficiente”, ha defendido Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

Ambos han avanzado que sus organizaciones sindicales seguirán con el proceso de movilizaciones iniciado y el próximo 26 de octubre habrá protestas “en toda España”. Es más, Luján ha pedido a la ciudadanía que “se sume a las concentraciones y actos programados por UGT y CCOO ante las sedes de las patronales”.

No es la única demanda que han hecho. Vicente ha exigido “un compromiso de las organizaciones empresariales para que sean claros en sus propuestas”, con el finde poder llegar finalmente a un acuerdo a tres bandas. Y ambos representantes sindicales han apuntado a los partidos, que “van a tener que pronunciarse” en el Congreso sobre “si están de acuerdo con los ciudadanos que los votan o con quienes quieren seguir aumentado sus beneficios”, en palabras de Luján.

La ficción nos sobrecoge, la realidad nos hastía. El 21 de enero de 1979, Televisión Española emitía el primer episodio de una serie que iba a hacer historia: Raíces. Adaptación del best-seller homónimo de Alex Haley, la serie contaba las desdichas de un adolescente (y sus descendientes, incluido supuestamente el propio Haley) secuestrado en el siglo XVIII en Gambia por unos negreros y trasladado como esclavo a una plantación de algodón en Carolina del Norte. José Ramón Pérez Ornia, en su crónica sobre la serie de aquel día para El País, mostraba su confianza en que, ante el panorama político y televisivo de aquel momento, la emisión de Raíces sirviera para remediar “un poco el asco colectivo de la audiencia”. Y en efecto, los espectadores se estremecerían con aquel joven africano al ver cómo su amo le azotaba y llamaba Boy mientras él replicaba orgulloso: "Mi nombre es Kunta, Kunta Kinte". La ficción nos sobrecoge.

La realidad nos hastía hasta el punto de transformar el “asco colectivo” en resignación. Estos días hemos conocido que en España hay 419.000 esclavos sin que nadie parezca haberse estremecido. Así lo pone de manifiesto un estudio de CCOO, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de la Población Activa, en el que se refleja que cada semana se trabajan en este país 2,6 millones de horas extras no pagadas ni cotizadas. Es, en suma, trabajo esclavo. O postesclavo. Porque el capitalismo neoliberal, igual que ha precarizado el mercado laboral, precariza también la trata de esclavos.

Antiguamente el dueño del esclavo estaba obligado a cubrir sus necesidades de techo y alimento, aunque fuera de forma miserable. Ahora ni eso. Los nuevos postesclavos lo son a tiempo parcial y están obligados a trabajar después de su horario de esclavos para asegurarse un cobijo donde dormir y un plato que llevarse a la boca. El negocio es redondo y el capitalismo realmente existente se beneficia de su trabajo esclavo, de su trabajo asalariado y también de especular con las viviendas, los alimentos o el ocio que necesitan. Y encima no precisa recurrir al antiestético ejercicio de autoridad del latigazo, lo ha sustituido por el diazepam: según una reciente investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, uno de cada cuatro trabajadores españoles necesita medicarse con ansiolíticos para resistir su día a día.

Esta presencia del postesclavismo en España ha salido a la luz coincidiendo con la campaña de los sindicatos por la reducción de la jornada laboral. A simple vista parecería una incongruencia, una ocurrencia más de esos sindicatos que, a diferencia del esclavismo, son rémoras trasnochadas en nuestras sociedades posmodernas. Sin embargo, no lo es. Desde que Dios, en un ataque de soberbia narcisista, promovió la primera limpieza étnica de la que tenemos registro, expulsó a los hombres y mujeres del paraíso y les condenó a ganarse el pan con el sudor de sus frentes, el trabajo y el reparto de sus frutos han estado en el centro de todos los debates y de todos los conflictos. El trabajo o, lo que es lo mismo, el tiempo.

Karl Marx dedicó buena parte de sus esfuerzos a analizar las relaciones entre el tiempo y el trabajo, desenmascarando así un tercer elemento que era clave en su conjugación, la explotación. En realidad, esos vínculos nunca se ocultaron y el refranero burgués nunca dejó de repetirnos aquello de que el tiempo es oro. Lo que no nos decía el dicho recurrente, claro, es quién se quedaba con el oro. Hoy, sin embargo, sabemos que alguien está robando 2,6 millones de horas auríferas y que la CEOE no está dispuesta a renunciar ni a 2,5 horas de la cualidad alquímica de los empleados para convertir el tiempo en oro.

Pero, por desgracia, ningún primer plano de un postesclavo aparece en nuestros televisores rechazando un diazepam y repitiendo con orgullo: me llamo Kunta, Kunta Kinte. Así que, como solo es la aburrida realidad, nadie tiene permiso para estremecerse ni para indignarse. Ni siquiera el potsesclavo ni ese trabajador al que se le niegan 2,5 horas más a la semana, no de oro sino de vida. Ya se sabe, solo las ficciones –como las invasiones bárbaras, la España se rompe o los okupas– están listas para sobrecogernos.

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José Manuel Rambla es periodista.

Hay una realidad: las bajas laborales no han dejado de aumentar desde la pandemia. Sólo el año pasado se concedieron en el conjunto del país más de 8,1 millones por enfermedades y accidentes no laborales, lo que supuso un 11,3% más que el ejercicio anterior. Representaron un impacto económico para las empresas de 25.326 millones, según lo recogido en el último informe del absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Del global, 13.081 millones respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 fueron el coste directo para las entidades empresariales. Los datos de la Seguridad Social también reflejan que las ausencias temporales al trabajo por contingencias comunes se han elevado.

En ese contexto, ha originado revuelo la propuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de abordar una reforma de la incapacidad temporal (IT), para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral. La ha vinculado a "la voluntariedad” y a “la garantía de la salud y la seguridad" y ha puesto como ejemplo los tratamientos de cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones, pero no en la otra. Con todo, sus palabras han provocado la reacción inmediata de los sindicatos e incluso de otra ministra, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha avisado de que “ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega".

Este viernes 4 de octubre, Saiz ha defendido en Onda Cero que la iniciativa no tiene detrás una motivación económica y que lo que se busca es “ampliar derechos". "La salud de los trabajadores está en el epicentro, eso es irrenunciable", ha subrayado Saiz, para incidir luego en que cualquier cambio será con la voluntariedad del trabajador, analizando cada caso, y con supervisión médica. Sobre el rechazo de Díaz, la titular de Seguridad Social ha replicado que se trata de competencias de su ministerio, pero ha avanzado que procurará el consenso con todas las partes.

Fuentes del Ministerio sostienen además que el debate está aún en “fase muy inicial”, pero que había que ponerlo encima de la mesa, al ser un tema “recurrente” en las reuniones de su titular “con colectivos, trabajadores, empresarios y organizaciones de muchas clases”. Y quieren dejar claro que serán “las mesas de diálogo social” el lugar donde se dé.

¿Existen algunos supuestos en los que esa flexibilidad en la vuelta al trabajo pueda tener sentido? Fuentes del ámbito laboral apuntan que “una incorporación progresiva al puesto, acordada entre el paciente y su médico de familia, puede ser beneficiosa en el caso de algunas patologías de tipo mental, por ejemplo, que no tienen un tiempo de recuperación tasado, como sí puede suceder si alguien que se rompe una pierna”. “Puede ayudar incluso a la recuperación del paciente”, añaden, siempre que “el facultativo médico lo vea conveniente”, insisten.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha mantenido, asimismo, que las bajas flexibles, esto es, que permitan incorporarse al puesto de manera paulatina en determinadas circunstancias, es una medida que "bien implementada, y con el trabajador en el centro, puede ser beneficiosa". Aunque la ministra de ese área, Mónica García, ha proclamado que garantizarán que "la salud" sea "lo primero en cualquiera de las visiones que se pueda tener sobre este tema".

Y desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se han mostrado a favor de crear bajas médicas "flexibles" que permitan trabajar, aunque puntualizan que "habría que valorar" cada historia personal, ya que no a todas las personas les afectan por igual los tratamientos contra la enfermedad.

Fuentes de la órbita económica aseveran que los sindicatos han puesto ya la lupa en alguna ocasión en la conveniencia de que, a través de los convenios colectivos, se desarrollen “protocolos y guías" para "la mejora de la gestión de la reincorporación de las personas trabajadoras después de bajas de larga duración”, con el fin de evitar que sea un hecho traumático.

Pero las organizaciones sindicales ven riesgos en la propuesta lanzada por la ministra. A Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, de entrada, lo planteado le produce “verdadera incompatibilidad conceptual, si se concibe la incapacidad temporal como que una persona no está capacitada para ir a trabajar y por eso le dan una baja. No es cuestión de voluntad, es cuestión de salud y con la salud de las personas trabajadoras no se puede ser flexible. Y no deja de ser llamativo que alguien pueda tener incapacidad y capacidad laboral al mismo tiempo”, ironiza. A su juicio, el discurso de la “voluntariedad” es “peligroso” y supone quitar el foco “a lo importante: por qué hay tantas bajas y cuál es el tratamiento y el proceso de curación que proporcionan los servicios públicos de Salud". Considera que, "una vez se identifiquen las causas" de esa circunstancia, “se podrán eliminar parte de ellas con la prevención o mejorar el proceso de curación para que se acorten”. Pero "la situación de IT, que impide trabajar, es un derecho de la persona trabajadora para recuperar su salud", recalca.

Entiende que, "si de lo que se está hablando es de casos concretos como puede ser el de la baja de enfermos de cáncer o de bajas de larguísima duración", se puede "encontrar algún tránsito en las negociaciones entre empleadores, sindicatos y el propio Gobierno". "Pero -une- abrir algo sin delimitar, encierra un mensaje peligroso y el símil de la jubilación o del pluriempleo es muy desafortunado. ¿Quién en la vida real trabaja de albañil por la mañana y de teleoperador por la tarde, donde sí podría acudir, si tiene un problema de movilidad?", se pregunta. Para Luján, la ministra, "antes de lanzar una idea novedosa y curiosa, debería haberla llevado al diálogo social, para tener algo más de elaboración y de proposición. Igual, lo que está pensando para ahorrarse dinero, le sale mal”. El líder de su sindicato, Pepe Álvarez, ha sido más rotundo: "Cuando se salta el diálogo social vienen las ocurrencias", ha afirmado directamente en su perfil de X.

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha afeado igualmente la forma de anunciar un cambio así, ha tildado el debate de "improvisado", y ha enmarcado el alza de las bajas y el gasto en IT en un mercado laboral más envejecido, a lo que hay que sumar el déficit de inversión sanitaria, que a menudo retrasa diagnósticos y tratamientos.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en cambio, ve "positivo" que Saiz quiera flexibilizar la reincorporación de un trabajador tras una baja laboral, ya que, en su opinión, a veces los médicos recomiendan la vuelta voluntaria de los empleados. Piensa que el planteamiento de Saiz es "bueno" y va en línea con el Acuerdo Nacional de Convenios y el pacto de pensiones firmado con el Gobierno, donde se incidía en la necesidad de trabajar en "las bajas y todo el efecto del absentismo". "Es algo que en ciertos espacios tiene sentido, partiendo de la base, primero de la voluntariedad, que la ministra ha dicho, y dos, de los casos donde se pueda hacer", ha expuesto durante su participación en unas jornadas en Intereconomía.

De su lado, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido que se dé "una oportunidad" al diálogo sobre para armar la reforma. La mejora de la "capacidad de atención de los profesionales sanitarios" y las "nuevas técnicas" hacen que "la situación de la persona trabajadora que pueda estar en situación de baja o de alta no sea tan dicotómica, de blanco o negro, sino que pueda haber estados intermedios en los que voluntariamente el trabajador quiera incorporarse progresivamente", ha manifestado.

Flexibilidad es una palabra apetecible pero con trampa. Flexibilidad produce injusticia cuando vincula a dos partes en desigualdad de condiciones, que es tantas veces. España, el país de la trágica jornada partida y de las sillas bien calientes, debate desde este jueves sobre una flexibilidad inconcebible hasta ahora: que se pueda estar enfermo a medias. Baja laboral flexible. Al presidente de la patronal le ha parecido fabuloso, un Gobierno de izquierdas haciéndole el trabajo. 

Dicen que es un globo sonda, un atrevido y estruendoso globo sonda, pero yo creo que es una grieta. Se apunta a que las “nuevas formas de trabajo”, es decir, hacerlo desde casa con un ordenador, permiten que un empleado que no esté para ir a la oficina sí pueda, digamos, revisar unos documentos, contestar unos correos, en pijama medio incorporado en la cama. Que si tienes una lesión de rodilla que te impide impartir tus clases en el gimnasio puedas dar clases de inglés online. El ejemplo es del presidente de la CEOE. Qué parte del cuerpo tiene usted disponible, como si no fuéramos un todo conectado.

Si ya tantísima gente acude a trabajar enferma por miedo propio o por presiones ajenas, ¿qué puerta abre plantear que una baja médica no sea algo absoluto, innegociable? La ministra de Inclusión, Elma Saiz, puso además un ejemplo durísimo: una persona que está saliendo de un tratamiento de cáncer. Sólo imaginar a un empleador achuchando a alguien que está en ese proceso para que vuelva a trabajar produce pavor. Esa es la grieta abierta.

Un país aún esclavo de la presencialidad, donde una gran parte de los trabajadores siente que apenas le queda vida después de trasladarse a la oficina, comer en la oficia y volver de la oficina, le ofrece ahora un matrimonio en la salud y en la enfermedad a los empleadores. De los creadores de “me voy de los últimos para que no piensen que soy un vago”, llega “voy a trabajar con un dolor inmenso para que no digan que soy un vago”. Yo he conocido personas, en otros sitios, que no se cogen vacaciones en dos años para hacer méritos. Esa es la grieta abierta.

Un país con un desempleo juvenil inaceptable se empeña en que trabajen los que pasaron la edad de jubilarse y, ahora, que lo hagan también quienes están enfermos. Detrás de estos intentos, y lo justo sería que lo dijeran con todas sus letras y sin otras ocurrencias, sólo hay una necesidad de hacer números. Pero hacer números con la salud y con el derecho al descanso después de una vida laboral completa no es de recibo. Hagan mejores cuentas con los empresarios que nadan en beneficios y márgenes amplísimos mientras quienes se dejan su existencia trabajando para ellos no pueden ni pagarse un salón propio.

El Partido Popular sigue con su plan para tratar de disputar la agenda social al Gobierno de Pedro Sánchez tras identificar —a través de encuestas elaboradas por empresas demoscópicas — que cuestiones como la vivienda o la conciliación familiar preocupan más al grueso de la sociedad que la ley de amnistía. Hasta la fecha la dirección de Alberto Núñez Feijóo le había dado todo el protagonismo al olvido jurídico hasta el punto convertirlo en su punta de lanza contra el Ejecutivo central en en las Cortes Generales, los tribunales y en la calle.

En el inicio de este nuevo curso político, Génova ha querido cambiar el paso pero se ha encontrado a la patronal enfrente, por lo que ahora busca congraciarse con ellos a través nuevas medidas. Así, el PP ha anunciado a través de la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, que la norma "más ambiciosa de la democracia" sobre conciliación que registrarán en la Cámara Baja incluirá la creación de un premio nacional para "promover la sensibilización" y "premiar las buenas prácticas empresariales y sociales" y que también beneficiará a las empresas a la hora de conceder contratos públicos a aquellas que apliquen medidas de conciliación que vayan más allá de lo que plantea la ley.

Estas medidas se suman a las que ya anunció el PP la pasada semana en las que la empresa —y no el trabajador— son los principales beneficiados. Entre ellas, dar incentivos fiscales a las empresas que contraten a mujeres que se reincorporen al mercado laboral después de una excedencia por cuidado de hijos o familiares. "A CEOE le proponemos nuestra ley. La conciliación no tiene por qué ser una carga para las empresas", resumió Alós, que reclamó "poner entre todos de nuestra parte: las empresas, los trabajadores y la Administración".

Alós también nombró otra de las medidas que más controversia generó la pasada semana, la de eliminar la obligatoriedad fijada por ley en los permisos de paternidad y maternidad las primeras seis semanas después del parto. Actualmente ambos progenitores deben hacer uso de ese tiempo de forma obligatoria e ininterrumpida tras el nacimiento del bebé pero el PP plantea que el padre pueda hacer uso de esas seis semanas en otro momento. "El acuerdo entre trabajadores y empresa seguro que es posible", aseguró, abriendo la puerta a que las empresas nieguen ese permiso o fuercen al trabajador a utilizarlo cuando a él no le interese.

Lo que el PP ha querido destacar este lunes es que su planteamiento se alinea con el de la patronal, ya que, a su modo de ver su iniciativa repercutirá en la "calidad del trabajo" que desarrollan los trabajadores para sus empresas y, por tanto, tendrá un efecto positivo en la productividad. Fuentes de la formación ya advertían la pasada semana de que cualquier iniciativa en materia de conciliación deberá contar con el aval de la CEOE y esperan convencerles de que den su aprobación a la última ocurrencia de Feijóo sobre la jornada laboral.

Todo comenzó la semana pasada. El líder del Partido Popular trató de escenificar ese 'giro social' anunciando la ley de conciliación y abriendo la puerta a estudiar la jornada laboral de cuatro días a la semana —una de las medidas 'estrella' de la izquierda— pero no en las mismas condiciones en las que la plantean Sumar o Podemos, sino ampliando el número de horas diarias para el cómputo semanal permanezca igual. Es decir, lo que planteó Feijóo es trabajar "nueve o nueve horas y media" cada día y obtener, a cambio, una jornada extra a la semana.

Una propuesta que el líder del PP anunció que trasladaría a patronal y sindicatos en una reunión próxima. Días más tarde, desde Génova contaron a algunos medios que Feijóo había intentado ejercer de mediador con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para acercarlo a la postura del PP ya que, hasta ahora, la patronal ha rechazado cualquier propuesta que implique modificar la jornada laboral. El propio Garamendi, sin embargo, desmintió en una entrevista en Antena3 que la patronal avale esa iniciativa. "Ni me ha dicho que me atrae, ni me ha dicho qué tengo que hacer. Porque yo tengo que decir con toda claridad que nosotros somos independientes", alegó.

A Garamendi tampoco pareció convencerle el argumento de la productividad esgrimido por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero que también defienden Feijóo y su núcleo duro. "¿Por qué en vez de 37 horas y media no trabajamos 20? Lo digo porque si a menos horas tienes más productividad, yo trabajaría 20", ironizó. En esa línea, pidió "separar la política del día a día" y reivindicó "la libertad" de la CEOE para acordar y disentir con las formaciones políticas.

En una posterior entrevista con el diario El Mundo trató de mostrarse más conciliador y aseguró que el líder del PP "no le presiona" y que la CEOE "escucharía" el planteamiento del conservador. "Lo estudiaremos y si nos parece mal diremos que no. Si nos parece bien, pues que sí". Por el momento la postura de las patronales CEOE y Cepyme, que son las que están participando en las mesas de diálogo social, es contraria a la reducción del tiempo de trabajo de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 que propone Trabajo.

El líder del Partido Popular no quiere abrir ningún frente con el líder de los empresarios y ha procurado evitar cualquier tipo de conflicto con Garamendi al contrario que su antecesor, Pablo Casado, que se mostró muy crítico con el 'sí' de la patronal a la reforma laboral y también con unas declaraciones del propio presidente de la CEOE sobre los indultos. Para Génova es de vital importancia contar con el respaldo de los empresarios en esta materia, pero para las organizaciones empresariales su principal aliada es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Tras trascender las intenciones de Génova para comprimir la jornada laboral en cuatro días, el consejero de Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, expresó con rotundidad su rechazo. "Estamos totalmente en contra de lo que podría ser la reducción de una jornada laboral", alegó, porque "es una medida que va en contra de los autónomos y de las pymes". Horas después de estas declaraciones, desde la Puerta del Sol se apresuraron a aclarar que se referían a la propuesta de Yolanda Díaz y no de Feijóo.

Lo cierto es que Ayuso siempre ha tenido claro de qué lado posicionarse en esta batalla. El pasado mes de julio inauguró la Asamblea General de Cepyme y desde allí acusó al Ejecutivo de Sánchez de "amenazar" e "ignorar" a las empresas para promover una "medida de ingeniería social que no responde a ningún interés general, sino a un plan para acabar con nuestra economía social de mercado", en referencia a la reducción de jornada. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fiel aliada de Ayuso, ha tachado de "error" que el PP de Feijóo quiera abrir el debate ya que, a su juicio, implica perder la "batalla cultural" con la izquierda.

En el entorno de Feijóo asumen que entre sus propias filas hay divergencia de opinión pero tienen claro que no se quieren alejar demasiado de la patronal, donde trabajan algunos de sus excompañeros de filas como Jose Luis Ayllon, actual director del Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes de la confederación, un puesto creado con su llegada. Anteriormente fue director del Gabinete del Presidente del Gobierno con Mariano Rajoy y entre 2011 y 2018 secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en Presidencia.

En el equipo directivo de la CEOE Ayllón coincide con Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la entidad, secretario de Estado de Economía entre 2014 y 2016, con Rajoy en La Moncloa. También para la patronal trabaja, como presidenta de la Fundación CEOE, la exdiputada del PP Fátima Báñez (2000-2019), ministra de Trabajo durante el ajuste postcrisis (2011-2018).

Qué obsesión tiene Antonio Garamendi con nuestros sueldos. 

Cada pocos meses, el presidente de la CEOE aparece en algún medio volviendo a repetir lo mismo. El martes pasado, una vez más, la misma cantinela: “Pensamos que los trabajadores deberían recibir el sueldo bruto. Solo piensan en lo que han visto ingresado en el banco y si vieran que casi es el doble dirían: 'Bueno, pero, ¿a dónde va ese dinero'”?

Otra vez a repetirnos que todo va mal y que somos pobres porque el Estado nos quita mucho dinero en impuestos, que el problema es ese y no que cobremos una mierda. Todo esto es aún más divertido cuando recordamos que el propio Garamendi se posicionó completamente en contra de la subida del salario mínimo interprofesional mientras él se las apaña con un humilde sueldo de 380.000 euros al año. 

Vamos a empezar pidiendo a Antonio que no nos tome por tontos. Eso de “a los ciudadanos les quitan la mitad de su sueldo” no creo que se aplique a la grandísima mayoría de los españoles que cobramos un salario mediano de 24.000 euros al año (15 veces menos que él, nada menos, y eso con suerte). Y, Antonio, ya sabemos perfectamente cuál es nuestro sueldo bruto y cuál es la diferencia con el dinero que de verdad llega a nuestra cuenta: viene literalmente en nuestra nómina. Tenemos en nuestra mano toda la información sobre nuestras deducciones, sobre el IRPF, sobre las cotizaciones a la Seguridad Social.

Garamendi nos anima a que nos preguntemos: “¿A dónde va el dinero que nos quitan de la nómina?”. Ya lo sabemos, Antonio: va a sufragar los gastos en sanidad, educación e infraestructuras que tanto necesitamos los que no tenemos un sueldo de 380.000 euros y no podemos permitirnos depender de los servicios privados. Pero, ya que haces la pregunta, sí que sería interesante tener toda la información sobre a dónde va ese dinero. Teniendo en cuenta que la CEOE se mantiene prácticamente gracias a subvenciones, parece que gran parte va para pagar tu exorbitante sueldo.

También el presidente de la CEOE mostró su disgusto con respecto a la propuesta de las “autobajas” médicas de tres días para los trabajadores. La propuesta fue duramente criticada por economistas que aseguraron que la baja de tres días costaría, en un primer cálculo, 2.274 euros por cada trabajador debido, sobre todo, a la “ausencia de productividad”. Parecerá una simpleza, y por supuesto que habría que detallar estas cifras y contextualizarlas, pero, ¿de verdad la confederación de empresarios nos dice que es una locura que un trabajador cobre 1.134 euros brutos al mes, pero que si ese trabajador falta tres días a trabajar, esos tres días de su ausencia le cuestan más de 2.000 euros a la empresa? 

Repito, esto es una reducción al absurdo y depende de cada caso. Pero, de todas formas, nos recuerda una cosa: que el argumento de que es el empresario el que “crea riqueza” hace años que dejó de colar, y que sabemos perfectamente que quien crea esa riqueza es el trabajador. Ya sabemos perfectamente cuánto dinero nos “quita” el Estado en impuestos; lo que sería realmente interesante conocer es cuánto dinero nos quita el empresario en esa diferencia abismal existente entre lo que producimos y lo que nos paga. 

“Nosotros bastante hacemos con generar riqueza”, decía en una entrevista hace unos años Garamendi cuando le preguntaban sobre el hecho de que en España existieran 2,5 millones de personas que, pese a tener un trabajo, estaban en el umbral de la pobreza. Yo diría que no estás generando riqueza, Antonio. Yo diría, más bien, que lideras a quienes nos la están robando a nosotros. 

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este jueves ante las sedes de las patronales para exigirles una negociación "real" y animar a la movilización ciudadana para "ganar la batalla" de la reducción de la jornada laboral, según informa EFE.

"La sociedad tiene derecho a tener un debate a fondo sobre la reducción del tiempo de trabajo (...) Si lo conseguimos, esta batalla está ganada. Y de eso se trata, de ganar esta batalla", ha clamado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la concentración de Madrid donde han acudido 2.500 personas, según cifras facilitadas por los sindicatos. "Nos tenemos que movilizar", ha incidido Álvarez que ha pedido a la CEOE que negocie de verdad para tener las 37,5 horas semanales por ley en 2025 y, si no, que se levante de la mesa.

Álvarez ha insistido además en que no es solo la reducción sino también un refuerzo del control horario para acabar "con la esclavitud" de algunos sectores y ha arremetido contra las condiciones de la hostelería. "Dicen los empresarios de la hostelería que no encuentran personal, pero ¿cómo vais a encontrar personal con la mierda de sueldos que se pagan en este país? ¿Cómo vais a encontrar personal con las jornadas de trabajo que se hacen en nuestro país?", ha reprochado.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha tachado de "irresponsable" la actitud de dilación y boicot de la CEOE en la mesa para reducir la jornada laboral y ha asegurado que "a esta negociación le quedan dos telediarios".

Los dos sindicatos mayoritarios han convocado concentraciones delante de las sedes de la patronal de todas las capitales de provincia para reclamar esa reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas sin merma en el salario. Tras las movilizaciones de este jueves, los sindicatos se reunirán con los grupos parlamentarios porque, "antes del final de este año, esta cuestión tiene que estar resuelta", ha dicho.

El líder de CCOO ha reprochado a la CEOE que se esté apoyando "en la inestabilidad política" y que no ponga en valor "la autonomía de los agentes sociales en esta negociación", al ir a las mesas "a perder el tiempo". No obstante, ha dejado clara su preferencia por un acuerdo tripartito pero, si no es posible, los sindicatos instarán al Gobierno a que tome posición", sin otorgar "derecho de veto" a la CEOE y que cumpliendo con lo comprometido con los sindicatos.

Además, el líder de CCOO ha pedido también a los grupos parlamentarios que tomen posición sobre la reducción de jornada, que afecta a 12 millones de personas en España, y dejen de lado "las polémicas sobre cuestiones" que no afectan a la vida de los españoles.

"Empieza a calar la problemática sobre la jornada, aunque de forma errónea y torpe", ha dicho Sordo, aludiendo a la propuesta planteada esta semana por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Vamos a pedir que todos los partidos sean claros y le digan a la clase trabajadora de este país qué opinan sobre la reducción del tiempo de trabajo.

Las negociaciones para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, un compromiso del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, se están dilatando en busca de sumar a la patronal al pacto. Para ello, el Ministerio de Trabajo ha planteado diversas medidas para apoyar a las pymes entre ellas bonificaciones a los nuevos contratos que se hagan como consecuencia de la reducción de horas de trabajo.

Por el momento, CEOE y Cepyme siguen rechazando la reducción de jornada por ley y señalan a la negociación colectiva como marco para abordar una reducción del tiempo de trabajo.

Este jueves el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha vuelto a rechazar una reducción de jornada por ley y ha señalado que se equivocan de lugar y que deberían ir a reclamar al Gobierno o al Parlamento. "Nosotros no tenemos ni el BOE ni el poder legislativo", ha dicho. La mesa de diálogo social volverá a reunirse el próximo 11 de octubre.