“La tensión es constante… Estoy en medio de la guerra… Quiero volver a casa”. Las palabras de Ravi (nombre ficticio) se ven interrumpidas por los cortes de conexión, constantes a bordo del petrolero en el que lleva varios meses trabajando sin descanso, a la entrada del estrecho de Ormuz. Contactado por Mediapart por teléfono el 13 de agosto, este indio de 45 años, originario de Calcuta, es uno de los seis mil marinos que se encuentran actualmente bloqueados en este paso estratégico controlado por Teherán.

“Estas cifras se han elaborado a partir de las peticiones de ayuda de los marinos que se ponen en contacto con los sindicatos”, precisa Mohamed Arrachedi, coordinador de la red del mundo árabe de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). “Pero algunas tripulaciones no tienen conexión y están aisladas del mundo exterior”. En otras palabras, el número de marinos bloqueados en el estrecho es probablemente mayor.

La ITF es la mayor organización mundial del sector del transporte y representa a más de un millón de marinos en todo el mundo. Al inicio de la guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero de 2026, según la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de Naciones Unidas, se encontraban bloqueados en el estrecho unos 20.000 marinos.

Desde entonces, la ITF ha recibido más de 3.200 peticiones de ayuda de marinos bloqueados en este canal situado en el golfo Pérsico. Cada llamada suele referirse a varios marinos de la misma nacionalidad, precisa Mohamed Arrachedi. Se desconoce a cuántas nacionalidades pertenecen los marinos retenidos en el estrecho. Es probable que la mayoría sean indios, pero también hay filipinos, etíopes, sirios, indonesios y esrilanqueses.

En los últimos seis meses, las tripulaciones han visto en varias ocasiones cómo se desvanecían sus esperanzas de regresar a casa. Por el momento, todos los anuncios de alto el fuego y de acuerdos de paz han fracasado.

Tras la firma, el 17 de junio, de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, parte de los buques pudo abandonar el estrecho, pero apenas tres semanas después se reanudaron los intercambios de disparos. El plazo de sesenta días establecido por el protocolo de acuerdo expiró el 17 de agosto.

La guerra no es la única responsable de la pesadilla que viven estos marinos, que siguen bloqueados en el estrecho. “Hay barcos que no han podido cruzar porque no han conseguido los permisos necesarios. Pero también hay armadores sin escrúpulos que se niegan a repatriar a sus marinos”, denuncia Mohamed Arrachedi. Y lo que es peor: varios buques han seguido llegando al estrecho tras el inicio de la guerra, impulsados por armadores ávidos de beneficios.

Es el caso del petrolero en el que trabaja Ravi. Tras varios intentos infructuosos de contacto, contó a Mediapart, en un mensaje de voz, que había embarcado el 4 de febrero de 2026 desde el puerto de Galle, en el sureste de Sri Lanka, con destino a la isla de Kharg, en Irán.

Una vez cargado de petróleo, el petrolero descargó parte de la mercancía en Singapur, antes de poner rumbo a Hong Kong. “Durante el viaje, el capitán del barco nos preguntó si estábamos de acuerdo en volver a Irán. La guerra ya había comenzado. La mayoría de los marineros nos negamos”, afirma.

Una parte de la tripulación, todos ellos indios, pudieron desembarcar durante una escala en Sri Lanka y ser repatriados a sus hogares. Los demás, que llevaban meses sin cobrar, no tuvieron más remedio que zarpar de nuevo hacia un destino desconocido. Hace un mes, el capitán le prometió a Ravi que podría desembarcar durante una escala en los Emiratos Árabes Unidos y volver por fin a casa. Pero eso no ocurrió.

A pesar de sus súplicas y de una carta dirigida a la agencia india de manning (una empresa especializada en la contratación y dotación de marinos a bordo de buques), a la que ha tenido acceso Mediapart, en la que explica que no “quiere navegar en una zona de guerra”, el armador aún no ha organizado su repatriación. El motivo es que “quiere ganar cada vez más dinero.”

Para algunos armadores sin escrúpulos, el cálculo es sencillo: es mejor mantener al marino a bordo y obligarle a trabajar que gastar el dinero necesario para su repatriación u organizar su relevo, una operación costosa y complicada, sobre todo en tiempos de guerra.

En teoría, explica Mohamed Arrachedi, el armador tiene la obligación de hacerse cargo de la repatriación de los marineros que se nieguen a trabajar en zonas de guerra. En colaboración con las autoridades portuarias y los armadores, el sindicato ha organizado la repatriación de más de setecientos marineros desde el inicio del conflicto.

Si los marinos aceptan trabajar en zonas de guerra, el armador normalmente debe pagarles una prima de riesgo. No solo es raro que se paguen estas primas, sino que muchos armadores deducen ilegalmente de los salarios de los marinos los gastos necesarios para su repatriación. “Los armadores también deben garantizar el abastecimiento y el relevo de las tripulaciones, cuyos contratos no pueden superar los once meses consecutivos”, detalla además Mohamed Arrachedi.

Pero las tripulaciones bloqueadas en Ormuz denuncian contratos prolongados, salarios impagados desde hace meses y falta de víveres. “La comida no es buena. No puedo dormir bien. Mi salud se resiente. Ya no puedo trabajar. Ayudadme”, implora un marino etíope en un mensaje enviado al sindicato.

En otro mensaje al que ha tenido acceso Mediapart, un marino de la misma nacionalidad, pero que trabaja en otro buque, afirma que el capitán le ha privado de comida como represalia por sus peticiones de repatriación: “¿Cómo voy a sobrevivir a bordo sin comida?”, se pregunta preocupado.

Ravi confiesa que tiene miedo a trabajar en plena zona de guerra. De hecho, al menos dieciocho marinos han perecido en Ormuz a causa de los ataques. La mayoría son indios. La última víctima se remonta al 18 de agosto: un ingeniero murió en un ataque a un buque frente a las costas de Omán, según un comunicado en X de United Kingdom Maritime Trade Operations. Su nacionalidad e identidad no se conocen.

“Debemos tener presente que se trata de personas inocentes formadas para ejercer su profesión y no para luchar”, declaró el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, el 26 de julio, precisando que “los buques no están equipados para defenderse de misiles o drones”.

Para Mohamed Arrachedi, los conflictos “proporcionan a los armadores un pretexto perfecto para no asumir sus responsabilidades”. En este sector opaco y desregulado son muy habituales los abusos. Antes de la guerra en Irán, el teléfono del sindicalista ya sonaba día y noche, saturado de llamadas de marinos en apuros.

Cada año, ante la indiferencia general, son abandonados en todo el planeta cientos de buques con sus tripulaciones a bordo. Se trata de un fenómeno en fuerte aumento, especialmente desde la pandemia del covid-19. En 2025, la Organización Internacional del Trabajo registró 6.223 marineros abandonados, frente a los 4.726 de 2024 y los 1.983 de 2023.

Un barco se considera abandonado cuando el armador ya no puede o no quiere pagar a la tripulación, las provisiones o las reparaciones necesarias para la seguridad del carguero. A veces desaparece literalmente tras una sociedad pantalla y deja de contestar al teléfono.

En ocasiones, los marineros quedan atrapados a bordo de auténticas bombas flotantes que transportan cargamentos peligrosos. Cabe recordar que la tripulación del Rhosus, que transportaba el nitrato de amonio responsable de la explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, permaneció atrapada a bordo durante casi un año, con esa carga explosiva.

Desde el inicio del conflicto en Irán, la ITF ha organizado la repatriación de cinco tripulaciones consideradas abandonadas en el estrecho. La impunidad que rodea a estos abusos se explica en parte por el sistema del “pabellón de conveniencia”: armadores que optan por enarbolar el pabellón de países con normativas muy laxas en materia de derecho laboral.

Ese es el caso de la mayoría de los buques actualmente bloqueados en Ormuz, “pero también hay buques que enarbolan pabellones nacionales que han ratificado el convenio de la OMI”, precisa Mohamed Arrachedi.

La OMI actualiza cada año una “lista negra” de los peores pabellones. El barco en el que se encuentra Ravi enarbola el pabellón de Curazao, utilizado con frecuencia por flotas fantasma para eludir las normativas medioambientales y las sanciones internacionales.

Uno de los casos más delicados que gestiona actualmente la ITF en Ormuz se refiere a una tripulación cuyos marinos, en su mayoría etíopes, llevan quince meses sin cobrar y cuyo buque habría sido alcanzado por un ataque. Mediapart no ha podido verificar esta información.

“El barco se incendió, pero, gracias a Dios, sobrevivimos. Al comienzo de la guerra, todos los tripulantes iraníes regresaron a casa. Ya solo quedamos tres a bordo. Después de Dios, usted es la única persona que nos queda”, escribió uno de ellos al sindicato a principios de agosto.

La lista de tripulaciones abandonadas puede consultarse en esta base de datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Traducción de Miguel López

Dante, en la Divina Comedia, bajó al infierno para entender el mal, no para contemplarlo. Y descubrió algo que hoy seguimos sin querer aprender: el círculo más profundo de su Comedia no está reservado a los violentos, sino a los traidores, a quienes rompen el vínculo de confianza que hace posible la convivencia. En el hielo de Cocito, Dante congela no la ira, sino la deslealtad. Es una intuición moral asombrosa: el mayor mal no es el del que lo proclama, sino el de quien traiciona en silencio la palabra dada, el pacto, el derecho. Homero, siglos antes, había explorado la otra cara de esa misma cuestión. Ulises no atraviesa un infierno ajeno: atraviesa el suyo propio, hecho de tentación, soberbia y extravío, para regresar convertido en otro hombre. Su viaje es una purgación errante, un aprendizaje doloroso de los límites. Ambos espacios —el descenso y el regreso— analizan, en el fondo, el mismo fenómeno: cómo una civilización se mira al espejo del mal para no repetirlo.

La tradición cultural hispana heredó y radicalizó esos círculos. El barroco español —Quevedo, Calderón, la teología de la contrición tridentina— construyó toda una arquitectura moral sobre la posibilidad de la culpa reconocida y del perdón ganado. «Los sueños, sueños son», escribe Calderón, pero el despertar de Segismundo es también un despertar ético: solo quien reconoce su capacidad de hacer daño puede gobernarse con justicia. El infierno cristiano, en su versión más honda, nunca fue solo castigo: fue, sobre todo, la contracara necesaria de la contrición, la advertencia de que el mal (la deshumanización) tiene consecuencias y que, precisamente por eso, el arrepentimiento tiene sentido. Es una moral que exige memoria, responsabilidad y reparación, no venganza.

Conviene recordar, además, que el purgatorio —esa denominación tardomedieval que el historiador Jacques Le Goff situó en el nacimiento de una nueva sensibilidad moral europea— es lo que distingue una teología del mal cerrada de una teología del mal abierta a la expiación y la enmienda. Donde no hay purgatorio, solo hay condena eterna o inocencia absoluta; donde lo hay, existe un tercer círculo (no como un lugar físico, sino como “una condición de vida”, en palabras del papa Juan Pablo II) incómodo pero fecundo, en el que la culpa se transforma en responsabilidad y la responsabilidad en reparación. El mal se purga en comunidad, a la vista de todos, no se esconde ni se amnistía en privado. Es una lección que, en la época contemporánea, con las leyes de punto final e impunidades pactadas, se olvida con demasiada facilidad.

Contra ese fondo simbólico, el mundo que habitamos hoy ha construido infiernos reales sin dejar espacio al purgatorio. Guantánamo, Afganistán, Irak, Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, el Sahel, tantos otros nombres: guerras que no buscan la victoria como cierre negociado, sino la aniquilación como método. Y detrás de cada una de ellas, unos liderazgos —Trump, Netanyahu, Putin, y con ellos otros que hoy dictan la gramática del poder global— que han sustituido el derecho internacional por la lógica de la fuerza revestida de necesidad. El lenguaje de la seguridad se ha convertido en la coartada perfecta: la guerra contra el terrorismo de ayer, y la guerra contra el narcotráfico de hoy, funcionan como excusas que permiten suspender garantías, bombardear poblaciones civiles, criminalizar la disidencia y desplazar millones de personas, todo en nombre de una amenaza que nunca se define con precisión ni se somete a control judicial alguno. Es el viejo truco del estado de excepción convertido en normalidad permanente: cuando todo es seguridad, nada es derecho.

Hay una diferencia esencial entre la guerra antigua y la guerra contemporánea. La guerra de Homero, por cruel que fuera, tenía un código: héroes que se reconocían entre sí, treguas, ritos funerarios, límites —aunque frágiles— impuestos por los dioses y por el honor. Héctor y Aquiles combaten, pero también negocian la devolución de un cadáver; Príamo cruza el campamento enemigo y es recibido con hospitalidad. Esa gramática, por brutal que fuera, reconocía en el enemigo a un ser humano con derechos póstumos.

La guerra actual ha roto ese marco. Ya no distingue combatiente de civil, hospital de objetivo militar, infancia de daño colateral. Se libra con drones que despersonalizan la muerte, con algoritmos que deciden objetivos, con el asedio y el hambre como armas, con el bloqueo de la ayuda humanitaria como estrategia deliberada. No busca vencer al adversario: busca borrarlo, junto con su memoria, sus archivos y su futuro demográfico. Es, en el sentido más estricto, una guerra de aniquilación, y por eso mismo exige del derecho internacional humanitario y del Estatuto de Roma una defensa mucho más firme, no su arrinconamiento como estorbo diplomático ni su aplicación selectiva según quién sea el acusado.

Frente a esta deriva, se nos ofrece una y otra vez idéntico discurso: el del enemigo absoluto, el del migrante como amenaza existencial, el del otro como origen de todos nuestros males. Se toman excusas que sistemáticamente conducen a la deshumanización, al rechazo de la diversidad, a la negación de los derechos más elementales que tienen categoría universal. He escrito antes, en este mismo diario, sobre los disfraces del fascismo y sobre la prioridad nacional como doctrina de exclusión, y no puedo dejar de advertir que esa retórica, que durante décadas vivió en los márgenes, se ha vuelto hoy elemento nuclear del discurso de una extrema derecha en ascenso en buena parte de Europa y América.

La historia nos ha enseñado, con un coste insoportable, adónde conduce ese camino: primero se deshumaniza al distinto, después se le culpa de todo, finalmente se le expulsa o se le extermina. No es una hipérbole: es la secuencia que el siglo XX documentó con Núremberg como respuesta, y que Ruanda y Bosnia repitieron cuando el mundo miró hacia otro lado; y que en el siglo XXI hemos visto reiterada en la secuencia de guerras ilegales, genocidios en directo o violaciones de espacios territoriales con asesinatos selectivos y secuestros de mandatarios. Quien banaliza el odio al migrante, o normaliza el lenguaje de la sustitución y la prioridad de sangre, no está haciendo folclore político: está reabriendo una puerta que la humanidad creyó cerrada a un altísimo precio.

No es una sospecha retórica: es política declarada, y por eso conviene nombrarla con precisión. Desde febrero de 2025, la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump 14203 impone sanciones a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional por investigar a nacionales estadounidenses o israelíes y, desde entonces, el Departamento de Estado ha ampliado las sanciones contra personas físicas o jurídicas que colaboren con la justicia internacional.

En julio de 2026 el propio secretario de Estado Marco Rubio anunció una campaña explícita para «desmantelar» la Corte, calificándola de amenaza a la soberanía estadounidense, y advirtió que los países que dependen de la cooperación militar o policial de Washington serán observados con particular atención según se alineen o no contra el tribunal: sanción económica para quien coopere con la Corte, promesa de protección para quien la rechace.

Es la traducción exacta, en clave institucional, de lo que sostengo en La democracia amenazada: el fascismo de nuestro tiempo no siempre llega con uniforme ni con un golpe de Estado; llega con sanciones económicas y con la exigencia de lealtad incondicional a cambio de impunidad o con la instrumentalización de la justicia (lawfare). Es la construcción, país a país y sanción a sanción, de una arquitectura de impunidad a la carta que no necesita romper la legalidad: le basta con vaciarla desde dentro.

Viendo esta arquitectura del miedo, defiendo una respuesta que no es ingenua, sino profundamente exigente: el humanismo militante y la acción no violenta como método, no como resignación. La no violencia, bien entendida, no es pasividad: es la forma más difícil de valentía, la que exige mirar al poder a los ojos sin replicar su lógica de aniquilación. La dignidad humana —ese suelo antropológico que ninguna razón de Estado puede pisar— y la rebeldía ante la injusticia son, en este momento histórico, un mismo gesto. Rebelarse hoy no es empuñar un arma: es negarse a normalizar el horror, es documentar, denunciar, litigar, votar, escribir, enseñar. Es sostener, contra toda tentación de resignación, que los derechos humanos no son una opción ideológica entre otras, sino el mínimo común que hace posible que sigamos llamándonos civilización.

Por eso creo que la confrontación con esta deriva debe ser dialéctica y militante a la vez: dialéctica porque exige argumento, prueba y derecho frente a la propaganda y la mentira; militante porque el derecho internacional no se defiende solo, hay que defenderlo activamente, con instituciones fuertes, con jurisdicción universal efectiva, con tribunales independientes, con memoria democrática viva y con una sociedad civil que no delegue su conciencia.

Necesitamos jurisdicciones que documenten la verdad sin miedo y que no se dejen capturar por la razón de Estado, medios que no confundan neutralidad con equidistancia entre el verdugo y la víctima, y una ciudadanía educada para reconocer los disfraces del fascismo antes de que vuelvan a mostrar su rostro completo.

¿Qué hacer, entonces? Primero, reconstruir con paciencia y firmeza el purgatorio que nuestra época se ha negado a sí misma: espacios reales de rendición de cuentas, mecanismos de reparación en los que la culpa pueda nombrarse y el daño pueda repararse, en vez de perpetuar infiernos sin salida ni contrición posible. Segundo, fortalecer el derecho internacional y las instituciones multilaterales en lugar de erosionarlas cada vez que estorban a una potencia, exigiendo coherencia. Tercero, normalizar la jurisdicción universal como mecanismo de defensa de las víctimas de crímenes internacionales. Cuarto, combatir sin descanso el discurso de la seguridad como coartada, exigiendo siempre control judicial, proporcionalidad y verdad verificable allí donde se invoque el terrorismo o el narcotráfico para suspender derechos o para justificar operaciones militares que ignoran el derecho humanitario. Quinto, invertir decididamente en educación, memoria democrática y alfabetización mediática, porque el fascismo nunca vuelve con su nombre, y la única vacuna real contra sus disfraces es una ciudadanía capaz de reconocerlos a tiempo. Y, sobre todo, no dejar nunca que el odio al distinto se convierta en política de Estado, ya que ahí es precisamente donde la historia nos enseña que empiezan los infiernos que después ya no se pueden cerrar.

Dante termina su descenso con un verso que sigue siendo, ochocientos años después, la mejor definición de la tarea que tenemos por delante: salir para «volver a ver las estrellas». No hay atajos morales para lograrlo, ni relatos de seguridad que puedan sustituir al derecho, ni excepción que valga más que la dignidad humana. Solo queda, como a Ulises, el largo regreso: exigente, colectivo, hecho de memoria, de justicia y de una rebeldía que no se cansa, y debemos determinar el círculo que elegimos.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

Justo después de la medianoche del 5 de agosto, veintiocho misiles cayeron sobre Kiev y su región circundante. Las tripulaciones de los sistemas Patriot de Ucrania no interceptaron ninguna de las ojivas balísticas. Por la mañana, 17 personas habían muerto y 44 resultaron heridas. Lo que los misiles alcanzaron importaba tanto como el número de fallecidos. Cayeron sobre el centro de clasificación de Nova Poshta en Kiev, la mayor empresa de transporte de paquetes del país, y en dos complejos de almacenes y una planta de cerámica gestionados por Epicentr, la mayor cadena de bricolaje de Ucrania. Las instalaciones pertenecientes a los grupos de alimentación Novus y Fozzy también sufrieron daños. Epicentr declaró que los misiles habían destruido en minutos lo que le había tardado décadas en construir.

Moscú cuenta una historia diferente. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que los sitios ocultaban vínculos militares, y ambas versiones no pueden conciliarse de forma independiente. Pero un solo ataque prueba poco; un patrón prueba mucho. Depósitos de paquetes, almacenes de alimentos, astilleros de suministros de construcción y reservas de alimentos han sido alcanzados semana tras semana a lo largo del verano. Un centro de clasificación postal en Sumy, una terminal en Poltava, una sucursal de carga en Cherníhiv: Nova Poshta por sí sola cuenta con una serie de estos ataques y cifra sus pérdidas por bombardeos en 7,3 millones de dólares durante los primeros cuatro meses del año. Independientemente de lo que Moscú afirme sobre cualquier edificio en particular, el objetivo que revela la secuencia no es la destrucción de un ejército. Es la destrucción de la maquinaria que mantiene viva a una economía civil.

Esa maquinaria es la parte que los analistas militares ignoraron durante un siglo. Las guerras se interpretaban a través del choque de formaciones en el frente. Esta se está librando contra el tejido conectivo situado detrás del frente: la estantería, la furgoneta de reparto, la cámara frigorífica, la fábrica de azulejos. Cuando un misil de largo alcance aterriza en un almacén minorista a cien kilómetros de cualquier trinchera, el objetivo no es una brigada. Es el empleo, el suministro y la base impositiva que financia la defensa del propio Estado.

Serhii Beskrestnov, asesor del presidente Zelenski en tecnología de defensa, lo expresó claramente tras el ataque: el enemigo, escribió en Facebook, está atacando todo sin distinción —almacenes minoristas, tiendas de alimentos, centros logísticos, depósitos de materiales de construcción—. Lo llamó una nueva fase de la guerra de desgaste. La formulación es exacta. El desgaste solía significar el desgaste de soldados y proyectiles. Ahora significa desgastar a las empresas que visten, alimentan y reconstruyen a una nación de 30 millones de habitantes.

La suposición cómoda sobre las economías en tiempos de guerra es que se doblan y se adaptan, que las empresas descentralizadas sortean los daños. Eso se cumple cuando los choques son financieros. Fracasa cuando los propios activos físicos del comercio son el objetivo. Una moneda se puede defender desde un búnker; un centro de distribución de 40.000 metros cuadrados no se puede trasladar bajo tierra. Epicentr calcula que tardará unos dos años en reconstruir sus plantas destruidas y, entretanto, está trasladando parte de la producción de cerámica al extranjero. Multiplíquese eso por una docena de empresas y el resultado no es un bache temporal, sino un vaciamiento lento: inversiones de capital congeladas, empleos borrados lejos de los combates, producción exportada a países donde el techo sigue en pie.

El coste llega por partida doble. Primero para las empresas, que pierden en una hora años de capital acumulado. Segundo para el tesoro público, que debe o bien reemplazar lo destruido o ver cómo desaparecen los ingresos que generaba. Reconstruir un almacén que vuelve a ser arrasado al mes siguiente no es reconstrucción; es un subsidio pagado al atacante. Por eso el argumento de que Ucrania simplemente puede "adaptarse" malinterpreta el problema. La adaptación presupone que el choque es superable a nivel de empresa. Cuando los activos fijos de la empresa son el objetivo, no queda nada con qué adaptarse.

Nada de esto se queda dentro de las fronteras de Ucrania, razón por la cual debería preocupar a los lectores muy lejos de Kiev, incluidos los del Golfo, donde economías enteras se construyen sobre la promesa de que los bienes y el capital se mueven de manera fiable a través de la logística global. La lección que enseñan los ataques de agosto es que los modelos utilizados para fijar el precio del riesgo comercial están mirando la variable equivocada. Durante una generación, las altas esferas corporativas y las aseguradoras clasificaron a los países según índices de estabilidad política: ciclos electorales, riesgo de golpe de Estado, calificaciones soberanas. La variable relevante ahora es la vulnerabilidad física a los ataques de precisión. Un gobierno estable no puede proteger un centro de distribución de un misil balístico disparado a 500 kilómetros de distancia, y la tecnología que ha hecho que tales ataques sean rutinarios sobre Kiev está proliferando, no disminuyendo.

Las aseguradoras ya se están adaptando. Los seguros de riesgo de guerra y de daños materiales para activos en regiones disputadas se están repriciando hacia una inestabilidad permanente, y esa recalibración de precios no se revierte cuando se firma un alto el fuego; es el recuerdo de la vulnerabilidad, y no el estado actual del frente, lo que fija la prima. Para cualquier economía de centro logístico cuya propuesta de valor es que la carga llega a tiempo, ese cambio en la forma en que se valora el riesgo físico no es un problema europeo lejano. Es un anticipo de las preguntas que tarde o temprano se le plantearán a cualquier Estado dependiente de la logística por parte de quienes aseguran su infraestructura.

Los observadores de la ONU le han puesto una cifra a esta tendencia. Las bajas civiles en Ucrania han aumentado cada mes de 2026; la oficina calificó recientemente a julio como el mes más mortífero para los civiles desde abril de 2022, después de que el balance de junio con 293 muertos estableciera su propio sombrío récord. El motor no son los combates en la línea de contacto, sino las armas de largo alcance que alcanzan ciudades que el frente nunca toca: los mismos misiles que convirtieron los almacenes de una cadena de bricolaje en un campo de escombros.

La respuesta internacional se ha centrado en el apartado humanitario: convoyes de ayuda, refugios, fondos de emergencia. Eso trata el síntoma. La herida estructural es la demolición deliberada de la capacidad comercial, y no puede ser vendada con ayuda humanitaria. La respuesta de Zelenski —interceptores o, a falta de ellos, sanciones a la producción de misiles que sigue mayormente intacta— apunta a la única defensa real: no se puede reconstruir lo que sigue siendo golpeado, por lo que la prioridad es evitar que sea golpeado. A falta de eso, Ucrania se enfrenta a una desindustrialización orquestada desde el aire, una que seguirá configurando su economía mucho después de que terminen los disparos. Los países que observan desde una distancia segura deben comprender que no son espectadores de un problema ucraniano. Se les está mostrando, en tiempo real, lo que el próximo tipo de guerra le hace a todo lo que una economía moderna está construida para mover.

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Imran Khalid es analista geoestratégico y columnista de asuntos internacionales.

Leo que la Casa Blanca gestionó más de 13.000 millones de dólares sin transparencia. Se hurtó, a conciencia, el control del Congreso de los EEUU. Este organismo va a investigar adónde fue a parar ese descomunal montante procedente de la factura venezolana de hidrocarburos, gestionada por Trump y su gabinete.

La corrupción ya es un fenómeno global. Forma parte de la geopolítica como uno de los principales factores que infectan la política. De hecho, la verdadera res pública muestra estertores de muerte. Los mecanismos de control de los que se han dotado las naciones democráticas ya no tienen autoridad.

Lo estamos observando con gran inquietud. La ONU es pisoteada sin capacidad alguna de reacción; los más altos órganos de justicia son atacados por quienes, paradójicamente, alardean de pertenecer a países demócratas; Israel, que se autoproclama una democracia, tiene un Gobierno acusado de cometer un genocidio contra mujeres y niños indefensos; Ucrania, con un Zelenski mal aconsejado, bombardea Rusia, aún sabiendo que nunca podrá ganar esta estúpida guerra, en la que Europa y la OTAN tienen cartas de culpabilidad, y no solo Rusia; y Trump atacó Irán con una acción vergonzosa e irresponsable que tuvo repercusiones en todo el mundo.

No pasa nada. El poder se ríe de las leyes internacionales. Un verdadero desastre. Habrá que indagar las razones que expliquen la magnitud de esta debacle. Quizás la respuesta sea tan simple como la sustitución de la verdadera política por las leyes que dictan las finanzas o, dicho de otra forma, por el poder de los grandes intereses financieros. Los ricos del mundo dominan. Su objetivo es hacer caja. Para su mentalidad, la política cuesta dinero, subleva a los pobres y, lo que es peor, controla un poder que consideran de su exclusiva propiedad.

Dominan los medios de comunicación, que han transformado en instrumentos de propaganda, en una burda copia de Goebbels. No quieren ciudadanos que piensen, solo siervos y, como mucho, súbditos obedientes. Transforman incluso el significado de las palabras: fascismo por neoliberalismo capitalista; democracia por comunismo; y, lo que es peor, los bulo y las mentiras por verdades. Para cumplir este objetivo y dirigir —no gobernar— eligen a mediocres populistas que destruyen —nunca debaten— al opositor y cumplen el papel de empleados de banca. Premian al desclasado permitiéndole sentarse a su mesa o presentándolo en su corte financiera.

Pero el gran problema es que tienen mucho poder, no tienen escrúpulos para seguir manteniendo sus bulos y saben que las revoluciones que podrían arrebatárselo nadie, o muy pocos, las desean. El contrapoder que debería oponérseles sigue, históricamente, dividido. 

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre

Quienes desconozcan la historia del Líbano en estas últimas décadas podrían interpretar la noticia de que se acaba de firmar un acuerdo entre Israel y el país de los cedros, con la mediación de Washington, como la expresión de una voluntad compartida por asentar la paz entre ambos países. Así se recoge, de hecho, en el texto firmado el pasado 25 de junio, con ambas partes comprometiéndose a actuar de buena fe hasta alcanzar “una paz plena y duradera, que brinde seguridad, estabilidad y prosperidad a los pueblos de Israel y Líbano”. El documento también contempla la constitución de grupos de trabajo para negociar un tratado integral de paz y seguridad, y el compromiso de Estados Unidos para movilizar apoyo internacional para la reconstrucción del Líbano, incluida ayuda humanitaria, proyectos de recuperación económica e inversiones.

Pero difícilmente pueden compartir esa opinión quienes hayan seguido las vicisitudes de las convulsas relaciones entre esos dos vecinos. En primer lugar, porque ya habrán vivido innumerables veces esta misma situación, incapaces ya de recordar cuántos acuerdos de alto el fuego y cuántos acuerdos de paz han quedado arruinados por el camino. Desgraciadamente, una vez tras otra, ha quedado claro que Israel no respeta la soberanía libanesa, que la milicia chií de Hizbulah no se va a desarmar unilateralmente y que los sucesivos gobiernos de Beirut son incapaces de imponer el monopolio del uso legítimo de la fuerza en su propio territorio y, menos aún, de expulsar a las fuerzas invasoras.

Por eso, una lectura mínimamente detallada del reciente acuerdo y una comprensión básica del contexto actual a ambos lados de la Línea Azul (asumida como la frontera que comparten Líbano e Israel) vuelve a desembocar en un generalizado escepticismo sobre el futuro inmediato.

Por un lado, un actor político tan relevante como Nabih Berri —tercera autoridad del Estado en su condición de presidente del parlamento nacional y figura prominente del Movimiento Amal, asociado al Partido de Dios (Hizbulah)— ya ha dejado claro que el pacto no se va a cumplir. Berri no solo entiende que Hizbulah no se va a desarmar mientras las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) sigan ocupando parte del territorio nacional, sino que ve el acuerdo como una incitación premeditada a la guerra civil, en la medida en que las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) quieran imponer ese desarme de la milicia por la fuerza. Por serio que haya sido el castigo recibido en estos últimos dos años por parte de las FDI, Hizbulah conserva la suficiente capacidad militar y política, además del apoyo innegable de buena parte de la población de identidad chií, para seguir resistiendo las embestidas israelíes y los intentos de otros actores políticos libaneses por eliminarla. El texto (parcialmente filtrado, pero no publicado) del anexo sobre asuntos de seguridad, da a entender que serán las FAL las encargadas de llevar a cabo esa tarea si, como es previsible, Hizbulah no renuncia a las armas. Un Hizbulah que, obviamente, no ha tenido voz en la negociación del acuerdo y que, en la práctica, es más potente y operativo que las propias FAL.

Tampoco resulta tranquilizador el resto del acuerdo. En ningún caso se contempla la retirada de las FDI, sino tan solo un redespliegue dentro del territorio libanés, con el añadido de que Tel Aviv es quien (junto a Washington) tendrá la última palabra para juzgar si Beirut cumple satisfactoriamente sus compromisos. Más allá de que, como acostumbra, el gobierno de Benjamin Netanyahu ya ha ordenado ataques posteriores a la firma del pacto, la primera prueba sobre lo que cabe esperar es la aplicación de las dos “zonas piloto” en las que las FDI se deben redesplegar para dejar que sean las FAL las que pasen a tomar el control, una vez que se confirme que han logrado eliminar (¿pacíficamente?) la presencia en ellas de los milicianos de Hizbulah y sus infraestructuras. Igualmente, el momento en el que los cientos de miles de libaneses que se han visto obligados por los ataques de las FDI a abandonar sus hogares queda en manos de Israel, sin que ni el presidente Joseph Aoun ni el gobierno liderado por Nawaf Salam tengan potestad para decidirlo.

En definitiva, las FDI no se retiran, sino que, a su antojo, tan solo efectuarán un redespliegue dentro del territorio libanés, sin estar sometidas a ningún calendario. En definitiva, queda al arbitrio de Benjamin Netanyahu –empeñado en redibujar el mapa regional, ganar las elecciones y escapar de la justicia– y al de Donald Trump –dispuesto a seguir respaldando a Netanyahu, a cambio de que se modere temporalmente para no arruinar el acuerdo logrado con Irán– determinar si las FAL y el gobierno libanés llevan a cabo sus tareas de manera satisfactoria. Eso les permite reventar el acuerdo cada vez que lo consideren oportuno.

Tampoco es un asunto menor que el punto 13 del acuerdo establezca que, en términos reales, Líbano renuncia a su derecho a acudir a los tribunales internacionales para exigir el castigo a los responsables (es decir, a Israel) de las atrocidades cometidas durante la reciente invasión de las FDI. Son más de 4.000 las personas asesinadas, en torno a un millón las desplazadas forzosamente y miles las viviendas e infraestructuras básicas destruidas en el marco de una nueva violación del derecho internacional, que, de ese modo, quedaría impune.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Todo apunta a que la economía acaparará el debate en la recta final de junio. Por un lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana la aprobación de un nuevo decreto con un escudo social anticrisis por las repercusiones del conflicto en Oriente Medio. Por otro, y tras un aplazamiento de siete días, está previsto que este lunes el Ejecutivo dé el primer paso hacia los Presupuestos Generales del Estado, con la actualización del cuadro macroeconómico. Ambas medidas pasarán por el Consejo de Ministros en la misma sesión y ninguna de las dos está exenta de polémica.

Los Presupuestos son la piedra en el zapato del Gobierno desde hace años y, aunque siempre ha reiterado su intención de presentarlos, solo a principios de este mes de junio se ha concretado una fecha: 2027. Si se echa la vista atrás, desde 2016 no se han presentado en los plazos que corresponden y las cuentas públicas no llegaron al Congreso ni en 2020, ni en 2024, ni en 2025, de ahí que operen prorrogados los de 2023, que se presentaron en 2022. En los últimos años, el Ejecutivo no ha logrado cerrar una senda de déficit, de ahí que los presupuestos hayan quedado también por el camino. Este lunes, si nada cambia, comenzará de nuevo el proceso hacia su aprobación con la elaboración del cuadro macroeconómico, una especie de informe de situación que sirve de punto de partida.

El otro gran anuncio en materia económica es el nuevo real decreto que entrará en vigor para combatir los efectos de la crisis en Oriente Medio y que sustituirá al anterior, que expira el martes 30 de junio. “Movilizará todos los recursos del Estado el tiempo que sea necesario para no desproteger a las familias y los autónomos”, señalaba esta misma semana Sánchez durante un acto en el Teatro Real de Madrid. Y, aunque los detalles de las medidas que incluirá aún no han trascendido, el presidente adelantó que incluirá algunas ayudas con carácter general que irán más allá de aquellas destinadas a sectores especialmente afectados por el precio de la energía y los combustibles. 

La cuestión más polémica, que acaparó el debate en la tramitación del anterior paquete, es la vivienda. En aquel momento, los socios de gobierno del PSOE y los partidos de la izquierda llevaron a cabo una campaña para tratar de incluir en el real decreto una prórroga de los alquileres que contuviese las subidas de precios y frenase los desahucios. Incluso hubo manifestaciones organizadas por los sindicatos de vivienda para reclamar una prórroga de los contratos de alquiler. Entre las cuestiones que se contemplaban, estaba alargar dos años los contratos vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitar al 2% las actualizaciones anuales de renta. Finalmente, ante la negativa del arco de la derecha y la imposibilidad de que saliera adelante en trámite parlamentario, la medida se desgajó del decreto y decayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y la abstención del PNV.

En esta ocasión la presión no ha sido tanta, pero desde Sumar señalan que siguen insistiendo para que se ponga en marcha. Algunas voces del partido han vuelto a pedir que el escudo social del Gobierno restablezca la prórroga el lunes, pero desde la formación no aclaran si finalmente irá o no en el texto. "La ministra de Vivienda no tiene otra obligación de aquí al día 29 que garantizar que el real decreto que anunció el presidente del Gobierno para la semana que viene incluye sí o sí la prórroga de alquileres. Si esto no pasa, será culpa exclusiva suya", señaló en el Congreso el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez. Fuentes del Ministerio de Economía señalan a infoLibre que la negociación del real decreto sigue abierta y tampoco concretan si contemplan incluir los alquileres en el nuevo escudo social.

A falta de saber qué ocurrirá el lunes, esta vez la movilización social ha sido escasa y la vivienda no ha tenido tanto protagonismo mediático. Sin embargo, fuentes de Sumar señalan que “siguen presionando” para que se apruebe, aunque no han precisado si será dentro de este decreto o por otros canales. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo expresaba así en la red social Bluesky este viernes. “Mamdani lo prometió y lo ha cumplido: Nueva York ha congelado los contratos de alquiler de 2,4 millones de trabajadores y trabajadoras. Aquí la derecha lo tumbó en el Congreso. Pero vamos a volver a llevar la prórroga hasta que se apruebe. Lo conseguiremos”, escribió.

Más allá del problema de la vivienda, el anterior paquete incluía descuentos sobre la electricidad, el gas y los carburantes, además de ayudas directas para sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético, con un coste estimado para Hacienda de casi 5.000 millones de euros. Algunas de las medidas decayeron el 1 de junio, aunque el Gobierno se comprometió a hacer un seguimiento de la evolución de los precios y ello condicionará qué medidas de este tipo se mantienen el lunes.

La presión para pedir que se regule el mercado de la vivienda es la misma que la que motiva el decreto anticrisis: una evolución desbocada de los precios. De hecho, en la Encuesta de Presupuestos Familiares que ha publicado el INE, se constata que tener una casa implica sacrificar cada vez más ingresos: en concreto, un 33,2% en 2025. Este indicador incluye los precios de la luz y señala que en ese año, las familias pagaron, de media, 636 euros más que en le ejercicio previo. Además, cuanta menor renta tiene la unidad familiar, más se agrava el fenómeno y, si se mira al 20% que menos ingresos tiene, la vivienda absorbe casi la mitad de lo que ganan, un 41,9% de su renta.

En este contexto, el alquiler resulta mucho más inestable, ya que los precios están sujetos al mercado y, con una demanda creciente, mantienen una evolución constante al alza. Y, aunque esta vez las reivindicaciones no mantienen en esta ocasión un tono tan elevado como en la aprobación del anterior decreto, la posibilidad de incluir esta regulación sigue en el debate.

Hace unos días, 14 familias de diferentes ciudades catalanas anunciaban que, tras aprovechar el plazo de solicitud entre la entrada en vigor del anterior decreto anticrisis que contenía una prórroga de los alquileres y su derogación en el Congreso, habían conseguido que la socimi Vivenio, propietaria de sus casas, les concediera la prórroga. Lo anunciaba el Sindicat de Llogateres de Cataluña, que insistía en la necesidad de que el Gobierno reactivara esta medida en el decreto del lunes.

“Es urgente que si la Moncloa quiere aprobar un plan anticrisis el próximo lunes, lo incluya en ese decreto. Es el momento de no dejar a nadie colgado y de evitar nuevas expulsiones de gente inquilina", señalaba Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres y de la Confederación nacional de Sindicatos de Inquilinas. “Todas las personas que quedaron fuera de las anteriores prórrogas, también los inquilinos que están en tácita reconducción, tienen que quedar cubiertos”, insistía.

El pasado viernes los sindicatos expresaban de nuevo su malestar con una nota de prensa en la que insistían sobre lo mismo, alegando que si las Comunidades Autónomas no aplican la Ley de Vivienda, el mecanismo de la prórroga puede servir de protección hacia los inquilinos. “La Confederación de Sindicatos de Inquilinas exige la recuperación del Real Decreto sobre las prórrogas que incluyan, también, los contratos en tácita reconducción [es decir, de renovación automática]. De tal manera que, se aplique o no la Ley de Vivienda en las Comunidades Autónomas, las inquilinas puedan tener una estabilidad que de otra manera no tendrían”, protestan.

Finalmente, en lo que respecta a los Presupuestos, con el anuncio de presentación se inicia un camino de largo recorrido hacia su concreción. Aunque, de llevarse a cabo, el proceso desembocaría en un arco parlamentario nada favorable para su aprobación. Con la elaboración del cuadro macroeconómico, lo que se hará es una estimación sobre las previsiones de crecimiento, empleo e inflación para los próximos años, sobre las que se trabajará después para distribuir la financiación y los niveles de déficit permitidos.

El mundo energético no termina de fiarse del reciente acercamiento entre Estados Unidos e Irán, cuando están a punto de cumplirse cuatro meses de guerra en Oriente Medio. Las dos potencias firmaron esta semana un polémico memorando de entendimiento que podría ser un primer paso hacia la paz y el Ejército estadounidense levantó horas después su bloqueo naval sobre el Estrecho de Ormuz, pero los registros de tránsito de buques en la región demuestran que armadores y aseguradoras de barcos no confían en que el paso sea seguro. 

Es cierto que a lo largo del jueves se registró el mayor paso de barcos comerciales a través de Ormuz con su GPS encendido desde que comenzó la guerra, con un total de 21 navíos, cuatro de ellos petroleros, una muestra de que el tráfico empieza a despertar en la región. Sin embargo, este viernes la circulación volvió a desplomarse tras conocerse que las conversaciones de paz se volvían a estancar por un ataque de Israel sobre el Líbano que dejó 18 muertos. La mala noticia fue seguida de un acuerdo a mediodía del viernes de alto al fuego entre Hezbollah e Israel.

Jaime Concha, editor de Energy Intelligence y experto en gas natural, opina que la sucesión constante de noticias que cambian el rumbo del conflicto demuestra la debilidad del memorando firmado en el Palacio de Versalles esta semana. "El sector ya dudaba del futuro de ese acuerdo y de que tenía muy poca solidez, pero lo que ha ocurrido este viernes ha dado la razón a los que dudan", señala el analista.

Lo que es innegable es que el precio de la energía en los mercados se ha desplomado en apenas una semana. La cotización del petróleo y del gas, que se usan como referencia para medir el sentimiento del mercado, muestran una caída de alrededor del 20%, pero siguen cotizando un 15% (para el petróleo) y un 30% (para el gas) por encima respecto a antes del conflicto, lo que demuestra que el mercado de materias primas está lejos de volver a la normalidad.

Antes de la guerra, alrededor de 135 barcos cruzaban cada día el Estrecho de Ormuz, seis veces más que en el mejor día de esta semana. El coste de asegurar uno de estos barcos se ha multiplicado hasta por 12, puesto que uno de estos barcos puede costar entre 200 y 300 millones de dólares, de manera que pocos están dispuestos a aventurarse en este momento a cruzar.

Y aquellos que lo hacen deben hacerlo por una ruta extremadamente estrecha y limitada por un campo de minas. La vía norte, la situada frente a la costa iraní, está coordinada por la República Islámica, que todavía no permite la libre circulación, según denuncian los armadores. Mientras que la ruta sur, en la costa de Omán, está controlada por Estados Unidos y abierta al tráfico, pero requiere de coordinación entre barcos por su limitado espacio. Entre ellas hay una zona en teoría minada por el régimen iraní.

"El desminado deberá comenzar lo antes posible y es necesario publicar las zonas de peligro de las minas", reclamaba este jueves Intertanko, una patronal formada por 191 compañías de tráfico marítimo. Recuerdan que, según el memorando firmado, es Irán la encargada de desminar la región y enviar las coordenadas de estos explosivos. "Una vez que se tomen estas medidas, el sector naviero debería tener la seguridad necesaria para reanudar el transporte de comercio mundial y energía a través de la zona", dijo este jueves Phillip Belcher, director marítimo de la organización.

Por otra parte, el memorando de entendimiento recoge que durante 60 días el tráfico estará abierto sin la posibilidad de introducir nuevas tasas, de modo que Irán no podrá cobrar los dos millones de dólares por barco que ha llegado a pedir en los últimos meses. Sin embargo, no hay ningún compromiso de que esta condición se mantenga después del verano, por lo que el tráfico podría encarecerse ligeramente después. 

Además de los inconvenientes marítimos, la región tiene numerosas plantas de licuefacción de gas natural y refinerías de petróleo dañadas. Por mucho que el tráfico se recupere, la producción y la exportación de energía no volverán a la normalidad a corto plazo. Si bien algunas de las plantas han quedado fuera de servicio durante años por ataques con drones, la fecha para el retorno a una relativa normalidad es de unos dos meses una vez que Ormuz vuelva a operar con seguridad.

Según publicó esta semana Bloomberg, Catar, el segundo mayor exportador de gas natural del mundo, tiene previsto recuperar en un mes –desde que el tráfico marítimo se ponga en marcha por completo– la mitad de la producción en Ras Laffan, el mayor campo gasístico del mundo, que fue bombardeado a comienzos del conflicto. Allí se produjo el año pasado casi una quinta parte de todo el gas natural licuado –el que se transporta por barco– que consumió el planeta. En dos meses esperan producir el 80% de su capacidad.

"En el mejor de los casos, se tardará dos meses en recuperar un flujo importante y continuo de gas natural en el mercado internacional", señala Jaime Concha. Este inconveniente insalvable pondrá en una situación muy difícil a la Unión Europea, que tiene ahora mismo sus reservas de gas natural en el 45%, 15 puntos porcentuales menos de lo habitual en estas fechas, y debe rellenarlas de aquí al invierno.

"Cualquier imprevisto que altere esos planes llevará a que Asia y Europa compitan por el gas natural en los próximos meses, y aumentará la volatilidad de precios de la energía", añade el experto.

Desde que aterrizó en España, el papa León XIV ha compartido en cada foro el mensaje de que la dignidad humana no depende del origen, de la raza o de la religión de cada uno. Lo dijo el sábado en el Palacio Real, lo repitió en su encuentro con Cáritas, lo convirtió en homilía en la madrileña plaza de Cibeles el domingo y este lunes volvió a insistir en ello ante diputados y senadores en el Congreso. La agenda oficial del pontífice en España sitúa, además, la cuestión migratoria como uno de los ejes del viaje, con encuentros en Madrid, Barcelona y, para finalizar su visita, en Canarias con organizaciones que trabajan con migrantes.

El núcleo del discurso del papa en la Cámara Baja fue ese. León XIV presentó esa “dignidad humana” como un principio previo al Estado, anterior a los consensos cambiantes y superior al “vaivén de las mayorías de cada momento”. Desde ahí fue desplegando una intervención que tocó casi todos los debates que atraviesan la política española, entre ellos el aborto y la eutanasia –sobre los que la posición de la Iglesia sigue siendo de rechazo frontal–, pero también la inmigración, la educación, la libertad religiosa, la memoria democrática, las guerras, la inteligencia artificial, el multiculturalismo y la convivencia. 

El discurso del papa puede incomodar al Gobierno y a la izquierda en asuntos como la eutanasia y el aborto, derechos reconocidos en España y rechazados por la doctrina católica. Pero en esta ocasión el golpe más directo cae sobre quienes han convertido el cristianismo en su seña de identidad mientras desprecian los valores humanistas que él promulga. Entre ellos, la discriminación de los inmigrantes y las políticas que olvidan su dignidad. Lo resumía así el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián: “PP y Vox han aplaudido durante diez minutos un discurso al papa que abuchean y vetan en el Congreso hace siete años”. Y lo cierto es que la cuestión migratoria acaparó una gran parte del discurso de León XIV en el Congreso.

Unas palabras que pronunció en el mismo lugar en el que PP y Vox han ido normalizando su “prioridad nacional” y en el que han registrado y debatido numerosas iniciativas contra la política migratoria del Ejecutivo. León XIV defendió que la situación de migrantes y refugiados no puede reducirse a una lectura “demográfica o económica”, reclamó “vías seguras y legales”, una “acogida respetuosa” y advirtió de que discriminar por origen nacional, étnico, religioso, lingüístico o social va en contra de lo que defiende la Iglesia.

“Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica”, señaló.  Y, frente al auge de los discursos de odio de la ultraderecha contra los migrantes, señaló que “allí donde una persona es discriminada por su origen” se vulnera “el principio universal de igualdad de todos los seres humanos”. 

En el mismo discurso, de aproximadamente media hora de duración y que fue aplaudido durante siete minutos por los diputados y senadores presentes —todos los grupos a excepción de Podemos y BNG— , León XIV alertó contra “el rearme como respuesta automática a la inseguridad internacional" y recordó que las armas pueden “imponer un silencio temporal, pero no construir una paz auténtica”. El sábado, en el Palacio Real, ya había pedido “abandonar las narrativas divisivas y los enfoques identitarios” que “parecen explicarlo todo, pero llenan el mundo de enemigos”. 

Aunque el papa no hizo alusiones concretas a la política nacional española, su mensaje llega solo unos días después de que PP y Vox sellaran en Castilla y León un acuerdo que asume la “prioridad nacional” como criterio inspirador para el reparto de ayudas públicas, siguiendo los pactos ya suscritos en Extremadura y Aragón, y que incorpora criterios de arraigo para acceder a determinadas prestaciones y recoge un “rechazo frontal” a la inmigración ilegal y a la acogida de más menores migrantes no acompañados.

Sin embargo, nada de esto impidió al líder del Partido Popular, Aberto Núñez Feijóo, suscribir “de la A a la Z” el discurso de León XIV.  “Este discurso va a formar parte de la historia del Congreso de los Diputados y del país”, planteó el jefe de la oposición desde la Cámara Baja, en el que también aseguró que el papa acredita “algo que falta en la política nacional e internacional”, que son, según el gallego, “convicciones”. Para un partido como el suyo, añadió, que une sus raíces e ideario en el “humanismo cristiano”, escuchar al pontífice tenía un interés especial y volvió a incidir en que compartía al “100%” sus palabras.

Todo ello pese a que la formación conservadora ha dado en los últimos meses un giro migratorio en términos muy distintos, endureciendo su discurso hasta asumir la “prioridad nacional” de Vox en acuerdos autonómicos y cargando contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y defendida por sectores de la Iglesia. El pasado abril, el propio Feijóo calificó esa regularización de “inhumana, injusta e insostenible” y sostuvo que España no podía enviar el mensaje de que era “un chollo”.

El líder del PP ha defendido públicamente “elegir quién entra, cómo y para qué” y ha contribuido a la estigmatización de los migrantes al señalar que algunos solo quieren “vivir de los subsidios”. Asimismo, también ha abogado por una inmigración “culturalmente próxima”, es decir, en función de su origen —los latinoamericanos comparten idioma y son católicos frente a magrebíes, africanos negros y la mayoría musulmanes—, lo que, de nuevo contrasta con las palabras de León XIV que ha pedido ir más allá de la mera gestión de flujos y mirar a las personas, las causas que las obligan a marcharse, el derecho a permanecer en la propia tierra y el deber de ofrecer acogida e integración.

Una incoherencia que no solo aplica en el discurso migratorio, sino en la postura del PP en política internacional. León XIV mostró preocupación por “la vuelta del rearme” como respuesta casi inevitable en Europa y defendió que la “verdadera seguridad nace de la justicia, del diálogo, del derecho internacional y de una política que ponga la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

Sin embargo, en el caso de Israel y de otros conflictos liderados por el presidente de EEUU, Donald Trump, el PP se ha puesto de perfil y ha evitado decir que Benjamin Netanyahu está perpetrando un genocidio, rechazando a su vez medidas como el embargo de armas aprobado por el Congreso. Además, Feijóo respaldó en 2025 un compromiso del Partido Popular Europeo para elevar el gasto militar de los Estados miembros por encima del 3% del PIB, lo que para España supondría decenas de miles de millones adicionales para ese “rearme”.

Por su parte, Santiago Abascal agradeció las palabras “elogiosas” sobre la “historia y la identidad” España, pese a que León XIV reivindicó el pasado como un espacio atravesado también por el encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos, y defendió “la cultura de la convivencia frente a la confrontación”. El líder de Vox también aseguró haber “escuchado muy atentamente” el discurso del papa sobre inmigracion y que era el esperable “de un líder religioso”. Y añadió: “La necesidad de acogida al débil y al inmigrante es perfectamente compatible con las leyes de los Estados, como reivindica el propio León XIV”, apuntó.

Aunque el líder ultra insistió en que no había “ninguna contradicción” entre lo que defiende su formación y lo que sostiene el papa, lo cierto es que Vox ha reclamado la expulsión inmediata de todos los migrantes que accedan de manera irregular a España, ha abogado por impedir las regularizaciones, por suprimir las ayudas y por cerrar centros de menores extranjeros no acompañados. Medidas que contrastan con la “acogida respetuosa” y las “posibilidades reales de integración” que defendió León XIV. 

“Me gusta la política migratoria del Estado vaticano”, prosiguió el líder de Vox, invocando las multas, la cárcel y la prohibición de entrada para quien acceda ilegalmente. Es cierto que el Vaticano endureció en 2024 las sanciones para entradas no autorizadas en zonas restringidas, pero Abascal toma una norma de seguridad de un microestado de poco más de 800 habitantes como si fuera la política que defiende el papa, que ha pedido “convertir las fronteras en una maquinaria de castigo” y se ha mostrado a favor de la regularización.

Además, León XIV eligió un centro de atención social vinculado a Cáritas Madrid el pasado sábado y, desde allí, defendió la caridad como núcleo de la misión de la Iglesia. Esto, de nuevo, contrasta con las medidas que ha pactado la formación ultra en los recientes acuerdos autonómicos, con los que pretende excluir a Cáritas de las ayudas y subvenciones por, en sus palabras, “favorecer la inmigración ilegal”. La Conferencia Episcopal respondió entonces con dureza a las acusaciones de Abascal contra los obispos, las calificó de “falsas e injuriosas” y recordó que el prójimo “trasciende fronteras, lenguas y religiones”, lo que provocó hace unas semanas un choque de Vox con la jerarquía eclesiástica. 

A ello se suma que Abascal ha defendido “evitar la polarización entre los políticos honrados” aunque él mismo ha capitaneado esa estrategia de acoso y derribo al Ejecutivo y ha descrito al presidente del Gobierno como un dirigente que da “un golpe de Estado por mes”, “un delincuente pillado in fraganti” y alguien capaz de “cualquier cosa para eludir la cárcel”. Así, frente a un papa que defiende “desarmar el lenguaje”, Abascal lo incendia.

La visita del papa a España también ha retratado la política de los gestos de Abascal. El líder de Vox se había comprometido a no compartir más actos institucionales con el presidente del Gobierno. En octubre del pasado año, con motivo de la Fiesta Nacional, el ultraderechista comunicó a la Casa Real que no ocuparía su lugar en la tribuna de autoridades del desfile militar ni acudiría después a la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

Según explicó la formación en un comunicado, Abascal había decidido que sólo compartiría espacio con el presidente del Gobierno y sus ministros en cualquier lugar donde pudiera denunciar lo que Vox llama la “corrupción moral, política y económica” del Ejecutivo, lo que limitaba la presencia del líder ultra a los plenos y la sesiones de control de la Cámara Baja. Desde entonces, Vox había utilizado esa fórmula para justificar una cadena de plantones a citas de Estado, algunas de ellas presididas por el rey Felipe VI.

El veto se trasladó al homenaje de Estado por las víctimas de la dana, celebrado en Valencia en el primer aniversario de la catástrofe en noviembre de 2025. El acto estaba presidido por los reyes y contó con la presencia de Sánchez y las principales autoridades del Estado. Abascal no acudió y Vox tampoco envió representación de partido, a excepción de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. Sucedió lo mismo en el acto en el Congreso sobre los 50 años de la Monarquía, el del día de la Constitución el 6 de diciembre y el de la conmemoración por ser la más longeva el pasado febrero.

Sin embargo, la visita del papa ha forzado a Abascal a romper su compromiso. El sábado participó en la recepción del Palacio Real con motivo de la visita del pontífice, donde incluso mantuvo una conversación de media hora con el presidente andaluz Juanma Moreno, según informaron medios de comunicación. Y este lunes ha acudido al Congreso para escuchar el discurso de León XIV junto a diputados y senadores de su grupo. Fuentes de la formación lo justifican señalando la importancia del electorado católico para el partido, el mismo que dice ser defensor de las raíces cristianas de España, la familia, la vida y la identidad nacional. Pero que, sin embargo, no aplica la doctrina social de la Iglesia en sus políticas.

Está pasando desapercibido en la actual opinión pública española el cambio que se está produciendo en la relevancia de Ucrania frente a la agresión rusa. Por un lado, la marcha, tanto desde el punto de vista militar, económico y político, como de las nuevas negociaciones que propone Rusia, donde Moscú quiere que medie la Unión Europea, o en su caso, participe como interlocutor. Es decir, el cambio es rotundo. Se pensaba que con el abandono del apoyo estadounidense a Ucrania, Rusia iba a conseguir sus objetivos anexionistas de una forma rápida, un sofisma muy extendido entre nuestros medios. Sin embargo, parece que empieza a ocurrir lo contrario, Trump no ha logrado el alto al fuego, que decía que lo iba a conseguir “en dos días”, y ahora lleva varios meses con las conversaciones paralizadas y sin resultados.

En los dos o tres últimos meses, se está produciendo una situación que no se esperaba. Se divulgó mucho en el mes de marzo la noticia de que, como consecuencia de la agresión estadounidense a Irán, el petróleo había subido casi el 40% su valor y, por lo tanto, estaba beneficiando a Rusia, que estaba consiguiendo ventas récord en petróleo y gas con importantes beneficios. En cambio, apenas ha sido noticia que en abril y mayo se han desplomado las exportaciones rusas como consecuencia del éxito de los bombardeos ucranianos con drones sobre sus refinerías, habiendo destruido casi la mitad de ellas. Incluso, en la actualidad, tienen problemas de abastecimiento interno.

En relación con el enfrentamiento armado, Rusia no solo no ha avanzado en el frente Este, sino que empieza a retroceder un poco. Además, tienen problemas de sustitución de los soldados muertos, heridos y desertores. También, el coste de la guerra empieza a ser más abultado, y está afectando a toda su economía. Asimismo, en estas circunstancias, le repercute que Irán, por la agresión estadounidense, le está dejando de abastecer con drones y armamento, y China no quiere hacer visible su apoyo, pese a que Putin ha ido en mayo a recabar su validación a Pekín.

Por parte de la Unión Europea y los Estados europeos, a pesar de la retirada estadounidense, el apoyo sigue siendo “inquebrantable”. Desde hace dos meses, cuando Orbán pierde las elecciones en Hungría, es importante resaltar que han podido hacer efectivos los 90.000 millones de crédito blando prometido, y también unos 15.000 millones por parte del Reino Unido en armamento. Además, el canciller alemán Merz ha propuesto la creación de un nuevo estatuto de observador para Ucrania en la UE, con vistas a conseguir una mayor vinculación. Sin embargo, se rechaza la propuesta de Zelensky de ser país miembro desde el punto de vista político y aplazar unos años las negociaciones definitivas de integración. Esto es debido a que se entiende que, en aplicación del Artículo 42.7, si Ucrania fuera país miembro, automáticamente los otros 27 entrarían en guerra con Rusia, ya que dicho artículo establece la obligación de defender con todos los medios contra una agresión. Esto, de momento, es imposible.

Al mismo tiempo, y posiblemente debido a esta debilidad creciente de Rusia, esta quiere que Europa sea, o bien mediador, o bien negociador en el conflicto, cosa que hasta hace poco se oponía rotundamente. La Unión Europea no quiere ser mediadora, ya que entiende que desde el principio de la guerra hace cuatro años ha estado del lado de Ucrania, en contra de la agresión, y entendía que esta invasión a un Estado socio era una amenaza para la propia Unión Europea y para Europa y quiere seguir dejando claro que sigue completamente unida al destino de Ucrania. Gracias a eso, Rusia tendrá que ceder bastante más de lo que pensaba gran parte de nuestra opinión pública.

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Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.

Los bombardeos continuos y masivos no son la única forma de matar, de aniquilar. Ucrania, Palestina, Sudán… Hay otras formas de genocidio. Provocar hambrunas, por ejemplo, o facilitar mucho armamento al poderoso. La elegida y aplicada por los Estados Unidos es boicotear a poblaciones enteras, dejarlas sin suministros básicos. Es la que hoy Donald Trump emplea para Cuba. Si el pueblo sufre, mátalo de hambre, quítale lo poco que le queda, el combustible indispensable para vivir. Los dirigentes siempre tendrán sus reservas, su poder para sobrevivir.

Liquidados unos 100.000 palestinos, unos con las bombas y otros por el hambre, ahora toca exterminar a los cubanos. De los ucranianos ni se acuerdan. Si los presidentes norteamericanos decidieron hace más de 60 años cerrar el paso a quien lleve vida a Cuba y no lograron su rendición, ahora lo pueden conseguir cerrándoles el paso a sus escasos proveedores. Y a los cubanos ya no les llega ni combustible para producir electricidad, para mover sus vehículos, para calentar su comida, para enchufar los aparatos eléctricos... En un mensaje en las redes sociales una mujer cubana decía: “Denuncio que en Cuba hay ancianos que mueren antes de tiempo porque el bloqueo impide que lleguen medicamentos para el corazón, la presión, la diabetes. No es falta de recursos. Es prohibición deliberada…”. Y añadía: “Denuncio que hay incubadoras en Cuba que han debido apagarse por falta de combustible. Que hay recién nacidos luchando por su vida mientras el gobierno de Estados Unidos decide qué países pueden vendernos petróleo y cuáles no…”. Y ya ningún país, bajo amenaza de sanciones políticas y económicas, lleva petróleo, combustible, a La Habana. Por lo que no hay transporte, no hay luz en las casas, en las calles, pronto no funcionará nada. Muerte a la vista de la rica Florida, de la casa de vacaciones del inquilino de la Casa Blanca, donde veranean los potentados jubilados norteamericanos y residen los cubanos escapados de la isla asediada.

Aunque la sangre no solamente se derrama de estas formas. Lo vemos en Sudán, donde los más vulnerables seres humanos huyen y mueren sin comprender la razón de los militronchos que guerrean entre sí por un poder que mantiene en la miseria a poblaciones primitivas, desheredadas de la civilización, que carecen de agua, las comodidades de occidente y oriente y cualquier adelanto de la población de la Inteligencia Artificial. Mientras la riquezas de su tierra se la llevan rusos, chinos, americanos…, los ricos del mundo que explotan a los nativos, si antes lo hacían con espejos ahora lo hacen con teléfonos “inteligentes” o imágenes de la opulencia del “primer mundo”.

Son formas de impunidad que demuestran que religiones y egoísmo gobernaron y gobiernan este Planeta. Se cumplen ahora 78 años de la Nakba, la expulsión de su tierra del pueblo palestino. Cientos de miles de familias tuvieron que dejar sus casas, sus huertos, sus posesiones porque los países ricos decidieron que allí debían establecerse los israelíes dispersos por el mundo, huidos de la barbarie nazi. Una vez más, quienes deciden son los ricos y poderosos.

Y, así, la miseria sigue en los mismos lugares. Aparece una enfermedad contagiosa, se la cerca, se aísla y se preserva al “primer mundo”, que no se propague el mal. Mientras se firman alto el fuego para seguir bombardeando, lanzando drones, cerrando paso a camiones llenos de alimentos, barcos con combustible, con medicamentos, con vida para el pobre sufridor. Ucraniano, palestino, sudanés, iraní, libanés, cubano, vulnerable sea de donde sea. 1.000.000.000 diarios cuesta la guerra hoy en el Oriente. 85 millones ganan al día las petroleras, aunque las ideas no se matan con drones, con bombas. Hay distintas formas de aniquilar.

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Fernando Granda es socio de infoLibre.

El calendario sigue corriendo y la guerra de Irán ya se aproxima a su cuarto mes completamente paralizada. El impacto sobre el sector agrícola era uno de los que más preocupaba por su dependencia de los fertilizantes del Golfo Pérsico, así como del gas natural necesario para fabricarlos.

Las primeras semanas pudieron capearse gracias al abono almacenado del invierno, pero ese periodo de gracia ya ha terminado y los agricultores han comenzado a comprar fertilizantes a precio de oro, un 80% más caros que hace un año. Los profesionales que no puedan permitirse la subida dejarán de abonar, por lo que se espera un desplome en la producción de cereales del 10,6% en España, según calcula la Comisión Europea.

Los cereales, como el trigo, el centeno, la cebada, la avena, el maíz y el arroz, son el tipo de cultivo más expuesto porque ocupan una enorme extensión y necesitan una aportación importante de fertilizantes para que su cosecha sea rentable. Los cereales que se sembraron en otoño tienen que abonarse ahora, en un momento de precios máximos, mientras que los agricultores que tenían pensado sembrar después de verano se plantean dejar en barbecho sus tierras. 

"Hay muchas dudas sobre la rentabilidad de los cultivos en general y del cereal en particular", declara el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). "Hay un riesgo de que los rendimientos de las cosechas este año sean menores por el alto desembolso que hay que hacer", añade el portavoz.

Cuando estalló la guerra se temían problemas de abastecimiento en los fertilizantes puesto que el Estrecho de Ormuz, que continúa cerrado, sirve para exportar desde Oriente Medio un tercio de los abonos sintéticos consumidos en el mundo. 80 días después no hay señales de escasez, pero los expertos consultados aseguran que todo el que puede, está evitando comprarlos.

"Es algo así como el juego de las sillas, nadie quiere ser el primero en pagar lo que cuestan porque confían en que la guerra se resuelva pronto. El problema llegará si el conflicto se alarga hasta el otoño", opina Pablo Resco, responsable de Estrategia Agroalimentaria en Plataforma Tierra.

Todavía es pronto para conocer con precisión el alcance del agujero de la producción, pero a finales de abril se publicaron las primeras previsiones de impacto este año. La Comisión Europea calcula que en la campaña 2026-2027 la producción de cereal caerá en unos nueve millones de toneladas, un 3,2%. Las previsiones para Europa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos apuestan por una caída mayor, del 4,5%.

España, aunque no es el mayor productor del bloque, será de lejos el país que más producción perderá, un 10,6%, según estima la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Nada menos que 2,5 millones de toneladas menos que el año pasado. Los principales cereales cultivados en España son la cebada (-2,6% de producción este año), el trigo blando (-17,6%) y el maíz (-8,7%). Si bien es cierto, el desplome está adulterado porque en 2025 la cosecha de cereal fue en España de casi récord, de manera que la caída de la temporada actual no debería llevar al país a tener un déficit notable.

Según la información que manejaba el Ministerio de Agricultura a comienzos de abril, España tenía entonces reservas de fertilizantes para "un mes o un mes y medio a lo sumo", y una vez agotadas, los agricultores o los intermediarios tendrían que empezar a reponer el stock con importaciones mucho más caras o con la producción nacional de abonos sintéticos. Aunque sean fabricados en España, donde hay una importante industria de fertilizantes nitrogenados, la materia prima base es el gas natural, que también ha disparado su precio por la guerra. 

Javier Fatás, responsable de fertilizantes en la organización agraria COAG, confirma que el fertilizante almacenado del invierno ya se ha agotado. "Hoy ya estamos abasteciéndonos a precio de mercado, pagando los nitrogenados a un 70% más que hace un año, e incluso un 40% más que hace un mes, cuando ya había comenzado el conflicto en Irán", asegura el representante. "Lo que estamos haciendo es comprar puntualmente para el abonado de junio: hortícolas, frutales o viña. A largo plazo no compramos porque esperamos que se solucione", reconoce también.

Otra de las esperanzas del sector era que llegase un paquete de ayuda desde Bruselas para abaratar sus costes. Al fin y al cabo, confiaban en que los políticos europeos iban a mover cielo y tierra para evitar un encarecimiento de los alimentos en el continente. Sin embargo, ese plan llegó este miércoles y decepcionó enormemente al sector primario.

La Comisión anunció, sin concretar cifras, un incremento de la reserva agrícola de crisis para que los Estados Miembros apoyen a sus agricultores, así como un plan de reforma de la Política Agraria Común en junio que abrirá la puerta a que los profesionales accedan a ayudas extra y tengan menos exigencias en el uso de abonos, pero esto no es lo que reclamaban. Ninguna de las propuestas tendrá un impacto inminente.

"Decepcionante y preocupante, hay una falta de ambición clara", opina José María Castillo, responsable de la oficina europea de Asaja, la principal organización agraria de España. "Las medidas a largo plazo son las que ya estaban previstas antes de la guerra, y no estamos de acuerdo con ampliar el fondo de crisis porque esta situación no es culpa del agricultor", añade.

Las imágenes pixeladas muestran un panorama de colinas verdes salpicadas de ruinas. La cámara se acerca al suelo en dirección a una excavadora amarilla que parece estar removiendo escombros, se detiene un instante y luego se lanza de repente sobre un hombre con chaleco de obra, de pie junto a la máquina. Después, la pantalla se queda en negro.

Este vídeo, fechado el 4 de mayo y compartido en un canal de Telegram de Hezbolá, narra el ataque de un dron dirigido contra una operación israelí destinada a arrasar Bint Jbeil, un pueblo cercano a la línea azul de demarcación entre Israel y el Líbano. Desde el 24 de abril, el movimiento chiíta comparte casi a diario vídeos como estos.

En ellos se ven las imágenes captadas por estos pequeños cuadricópteros cargados de explosivos, unos segundos antes de estrellarse contra tanques y vehículos militares israelíes, excavadoras D9 y, a veces, incluso contra soldados a pie. Estos drones denominados FPV (first person view), muy utilizados en Ucrania desde 2024, ponen en práctica la nueva doctrina de Hezbolá para hostigar a los soldados israelíes presentes al sur de la “línea amarilla”. Esta fue establecida por el ejército israelí para delimitar una zona de ocupación de 600 kilómetros cuadrados en el sur del Líbano.

El martes 5 de mayo, Hezbolá reivindicó al menos ocho ataques de este tipo contra las tropas israelíes desplegadas en el sur del Líbano, así como contra sus excavadoras blindadas, utilizadas para la demolición sistemática de las aldeas libanesas cercanas a la frontera.

Por su parte, el ejército israelí dispone de una flota de drones militares ultramodernos, bastante utilizados en el Líbano para la vigilancia y la intimidación —a veces llegan incluso a lanzar amenazas personalizadas— y para ataques selectivos contra la población libanesa.

En el sur del Líbano nunca se ha interrumpido su zumbido amenazante, y aún resuena esporádicamente en Beirut a pesar de la firma del alto el fuego el 17 de abril. Periodistas, socorristas y vecinos —casi todos supervivientes de ataques israelíes— han testificado ante Mediapart en numerosas entrevistas sobre la presencia de drones sobre sus cabezas en el momento de los ataques, encargados de vigilar la zona o de disparar.

Aunque el acuerdo de alto el fuego se ha prorrogado hasta mediados de mayo, Israel nunca ha cesado sus operaciones en el sur del Líbano. Desde el 2 de marzo y la reanudación de la guerra abierta entre ambos Estados, Israel ha matado a más de 2.700 personas, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad libanés, de las cuales unas 385 desde el anuncio del alto el fuego.

A diferencia de lo que ocurrió durante la tregua anterior, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, el movimiento chií parece querer responder esta vez a las agresiones israelíes con drones, cuyos ataques, difíciles de contrarrestar, hacen temer un estancamiento de los combates en el sur.

El ejército israelí ya ha sufrido grandes pérdidas. Según el periódico israelí Haaretz,  en una semana han muerto dos soldados y un subcontratista del ejército y han resultado heridos quince soldados a causa de los drones de Hezbolá.

“Era evidente que Hezbolá iba a estudiar el conflicto y la evolución de la guerra de drones en Ucrania, y que esto se ajustaría perfectamente a sus necesidades”, explica Nicholas Blanford, analista militar afincado en Beirut que colabora con el think tank Atlantic Council. Una fuente de Hezbolá confirmó a Mediapart el uso de drones FPV equipados con fibra óptica, empleados “de manera muy eficaz y a bajo coste”.

Estos drones, ya utilizados esporádicamente por la milicia en 2023 y 2024, son baratos y fáciles de producir localmente. Los componentes electrónicos utilizados, añade esta fuente, se encuentran fácilmente en el mercado, generalmente destinados a uso civil, pero que pueden ser adaptados a fines militares acoplándoles de forma rudimentaria cargas explosivas como granadas o cohetes. Algunas piezas, prosigue la fuente, también se fabrican en el Líbano con impresoras 3D.

Estos aparatos, que a veces funcionan con fibra óptica —un cable de varios kilómetros de longitud que conecta al piloto con el dron y permite eludir las tecnologías de interferencia de ondas—, se han convertido en el arma principal de Hezbolá contra el ejército israelí y son muy difíciles de detectar. “Como se ha visto en Ucrania, ambos bandos, el ruso y el ucraniano, han intentado encontrar medios de defensa contra estos drones. Y resulta bastante sorprendente constatar que los israelíes parecen haber sido pillados por sorpresa por este avance”, añade Nicholas Blanford.

En combates anteriores, en Siria, en 2015, los drones FPV servían a la milicia chií como herramientas de reconocimiento para combatir a los revolucionarios junto a los soldados de Bashar al-Assad. Más recientemente, durante los combates en la frontera sur en 2024, el movimiento, aliado de Irán, utilizaba drones de ala fija, una especie de planeadores equipados con explosivos disparados desde una rampa de lanzamiento para alcanzar un punto preciso.

Según la fuente de Hezbolá, disponen de una amplia gama de drones, utilizados con fines de reconocimiento o para la destrucción de bases militares, y de una unidad destinada a estas operaciones.

Desde hace unos días, han aparecido sistemas antidrones en los vehículos militares israelíes que ocupan el sur del Líbano: redes tensadas similares a las utilizadas en Ucrania. El ejército israelí también ha anunciado el despliegue de drones dotados de inteligencia artificial, capaces de perseguir, capturar y neutralizar en el aire, mediante redes, los pequeños cuadricópteros libaneses. Por el momento, este sistema aún no se ha documentado sobre el terreno.

A pesar de la evidente superioridad tecnológica de Israel, los pequeños drones de Hezbolá se han convertido en un quebradero de cabeza cada vez mayor, sobre todo por razones económicas. "El coste de un simple dron de ataque es de unos 300 dólares”, explica Mounir Shehadeh, general de brigada retirado y excoordinador del Gobierno libanés ante la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el Líbano. Por el contrario, el coste de un misil interceptador oscila entre 50.000 y 100.000 dólares. Esto crea un claro desequilibrio económico".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que el control de la “línea amarilla” duraría todo el tiempo que fuera necesario, lo que deja entrever una ocupación a largo plazo. ¿Podrían los drones de Hezbolá frustrar esas ambiciones? “A corto plazo, no, no por sí solos”, opina Mounir Shehadeh. Pero a medio plazo, constituyen una herramienta de “desgaste eficaz”, explica, capaz de infligir pérdidas significativas e imponer a Israel una lógica de desgaste económico.

Esta capacidad de resistencia del más débil recuerda en muchos aspectos la situación de los años noventa, un periodo marcado por una guerra de desgaste casi permanente entre Hezbolá e Israel, con el telón de fondo de la ocupación israelí del sur del Líbano. Pero en cualquier momento podría reanudarse una guerra abierta, ya que la prórroga del alto el fuego expira dentro de unos diez días.

Las rondas de conversaciones preliminares entre los embajadores israelí y libanés, aunque altamente simbólicas, no han producido por el momento ningún resultado tangible. Mientras sobre el terreno sigue causando estragos la guerra de drones, se espera una tercera ronda de conversaciones la próxima semana en Washington, supuestamente para allanar el camino hacia un acuerdo de paz duradero.

Traducción de Miguel López

El cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán ha provocado la mayor liberación de reservas estratégicas de crudo de la historia. Sin embargo, mientras los gigantes energéticos alertan de que este salvavidas se esta agotando, surge una duda: ¿qué pasará cuando se acaben estas reservas?

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán ha transformado Ormuz en un muro que asfixia la economía global. Ante esta crisis, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado la liberación coordinada de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Parece una intervención que puede resultar eficaz para calmar a los mercados. Pero no nos engañemos: estamos intentando apagar un incendio con un vaso de agua.

El contexto macroeconómico y geopolítico es sombrío. Durante décadas, los mercados globales operaron bajo la suposición de que Estados Unidos garantizaría siempre el flujo ininterrumpido en el Golfo Pérsico. Esa ilusión se ha roto por completo durante el ultimo mes. Esta crisis nos empuja a un nuevo escenario de acaparamiento por miedo a repetir este shock en la logística internacional de la energía. China, el mayor consumidor mundial, ha liderado silenciosamente esta carrera, acumulando unas reservas de casi 1.400 millones de barriles. Le siguen potencias como Estados Unidos y Japón, con 413 millones y 263 millones de barriles respectivamente. En el nuevo origen geopolítico, el hecho de guardar reservas de petróleo se ha convertido en una pieza clave para la ventaja estratégica del país.

Si analizamos los datos técnicos y financieros, el panorama empeora más todavía. Las grandes multinacionales como Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips ya advierten que la capacidad de amortiguación del mercado está "casi agotado". Los números no mienten: recientemente, el crudo Brent superó la barrera de los 100 dólares, con picos de hasta 126 dólares por barril. Aunque el rescate de la AIE, impulsado por los 172 millones de barriles de Estados Unidos, suena bien, la realidad es que apenas cubre entre tres y cuatro semanas del flujo que se ha perdido durante el conflicto. Esta inyección de liquidez petrolera alivia el nerviosismo de momento, pero no ataca el problema real de la oferta.

Habrá quien argumente, con cierto optimismo, que estas liberaciones masivas han logrado estabilizar el mercado en el pasado, como los 182 millones de barriles inyectados tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Sin embargo, esta visión tiene cierta miopía en cuanto a la dimensión temporal. A diferencia de entonces, hoy no enfrentamos un embargo selectivo, sino el cierre físico de la principal vía del sistema energético mundial. Lejos de transmitir tranquilidad, algunos analistas advierten que esta intervención ha sido interpretada como una señal de "pánico" por los inversores. Al vaciar ahora nuestra despensa de petróleo, que en el caso estadounidense caerán a niveles críticos no vistos desde la década de 1980, nos estamos quitando ese colchón que en teoría nos iba a mantener en una situación de cierta tranquilidad una vez la producción de petróleo comenzará a declinarse.

En conclusión, la guerra en Irán nos ha arrebatado nuestra red de seguridad energética. El mundo se enfrenta a una dura lección que pagaremos cara: las reservas estratégicas son, en el mejor de los casos, parches temporales ante conflictos bélicos como el que estamos viviendo en la actualidad. Si no se restablece pronto el libre tránsito por Ormuz, la acumulación que vaticinan los expertos disparará los precios a niveles asfixiantes y prolongados. No podemos seguir financiando nuestro ritmo de vida quemando los ahorros del pasado. Nos acercamos muy peligrosamente al consumo total de nuestro “colchón petrolífero”. Cuando demos cuenta de que no podemos tirar de esas reservas, nos empezaremos a preocupar por el futuro del sistema tal y como esta planteado desde hace más de 2 siglos. Es el momento de despertar.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

La guerra ya no empieza cuando avanzan los tanques. Empieza antes: cuando un Estado convierte la inseguridad en principio de gobierno, cuando la frontera deja de ser límite y pasa a ser filtro de humanidad, cuando la excepción se vuelve método y la amenaza organiza presupuestos, alianzas, tecnologías y obediencias. La guerra contemporánea no solo combate enemigos: fabrica el mundo en el que esos enemigos resultan políticamente necesarios.

El gran error consiste en seguir buscándola solo en el campo de batalla. Hoy la guerra opera también como arquitectura estratégica: selecciona territorios sacrificables, jerarquiza vidas, redefine cadenas logísticas, militariza infraestructuras críticas, acelera la vigilancia y transforma la seguridad en la gramática superior del poder. No irrumpe desde fuera del orden; cada vez más, administra el orden desde dentro.

Por eso el verdadero casus belli ya no es únicamente una agresión visible. Puede ser una narrativa de cerco, una percepción de vulnerabilidad, una disputa por corredores energéticos, una batalla por el control del dato, una doctrina preventiva, una economía entera reconfigurada por la anticipación del conflicto. La guerra ha dejado de ser solo una decisión militar: es una forma de leer el planeta, de repartir riesgos y de decidir quién merece protección y quién puede quedar expuesto.

En esa mutación reside su potencia más inquietante. La guerra no destruye únicamente ciudades; simplifica la realidad. Reduce la complejidad a amenaza, la política a alineamiento, la prudencia a debilidad, la discrepancia a sospecha. Donde se impone la lógica guerrera, el poder gana velocidad, pero el mundo pierde espesor. Todo debe clasificarse de inmediato: aliado o enemigo, seguro o peligroso, defendible o descartable.

La cuestión decisiva ya no es solo cómo evitar la guerra, sino cómo impedir que la guerra se convierta en la racionalidad ordinaria del gobierno. Porque cuando la seguridad absorbe toda legitimidad, la paz deja de ser convivencia y pasa a ser mera administración del miedo. Y entonces la guerra, incluso sin disparos, ya ha vencido. 

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Juan Carlos Sanz Miguel es socio de infoLibre.

Una de las empresas tecnológicas con mayor influencia política y estratégica en EEUU, Palantir, acaba de poner sobre la mesa su hoja de ruta en un manifiesto de 22 puntos en el que habla sin tapujos de lo que creen que debe ser el futuro: guerra tecnológica, militarización, poder duro, eliminación paulatina del Estado y defensa de la “cultura” occidental. Esto puede parecer una simple estrategia de marketing, pero Palantir tiene el poder suficiente para llevar sus ideas a la práctica.

Hace unos días, Palantir Technologies, la multinacional estadounidense de software especializada en análisis de macrodatos y la industria de la guerra, publicó en la red social X un mensaje que servía como carta de presentación del libro que publicó el CEO de su compañía, Alexander C. Karp, junto a Nicholas W. Zamiska, jefe de Asuntos Corporativos y asesor: The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West (2025). 

Pero, ¿por qué debería preocuparnos lo que pueda escribir el CEO de Palantir en un libro? Esta no es una empresa de capital privado al uso. Palantir, el año pasado, facturó cerca de 4.500 millones de dólares y colabora codo con codo con el ejército de EEUU, la CIA, el ICE, la policía de Nueva York e incluso con países como Israel, Ucrania o Reino Unido, entre otros.

Palantir Technologies fue fundada en 2003 en Silicon Valley a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Alexander Karp, un joven inversor en startups, se asoció con su excompañero de estudios Peter Thiel, miembro de la conocida “PayPal mafia” (junto a otras caras conocidas como Elon Musk o Reid Hoffman), para involucrarse en la gestión de la seguridad y la privacidad de EEUU a través de los datos.

Desde su lanzamiento, la compañía ha estado en constante colaboración con el Gobierno de EEUU. Desde la CIA, la NASA o el FBI hasta el Departamento de Defensa, el ICE o el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). De hecho, la empresa ha estado siempre presente en los planes de la Casa Blanca: proveyó de software al ejército para las misiones militares de EEUU en Irak y Afganistán, colaboró con el Gobierno en el manejo y distribución de datos sanitarios en la pandemia de la COVID-19 y desarrolló tecnología para la identificación y deportación de migrantes durante las redadas del ICE. 

La de Palantir y el Gobierno de EEUU es una simbiosis perfecta. De hecho, el gran culpable del éxito de la compañía de software no es otro que Washington, quien ha regado a Palantir de contratos federales. El último, en febrero de este mismo año, por valor de 1.000 millones de dólares, firmado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para funciones que van desde el control migratorio hasta la “prevención del terrorismo”. En una carta abierta a los inversores de Palantir publicada el 2 de febrero, Karp reconoció que “el negocio comercial en EEUU está creciendo a un ritmo asombroso” tras generar 507 millones de dólares el anterior trimestre con un aumento del 137% respecto al del año anterior. 

Palantir provee distintas plataformas de software dedicadas a diferentes nichos de mercado: Foundry, por ejemplo, está dedicada a la gestión y análisis de datos, mientras que Gotham está hecha para el campo de batalla.

La multinacional de Silicon Valley ha estado y está involucrada también en los diferentes conflictos entre EEUU y Oriente Medio. En Irak o Afganistán, Gotham se ha utilizado para identificar redes terroristas, prever sus movimientos o desencadenar ataques dirigidos. Ucrania le ha servido también a su sistema de software como campo de pruebas para desarrollar más tecnología para la guerra. En enero de 2024, Palantir estableció una “asociación estratégica” con el Ministerio de Defensa israelí que se puso en marcha durante el genocidio en Gaza, como reconoció en un foro el propio Karp quien, cabe destacar, es de origen judío.

Ahora, durante el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, Palantir está consiguiendo logros militares que hace años eran impensables. Solo en los cuatro primeros días de ofensiva, Estados Unidos aseguró haber alcanzado más de 2.000 objetivos en territorio iraní. En Siria fueron necesarios seis meses para alcanzar esa misma cifra.

“¡Si el Mal pudiera tuitear, esto es lo que diría!”, afirmó el profesor de Economía y exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, en un mensaje respondiendo al manifiesto de Palantir. El post que publicó la compañía en X recoge extractos del libro de Karp en los que resume, no solo los planes de la propia empresa, sino el futuro de lo que algunos politólogos ya denominan “autoritarismo tecnológico”.

El texto enumera, en 22 puntos, una visión crítica hacia la deriva de Occidente y el papel que comienza a jugar la tecnología en el tablero geoestratégico. Para Palantir, Silicon Valley, tiene la “obligación moral” de priorizar la defensa nacional mediante el uso de “poder duro” y el desarrollo de una inteligencia artificial que se integre en el aparato estatal. 

El manifiesto sigue la ruta marcada por los discursos de extrema derecha como la remilitarización de Europa, la intolerancia hacia el pluralismo o el ultranacionalismo, pero con una derivada tecnológica que, según Darío García de Viedma, investigador del Real Instituto Elcano en el ámbito de política tecnológica y digital, refleja uno de sus papeles principales: “Proteger los intereses nacionales de EEUU y su posición dominante”.

“La lógica es que la posición dominante de Estados Unidos se apoya, en parte, en sus capacidades de software. Para evitar que China ponga en riesgo esa posición, busca mantener su liderazgo tecnológico en este ámbito”, explica a infoLibre García de Viedma. Cuenta, además, que el caso de Palantir es complejo debido a la opacidad con la que opera la compañía: “Es una empresa muy opaca, no solo por las restricciones derivadas de sus contratos con defensa, sino también porque esa opacidad protege su valor en bolsa”. 

En cuanto al manifiesto, el experto explica que “algunos elementos del texto pueden resultar chocantes”. Es curioso, comenta, que “su discurso mantiene la aversión por la diversidad, el supremacismo de la cultura estadounidense y el militarismo, pero desde el reconocimiento de la legitimidad del Estado”. 

Pero, ¿puede una democracia sostener un modelo donde actores privados controlan capacidades estratégicas? Para el investigador de Elcano “estas empresas actúan como uno de los principales brazos del posicionamiento de EEUU en el mundo. A través de ellas, se posiciona como líder, al menos entre sus aliados y en parte del Sur Global, gracias a la penetración de sus empresas de software y hardware”. 

“Washington sabe que sus empresas son necesarias para el funcionamiento de nuestra economía y nuestras instituciones, y puede utilizar esa dependencia en negociaciones comerciales o incluso en cuestiones de seguridad”, añade. 

El mensaje de Palantir levantó un gran revuelo en redes tras su publicación. Muchos argumentaron que el manifiesto se había convertido en uno de los textos ideológicos más relevantes de este siglo, otros, en cambio, le restaron importancia. “El manifiesto de Palantir es importante porque explicita por primera vez una doctrina política y tecnológica coherente desde los intereses de una empresa de software militar”, cuenta a infoLibre José Manuel Corrales, profesor de Economía, Empresa y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea (UE). 

“Hay que recordar que Palantir es contratista estratégico en EEUU, Israel, Reino Unido y diversas agencias de seguridad y inmigración. Por tanto, no estamos ante una opinión abstracta, sino ante un una muy fundamentada en lo que es el complejo militar industrial de Estados Unidos y del mundo occidental”, explica Corrales. 

Pero, ¿cuál es el verdadero proyecto de Palantir? Corrales argumenta que “lo que emerge es un nuevo complejo tecno militar corporativo con empresas privadas diseñando infraestructuras clave de seguridad y estados convirtiéndose en clientes”. Y es precisamente por eso por lo que “nos debemos tomar muy en serio este manifiesto”, subraya. 

“Ya no es un plan secreto, sino que expresa claramente la ideología de una empresa con importante influencia real y que busca normalizar que las grandes tecnologías definan el futuro de la guerra, la seguridad y la política en el nuevo orden internacional”, concluye Corrales. 

El domingo 12 de abril, Donald Trump publicó en su red social personal una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía con túnica blanca y capa roja, rayos saliendo de sus manos, sanando a un enfermo sobre una camilla. La imagen generó una ola inmediata de críticas, incluso entre conservadores cristianos y evangélicos, y Trump la borró al cabo de unas 12 horas, aunque ya era demasiado tarde para contener el escándalo. Días después publicó una nueva imagen en la que Jesús lo abrazaba, esta vez sin borrarla, con la apostilla de que a los “extremistas de izquierda” quizá no les gustaría, pero que a él le parecía “bastante guay”.

Más allá de las anécdotas que cada vez más nutren la política-espectáculo americana, esta publicación está en el núcleo de una disputa que lleva semanas escalando y en la que Trump ha llamado a León XIV “débil” y “terrible para la política exterior”, ha afirmado que el papa “no estaba en ninguna lista para ser papa” y que solo fue elegido porque era estadounidense. El pontífice respondió desde el avión que lo llevaba a África con una frase que resume bastante bien el choque: “No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio”.

Este intercambio verbal, sin precedentes entre un presidente de EEUU y un papa, ha revelado una fractura mucho más profunda que separa a dos familias de la derecha cristiana que llevan décadas conviviendo en el mismo campo político y que ahora se descubren, en el fondo, con proyectos incompatibles.

La derecha evangélica radical que sostiene el trumpismo tiene una lógica propia y coherente. El líder político no necesita ser un cristiano ejemplar en el sentido clásico del término: lo que importa es que sea eficaz en la guerra cultural, que defienda la nación de sus enemigos —el inmigrante, el progresismo, el islam, el woke— y que proteja las posiciones del conservadurismo moral en el Estado.

La fe funciona aquí como identidad y como ariete, no como marco doctrinal que impone límites al poder. Por eso las imágenes de Trump como Cristo no generan en ese ecosistema el mismo rechazo que en otros: la frontera entre símbolo religioso y símbolo político se ha vuelto deliberadamente porosa. De ahí que quienes asumen estas formas de entender la religión abrazan a Trump rezando en el Despacho Oval en imágenes que se han convertido ya en iconos de una teocracia aspiracional genuinamente norteamericana.

La derecha católica, en cambio, opera con otra arquitectura intelectual. Comparte con el evangelicalismo conservador la preocupación por la familia, el rechazo al aborto y la desconfianza hacia el secularismo agresivo, pero se mueve dentro de una tradición que tiene sus propias reglas: la doctrina social, el bien común, la subsidiariedad, la dignidad de la persona. Y sobre todo cuenta con una institución global —la Iglesia— que tiene su propia diplomacia, sus propias posiciones y su propia pretensión de hablar con autoridad moral independiente del Estado. Eso es exactamente lo que Trump aparentemente no soporta y lo que León XIV no está dispuesto a sacrificar.

“Trump no debate con León XIV: le ruega que se repliegue a un lenguaje que él pueda dominar. Pero el papa habla otro lenguaje, uno que se niega a reducirse a la gramática de la fuerza, de la seguridad, del interés nacional”, declaró a CNN Antonio Spadaro, sacerdote jesuita, teólogo y periodista italiano muy vinculado al papa Francisco.

El choque con el papa ha puesto bajo luz ultravioleta las grietas que recorren el Partido Republicano y el movimiento MAGA.

La primera línea de fractura es la más obvia: la electoral. Dos sondeos realizados antes de que Trump atacara al papa mostraban que los católicos le apoyaban en mayor proporción que el conjunto de los votantes —un 42% de aprobación entre católicos frente al 35% en el total de adultos en una encuesta de CNN, y un 48% frente al 38% entre votantes registrados según Quinnipiac—, ventaja que ahora está en riesgo. El profesor Ryan Burge, de la Universidad de Washington en San Luis, lo resumió así: “La mayoría de los católicos adoran a León XIV y están consternados de que alguien vaya a por él de esta manera”. Con las elecciones de mitad de mandato en el horizonte de noviembre, los estrategas republicanos tienen razones para estar inquietos.

La segunda fractura es institucional. El arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, confesó su desaliento por “que el presidente haya elegido escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre” y recordó que “el Papa no es su rival, ni es el Papa un político”. 

Pero lo más revelador no fue la reacción de los obispos progresistas, sino la de figuras del conservadurismo católico que hasta ahora habían guardado silencio o apoyado a Trump. El obispo Robert Barron, de Winona-Rochester, uno de los comunicadores católicos conservadores más influyentes, calificó los comentarios de Trump de “completamente inapropiados e irrespetuosos” y afirmó que “el presidente le debe una disculpa al Papa”. Cuando Trump pierde a Barron, se queda sin algo más que un aliado incómodo: deja escapar la cobertura intelectual del catolicismo conservador.

La tercera fractura es la más profunda, porque afecta al núcleo doctrinal del movimiento. El vicepresidente J.D. Vance —converso al catolicismo en 2019— y el presidente de la Cámara, Mike Johnson —evangélico—, salieron a defender la guerra contra Irán como una “guerra justa” en términos teológicos, mientras pedían al papa que se limitara a “cuestiones de moral” y dejara la política exterior a los políticos. 

La paradoja es tan gruesa que resultaría cómica si no fuera tan reveladora: la misma administración que exige al pontífice que no juzgue guerras lleva semanas enmarcando el conflicto con Irán como una cruzada bendecida por Dios, con Pete Hegseth, el secretario de Defensa, invocando a la divinidad en servicios religiosos en el Pentágono y Trump afirmando que “Dios quiere ver a la gente cuidada” para justificar los bombardeos.

Vance llegó a reprender al líder espiritual de 1.400 millones de católicos —incluido él mismo— por sus supuestos errores de teología sobre la doctrina de la guerra justa, tergiversando de paso lo que el papa había dicho realmente. El obispo James Massa, de la Conferencia Episcopal, tuvo que salir a corregir la distorsión. La escena de las últimas semanas ha incluido al vicepresidente dando lecciones de doctrina al papa y a Pete Hegseth citando como escritura sagrada frases que resultaron proceder de Pulp Fiction.

Todo esto muestra que no estamos exclusivamente ante un conflicto político. Es la colisión entre una religiosidad de identidad —instrumental, tribal, al servicio del líder— y una tradición institucional que lleva siglos construyendo una arquitectura moral independiente del poder. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, pidió al presidente que “deje a la Iglesia en paz”. La senadora republicana Susan Collins, católica, calificó los comentarios de “ofensivos e inexplicables” y recordó que Trump “no debería tratar al Papa como a un rival político”. Que esas voces existan dentro del Partido Republicano certifica la fractura.

Pero las grietas no se detienen en las fronteras de Estados Unidos. Giorgia Meloni, primera ministra italiana y hasta ese momento la aliada europea más cercana a Trump, emitió un comunicado en el que calificó sus palabras hacia el papa de “inaceptables” y recordó que el pontífice tiene plena legitimidad para abogar por la paz y condenar toda forma de guerra. La respuesta de Trump fue instantánea: “Es ella la inaceptable”. En pocas horas, el conflicto con el papa había costado a Trump su principal puente con la derecha europea.

Si hay un terreno donde esa diferencia se vuelve irreconciliable, es la inmigración. Para Trump y para la derecha radical que lo imita en Europa, el migrante es ante todo una amenaza: para la identidad, para la seguridad, para el empleo, para la cultura. El endurecimiento de fronteras, las deportaciones masivas y la criminalización del irregular son la respuesta natural a ese diagnóstico. Para la Iglesia católica, en cambio, la cuestión migratoria no es táctica, sino doctrinal. El migrante es una persona con dignidad innata, y la tarea pastoral no puede subordinarse a la lógica del orden público.

León XIV lo ha dicho sin ambages. Ha advertido que las deportaciones masivas terminarán “mal” y ha cuestionado que quienes se declaran “provida” pero aceptan el trato inhumano a los migrantes puedan llamarse así. Es una afirmación incómoda que pone en evidencia la incoherencia de un conservadurismo que defiende la vida en el útero y acepta su deshumanización en la frontera.

Esta tensión no es nueva, pero se ha agudizado. Para Blandine Chelini-Pont, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Aix-Marsella y experta en religión y política internacional, las declaraciones de León XIV se enmarcan dentro de la tradición vaticana de actuar según un sentido moral contra las guerras y los abusos del poder, y no como intervención política partidista. El problema es que en el mundo de Trump —y en el de sus epígonos europeos— esa distinción no existe: si la Iglesia critica sus políticas, la Iglesia es un actor político hostil.

Mientras buena parte de Europa endurece sus posiciones migratorias y la retórica de la deportación se normaliza en varios gobiernos del continente, España ha ido en la dirección contraria. El Gobierno ha aprobado una regularización extraordinaria que previsiblemente beneficiará a centenares de miles de personas, respaldada de forma explícita por la Conferencia Episcopal y por Cáritas, que la han presentado como una exigencia de justicia social. La derecha radical la ha denunciado como un riesgo para la seguridad y perjuicio para los nacionales, mientras los obispos insisten en que solo afecta a personas ya presentes en el país. A esa bandera Vox y el PP han sumado la apuesta por la segregación, a la que han bautizado con el eufemismo de “prioridad nacional”.

En España, la Conferencia Episcopal se ha convertido en un muro infranqueable para la derecha radical en la cuestión migratoria. Vox, que intenta presentarse como el partido “católico y patriótico” por excelencia, choca frontalmente con los obispos cuando estos defienden la acogida de migrantes. Esa paradoja —la derecha más identitaria enfrentada a la institución cuya identidad dice defender— es una de las grietas más reveladoras de la política española actual.

El politólogo de la Universidad Carlos III Pablo Simón ha apuntado un matiz que importa: los católicos tienden a votar conservador-tradicional, pero no necesariamente a la extrema derecha. En la práctica, eso significa que la Iglesia como institución no es movilizable sin más por la derecha radical, porque arrastra una tradición doctrinal que se resiste a quedar subsumida en la lógica de la guerra cultural. Y esa doctrina impulsada por el papa —que habla de la inmoralidad de la guerra y de la protección de los migrantes— tiene todo el potencial de llegar a los católicos prácticamente en cada celebración religiosa. 

En este contexto hay que leer la visita de León XIV a España, con paradas en Madrid, Barcelona y —aquí está la clave simbólica— las Islas Canarias, donde el pontífice tiene previsto reunirse con migrantes que han llegado en patera a través de la principal ruta de entrada al continente europeo desde África. El papa se sitúa en la frontera real, en el punto exacto donde la derecha radical construye su relato del miedo, y dice con el gesto que esa frontera es un lugar de humanidad, no de amenaza.

León XIV ya había advertido a los obispos españoles sobre la amenaza que representa la extrema derecha para los valores democráticos, en una señal de que el Vaticano sigue de cerca la reconfiguración de la política europea. Ha descartado además visitar Estados Unidos este año, una ausencia que se lee como un gesto de distancia deliberada hacia la administración Trump, y eligió en cambio África y España como destinos. El mensaje geopolítico es difícil de malinterpretar: el primer papa estadounidense de la historia se niega a ser el capellán del trumpismo.

Lo que este conflicto muestra es que la religión ya no funciona como elemento cohesionador de la derecha, sino como uno de sus principales ejes de fractura. Durante décadas, el conservadurismo occidental pudo presentar una coalición más o menos estable entre evangelicales, católicos y creyentes de distinto signo, unidos por la defensa de valores morales tradicionales frente al progresismo secular. Ese frente común se está resquebrajando.

La razón es que el trumpismo ha radicalizado las exigencias de esa coalición hasta un punto que la doctrina social católica no puede seguir. Aceptar que las deportaciones masivas son compatibles con el evangelio, que criminalizar al migrante es una política cristiana o que el presidente puede autorrepresentarse como Cristo sanador sin que eso merezca condena es demasiado para una institución que lleva siglos construyendo una teología que predica la dignidad humana.

Esta vez, incluso entre conservadores cristianos y evangélicos, la imagen de Trump como Cristo ha generado rechazo. Eso dice algo importante: los límites existen, aunque estén siendo empujados con una agresividad sin precedentes. La visita del Papa a Canarias, coincidiendo con la regularización de personas en España, no es solo un acto pastoral. Es una declaración de que hay una forma de entender la fe —más antigua, más institucional, más incómoda para el poder— que no se deja domesticar por ningún líder político, por muy poderoso que sea.

La imagen de Trump con los rayos en las manos duró 12 horas en internet. El debate sobre qué significa ser cristiano en la política del siglo XXI va a durar bastante más.

Cuando yo tenía dieciocho, en una siesta de verano al sur, soñé con La mujer habitada, una novela que firmaba una mujer de nombre exótico y rotundo y que me hablaba de cosas que nadie me había contado todavía. De la revolución, de nuestro cuerpo, de rebeldía, de la historia antigua de América Latina. Cómo de lejos estaba Nicaragua entonces de mi ignorancia. Aquel libro me había devorado, o yo a él, como a una naranja del árbol de Lavinia. Y lo soñé.

Pasaron los años, y quiso la tiranía que Gioconda viviera en mi ciudad. Hoy habita el centro de Madrid con alegría, con palabra, con compromiso. Está en el exilio desde que, en 2022, no pudo regresar a Managua, su ciudad, a Nicaragua, su país, despojada de su nacionalidad, de su gente y de las cosas de su vida. Tiene pasaporte español, como otros compatriotas suyos, otorgado por carta de naturaleza, y vive aquí, alejada de aquel corazón salvaje centroamericano, de los pájaros que cruzan su recorte de cielo, de esa extensión de selva, de valle y de montaña tensada por un nuevo dictador. "Uno no elige el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido". No es su primer exilio. A mediados de los setenta fue perseguida y tuvo que salir del país a México y Costa Rica por su militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vivió la clandestinidad, la guerrilla, vio caer a los amigos. Ayer mismo recordaba al compañero al que ella le dijo que cómo iba a participar en la lucha armada si tenía hijas. Por ellas, para que tus hijas no tengan que hacerlo, le respondió. Y así se convenció del camino. La revolución triunfó en 1979 y la dictadura de Somoza cayó en el pozo de la Historia. 

La deriva autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aquel que fue uno de los nueve comandantes de la revolución, ha sacado a Gioconda y a otros cientos de miles de nicaragüenses del país, entre ellos, también al premio Cervantes y excompañero de Ortega en la Junta de Gobierno, Sergio Ramírez, que también camina Madrid. Ortega exilia, encarcela, vigila, aísla y usa la represión y la violencia para controlar el país. 

Dice Gioconda que ya no cree en la lucha armada. Que aquello ya fue. Quizá crea hoy en la palabra. Seguro, en el amor al otro. Estoy segura de que, como en el título de sus memorias, El país bajo mi piel, sigue llevando consigo, bajo ese pelo salvaje que tiene, un equipaje emocional de lo que significó participar en aquello, para la Historia y para su escritura. En su última novela, Un silencio lleno de murmullos, es la hija de una guerrillera quien ajusta ausencias con la madre revolucionaria. Esa culpa que cargan las madres todavía. La maternidad, como la guerrilla, es otra revolución. Íntima y política. Vital y social. 

De la literatura de esta autora, de la que tanto aprendí entonces sobre la sensualidad y la confianza en la energía que guarda nuestro centro de carne y hueso, me quedo con la posición desde la que lanza su palabra a la página: del cuerpo de una también nace la libertad. Los cuerpos son asuntos políticos. Los nuestros, de las mujeres, más aún. 

Estamos Gioconda y yo hoy en una isla juntas, a la que nos han traído a hablar de libros y escrituras. Y, aunque no es esta la primera orilla que habitamos, nos sentamos junto al mar después de comer y hablamos y hablamos bajo la luz brillante y saturada de este lugar de fuertes vientos. Y me acuerdo de aquella chiquita de dieciocho que se atrevió a soñar con escribir porque mujeres como Gioconda lo hacían. Que ponían su nombre y su cuerpo en la literatura. Gracias por todas tus revoluciones, pero también por esa.

El director de la Agencia Internacional de la Energía volvió a insistir este martes en que el mundo afronta "la mayor crisis energética de su historia". Pese al escenario extremo que dibuja el mayor portavoz global en esta materia, los hogares y empresas occidentales tienen acceso sin problema a la gasolina, el gas y la electricidad, aunque a un precio notablemente mayor que hace dos meses. Donde realmente se está viviendo ya la escasez es en Asia. Allí, decenas de millones de habitantes ya viven bajo un intenso racionamiento de energía que, a nivel global, ya supera con creces al de la gran crisis económica de 2008.

Desde comienzos de marzo se han multiplicado en Bangladesh y en Corea del Sur las colas interminables de coches y motos para repostar en gasolineras, mientras que en Pakistán se han producido en abril cortes parciales de luz, con fábricas que llegan a estar apagadas durante ocho horas al día por la escasez de gas natural, necesario para producir luz.

El Gobierno de Filipinas declaró en marzo la emergencia nacional energética durante un año, y numerosas aerolíneas regionales han reducido su actividad por el coste del queroseno. En total, siete países asiáticos han impuesto ya el teletrabajo obligatorio, cinco están racionando la venta de combustible y varios de ellos tienen edificios públicos cerrados para ahorrar energía.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, en inglés), en su informe de abril publicado la semana pasada, ya puso cifras al cierre de Ormuz: pronostica que la demanda global de petróleo caerá en 1,5 millones de barriles diarios en abril, un recorte del 1,5% frente al mes anterior. A lo largo de todo el año se espera una reducción del consumo de 100.000 barriles diarios, que puede parecer pequeña, pero es que un mes antes la IEA calculaba un incremento total de la demanda de 700.000 barriles diarios en 2026.

Los cálculos de expertos de empresas privadas van muchísimo más allá. Un análisis del banco JPMorgan estimaba esta semana que el recorte global de la demanda de petróleo ha sido en abril de 4,3 millones de barriles diarios de crudo, prácticamente tres veces más de lo que calcula la IEA y una cantidad absolutamente astronómica. "Para ponerlo en contexto, en el pico de la crisis económica de 2009, la demanda global se redujo en 2,5 millones de barriles", añaden los analistas del banco estadounidense.

Por regiones, la IEA, un órgano dependiente de la OCDE, asume que la mayor parte del recorte vendrá de los países de Oriente Medio, pero no porque la población no tenga acceso al combustible, sino porque la aviación está prácticamente congelada en Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait debido al conflicto, y el tráfico aéreo se ha desplomado en Emiratos Árabes y Qatar. En el sudeste asiático no deberían escasear por ahora la gasolina ni el diésel de manera generalizada, pero sí el gas natural licuado y el GLP (el gas utilizado para cocinar), que llegan en enormes cantidades desde el Golfo.

El informe de JPMorgan también ubica en Oriente Medio el mayor recorte de consumo energético, seguido de Asia, y matiza que ya se observa una brecha entre países ricos de esa región, que pueden comprar combustibles más caros, como Japón, frente a otros que quedan "desbordados por los precios". Este banco sitúa las siguientes víctimas en África, donde también dependen de materias primas del Golfo. Entre Oriente Medio, Asia y África suman el 87% de la caída de la demanda global de crudo de abril de 4,3 millones de barriles.

Aun así, esa bajada tan brutal del consumo ni siquiera es capaz, según el informe de JPMorgan, de compensar la caída de la producción global de petróleo: sigue habiendo un desajuste de 2,3 millones de barriles diarios entre oferta y demanda. "Esto es demasiado para ser absorbido por países emergentes. Europa y Estados Unidos tendrán que participar [de ese recorte]", valoran los expertos.

Es por ello que esta entidad vaticina que los precios de la energía seguirán subiendo en Occidente, ya que con el coste actual de la gasolina, el gas o la electricidad, los países ricos siguen consumiendo sin prácticamente recortes de demanda. A esto hay que sumar que 16 países europeos subvencionan ya los combustibles debido a la crisis, entre ellos España, una manera de apoyar a la población, pero que mantiene la demanda artificialmente alta, engordando el problema del abastecimiento, según los expertos.

La industria asiática ha colapsado por varios frentes debido a la subida de costes de la energía y las materias primas. La prensa regional recoge, por ejemplo, un desabastecimiento de guantes de goma en hospitales por el encarecimiento de la nafta, un derivado del petróleo necesario para fabricar plásticos. El déficit de nafta afecta, de hecho, a toda clase de cadenas de producción: desde ropa a bolsas de plástico, pasando por la industria del maquillaje o la producción de microchips.

La primera línea del racionamiento recae sobre Asia porque sus países son extremadamente dependientes de los combustibles que salen del estrecho de Ormuz, ahora prácticamente cerrado. India, el país más poblado del mundo, importa históricamente el 90% de su crudo, y más del 40% de esa cifra llegaba hasta ahora de Oriente Medio. También llegaba de esta región el 98% del petróleo que necesita Filipinas, el 61% de Corea del Sur o el 60% de Tailandia.

Un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional advierte de que estas naciones no solo dependen enormemente del crudo de Arabia Saudí, Kuwait o Irán, sino que sus economías necesitan quemar mucho más combustible que Occidente para mantenerse en funcionamiento porque apenas tienen energías renovables. La Unión Europea destina poco más del 2% de su PIB a importar gas natural y petróleo, mientras que Asia destina aproximadamente el 4%. En Singapur, Tailandia y Corea del Sur esa dependencia alcanza entre el 6% y el 8% del PIB total.

"Asia es el principal comprador del petróleo y del gas que se transportan a través del estrecho de Ormuz y esto supone un shock directo sobre las refinerías, las plantas eléctricas y las fábricas", escriben Andrea Pescatori y Krishna Srinivasan, colaboradores del FMI. "Las interrupciones en el suministro de fertilizantes, productos petroquímicos, helio o azufre aumentan además el riesgo de que se produzcan perturbaciones más generalizadas en la cadena de suministro si el conflicto persiste", añaden.

Naciones Unidas publicó la semana pasada que la guerra en Irán va a vapulear las economías de Asia y del Pacífico, que perderán entre 100.000 y 300.000 millones de dólares, principalmente por el encarecimiento de la energía. El organismo estima también que 8,8 millones de personas entrarán en el umbral de la pobreza en la región. Como en el análisis del FMI, la ONU enfatiza que la región es extremadamente dependiente del petróleo y calcula que 33 de los 36 países estudiados en Asia y Pacífico son "altamente vulnerables" a la inflación de los combustibles.

Cada día que pasa parece más claro que la crisis energética no será pasajera, sino que afectará al bolsillo de los hogares durante muchos meses más. El impacto en las gasolineras es evidente y la luz se ha encarecido respecto a febrero, pero el gas natural todavía se mantiene contenido porque la demanda en primavera es escasa. Sin embargo, ACER, la organización de reguladores europeos de energía, ha advertido este jueves que en otoño e invierno el recibo del gas subirá con fuerza y, por lo tanto, también el de la electricidad.

La razón es que la Unión Europea debe recargar una cantidad ingente de gas en sus inventarios en los próximos siete meses en mitad de lo que la Agencia Internacional de la Energía considera la mayor crisis energética de la historia. En este momento, el nivel medio de los almacenes de gas en Europa es del 31% y, en teoría, hay que alcanzar el 90% antes del 1 de diciembre, aunque ese objetivo es flexible.

ACER, un grupo del que forma parte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha advertido este jueves que cumplir con esa meta será este año más caro y más difícil. Principalmente porque la competencia por el gas será mayor en todo el mundo ante la pérdida del gas catarí por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde el año pasado cruzó el 7% del gas natural licuado que llegó a Europa por barco (el conocido como GNL), así como el 20% del GNL global.

"Recargar los almacenes hasta su capacidad máxima será más costoso y complicado en un mercado del GNL en competencia. Los precios a plazo de principios de abril de 2026 indican que esas importaciones de GNL llegarán a un coste algo superior al de años anteriores", afirman los reguladores en su último informe de monitorización del gas, publicado este jueves.

En concreto, calculan que el coste de la recarga podría aumentar entre 10.000 y 15.000 millones de euros en el invierno de 2026 si los precios del gas de referencia europeo (el conocido como TTF) se estabilizaran en 50 euros/MWh. En este momento el mercado de futuros del gas marca un precio de 44 euros/MWh para la segunda mitad del año, aunque ese valor cambia cada día con las nuevas noticias que llegan desde el Golfo. Antes de la guerra, el TTF cotizaba en esos meses a unos 31 euros/MWh, pero ha subido un 39% en menos de dos meses. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista de Energía en Europa en el Instituto de la Economía Energética y el Análisis Financiero (IEEFA), opina que esta crisis es un enorme toque de atención para Bruselas, que tras la crisis energética de 2022, provocada por el corte de la mayor parte del suministro de gas ruso, decidió buscar nuevos vendedores de gas en el resto del mundo. "Creyeron que la solución era diversificar las compras de gas, pero depender de otros nos ha vuelto a hacer vulnerables. Hay que apostar por la electrificación y las energías renovables", opina la experta.

Otra de las razones que apuntan al encarecimiento del gas este año, según ACER, es que en 2026 los almacenamientos de gas han llegado raquíticos a la primavera, en su nivel más bajo en nueve años, porque el invierno ha sido especialmente frío.

Los reguladores calculan que para cumplir con ese 90% de llenado en invierno hay que mantener "elevada" la entrada de gas por tubería y las compras de GNL tienen que ser un 13% superiores al año pasado. Todo esto, en un escenario de extrema competitividad global por el combustible debido al cierre de Ormuz.

Un tercer factor que complicará la logística, aunque menos importante que los anteriores, es que desde que comenzó la guerra, el gas en Asia tiene un importante sobreprecio sobre el valor del TTF europeo, de entre 5 y 10 euros MW/hora –un premium histórico–, porque en esa región la desesperación por el combustible es mayor. Esta situación podría llevar a que los metaneros "se vean más atraídos por Asia este verano", dificultando todavía más el aprovisionamiento europeo, según el informe de ACER.

España está en principio mucho mejor preparada que otros países de Europa porque sus tres almacenes subterráneos de gas natural están por encima del 60% de capacidad, aunque esto no garantiza que en la península el gas sea más barato que en Países Bajos o Grecia porque el combustible que se almacena en estos depósitos pertenece a compañías privadas que pueden revenderlo a terceros países si esa práctica es más rentable que destinarlo al consumo interno. 

El encarecimiento del gas natural para el consumidor español se puede notar de dos maneras. Si el hogar tiene una tarifa libre, esa subida puede llegar cuando se actualice el precio según lo establecido en el contrato, que suele ser de 12 meses. Incluso puede que ya se haya encarecido en las últimas cuatro semanas. En el caso de la tarifa regulada (conocida como TUR de gas), cuyo precio se actualiza trimestralmente, la fecha clave es el 1 de octubre. Entonces sufrirá el gran repunte porque en ese momento su cálculo incorpora un sobrecoste llamado gas estacional, un concepto que se añade durante los meses de frío.

Esta inflación también afecta al precio de la luz, y de manera mucho más rápida porque las compañías dueñas de las centrales de ciclo combinado (las que generan electricidad con gas) trasladan el encarecimiento de la materia prima al precio de la energía que producen. El sistema de fijación de precios diario mediante subasta limita que en primavera haya un fuerte repunte en la luz, pues las renovables marcan el precio en la mayor parte de las horas, pero durante la noche sí que se nota esa subida. Como en el caso del gas, ese cambio es solo para los clientes con contrato regulado, porque el precio de las tarifas libres depende exclusivamente de lo pactado con la comercializadora.

La Comisión Europea es consciente de la tormenta que se está formando alrededor del precio del gas natural de cara al invierno y este miércoles presentó su paquete AccelerateEU, que impulsa la coordinación de la gestión del gas natural y del combustible de aviones durante los próximos meses. 

Para evitar una ola de compras desesperadas de gas que suban todavía más su precio, la Comisión Europea también instó este miércoles a los países a que aprovechen que la normativa que obliga a rellenar sus almacenes de gas en un 90% antes de diciembre tiene un margen de flexibilidad del 10%, de manera que es suficiente con llenar inventarios al 80% para esa fecha. Bruselas está negociando además flexibilizar otro 5% más, rebajando el objetivo hasta el 75% para el 1 de diciembre. La idea es evitar que unos países pisen a otros comprando más gas del que puedan necesitar. 

Otra de las aristas que aborda el informe de ACER es que Estados Unidos ha disparado sus exportaciones de gas natural a Europa por vía marítima, principalmente para sustituir la desaparición de buena parte del gas ruso que llegaba por tubería. En el invierno 2025-2026, dejó de operar definitivamente el gasoducto ruso que atravesaba Ucrania, y en este periodo Estados Unidos incrementó sus ventas de GNL en un "impresionante" 45%, según los reguladores, alcanzando el 30% del total de importaciones de gas europeas y dos tercios del GNL. 

Rusia, en todo caso, volvió a vender grandes cantidades de gas a Europa este invierno, siendo el tercer proveedor, con el 15% de las importaciones totales de GNL, solo por detrás de EEUU. También sigue activo uno de los gasoductos Europa-Rusia, el TurkStream, que llega a Turquía y de ahí se ramifica para surtir principalmente a Hungría, Eslovaquia y Serbia. En total, Rusia supuso el 14% de las importaciones totales de gas en la UE esta temporada, equivalentes a 10.000 millones de euros anuales.

En sus previsiones para el invierno 2026-2027, ACER subraya que Europa necesita mantener en "niveles altos" las entradas de gas por tubería para poder cubrir su demanda en los meses de frío, y debe importar incluso más GNL que en 2025, lo que se traduce en que el gas ruso será impepinable este año, pese a que los países miembros están en pleno proceso de ruptura con el combustible de Moscú. El 1 de enero de 2027, según ratificó la Unión Europea el pasado 26 de enero, se prohibirá comprar GNL ruso, y el 1 de noviembre de 2027 habrá que poner fin a todos los contratos a largo plazo de gas importado por tuberías, de manera que el invierno siguiente supondrá de nuevo un desafío energético.