Los bombardeos continuos y masivos no son la única forma de matar, de aniquilar. Ucrania, Palestina, Sudán… Hay otras formas de genocidio. Provocar hambrunas, por ejemplo, o facilitar mucho armamento al poderoso. La elegida y aplicada por los Estados Unidos es boicotear a poblaciones enteras, dejarlas sin suministros básicos. Es la que hoy Donald Trump emplea para Cuba. Si el pueblo sufre, mátalo de hambre, quítale lo poco que le queda, el combustible indispensable para vivir. Los dirigentes siempre tendrán sus reservas, su poder para sobrevivir.

Liquidados unos 100.000 palestinos, unos con las bombas y otros por el hambre, ahora toca exterminar a los cubanos. De los ucranianos ni se acuerdan. Si los presidentes norteamericanos decidieron hace más de 60 años cerrar el paso a quien lleve vida a Cuba y no lograron su rendición, ahora lo pueden conseguir cerrándoles el paso a sus escasos proveedores. Y a los cubanos ya no les llega ni combustible para producir electricidad, para mover sus vehículos, para calentar su comida, para enchufar los aparatos eléctricos... En un mensaje en las redes sociales una mujer cubana decía: “Denuncio que en Cuba hay ancianos que mueren antes de tiempo porque el bloqueo impide que lleguen medicamentos para el corazón, la presión, la diabetes. No es falta de recursos. Es prohibición deliberada…”. Y añadía: “Denuncio que hay incubadoras en Cuba que han debido apagarse por falta de combustible. Que hay recién nacidos luchando por su vida mientras el gobierno de Estados Unidos decide qué países pueden vendernos petróleo y cuáles no…”. Y ya ningún país, bajo amenaza de sanciones políticas y económicas, lleva petróleo, combustible, a La Habana. Por lo que no hay transporte, no hay luz en las casas, en las calles, pronto no funcionará nada. Muerte a la vista de la rica Florida, de la casa de vacaciones del inquilino de la Casa Blanca, donde veranean los potentados jubilados norteamericanos y residen los cubanos escapados de la isla asediada.

Aunque la sangre no solamente se derrama de estas formas. Lo vemos en Sudán, donde los más vulnerables seres humanos huyen y mueren sin comprender la razón de los militronchos que guerrean entre sí por un poder que mantiene en la miseria a poblaciones primitivas, desheredadas de la civilización, que carecen de agua, las comodidades de occidente y oriente y cualquier adelanto de la población de la Inteligencia Artificial. Mientras la riquezas de su tierra se la llevan rusos, chinos, americanos…, los ricos del mundo que explotan a los nativos, si antes lo hacían con espejos ahora lo hacen con teléfonos “inteligentes” o imágenes de la opulencia del “primer mundo”.

Son formas de impunidad que demuestran que religiones y egoísmo gobernaron y gobiernan este Planeta. Se cumplen ahora 78 años de la Nakba, la expulsión de su tierra del pueblo palestino. Cientos de miles de familias tuvieron que dejar sus casas, sus huertos, sus posesiones porque los países ricos decidieron que allí debían establecerse los israelíes dispersos por el mundo, huidos de la barbarie nazi. Una vez más, quienes deciden son los ricos y poderosos.

Y, así, la miseria sigue en los mismos lugares. Aparece una enfermedad contagiosa, se la cerca, se aísla y se preserva al “primer mundo”, que no se propague el mal. Mientras se firman alto el fuego para seguir bombardeando, lanzando drones, cerrando paso a camiones llenos de alimentos, barcos con combustible, con medicamentos, con vida para el pobre sufridor. Ucraniano, palestino, sudanés, iraní, libanés, cubano, vulnerable sea de donde sea. 1.000.000.000 diarios cuesta la guerra hoy en el Oriente. 85 millones ganan al día las petroleras, aunque las ideas no se matan con drones, con bombas. Hay distintas formas de aniquilar.

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Fernando Granda es socio de infoLibre.

El calendario sigue corriendo y la guerra de Irán ya se aproxima a su cuarto mes completamente paralizada. El impacto sobre el sector agrícola era uno de los que más preocupaba por su dependencia de los fertilizantes del Golfo Pérsico, así como del gas natural necesario para fabricarlos.

Las primeras semanas pudieron capearse gracias al abono almacenado del invierno, pero ese periodo de gracia ya ha terminado y los agricultores han comenzado a comprar fertilizantes a precio de oro, un 80% más caros que hace un año. Los profesionales que no puedan permitirse la subida dejarán de abonar, por lo que se espera un desplome en la producción de cereales del 10,6% en España, según calcula la Comisión Europea.

Los cereales, como el trigo, el centeno, la cebada, la avena, el maíz y el arroz, son el tipo de cultivo más expuesto porque ocupan una enorme extensión y necesitan una aportación importante de fertilizantes para que su cosecha sea rentable. Los cereales que se sembraron en otoño tienen que abonarse ahora, en un momento de precios máximos, mientras que los agricultores que tenían pensado sembrar después de verano se plantean dejar en barbecho sus tierras. 

"Hay muchas dudas sobre la rentabilidad de los cultivos en general y del cereal en particular", declara el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). "Hay un riesgo de que los rendimientos de las cosechas este año sean menores por el alto desembolso que hay que hacer", añade el portavoz.

Cuando estalló la guerra se temían problemas de abastecimiento en los fertilizantes puesto que el Estrecho de Ormuz, que continúa cerrado, sirve para exportar desde Oriente Medio un tercio de los abonos sintéticos consumidos en el mundo. 80 días después no hay señales de escasez, pero los expertos consultados aseguran que todo el que puede, está evitando comprarlos.

"Es algo así como el juego de las sillas, nadie quiere ser el primero en pagar lo que cuestan porque confían en que la guerra se resuelva pronto. El problema llegará si el conflicto se alarga hasta el otoño", opina Pablo Resco, responsable de Estrategia Agroalimentaria en Plataforma Tierra.

Todavía es pronto para conocer con precisión el alcance del agujero de la producción, pero a finales de abril se publicaron las primeras previsiones de impacto este año. La Comisión Europea calcula que en la campaña 2026-2027 la producción de cereal caerá en unos nueve millones de toneladas, un 3,2%. Las previsiones para Europa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos apuestan por una caída mayor, del 4,5%.

España, aunque no es el mayor productor del bloque, será de lejos el país que más producción perderá, un 10,6%, según estima la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Nada menos que 2,5 millones de toneladas menos que el año pasado. Los principales cereales cultivados en España son la cebada (-2,6% de producción este año), el trigo blando (-17,6%) y el maíz (-8,7%). Si bien es cierto, el desplome está adulterado porque en 2025 la cosecha de cereal fue en España de casi récord, de manera que la caída de la temporada actual no debería llevar al país a tener un déficit notable.

Según la información que manejaba el Ministerio de Agricultura a comienzos de abril, España tenía entonces reservas de fertilizantes para "un mes o un mes y medio a lo sumo", y una vez agotadas, los agricultores o los intermediarios tendrían que empezar a reponer el stock con importaciones mucho más caras o con la producción nacional de abonos sintéticos. Aunque sean fabricados en España, donde hay una importante industria de fertilizantes nitrogenados, la materia prima base es el gas natural, que también ha disparado su precio por la guerra. 

Javier Fatás, responsable de fertilizantes en la organización agraria COAG, confirma que el fertilizante almacenado del invierno ya se ha agotado. "Hoy ya estamos abasteciéndonos a precio de mercado, pagando los nitrogenados a un 70% más que hace un año, e incluso un 40% más que hace un mes, cuando ya había comenzado el conflicto en Irán", asegura el representante. "Lo que estamos haciendo es comprar puntualmente para el abonado de junio: hortícolas, frutales o viña. A largo plazo no compramos porque esperamos que se solucione", reconoce también.

Otra de las esperanzas del sector era que llegase un paquete de ayuda desde Bruselas para abaratar sus costes. Al fin y al cabo, confiaban en que los políticos europeos iban a mover cielo y tierra para evitar un encarecimiento de los alimentos en el continente. Sin embargo, ese plan llegó este miércoles y decepcionó enormemente al sector primario.

La Comisión anunció, sin concretar cifras, un incremento de la reserva agrícola de crisis para que los Estados Miembros apoyen a sus agricultores, así como un plan de reforma de la Política Agraria Común en junio que abrirá la puerta a que los profesionales accedan a ayudas extra y tengan menos exigencias en el uso de abonos, pero esto no es lo que reclamaban. Ninguna de las propuestas tendrá un impacto inminente.

"Decepcionante y preocupante, hay una falta de ambición clara", opina José María Castillo, responsable de la oficina europea de Asaja, la principal organización agraria de España. "Las medidas a largo plazo son las que ya estaban previstas antes de la guerra, y no estamos de acuerdo con ampliar el fondo de crisis porque esta situación no es culpa del agricultor", añade.

Las imágenes pixeladas muestran un panorama de colinas verdes salpicadas de ruinas. La cámara se acerca al suelo en dirección a una excavadora amarilla que parece estar removiendo escombros, se detiene un instante y luego se lanza de repente sobre un hombre con chaleco de obra, de pie junto a la máquina. Después, la pantalla se queda en negro.

Este vídeo, fechado el 4 de mayo y compartido en un canal de Telegram de Hezbolá, narra el ataque de un dron dirigido contra una operación israelí destinada a arrasar Bint Jbeil, un pueblo cercano a la línea azul de demarcación entre Israel y el Líbano. Desde el 24 de abril, el movimiento chiíta comparte casi a diario vídeos como estos.

En ellos se ven las imágenes captadas por estos pequeños cuadricópteros cargados de explosivos, unos segundos antes de estrellarse contra tanques y vehículos militares israelíes, excavadoras D9 y, a veces, incluso contra soldados a pie. Estos drones denominados FPV (first person view), muy utilizados en Ucrania desde 2024, ponen en práctica la nueva doctrina de Hezbolá para hostigar a los soldados israelíes presentes al sur de la “línea amarilla”. Esta fue establecida por el ejército israelí para delimitar una zona de ocupación de 600 kilómetros cuadrados en el sur del Líbano.

El martes 5 de mayo, Hezbolá reivindicó al menos ocho ataques de este tipo contra las tropas israelíes desplegadas en el sur del Líbano, así como contra sus excavadoras blindadas, utilizadas para la demolición sistemática de las aldeas libanesas cercanas a la frontera.

Por su parte, el ejército israelí dispone de una flota de drones militares ultramodernos, bastante utilizados en el Líbano para la vigilancia y la intimidación —a veces llegan incluso a lanzar amenazas personalizadas— y para ataques selectivos contra la población libanesa.

En el sur del Líbano nunca se ha interrumpido su zumbido amenazante, y aún resuena esporádicamente en Beirut a pesar de la firma del alto el fuego el 17 de abril. Periodistas, socorristas y vecinos —casi todos supervivientes de ataques israelíes— han testificado ante Mediapart en numerosas entrevistas sobre la presencia de drones sobre sus cabezas en el momento de los ataques, encargados de vigilar la zona o de disparar.

Aunque el acuerdo de alto el fuego se ha prorrogado hasta mediados de mayo, Israel nunca ha cesado sus operaciones en el sur del Líbano. Desde el 2 de marzo y la reanudación de la guerra abierta entre ambos Estados, Israel ha matado a más de 2.700 personas, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad libanés, de las cuales unas 385 desde el anuncio del alto el fuego.

A diferencia de lo que ocurrió durante la tregua anterior, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, el movimiento chií parece querer responder esta vez a las agresiones israelíes con drones, cuyos ataques, difíciles de contrarrestar, hacen temer un estancamiento de los combates en el sur.

El ejército israelí ya ha sufrido grandes pérdidas. Según el periódico israelí Haaretz,  en una semana han muerto dos soldados y un subcontratista del ejército y han resultado heridos quince soldados a causa de los drones de Hezbolá.

“Era evidente que Hezbolá iba a estudiar el conflicto y la evolución de la guerra de drones en Ucrania, y que esto se ajustaría perfectamente a sus necesidades”, explica Nicholas Blanford, analista militar afincado en Beirut que colabora con el think tank Atlantic Council. Una fuente de Hezbolá confirmó a Mediapart el uso de drones FPV equipados con fibra óptica, empleados “de manera muy eficaz y a bajo coste”.

Estos drones, ya utilizados esporádicamente por la milicia en 2023 y 2024, son baratos y fáciles de producir localmente. Los componentes electrónicos utilizados, añade esta fuente, se encuentran fácilmente en el mercado, generalmente destinados a uso civil, pero que pueden ser adaptados a fines militares acoplándoles de forma rudimentaria cargas explosivas como granadas o cohetes. Algunas piezas, prosigue la fuente, también se fabrican en el Líbano con impresoras 3D.

Estos aparatos, que a veces funcionan con fibra óptica —un cable de varios kilómetros de longitud que conecta al piloto con el dron y permite eludir las tecnologías de interferencia de ondas—, se han convertido en el arma principal de Hezbolá contra el ejército israelí y son muy difíciles de detectar. “Como se ha visto en Ucrania, ambos bandos, el ruso y el ucraniano, han intentado encontrar medios de defensa contra estos drones. Y resulta bastante sorprendente constatar que los israelíes parecen haber sido pillados por sorpresa por este avance”, añade Nicholas Blanford.

En combates anteriores, en Siria, en 2015, los drones FPV servían a la milicia chií como herramientas de reconocimiento para combatir a los revolucionarios junto a los soldados de Bashar al-Assad. Más recientemente, durante los combates en la frontera sur en 2024, el movimiento, aliado de Irán, utilizaba drones de ala fija, una especie de planeadores equipados con explosivos disparados desde una rampa de lanzamiento para alcanzar un punto preciso.

Según la fuente de Hezbolá, disponen de una amplia gama de drones, utilizados con fines de reconocimiento o para la destrucción de bases militares, y de una unidad destinada a estas operaciones.

Desde hace unos días, han aparecido sistemas antidrones en los vehículos militares israelíes que ocupan el sur del Líbano: redes tensadas similares a las utilizadas en Ucrania. El ejército israelí también ha anunciado el despliegue de drones dotados de inteligencia artificial, capaces de perseguir, capturar y neutralizar en el aire, mediante redes, los pequeños cuadricópteros libaneses. Por el momento, este sistema aún no se ha documentado sobre el terreno.

A pesar de la evidente superioridad tecnológica de Israel, los pequeños drones de Hezbolá se han convertido en un quebradero de cabeza cada vez mayor, sobre todo por razones económicas. "El coste de un simple dron de ataque es de unos 300 dólares”, explica Mounir Shehadeh, general de brigada retirado y excoordinador del Gobierno libanés ante la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el Líbano. Por el contrario, el coste de un misil interceptador oscila entre 50.000 y 100.000 dólares. Esto crea un claro desequilibrio económico".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que el control de la “línea amarilla” duraría todo el tiempo que fuera necesario, lo que deja entrever una ocupación a largo plazo. ¿Podrían los drones de Hezbolá frustrar esas ambiciones? “A corto plazo, no, no por sí solos”, opina Mounir Shehadeh. Pero a medio plazo, constituyen una herramienta de “desgaste eficaz”, explica, capaz de infligir pérdidas significativas e imponer a Israel una lógica de desgaste económico.

Esta capacidad de resistencia del más débil recuerda en muchos aspectos la situación de los años noventa, un periodo marcado por una guerra de desgaste casi permanente entre Hezbolá e Israel, con el telón de fondo de la ocupación israelí del sur del Líbano. Pero en cualquier momento podría reanudarse una guerra abierta, ya que la prórroga del alto el fuego expira dentro de unos diez días.

Las rondas de conversaciones preliminares entre los embajadores israelí y libanés, aunque altamente simbólicas, no han producido por el momento ningún resultado tangible. Mientras sobre el terreno sigue causando estragos la guerra de drones, se espera una tercera ronda de conversaciones la próxima semana en Washington, supuestamente para allanar el camino hacia un acuerdo de paz duradero.

Traducción de Miguel López

El cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán ha provocado la mayor liberación de reservas estratégicas de crudo de la historia. Sin embargo, mientras los gigantes energéticos alertan de que este salvavidas se esta agotando, surge una duda: ¿qué pasará cuando se acaben estas reservas?

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán ha transformado Ormuz en un muro que asfixia la economía global. Ante esta crisis, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado la liberación coordinada de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Parece una intervención que puede resultar eficaz para calmar a los mercados. Pero no nos engañemos: estamos intentando apagar un incendio con un vaso de agua.

El contexto macroeconómico y geopolítico es sombrío. Durante décadas, los mercados globales operaron bajo la suposición de que Estados Unidos garantizaría siempre el flujo ininterrumpido en el Golfo Pérsico. Esa ilusión se ha roto por completo durante el ultimo mes. Esta crisis nos empuja a un nuevo escenario de acaparamiento por miedo a repetir este shock en la logística internacional de la energía. China, el mayor consumidor mundial, ha liderado silenciosamente esta carrera, acumulando unas reservas de casi 1.400 millones de barriles. Le siguen potencias como Estados Unidos y Japón, con 413 millones y 263 millones de barriles respectivamente. En el nuevo origen geopolítico, el hecho de guardar reservas de petróleo se ha convertido en una pieza clave para la ventaja estratégica del país.

Si analizamos los datos técnicos y financieros, el panorama empeora más todavía. Las grandes multinacionales como Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips ya advierten que la capacidad de amortiguación del mercado está "casi agotado". Los números no mienten: recientemente, el crudo Brent superó la barrera de los 100 dólares, con picos de hasta 126 dólares por barril. Aunque el rescate de la AIE, impulsado por los 172 millones de barriles de Estados Unidos, suena bien, la realidad es que apenas cubre entre tres y cuatro semanas del flujo que se ha perdido durante el conflicto. Esta inyección de liquidez petrolera alivia el nerviosismo de momento, pero no ataca el problema real de la oferta.

Habrá quien argumente, con cierto optimismo, que estas liberaciones masivas han logrado estabilizar el mercado en el pasado, como los 182 millones de barriles inyectados tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Sin embargo, esta visión tiene cierta miopía en cuanto a la dimensión temporal. A diferencia de entonces, hoy no enfrentamos un embargo selectivo, sino el cierre físico de la principal vía del sistema energético mundial. Lejos de transmitir tranquilidad, algunos analistas advierten que esta intervención ha sido interpretada como una señal de "pánico" por los inversores. Al vaciar ahora nuestra despensa de petróleo, que en el caso estadounidense caerán a niveles críticos no vistos desde la década de 1980, nos estamos quitando ese colchón que en teoría nos iba a mantener en una situación de cierta tranquilidad una vez la producción de petróleo comenzará a declinarse.

En conclusión, la guerra en Irán nos ha arrebatado nuestra red de seguridad energética. El mundo se enfrenta a una dura lección que pagaremos cara: las reservas estratégicas son, en el mejor de los casos, parches temporales ante conflictos bélicos como el que estamos viviendo en la actualidad. Si no se restablece pronto el libre tránsito por Ormuz, la acumulación que vaticinan los expertos disparará los precios a niveles asfixiantes y prolongados. No podemos seguir financiando nuestro ritmo de vida quemando los ahorros del pasado. Nos acercamos muy peligrosamente al consumo total de nuestro “colchón petrolífero”. Cuando demos cuenta de que no podemos tirar de esas reservas, nos empezaremos a preocupar por el futuro del sistema tal y como esta planteado desde hace más de 2 siglos. Es el momento de despertar.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

La guerra ya no empieza cuando avanzan los tanques. Empieza antes: cuando un Estado convierte la inseguridad en principio de gobierno, cuando la frontera deja de ser límite y pasa a ser filtro de humanidad, cuando la excepción se vuelve método y la amenaza organiza presupuestos, alianzas, tecnologías y obediencias. La guerra contemporánea no solo combate enemigos: fabrica el mundo en el que esos enemigos resultan políticamente necesarios.

El gran error consiste en seguir buscándola solo en el campo de batalla. Hoy la guerra opera también como arquitectura estratégica: selecciona territorios sacrificables, jerarquiza vidas, redefine cadenas logísticas, militariza infraestructuras críticas, acelera la vigilancia y transforma la seguridad en la gramática superior del poder. No irrumpe desde fuera del orden; cada vez más, administra el orden desde dentro.

Por eso el verdadero casus belli ya no es únicamente una agresión visible. Puede ser una narrativa de cerco, una percepción de vulnerabilidad, una disputa por corredores energéticos, una batalla por el control del dato, una doctrina preventiva, una economía entera reconfigurada por la anticipación del conflicto. La guerra ha dejado de ser solo una decisión militar: es una forma de leer el planeta, de repartir riesgos y de decidir quién merece protección y quién puede quedar expuesto.

En esa mutación reside su potencia más inquietante. La guerra no destruye únicamente ciudades; simplifica la realidad. Reduce la complejidad a amenaza, la política a alineamiento, la prudencia a debilidad, la discrepancia a sospecha. Donde se impone la lógica guerrera, el poder gana velocidad, pero el mundo pierde espesor. Todo debe clasificarse de inmediato: aliado o enemigo, seguro o peligroso, defendible o descartable.

La cuestión decisiva ya no es solo cómo evitar la guerra, sino cómo impedir que la guerra se convierta en la racionalidad ordinaria del gobierno. Porque cuando la seguridad absorbe toda legitimidad, la paz deja de ser convivencia y pasa a ser mera administración del miedo. Y entonces la guerra, incluso sin disparos, ya ha vencido. 

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Juan Carlos Sanz Miguel es socio de infoLibre.

Una de las empresas tecnológicas con mayor influencia política y estratégica en EEUU, Palantir, acaba de poner sobre la mesa su hoja de ruta en un manifiesto de 22 puntos en el que habla sin tapujos de lo que creen que debe ser el futuro: guerra tecnológica, militarización, poder duro, eliminación paulatina del Estado y defensa de la “cultura” occidental. Esto puede parecer una simple estrategia de marketing, pero Palantir tiene el poder suficiente para llevar sus ideas a la práctica.

Hace unos días, Palantir Technologies, la multinacional estadounidense de software especializada en análisis de macrodatos y la industria de la guerra, publicó en la red social X un mensaje que servía como carta de presentación del libro que publicó el CEO de su compañía, Alexander C. Karp, junto a Nicholas W. Zamiska, jefe de Asuntos Corporativos y asesor: The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West (2025). 

Pero, ¿por qué debería preocuparnos lo que pueda escribir el CEO de Palantir en un libro? Esta no es una empresa de capital privado al uso. Palantir, el año pasado, facturó cerca de 4.500 millones de dólares y colabora codo con codo con el ejército de EEUU, la CIA, el ICE, la policía de Nueva York e incluso con países como Israel, Ucrania o Reino Unido, entre otros.

Palantir Technologies fue fundada en 2003 en Silicon Valley a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Alexander Karp, un joven inversor en startups, se asoció con su excompañero de estudios Peter Thiel, miembro de la conocida “PayPal mafia” (junto a otras caras conocidas como Elon Musk o Reid Hoffman), para involucrarse en la gestión de la seguridad y la privacidad de EEUU a través de los datos.

Desde su lanzamiento, la compañía ha estado en constante colaboración con el Gobierno de EEUU. Desde la CIA, la NASA o el FBI hasta el Departamento de Defensa, el ICE o el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). De hecho, la empresa ha estado siempre presente en los planes de la Casa Blanca: proveyó de software al ejército para las misiones militares de EEUU en Irak y Afganistán, colaboró con el Gobierno en el manejo y distribución de datos sanitarios en la pandemia de la COVID-19 y desarrolló tecnología para la identificación y deportación de migrantes durante las redadas del ICE. 

La de Palantir y el Gobierno de EEUU es una simbiosis perfecta. De hecho, el gran culpable del éxito de la compañía de software no es otro que Washington, quien ha regado a Palantir de contratos federales. El último, en febrero de este mismo año, por valor de 1.000 millones de dólares, firmado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para funciones que van desde el control migratorio hasta la “prevención del terrorismo”. En una carta abierta a los inversores de Palantir publicada el 2 de febrero, Karp reconoció que “el negocio comercial en EEUU está creciendo a un ritmo asombroso” tras generar 507 millones de dólares el anterior trimestre con un aumento del 137% respecto al del año anterior. 

Palantir provee distintas plataformas de software dedicadas a diferentes nichos de mercado: Foundry, por ejemplo, está dedicada a la gestión y análisis de datos, mientras que Gotham está hecha para el campo de batalla.

La multinacional de Silicon Valley ha estado y está involucrada también en los diferentes conflictos entre EEUU y Oriente Medio. En Irak o Afganistán, Gotham se ha utilizado para identificar redes terroristas, prever sus movimientos o desencadenar ataques dirigidos. Ucrania le ha servido también a su sistema de software como campo de pruebas para desarrollar más tecnología para la guerra. En enero de 2024, Palantir estableció una “asociación estratégica” con el Ministerio de Defensa israelí que se puso en marcha durante el genocidio en Gaza, como reconoció en un foro el propio Karp quien, cabe destacar, es de origen judío.

Ahora, durante el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, Palantir está consiguiendo logros militares que hace años eran impensables. Solo en los cuatro primeros días de ofensiva, Estados Unidos aseguró haber alcanzado más de 2.000 objetivos en territorio iraní. En Siria fueron necesarios seis meses para alcanzar esa misma cifra.

“¡Si el Mal pudiera tuitear, esto es lo que diría!”, afirmó el profesor de Economía y exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, en un mensaje respondiendo al manifiesto de Palantir. El post que publicó la compañía en X recoge extractos del libro de Karp en los que resume, no solo los planes de la propia empresa, sino el futuro de lo que algunos politólogos ya denominan “autoritarismo tecnológico”.

El texto enumera, en 22 puntos, una visión crítica hacia la deriva de Occidente y el papel que comienza a jugar la tecnología en el tablero geoestratégico. Para Palantir, Silicon Valley, tiene la “obligación moral” de priorizar la defensa nacional mediante el uso de “poder duro” y el desarrollo de una inteligencia artificial que se integre en el aparato estatal. 

El manifiesto sigue la ruta marcada por los discursos de extrema derecha como la remilitarización de Europa, la intolerancia hacia el pluralismo o el ultranacionalismo, pero con una derivada tecnológica que, según Darío García de Viedma, investigador del Real Instituto Elcano en el ámbito de política tecnológica y digital, refleja uno de sus papeles principales: “Proteger los intereses nacionales de EEUU y su posición dominante”.

“La lógica es que la posición dominante de Estados Unidos se apoya, en parte, en sus capacidades de software. Para evitar que China ponga en riesgo esa posición, busca mantener su liderazgo tecnológico en este ámbito”, explica a infoLibre García de Viedma. Cuenta, además, que el caso de Palantir es complejo debido a la opacidad con la que opera la compañía: “Es una empresa muy opaca, no solo por las restricciones derivadas de sus contratos con defensa, sino también porque esa opacidad protege su valor en bolsa”. 

En cuanto al manifiesto, el experto explica que “algunos elementos del texto pueden resultar chocantes”. Es curioso, comenta, que “su discurso mantiene la aversión por la diversidad, el supremacismo de la cultura estadounidense y el militarismo, pero desde el reconocimiento de la legitimidad del Estado”. 

Pero, ¿puede una democracia sostener un modelo donde actores privados controlan capacidades estratégicas? Para el investigador de Elcano “estas empresas actúan como uno de los principales brazos del posicionamiento de EEUU en el mundo. A través de ellas, se posiciona como líder, al menos entre sus aliados y en parte del Sur Global, gracias a la penetración de sus empresas de software y hardware”. 

“Washington sabe que sus empresas son necesarias para el funcionamiento de nuestra economía y nuestras instituciones, y puede utilizar esa dependencia en negociaciones comerciales o incluso en cuestiones de seguridad”, añade. 

El mensaje de Palantir levantó un gran revuelo en redes tras su publicación. Muchos argumentaron que el manifiesto se había convertido en uno de los textos ideológicos más relevantes de este siglo, otros, en cambio, le restaron importancia. “El manifiesto de Palantir es importante porque explicita por primera vez una doctrina política y tecnológica coherente desde los intereses de una empresa de software militar”, cuenta a infoLibre José Manuel Corrales, profesor de Economía, Empresa y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea (UE). 

“Hay que recordar que Palantir es contratista estratégico en EEUU, Israel, Reino Unido y diversas agencias de seguridad y inmigración. Por tanto, no estamos ante una opinión abstracta, sino ante un una muy fundamentada en lo que es el complejo militar industrial de Estados Unidos y del mundo occidental”, explica Corrales. 

Pero, ¿cuál es el verdadero proyecto de Palantir? Corrales argumenta que “lo que emerge es un nuevo complejo tecno militar corporativo con empresas privadas diseñando infraestructuras clave de seguridad y estados convirtiéndose en clientes”. Y es precisamente por eso por lo que “nos debemos tomar muy en serio este manifiesto”, subraya. 

“Ya no es un plan secreto, sino que expresa claramente la ideología de una empresa con importante influencia real y que busca normalizar que las grandes tecnologías definan el futuro de la guerra, la seguridad y la política en el nuevo orden internacional”, concluye Corrales. 

El domingo 12 de abril, Donald Trump publicó en su red social personal una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía con túnica blanca y capa roja, rayos saliendo de sus manos, sanando a un enfermo sobre una camilla. La imagen generó una ola inmediata de críticas, incluso entre conservadores cristianos y evangélicos, y Trump la borró al cabo de unas 12 horas, aunque ya era demasiado tarde para contener el escándalo. Días después publicó una nueva imagen en la que Jesús lo abrazaba, esta vez sin borrarla, con la apostilla de que a los “extremistas de izquierda” quizá no les gustaría, pero que a él le parecía “bastante guay”.

Más allá de las anécdotas que cada vez más nutren la política-espectáculo americana, esta publicación está en el núcleo de una disputa que lleva semanas escalando y en la que Trump ha llamado a León XIV “débil” y “terrible para la política exterior”, ha afirmado que el papa “no estaba en ninguna lista para ser papa” y que solo fue elegido porque era estadounidense. El pontífice respondió desde el avión que lo llevaba a África con una frase que resume bastante bien el choque: “No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio”.

Este intercambio verbal, sin precedentes entre un presidente de EEUU y un papa, ha revelado una fractura mucho más profunda que separa a dos familias de la derecha cristiana que llevan décadas conviviendo en el mismo campo político y que ahora se descubren, en el fondo, con proyectos incompatibles.

La derecha evangélica radical que sostiene el trumpismo tiene una lógica propia y coherente. El líder político no necesita ser un cristiano ejemplar en el sentido clásico del término: lo que importa es que sea eficaz en la guerra cultural, que defienda la nación de sus enemigos —el inmigrante, el progresismo, el islam, el woke— y que proteja las posiciones del conservadurismo moral en el Estado.

La fe funciona aquí como identidad y como ariete, no como marco doctrinal que impone límites al poder. Por eso las imágenes de Trump como Cristo no generan en ese ecosistema el mismo rechazo que en otros: la frontera entre símbolo religioso y símbolo político se ha vuelto deliberadamente porosa. De ahí que quienes asumen estas formas de entender la religión abrazan a Trump rezando en el Despacho Oval en imágenes que se han convertido ya en iconos de una teocracia aspiracional genuinamente norteamericana.

La derecha católica, en cambio, opera con otra arquitectura intelectual. Comparte con el evangelicalismo conservador la preocupación por la familia, el rechazo al aborto y la desconfianza hacia el secularismo agresivo, pero se mueve dentro de una tradición que tiene sus propias reglas: la doctrina social, el bien común, la subsidiariedad, la dignidad de la persona. Y sobre todo cuenta con una institución global —la Iglesia— que tiene su propia diplomacia, sus propias posiciones y su propia pretensión de hablar con autoridad moral independiente del Estado. Eso es exactamente lo que Trump aparentemente no soporta y lo que León XIV no está dispuesto a sacrificar.

“Trump no debate con León XIV: le ruega que se repliegue a un lenguaje que él pueda dominar. Pero el papa habla otro lenguaje, uno que se niega a reducirse a la gramática de la fuerza, de la seguridad, del interés nacional”, declaró a CNN Antonio Spadaro, sacerdote jesuita, teólogo y periodista italiano muy vinculado al papa Francisco.

El choque con el papa ha puesto bajo luz ultravioleta las grietas que recorren el Partido Republicano y el movimiento MAGA.

La primera línea de fractura es la más obvia: la electoral. Dos sondeos realizados antes de que Trump atacara al papa mostraban que los católicos le apoyaban en mayor proporción que el conjunto de los votantes —un 42% de aprobación entre católicos frente al 35% en el total de adultos en una encuesta de CNN, y un 48% frente al 38% entre votantes registrados según Quinnipiac—, ventaja que ahora está en riesgo. El profesor Ryan Burge, de la Universidad de Washington en San Luis, lo resumió así: “La mayoría de los católicos adoran a León XIV y están consternados de que alguien vaya a por él de esta manera”. Con las elecciones de mitad de mandato en el horizonte de noviembre, los estrategas republicanos tienen razones para estar inquietos.

La segunda fractura es institucional. El arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, confesó su desaliento por “que el presidente haya elegido escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre” y recordó que “el Papa no es su rival, ni es el Papa un político”. 

Pero lo más revelador no fue la reacción de los obispos progresistas, sino la de figuras del conservadurismo católico que hasta ahora habían guardado silencio o apoyado a Trump. El obispo Robert Barron, de Winona-Rochester, uno de los comunicadores católicos conservadores más influyentes, calificó los comentarios de Trump de “completamente inapropiados e irrespetuosos” y afirmó que “el presidente le debe una disculpa al Papa”. Cuando Trump pierde a Barron, se queda sin algo más que un aliado incómodo: deja escapar la cobertura intelectual del catolicismo conservador.

La tercera fractura es la más profunda, porque afecta al núcleo doctrinal del movimiento. El vicepresidente J.D. Vance —converso al catolicismo en 2019— y el presidente de la Cámara, Mike Johnson —evangélico—, salieron a defender la guerra contra Irán como una “guerra justa” en términos teológicos, mientras pedían al papa que se limitara a “cuestiones de moral” y dejara la política exterior a los políticos. 

La paradoja es tan gruesa que resultaría cómica si no fuera tan reveladora: la misma administración que exige al pontífice que no juzgue guerras lleva semanas enmarcando el conflicto con Irán como una cruzada bendecida por Dios, con Pete Hegseth, el secretario de Defensa, invocando a la divinidad en servicios religiosos en el Pentágono y Trump afirmando que “Dios quiere ver a la gente cuidada” para justificar los bombardeos.

Vance llegó a reprender al líder espiritual de 1.400 millones de católicos —incluido él mismo— por sus supuestos errores de teología sobre la doctrina de la guerra justa, tergiversando de paso lo que el papa había dicho realmente. El obispo James Massa, de la Conferencia Episcopal, tuvo que salir a corregir la distorsión. La escena de las últimas semanas ha incluido al vicepresidente dando lecciones de doctrina al papa y a Pete Hegseth citando como escritura sagrada frases que resultaron proceder de Pulp Fiction.

Todo esto muestra que no estamos exclusivamente ante un conflicto político. Es la colisión entre una religiosidad de identidad —instrumental, tribal, al servicio del líder— y una tradición institucional que lleva siglos construyendo una arquitectura moral independiente del poder. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, pidió al presidente que “deje a la Iglesia en paz”. La senadora republicana Susan Collins, católica, calificó los comentarios de “ofensivos e inexplicables” y recordó que Trump “no debería tratar al Papa como a un rival político”. Que esas voces existan dentro del Partido Republicano certifica la fractura.

Pero las grietas no se detienen en las fronteras de Estados Unidos. Giorgia Meloni, primera ministra italiana y hasta ese momento la aliada europea más cercana a Trump, emitió un comunicado en el que calificó sus palabras hacia el papa de “inaceptables” y recordó que el pontífice tiene plena legitimidad para abogar por la paz y condenar toda forma de guerra. La respuesta de Trump fue instantánea: “Es ella la inaceptable”. En pocas horas, el conflicto con el papa había costado a Trump su principal puente con la derecha europea.

Si hay un terreno donde esa diferencia se vuelve irreconciliable, es la inmigración. Para Trump y para la derecha radical que lo imita en Europa, el migrante es ante todo una amenaza: para la identidad, para la seguridad, para el empleo, para la cultura. El endurecimiento de fronteras, las deportaciones masivas y la criminalización del irregular son la respuesta natural a ese diagnóstico. Para la Iglesia católica, en cambio, la cuestión migratoria no es táctica, sino doctrinal. El migrante es una persona con dignidad innata, y la tarea pastoral no puede subordinarse a la lógica del orden público.

León XIV lo ha dicho sin ambages. Ha advertido que las deportaciones masivas terminarán “mal” y ha cuestionado que quienes se declaran “provida” pero aceptan el trato inhumano a los migrantes puedan llamarse así. Es una afirmación incómoda que pone en evidencia la incoherencia de un conservadurismo que defiende la vida en el útero y acepta su deshumanización en la frontera.

Esta tensión no es nueva, pero se ha agudizado. Para Blandine Chelini-Pont, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Aix-Marsella y experta en religión y política internacional, las declaraciones de León XIV se enmarcan dentro de la tradición vaticana de actuar según un sentido moral contra las guerras y los abusos del poder, y no como intervención política partidista. El problema es que en el mundo de Trump —y en el de sus epígonos europeos— esa distinción no existe: si la Iglesia critica sus políticas, la Iglesia es un actor político hostil.

Mientras buena parte de Europa endurece sus posiciones migratorias y la retórica de la deportación se normaliza en varios gobiernos del continente, España ha ido en la dirección contraria. El Gobierno ha aprobado una regularización extraordinaria que previsiblemente beneficiará a centenares de miles de personas, respaldada de forma explícita por la Conferencia Episcopal y por Cáritas, que la han presentado como una exigencia de justicia social. La derecha radical la ha denunciado como un riesgo para la seguridad y perjuicio para los nacionales, mientras los obispos insisten en que solo afecta a personas ya presentes en el país. A esa bandera Vox y el PP han sumado la apuesta por la segregación, a la que han bautizado con el eufemismo de “prioridad nacional”.

En España, la Conferencia Episcopal se ha convertido en un muro infranqueable para la derecha radical en la cuestión migratoria. Vox, que intenta presentarse como el partido “católico y patriótico” por excelencia, choca frontalmente con los obispos cuando estos defienden la acogida de migrantes. Esa paradoja —la derecha más identitaria enfrentada a la institución cuya identidad dice defender— es una de las grietas más reveladoras de la política española actual.

El politólogo de la Universidad Carlos III Pablo Simón ha apuntado un matiz que importa: los católicos tienden a votar conservador-tradicional, pero no necesariamente a la extrema derecha. En la práctica, eso significa que la Iglesia como institución no es movilizable sin más por la derecha radical, porque arrastra una tradición doctrinal que se resiste a quedar subsumida en la lógica de la guerra cultural. Y esa doctrina impulsada por el papa —que habla de la inmoralidad de la guerra y de la protección de los migrantes— tiene todo el potencial de llegar a los católicos prácticamente en cada celebración religiosa. 

En este contexto hay que leer la visita de León XIV a España, con paradas en Madrid, Barcelona y —aquí está la clave simbólica— las Islas Canarias, donde el pontífice tiene previsto reunirse con migrantes que han llegado en patera a través de la principal ruta de entrada al continente europeo desde África. El papa se sitúa en la frontera real, en el punto exacto donde la derecha radical construye su relato del miedo, y dice con el gesto que esa frontera es un lugar de humanidad, no de amenaza.

León XIV ya había advertido a los obispos españoles sobre la amenaza que representa la extrema derecha para los valores democráticos, en una señal de que el Vaticano sigue de cerca la reconfiguración de la política europea. Ha descartado además visitar Estados Unidos este año, una ausencia que se lee como un gesto de distancia deliberada hacia la administración Trump, y eligió en cambio África y España como destinos. El mensaje geopolítico es difícil de malinterpretar: el primer papa estadounidense de la historia se niega a ser el capellán del trumpismo.

Lo que este conflicto muestra es que la religión ya no funciona como elemento cohesionador de la derecha, sino como uno de sus principales ejes de fractura. Durante décadas, el conservadurismo occidental pudo presentar una coalición más o menos estable entre evangelicales, católicos y creyentes de distinto signo, unidos por la defensa de valores morales tradicionales frente al progresismo secular. Ese frente común se está resquebrajando.

La razón es que el trumpismo ha radicalizado las exigencias de esa coalición hasta un punto que la doctrina social católica no puede seguir. Aceptar que las deportaciones masivas son compatibles con el evangelio, que criminalizar al migrante es una política cristiana o que el presidente puede autorrepresentarse como Cristo sanador sin que eso merezca condena es demasiado para una institución que lleva siglos construyendo una teología que predica la dignidad humana.

Esta vez, incluso entre conservadores cristianos y evangélicos, la imagen de Trump como Cristo ha generado rechazo. Eso dice algo importante: los límites existen, aunque estén siendo empujados con una agresividad sin precedentes. La visita del Papa a Canarias, coincidiendo con la regularización de personas en España, no es solo un acto pastoral. Es una declaración de que hay una forma de entender la fe —más antigua, más institucional, más incómoda para el poder— que no se deja domesticar por ningún líder político, por muy poderoso que sea.

La imagen de Trump con los rayos en las manos duró 12 horas en internet. El debate sobre qué significa ser cristiano en la política del siglo XXI va a durar bastante más.

Cuando yo tenía dieciocho, en una siesta de verano al sur, soñé con La mujer habitada, una novela que firmaba una mujer de nombre exótico y rotundo y que me hablaba de cosas que nadie me había contado todavía. De la revolución, de nuestro cuerpo, de rebeldía, de la historia antigua de América Latina. Cómo de lejos estaba Nicaragua entonces de mi ignorancia. Aquel libro me había devorado, o yo a él, como a una naranja del árbol de Lavinia. Y lo soñé.

Pasaron los años, y quiso la tiranía que Gioconda viviera en mi ciudad. Hoy habita el centro de Madrid con alegría, con palabra, con compromiso. Está en el exilio desde que, en 2022, no pudo regresar a Managua, su ciudad, a Nicaragua, su país, despojada de su nacionalidad, de su gente y de las cosas de su vida. Tiene pasaporte español, como otros compatriotas suyos, otorgado por carta de naturaleza, y vive aquí, alejada de aquel corazón salvaje centroamericano, de los pájaros que cruzan su recorte de cielo, de esa extensión de selva, de valle y de montaña tensada por un nuevo dictador. "Uno no elige el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido". No es su primer exilio. A mediados de los setenta fue perseguida y tuvo que salir del país a México y Costa Rica por su militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vivió la clandestinidad, la guerrilla, vio caer a los amigos. Ayer mismo recordaba al compañero al que ella le dijo que cómo iba a participar en la lucha armada si tenía hijas. Por ellas, para que tus hijas no tengan que hacerlo, le respondió. Y así se convenció del camino. La revolución triunfó en 1979 y la dictadura de Somoza cayó en el pozo de la Historia. 

La deriva autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aquel que fue uno de los nueve comandantes de la revolución, ha sacado a Gioconda y a otros cientos de miles de nicaragüenses del país, entre ellos, también al premio Cervantes y excompañero de Ortega en la Junta de Gobierno, Sergio Ramírez, que también camina Madrid. Ortega exilia, encarcela, vigila, aísla y usa la represión y la violencia para controlar el país. 

Dice Gioconda que ya no cree en la lucha armada. Que aquello ya fue. Quizá crea hoy en la palabra. Seguro, en el amor al otro. Estoy segura de que, como en el título de sus memorias, El país bajo mi piel, sigue llevando consigo, bajo ese pelo salvaje que tiene, un equipaje emocional de lo que significó participar en aquello, para la Historia y para su escritura. En su última novela, Un silencio lleno de murmullos, es la hija de una guerrillera quien ajusta ausencias con la madre revolucionaria. Esa culpa que cargan las madres todavía. La maternidad, como la guerrilla, es otra revolución. Íntima y política. Vital y social. 

De la literatura de esta autora, de la que tanto aprendí entonces sobre la sensualidad y la confianza en la energía que guarda nuestro centro de carne y hueso, me quedo con la posición desde la que lanza su palabra a la página: del cuerpo de una también nace la libertad. Los cuerpos son asuntos políticos. Los nuestros, de las mujeres, más aún. 

Estamos Gioconda y yo hoy en una isla juntas, a la que nos han traído a hablar de libros y escrituras. Y, aunque no es esta la primera orilla que habitamos, nos sentamos junto al mar después de comer y hablamos y hablamos bajo la luz brillante y saturada de este lugar de fuertes vientos. Y me acuerdo de aquella chiquita de dieciocho que se atrevió a soñar con escribir porque mujeres como Gioconda lo hacían. Que ponían su nombre y su cuerpo en la literatura. Gracias por todas tus revoluciones, pero también por esa.

El director de la Agencia Internacional de la Energía volvió a insistir este martes en que el mundo afronta "la mayor crisis energética de su historia". Pese al escenario extremo que dibuja el mayor portavoz global en esta materia, los hogares y empresas occidentales tienen acceso sin problema a la gasolina, el gas y la electricidad, aunque a un precio notablemente mayor que hace dos meses. Donde realmente se está viviendo ya la escasez es en Asia. Allí, decenas de millones de habitantes ya viven bajo un intenso racionamiento de energía que, a nivel global, ya supera con creces al de la gran crisis económica de 2008.

Desde comienzos de marzo se han multiplicado en Bangladesh y en Corea del Sur las colas interminables de coches y motos para repostar en gasolineras, mientras que en Pakistán se han producido en abril cortes parciales de luz, con fábricas que llegan a estar apagadas durante ocho horas al día por la escasez de gas natural, necesario para producir luz.

El Gobierno de Filipinas declaró en marzo la emergencia nacional energética durante un año, y numerosas aerolíneas regionales han reducido su actividad por el coste del queroseno. En total, siete países asiáticos han impuesto ya el teletrabajo obligatorio, cinco están racionando la venta de combustible y varios de ellos tienen edificios públicos cerrados para ahorrar energía.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, en inglés), en su informe de abril publicado la semana pasada, ya puso cifras al cierre de Ormuz: pronostica que la demanda global de petróleo caerá en 1,5 millones de barriles diarios en abril, un recorte del 1,5% frente al mes anterior. A lo largo de todo el año se espera una reducción del consumo de 100.000 barriles diarios, que puede parecer pequeña, pero es que un mes antes la IEA calculaba un incremento total de la demanda de 700.000 barriles diarios en 2026.

Los cálculos de expertos de empresas privadas van muchísimo más allá. Un análisis del banco JPMorgan estimaba esta semana que el recorte global de la demanda de petróleo ha sido en abril de 4,3 millones de barriles diarios de crudo, prácticamente tres veces más de lo que calcula la IEA y una cantidad absolutamente astronómica. "Para ponerlo en contexto, en el pico de la crisis económica de 2009, la demanda global se redujo en 2,5 millones de barriles", añaden los analistas del banco estadounidense.

Por regiones, la IEA, un órgano dependiente de la OCDE, asume que la mayor parte del recorte vendrá de los países de Oriente Medio, pero no porque la población no tenga acceso al combustible, sino porque la aviación está prácticamente congelada en Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait debido al conflicto, y el tráfico aéreo se ha desplomado en Emiratos Árabes y Qatar. En el sudeste asiático no deberían escasear por ahora la gasolina ni el diésel de manera generalizada, pero sí el gas natural licuado y el GLP (el gas utilizado para cocinar), que llegan en enormes cantidades desde el Golfo.

El informe de JPMorgan también ubica en Oriente Medio el mayor recorte de consumo energético, seguido de Asia, y matiza que ya se observa una brecha entre países ricos de esa región, que pueden comprar combustibles más caros, como Japón, frente a otros que quedan "desbordados por los precios". Este banco sitúa las siguientes víctimas en África, donde también dependen de materias primas del Golfo. Entre Oriente Medio, Asia y África suman el 87% de la caída de la demanda global de crudo de abril de 4,3 millones de barriles.

Aun así, esa bajada tan brutal del consumo ni siquiera es capaz, según el informe de JPMorgan, de compensar la caída de la producción global de petróleo: sigue habiendo un desajuste de 2,3 millones de barriles diarios entre oferta y demanda. "Esto es demasiado para ser absorbido por países emergentes. Europa y Estados Unidos tendrán que participar [de ese recorte]", valoran los expertos.

Es por ello que esta entidad vaticina que los precios de la energía seguirán subiendo en Occidente, ya que con el coste actual de la gasolina, el gas o la electricidad, los países ricos siguen consumiendo sin prácticamente recortes de demanda. A esto hay que sumar que 16 países europeos subvencionan ya los combustibles debido a la crisis, entre ellos España, una manera de apoyar a la población, pero que mantiene la demanda artificialmente alta, engordando el problema del abastecimiento, según los expertos.

La industria asiática ha colapsado por varios frentes debido a la subida de costes de la energía y las materias primas. La prensa regional recoge, por ejemplo, un desabastecimiento de guantes de goma en hospitales por el encarecimiento de la nafta, un derivado del petróleo necesario para fabricar plásticos. El déficit de nafta afecta, de hecho, a toda clase de cadenas de producción: desde ropa a bolsas de plástico, pasando por la industria del maquillaje o la producción de microchips.

La primera línea del racionamiento recae sobre Asia porque sus países son extremadamente dependientes de los combustibles que salen del estrecho de Ormuz, ahora prácticamente cerrado. India, el país más poblado del mundo, importa históricamente el 90% de su crudo, y más del 40% de esa cifra llegaba hasta ahora de Oriente Medio. También llegaba de esta región el 98% del petróleo que necesita Filipinas, el 61% de Corea del Sur o el 60% de Tailandia.

Un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional advierte de que estas naciones no solo dependen enormemente del crudo de Arabia Saudí, Kuwait o Irán, sino que sus economías necesitan quemar mucho más combustible que Occidente para mantenerse en funcionamiento porque apenas tienen energías renovables. La Unión Europea destina poco más del 2% de su PIB a importar gas natural y petróleo, mientras que Asia destina aproximadamente el 4%. En Singapur, Tailandia y Corea del Sur esa dependencia alcanza entre el 6% y el 8% del PIB total.

"Asia es el principal comprador del petróleo y del gas que se transportan a través del estrecho de Ormuz y esto supone un shock directo sobre las refinerías, las plantas eléctricas y las fábricas", escriben Andrea Pescatori y Krishna Srinivasan, colaboradores del FMI. "Las interrupciones en el suministro de fertilizantes, productos petroquímicos, helio o azufre aumentan además el riesgo de que se produzcan perturbaciones más generalizadas en la cadena de suministro si el conflicto persiste", añaden.

Naciones Unidas publicó la semana pasada que la guerra en Irán va a vapulear las economías de Asia y del Pacífico, que perderán entre 100.000 y 300.000 millones de dólares, principalmente por el encarecimiento de la energía. El organismo estima también que 8,8 millones de personas entrarán en el umbral de la pobreza en la región. Como en el análisis del FMI, la ONU enfatiza que la región es extremadamente dependiente del petróleo y calcula que 33 de los 36 países estudiados en Asia y Pacífico son "altamente vulnerables" a la inflación de los combustibles.

Cada día que pasa parece más claro que la crisis energética no será pasajera, sino que afectará al bolsillo de los hogares durante muchos meses más. El impacto en las gasolineras es evidente y la luz se ha encarecido respecto a febrero, pero el gas natural todavía se mantiene contenido porque la demanda en primavera es escasa. Sin embargo, ACER, la organización de reguladores europeos de energía, ha advertido este jueves que en otoño e invierno el recibo del gas subirá con fuerza y, por lo tanto, también el de la electricidad.

La razón es que la Unión Europea debe recargar una cantidad ingente de gas en sus inventarios en los próximos siete meses en mitad de lo que la Agencia Internacional de la Energía considera la mayor crisis energética de la historia. En este momento, el nivel medio de los almacenes de gas en Europa es del 31% y, en teoría, hay que alcanzar el 90% antes del 1 de diciembre, aunque ese objetivo es flexible.

ACER, un grupo del que forma parte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha advertido este jueves que cumplir con esa meta será este año más caro y más difícil. Principalmente porque la competencia por el gas será mayor en todo el mundo ante la pérdida del gas catarí por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde el año pasado cruzó el 7% del gas natural licuado que llegó a Europa por barco (el conocido como GNL), así como el 20% del GNL global.

"Recargar los almacenes hasta su capacidad máxima será más costoso y complicado en un mercado del GNL en competencia. Los precios a plazo de principios de abril de 2026 indican que esas importaciones de GNL llegarán a un coste algo superior al de años anteriores", afirman los reguladores en su último informe de monitorización del gas, publicado este jueves.

En concreto, calculan que el coste de la recarga podría aumentar entre 10.000 y 15.000 millones de euros en el invierno de 2026 si los precios del gas de referencia europeo (el conocido como TTF) se estabilizaran en 50 euros/MWh. En este momento el mercado de futuros del gas marca un precio de 44 euros/MWh para la segunda mitad del año, aunque ese valor cambia cada día con las nuevas noticias que llegan desde el Golfo. Antes de la guerra, el TTF cotizaba en esos meses a unos 31 euros/MWh, pero ha subido un 39% en menos de dos meses. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista de Energía en Europa en el Instituto de la Economía Energética y el Análisis Financiero (IEEFA), opina que esta crisis es un enorme toque de atención para Bruselas, que tras la crisis energética de 2022, provocada por el corte de la mayor parte del suministro de gas ruso, decidió buscar nuevos vendedores de gas en el resto del mundo. "Creyeron que la solución era diversificar las compras de gas, pero depender de otros nos ha vuelto a hacer vulnerables. Hay que apostar por la electrificación y las energías renovables", opina la experta.

Otra de las razones que apuntan al encarecimiento del gas este año, según ACER, es que en 2026 los almacenamientos de gas han llegado raquíticos a la primavera, en su nivel más bajo en nueve años, porque el invierno ha sido especialmente frío.

Los reguladores calculan que para cumplir con ese 90% de llenado en invierno hay que mantener "elevada" la entrada de gas por tubería y las compras de GNL tienen que ser un 13% superiores al año pasado. Todo esto, en un escenario de extrema competitividad global por el combustible debido al cierre de Ormuz.

Un tercer factor que complicará la logística, aunque menos importante que los anteriores, es que desde que comenzó la guerra, el gas en Asia tiene un importante sobreprecio sobre el valor del TTF europeo, de entre 5 y 10 euros MW/hora –un premium histórico–, porque en esa región la desesperación por el combustible es mayor. Esta situación podría llevar a que los metaneros "se vean más atraídos por Asia este verano", dificultando todavía más el aprovisionamiento europeo, según el informe de ACER.

España está en principio mucho mejor preparada que otros países de Europa porque sus tres almacenes subterráneos de gas natural están por encima del 60% de capacidad, aunque esto no garantiza que en la península el gas sea más barato que en Países Bajos o Grecia porque el combustible que se almacena en estos depósitos pertenece a compañías privadas que pueden revenderlo a terceros países si esa práctica es más rentable que destinarlo al consumo interno. 

El encarecimiento del gas natural para el consumidor español se puede notar de dos maneras. Si el hogar tiene una tarifa libre, esa subida puede llegar cuando se actualice el precio según lo establecido en el contrato, que suele ser de 12 meses. Incluso puede que ya se haya encarecido en las últimas cuatro semanas. En el caso de la tarifa regulada (conocida como TUR de gas), cuyo precio se actualiza trimestralmente, la fecha clave es el 1 de octubre. Entonces sufrirá el gran repunte porque en ese momento su cálculo incorpora un sobrecoste llamado gas estacional, un concepto que se añade durante los meses de frío.

Esta inflación también afecta al precio de la luz, y de manera mucho más rápida porque las compañías dueñas de las centrales de ciclo combinado (las que generan electricidad con gas) trasladan el encarecimiento de la materia prima al precio de la energía que producen. El sistema de fijación de precios diario mediante subasta limita que en primavera haya un fuerte repunte en la luz, pues las renovables marcan el precio en la mayor parte de las horas, pero durante la noche sí que se nota esa subida. Como en el caso del gas, ese cambio es solo para los clientes con contrato regulado, porque el precio de las tarifas libres depende exclusivamente de lo pactado con la comercializadora.

La Comisión Europea es consciente de la tormenta que se está formando alrededor del precio del gas natural de cara al invierno y este miércoles presentó su paquete AccelerateEU, que impulsa la coordinación de la gestión del gas natural y del combustible de aviones durante los próximos meses. 

Para evitar una ola de compras desesperadas de gas que suban todavía más su precio, la Comisión Europea también instó este miércoles a los países a que aprovechen que la normativa que obliga a rellenar sus almacenes de gas en un 90% antes de diciembre tiene un margen de flexibilidad del 10%, de manera que es suficiente con llenar inventarios al 80% para esa fecha. Bruselas está negociando además flexibilizar otro 5% más, rebajando el objetivo hasta el 75% para el 1 de diciembre. La idea es evitar que unos países pisen a otros comprando más gas del que puedan necesitar. 

Otra de las aristas que aborda el informe de ACER es que Estados Unidos ha disparado sus exportaciones de gas natural a Europa por vía marítima, principalmente para sustituir la desaparición de buena parte del gas ruso que llegaba por tubería. En el invierno 2025-2026, dejó de operar definitivamente el gasoducto ruso que atravesaba Ucrania, y en este periodo Estados Unidos incrementó sus ventas de GNL en un "impresionante" 45%, según los reguladores, alcanzando el 30% del total de importaciones de gas europeas y dos tercios del GNL. 

Rusia, en todo caso, volvió a vender grandes cantidades de gas a Europa este invierno, siendo el tercer proveedor, con el 15% de las importaciones totales de GNL, solo por detrás de EEUU. También sigue activo uno de los gasoductos Europa-Rusia, el TurkStream, que llega a Turquía y de ahí se ramifica para surtir principalmente a Hungría, Eslovaquia y Serbia. En total, Rusia supuso el 14% de las importaciones totales de gas en la UE esta temporada, equivalentes a 10.000 millones de euros anuales.

En sus previsiones para el invierno 2026-2027, ACER subraya que Europa necesita mantener en "niveles altos" las entradas de gas por tubería para poder cubrir su demanda en los meses de frío, y debe importar incluso más GNL que en 2025, lo que se traduce en que el gas ruso será impepinable este año, pese a que los países miembros están en pleno proceso de ruptura con el combustible de Moscú. El 1 de enero de 2027, según ratificó la Unión Europea el pasado 26 de enero, se prohibirá comprar GNL ruso, y el 1 de noviembre de 2027 habrá que poner fin a todos los contratos a largo plazo de gas importado por tuberías, de manera que el invierno siguiente supondrá de nuevo un desafío energético.

En la plaza Vanak, al norte de Teherán, un cartel del tamaño de un edificio de unos 15 pisos muestra la mano de un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní retorciendo el estrecho de Ormuz, representado por una tela azul. En el fondo de la imagen se distinguen una veintena de petroleros atrapados, incapaces de atravesar el paso marítimo.

La leyenda en farsi en el cartel indica que Ormuz no solo está “en manos de Irán”, sino que seguirá estándolo “de forma permanente”. El sultanato de Omán, la otra potencia ribereña del estrecho, ni siquiera aparece en la imagen.

Este cartel gigante parece provenir de los partidarios de la línea más dura del régimen, en su mayoría oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI o pasdaran), que apenas ocultan su hostilidad radical hacia las conversaciones de Islamabad (Pakistán) entre Irán y Estados Unidos.

Para los miembros de este ejército, la prolongación de la confrontación con Estados Unidos e Israel es necesaria para la supervivencia del régimen, hasta la retirada estadounidense del Golfo Pérsico. Hasta ahora, consideran haber ganado la batalla. Como escribe Kian Abdollahi, redactor jefe de la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, Estados Unidos entró en guerra creyendo que disponía de los medios militares para desmantelar las capacidades nucleares y balísticas de Irán, apoderarse de sus 444 kilos de uranio enriquecido y provocar un cambio de régimen, o forzar a Teherán a aceptar una "capitulación sin condiciones”.

Pero no solo Estados Unidos no ha alcanzado sus objetivos, a pesar de 38 días de intensos bombardeos, sino que Teherán tiene hoy la capacidad de bloquear el estrecho de Ormuz, lo que le permite poner en aprietos a la economía mundial.

Lo que refuerza la determinación de los ultraconservadores a no negociar son los cambios de opinión de Donald Trump y el temor a que pueda utilizar las negociaciones para lanzar un nuevo ataque, como ya hizo en junio de 2025 y el pasado 28 de febrero.

No obstante, también existe dentro del régimen una línea más pragmática, partidaria de que Irán participe en las conversaciones de Islamabad. La encarna el presidente del Majlis, el Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que dirige el equipo negociador, así como el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, un diplomático curtido que intenta encontrar fórmulas de compromiso sin dar la impresión de que Irán cede a las exigencias de Estados Unidos.

Para los “pragmáticos”, la única vía de salida del conflicto sería un acuerdo con Washington, pues la economía iraní corre el riesgo de colapsar si continúan las hostilidades. El bloqueo de sus puertos podría resultar, en efecto, catastrófico para el presupuesto iraní, con una pérdida de unos 435 millones de dólares al día (370 millones de euros), de los cuales 276 corresponden a pérdidas por exportaciones, principalmente de petróleo y productos petroquímicos, según una estimación de Miad Maleki, analista de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), citada por el Wall Street Journal.

Es a esa facción “pragmática” a la que Donald Trump ha calificado de “nuevo régimen iraní”.

Estas desavenencias en el seno del régimen se ven favorecidas por los vacíos en la cúspide del poder. Ali Larijani, un allegado del difunto líder supremo Ali Jamenei, que dirigía a la vez la diplomacia, la defensa y los servicios de seguridad desde el verano de 2025, murió en un ataque israelí el 17 de marzo y no ha sido sustituido. En cuanto a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo, sigue sin aparecer y no se sabe si está gravemente herido o en coma desde el bombardeo del 28 de febrero.

Evidentemente, la República Islámica ya no tiene a nadie al frente para arbitrar estas luchas internas, que, sin duda, existían antes de la guerra, pero que parecen haberse ampliado ante la ausencia de una figura tutelar.

Desde entonces, los altos responsables del régimen no se ponen de acuerdo sobre la política a seguir. De ahí las vacilaciones sobre la participación de Irán en las negociaciones de Islamabad y la reapertura del estrecho de Ormuz. El martes por la noche aún se desconocía si una delegación iraní acudiría a las conversaciones de Islamabad. “No se ha tomado ninguna decisión”, afirmaba el Ministerio de Asuntos Exteriores al final del día.

Durante la primera reunión entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que duró 21 horas, el vicepresidente J. D. Vance había comunicado que los negociadores iraníes habían tenido que regresar a Teherán para obtener la aprobación de otros dirigentes. Y cuando el ministro de Asuntos Exteriores iraní anunció, el 17 de abril, la reapertura total del estrecho de Ormuz, provocando de inmediato una subida de los mercados bursátiles, fue desmentido secamente horas más tarde por la Guardia Revolucionaria. “Tuit torpe e incompleto de Araghchi y ambigüedad engañosa sobre la reapertura del estrecho de Ormuz”, escribió poco después la agencia Tasnim, en su página web.

“No confíen en un idiota”, llegó a decir un comandante de los pasdaran durante una conversación por radio con el capitán de un barco indio que creía que el estrecho estaba abierto y se sorprendía de ser amenazado por la Armada iraní. El término “idiota” fue, por cierto, retomado por la televisión estatal, siempre para referirse al titular de Exteriores, Abbas Araghchi.

Al abrir el estrecho el viernes 17 de abril, Teherán pensaba que “Estados Unidos respondería levantando el bloqueo”, señala Vali Nasr, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), en la red social X. Pero su mantenimiento “no ha hecho más que alimentar las sospechas de Irán” sobre el hecho de que las conversaciones de Islamabad “no serían más que una artimaña diplomática previa a otro ataque militar”. Una sospecha basada también en posiciones que siguen estando muy alejadas entre Washington y Teherán, especialmente en el corazón del conflicto: la cuestión nuclear.

La batalla entre los más radicales del régimen y los “pragmáticos” también se libra en las calles. Cada noche, desde el inicio de la guerra, el régimen moviliza a decenas de miles de sus partidarios en las plazas de las grandes ciudades. En esas ocasiones, el nombre de Mohammad Bagher Ghalibaf es abucheado regularmente por multitudes de jóvenes que, además, reclaman que continúe el conflicto. Algunas redes sociales, como la aplicación de mensajería Eitaa Web, incluso le acusan de “traición”. “La negociación solo puede traer el mal”, se lee en uno de los artículos.

El presidente del Majlis y antiguo alcalde de Teherán concedió una larguísima entrevista el sábado 19 de abril a la televisión estatal, en la que defendió su enfoque diplomático del conflicto. Sostuvo que no suponía ni una renuncia a las exigencias de Irán ni una acción disociada del campo de batalla, sino la continuación del conflicto por otros medios. En otras palabras, una forma de consolidar los logros militares y traducirlos en resultados políticos, así como en una paz duradera.

Ghalibaf también lanzó una advertencia a los extremistas contra cualquier triunfalismo. Aunque afirmó que la República Islámica “controlaba el campo de batalla” y que, si se reanudaba la escalada, estaría dispuesta a responder, reconoció que Irán era, sin embargo, más débil, tanto militar como financieramente, que Estados Unidos. Nunca antes un dirigente de la República Islámica había hecho declaraciones de este tipo sobre la superioridad estratégica estadounidense.

En la misma entrevista, Ghalibaf señaló que el estrecho de Ormuz sigue siendo una baza esencial para su país y que las restricciones al tráfico marítimo continuarán si no se levantaba el bloqueo estadounidense. Pero, a diferencia de la facción radical, precisó que Irán desea una normalización del tráfico y no busca perturbarlo todavía más: “Siempre hemos trabajado por una normalización, pero cuando no se han cumplido los compromisos, hemos restringido el tráfico”. No obstante, añadió que el acceso al estrecho permanecería cerrado para los países hostiles: “Queremos que aquellos que no actúan con hostilidad hacia nosotros puedan pasar libremente. No buscamos crear inseguridad”.

Lo que ha cambiado con la guerra es que el conflicto entre facciones, que solía oponer a los radicales y a los reformistas, también se ve ahora en la jerarquía de los pasdaran.

El propio Ghalibaf fue un comandante que participó en la guerra entre Irán e Irak y dirigió sus fuerzas aéreas. Sus adversarios más notorios son el comandante del CGRI, Ahmad Vahidi, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN), Mohammad Bagher Zolghadr, ambos descritos por los observadores iraníes como decididamente favorables a la continuación del conflicto. Cuentan con el apoyo del partido ultraconservador Paydari, acusado por varios periodistas iraníes de incitar a las manifestaciones contra las negociaciones.

Según la televisión por satélite Iran International, con sede en Londres y cercana a la oposición, Ghalibaf tiene influencias dentro de la rama aeroespacial de la Guardia Revolucionaria y mantiene vínculos con la familia de Ali Jamenei, de quien fue piloto particular, en particular con su hijo, el invisible Mojtaba.

Pero, sean contrarios o favorables a las negociaciones, los responsables iraníes siguen involucrados en la represión. En una nueva directiva, el responsable del poder judicial, el clérigo Mohseni Ejei, ha ordenado la movilización general de todos los tribunales. Compara a los jueces con “combatientes” y les ha pedido que sesionen día y noche, e incluso los viernes.

Este martes 21 de abril ha sido ahorcado un joven manifestante de 22 años, Amirali Mirjafari. Y una adolescente de 16 años, Diana Taherabadi, condenada a muerte.

Traducción de Miguel López

Las divisiones internas y las diferentes posiciones entre los países de la Unión Europea vuelven a frenar la adopción de sanciones contundentes contra Israel por las constantes vulneraciones de los derechos humanos en Gaza o Cisjordania o la violación del derecho internacional y la integridad territorial de Líbano. La credibilidad de la UE vuelve a quedar en entredicho al comparar su respuesta y sus políticas hacia Rusia con el apaciguamiento continuo, cuando no el silencio, frente a Tel Aviv.

La petición de España, Eslovenia e Irlanda no fue aprobada en la reunión de los ministros europeos de Exteriores “dado que la suspensión del Acuerdo de Asociación necesita unanimidad y no hubo el apoyo suficiente dentro de la sala”, explicó la Alta Representante, Kaja Kallas, tras concluir el encuentro de este martes. Tampoco salieron adelante sanciones comerciales parciales o directas contra el Gobierno israelí ya que “la mayoría cualificada requerida exigiría que los Estados cambiasen sus posiciones”.

Unos diez países, encabezados por Alemania y donde están socios importantes como Italia o Polonia, consideran que las sanciones contra Israel son inapropiadas y que este país, como aliado principal en Oriente Medio, no debe ser penalizado en medio de una guerra contra Irán, pese a las flagrantes violaciones de los derechos humanos y el genocidio denunciado por los expertos de la ONU. La cumbre informal de líderes europeos a finales de semana en Chipre se presenta como una nueva oportunidad para discutir esta cuestión, aunque la Alta Representante rebaja el optimismo ya que “no he visto un cambio de posición dentro de la sala sobre la suspensión del acuerdo” con Israel y sólo promete llevar las “nuevas propuestas comerciales a la Comisión Europea para su discusión”.

Antes de la reunión de Exteriores, en una carta abierta a Kaja Kallas, España, Irlanda y Eslovenia habían denunciado “las severas medidas del gobierno israelí, incluyendo decisiones ejecutivas, militares y leyes adoptadas por la Knesset -el Parlamento del país- que contravienen los derechos humanos y violan el derecho internacional y las leyes humanitarias internacionales”. Nombraban la aprobación de la pena de muerte contra la población palestina, “las condiciones insostenibles en Gaza”, los ataques contra civiles y lugares santos cristianos y musulmanes o la ampliación de asentamientos ilegales en Cisjordania, además de las recientes operaciones en Líbano, para exigir sanciones contra Israel suspendiendo el Acuerdo de Asociación bilateral.

“Dado el nivel de violencia y la gravedad de la situación actual, existe la necesidad de revisitar urgentemente la cuestión de la respuesta de la UE, incluyendo las propuestas planteadas por la Presidenta de la Comisión”, explicitaron estos tres países en referencia a la suspensión de beneficios comerciales a las exportaciones de Israel, concretamente frutas, verduras, maquinaria industrial o bienes farmacéuticos que disfrutan de arancel cero por un impacto de 230 millones, de la colaboración en proyectos científicos o del programa Horizonte, medidas planteadas en septiembre.

“España junto con Eslovenia e Irlanda ha solicitado la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel”, informó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, porque exigió que la “UE sólo puede tener una relación con Israel basándose en el respeto de los derechos humanos y vemos que Israel no ha hecho más que avanzar y agrandar la espiral de violencia y de guerra”.

Bélgica, Suecia y, ahora también, Países Bajos con su nuevo gobierno se han sumado al grupo de los tres países más críticos con Tel Aviv. Suecia y Francia propusieron vetar la entrada en la UE de los productos procedentes desde territorios ocupados y asentamientos ilegales, como forma para condicionar la política israelí, una línea con la que Países Bajos se sintió cómoda. Bélgica, por su parte, defendió una suspensión parcial del acuerdo partiendo de las medidas propuestas por la Comisión hace meses porque, como reconoció su ministro, Maxime Prévot, era necesario ser “conscientes de que la suspensión total está fuera de lugar, vistas las posiciones de los países europeos”.

Los defensores de Israel

Frente a ese bloque, al que se han ido adhiriendo otros países como Italia, Portugal, Luxemburgo o Grecia, una parte de Europa sigue sin considerar prioritario frenar las guerras abiertas en Oriente Medio por Israel, condenar claramente las vulneraciones de los derechos humanos y de las normas internacionales, ni adoptar sanciones en consecuencia. Las repúblicas bálticas y otros socios del este de Europa como Bulgaria o Rumanía, perciben esa profunda inestabilidad como un problema lejano y ajeno a sus prioridades. Su atención en la región se centra, sobre todo, en el impacto de la guerra desatada por Estados Unidos contra Irán sobre el comercio marítimo y los mercados energéticos.

“Creo que la prioridad, también en lo que respecta a mis ciudadanos, es poder reducir la presión sobre los precios de la energía. Y que la prioridad actual de la comunidad internacional y de la comunidad diplomática es la desescalada de los conflictos en la región”, señaló antes de la reunión con sus homólogos europeos la ministra de Exteriores rumana, Oana-Silvia Țoiu. Esta posición, compartida por otros socios, pone de relieve las diferencias de enfoque con países como España, que califican la situación actual en Oriente Medio como la mayor crisis global de este siglo y la más grave en la región desde la Guerra del Golfo.

Por afinidad ideológica con el gobierno de Benjamin Netanyahu, pero también por el peso del pasado nazi y de las persecuciones y crímenes sufridos por la población judía en sus propios territorios, socios como Alemania, Austria o Polonia siguen sin posicionarse claramente contra Tel Aviv. Para el ministro de Exteriores alemán, la propuesta de España, Irlanda y Eslovenia de suspender temporalmente el Acuerdo de Asociación con Israel resulta “inapropiada”. Frente a ello, defiende “mantener conversaciones con Israel sobre cuestiones críticas, un diálogo constructivo”.

Entre los 27, varios países, una minoría importante, comparten los planteamientos del Gobierno Netanyahu o de la Administración Trump y consideran más urgente frenar el programa de enriquecimiento de uranio de Irán que las políticas belicistas y expansionistas de Israel en Oriente Medio, aunque estas sigan incendiando la región y la UE sufra sus consecuencias en forma de una crisis energética, aumento de la llegada de personas refugiadas e inestabilidad crónica en su frontera suroriental.

Lituania o Letonia, Austria, Polonia, Bulgaria y la República Checa comparten esta postura y rechazan sanciones de gran calado contra Tel Aviv, empezando por la suspensión completa temporal del Acuerdo de Asociación de la UE. En la reunión de ministros europeos de este martes quedaron patenten las diferentes percepciones entre los 27: cerca de la mitad de los Estados miembros siguen priorizando en política exterior el aumento de la presión sobre Rusia y el refuerzo de la ayuda a Ucrania, ahora que el cambio de gobierno en Hungría lo permitirá.

Las aerolíneas europeas lanzaron un llamamiento inédito la semana pasada, cuando advirtieron que en cuestión de tres semanas tendrían que iniciar un racionamiento de combustible. La Agencia Internacional de la Energía fue un paso más allá y dijo que quedan unas seis semanas de queroseno en los inventarios de la Unión, pero la Comisión Europea salió después a calmar las aguas y garantizó que no hay por ahora riesgo de desabastecimiento. Según los expertos, efectivamente hay combustible suficiente y no deberían producirse cancelaciones de vuelos en el próximo trimestre, salvo quizás en Francia y Reino Unido. También pronostican subidas importantes en el coste de los billetes de verano.

La guerra de Irán ha estrangulado el tráfico de todos los tipos de carburantes, pero el queroseno es extremadamente vulnerable, mucho más que el diésel y muchísimo más que la gasolina. En concreto, el 43% del queroseno que consume la UE y Reino Unido proviene del estrecho de Ormuz –principalmente de Kuwait–, mientras que en el caso del diésel es el 23%. En cuanto a la gasolina, Europa produce incluso más de la que consume internamente. Estas diferencias se aprecian en las curvas de precios. El queroseno se ha encarecido más de un 100% respecto a finales de febrero en la Unión Europea, alcanzando un récord histórico, mientras que el diésel ha subido un 65% y la gasolina 37%.

Aunque algunas declaraciones del sector desataron el pánico la semana pasada, la Comisión respondió el viernes que "no hay indicios de una escasez generalizada de combustible que pudiera provocar cancelaciones masivas de vuelos", aunque sí están "obviamente" preocupados por la situación. Según publican diferentes medios, Bruselas se prepara para vigilar de cerca las reservas nacionales de queroseno e incluso obligará a los estados a compartir los barriles para que no haya desequilibrios.

"Estamos moviéndonos hacia una crisis de suministro que empezará por el combustible de avión. Y nos aproximamos rápidamente", dijo este domingo el comisario de Energía, Dan Jørgensen, al Financial Times.

Según un informe de Kpler, una consultora europea especializada en tráfico de combustibles, al que ha accedido infoLibre, quedan meses antes de que haya un desabastecimiento real de queroseno en el continente, aunque subrayan que la situación es mucho más tensa que con el diésel. Estiman que si en marzo había reservas equivalentes a 52 días de consumo de queroseno en los Veintisiete (77 millones de barriles), ahora hay para unos 45 días, y en julio habrá para 28 días (49 millones de barriles), debido a que la caída de la importación obliga a quemar los inventarios.

Los analistas explican que en sus cálculos hasta verano no se entraría en el nivel mínimo operativo, el umbral crítico de abastecimiento, que sería de 33 millones de barriles de queroseno, de manera que "no se requerirá ningún ajuste de la demanda a escala continental en Europa, suponiendo que el conflicto se desescale pronto". Ese escenario supone que el estrecho del Golfo se desbloquee de aquí al mes de julio.

Donde sí pronostican que habrá escasez de queroseno será en Reino Unido, y posteriormente en Francia. La posibilidad de desabastecimiento en este segundo país podría ser lo que lleve a la Comisión Europea a activar esa redistribución, aunque antes tendrá que proponerla formalmente y acordarla con los ministros de los Estados miembros. 

Según los analistas de Kpler, tanto Reino Unido como Francia tienen una mayor dependencia del queroseno de Oriente Próximo y tienen menores provisiones. Afirman que Reino Unido ya debería empezar a reducir consumo en abril, y Francia en junio, y vaticinan que julio será el peor mes, recortando ese mes 60.000 y 40.000 barriles cada uno, respectivamente.

Los expertos esperan también una subida del precio de los billetes de avión en toda Europa este verano. Numerosas aerolíneas del continente han comunicado que están funcionando a pérdidas estos días porque el queroseno ha duplicado su coste, incluso aunque todas ellas tengan coberturas frente al encarecimiento del carburante en el mercado. Además, según Kpler, ese blindaje parcial que tienen las compañías vencerá a lo largo del segundo trimestre, y de cara al verano se expondrán de manera completa a los precios astronómicos.

"La convergencia de la erosión de la cobertura de existencias por el lado de la oferta y el vencimiento de la protección de cobertura por el lado de la demanda hace que junio y julio sean el periodo de máxima tensión para los mercados europeos de combustible de aviación", se lee en el informe. También avisan de que si el comercio global de queroseno no se recupera antes de septiembre, los inventarios europeos caerán por debajo del mínimo técnico, obligando a un "racionamiento directo de la demanda".

Varias aerolíneas empiezan a recortar rutas

Aunque ya se anticipaban problemas en el sector aéreo, las declaraciones de la última semana desataron el pánico en el sector. La división europea del Consorcio Internacional de Aeropuertos (ACI) mandó una carta a la Comisión asegurando que en tres semanas "la escasez generalizada de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE" si no se recupera el estrecho de Ormuz. A ese mensaje dramático respondió la Comisión Europea asegurando que no existe riesgo a corto plazo.

El coste del queroseno es una variable primordial para las aerolíneas porque el combustible supone de media alrededor del 25% de sus costes de operación, en función de la compañía, del lugar del mundo donde trabaje y de su estrategia de aprovisionamiento, y un encarecimiento del crudo puede meter rápidamente a una empresa en números rojos.

Lufthansa, la gigante alemana, retiró este sábado 27 aviones de circulación "para evitar que las actuales pérdidas de la compañía sean todavía mayores". La aerolínea detalló en un comunicado que pierde dinero incluso teniendo el 80% de su queroseno asegurado frente a los cambios bruscos de precio. La holandesa KLM también recortará desde mayo unos 80 vuelos desde y hacia Ámsterdam, menos del 1% de todo su tráfico europeo, aunque subrayó que "no hay escasez de queroseno". La noruega SAS cancelará unos 1.000 vuelos en abril.

Sin importaciones de China ni India

A la crisis petrolera derivada de la guerra en Irán, se suma un desplome de las llegadas de queroseno desde la India y China, dos importantes proveedores de la Unión Europea. En el caso de India, la Unión Europea prohibió el 22 de enero la entrada de productos refinados a partir de petróleo ruso, ampliamente utilizado en las refinerías indias, mientras que China vetó a mediados de marzo la exportación de cualquier tipo de combustible de manera temporal para priorizar su abastecimiento interno.

Cada 22 de abril celebramos el día de la Tierra poniendo en duda la eficacia de la diplomacia ambiental para solventar los retos a los que se enfrenta la humanidad. Sin embargo, en este 2026, las palabras sobre sostenibilidad suenan más vacías que nunca mientras el cielo del Golfo Pérsico se tiñe de negro por el humo de la guerra. Parafraseando a Al Gore, podemos decir que nos enfrentamos a otra verdad incómoda: no existe política ambiental posible en un escenario de guerra.

La ciencia es clara y demoledora: hemos sobrepasado siete de los nueve límites planetarios. Según el Centro de Resiliencia de Estocolmo, ya no solo estamos alterando el clima y perdiendo biodiversidad a ritmos de extinción masiva, sino que hemos desbordado los ciclos del nitrógeno y fósforo, el cambio de uso de suelo, el acceso al agua dulce, la contaminación por entidades químicas sintéticas (PFSa, microplásticos, Disruptores endocrinos, etc) y, más recientemente, el umbral crítico de la acidificación de los océanos. Estamos fracturando los pilares biofísicos que han mantenido la estabilidad de la vida durante el Holoceno. Ante un colapso de tal magnitud, las políticas de "desarrollo verde" o los planes de mitigación y adaptación al cambio climático se presentan como soluciones loables, pero en realidad son meros parches de emergencia si no se detiene primero la maquinaria bélica que devora recursos y ecosistemas.

Existe una hipocresía institucionalizada en las altas esferas del poder global. Las naciones se reúnen en fastuosas cumbres climáticas (COP) para discutir reducciones marginales de CO2 y objetivos para 2050, mientras que en los consejos de defensa se aprueban presupuestos récord para la industria armamentística de aplicación inmediata. Cada misil disparado, cada tanque movilizado y cada refinería bombardeada en los actuales conflictos que asolan Irán y el Golfo Pérsico es un clavo más en el ataúd de nuestras metas climáticas. La guerra es la actividad humana con mayor intensidad de carbono y menor transparencia; sus emisiones suelen quedar fuera de los inventarios nacionales bajo la excusa de la "seguridad nacional".

El gasto militar global ha alcanzado cifras obscenas que triplican con creces la inversión anual necesaria para financiar una transición energética justa y completa en todo el Sur Global. Mientras se escatiman recursos para el Fondo Verde del Clima o para la restauración de humedales críticos, se despilfarran billones en tecnologías de muerte: drones, bombas guiadas y logística pesada que son, en esencia, la antítesis de la sostenibilidad. No estamos simplemente ante un problema de emisiones, sino ante un problema de prioridades civilizatorias. No se puede hablar de "salvar el planeta" en un foro de las Naciones Unidas mientras se suministran las armas que convertirán ecosistemas enteros en zonas de sacrificio tóxicas yermas de vida.

El conflicto en el Golfo no es solo una disputa territorial o ideológica; es el estertor de una economía del siglo XX basada en el petróleo que se niega a morir. Aquellos intereses que buscan perpetuar la dependencia fósil nos están abocando a un escenario de rotura irreversible de los límites planetarios. No estamos ante una crisis de recursos, sino ante una crisis de poder: la transición hacia energías limpias y modelos circulares amenaza los cimientos de las jerarquías que han dominado el mundo a través del control de los hidrocarburos.

La verdadera amenaza para la supervivencia humana no es solo el aumento de la temperatura, sino la voluntad de las élites políticas y económicas de mantener un modelo productivo extractivista a cualquier precio, incluso a costa de la guerra. La agresión hacia Irán y la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz son síntomas de una patología de un sistema que genera valor a partir de la destrucción. En esta lógica, la guerra no es un error del sistema, sino su herramienta de mantenimiento para asegurar que el flujo de crudo, y de capital, no se detenga, incluso si eso significa incinerar el futuro climático.

Estas acciones son las que impiden que la economía circular y la transición ecológica sean realidades sistémicas, reduciéndolas a meras estrategias de marketing corporativo. Las élites del siglo XX saben que un mundo verdaderamente circular, basado en la autosuficiencia y la regeneración local, volvería irrelevante el control militar sobre los estrechos marinos y los yacimientos. Por ello, prefieren el escenario del conflicto: la guerra justifica el gasto, el gasto alimenta la industria, y la industria perpetúa el modelo que nos está matando.

La economía circular no puede entenderse simplemente como un sistema técnico de gestión de residuos, sino que debe ser reivindicada como una estrategia de paz estructural. Al proponer un modelo productivo que elimina la necesidad de extraer materias vírgenes en geografías lejanas, la circularidad desactiva la principal motivación geopolítica de los conflictos armados contemporáneos: el control de los recursos escasos. Sin embargo, la economía de guerra actual opera bajo una ontología diametralmente opuesta, fundamentada en el consumo masivo y acelerado de recursos que jamás retornarán al ciclo productivo. Un ejemplo devastador es la huella de carbono de la logística militar, donde un solo caza de combate puede consumir en una hora de vuelo más combustible fósil del que un ciudadano medio utilizaría en varios años, anulando cualquier esfuerzo individual de ahorro energético.

Esta colisión de modelos se manifiesta con especial crudeza en los ataques a infraestructuras petroleras en Irán. Los bombardeos no solo detienen la producción, sino que liberan nubarrones masivos de hidrocarburos y metales pesados que provocan un ecocidio instantáneo. Estas partículas acidifican el suelo fértil y se filtran en la biodiversidad marina, causando un daño sistémico que la economía circular tardará siglos en intentar mitigar. Existe, además, una contradicción insalvable en la gestión de las prioridades presupuestarias; mientras las instituciones claman por fondos para la regeneración de suelos y la limpieza de plásticos en los océanos, ese capital se evapora literalmente en el humo de las explosiones de misiles cuyo coste de fabricación bastaría para restaurar ecosistemas enteros. En última instancia, la guerra representa el estadio final del modelo lineal de "extraer, fabricar y destruir", demostrando que sin un escenario de paz global cualquier avance en circularidad será insignificante, ya que es físicamente imposible reciclar un mundo que se está quemando activamente por intereses militares.

En este Día de la Tierra 2026, la demanda debe dejar de ser una súplica climática para convertirse en una rebelión política por la vida que fusione irremediablemente el movimiento ecologista con el pacifismo radical. No hay ecología posible sin la abolición de la guerra, del mismo modo que no habrá paz duradera mientras nuestra economía dependa de perforar la Tierra para quemar petróleo. Debemos entender que la seguridad del siglo XXI no se construye con sistemas antimisiles ni con la hegemonía militar en el Golfo, sino con la soberanía alimentaria, la protección de acuíferos y la creación de comunidades resilientes que no necesiten invadir a otras para sostener su existencia. El actual conflicto con Irán es la prueba definitiva de que el modelo fósil ha entrado en una fase de canibalismo terminal que pone en entredicho la supervivencia misma de la humanidad sobre este planeta.

Es una falacia creer que la biodiversidad se recuperará o que el cambio climático se detendrá mientras las grandes potencias sigan priorizando la dominación estratégica sobre la estabilidad biofísica de la biosfera. Por tanto, elegir entre perpetuar los intereses de un modelo económico basado en las energías fósiles que nos conduce al abismo o abrazar un nuevo modelo productivo basado en la dignidad de todas las personas y el respeto a los límites planetarios es la única decisión real que debemos tomar. El desmantelamiento inmediato de la economía de guerra es condición indispensable y previa a cualquier meta de sostenibilidad planetaria.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Estados Unidos inició este lunes el que probablemente es el bloqueo naval más agresivo de su historia reciente, y eso que es un país que ha recurrido a esta arma comercial a menudo. La decisión la ha tomado en solitario, sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU y pone en riesgo el comercio y la economía global, tres condiciones que hasta ahora no se habían dado unidas, ni siquiera en los bloqueos pasados de Cuba o Irak. Sobre la legalidad de esta actuación, se enmarca en un terreno ambiguo, según los expertos, mientras que el bloqueo opuesto, impuesto por Irán desde el 28 de febrero, viola claramente las leyes del mar.

La normativa marítima está abierta a la interpretación, especialmente en periodo de guerra, lo que dificulta calificar de "ilegal" un bloqueo marítimo. En esencia, el estrecho de Ormuz, como otros estrechos como el de Gibraltar, deben permanecer abiertos siempre al paso de navíos, incluso en caso de conflicto armado en la región, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ni Irán ni Estados Unidos han ratificado ese tratado, aunque en general se adhieren a él y lo respetan. Esa convención tampoco permite en ningún caso a navíos militares asaltar barcos civiles, salvo casos de piratería, trata de esclavos o barcos con falsa bandera.

Sin embargo, en caso de guerra, las normas de Naciones Unidas pierden peso y entran en juego manuales como el de San Remo (1994) y el de Newport (2023), dos guías no vinculantes sobre derecho marítimo en situaciones de conflicto. Este último contempla la posibilidad de bloqueos comerciales sobre un enemigo, pero garantizando siempre la navegación de barcos neutrales de países que no formen parte del enfrentamiento.

Como Irán ha mantenido un veto permanente a barcos de todas las banderas, excepto a sus aliados, quedaría fuera de toda legalidad. Si bien es cierto, desde este viernes, Teherán ha abierto de nuevo –al menos en teoría– el tránsito en Ormuz mientras se mantenga el alto el fuego en Líbano por parte de Israel. Estados Unidos, por su parte, rechazó poco después abrir el tráfico marítimo a barcos iraníes.

En una entrevista con infoLibre, Markus W. Gehring, profesor de derecho internacional en la Universidad de Cambridge, califica la operación de la Casa Blanca como "una zona gris jurídica". Esta ambigüedad radica en que teóricamente Estados Unidos solo bloquea los buques con origen o destino en Irán que porten armas, hierro, acero y aluminio, bajo la amenaza de abordaje, pero sí permite el tránsito de buques de otros países del Golfo. En principio, la Armada también permite la navegación a embarcaciones con ayuda humanitaria a Irán, como obliga San Remo, siendo antes inspeccionados.

Sin embargo, el experto matiza que la declaración original del presidente Donald Trump es que iba a prohibir cualquier paso por Ormuz, bajo lo que parecía ser un sistema de hundir sin preguntar, igual que aplicó sobre las supuestas narcolanchas de centroamérica. Este choque de mensajes ha expulsado de la región a navieras de todo el mundo que no quieren arriesgarse a sufrir ataques de uno u otro bando, lo que ha derivado de facto en un bloqueo también a otros países de la región. Si antes de la guerra pasaban de media unos 135 barcos por Ormuz, esta semana han pasado unos seis cada día.

"El bloqueo de la Administración Trump, tal y como está configurado actualmente, se encuentra en una zona gris jurídica. El planteamiento inicial del presidente Trump habría cerrado el estrecho por completo, lo que habría sido claramente ilegal", responde Gehring.

A esto se suma un segundo problema, la legalidad fundamental del conflicto. Según explica el investigador, si el origen de la guerra es ilegal –como se ha debatido abiertamente debido a una ausencia de justificación acreditada y sin aval del Consejo de Seguridad de la ONU–, EEUU no tiene en esencia ningún derecho a establecer un bloqueo marítimo sobre Irán. De hecho, esta semana, un centenar de juristas estadounidenses declararon que los ataques violan la Carta de Naciones Unidas porque no se basan en la legítima defensa.

"Incluso con el planteamiento más restrictivo del Comando Central de Estados Unidos [un bloqueo que permita el paso de ayuda humanitaria], persiste el problema subyacente del jus ad bellum [las razones legítimas para iniciar una guerra]: (...) por lo tanto, el análisis de los criterios formales (declaración, eficacia, imparcialidad, ausencia de propósito de inanición sobre la población) no puede justificar la acción si la guerra es en sí misma ilegal", añade el profesor.

Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano especializado en Defensa, también considera que la legalidad de un bloqueo radica en que sea proporcionado y exclusivamente sobre un enemigo, no sobre todos los barcos que transitan el estrecho. "Si los ataques son indiscriminados sobre cualquier barco, los dos países estarían fuera de la legalidad. En cualquier caso, lo que hace Irán es mucho peor porque pone en riesgo toda la navegación y encima quiere cobrar un peaje. Sobre EEUU, mientras no amenace la navegación neutral, podría interpretarse que está actuando bajo la normativa de la guerra", señala.

Markus W. Gehring opina que hay una importante diferencia entre el bloqueo actual de Estados Unidos y los que realizó en el pasado: el daño sobre la economía global. Sin embargo, no es el primero que está fuera de la ley, según su opinión. "La actual Administración ha ordenado ya tres en un solo año contra Venezuela, Cuba e Irán. Todos ellos son ilegales, ya que no están amparados por la legítima defensa ni por una resolución del Consejo de Seguridad", valora. 

La diferencia es que, en este caso, el bloqueo estadounidense pone en riesgo el tránsito internacional de gas natural, productos químicos y petróleo. "Las operaciones en Venezuela y Cuba del año pasado son ilegales según el derecho internacional, pero no comprometían un punto clave del comercio global ni amenazaban el comercio neutral", añade.

El experto también recuerda que el último presidente de Estados Unidos en realizar un bloqueo naval antes de Trump fue George H.W. Bush en 1990 y 1991 en Irak, pero ese sí fue amparado por Naciones Unidas. Otro ejemplo que destaca fue el de Cuba en 1962 bajo la presidencia de John F. Kennedy, quien evitó usar la palabra "bloqueo" –empleó "cuarentena"– "para eludir la calificación jurídica de acto de guerra", como no ha tenido problema en hacer Trump.

El bloqueo iraní que lleva más de un mes vigente se implantó sobre el estrecho de Ormuz, donde la República Islámica tiene una gran facilidad para controlar el paso de buques por su forma de embudo (en su lugar más estrecho no llega a 40 kilómetros). Sin embargo, el bloqueo de la Armada estadounidense se ubica mucho más al este, en la costa de Omán y rozando las aguas abiertas del Mar Arábigo, donde el estrecho mide unos 200 kilómetros de ancho.

La compañía de monitorización de buques Kpler dijo este viernes que tres petroleros iraníes (el Deep Sea, el Diona y el Sonia I) habían cruzado Ormuz este miércoles, cuando Estados Unidos ya tenía en marcha un "bloqueo completo" del tránsito en la región, pero matizan que los tres barcos amarraron poco después en Chabahar, en el sur de Irán, sin llegar a pasar la línea donde oficialmente se ubica la marina de EEUU.

Ahora sí. Tras días de expectación e incertidumbre en una ubicación secreta por culpa del mal tiempo, los 38 barcos de la Global Sumud Flotilla que salen de Barcelona han reanudado su viaje y ya se encuentran en aguas internacionales en su travesía hacia Gaza. Han aprovechado los días adicionales en puerto para seguir cargando ayuda humanitaria, probar motores y disfrutar de sus últimas horas en tierra antes de zarpar, pero no sin antes despedirse ante miles de personas en el Moll de la Fusta.

Fue allí, en uno de los muelles más emblemáticos de Barcelona, donde se celebró un fin de semana repleto de conciertos, charlas, ruedas de prensa y activismo en todas sus formas. Con banderas palestinas, kufiyas y carteles, cientos de familias y personas de todas las edades se acercaron a ver los barcos de cerca y conversar con los participantes.

Mientras tanto, el olor a pizza y diésel quemado se mezclaba con la música de Chris Smalls, Marwan, The Neighborhood Kids y otros artistas, que entre canción y canción coreaban cánticos como “Israel sionista, Israel terrorista”, “No es una guerra, es un genocidio” e “Israel asesina, Europa patrocina”. Figuras públicas como Ione Belarra y Ada Colau aprovechaban para hacerse fotos y grabar vídeos en apoyo a la misión, mientras decenas de cadenas de televisión y periodistas hacían malabares para entrevistar a los organizadores o grabar dentro de los barcos.

Pero no todo son celebraciones y actos públicos. Muchos de los organizadores han estado meses preparándose para la misión, comprando los barcos, gestionando la ayuda humanitaria y realizando formaciones en diferentes puntos de Barcelona. Durante la última semana, decenas de voluntarios han cargado mochilas donadas llenas de material escolar y otros suministros para los niños de Gaza. También tuvieron oportunidad de decorar los barcos con banderas y pintarlos con simbología palestina y mensajes de paz, obra de artistas como la anónima Laika 1954, quien también decoró algunos barcos en la anterior misión.

Muchos de los organizadores y navegantes ya participaron en anteriores misiones marítimas a Gaza, aunque nada les ha preparado para la cuestión que domina las conversaciones este año: la guerra en Oriente Medio y el silencio mediático sobre Gaza. Para Thiago Ávila, miembro del comité de dirección y una de las caras visibles del movimiento, la flotilla no puede amedrentarse ni esperar a salir, porque el genocidio continúa y exige acción inmediata.

“Tanto Trump como Netanyahu se benefician en momentos de violencia generalizada para implementar sus crímenes y salir impunes de sus otros crímenes”, comenta Ávila en una entrevista con InfoLibre. Como ejemplo, menciona que más de 700 personas han sido asesinadas durante el alto al fuego en Gaza, mientras el enfoque público estaba en Irán.

“Sí, los riesgos aumentan, pero también intensificamos los esfuerzos. Nuestra tarea es no dejar que gane el silencio, la apatía y la desmovilización. Por eso somos más fuertes y organizados, por eso planteamos una multiplicidad de tácticas; no solamente por barco sino también por tierra, en protestas y en huelgas”, añade.

Aparte de tener más barcos que la misión anterior, la composición de los participantes también se ha hecho más diversa. Provienen de cerca de 70 países, según los organizadores, con una gran presencia de activistas argentinos, españoles, malasios y turcos. Este último grupo, aunque más activo que el año pasado, no es nuevo en las flotillas a Gaza, y ha protagonizado múltiples misiones anteriores. Entre ellas, la tragedia del Mavi Marmara en 2010, que acabó con la vida de 10 activistas turcos asesinados en lo que un informe de Naciones Unidas denominó un ataque “deliberado” y “extralegal” por parte de Israel.

Otra novedad de este año es el nombramiento simbólico de las embarcaciones con nombres de ciudades palestinas dañadas o destrozadas en la Nakba de 1948: Khan Younis, Jaffa, Amqa, Nablus, Qazaza, y más. Como parte de su compromiso a la misión, todos los participantes deben conocer la historia de la ciudad asignada a su barco, y así no perder de vista la razón por la que están ahí: la liberación del pueblo palestino.

Aunque no zarpa este año, otro de los activistas más involucrados en la organización de la flotilla es Saif Abukeshek, palestino residente en Barcelona. Abukeshek aplaude algunas acciones del Gobierno español respecto a Gaza, como el reconocimiento a la nación palestina y el embargo de armas a Israel, aunque duda de su efectividad. El Ejecutivo español, en su opinión, “está haciendo mucho más que otros gobiernos, pero mientras sigue el genocidio, las guerras y los bombardeos en cualquier parte del mundo, nunca podremos decir que hemos hecho suficiente”, declara a InfoLibre.

España es uno de los países con más representación a bordo de la flotilla, con 75 participantes, aunque, según la delegación española, sus identidades y otros datos personales no son públicos por razones de seguridad. Este número, según Abukeshek, demuestra que la sociedad civil española está más involucrada que nunca en la causa palestina. “Ahora lo que necesitamos es una actuación a nivel europeo para cambiar las políticas cómplices con el genocidio”, opina. “Los crímenes no descansan, nosotros tampoco”.

A bordo de los barcos se respira una rara mezcla de tensión y confianza. La guerra de Irán e incidentes de años anteriores, como los asesinatos del Mavi Marmara y los ataques con drones cargados de explosivos, aparecen de vez en cuando en las conversaciones entre activistas, que ignoran cómo los recibirán las fuerzas israelíes al llegar a la zona. A su vez, semanas (para algunos, años) de duros entrenamientos en acción no violenta y en misiones marítimas les dan la serenidad necesaria para seguir navegando pase lo que pase, convencidos de que Gaza no puede esperar ni un minuto más.

Hace tan solo unas semanas nadie habría apostado por este acontecimiento: conversaciones directas, a partir del martes 14 de abril, entre libaneses e israelíes en la capital estadounidense, concretamente entre la embajadora libanesa Nada Hamadé Mouawad y su homólogo israelí Yechiel Leiter, en presencia del embajador estadounidense en Beirut, Michel Issa.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado ya estaban por la labor, pero Beirut venía afirmando durante mucho tiempo que solo eran posibles las negociaciones indirectas, dado que ambos Estados seguían en guerra. Eso fue antes de que los dos máximos responsables del Ejecutivo libanés, el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, se sumaran a la idea de un diálogo bilateral directo, el 9 de marzo, una semana después del inicio de esta nueva guerra, teniendo en cuenta el número récord de desplazados y del aluvión de bombas lanzadas sobre el sur del país y los suburbios del sur de Beirut.

El primer ministro israelí, por su parte, no la aceptó hasta el 9 de abril, al día siguiente de la masacre del "miércoles negro", durante la cual unos 100 ataques israelíes, llevados a cabo principalmente contra barrios residenciales de la capital, mataron a más de 350 personas, en su mayoría civiles.

La principal misión de la diplomática libanesa será conseguir un alto el fuego, pues Beirut se niega a seguir negociando bajo los bombardeos. El embajador israelí será la voz de Benjamín Netanyahu, quien, el domingo 12 de abril, afirmó que la “guerra continúa”, en un vídeo grabado desde el territorio del sur del Líbano controlado por el ejército israelí. Su ministro de Defensa, Israel Katz, que le acompañaba, aseguró por su parte que “Israel tiene todo el derecho a combatir a Hezbolá, a desarmarlo y a asegurar su frontera norte.”

Lo que los israelíes y los americanos pondrán sin duda sobre la mesa es el desarme de Hezbolá. Según Tel Aviv, este es el requisito previo para cualquier discusión sobre la retirada de los soldados del Estado hebreo del territorio libanés, o incluso sobre el cese de las hostilidades.

Este desarme es el tema recurrente de la política libanesa desde el acuerdo de Taif, que regulaba las modalidades del fin de la guerra civil. Eso fue en 1989 y todas las milicias aceptaron entregar su arsenal, menos Hezbolá. Desde entonces, varios acuerdos y resoluciones lo han prometido, sin llegar nunca a cumplirlo.

Recientemente, tras el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 y hasta el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, y la entrada en escena de Hezbolá para “vengarse” del asesinato del líder supremo iraní Ali Jamenei, parecía que había avances en este ámbito.

El nuevo poder ejecutivo libanés, nombrado en enero de 2025, se había mostrado dispuesto a aplicar la resolución 1701 de la ONU, que había puesto fin a una guerra anterior, la de 2006, y en la que se basa el acuerdo de noviembre de 2024. Su objetivo consistía, efectivamente, en devolver al Estado el monopolio de las armas.

Para ello, el Gobierno libanés había encargado a su ejército, en agosto de 2025, que elaborara un plan de recuperación de las armas de Hezbolá, que debía abarcar en primer lugar el sur del país, entre la frontera con Israel y el río Litani, y luego el resto del territorio. La ayuda para la reconstrucción de un Líbano exangüe dependía en parte de ello.

El ejército libanés se desplegó al sur del río Litani y, con el apoyo de la FINUL y, sobre todo, con el acuerdo del brazo armado del Partido de Dios (traducción de Hezbolá), debilitado por la guerra de los sesenta y seis días de 2024, confiscó armas y descubrió arsenales. A finales de 2025, el Ejecutivo anunció que Hezbolá ya no poseía armas pesadas al sur del Litani. Pero lo que sucedió a continuación demostró que el Partido de Dios tenía la capacidad de volver a desplegarlas rápidamente en la zona, o que la afirmación del Ejecutivo era falsa.

A lo largo de esos meses, la administración estadounidense, que dirigía el “mecanismo”, órgano de supervisión del alto el fuego de noviembre de 2024, mostró impaciencia respecto al proceso de desarme. No tuvo en cuenta en ningún momento varios factores que hicieron que el desarme resultara extremadamente complejo desde el punto de vista político y material y que debilitaron en gran medida la posición del Gobierno libanés.

En primer lugar, Israel nunca respetó el alto el fuego de noviembre de 2024: refuerzo de cinco posiciones militares en la frontera entre ambos países, pero en territorio libanés; bombardeos y asesinatos selectivos diarios; violación del espacio aéreo libanés; ataques contra la FINUL; prohibición, con fuego de apoyo, a los agricultores libaneses de trabajar sus tierras cercanas a la Línea Azul y a los habitantes de reconstruir sus casas en las ciudades y pueblos chiitas al sur del Litani. En solo 12 meses se han registrado más de 12.000 infracciones del acuerdo de cese de hostilidades.

En el plano político, este incumplimiento israelí del alto el fuego ha dado argumentos a Hezbolá para rechazar el desarme completo. El Partido de Dios, aunque debilitado por el asesinato de su estado mayor en ataques selectivos y por el terror provocado por la operación de los buscapersonas, y pese a haber perdido numerosos hombres y material, se presenta como el único capaz de defender el territorio libanés y le resulta fácil subrayar la incapacidad del ejército del Líbano para preservar la soberanía del país.

También ha acusado al Gobierno, en particular al ministro de Asuntos Exteriores, Youssef Raggi, y al primer ministro, Nawaf Salam, de ser instrumentos en manos de los dirigentes israelíes y de la Administración Trump.

El ejecutivo libanés se ha visto en una situación compleja, teniendo que navegar entre la presión de Washington, la de Hezbolá y la de los partidos anti-Hezbolá, que le presionaban para que utilizara la fuerza y obligar al brazo militar del Partido de Dios a desarmarse. Pero no cuenta con el poder necesario para hacerlo.

Ni Washington, ni París, ni los Estados árabes han aceptado reforzar el ejército libanés y dotarlo de los medios de acción necesarios para, sin llegar siquiera a la confrontación con Hezbolá, presentar una cierta credibilidad.

El ejército libanés, creado en 1945 tras la independencia del país, fue concebido como una fuerza de seguridad interior y no como una fuerza de defensa del Estado libanés, y así ha permanecido.

Carece del arsenal propio de un ejército moderno. Sus blindados son modelos americanos y soviéticos obsoletos: T54, fabricados en la URSS entre 1946 y 1959; T55, en las cadenas de montaje a partir de 1958; M48 Patton, antiguallas de los años 50, y M60, algo menos viejos. Los vehículos de transporte de tropas (BMR) no son mejores, aunque Francia se haya jactado de haber suministrado 39 a finales de marzo; las malas lenguas afirman que proceden de existencias que el ejército francés ya no utilizaba.

No tienen defensa aérea, sus militares están tan mal pagados que muchos deben tener un segundo empleo… En resumen, el ejército libanés no puede compararse con Hezbolá, y mucho menos con el ejército israelí, superequipado y sobrealimentado por la industria militar estadounidense.

Su fragilidad no se debe únicamente a la debilidad de su arsenal. El ejército libanés es también la institución más respetada del país y un auténtico crisol de tradiciones en un territorio donde las tensiones comunitarias nunca han dejado de aflorar.

Para no poner en peligro su cohesión, el jefe del Estado Mayor, el general Rodolphe Haykal, acogió con frialdad la decisión del Gobierno libanés, el 2 de marzo, de declarar ilegales las actividades militares de Hezbolá y de mostrar mayor firmeza en su desarme. Teme protestas, e incluso deserciones, de los soldados chiitas, que podrían unirse a Hezbolá en pleno enfrentamiento con Israel, y ha subrayado la importancia de “la unión nacional”, sobre todo en estos tiempos de “agresiones israelíes”.

El general Haykal ya estaba, incluso antes de esta nueva guerra, en el punto de mira de Washington, que consideraba que su prudencia era excesiva. Así, el 5 de febrero, una reunión en Washington con el senador republicano Lindsey Graham, cercano a Donald Trump y ferviente amigo de Israel, se anuló después de que el general Haykal se negara a calificar a Hezbolá de organización terrorista. “No considero al ejército libanés un socio fiable”, concluyó el político estadounidense.

Hace poco, David Schenker, que fue subsecretario de Estado estadounidense, afirmó que el problema del desarme “no es la capacidad” del ejército libanés, sino su “voluntad”. Recordó que Washington le había concedido millones de dólares en ayudas anuales desde 2005 y la retirada del ejército sirio del Líbano, pero no precisó que no se trataba de armas modernas y que parte de esas ayudas consistía en permitir la compra de combustible y nuevos uniformes.

En cuanto a Francia, multiplica las posturas de apoyo y solidaridad, limitándose nada más que a eso, a las posturas. No son los 39 BMR entregados a finales de marzo los que van a permitir a los soldados libaneses permanecer desplegados en el sur del país frente a la ofensiva israelí ni ir a buscar las armas de Hezbolá, sobre todo bajo los bombardeos. En cuanto a la conferencia de apoyo al ejército libanés que estaba prevista para el 5 de marzo en París, y que fue cancelada, su objetivo, según admitió una fuente cercana a la organización, no era conseguir financiación ni armas, sino solo afirmar el apoyo.

Desde el martes 14 de abril en Washington, y en los próximos días, semanas y meses, los aliados occidentales del Gobierno libanés intensificarán la presión para que este recupere el monopolio militar y, por lo tanto, desarme a Hezbolá. Pero al mismo tiempo hacen todo lo posible para que eso resulte imposible, o al menos extremadamente peligroso para todo el Líbano.

Traducción de Miguel López

La experiencia de Irak en 2003 ofrece una advertencia histórica. Se llamó Operación Libertad Iraquí, pero costó cientos de miles de vidas, generó el Estado Islámico y entregó Irak a la influencia de Irán, el país que supuestamente había que contener. Veintitrés años después, parecidos argumentos y el mismo lenguaje apuntan al régimen iraní. Washington no ha extraído lección alguna de aquella catástrofe.

La invasión liderada por Estados Unidos en 2003 fue una operación militar basada en premisas falsas —como la existencia de armas de destrucción masiva—, con el objetivo de reconfigurar la economía de Irak en favor de intereses externos. Bajo la autoridad de la Coalition Provisional Authority (CPA) y el liderazgo de Paul Bremer, el país fue sometido a una transformación neoliberal acelerada. Amparadas en la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la ONU, las autoridades de ocupación implementaron más de un centenar de órdenes ejecutivas que rediseñaron Irak como una economía abierta y subordinada. La Orden 39 permitió la propiedad extranjera total de empresas iraquíes y la repatriación inmediata de beneficios. La Orden 17, por su parte, otorgó inmunidad legal a contratistas no iraquíes y redujo los impuestos y aranceles de forma drástica, dejando a la economía local sin mecanismos de defensa.

La Orden 1 prohibió a los miembros del Partido Baaz ocupar cargos públicos. Esto provocó que, de la noche a la mañana, el Estado se quedara sin directores de hospitales, médicos y enfermeros, jueces, ingenieros eléctricos, gestores de agua, profesores de universidad, primaria y secundaria, y burócratas experimentados que hacían funcionar el país, lo que contribuyó a su colapso. La disolución del aparato estatal y las privatizaciones masivas generaron un desempleo que alcanzó niveles cercanos al 70%. Servicios básicos como el agua potable, la electricidad o la sanidad dejaron de funcionar en amplias zonas del país. Mientras tanto, la violencia se disparó, alimentada por el desmantelamiento del tejido social y económico y por el resentimiento contra la potencia invasora. En contraste, grandes corporaciones estadounidenses como Halliburton, Blackwater o Bechtel obtuvieron contratos multimillonarios en condiciones opacas y sin competencia real. La reconstrucción se convirtió en un negocio obsceno en el que fondos públicos y recursos iraquíes fueron canalizados hacia empresas con estrechos vínculos con la Administración estadounidense. El resultado fue una transferencia masiva de riqueza en medio del caos.

Las reformas de la CPA entraban en conflicto con el marco jurídico internacional que regula las ocupaciones militares. Tanto las Convenciones de La Haya de 1907 como el IV Convenio de Ginebra establecen que una potencia ocupante debe administrar el territorio sin alterar de forma estructural su orden económico y social. La ocupación estadounidense fue mucho más allá de la mera administración provisional, para terminar imponiendo cambios de carácter profundo y permanente. El país pasó de ser una tiranía con ciertas concesiones sociales a un sistema fragmentado, subordinado a intereses externos. La promesa de una “economía de mercado” no trajo prosperidad general, sino desigualdad, precariedad y desestructuración. La caída del régimen alteró el equilibrio regional y abrió la puerta a una mayor influencia iraní por medio del apoyo político y financiero a las milicias chiíes, lo que provocó la extensión de la inestabilidad en Oriente Medio.

Con todo, el error de cálculo estratégico más grave de la ocupación fue la Orden 2 de la CPA, que disolvió el ejército iraquí y dejó a entre 400.000 y 500.000 militares armados sin salario ni pensiones, con un profundo sentimiento de humillación. Este vacío de poder fue aprovechado por Al Qaeda en Irak, liderada por Abu Musab al Zarqawi, que desde 2003 empezó a reclutar yihadistas y oficiales del disuelto ejército. En 2006, ambos grupos se fusionaron, proclamando el Estado Islámico de Irak. La guerra civil siria abrió un nuevo espacio de expansión, y entre 2012 y 2013 el grupo se extendió a Siria, adoptando el nombre de Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS). El resultado fue el aumento del terrorismo sectario entre chiíes y suníes que agravó la fractura de la sociedad iraquí.

No importa qué eufemismos se utilicen con el fin de moldear nuestra percepción de la realidad, el caso iraquí revela una incómoda evidencia: la guerra no solo destruye países, también puede reconfigurarlos para servir a intereses económicos ajenos. Lo ocurrido en Irak tras la invasión ha sido interpretado por diversos analistas como un proyecto de expolio sistemático, donde la ocupación facilitó la colonización económica en beneficio de empresas vinculadas a la Administración Bush. Las lecciones son claras: sin legitimidad, sin protección del tejido local y sin control democrático, las políticas de “libre mercado” impuestas desde el exterior no generan desarrollo. Irak no fue reconstruido: fue rediseñado por un conjunto de halcones neoconservadores como Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz, que actuaron con total impunidad. La misma lógica, con distintos nombres, opera hoy desde Washington.

Las similitudes estructurales entre Irak e Irán son inquietantes. Irán es una potencia regional con un ejército de más de medio millón de efectivos, una red de milicias aliadas extendida por Irak, Siria, Líbano y Yemen, y una economía que, pese a las sanciones, mantiene una clase media urbana nacionalista con importante formación técnica. Si la disolución del ejército iraquí bastó para generar el ISIS, la desintegración del aparato militar y revolucionario iraní generaría un vacío de poder de proporciones incalculables, con milicias armadas, tecnología de misiles y una red regional de alianzas que ninguna fuerza de ocupación podría controlar. La experiencia de Irak fue el resultado predecible de ignorar la complejidad de una sociedad. Con Irán, el riesgo es aún mayor.

La caída del régimen de Saddam Hussein desestabilizó Oriente Medio durante dos décadas y entregó Irak a la influencia iraní. Un colapso del Estado iraní no produciría una democracia liberal, sino una implosión con efectos impredecibles desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, arrastrando consigo los mercados energéticos globales y abriendo nuevos frentes para el yihadismo. Europa no tiene ninguna razón para seguir de forma acrítica las políticas de enfrentamiento de Estados Unidos e Israel con Irán, más aún cuando las consecuencias económicas de un nuevo conflicto en la región serían devastadoras para Occidente. La historia reciente no nos permite ser optimistas. ¿Qué podemos esperar de la pretendida liberación de Irán por parte de quienes, como Trump y Netanyahu, ya demostraron en Gaza que el coste humano no figura entre sus prioridades?

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Una excavadora amarilla allana la tierra aún húmeda por las lluvias primaverales. A pocos metros de allí, unos montículos de varios metros de altura dejan entrever los residuos. A lo lejos se ven los edificios destrozados por los bombardeos aéreos, durante esta guerra o la anterior, la de 2024, conocida como la de los “sesenta y seis días”, que muestran sus desgarros.

La ciudad de Choueifat, cerca de Beirut, habitada por drusos y chiitas, forma parte de la vasta periferia sur de la capital libanesa, la Dahieh. Hezbolá tiene allí una fuerte presencia y Choueifat es sistemáticamente atacada por la aviación israelí.

A los pies de un vertedero ilegal se encuentra el pequeño cementerio del Imam Sadiq, completamente nuevo. El antiguo, ya sin espacio, se encuentra más arriba, a pocos metros. El nuevo está dividido en dos partes. Por un lado, unas cuantas losas de mármol apretujadas, coronadas por fotos en marcos y, a veces, por adornos. Este último lugar ofrece un ambiente cálido, casi acogedor, y uno piensa que los difuntos deben, al fin y al cabo, sentirse allí como en casa.

El otro, a dos pasos del primero, presenta una sobriedad militar. Las lápidas, estrechas y todas idénticas, dispuestas sobre la capa de cemento guardando la misma distancia, solo llevan el nombre del difunto y la fecha de su fallecimiento. Delante de algunas se ven ramos de flores o una foto.

En casi todas ondea la bandera amarilla con el puño levantado blandiendo un AK-47 verde, el emblema de Hezbolá. Mujeres vestidas completamente de negro, con el rostro cubierto por un velo estricto y el cuerpo envuelto en una abaya, sentadas en grupos en el suelo, conversan junto a sus padres, hermanos o maridos, enterrados allí.

Una pila de ataúdes, simples cajas de madera sin acolchado ni adornos, indica que quienes están enterrados allí no están destinados a permanecer allí para siempre. Esa morada no es la última. En esta parte del cementerio tienen lugar lo que en árabe se denomina los entierros en wadiaa, que significa literalmente “depósito”.

Los restos mortales están allí, por lo tanto, de forma provisional. El verdadero entierro, el definitivo, tendrá lugar más tarde, cuando las circunstancias lo permitan. Es decir, cuando se pueda acceder al pueblo de origen del difunto.

Esta práctica está muy arraigada en el islam. Un musulmán debe ser enterrado lo antes posible para que el cuerpo no se descomponga antes de reunirse con la tierra. Si no es posible llegar a su última morada a tiempo, se autoriza el entierro provisional. El difunto es entonces, contrariamente a la tradición, depositado en un ataúd de madera y enterrado así, para permitir el transporte de los restos mortales cuando llegue el momento.

Este tipo de entierro es, en circunstancias normales, bastante infrecuente. En tiempos de guerra, en cambio, suele ser practicado por los chiitas para todos los difuntos exiliados, personas mayores o enfermas fallecidas lejos de sus hogares, civiles víctimas de accidentes o ataques, y combatientes.

Los chiitas, en su mayoría originarios del sur del Líbano y de la llanura de la Bekaa, al este del país, y muy apegados a su tierra, suelen expresar el deseo de ser enterrados en su pueblo de origen, en ocasiones frente a la casa familiar.

“La gente teme que, si son enterrados lejos de casa, su tumba no sea cuidada, o incluso que sea abandonada o destruida, o que se construya encima”, explica Saada Allaw, escritora y periodista del medio independiente Legal Agenda, que ha trabajado mucho sobre el tema. “Incluso alguien que no vive allí se desplaza al pueblo de origen de su familia, visita a sus seres queridos, y allí posee terrenos y árboles. El apego a esta tierra es muy profundo”.

Pero las guerras obligan a los chiitas del sur y, en menor medida, de la Bekaa a éxodos forzosos. La mayoría de los desplazados son de confesión chiita. Los cristianos y sus pueblos suelen quedar a salvo del ejército israelí, ya que el Estado hebreo los considera aliados potenciales y juega con las divisiones confesionales, que están a flor de piel.

Los lugares destinados a los entierros en wadiaa pueden encontrarse en cualquier lugar donde haya chiitas desplazados. En Tiro, por ejemplo, se han habilitado al menos dos lugares. También en ciudades drusas, en terrenos privados o cedidos por los ayuntamientos, a menudo en lugares que ya han servido para este fin.

Con cada alto el fuego, los restos enterrados en wadiaa son repatriados hacia el sur o a la Bekaa y enterrados según las normas. Así ocurrió tras el fin de la ocupación israelí del sur del país, en 2000, y posteriormente tras los conflictos de 2006 y 2024.

“El ataúd, cerrado y enterrado provisionalmente, se transporta al pueblo donde debe ser enterrado el difunto, y allí se vuelve a enterrar. Nunca se abre, porque no exponemos los restos de los muertos”, explica Abou Hadi, miembro de la sección de medios de comunicación de Hezbolá, enviado al cementerio del Imam Sadiq para ser nuestro interlocutor.

El cementerio de Choueifat está, en efecto, bajo el control de Hezbolá, como lo atestiguan las banderas y los hombres que allí ofician. Todas las personas enterradas aquí en wadiaa son “mártires”, combatientes caídos en el campo de batalla o civiles asesinados durante los ataques.

Es, por tanto, Hezbolá quien proporciona el gran toldo que protege a los familiares de los difuntos de la lluvia, del sol y de la mirada de los drones durante la breve ceremonia previa al entierro. También pone a disposición el equipo de sonido para la oración y el homenaje, las fotos de los fallecidos, todas elaboradas con el mismo diseño, la comida para la familia durante los tres días de luto y, según Abou Hadi, 200 dólares mensuales a las familias de quienes han muerto por el partido.

“Este cementerio provisional se abrió en 2024 y luego se cerró cuando las familias pudieron recuperar a sus muertos y enterrarlos en su pueblo”, añade Abou Hadi. “En aquel momento acogió hasta 500 mártires. Lo volvimos a poner en servicio a principios de marzo y, hasta hoy, hemos recibido ya a 200 mártires.”

El 29 de marzo fueron enterrados, en medio de una multitud y bajo una lluvia torrencial, los periodistas Ali Choeib, corresponsal de guerra del canal Al-Manar, perteneciente a Hezbolá, Fátima Ftouni y su hermano Mohammad Ftouni, periodista y cámara, respectivamente, de Al-Mayadeen, medio de comunicación cercano a Irán.

Los tres habían sido asesinados el día anterior por un ataque israelí a su vehículo cerca de Jezzine, fuera de la “zona roja” de los combates. Israel acusó a Ali Choeib, muy famoso en el Líbano, de ser miembro de la unidad de inteligencia de la rama militar de Hezbolá, sin aportar pruebas.

Los tres eran originarios de pueblos del sur del país cercanos a la frontera, actualmente inaccesibles. En sus entierros en wadiaa se vivieron manifestaciones de dolor y activismo, acompañadas de gritos de “¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel!”, algo poco habitual en tiempos normales.

En días normales, los entierros se suceden a un ritmo de uno por hora, asegura el portavoz de Hezbolá, al que de vez en cuando se acercan ayudantes para mostrarle un cuaderno de notas de color beige. “Aquí está toda la información sobre los mártires que serán enterrados aquí en wadiaa: su nombre, su edad, el lugar donde murieron, su pueblo de origen, la identidad de sus familiares y su residencia actual. Hacemos todo lo posible para que sean enterrados lo más cerca posible de los familiares desplazados, para que estos puedan asistir a la ceremonia y luego venir a visitar a su mártir”, añade.

Otro cuaderno, azul y de gran tamaño, conservará la misma información, de forma ordenada, una vez realizado el entierro en wadiaa. Hay que mantener el recuerdo lo más preciso posible para permitir el entierro definitivo.

El entierro provisional, muestra del apego a la tierra, es en sí mismo un acto de “resistencia”, de la negativa de los chiitas del sur del país a contemplar que su región pueda pasar definitivamente bajo el control de Israel. “Es una forma de resiliencia para los habitantes del Sur”, asegura Saada Allaw. “Este rito encierra una promesa: volveremos a nuestros pueblos, ya que es allí y en ningún otro lugar donde enterraremos a nuestros muertos para siempre”.

Este significado casi político cobró gran relevancia durante la guerra de 2024. Porque estos entierros provisionales, numerosos pero imposibles de cuantificar, se hicieron visibles gracias a las redes sociales, que aún estaban en sus inicios durante el conflicto de 2006. Y sobre todo porque el secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah, que murió en un bombardeo israelí masivo el 27 de septiembre de 2024 en Haret Hreik, un barrio de Dahieh, fue enterrado en wadiaa antes de su entierro definitivo tras la firma del alto el fuego. Tal fue también el destino de su presunto sucesor, Hachem Safieddine, asesinado menos de un mes después.

El martes 31 de marzo tiene lugar el entierro de los restos de un combatiente muerto en el frente. La familia Aboud —muchas mujeres, algunos niños, pocos hombres— rodea el ataúd de madera. En medio de las palabras de consuelo del jeque, difundidas a todo volumen por los altavoces, se oyen gritos y llantos. Por mucho que el “mártir” es calificado de “bienaventurado” en la narrativa de Hezbolá, el dolor abruma a los escasos asistentes.

La ceremonia no debe prolongarse: “Al cabo de unos veinte minutos, pido a la gente que se marche”, dice Abou Hadi. “Es una zona de guerra, peligrosa.” Con una sonrisa, este hombre afable de unos cincuenta años, vestido con vaqueros, camisa y chaqueta, y con una barba corta y bien cuidada, señala al cielo. El ruido constante de un dron es exasperante y los aviones militares siguen sobrevolando la zona.

Este ambiente de peligro dificulta el duelo, sobre todo porque los familiares también se ven desplazados. Y el rito del entierro en wadiaa refuerza esa sensación de vulnerabilidad. “De hecho, suspende el proceso de duelo, que no puede comenzar, ya que el entierro no es definitivo. El marco social que acompaña a un entierro no existe en este caso”, explica Silva Ali Ballout, psicoterapeuta y profesora de la Universidad Libanesa. “También suscita un sentimiento de culpa, por no haber podido cumplir la última voluntad del difunto de ser enterrado en su casa, en su tierra.”

Las consecuencias no son solo individuales, prosigue la psicóloga, sino también colectivas: “Dado que las regiones chiitas son las que están en el punto de mira de la muerte, el entierro en wadiaa se convierte en un rasgo de la identidad chiita, una especificidad que aleja a la comunidad de la nación y refuerza a la vez el sentimiento de aislamiento y de persecución.” Y, paradójicamente, el de ofrecer mártires gloriosos al país.

Este rito, promesa de un regreso a su tierra, puede entonces avivar las tensiones entre comunidades. Así es como los muertos entran en la política y los ritos funerarios son el reflejo de las heridas de un país.

Traducción de Miguel López