Pulso de la patronal a Sánchez: Garamendi lo planta en Rabat y declara la guerra a la subida del SMI

Una subida del 47%. Este es el dato de lo que ha incrementado Pedro Sánchez el salario mínimo interprofesional desde que llegó a La Moncloa. Supone 344 euros. Pero la patronal ni siquiera se presentó a la reunión con el Ministerio de Trabajo del martes para intentar acordar la subida para este año (que será de un 8%, 1080 euros mensuales en catorce pagas). La CEOE ha agrandado su brecha con el Ejecutivo de coalición con este tema en el arranque de este año electoral y tras el giro dado por Antonio Garamendi principalmente desde que fue reelegido al frente de la patronal. Queda atrás esa sintonía que se buscó durante la pandemia y que desembocó en varios pactos de gran importancia para mantener la paz social durante los duros meses que azotaron el país.

Pero ahora el universo de La Moncloa y el de la CEOE están bastante distanciados. De hecho, el propio Antonio Garamendi plantó a Pedro Sánchez este miércoles no presentándose en Rabat al foro organizado, con motivo de la cumbre entre España y Marruecos, por la propia patronal española y la del país vecino, donde participaron tanto el líder socialista como el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch. La excusa: motivos personales, según la confederación empresarial. Un gesto de desaire en una cita "histórica", según Moncloa, y con un fuerte componente comercial y económico (17.600 empresas españolas exportan a ese país).

Este miércoles Garamendi se despachó precisamente contra el Gobierno en una entrevista en El Mundo acusando a la coalición de tener un SMI de “máximos decidido” de manera unilateral. “Para hacernos una foto no vamos”, se justificó el presidente de la CEOE, cuyo objetivo era que sólo se incrementara un 4%. 

Alegó que la ausencia de la patronal en la reunión del martes fue porque no habían recibido respuesta por parte del Ministerio de Trabajo a su propuesta. Fuentes del departamento de Yolanda Díaz recuerdan que esos aspectos se tienen que negociar sentados en la mesa y no mandando documentos. El líder empresarial acusó al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, de “irresponsable” por “no contestar desde hace quince días”. Con la advertencia de que esta subida no crea empleo, además de que cree que ya no es posible un pacto de rentas porque, argumenta, el Gobierno ha apostado por la subida del salario mínimo y las pensiones.

Además, vaticinó que va a ser muy difícil llegar este año a pactos, especialmente pensando en la reforma de las pensiones, porque hay “una campaña de miembros del Gobierno contra el mundo de la empresa, cuando somos los que creamos la riqueza, creamos empleo, pagamos impuestos”. “Es un gran error”, sostuvo, para decir que estos “ataques” son de “mitin político”.

La CEOE ficha a Ayllón: sus cordones umbilicales con el PP

Pero este desencuentro no se circunscribe sólo al FMI, sino que la CEOE tiene frentes abiertos con el Ejecutivo con las cotizaciones, la presión fiscal y los nuevos tributos creados para los ricos y las entidades financieras. El vicepresidente de la patronal, Íñigo Fernández de Mesa, se mostró contrario este miércoles a estas iniciativas y acusó al Gobierno de tomarlas de manera “unilateral” y sin escuchar a los empresarios. El PP, aunque Alberto Núñez Feijóo dice que apoya la subida del SMI, ha respaldado a la CEOE estas semanas comentando que su postura es “legítima”.

Y es que el vínculo de la CEOE con el PP es estrechísimo, casi umbilical. Este mismo miércoles la confederación anunciaba un fichaje bomba: José Luis Ayllón, el exjefe de gabinete de Mariano Rajoy. Se trata del que fuera mano derecha también de Soraya Sáenz de Santamaría y uno de los cerebros de aquella administración (también fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes). Todo pasaba por sus manos en La Moncloa. Ahora estará en nómina de la patronal como director del nuevo Departamento de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes. Su misión, según informó la confederación, es “reforzar un ámbito clave en la defensa de los intereses económicos y sociales propios de las organizaciones empresariales”.

De la Administración de Rajoy procede también Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos. Es, además, presidente de Rothschild en España, miembro del consejo consultivo internacional de Altamar y consejero de Scottish Power. Ocupó el cargo de secretario de Estado de Economía con el anterior Gobierno del Partido Popular, en uno de los momentos de mayores ajustes y de aplicación de políticas de austeridad. 

En la CEOE también desembarcó Fátima Bañez, otro de los pilares del equipo económico de Mariano Rajoy, que ocupó el despacho principal del entonces Ministerio de Empleo y firmó la durísima reforma laboral que supuso el abaratamiento de los despidos y la búsqueda de la fórmula de la mano de obra barata. Tiene el cargo de presidenta de la fundación de la patronal, donde también trabaja Ángel Sánchez, que estuvo en el gabinete de la exministra en aquellos años.

La cruzada de los impuestos, conexión con Madrid

Desde estas órbitas de la CEOE se está atacando la labor en varios frentes del Gobierno. Con una obsesión: los impuestos. El Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la patronal, apuntaba hace poco más de una semana a la supuesta inconstitucionalidad del impuesto a las grandes fortunas: “Se está actuando en fraude de ley”. Un análisis en línea con el de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, que este mismo miércoles interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre este gravamen, pidiendo incluso su suspensión cautelar. “Va en contra del ahorro y de la inversión”, proclamó el portavoz, Enrique Ossorio, con unos argumentos similares a los de los empresarios.

Ya en septiembre este servicio de estudios de la CEOE puso el grito en el cielo contra otro de los nuevos tributos: el destinado a las entidades financieras. Su planteamiento es que se trata de un gravamen contrario al Estado de Derecho y a las leyes comunitarias. Incluso vaticinaron que, de facto, esto supondría un impacto de 5.000 millones en la economía española y 72.000 ocupados menos.

Este distanciamiento entre Garamendi y la coalición se ha visto acentuado desde su reelección al frente de la patronal el pasado mes de noviembre y con la vista puesta también en el próximo ciclo electoral. En aquel cónclave dijo que las empresas estaban “preocupadas” con las últimas actuaciones del Gobierno: “Estamos viendo leyes a la carta, impuestos a la carta que generan inseguridad jurídica, e incluso que no hay calidad en la norma”. Desde entonces se ha sentido con las manos más libres y con su puesto ya asegurado hasta 2026. Sobre Feijóo, Garamendi ha llegado a declarar: “Es un líder de la oposición de primera división”.

Garamendi tuvo durante esta legislatura críticas internas con el sector más duro de la CEOE por sus acuerdos con Yolanda Díaz. De hecho, el apoyo a la reforma laboral supuso un encontronazo interno en la confederación y también con el PP. Con Pablo Casado también las tuvo con motivo de sus palabras que parecían justificar los indultos, luego se retractó y dijo que había pasado “unos días muy duros”. Los sindicatos critican ahora precisamente que la CEOE sólo quiera firmar acuerdos cuando le benefician y hay ayudas, mientras que da la espalda a subidas en SMI. Fuentes del Gobierno recuerdan, además, que la patronal se ha negado a las tres subidas del salario mínimo y también a apoyar el reglamento de planes de igualdad.

A pesar de la buena sintonía que tuvo con Díaz, ahora la relación pasa un momento gélido. Incluso se puede hablar de choque total con otros miembros de Unidas Podemos, como con Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, después de sus críticas a grandes empresas como Mercadona. El pasado viernes la CEOE hizo público un comunicado "ante los ataques a empresarios" y ante las declaraciones de "algunos actores políticos e, incluso, de miembros del Gobierno". Se condenaba la "injusta estrategia de desprestigio y descalificación que están sufriendo las empresarias y empresarios, curiosamente intensificada en este inicio de año electoral".

El discurso progresista de Sánchez

Esta brecha abierta con el SMI y el plante en Rabat coincide con la profundización de Pedro Sánchez en su discurso dirigido a las clases medias y, sobre todo, a las trabajadoras. El presidente del Gobierno se guardó para la comparecencia del martes en el Senado y sexto cara a cara con Alberto Núñez Feijóo el anuncio de la subida del salario mínimo (que es una competencia del Ejecutivo, pero que siempre se intenta pactar con los agentes sociales). 

El presidente del Gobierno ha apostado por un discurso potente de izquierdas y socialdemócrata desde el inicio del año, que ha tenido como grandes exponentes las intervenciones en la Cámara Alta y en el Foro de Davos, donde fue duro con las élites empresariales y convirtió en viral el vídeo entre los sectores progresistas. 

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Pedro Sánchez se presenta en esta carrera electoral como el principal defensor del Estado del Bienestar y garante de los servicios públicos. Y poniendo el foco en los trabajadores y los salarios, con la creciente desigualdad tras los años de austeridad impuestos durante la crisis por Mariano Rajoy. Su apuesta es precisamente que mejoren las condiciones de los empleados, que se acabe con el modelo de mano de obra barata y reforzar la Sanidad y la Educación frente al plan privatizador de las derechas.

En su discurso en el Senado hizo una mención a que la empresa privada debe contribuir y aludió por ejemplo a las condiciones de las dependientas o de los reponedores (que algunos vieron como menciones veladas a Inditex o Mercadona) frente a los beneficios de los consejos de administración. Todo en pleno debate público con informaciones como las ganancias récord del BBVA o que los banqueros españoles son los que tienen los sueldos medios millonarios más altos de Europa.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo quiso hacer pedagogía en el Senado y abogar por el pago de impuestos para tener servicios públicos de calidad, rechazando que haya una Sanidad para ricos y otra para pobres. La idea de Sánchez durante estos meses no es sólo defender lo que se ha hecho, sino marcar una hoja de ruta a implementar si se reedita la coalición. También quiere hacer calar que las promesas de rebajas de gravámenes del Partido Popular son una excusa para desmantelar los servicios públicos. “Proteger a la gente”, esta es la máxima que impera ahora en los discursos de Sánchez.