Quienes desconozcan la historia del Líbano en estas últimas décadas podrían interpretar la noticia de que se acaba de firmar un acuerdo entre Israel y el país de los cedros, con la mediación de Washington, como la expresión de una voluntad compartida por asentar la paz entre ambos países. Así se recoge, de hecho, en el texto firmado el pasado 25 de junio, con ambas partes comprometiéndose a actuar de buena fe hasta alcanzar “una paz plena y duradera, que brinde seguridad, estabilidad y prosperidad a los pueblos de Israel y Líbano”. El documento también contempla la constitución de grupos de trabajo para negociar un tratado integral de paz y seguridad, y el compromiso de Estados Unidos para movilizar apoyo internacional para la reconstrucción del Líbano, incluida ayuda humanitaria, proyectos de recuperación económica e inversiones.

Pero difícilmente pueden compartir esa opinión quienes hayan seguido las vicisitudes de las convulsas relaciones entre esos dos vecinos. En primer lugar, porque ya habrán vivido innumerables veces esta misma situación, incapaces ya de recordar cuántos acuerdos de alto el fuego y cuántos acuerdos de paz han quedado arruinados por el camino. Desgraciadamente, una vez tras otra, ha quedado claro que Israel no respeta la soberanía libanesa, que la milicia chií de Hizbulah no se va a desarmar unilateralmente y que los sucesivos gobiernos de Beirut son incapaces de imponer el monopolio del uso legítimo de la fuerza en su propio territorio y, menos aún, de expulsar a las fuerzas invasoras.

Por eso, una lectura mínimamente detallada del reciente acuerdo y una comprensión básica del contexto actual a ambos lados de la Línea Azul (asumida como la frontera que comparten Líbano e Israel) vuelve a desembocar en un generalizado escepticismo sobre el futuro inmediato.

Por un lado, un actor político tan relevante como Nabih Berri —tercera autoridad del Estado en su condición de presidente del parlamento nacional y figura prominente del Movimiento Amal, asociado al Partido de Dios (Hizbulah)— ya ha dejado claro que el pacto no se va a cumplir. Berri no solo entiende que Hizbulah no se va a desarmar mientras las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) sigan ocupando parte del territorio nacional, sino que ve el acuerdo como una incitación premeditada a la guerra civil, en la medida en que las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) quieran imponer ese desarme de la milicia por la fuerza. Por serio que haya sido el castigo recibido en estos últimos dos años por parte de las FDI, Hizbulah conserva la suficiente capacidad militar y política, además del apoyo innegable de buena parte de la población de identidad chií, para seguir resistiendo las embestidas israelíes y los intentos de otros actores políticos libaneses por eliminarla. El texto (parcialmente filtrado, pero no publicado) del anexo sobre asuntos de seguridad, da a entender que serán las FAL las encargadas de llevar a cabo esa tarea si, como es previsible, Hizbulah no renuncia a las armas. Un Hizbulah que, obviamente, no ha tenido voz en la negociación del acuerdo y que, en la práctica, es más potente y operativo que las propias FAL.

Tampoco resulta tranquilizador el resto del acuerdo. En ningún caso se contempla la retirada de las FDI, sino tan solo un redespliegue dentro del territorio libanés, con el añadido de que Tel Aviv es quien (junto a Washington) tendrá la última palabra para juzgar si Beirut cumple satisfactoriamente sus compromisos. Más allá de que, como acostumbra, el gobierno de Benjamin Netanyahu ya ha ordenado ataques posteriores a la firma del pacto, la primera prueba sobre lo que cabe esperar es la aplicación de las dos “zonas piloto” en las que las FDI se deben redesplegar para dejar que sean las FAL las que pasen a tomar el control, una vez que se confirme que han logrado eliminar (¿pacíficamente?) la presencia en ellas de los milicianos de Hizbulah y sus infraestructuras. Igualmente, el momento en el que los cientos de miles de libaneses que se han visto obligados por los ataques de las FDI a abandonar sus hogares queda en manos de Israel, sin que ni el presidente Joseph Aoun ni el gobierno liderado por Nawaf Salam tengan potestad para decidirlo.

En definitiva, las FDI no se retiran, sino que, a su antojo, tan solo efectuarán un redespliegue dentro del territorio libanés, sin estar sometidas a ningún calendario. En definitiva, queda al arbitrio de Benjamin Netanyahu –empeñado en redibujar el mapa regional, ganar las elecciones y escapar de la justicia– y al de Donald Trump –dispuesto a seguir respaldando a Netanyahu, a cambio de que se modere temporalmente para no arruinar el acuerdo logrado con Irán– determinar si las FAL y el gobierno libanés llevan a cabo sus tareas de manera satisfactoria. Eso les permite reventar el acuerdo cada vez que lo consideren oportuno.

Tampoco es un asunto menor que el punto 13 del acuerdo establezca que, en términos reales, Líbano renuncia a su derecho a acudir a los tribunales internacionales para exigir el castigo a los responsables (es decir, a Israel) de las atrocidades cometidas durante la reciente invasión de las FDI. Son más de 4.000 las personas asesinadas, en torno a un millón las desplazadas forzosamente y miles las viviendas e infraestructuras básicas destruidas en el marco de una nueva violación del derecho internacional, que, de ese modo, quedaría impune.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Todo apunta a que la economía acaparará el debate en la recta final de junio. Por un lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana la aprobación de un nuevo decreto con un escudo social anticrisis por las repercusiones del conflicto en Oriente Medio. Por otro, y tras un aplazamiento de siete días, está previsto que este lunes el Ejecutivo dé el primer paso hacia los Presupuestos Generales del Estado, con la actualización del cuadro macroeconómico. Ambas medidas pasarán por el Consejo de Ministros en la misma sesión y ninguna de las dos está exenta de polémica.

Los Presupuestos son la piedra en el zapato del Gobierno desde hace años y, aunque siempre ha reiterado su intención de presentarlos, solo a principios de este mes de junio se ha concretado una fecha: 2027. Si se echa la vista atrás, desde 2016 no se han presentado en los plazos que corresponden y las cuentas públicas no llegaron al Congreso ni en 2020, ni en 2024, ni en 2025, de ahí que operen prorrogados los de 2023, que se presentaron en 2022. En los últimos años, el Ejecutivo no ha logrado cerrar una senda de déficit, de ahí que los presupuestos hayan quedado también por el camino. Este lunes, si nada cambia, comenzará de nuevo el proceso hacia su aprobación con la elaboración del cuadro macroeconómico, una especie de informe de situación que sirve de punto de partida.

El otro gran anuncio en materia económica es el nuevo real decreto que entrará en vigor para combatir los efectos de la crisis en Oriente Medio y que sustituirá al anterior, que expira el martes 30 de junio. “Movilizará todos los recursos del Estado el tiempo que sea necesario para no desproteger a las familias y los autónomos”, señalaba esta misma semana Sánchez durante un acto en el Teatro Real de Madrid. Y, aunque los detalles de las medidas que incluirá aún no han trascendido, el presidente adelantó que incluirá algunas ayudas con carácter general que irán más allá de aquellas destinadas a sectores especialmente afectados por el precio de la energía y los combustibles. 

La cuestión más polémica, que acaparó el debate en la tramitación del anterior paquete, es la vivienda. En aquel momento, los socios de gobierno del PSOE y los partidos de la izquierda llevaron a cabo una campaña para tratar de incluir en el real decreto una prórroga de los alquileres que contuviese las subidas de precios y frenase los desahucios. Incluso hubo manifestaciones organizadas por los sindicatos de vivienda para reclamar una prórroga de los contratos de alquiler. Entre las cuestiones que se contemplaban, estaba alargar dos años los contratos vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitar al 2% las actualizaciones anuales de renta. Finalmente, ante la negativa del arco de la derecha y la imposibilidad de que saliera adelante en trámite parlamentario, la medida se desgajó del decreto y decayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y la abstención del PNV.

En esta ocasión la presión no ha sido tanta, pero desde Sumar señalan que siguen insistiendo para que se ponga en marcha. Algunas voces del partido han vuelto a pedir que el escudo social del Gobierno restablezca la prórroga el lunes, pero desde la formación no aclaran si finalmente irá o no en el texto. "La ministra de Vivienda no tiene otra obligación de aquí al día 29 que garantizar que el real decreto que anunció el presidente del Gobierno para la semana que viene incluye sí o sí la prórroga de alquileres. Si esto no pasa, será culpa exclusiva suya", señaló en el Congreso el portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez. Fuentes del Ministerio de Economía señalan a infoLibre que la negociación del real decreto sigue abierta y tampoco concretan si contemplan incluir los alquileres en el nuevo escudo social.

A falta de saber qué ocurrirá el lunes, esta vez la movilización social ha sido escasa y la vivienda no ha tenido tanto protagonismo mediático. Sin embargo, fuentes de Sumar señalan que “siguen presionando” para que se apruebe, aunque no han precisado si será dentro de este decreto o por otros canales. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo expresaba así en la red social Bluesky este viernes. “Mamdani lo prometió y lo ha cumplido: Nueva York ha congelado los contratos de alquiler de 2,4 millones de trabajadores y trabajadoras. Aquí la derecha lo tumbó en el Congreso. Pero vamos a volver a llevar la prórroga hasta que se apruebe. Lo conseguiremos”, escribió.

Más allá del problema de la vivienda, el anterior paquete incluía descuentos sobre la electricidad, el gas y los carburantes, además de ayudas directas para sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético, con un coste estimado para Hacienda de casi 5.000 millones de euros. Algunas de las medidas decayeron el 1 de junio, aunque el Gobierno se comprometió a hacer un seguimiento de la evolución de los precios y ello condicionará qué medidas de este tipo se mantienen el lunes.

La presión para pedir que se regule el mercado de la vivienda es la misma que la que motiva el decreto anticrisis: una evolución desbocada de los precios. De hecho, en la Encuesta de Presupuestos Familiares que ha publicado el INE, se constata que tener una casa implica sacrificar cada vez más ingresos: en concreto, un 33,2% en 2025. Este indicador incluye los precios de la luz y señala que en ese año, las familias pagaron, de media, 636 euros más que en le ejercicio previo. Además, cuanta menor renta tiene la unidad familiar, más se agrava el fenómeno y, si se mira al 20% que menos ingresos tiene, la vivienda absorbe casi la mitad de lo que ganan, un 41,9% de su renta.

En este contexto, el alquiler resulta mucho más inestable, ya que los precios están sujetos al mercado y, con una demanda creciente, mantienen una evolución constante al alza. Y, aunque esta vez las reivindicaciones no mantienen en esta ocasión un tono tan elevado como en la aprobación del anterior decreto, la posibilidad de incluir esta regulación sigue en el debate.

Hace unos días, 14 familias de diferentes ciudades catalanas anunciaban que, tras aprovechar el plazo de solicitud entre la entrada en vigor del anterior decreto anticrisis que contenía una prórroga de los alquileres y su derogación en el Congreso, habían conseguido que la socimi Vivenio, propietaria de sus casas, les concediera la prórroga. Lo anunciaba el Sindicat de Llogateres de Cataluña, que insistía en la necesidad de que el Gobierno reactivara esta medida en el decreto del lunes.

“Es urgente que si la Moncloa quiere aprobar un plan anticrisis el próximo lunes, lo incluya en ese decreto. Es el momento de no dejar a nadie colgado y de evitar nuevas expulsiones de gente inquilina", señalaba Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres y de la Confederación nacional de Sindicatos de Inquilinas. “Todas las personas que quedaron fuera de las anteriores prórrogas, también los inquilinos que están en tácita reconducción, tienen que quedar cubiertos”, insistía.

El pasado viernes los sindicatos expresaban de nuevo su malestar con una nota de prensa en la que insistían sobre lo mismo, alegando que si las Comunidades Autónomas no aplican la Ley de Vivienda, el mecanismo de la prórroga puede servir de protección hacia los inquilinos. “La Confederación de Sindicatos de Inquilinas exige la recuperación del Real Decreto sobre las prórrogas que incluyan, también, los contratos en tácita reconducción [es decir, de renovación automática]. De tal manera que, se aplique o no la Ley de Vivienda en las Comunidades Autónomas, las inquilinas puedan tener una estabilidad que de otra manera no tendrían”, protestan.

Finalmente, en lo que respecta a los Presupuestos, con el anuncio de presentación se inicia un camino de largo recorrido hacia su concreción. Aunque, de llevarse a cabo, el proceso desembocaría en un arco parlamentario nada favorable para su aprobación. Con la elaboración del cuadro macroeconómico, lo que se hará es una estimación sobre las previsiones de crecimiento, empleo e inflación para los próximos años, sobre las que se trabajará después para distribuir la financiación y los niveles de déficit permitidos.

El mundo energético no termina de fiarse del reciente acercamiento entre Estados Unidos e Irán, cuando están a punto de cumplirse cuatro meses de guerra en Oriente Medio. Las dos potencias firmaron esta semana un polémico memorando de entendimiento que podría ser un primer paso hacia la paz y el Ejército estadounidense levantó horas después su bloqueo naval sobre el Estrecho de Ormuz, pero los registros de tránsito de buques en la región demuestran que armadores y aseguradoras de barcos no confían en que el paso sea seguro. 

Es cierto que a lo largo del jueves se registró el mayor paso de barcos comerciales a través de Ormuz con su GPS encendido desde que comenzó la guerra, con un total de 21 navíos, cuatro de ellos petroleros, una muestra de que el tráfico empieza a despertar en la región. Sin embargo, este viernes la circulación volvió a desplomarse tras conocerse que las conversaciones de paz se volvían a estancar por un ataque de Israel sobre el Líbano que dejó 18 muertos. La mala noticia fue seguida de un acuerdo a mediodía del viernes de alto al fuego entre Hezbollah e Israel.

Jaime Concha, editor de Energy Intelligence y experto en gas natural, opina que la sucesión constante de noticias que cambian el rumbo del conflicto demuestra la debilidad del memorando firmado en el Palacio de Versalles esta semana. "El sector ya dudaba del futuro de ese acuerdo y de que tenía muy poca solidez, pero lo que ha ocurrido este viernes ha dado la razón a los que dudan", señala el analista.

Lo que es innegable es que el precio de la energía en los mercados se ha desplomado en apenas una semana. La cotización del petróleo y del gas, que se usan como referencia para medir el sentimiento del mercado, muestran una caída de alrededor del 20%, pero siguen cotizando un 15% (para el petróleo) y un 30% (para el gas) por encima respecto a antes del conflicto, lo que demuestra que el mercado de materias primas está lejos de volver a la normalidad.

Antes de la guerra, alrededor de 135 barcos cruzaban cada día el Estrecho de Ormuz, seis veces más que en el mejor día de esta semana. El coste de asegurar uno de estos barcos se ha multiplicado hasta por 12, puesto que uno de estos barcos puede costar entre 200 y 300 millones de dólares, de manera que pocos están dispuestos a aventurarse en este momento a cruzar.

Y aquellos que lo hacen deben hacerlo por una ruta extremadamente estrecha y limitada por un campo de minas. La vía norte, la situada frente a la costa iraní, está coordinada por la República Islámica, que todavía no permite la libre circulación, según denuncian los armadores. Mientras que la ruta sur, en la costa de Omán, está controlada por Estados Unidos y abierta al tráfico, pero requiere de coordinación entre barcos por su limitado espacio. Entre ellas hay una zona en teoría minada por el régimen iraní.

"El desminado deberá comenzar lo antes posible y es necesario publicar las zonas de peligro de las minas", reclamaba este jueves Intertanko, una patronal formada por 191 compañías de tráfico marítimo. Recuerdan que, según el memorando firmado, es Irán la encargada de desminar la región y enviar las coordenadas de estos explosivos. "Una vez que se tomen estas medidas, el sector naviero debería tener la seguridad necesaria para reanudar el transporte de comercio mundial y energía a través de la zona", dijo este jueves Phillip Belcher, director marítimo de la organización.

Por otra parte, el memorando de entendimiento recoge que durante 60 días el tráfico estará abierto sin la posibilidad de introducir nuevas tasas, de modo que Irán no podrá cobrar los dos millones de dólares por barco que ha llegado a pedir en los últimos meses. Sin embargo, no hay ningún compromiso de que esta condición se mantenga después del verano, por lo que el tráfico podría encarecerse ligeramente después. 

Además de los inconvenientes marítimos, la región tiene numerosas plantas de licuefacción de gas natural y refinerías de petróleo dañadas. Por mucho que el tráfico se recupere, la producción y la exportación de energía no volverán a la normalidad a corto plazo. Si bien algunas de las plantas han quedado fuera de servicio durante años por ataques con drones, la fecha para el retorno a una relativa normalidad es de unos dos meses una vez que Ormuz vuelva a operar con seguridad.

Según publicó esta semana Bloomberg, Catar, el segundo mayor exportador de gas natural del mundo, tiene previsto recuperar en un mes –desde que el tráfico marítimo se ponga en marcha por completo– la mitad de la producción en Ras Laffan, el mayor campo gasístico del mundo, que fue bombardeado a comienzos del conflicto. Allí se produjo el año pasado casi una quinta parte de todo el gas natural licuado –el que se transporta por barco– que consumió el planeta. En dos meses esperan producir el 80% de su capacidad.

"En el mejor de los casos, se tardará dos meses en recuperar un flujo importante y continuo de gas natural en el mercado internacional", señala Jaime Concha. Este inconveniente insalvable pondrá en una situación muy difícil a la Unión Europea, que tiene ahora mismo sus reservas de gas natural en el 45%, 15 puntos porcentuales menos de lo habitual en estas fechas, y debe rellenarlas de aquí al invierno.

"Cualquier imprevisto que altere esos planes llevará a que Asia y Europa compitan por el gas natural en los próximos meses, y aumentará la volatilidad de precios de la energía", añade el experto.

Desde que aterrizó en España, el papa León XIV ha compartido en cada foro el mensaje de que la dignidad humana no depende del origen, de la raza o de la religión de cada uno. Lo dijo el sábado en el Palacio Real, lo repitió en su encuentro con Cáritas, lo convirtió en homilía en la madrileña plaza de Cibeles el domingo y este lunes volvió a insistir en ello ante diputados y senadores en el Congreso. La agenda oficial del pontífice en España sitúa, además, la cuestión migratoria como uno de los ejes del viaje, con encuentros en Madrid, Barcelona y, para finalizar su visita, en Canarias con organizaciones que trabajan con migrantes.

El núcleo del discurso del papa en la Cámara Baja fue ese. León XIV presentó esa “dignidad humana” como un principio previo al Estado, anterior a los consensos cambiantes y superior al “vaivén de las mayorías de cada momento”. Desde ahí fue desplegando una intervención que tocó casi todos los debates que atraviesan la política española, entre ellos el aborto y la eutanasia –sobre los que la posición de la Iglesia sigue siendo de rechazo frontal–, pero también la inmigración, la educación, la libertad religiosa, la memoria democrática, las guerras, la inteligencia artificial, el multiculturalismo y la convivencia. 

El discurso del papa puede incomodar al Gobierno y a la izquierda en asuntos como la eutanasia y el aborto, derechos reconocidos en España y rechazados por la doctrina católica. Pero en esta ocasión el golpe más directo cae sobre quienes han convertido el cristianismo en su seña de identidad mientras desprecian los valores humanistas que él promulga. Entre ellos, la discriminación de los inmigrantes y las políticas que olvidan su dignidad. Lo resumía así el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián: “PP y Vox han aplaudido durante diez minutos un discurso al papa que abuchean y vetan en el Congreso hace siete años”. Y lo cierto es que la cuestión migratoria acaparó una gran parte del discurso de León XIV en el Congreso.

Unas palabras que pronunció en el mismo lugar en el que PP y Vox han ido normalizando su “prioridad nacional” y en el que han registrado y debatido numerosas iniciativas contra la política migratoria del Ejecutivo. León XIV defendió que la situación de migrantes y refugiados no puede reducirse a una lectura “demográfica o económica”, reclamó “vías seguras y legales”, una “acogida respetuosa” y advirtió de que discriminar por origen nacional, étnico, religioso, lingüístico o social va en contra de lo que defiende la Iglesia.

“Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica”, señaló.  Y, frente al auge de los discursos de odio de la ultraderecha contra los migrantes, señaló que “allí donde una persona es discriminada por su origen” se vulnera “el principio universal de igualdad de todos los seres humanos”. 

En el mismo discurso, de aproximadamente media hora de duración y que fue aplaudido durante siete minutos por los diputados y senadores presentes —todos los grupos a excepción de Podemos y BNG— , León XIV alertó contra “el rearme como respuesta automática a la inseguridad internacional" y recordó que las armas pueden “imponer un silencio temporal, pero no construir una paz auténtica”. El sábado, en el Palacio Real, ya había pedido “abandonar las narrativas divisivas y los enfoques identitarios” que “parecen explicarlo todo, pero llenan el mundo de enemigos”. 

Aunque el papa no hizo alusiones concretas a la política nacional española, su mensaje llega solo unos días después de que PP y Vox sellaran en Castilla y León un acuerdo que asume la “prioridad nacional” como criterio inspirador para el reparto de ayudas públicas, siguiendo los pactos ya suscritos en Extremadura y Aragón, y que incorpora criterios de arraigo para acceder a determinadas prestaciones y recoge un “rechazo frontal” a la inmigración ilegal y a la acogida de más menores migrantes no acompañados.

Sin embargo, nada de esto impidió al líder del Partido Popular, Aberto Núñez Feijóo, suscribir “de la A a la Z” el discurso de León XIV.  “Este discurso va a formar parte de la historia del Congreso de los Diputados y del país”, planteó el jefe de la oposición desde la Cámara Baja, en el que también aseguró que el papa acredita “algo que falta en la política nacional e internacional”, que son, según el gallego, “convicciones”. Para un partido como el suyo, añadió, que une sus raíces e ideario en el “humanismo cristiano”, escuchar al pontífice tenía un interés especial y volvió a incidir en que compartía al “100%” sus palabras.

Todo ello pese a que la formación conservadora ha dado en los últimos meses un giro migratorio en términos muy distintos, endureciendo su discurso hasta asumir la “prioridad nacional” de Vox en acuerdos autonómicos y cargando contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y defendida por sectores de la Iglesia. El pasado abril, el propio Feijóo calificó esa regularización de “inhumana, injusta e insostenible” y sostuvo que España no podía enviar el mensaje de que era “un chollo”.

El líder del PP ha defendido públicamente “elegir quién entra, cómo y para qué” y ha contribuido a la estigmatización de los migrantes al señalar que algunos solo quieren “vivir de los subsidios”. Asimismo, también ha abogado por una inmigración “culturalmente próxima”, es decir, en función de su origen —los latinoamericanos comparten idioma y son católicos frente a magrebíes, africanos negros y la mayoría musulmanes—, lo que, de nuevo contrasta con las palabras de León XIV que ha pedido ir más allá de la mera gestión de flujos y mirar a las personas, las causas que las obligan a marcharse, el derecho a permanecer en la propia tierra y el deber de ofrecer acogida e integración.

Una incoherencia que no solo aplica en el discurso migratorio, sino en la postura del PP en política internacional. León XIV mostró preocupación por “la vuelta del rearme” como respuesta casi inevitable en Europa y defendió que la “verdadera seguridad nace de la justicia, del diálogo, del derecho internacional y de una política que ponga la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”.

Sin embargo, en el caso de Israel y de otros conflictos liderados por el presidente de EEUU, Donald Trump, el PP se ha puesto de perfil y ha evitado decir que Benjamin Netanyahu está perpetrando un genocidio, rechazando a su vez medidas como el embargo de armas aprobado por el Congreso. Además, Feijóo respaldó en 2025 un compromiso del Partido Popular Europeo para elevar el gasto militar de los Estados miembros por encima del 3% del PIB, lo que para España supondría decenas de miles de millones adicionales para ese “rearme”.

Por su parte, Santiago Abascal agradeció las palabras “elogiosas” sobre la “historia y la identidad” España, pese a que León XIV reivindicó el pasado como un espacio atravesado también por el encuentro entre cristianos, musulmanes y judíos, y defendió “la cultura de la convivencia frente a la confrontación”. El líder de Vox también aseguró haber “escuchado muy atentamente” el discurso del papa sobre inmigracion y que era el esperable “de un líder religioso”. Y añadió: “La necesidad de acogida al débil y al inmigrante es perfectamente compatible con las leyes de los Estados, como reivindica el propio León XIV”, apuntó.

Aunque el líder ultra insistió en que no había “ninguna contradicción” entre lo que defiende su formación y lo que sostiene el papa, lo cierto es que Vox ha reclamado la expulsión inmediata de todos los migrantes que accedan de manera irregular a España, ha abogado por impedir las regularizaciones, por suprimir las ayudas y por cerrar centros de menores extranjeros no acompañados. Medidas que contrastan con la “acogida respetuosa” y las “posibilidades reales de integración” que defendió León XIV. 

“Me gusta la política migratoria del Estado vaticano”, prosiguió el líder de Vox, invocando las multas, la cárcel y la prohibición de entrada para quien acceda ilegalmente. Es cierto que el Vaticano endureció en 2024 las sanciones para entradas no autorizadas en zonas restringidas, pero Abascal toma una norma de seguridad de un microestado de poco más de 800 habitantes como si fuera la política que defiende el papa, que ha pedido “convertir las fronteras en una maquinaria de castigo” y se ha mostrado a favor de la regularización.

Además, León XIV eligió un centro de atención social vinculado a Cáritas Madrid el pasado sábado y, desde allí, defendió la caridad como núcleo de la misión de la Iglesia. Esto, de nuevo, contrasta con las medidas que ha pactado la formación ultra en los recientes acuerdos autonómicos, con los que pretende excluir a Cáritas de las ayudas y subvenciones por, en sus palabras, “favorecer la inmigración ilegal”. La Conferencia Episcopal respondió entonces con dureza a las acusaciones de Abascal contra los obispos, las calificó de “falsas e injuriosas” y recordó que el prójimo “trasciende fronteras, lenguas y religiones”, lo que provocó hace unas semanas un choque de Vox con la jerarquía eclesiástica. 

A ello se suma que Abascal ha defendido “evitar la polarización entre los políticos honrados” aunque él mismo ha capitaneado esa estrategia de acoso y derribo al Ejecutivo y ha descrito al presidente del Gobierno como un dirigente que da “un golpe de Estado por mes”, “un delincuente pillado in fraganti” y alguien capaz de “cualquier cosa para eludir la cárcel”. Así, frente a un papa que defiende “desarmar el lenguaje”, Abascal lo incendia.

La visita del papa a España también ha retratado la política de los gestos de Abascal. El líder de Vox se había comprometido a no compartir más actos institucionales con el presidente del Gobierno. En octubre del pasado año, con motivo de la Fiesta Nacional, el ultraderechista comunicó a la Casa Real que no ocuparía su lugar en la tribuna de autoridades del desfile militar ni acudiría después a la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real.

Según explicó la formación en un comunicado, Abascal había decidido que sólo compartiría espacio con el presidente del Gobierno y sus ministros en cualquier lugar donde pudiera denunciar lo que Vox llama la “corrupción moral, política y económica” del Ejecutivo, lo que limitaba la presencia del líder ultra a los plenos y la sesiones de control de la Cámara Baja. Desde entonces, Vox había utilizado esa fórmula para justificar una cadena de plantones a citas de Estado, algunas de ellas presididas por el rey Felipe VI.

El veto se trasladó al homenaje de Estado por las víctimas de la dana, celebrado en Valencia en el primer aniversario de la catástrofe en noviembre de 2025. El acto estaba presidido por los reyes y contó con la presencia de Sánchez y las principales autoridades del Estado. Abascal no acudió y Vox tampoco envió representación de partido, a excepción de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. Sucedió lo mismo en el acto en el Congreso sobre los 50 años de la Monarquía, el del día de la Constitución el 6 de diciembre y el de la conmemoración por ser la más longeva el pasado febrero.

Sin embargo, la visita del papa ha forzado a Abascal a romper su compromiso. El sábado participó en la recepción del Palacio Real con motivo de la visita del pontífice, donde incluso mantuvo una conversación de media hora con el presidente andaluz Juanma Moreno, según informaron medios de comunicación. Y este lunes ha acudido al Congreso para escuchar el discurso de León XIV junto a diputados y senadores de su grupo. Fuentes de la formación lo justifican señalando la importancia del electorado católico para el partido, el mismo que dice ser defensor de las raíces cristianas de España, la familia, la vida y la identidad nacional. Pero que, sin embargo, no aplica la doctrina social de la Iglesia en sus políticas.

Está pasando desapercibido en la actual opinión pública española el cambio que se está produciendo en la relevancia de Ucrania frente a la agresión rusa. Por un lado, la marcha, tanto desde el punto de vista militar, económico y político, como de las nuevas negociaciones que propone Rusia, donde Moscú quiere que medie la Unión Europea, o en su caso, participe como interlocutor. Es decir, el cambio es rotundo. Se pensaba que con el abandono del apoyo estadounidense a Ucrania, Rusia iba a conseguir sus objetivos anexionistas de una forma rápida, un sofisma muy extendido entre nuestros medios. Sin embargo, parece que empieza a ocurrir lo contrario, Trump no ha logrado el alto al fuego, que decía que lo iba a conseguir “en dos días”, y ahora lleva varios meses con las conversaciones paralizadas y sin resultados.

En los dos o tres últimos meses, se está produciendo una situación que no se esperaba. Se divulgó mucho en el mes de marzo la noticia de que, como consecuencia de la agresión estadounidense a Irán, el petróleo había subido casi el 40% su valor y, por lo tanto, estaba beneficiando a Rusia, que estaba consiguiendo ventas récord en petróleo y gas con importantes beneficios. En cambio, apenas ha sido noticia que en abril y mayo se han desplomado las exportaciones rusas como consecuencia del éxito de los bombardeos ucranianos con drones sobre sus refinerías, habiendo destruido casi la mitad de ellas. Incluso, en la actualidad, tienen problemas de abastecimiento interno.

En relación con el enfrentamiento armado, Rusia no solo no ha avanzado en el frente Este, sino que empieza a retroceder un poco. Además, tienen problemas de sustitución de los soldados muertos, heridos y desertores. También, el coste de la guerra empieza a ser más abultado, y está afectando a toda su economía. Asimismo, en estas circunstancias, le repercute que Irán, por la agresión estadounidense, le está dejando de abastecer con drones y armamento, y China no quiere hacer visible su apoyo, pese a que Putin ha ido en mayo a recabar su validación a Pekín.

Por parte de la Unión Europea y los Estados europeos, a pesar de la retirada estadounidense, el apoyo sigue siendo “inquebrantable”. Desde hace dos meses, cuando Orbán pierde las elecciones en Hungría, es importante resaltar que han podido hacer efectivos los 90.000 millones de crédito blando prometido, y también unos 15.000 millones por parte del Reino Unido en armamento. Además, el canciller alemán Merz ha propuesto la creación de un nuevo estatuto de observador para Ucrania en la UE, con vistas a conseguir una mayor vinculación. Sin embargo, se rechaza la propuesta de Zelensky de ser país miembro desde el punto de vista político y aplazar unos años las negociaciones definitivas de integración. Esto es debido a que se entiende que, en aplicación del Artículo 42.7, si Ucrania fuera país miembro, automáticamente los otros 27 entrarían en guerra con Rusia, ya que dicho artículo establece la obligación de defender con todos los medios contra una agresión. Esto, de momento, es imposible.

Al mismo tiempo, y posiblemente debido a esta debilidad creciente de Rusia, esta quiere que Europa sea, o bien mediador, o bien negociador en el conflicto, cosa que hasta hace poco se oponía rotundamente. La Unión Europea no quiere ser mediadora, ya que entiende que desde el principio de la guerra hace cuatro años ha estado del lado de Ucrania, en contra de la agresión, y entendía que esta invasión a un Estado socio era una amenaza para la propia Unión Europea y para Europa y quiere seguir dejando claro que sigue completamente unida al destino de Ucrania. Gracias a eso, Rusia tendrá que ceder bastante más de lo que pensaba gran parte de nuestra opinión pública.

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Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.

Los bombardeos continuos y masivos no son la única forma de matar, de aniquilar. Ucrania, Palestina, Sudán… Hay otras formas de genocidio. Provocar hambrunas, por ejemplo, o facilitar mucho armamento al poderoso. La elegida y aplicada por los Estados Unidos es boicotear a poblaciones enteras, dejarlas sin suministros básicos. Es la que hoy Donald Trump emplea para Cuba. Si el pueblo sufre, mátalo de hambre, quítale lo poco que le queda, el combustible indispensable para vivir. Los dirigentes siempre tendrán sus reservas, su poder para sobrevivir.

Liquidados unos 100.000 palestinos, unos con las bombas y otros por el hambre, ahora toca exterminar a los cubanos. De los ucranianos ni se acuerdan. Si los presidentes norteamericanos decidieron hace más de 60 años cerrar el paso a quien lleve vida a Cuba y no lograron su rendición, ahora lo pueden conseguir cerrándoles el paso a sus escasos proveedores. Y a los cubanos ya no les llega ni combustible para producir electricidad, para mover sus vehículos, para calentar su comida, para enchufar los aparatos eléctricos... En un mensaje en las redes sociales una mujer cubana decía: “Denuncio que en Cuba hay ancianos que mueren antes de tiempo porque el bloqueo impide que lleguen medicamentos para el corazón, la presión, la diabetes. No es falta de recursos. Es prohibición deliberada…”. Y añadía: “Denuncio que hay incubadoras en Cuba que han debido apagarse por falta de combustible. Que hay recién nacidos luchando por su vida mientras el gobierno de Estados Unidos decide qué países pueden vendernos petróleo y cuáles no…”. Y ya ningún país, bajo amenaza de sanciones políticas y económicas, lleva petróleo, combustible, a La Habana. Por lo que no hay transporte, no hay luz en las casas, en las calles, pronto no funcionará nada. Muerte a la vista de la rica Florida, de la casa de vacaciones del inquilino de la Casa Blanca, donde veranean los potentados jubilados norteamericanos y residen los cubanos escapados de la isla asediada.

Aunque la sangre no solamente se derrama de estas formas. Lo vemos en Sudán, donde los más vulnerables seres humanos huyen y mueren sin comprender la razón de los militronchos que guerrean entre sí por un poder que mantiene en la miseria a poblaciones primitivas, desheredadas de la civilización, que carecen de agua, las comodidades de occidente y oriente y cualquier adelanto de la población de la Inteligencia Artificial. Mientras la riquezas de su tierra se la llevan rusos, chinos, americanos…, los ricos del mundo que explotan a los nativos, si antes lo hacían con espejos ahora lo hacen con teléfonos “inteligentes” o imágenes de la opulencia del “primer mundo”.

Son formas de impunidad que demuestran que religiones y egoísmo gobernaron y gobiernan este Planeta. Se cumplen ahora 78 años de la Nakba, la expulsión de su tierra del pueblo palestino. Cientos de miles de familias tuvieron que dejar sus casas, sus huertos, sus posesiones porque los países ricos decidieron que allí debían establecerse los israelíes dispersos por el mundo, huidos de la barbarie nazi. Una vez más, quienes deciden son los ricos y poderosos.

Y, así, la miseria sigue en los mismos lugares. Aparece una enfermedad contagiosa, se la cerca, se aísla y se preserva al “primer mundo”, que no se propague el mal. Mientras se firman alto el fuego para seguir bombardeando, lanzando drones, cerrando paso a camiones llenos de alimentos, barcos con combustible, con medicamentos, con vida para el pobre sufridor. Ucraniano, palestino, sudanés, iraní, libanés, cubano, vulnerable sea de donde sea. 1.000.000.000 diarios cuesta la guerra hoy en el Oriente. 85 millones ganan al día las petroleras, aunque las ideas no se matan con drones, con bombas. Hay distintas formas de aniquilar.

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Fernando Granda es socio de infoLibre.

El calendario sigue corriendo y la guerra de Irán ya se aproxima a su cuarto mes completamente paralizada. El impacto sobre el sector agrícola era uno de los que más preocupaba por su dependencia de los fertilizantes del Golfo Pérsico, así como del gas natural necesario para fabricarlos.

Las primeras semanas pudieron capearse gracias al abono almacenado del invierno, pero ese periodo de gracia ya ha terminado y los agricultores han comenzado a comprar fertilizantes a precio de oro, un 80% más caros que hace un año. Los profesionales que no puedan permitirse la subida dejarán de abonar, por lo que se espera un desplome en la producción de cereales del 10,6% en España, según calcula la Comisión Europea.

Los cereales, como el trigo, el centeno, la cebada, la avena, el maíz y el arroz, son el tipo de cultivo más expuesto porque ocupan una enorme extensión y necesitan una aportación importante de fertilizantes para que su cosecha sea rentable. Los cereales que se sembraron en otoño tienen que abonarse ahora, en un momento de precios máximos, mientras que los agricultores que tenían pensado sembrar después de verano se plantean dejar en barbecho sus tierras. 

"Hay muchas dudas sobre la rentabilidad de los cultivos en general y del cereal en particular", declara el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). "Hay un riesgo de que los rendimientos de las cosechas este año sean menores por el alto desembolso que hay que hacer", añade el portavoz.

Cuando estalló la guerra se temían problemas de abastecimiento en los fertilizantes puesto que el Estrecho de Ormuz, que continúa cerrado, sirve para exportar desde Oriente Medio un tercio de los abonos sintéticos consumidos en el mundo. 80 días después no hay señales de escasez, pero los expertos consultados aseguran que todo el que puede, está evitando comprarlos.

"Es algo así como el juego de las sillas, nadie quiere ser el primero en pagar lo que cuestan porque confían en que la guerra se resuelva pronto. El problema llegará si el conflicto se alarga hasta el otoño", opina Pablo Resco, responsable de Estrategia Agroalimentaria en Plataforma Tierra.

Todavía es pronto para conocer con precisión el alcance del agujero de la producción, pero a finales de abril se publicaron las primeras previsiones de impacto este año. La Comisión Europea calcula que en la campaña 2026-2027 la producción de cereal caerá en unos nueve millones de toneladas, un 3,2%. Las previsiones para Europa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos apuestan por una caída mayor, del 4,5%.

España, aunque no es el mayor productor del bloque, será de lejos el país que más producción perderá, un 10,6%, según estima la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea. Nada menos que 2,5 millones de toneladas menos que el año pasado. Los principales cereales cultivados en España son la cebada (-2,6% de producción este año), el trigo blando (-17,6%) y el maíz (-8,7%). Si bien es cierto, el desplome está adulterado porque en 2025 la cosecha de cereal fue en España de casi récord, de manera que la caída de la temporada actual no debería llevar al país a tener un déficit notable.

Según la información que manejaba el Ministerio de Agricultura a comienzos de abril, España tenía entonces reservas de fertilizantes para "un mes o un mes y medio a lo sumo", y una vez agotadas, los agricultores o los intermediarios tendrían que empezar a reponer el stock con importaciones mucho más caras o con la producción nacional de abonos sintéticos. Aunque sean fabricados en España, donde hay una importante industria de fertilizantes nitrogenados, la materia prima base es el gas natural, que también ha disparado su precio por la guerra. 

Javier Fatás, responsable de fertilizantes en la organización agraria COAG, confirma que el fertilizante almacenado del invierno ya se ha agotado. "Hoy ya estamos abasteciéndonos a precio de mercado, pagando los nitrogenados a un 70% más que hace un año, e incluso un 40% más que hace un mes, cuando ya había comenzado el conflicto en Irán", asegura el representante. "Lo que estamos haciendo es comprar puntualmente para el abonado de junio: hortícolas, frutales o viña. A largo plazo no compramos porque esperamos que se solucione", reconoce también.

Otra de las esperanzas del sector era que llegase un paquete de ayuda desde Bruselas para abaratar sus costes. Al fin y al cabo, confiaban en que los políticos europeos iban a mover cielo y tierra para evitar un encarecimiento de los alimentos en el continente. Sin embargo, ese plan llegó este miércoles y decepcionó enormemente al sector primario.

La Comisión anunció, sin concretar cifras, un incremento de la reserva agrícola de crisis para que los Estados Miembros apoyen a sus agricultores, así como un plan de reforma de la Política Agraria Común en junio que abrirá la puerta a que los profesionales accedan a ayudas extra y tengan menos exigencias en el uso de abonos, pero esto no es lo que reclamaban. Ninguna de las propuestas tendrá un impacto inminente.

"Decepcionante y preocupante, hay una falta de ambición clara", opina José María Castillo, responsable de la oficina europea de Asaja, la principal organización agraria de España. "Las medidas a largo plazo son las que ya estaban previstas antes de la guerra, y no estamos de acuerdo con ampliar el fondo de crisis porque esta situación no es culpa del agricultor", añade.

Las imágenes pixeladas muestran un panorama de colinas verdes salpicadas de ruinas. La cámara se acerca al suelo en dirección a una excavadora amarilla que parece estar removiendo escombros, se detiene un instante y luego se lanza de repente sobre un hombre con chaleco de obra, de pie junto a la máquina. Después, la pantalla se queda en negro.

Este vídeo, fechado el 4 de mayo y compartido en un canal de Telegram de Hezbolá, narra el ataque de un dron dirigido contra una operación israelí destinada a arrasar Bint Jbeil, un pueblo cercano a la línea azul de demarcación entre Israel y el Líbano. Desde el 24 de abril, el movimiento chiíta comparte casi a diario vídeos como estos.

En ellos se ven las imágenes captadas por estos pequeños cuadricópteros cargados de explosivos, unos segundos antes de estrellarse contra tanques y vehículos militares israelíes, excavadoras D9 y, a veces, incluso contra soldados a pie. Estos drones denominados FPV (first person view), muy utilizados en Ucrania desde 2024, ponen en práctica la nueva doctrina de Hezbolá para hostigar a los soldados israelíes presentes al sur de la “línea amarilla”. Esta fue establecida por el ejército israelí para delimitar una zona de ocupación de 600 kilómetros cuadrados en el sur del Líbano.

El martes 5 de mayo, Hezbolá reivindicó al menos ocho ataques de este tipo contra las tropas israelíes desplegadas en el sur del Líbano, así como contra sus excavadoras blindadas, utilizadas para la demolición sistemática de las aldeas libanesas cercanas a la frontera.

Por su parte, el ejército israelí dispone de una flota de drones militares ultramodernos, bastante utilizados en el Líbano para la vigilancia y la intimidación —a veces llegan incluso a lanzar amenazas personalizadas— y para ataques selectivos contra la población libanesa.

En el sur del Líbano nunca se ha interrumpido su zumbido amenazante, y aún resuena esporádicamente en Beirut a pesar de la firma del alto el fuego el 17 de abril. Periodistas, socorristas y vecinos —casi todos supervivientes de ataques israelíes— han testificado ante Mediapart en numerosas entrevistas sobre la presencia de drones sobre sus cabezas en el momento de los ataques, encargados de vigilar la zona o de disparar.

Aunque el acuerdo de alto el fuego se ha prorrogado hasta mediados de mayo, Israel nunca ha cesado sus operaciones en el sur del Líbano. Desde el 2 de marzo y la reanudación de la guerra abierta entre ambos Estados, Israel ha matado a más de 2.700 personas, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad libanés, de las cuales unas 385 desde el anuncio del alto el fuego.

A diferencia de lo que ocurrió durante la tregua anterior, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, el movimiento chií parece querer responder esta vez a las agresiones israelíes con drones, cuyos ataques, difíciles de contrarrestar, hacen temer un estancamiento de los combates en el sur.

El ejército israelí ya ha sufrido grandes pérdidas. Según el periódico israelí Haaretz,  en una semana han muerto dos soldados y un subcontratista del ejército y han resultado heridos quince soldados a causa de los drones de Hezbolá.

“Era evidente que Hezbolá iba a estudiar el conflicto y la evolución de la guerra de drones en Ucrania, y que esto se ajustaría perfectamente a sus necesidades”, explica Nicholas Blanford, analista militar afincado en Beirut que colabora con el think tank Atlantic Council. Una fuente de Hezbolá confirmó a Mediapart el uso de drones FPV equipados con fibra óptica, empleados “de manera muy eficaz y a bajo coste”.

Estos drones, ya utilizados esporádicamente por la milicia en 2023 y 2024, son baratos y fáciles de producir localmente. Los componentes electrónicos utilizados, añade esta fuente, se encuentran fácilmente en el mercado, generalmente destinados a uso civil, pero que pueden ser adaptados a fines militares acoplándoles de forma rudimentaria cargas explosivas como granadas o cohetes. Algunas piezas, prosigue la fuente, también se fabrican en el Líbano con impresoras 3D.

Estos aparatos, que a veces funcionan con fibra óptica —un cable de varios kilómetros de longitud que conecta al piloto con el dron y permite eludir las tecnologías de interferencia de ondas—, se han convertido en el arma principal de Hezbolá contra el ejército israelí y son muy difíciles de detectar. “Como se ha visto en Ucrania, ambos bandos, el ruso y el ucraniano, han intentado encontrar medios de defensa contra estos drones. Y resulta bastante sorprendente constatar que los israelíes parecen haber sido pillados por sorpresa por este avance”, añade Nicholas Blanford.

En combates anteriores, en Siria, en 2015, los drones FPV servían a la milicia chií como herramientas de reconocimiento para combatir a los revolucionarios junto a los soldados de Bashar al-Assad. Más recientemente, durante los combates en la frontera sur en 2024, el movimiento, aliado de Irán, utilizaba drones de ala fija, una especie de planeadores equipados con explosivos disparados desde una rampa de lanzamiento para alcanzar un punto preciso.

Según la fuente de Hezbolá, disponen de una amplia gama de drones, utilizados con fines de reconocimiento o para la destrucción de bases militares, y de una unidad destinada a estas operaciones.

Desde hace unos días, han aparecido sistemas antidrones en los vehículos militares israelíes que ocupan el sur del Líbano: redes tensadas similares a las utilizadas en Ucrania. El ejército israelí también ha anunciado el despliegue de drones dotados de inteligencia artificial, capaces de perseguir, capturar y neutralizar en el aire, mediante redes, los pequeños cuadricópteros libaneses. Por el momento, este sistema aún no se ha documentado sobre el terreno.

A pesar de la evidente superioridad tecnológica de Israel, los pequeños drones de Hezbolá se han convertido en un quebradero de cabeza cada vez mayor, sobre todo por razones económicas. "El coste de un simple dron de ataque es de unos 300 dólares”, explica Mounir Shehadeh, general de brigada retirado y excoordinador del Gobierno libanés ante la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el Líbano. Por el contrario, el coste de un misil interceptador oscila entre 50.000 y 100.000 dólares. Esto crea un claro desequilibrio económico".

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que el control de la “línea amarilla” duraría todo el tiempo que fuera necesario, lo que deja entrever una ocupación a largo plazo. ¿Podrían los drones de Hezbolá frustrar esas ambiciones? “A corto plazo, no, no por sí solos”, opina Mounir Shehadeh. Pero a medio plazo, constituyen una herramienta de “desgaste eficaz”, explica, capaz de infligir pérdidas significativas e imponer a Israel una lógica de desgaste económico.

Esta capacidad de resistencia del más débil recuerda en muchos aspectos la situación de los años noventa, un periodo marcado por una guerra de desgaste casi permanente entre Hezbolá e Israel, con el telón de fondo de la ocupación israelí del sur del Líbano. Pero en cualquier momento podría reanudarse una guerra abierta, ya que la prórroga del alto el fuego expira dentro de unos diez días.

Las rondas de conversaciones preliminares entre los embajadores israelí y libanés, aunque altamente simbólicas, no han producido por el momento ningún resultado tangible. Mientras sobre el terreno sigue causando estragos la guerra de drones, se espera una tercera ronda de conversaciones la próxima semana en Washington, supuestamente para allanar el camino hacia un acuerdo de paz duradero.

Traducción de Miguel López

El cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán ha provocado la mayor liberación de reservas estratégicas de crudo de la historia. Sin embargo, mientras los gigantes energéticos alertan de que este salvavidas se esta agotando, surge una duda: ¿qué pasará cuando se acaben estas reservas?

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán ha transformado Ormuz en un muro que asfixia la economía global. Ante esta crisis, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado la liberación coordinada de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Parece una intervención que puede resultar eficaz para calmar a los mercados. Pero no nos engañemos: estamos intentando apagar un incendio con un vaso de agua.

El contexto macroeconómico y geopolítico es sombrío. Durante décadas, los mercados globales operaron bajo la suposición de que Estados Unidos garantizaría siempre el flujo ininterrumpido en el Golfo Pérsico. Esa ilusión se ha roto por completo durante el ultimo mes. Esta crisis nos empuja a un nuevo escenario de acaparamiento por miedo a repetir este shock en la logística internacional de la energía. China, el mayor consumidor mundial, ha liderado silenciosamente esta carrera, acumulando unas reservas de casi 1.400 millones de barriles. Le siguen potencias como Estados Unidos y Japón, con 413 millones y 263 millones de barriles respectivamente. En el nuevo origen geopolítico, el hecho de guardar reservas de petróleo se ha convertido en una pieza clave para la ventaja estratégica del país.

Si analizamos los datos técnicos y financieros, el panorama empeora más todavía. Las grandes multinacionales como Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips ya advierten que la capacidad de amortiguación del mercado está "casi agotado". Los números no mienten: recientemente, el crudo Brent superó la barrera de los 100 dólares, con picos de hasta 126 dólares por barril. Aunque el rescate de la AIE, impulsado por los 172 millones de barriles de Estados Unidos, suena bien, la realidad es que apenas cubre entre tres y cuatro semanas del flujo que se ha perdido durante el conflicto. Esta inyección de liquidez petrolera alivia el nerviosismo de momento, pero no ataca el problema real de la oferta.

Habrá quien argumente, con cierto optimismo, que estas liberaciones masivas han logrado estabilizar el mercado en el pasado, como los 182 millones de barriles inyectados tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Sin embargo, esta visión tiene cierta miopía en cuanto a la dimensión temporal. A diferencia de entonces, hoy no enfrentamos un embargo selectivo, sino el cierre físico de la principal vía del sistema energético mundial. Lejos de transmitir tranquilidad, algunos analistas advierten que esta intervención ha sido interpretada como una señal de "pánico" por los inversores. Al vaciar ahora nuestra despensa de petróleo, que en el caso estadounidense caerán a niveles críticos no vistos desde la década de 1980, nos estamos quitando ese colchón que en teoría nos iba a mantener en una situación de cierta tranquilidad una vez la producción de petróleo comenzará a declinarse.

En conclusión, la guerra en Irán nos ha arrebatado nuestra red de seguridad energética. El mundo se enfrenta a una dura lección que pagaremos cara: las reservas estratégicas son, en el mejor de los casos, parches temporales ante conflictos bélicos como el que estamos viviendo en la actualidad. Si no se restablece pronto el libre tránsito por Ormuz, la acumulación que vaticinan los expertos disparará los precios a niveles asfixiantes y prolongados. No podemos seguir financiando nuestro ritmo de vida quemando los ahorros del pasado. Nos acercamos muy peligrosamente al consumo total de nuestro “colchón petrolífero”. Cuando demos cuenta de que no podemos tirar de esas reservas, nos empezaremos a preocupar por el futuro del sistema tal y como esta planteado desde hace más de 2 siglos. Es el momento de despertar.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

La guerra ya no empieza cuando avanzan los tanques. Empieza antes: cuando un Estado convierte la inseguridad en principio de gobierno, cuando la frontera deja de ser límite y pasa a ser filtro de humanidad, cuando la excepción se vuelve método y la amenaza organiza presupuestos, alianzas, tecnologías y obediencias. La guerra contemporánea no solo combate enemigos: fabrica el mundo en el que esos enemigos resultan políticamente necesarios.

El gran error consiste en seguir buscándola solo en el campo de batalla. Hoy la guerra opera también como arquitectura estratégica: selecciona territorios sacrificables, jerarquiza vidas, redefine cadenas logísticas, militariza infraestructuras críticas, acelera la vigilancia y transforma la seguridad en la gramática superior del poder. No irrumpe desde fuera del orden; cada vez más, administra el orden desde dentro.

Por eso el verdadero casus belli ya no es únicamente una agresión visible. Puede ser una narrativa de cerco, una percepción de vulnerabilidad, una disputa por corredores energéticos, una batalla por el control del dato, una doctrina preventiva, una economía entera reconfigurada por la anticipación del conflicto. La guerra ha dejado de ser solo una decisión militar: es una forma de leer el planeta, de repartir riesgos y de decidir quién merece protección y quién puede quedar expuesto.

En esa mutación reside su potencia más inquietante. La guerra no destruye únicamente ciudades; simplifica la realidad. Reduce la complejidad a amenaza, la política a alineamiento, la prudencia a debilidad, la discrepancia a sospecha. Donde se impone la lógica guerrera, el poder gana velocidad, pero el mundo pierde espesor. Todo debe clasificarse de inmediato: aliado o enemigo, seguro o peligroso, defendible o descartable.

La cuestión decisiva ya no es solo cómo evitar la guerra, sino cómo impedir que la guerra se convierta en la racionalidad ordinaria del gobierno. Porque cuando la seguridad absorbe toda legitimidad, la paz deja de ser convivencia y pasa a ser mera administración del miedo. Y entonces la guerra, incluso sin disparos, ya ha vencido. 

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Juan Carlos Sanz Miguel es socio de infoLibre.

Una de las empresas tecnológicas con mayor influencia política y estratégica en EEUU, Palantir, acaba de poner sobre la mesa su hoja de ruta en un manifiesto de 22 puntos en el que habla sin tapujos de lo que creen que debe ser el futuro: guerra tecnológica, militarización, poder duro, eliminación paulatina del Estado y defensa de la “cultura” occidental. Esto puede parecer una simple estrategia de marketing, pero Palantir tiene el poder suficiente para llevar sus ideas a la práctica.

Hace unos días, Palantir Technologies, la multinacional estadounidense de software especializada en análisis de macrodatos y la industria de la guerra, publicó en la red social X un mensaje que servía como carta de presentación del libro que publicó el CEO de su compañía, Alexander C. Karp, junto a Nicholas W. Zamiska, jefe de Asuntos Corporativos y asesor: The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West (2025). 

Pero, ¿por qué debería preocuparnos lo que pueda escribir el CEO de Palantir en un libro? Esta no es una empresa de capital privado al uso. Palantir, el año pasado, facturó cerca de 4.500 millones de dólares y colabora codo con codo con el ejército de EEUU, la CIA, el ICE, la policía de Nueva York e incluso con países como Israel, Ucrania o Reino Unido, entre otros.

Palantir Technologies fue fundada en 2003 en Silicon Valley a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Alexander Karp, un joven inversor en startups, se asoció con su excompañero de estudios Peter Thiel, miembro de la conocida “PayPal mafia” (junto a otras caras conocidas como Elon Musk o Reid Hoffman), para involucrarse en la gestión de la seguridad y la privacidad de EEUU a través de los datos.

Desde su lanzamiento, la compañía ha estado en constante colaboración con el Gobierno de EEUU. Desde la CIA, la NASA o el FBI hasta el Departamento de Defensa, el ICE o el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). De hecho, la empresa ha estado siempre presente en los planes de la Casa Blanca: proveyó de software al ejército para las misiones militares de EEUU en Irak y Afganistán, colaboró con el Gobierno en el manejo y distribución de datos sanitarios en la pandemia de la COVID-19 y desarrolló tecnología para la identificación y deportación de migrantes durante las redadas del ICE. 

La de Palantir y el Gobierno de EEUU es una simbiosis perfecta. De hecho, el gran culpable del éxito de la compañía de software no es otro que Washington, quien ha regado a Palantir de contratos federales. El último, en febrero de este mismo año, por valor de 1.000 millones de dólares, firmado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para funciones que van desde el control migratorio hasta la “prevención del terrorismo”. En una carta abierta a los inversores de Palantir publicada el 2 de febrero, Karp reconoció que “el negocio comercial en EEUU está creciendo a un ritmo asombroso” tras generar 507 millones de dólares el anterior trimestre con un aumento del 137% respecto al del año anterior. 

Palantir provee distintas plataformas de software dedicadas a diferentes nichos de mercado: Foundry, por ejemplo, está dedicada a la gestión y análisis de datos, mientras que Gotham está hecha para el campo de batalla.

La multinacional de Silicon Valley ha estado y está involucrada también en los diferentes conflictos entre EEUU y Oriente Medio. En Irak o Afganistán, Gotham se ha utilizado para identificar redes terroristas, prever sus movimientos o desencadenar ataques dirigidos. Ucrania le ha servido también a su sistema de software como campo de pruebas para desarrollar más tecnología para la guerra. En enero de 2024, Palantir estableció una “asociación estratégica” con el Ministerio de Defensa israelí que se puso en marcha durante el genocidio en Gaza, como reconoció en un foro el propio Karp quien, cabe destacar, es de origen judío.

Ahora, durante el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, Palantir está consiguiendo logros militares que hace años eran impensables. Solo en los cuatro primeros días de ofensiva, Estados Unidos aseguró haber alcanzado más de 2.000 objetivos en territorio iraní. En Siria fueron necesarios seis meses para alcanzar esa misma cifra.

“¡Si el Mal pudiera tuitear, esto es lo que diría!”, afirmó el profesor de Economía y exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, en un mensaje respondiendo al manifiesto de Palantir. El post que publicó la compañía en X recoge extractos del libro de Karp en los que resume, no solo los planes de la propia empresa, sino el futuro de lo que algunos politólogos ya denominan “autoritarismo tecnológico”.

El texto enumera, en 22 puntos, una visión crítica hacia la deriva de Occidente y el papel que comienza a jugar la tecnología en el tablero geoestratégico. Para Palantir, Silicon Valley, tiene la “obligación moral” de priorizar la defensa nacional mediante el uso de “poder duro” y el desarrollo de una inteligencia artificial que se integre en el aparato estatal. 

El manifiesto sigue la ruta marcada por los discursos de extrema derecha como la remilitarización de Europa, la intolerancia hacia el pluralismo o el ultranacionalismo, pero con una derivada tecnológica que, según Darío García de Viedma, investigador del Real Instituto Elcano en el ámbito de política tecnológica y digital, refleja uno de sus papeles principales: “Proteger los intereses nacionales de EEUU y su posición dominante”.

“La lógica es que la posición dominante de Estados Unidos se apoya, en parte, en sus capacidades de software. Para evitar que China ponga en riesgo esa posición, busca mantener su liderazgo tecnológico en este ámbito”, explica a infoLibre García de Viedma. Cuenta, además, que el caso de Palantir es complejo debido a la opacidad con la que opera la compañía: “Es una empresa muy opaca, no solo por las restricciones derivadas de sus contratos con defensa, sino también porque esa opacidad protege su valor en bolsa”. 

En cuanto al manifiesto, el experto explica que “algunos elementos del texto pueden resultar chocantes”. Es curioso, comenta, que “su discurso mantiene la aversión por la diversidad, el supremacismo de la cultura estadounidense y el militarismo, pero desde el reconocimiento de la legitimidad del Estado”. 

Pero, ¿puede una democracia sostener un modelo donde actores privados controlan capacidades estratégicas? Para el investigador de Elcano “estas empresas actúan como uno de los principales brazos del posicionamiento de EEUU en el mundo. A través de ellas, se posiciona como líder, al menos entre sus aliados y en parte del Sur Global, gracias a la penetración de sus empresas de software y hardware”. 

“Washington sabe que sus empresas son necesarias para el funcionamiento de nuestra economía y nuestras instituciones, y puede utilizar esa dependencia en negociaciones comerciales o incluso en cuestiones de seguridad”, añade. 

El mensaje de Palantir levantó un gran revuelo en redes tras su publicación. Muchos argumentaron que el manifiesto se había convertido en uno de los textos ideológicos más relevantes de este siglo, otros, en cambio, le restaron importancia. “El manifiesto de Palantir es importante porque explicita por primera vez una doctrina política y tecnológica coherente desde los intereses de una empresa de software militar”, cuenta a infoLibre José Manuel Corrales, profesor de Economía, Empresa y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea (UE). 

“Hay que recordar que Palantir es contratista estratégico en EEUU, Israel, Reino Unido y diversas agencias de seguridad y inmigración. Por tanto, no estamos ante una opinión abstracta, sino ante un una muy fundamentada en lo que es el complejo militar industrial de Estados Unidos y del mundo occidental”, explica Corrales. 

Pero, ¿cuál es el verdadero proyecto de Palantir? Corrales argumenta que “lo que emerge es un nuevo complejo tecno militar corporativo con empresas privadas diseñando infraestructuras clave de seguridad y estados convirtiéndose en clientes”. Y es precisamente por eso por lo que “nos debemos tomar muy en serio este manifiesto”, subraya. 

“Ya no es un plan secreto, sino que expresa claramente la ideología de una empresa con importante influencia real y que busca normalizar que las grandes tecnologías definan el futuro de la guerra, la seguridad y la política en el nuevo orden internacional”, concluye Corrales. 

El domingo 12 de abril, Donald Trump publicó en su red social personal una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía con túnica blanca y capa roja, rayos saliendo de sus manos, sanando a un enfermo sobre una camilla. La imagen generó una ola inmediata de críticas, incluso entre conservadores cristianos y evangélicos, y Trump la borró al cabo de unas 12 horas, aunque ya era demasiado tarde para contener el escándalo. Días después publicó una nueva imagen en la que Jesús lo abrazaba, esta vez sin borrarla, con la apostilla de que a los “extremistas de izquierda” quizá no les gustaría, pero que a él le parecía “bastante guay”.

Más allá de las anécdotas que cada vez más nutren la política-espectáculo americana, esta publicación está en el núcleo de una disputa que lleva semanas escalando y en la que Trump ha llamado a León XIV “débil” y “terrible para la política exterior”, ha afirmado que el papa “no estaba en ninguna lista para ser papa” y que solo fue elegido porque era estadounidense. El pontífice respondió desde el avión que lo llevaba a África con una frase que resume bastante bien el choque: “No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio”.

Este intercambio verbal, sin precedentes entre un presidente de EEUU y un papa, ha revelado una fractura mucho más profunda que separa a dos familias de la derecha cristiana que llevan décadas conviviendo en el mismo campo político y que ahora se descubren, en el fondo, con proyectos incompatibles.

La derecha evangélica radical que sostiene el trumpismo tiene una lógica propia y coherente. El líder político no necesita ser un cristiano ejemplar en el sentido clásico del término: lo que importa es que sea eficaz en la guerra cultural, que defienda la nación de sus enemigos —el inmigrante, el progresismo, el islam, el woke— y que proteja las posiciones del conservadurismo moral en el Estado.

La fe funciona aquí como identidad y como ariete, no como marco doctrinal que impone límites al poder. Por eso las imágenes de Trump como Cristo no generan en ese ecosistema el mismo rechazo que en otros: la frontera entre símbolo religioso y símbolo político se ha vuelto deliberadamente porosa. De ahí que quienes asumen estas formas de entender la religión abrazan a Trump rezando en el Despacho Oval en imágenes que se han convertido ya en iconos de una teocracia aspiracional genuinamente norteamericana.

La derecha católica, en cambio, opera con otra arquitectura intelectual. Comparte con el evangelicalismo conservador la preocupación por la familia, el rechazo al aborto y la desconfianza hacia el secularismo agresivo, pero se mueve dentro de una tradición que tiene sus propias reglas: la doctrina social, el bien común, la subsidiariedad, la dignidad de la persona. Y sobre todo cuenta con una institución global —la Iglesia— que tiene su propia diplomacia, sus propias posiciones y su propia pretensión de hablar con autoridad moral independiente del Estado. Eso es exactamente lo que Trump aparentemente no soporta y lo que León XIV no está dispuesto a sacrificar.

“Trump no debate con León XIV: le ruega que se repliegue a un lenguaje que él pueda dominar. Pero el papa habla otro lenguaje, uno que se niega a reducirse a la gramática de la fuerza, de la seguridad, del interés nacional”, declaró a CNN Antonio Spadaro, sacerdote jesuita, teólogo y periodista italiano muy vinculado al papa Francisco.

El choque con el papa ha puesto bajo luz ultravioleta las grietas que recorren el Partido Republicano y el movimiento MAGA.

La primera línea de fractura es la más obvia: la electoral. Dos sondeos realizados antes de que Trump atacara al papa mostraban que los católicos le apoyaban en mayor proporción que el conjunto de los votantes —un 42% de aprobación entre católicos frente al 35% en el total de adultos en una encuesta de CNN, y un 48% frente al 38% entre votantes registrados según Quinnipiac—, ventaja que ahora está en riesgo. El profesor Ryan Burge, de la Universidad de Washington en San Luis, lo resumió así: “La mayoría de los católicos adoran a León XIV y están consternados de que alguien vaya a por él de esta manera”. Con las elecciones de mitad de mandato en el horizonte de noviembre, los estrategas republicanos tienen razones para estar inquietos.

La segunda fractura es institucional. El arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, confesó su desaliento por “que el presidente haya elegido escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre” y recordó que “el Papa no es su rival, ni es el Papa un político”. 

Pero lo más revelador no fue la reacción de los obispos progresistas, sino la de figuras del conservadurismo católico que hasta ahora habían guardado silencio o apoyado a Trump. El obispo Robert Barron, de Winona-Rochester, uno de los comunicadores católicos conservadores más influyentes, calificó los comentarios de Trump de “completamente inapropiados e irrespetuosos” y afirmó que “el presidente le debe una disculpa al Papa”. Cuando Trump pierde a Barron, se queda sin algo más que un aliado incómodo: deja escapar la cobertura intelectual del catolicismo conservador.

La tercera fractura es la más profunda, porque afecta al núcleo doctrinal del movimiento. El vicepresidente J.D. Vance —converso al catolicismo en 2019— y el presidente de la Cámara, Mike Johnson —evangélico—, salieron a defender la guerra contra Irán como una “guerra justa” en términos teológicos, mientras pedían al papa que se limitara a “cuestiones de moral” y dejara la política exterior a los políticos. 

La paradoja es tan gruesa que resultaría cómica si no fuera tan reveladora: la misma administración que exige al pontífice que no juzgue guerras lleva semanas enmarcando el conflicto con Irán como una cruzada bendecida por Dios, con Pete Hegseth, el secretario de Defensa, invocando a la divinidad en servicios religiosos en el Pentágono y Trump afirmando que “Dios quiere ver a la gente cuidada” para justificar los bombardeos.

Vance llegó a reprender al líder espiritual de 1.400 millones de católicos —incluido él mismo— por sus supuestos errores de teología sobre la doctrina de la guerra justa, tergiversando de paso lo que el papa había dicho realmente. El obispo James Massa, de la Conferencia Episcopal, tuvo que salir a corregir la distorsión. La escena de las últimas semanas ha incluido al vicepresidente dando lecciones de doctrina al papa y a Pete Hegseth citando como escritura sagrada frases que resultaron proceder de Pulp Fiction.

Todo esto muestra que no estamos exclusivamente ante un conflicto político. Es la colisión entre una religiosidad de identidad —instrumental, tribal, al servicio del líder— y una tradición institucional que lleva siglos construyendo una arquitectura moral independiente del poder. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, pidió al presidente que “deje a la Iglesia en paz”. La senadora republicana Susan Collins, católica, calificó los comentarios de “ofensivos e inexplicables” y recordó que Trump “no debería tratar al Papa como a un rival político”. Que esas voces existan dentro del Partido Republicano certifica la fractura.

Pero las grietas no se detienen en las fronteras de Estados Unidos. Giorgia Meloni, primera ministra italiana y hasta ese momento la aliada europea más cercana a Trump, emitió un comunicado en el que calificó sus palabras hacia el papa de “inaceptables” y recordó que el pontífice tiene plena legitimidad para abogar por la paz y condenar toda forma de guerra. La respuesta de Trump fue instantánea: “Es ella la inaceptable”. En pocas horas, el conflicto con el papa había costado a Trump su principal puente con la derecha europea.

Si hay un terreno donde esa diferencia se vuelve irreconciliable, es la inmigración. Para Trump y para la derecha radical que lo imita en Europa, el migrante es ante todo una amenaza: para la identidad, para la seguridad, para el empleo, para la cultura. El endurecimiento de fronteras, las deportaciones masivas y la criminalización del irregular son la respuesta natural a ese diagnóstico. Para la Iglesia católica, en cambio, la cuestión migratoria no es táctica, sino doctrinal. El migrante es una persona con dignidad innata, y la tarea pastoral no puede subordinarse a la lógica del orden público.

León XIV lo ha dicho sin ambages. Ha advertido que las deportaciones masivas terminarán “mal” y ha cuestionado que quienes se declaran “provida” pero aceptan el trato inhumano a los migrantes puedan llamarse así. Es una afirmación incómoda que pone en evidencia la incoherencia de un conservadurismo que defiende la vida en el útero y acepta su deshumanización en la frontera.

Esta tensión no es nueva, pero se ha agudizado. Para Blandine Chelini-Pont, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Aix-Marsella y experta en religión y política internacional, las declaraciones de León XIV se enmarcan dentro de la tradición vaticana de actuar según un sentido moral contra las guerras y los abusos del poder, y no como intervención política partidista. El problema es que en el mundo de Trump —y en el de sus epígonos europeos— esa distinción no existe: si la Iglesia critica sus políticas, la Iglesia es un actor político hostil.

Mientras buena parte de Europa endurece sus posiciones migratorias y la retórica de la deportación se normaliza en varios gobiernos del continente, España ha ido en la dirección contraria. El Gobierno ha aprobado una regularización extraordinaria que previsiblemente beneficiará a centenares de miles de personas, respaldada de forma explícita por la Conferencia Episcopal y por Cáritas, que la han presentado como una exigencia de justicia social. La derecha radical la ha denunciado como un riesgo para la seguridad y perjuicio para los nacionales, mientras los obispos insisten en que solo afecta a personas ya presentes en el país. A esa bandera Vox y el PP han sumado la apuesta por la segregación, a la que han bautizado con el eufemismo de “prioridad nacional”.

En España, la Conferencia Episcopal se ha convertido en un muro infranqueable para la derecha radical en la cuestión migratoria. Vox, que intenta presentarse como el partido “católico y patriótico” por excelencia, choca frontalmente con los obispos cuando estos defienden la acogida de migrantes. Esa paradoja —la derecha más identitaria enfrentada a la institución cuya identidad dice defender— es una de las grietas más reveladoras de la política española actual.

El politólogo de la Universidad Carlos III Pablo Simón ha apuntado un matiz que importa: los católicos tienden a votar conservador-tradicional, pero no necesariamente a la extrema derecha. En la práctica, eso significa que la Iglesia como institución no es movilizable sin más por la derecha radical, porque arrastra una tradición doctrinal que se resiste a quedar subsumida en la lógica de la guerra cultural. Y esa doctrina impulsada por el papa —que habla de la inmoralidad de la guerra y de la protección de los migrantes— tiene todo el potencial de llegar a los católicos prácticamente en cada celebración religiosa. 

En este contexto hay que leer la visita de León XIV a España, con paradas en Madrid, Barcelona y —aquí está la clave simbólica— las Islas Canarias, donde el pontífice tiene previsto reunirse con migrantes que han llegado en patera a través de la principal ruta de entrada al continente europeo desde África. El papa se sitúa en la frontera real, en el punto exacto donde la derecha radical construye su relato del miedo, y dice con el gesto que esa frontera es un lugar de humanidad, no de amenaza.

León XIV ya había advertido a los obispos españoles sobre la amenaza que representa la extrema derecha para los valores democráticos, en una señal de que el Vaticano sigue de cerca la reconfiguración de la política europea. Ha descartado además visitar Estados Unidos este año, una ausencia que se lee como un gesto de distancia deliberada hacia la administración Trump, y eligió en cambio África y España como destinos. El mensaje geopolítico es difícil de malinterpretar: el primer papa estadounidense de la historia se niega a ser el capellán del trumpismo.

Lo que este conflicto muestra es que la religión ya no funciona como elemento cohesionador de la derecha, sino como uno de sus principales ejes de fractura. Durante décadas, el conservadurismo occidental pudo presentar una coalición más o menos estable entre evangelicales, católicos y creyentes de distinto signo, unidos por la defensa de valores morales tradicionales frente al progresismo secular. Ese frente común se está resquebrajando.

La razón es que el trumpismo ha radicalizado las exigencias de esa coalición hasta un punto que la doctrina social católica no puede seguir. Aceptar que las deportaciones masivas son compatibles con el evangelio, que criminalizar al migrante es una política cristiana o que el presidente puede autorrepresentarse como Cristo sanador sin que eso merezca condena es demasiado para una institución que lleva siglos construyendo una teología que predica la dignidad humana.

Esta vez, incluso entre conservadores cristianos y evangélicos, la imagen de Trump como Cristo ha generado rechazo. Eso dice algo importante: los límites existen, aunque estén siendo empujados con una agresividad sin precedentes. La visita del Papa a Canarias, coincidiendo con la regularización de personas en España, no es solo un acto pastoral. Es una declaración de que hay una forma de entender la fe —más antigua, más institucional, más incómoda para el poder— que no se deja domesticar por ningún líder político, por muy poderoso que sea.

La imagen de Trump con los rayos en las manos duró 12 horas en internet. El debate sobre qué significa ser cristiano en la política del siglo XXI va a durar bastante más.

Cuando yo tenía dieciocho, en una siesta de verano al sur, soñé con La mujer habitada, una novela que firmaba una mujer de nombre exótico y rotundo y que me hablaba de cosas que nadie me había contado todavía. De la revolución, de nuestro cuerpo, de rebeldía, de la historia antigua de América Latina. Cómo de lejos estaba Nicaragua entonces de mi ignorancia. Aquel libro me había devorado, o yo a él, como a una naranja del árbol de Lavinia. Y lo soñé.

Pasaron los años, y quiso la tiranía que Gioconda viviera en mi ciudad. Hoy habita el centro de Madrid con alegría, con palabra, con compromiso. Está en el exilio desde que, en 2022, no pudo regresar a Managua, su ciudad, a Nicaragua, su país, despojada de su nacionalidad, de su gente y de las cosas de su vida. Tiene pasaporte español, como otros compatriotas suyos, otorgado por carta de naturaleza, y vive aquí, alejada de aquel corazón salvaje centroamericano, de los pájaros que cruzan su recorte de cielo, de esa extensión de selva, de valle y de montaña tensada por un nuevo dictador. "Uno no elige el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido". No es su primer exilio. A mediados de los setenta fue perseguida y tuvo que salir del país a México y Costa Rica por su militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Vivió la clandestinidad, la guerrilla, vio caer a los amigos. Ayer mismo recordaba al compañero al que ella le dijo que cómo iba a participar en la lucha armada si tenía hijas. Por ellas, para que tus hijas no tengan que hacerlo, le respondió. Y así se convenció del camino. La revolución triunfó en 1979 y la dictadura de Somoza cayó en el pozo de la Historia. 

La deriva autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aquel que fue uno de los nueve comandantes de la revolución, ha sacado a Gioconda y a otros cientos de miles de nicaragüenses del país, entre ellos, también al premio Cervantes y excompañero de Ortega en la Junta de Gobierno, Sergio Ramírez, que también camina Madrid. Ortega exilia, encarcela, vigila, aísla y usa la represión y la violencia para controlar el país. 

Dice Gioconda que ya no cree en la lucha armada. Que aquello ya fue. Quizá crea hoy en la palabra. Seguro, en el amor al otro. Estoy segura de que, como en el título de sus memorias, El país bajo mi piel, sigue llevando consigo, bajo ese pelo salvaje que tiene, un equipaje emocional de lo que significó participar en aquello, para la Historia y para su escritura. En su última novela, Un silencio lleno de murmullos, es la hija de una guerrillera quien ajusta ausencias con la madre revolucionaria. Esa culpa que cargan las madres todavía. La maternidad, como la guerrilla, es otra revolución. Íntima y política. Vital y social. 

De la literatura de esta autora, de la que tanto aprendí entonces sobre la sensualidad y la confianza en la energía que guarda nuestro centro de carne y hueso, me quedo con la posición desde la que lanza su palabra a la página: del cuerpo de una también nace la libertad. Los cuerpos son asuntos políticos. Los nuestros, de las mujeres, más aún. 

Estamos Gioconda y yo hoy en una isla juntas, a la que nos han traído a hablar de libros y escrituras. Y, aunque no es esta la primera orilla que habitamos, nos sentamos junto al mar después de comer y hablamos y hablamos bajo la luz brillante y saturada de este lugar de fuertes vientos. Y me acuerdo de aquella chiquita de dieciocho que se atrevió a soñar con escribir porque mujeres como Gioconda lo hacían. Que ponían su nombre y su cuerpo en la literatura. Gracias por todas tus revoluciones, pero también por esa.

El director de la Agencia Internacional de la Energía volvió a insistir este martes en que el mundo afronta "la mayor crisis energética de su historia". Pese al escenario extremo que dibuja el mayor portavoz global en esta materia, los hogares y empresas occidentales tienen acceso sin problema a la gasolina, el gas y la electricidad, aunque a un precio notablemente mayor que hace dos meses. Donde realmente se está viviendo ya la escasez es en Asia. Allí, decenas de millones de habitantes ya viven bajo un intenso racionamiento de energía que, a nivel global, ya supera con creces al de la gran crisis económica de 2008.

Desde comienzos de marzo se han multiplicado en Bangladesh y en Corea del Sur las colas interminables de coches y motos para repostar en gasolineras, mientras que en Pakistán se han producido en abril cortes parciales de luz, con fábricas que llegan a estar apagadas durante ocho horas al día por la escasez de gas natural, necesario para producir luz.

El Gobierno de Filipinas declaró en marzo la emergencia nacional energética durante un año, y numerosas aerolíneas regionales han reducido su actividad por el coste del queroseno. En total, siete países asiáticos han impuesto ya el teletrabajo obligatorio, cinco están racionando la venta de combustible y varios de ellos tienen edificios públicos cerrados para ahorrar energía.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, en inglés), en su informe de abril publicado la semana pasada, ya puso cifras al cierre de Ormuz: pronostica que la demanda global de petróleo caerá en 1,5 millones de barriles diarios en abril, un recorte del 1,5% frente al mes anterior. A lo largo de todo el año se espera una reducción del consumo de 100.000 barriles diarios, que puede parecer pequeña, pero es que un mes antes la IEA calculaba un incremento total de la demanda de 700.000 barriles diarios en 2026.

Los cálculos de expertos de empresas privadas van muchísimo más allá. Un análisis del banco JPMorgan estimaba esta semana que el recorte global de la demanda de petróleo ha sido en abril de 4,3 millones de barriles diarios de crudo, prácticamente tres veces más de lo que calcula la IEA y una cantidad absolutamente astronómica. "Para ponerlo en contexto, en el pico de la crisis económica de 2009, la demanda global se redujo en 2,5 millones de barriles", añaden los analistas del banco estadounidense.

Por regiones, la IEA, un órgano dependiente de la OCDE, asume que la mayor parte del recorte vendrá de los países de Oriente Medio, pero no porque la población no tenga acceso al combustible, sino porque la aviación está prácticamente congelada en Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait debido al conflicto, y el tráfico aéreo se ha desplomado en Emiratos Árabes y Qatar. En el sudeste asiático no deberían escasear por ahora la gasolina ni el diésel de manera generalizada, pero sí el gas natural licuado y el GLP (el gas utilizado para cocinar), que llegan en enormes cantidades desde el Golfo.

El informe de JPMorgan también ubica en Oriente Medio el mayor recorte de consumo energético, seguido de Asia, y matiza que ya se observa una brecha entre países ricos de esa región, que pueden comprar combustibles más caros, como Japón, frente a otros que quedan "desbordados por los precios". Este banco sitúa las siguientes víctimas en África, donde también dependen de materias primas del Golfo. Entre Oriente Medio, Asia y África suman el 87% de la caída de la demanda global de crudo de abril de 4,3 millones de barriles.

Aun así, esa bajada tan brutal del consumo ni siquiera es capaz, según el informe de JPMorgan, de compensar la caída de la producción global de petróleo: sigue habiendo un desajuste de 2,3 millones de barriles diarios entre oferta y demanda. "Esto es demasiado para ser absorbido por países emergentes. Europa y Estados Unidos tendrán que participar [de ese recorte]", valoran los expertos.

Es por ello que esta entidad vaticina que los precios de la energía seguirán subiendo en Occidente, ya que con el coste actual de la gasolina, el gas o la electricidad, los países ricos siguen consumiendo sin prácticamente recortes de demanda. A esto hay que sumar que 16 países europeos subvencionan ya los combustibles debido a la crisis, entre ellos España, una manera de apoyar a la población, pero que mantiene la demanda artificialmente alta, engordando el problema del abastecimiento, según los expertos.

La industria asiática ha colapsado por varios frentes debido a la subida de costes de la energía y las materias primas. La prensa regional recoge, por ejemplo, un desabastecimiento de guantes de goma en hospitales por el encarecimiento de la nafta, un derivado del petróleo necesario para fabricar plásticos. El déficit de nafta afecta, de hecho, a toda clase de cadenas de producción: desde ropa a bolsas de plástico, pasando por la industria del maquillaje o la producción de microchips.

La primera línea del racionamiento recae sobre Asia porque sus países son extremadamente dependientes de los combustibles que salen del estrecho de Ormuz, ahora prácticamente cerrado. India, el país más poblado del mundo, importa históricamente el 90% de su crudo, y más del 40% de esa cifra llegaba hasta ahora de Oriente Medio. También llegaba de esta región el 98% del petróleo que necesita Filipinas, el 61% de Corea del Sur o el 60% de Tailandia.

Un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional advierte de que estas naciones no solo dependen enormemente del crudo de Arabia Saudí, Kuwait o Irán, sino que sus economías necesitan quemar mucho más combustible que Occidente para mantenerse en funcionamiento porque apenas tienen energías renovables. La Unión Europea destina poco más del 2% de su PIB a importar gas natural y petróleo, mientras que Asia destina aproximadamente el 4%. En Singapur, Tailandia y Corea del Sur esa dependencia alcanza entre el 6% y el 8% del PIB total.

"Asia es el principal comprador del petróleo y del gas que se transportan a través del estrecho de Ormuz y esto supone un shock directo sobre las refinerías, las plantas eléctricas y las fábricas", escriben Andrea Pescatori y Krishna Srinivasan, colaboradores del FMI. "Las interrupciones en el suministro de fertilizantes, productos petroquímicos, helio o azufre aumentan además el riesgo de que se produzcan perturbaciones más generalizadas en la cadena de suministro si el conflicto persiste", añaden.

Naciones Unidas publicó la semana pasada que la guerra en Irán va a vapulear las economías de Asia y del Pacífico, que perderán entre 100.000 y 300.000 millones de dólares, principalmente por el encarecimiento de la energía. El organismo estima también que 8,8 millones de personas entrarán en el umbral de la pobreza en la región. Como en el análisis del FMI, la ONU enfatiza que la región es extremadamente dependiente del petróleo y calcula que 33 de los 36 países estudiados en Asia y Pacífico son "altamente vulnerables" a la inflación de los combustibles.

Cada día que pasa parece más claro que la crisis energética no será pasajera, sino que afectará al bolsillo de los hogares durante muchos meses más. El impacto en las gasolineras es evidente y la luz se ha encarecido respecto a febrero, pero el gas natural todavía se mantiene contenido porque la demanda en primavera es escasa. Sin embargo, ACER, la organización de reguladores europeos de energía, ha advertido este jueves que en otoño e invierno el recibo del gas subirá con fuerza y, por lo tanto, también el de la electricidad.

La razón es que la Unión Europea debe recargar una cantidad ingente de gas en sus inventarios en los próximos siete meses en mitad de lo que la Agencia Internacional de la Energía considera la mayor crisis energética de la historia. En este momento, el nivel medio de los almacenes de gas en Europa es del 31% y, en teoría, hay que alcanzar el 90% antes del 1 de diciembre, aunque ese objetivo es flexible.

ACER, un grupo del que forma parte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha advertido este jueves que cumplir con esa meta será este año más caro y más difícil. Principalmente porque la competencia por el gas será mayor en todo el mundo ante la pérdida del gas catarí por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde el año pasado cruzó el 7% del gas natural licuado que llegó a Europa por barco (el conocido como GNL), así como el 20% del GNL global.

"Recargar los almacenes hasta su capacidad máxima será más costoso y complicado en un mercado del GNL en competencia. Los precios a plazo de principios de abril de 2026 indican que esas importaciones de GNL llegarán a un coste algo superior al de años anteriores", afirman los reguladores en su último informe de monitorización del gas, publicado este jueves.

En concreto, calculan que el coste de la recarga podría aumentar entre 10.000 y 15.000 millones de euros en el invierno de 2026 si los precios del gas de referencia europeo (el conocido como TTF) se estabilizaran en 50 euros/MWh. En este momento el mercado de futuros del gas marca un precio de 44 euros/MWh para la segunda mitad del año, aunque ese valor cambia cada día con las nuevas noticias que llegan desde el Golfo. Antes de la guerra, el TTF cotizaba en esos meses a unos 31 euros/MWh, pero ha subido un 39% en menos de dos meses. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista de Energía en Europa en el Instituto de la Economía Energética y el Análisis Financiero (IEEFA), opina que esta crisis es un enorme toque de atención para Bruselas, que tras la crisis energética de 2022, provocada por el corte de la mayor parte del suministro de gas ruso, decidió buscar nuevos vendedores de gas en el resto del mundo. "Creyeron que la solución era diversificar las compras de gas, pero depender de otros nos ha vuelto a hacer vulnerables. Hay que apostar por la electrificación y las energías renovables", opina la experta.

Otra de las razones que apuntan al encarecimiento del gas este año, según ACER, es que en 2026 los almacenamientos de gas han llegado raquíticos a la primavera, en su nivel más bajo en nueve años, porque el invierno ha sido especialmente frío.

Los reguladores calculan que para cumplir con ese 90% de llenado en invierno hay que mantener "elevada" la entrada de gas por tubería y las compras de GNL tienen que ser un 13% superiores al año pasado. Todo esto, en un escenario de extrema competitividad global por el combustible debido al cierre de Ormuz.

Un tercer factor que complicará la logística, aunque menos importante que los anteriores, es que desde que comenzó la guerra, el gas en Asia tiene un importante sobreprecio sobre el valor del TTF europeo, de entre 5 y 10 euros MW/hora –un premium histórico–, porque en esa región la desesperación por el combustible es mayor. Esta situación podría llevar a que los metaneros "se vean más atraídos por Asia este verano", dificultando todavía más el aprovisionamiento europeo, según el informe de ACER.

España está en principio mucho mejor preparada que otros países de Europa porque sus tres almacenes subterráneos de gas natural están por encima del 60% de capacidad, aunque esto no garantiza que en la península el gas sea más barato que en Países Bajos o Grecia porque el combustible que se almacena en estos depósitos pertenece a compañías privadas que pueden revenderlo a terceros países si esa práctica es más rentable que destinarlo al consumo interno. 

El encarecimiento del gas natural para el consumidor español se puede notar de dos maneras. Si el hogar tiene una tarifa libre, esa subida puede llegar cuando se actualice el precio según lo establecido en el contrato, que suele ser de 12 meses. Incluso puede que ya se haya encarecido en las últimas cuatro semanas. En el caso de la tarifa regulada (conocida como TUR de gas), cuyo precio se actualiza trimestralmente, la fecha clave es el 1 de octubre. Entonces sufrirá el gran repunte porque en ese momento su cálculo incorpora un sobrecoste llamado gas estacional, un concepto que se añade durante los meses de frío.

Esta inflación también afecta al precio de la luz, y de manera mucho más rápida porque las compañías dueñas de las centrales de ciclo combinado (las que generan electricidad con gas) trasladan el encarecimiento de la materia prima al precio de la energía que producen. El sistema de fijación de precios diario mediante subasta limita que en primavera haya un fuerte repunte en la luz, pues las renovables marcan el precio en la mayor parte de las horas, pero durante la noche sí que se nota esa subida. Como en el caso del gas, ese cambio es solo para los clientes con contrato regulado, porque el precio de las tarifas libres depende exclusivamente de lo pactado con la comercializadora.

La Comisión Europea es consciente de la tormenta que se está formando alrededor del precio del gas natural de cara al invierno y este miércoles presentó su paquete AccelerateEU, que impulsa la coordinación de la gestión del gas natural y del combustible de aviones durante los próximos meses. 

Para evitar una ola de compras desesperadas de gas que suban todavía más su precio, la Comisión Europea también instó este miércoles a los países a que aprovechen que la normativa que obliga a rellenar sus almacenes de gas en un 90% antes de diciembre tiene un margen de flexibilidad del 10%, de manera que es suficiente con llenar inventarios al 80% para esa fecha. Bruselas está negociando además flexibilizar otro 5% más, rebajando el objetivo hasta el 75% para el 1 de diciembre. La idea es evitar que unos países pisen a otros comprando más gas del que puedan necesitar. 

Otra de las aristas que aborda el informe de ACER es que Estados Unidos ha disparado sus exportaciones de gas natural a Europa por vía marítima, principalmente para sustituir la desaparición de buena parte del gas ruso que llegaba por tubería. En el invierno 2025-2026, dejó de operar definitivamente el gasoducto ruso que atravesaba Ucrania, y en este periodo Estados Unidos incrementó sus ventas de GNL en un "impresionante" 45%, según los reguladores, alcanzando el 30% del total de importaciones de gas europeas y dos tercios del GNL. 

Rusia, en todo caso, volvió a vender grandes cantidades de gas a Europa este invierno, siendo el tercer proveedor, con el 15% de las importaciones totales de GNL, solo por detrás de EEUU. También sigue activo uno de los gasoductos Europa-Rusia, el TurkStream, que llega a Turquía y de ahí se ramifica para surtir principalmente a Hungría, Eslovaquia y Serbia. En total, Rusia supuso el 14% de las importaciones totales de gas en la UE esta temporada, equivalentes a 10.000 millones de euros anuales.

En sus previsiones para el invierno 2026-2027, ACER subraya que Europa necesita mantener en "niveles altos" las entradas de gas por tubería para poder cubrir su demanda en los meses de frío, y debe importar incluso más GNL que en 2025, lo que se traduce en que el gas ruso será impepinable este año, pese a que los países miembros están en pleno proceso de ruptura con el combustible de Moscú. El 1 de enero de 2027, según ratificó la Unión Europea el pasado 26 de enero, se prohibirá comprar GNL ruso, y el 1 de noviembre de 2027 habrá que poner fin a todos los contratos a largo plazo de gas importado por tuberías, de manera que el invierno siguiente supondrá de nuevo un desafío energético.

En la plaza Vanak, al norte de Teherán, un cartel del tamaño de un edificio de unos 15 pisos muestra la mano de un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní retorciendo el estrecho de Ormuz, representado por una tela azul. En el fondo de la imagen se distinguen una veintena de petroleros atrapados, incapaces de atravesar el paso marítimo.

La leyenda en farsi en el cartel indica que Ormuz no solo está “en manos de Irán”, sino que seguirá estándolo “de forma permanente”. El sultanato de Omán, la otra potencia ribereña del estrecho, ni siquiera aparece en la imagen.

Este cartel gigante parece provenir de los partidarios de la línea más dura del régimen, en su mayoría oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI o pasdaran), que apenas ocultan su hostilidad radical hacia las conversaciones de Islamabad (Pakistán) entre Irán y Estados Unidos.

Para los miembros de este ejército, la prolongación de la confrontación con Estados Unidos e Israel es necesaria para la supervivencia del régimen, hasta la retirada estadounidense del Golfo Pérsico. Hasta ahora, consideran haber ganado la batalla. Como escribe Kian Abdollahi, redactor jefe de la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, Estados Unidos entró en guerra creyendo que disponía de los medios militares para desmantelar las capacidades nucleares y balísticas de Irán, apoderarse de sus 444 kilos de uranio enriquecido y provocar un cambio de régimen, o forzar a Teherán a aceptar una "capitulación sin condiciones”.

Pero no solo Estados Unidos no ha alcanzado sus objetivos, a pesar de 38 días de intensos bombardeos, sino que Teherán tiene hoy la capacidad de bloquear el estrecho de Ormuz, lo que le permite poner en aprietos a la economía mundial.

Lo que refuerza la determinación de los ultraconservadores a no negociar son los cambios de opinión de Donald Trump y el temor a que pueda utilizar las negociaciones para lanzar un nuevo ataque, como ya hizo en junio de 2025 y el pasado 28 de febrero.

No obstante, también existe dentro del régimen una línea más pragmática, partidaria de que Irán participe en las conversaciones de Islamabad. La encarna el presidente del Majlis, el Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que dirige el equipo negociador, así como el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, un diplomático curtido que intenta encontrar fórmulas de compromiso sin dar la impresión de que Irán cede a las exigencias de Estados Unidos.

Para los “pragmáticos”, la única vía de salida del conflicto sería un acuerdo con Washington, pues la economía iraní corre el riesgo de colapsar si continúan las hostilidades. El bloqueo de sus puertos podría resultar, en efecto, catastrófico para el presupuesto iraní, con una pérdida de unos 435 millones de dólares al día (370 millones de euros), de los cuales 276 corresponden a pérdidas por exportaciones, principalmente de petróleo y productos petroquímicos, según una estimación de Miad Maleki, analista de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), citada por el Wall Street Journal.

Es a esa facción “pragmática” a la que Donald Trump ha calificado de “nuevo régimen iraní”.

Estas desavenencias en el seno del régimen se ven favorecidas por los vacíos en la cúspide del poder. Ali Larijani, un allegado del difunto líder supremo Ali Jamenei, que dirigía a la vez la diplomacia, la defensa y los servicios de seguridad desde el verano de 2025, murió en un ataque israelí el 17 de marzo y no ha sido sustituido. En cuanto a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo, sigue sin aparecer y no se sabe si está gravemente herido o en coma desde el bombardeo del 28 de febrero.

Evidentemente, la República Islámica ya no tiene a nadie al frente para arbitrar estas luchas internas, que, sin duda, existían antes de la guerra, pero que parecen haberse ampliado ante la ausencia de una figura tutelar.

Desde entonces, los altos responsables del régimen no se ponen de acuerdo sobre la política a seguir. De ahí las vacilaciones sobre la participación de Irán en las negociaciones de Islamabad y la reapertura del estrecho de Ormuz. El martes por la noche aún se desconocía si una delegación iraní acudiría a las conversaciones de Islamabad. “No se ha tomado ninguna decisión”, afirmaba el Ministerio de Asuntos Exteriores al final del día.

Durante la primera reunión entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que duró 21 horas, el vicepresidente J. D. Vance había comunicado que los negociadores iraníes habían tenido que regresar a Teherán para obtener la aprobación de otros dirigentes. Y cuando el ministro de Asuntos Exteriores iraní anunció, el 17 de abril, la reapertura total del estrecho de Ormuz, provocando de inmediato una subida de los mercados bursátiles, fue desmentido secamente horas más tarde por la Guardia Revolucionaria. “Tuit torpe e incompleto de Araghchi y ambigüedad engañosa sobre la reapertura del estrecho de Ormuz”, escribió poco después la agencia Tasnim, en su página web.

“No confíen en un idiota”, llegó a decir un comandante de los pasdaran durante una conversación por radio con el capitán de un barco indio que creía que el estrecho estaba abierto y se sorprendía de ser amenazado por la Armada iraní. El término “idiota” fue, por cierto, retomado por la televisión estatal, siempre para referirse al titular de Exteriores, Abbas Araghchi.

Al abrir el estrecho el viernes 17 de abril, Teherán pensaba que “Estados Unidos respondería levantando el bloqueo”, señala Vali Nasr, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), en la red social X. Pero su mantenimiento “no ha hecho más que alimentar las sospechas de Irán” sobre el hecho de que las conversaciones de Islamabad “no serían más que una artimaña diplomática previa a otro ataque militar”. Una sospecha basada también en posiciones que siguen estando muy alejadas entre Washington y Teherán, especialmente en el corazón del conflicto: la cuestión nuclear.

La batalla entre los más radicales del régimen y los “pragmáticos” también se libra en las calles. Cada noche, desde el inicio de la guerra, el régimen moviliza a decenas de miles de sus partidarios en las plazas de las grandes ciudades. En esas ocasiones, el nombre de Mohammad Bagher Ghalibaf es abucheado regularmente por multitudes de jóvenes que, además, reclaman que continúe el conflicto. Algunas redes sociales, como la aplicación de mensajería Eitaa Web, incluso le acusan de “traición”. “La negociación solo puede traer el mal”, se lee en uno de los artículos.

El presidente del Majlis y antiguo alcalde de Teherán concedió una larguísima entrevista el sábado 19 de abril a la televisión estatal, en la que defendió su enfoque diplomático del conflicto. Sostuvo que no suponía ni una renuncia a las exigencias de Irán ni una acción disociada del campo de batalla, sino la continuación del conflicto por otros medios. En otras palabras, una forma de consolidar los logros militares y traducirlos en resultados políticos, así como en una paz duradera.

Ghalibaf también lanzó una advertencia a los extremistas contra cualquier triunfalismo. Aunque afirmó que la República Islámica “controlaba el campo de batalla” y que, si se reanudaba la escalada, estaría dispuesta a responder, reconoció que Irán era, sin embargo, más débil, tanto militar como financieramente, que Estados Unidos. Nunca antes un dirigente de la República Islámica había hecho declaraciones de este tipo sobre la superioridad estratégica estadounidense.

En la misma entrevista, Ghalibaf señaló que el estrecho de Ormuz sigue siendo una baza esencial para su país y que las restricciones al tráfico marítimo continuarán si no se levantaba el bloqueo estadounidense. Pero, a diferencia de la facción radical, precisó que Irán desea una normalización del tráfico y no busca perturbarlo todavía más: “Siempre hemos trabajado por una normalización, pero cuando no se han cumplido los compromisos, hemos restringido el tráfico”. No obstante, añadió que el acceso al estrecho permanecería cerrado para los países hostiles: “Queremos que aquellos que no actúan con hostilidad hacia nosotros puedan pasar libremente. No buscamos crear inseguridad”.

Lo que ha cambiado con la guerra es que el conflicto entre facciones, que solía oponer a los radicales y a los reformistas, también se ve ahora en la jerarquía de los pasdaran.

El propio Ghalibaf fue un comandante que participó en la guerra entre Irán e Irak y dirigió sus fuerzas aéreas. Sus adversarios más notorios son el comandante del CGRI, Ahmad Vahidi, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN), Mohammad Bagher Zolghadr, ambos descritos por los observadores iraníes como decididamente favorables a la continuación del conflicto. Cuentan con el apoyo del partido ultraconservador Paydari, acusado por varios periodistas iraníes de incitar a las manifestaciones contra las negociaciones.

Según la televisión por satélite Iran International, con sede en Londres y cercana a la oposición, Ghalibaf tiene influencias dentro de la rama aeroespacial de la Guardia Revolucionaria y mantiene vínculos con la familia de Ali Jamenei, de quien fue piloto particular, en particular con su hijo, el invisible Mojtaba.

Pero, sean contrarios o favorables a las negociaciones, los responsables iraníes siguen involucrados en la represión. En una nueva directiva, el responsable del poder judicial, el clérigo Mohseni Ejei, ha ordenado la movilización general de todos los tribunales. Compara a los jueces con “combatientes” y les ha pedido que sesionen día y noche, e incluso los viernes.

Este martes 21 de abril ha sido ahorcado un joven manifestante de 22 años, Amirali Mirjafari. Y una adolescente de 16 años, Diana Taherabadi, condenada a muerte.

Traducción de Miguel López

Las divisiones internas y las diferentes posiciones entre los países de la Unión Europea vuelven a frenar la adopción de sanciones contundentes contra Israel por las constantes vulneraciones de los derechos humanos en Gaza o Cisjordania o la violación del derecho internacional y la integridad territorial de Líbano. La credibilidad de la UE vuelve a quedar en entredicho al comparar su respuesta y sus políticas hacia Rusia con el apaciguamiento continuo, cuando no el silencio, frente a Tel Aviv.

La petición de España, Eslovenia e Irlanda no fue aprobada en la reunión de los ministros europeos de Exteriores “dado que la suspensión del Acuerdo de Asociación necesita unanimidad y no hubo el apoyo suficiente dentro de la sala”, explicó la Alta Representante, Kaja Kallas, tras concluir el encuentro de este martes. Tampoco salieron adelante sanciones comerciales parciales o directas contra el Gobierno israelí ya que “la mayoría cualificada requerida exigiría que los Estados cambiasen sus posiciones”.

Unos diez países, encabezados por Alemania y donde están socios importantes como Italia o Polonia, consideran que las sanciones contra Israel son inapropiadas y que este país, como aliado principal en Oriente Medio, no debe ser penalizado en medio de una guerra contra Irán, pese a las flagrantes violaciones de los derechos humanos y el genocidio denunciado por los expertos de la ONU. La cumbre informal de líderes europeos a finales de semana en Chipre se presenta como una nueva oportunidad para discutir esta cuestión, aunque la Alta Representante rebaja el optimismo ya que “no he visto un cambio de posición dentro de la sala sobre la suspensión del acuerdo” con Israel y sólo promete llevar las “nuevas propuestas comerciales a la Comisión Europea para su discusión”.

Antes de la reunión de Exteriores, en una carta abierta a Kaja Kallas, España, Irlanda y Eslovenia habían denunciado “las severas medidas del gobierno israelí, incluyendo decisiones ejecutivas, militares y leyes adoptadas por la Knesset -el Parlamento del país- que contravienen los derechos humanos y violan el derecho internacional y las leyes humanitarias internacionales”. Nombraban la aprobación de la pena de muerte contra la población palestina, “las condiciones insostenibles en Gaza”, los ataques contra civiles y lugares santos cristianos y musulmanes o la ampliación de asentamientos ilegales en Cisjordania, además de las recientes operaciones en Líbano, para exigir sanciones contra Israel suspendiendo el Acuerdo de Asociación bilateral.

“Dado el nivel de violencia y la gravedad de la situación actual, existe la necesidad de revisitar urgentemente la cuestión de la respuesta de la UE, incluyendo las propuestas planteadas por la Presidenta de la Comisión”, explicitaron estos tres países en referencia a la suspensión de beneficios comerciales a las exportaciones de Israel, concretamente frutas, verduras, maquinaria industrial o bienes farmacéuticos que disfrutan de arancel cero por un impacto de 230 millones, de la colaboración en proyectos científicos o del programa Horizonte, medidas planteadas en septiembre.

“España junto con Eslovenia e Irlanda ha solicitado la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel”, informó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, porque exigió que la “UE sólo puede tener una relación con Israel basándose en el respeto de los derechos humanos y vemos que Israel no ha hecho más que avanzar y agrandar la espiral de violencia y de guerra”.

Bélgica, Suecia y, ahora también, Países Bajos con su nuevo gobierno se han sumado al grupo de los tres países más críticos con Tel Aviv. Suecia y Francia propusieron vetar la entrada en la UE de los productos procedentes desde territorios ocupados y asentamientos ilegales, como forma para condicionar la política israelí, una línea con la que Países Bajos se sintió cómoda. Bélgica, por su parte, defendió una suspensión parcial del acuerdo partiendo de las medidas propuestas por la Comisión hace meses porque, como reconoció su ministro, Maxime Prévot, era necesario ser “conscientes de que la suspensión total está fuera de lugar, vistas las posiciones de los países europeos”.

Los defensores de Israel

Frente a ese bloque, al que se han ido adhiriendo otros países como Italia, Portugal, Luxemburgo o Grecia, una parte de Europa sigue sin considerar prioritario frenar las guerras abiertas en Oriente Medio por Israel, condenar claramente las vulneraciones de los derechos humanos y de las normas internacionales, ni adoptar sanciones en consecuencia. Las repúblicas bálticas y otros socios del este de Europa como Bulgaria o Rumanía, perciben esa profunda inestabilidad como un problema lejano y ajeno a sus prioridades. Su atención en la región se centra, sobre todo, en el impacto de la guerra desatada por Estados Unidos contra Irán sobre el comercio marítimo y los mercados energéticos.

“Creo que la prioridad, también en lo que respecta a mis ciudadanos, es poder reducir la presión sobre los precios de la energía. Y que la prioridad actual de la comunidad internacional y de la comunidad diplomática es la desescalada de los conflictos en la región”, señaló antes de la reunión con sus homólogos europeos la ministra de Exteriores rumana, Oana-Silvia Țoiu. Esta posición, compartida por otros socios, pone de relieve las diferencias de enfoque con países como España, que califican la situación actual en Oriente Medio como la mayor crisis global de este siglo y la más grave en la región desde la Guerra del Golfo.

Por afinidad ideológica con el gobierno de Benjamin Netanyahu, pero también por el peso del pasado nazi y de las persecuciones y crímenes sufridos por la población judía en sus propios territorios, socios como Alemania, Austria o Polonia siguen sin posicionarse claramente contra Tel Aviv. Para el ministro de Exteriores alemán, la propuesta de España, Irlanda y Eslovenia de suspender temporalmente el Acuerdo de Asociación con Israel resulta “inapropiada”. Frente a ello, defiende “mantener conversaciones con Israel sobre cuestiones críticas, un diálogo constructivo”.

Entre los 27, varios países, una minoría importante, comparten los planteamientos del Gobierno Netanyahu o de la Administración Trump y consideran más urgente frenar el programa de enriquecimiento de uranio de Irán que las políticas belicistas y expansionistas de Israel en Oriente Medio, aunque estas sigan incendiando la región y la UE sufra sus consecuencias en forma de una crisis energética, aumento de la llegada de personas refugiadas e inestabilidad crónica en su frontera suroriental.

Lituania o Letonia, Austria, Polonia, Bulgaria y la República Checa comparten esta postura y rechazan sanciones de gran calado contra Tel Aviv, empezando por la suspensión completa temporal del Acuerdo de Asociación de la UE. En la reunión de ministros europeos de este martes quedaron patenten las diferentes percepciones entre los 27: cerca de la mitad de los Estados miembros siguen priorizando en política exterior el aumento de la presión sobre Rusia y el refuerzo de la ayuda a Ucrania, ahora que el cambio de gobierno en Hungría lo permitirá.

Las aerolíneas europeas lanzaron un llamamiento inédito la semana pasada, cuando advirtieron que en cuestión de tres semanas tendrían que iniciar un racionamiento de combustible. La Agencia Internacional de la Energía fue un paso más allá y dijo que quedan unas seis semanas de queroseno en los inventarios de la Unión, pero la Comisión Europea salió después a calmar las aguas y garantizó que no hay por ahora riesgo de desabastecimiento. Según los expertos, efectivamente hay combustible suficiente y no deberían producirse cancelaciones de vuelos en el próximo trimestre, salvo quizás en Francia y Reino Unido. También pronostican subidas importantes en el coste de los billetes de verano.

La guerra de Irán ha estrangulado el tráfico de todos los tipos de carburantes, pero el queroseno es extremadamente vulnerable, mucho más que el diésel y muchísimo más que la gasolina. En concreto, el 43% del queroseno que consume la UE y Reino Unido proviene del estrecho de Ormuz –principalmente de Kuwait–, mientras que en el caso del diésel es el 23%. En cuanto a la gasolina, Europa produce incluso más de la que consume internamente. Estas diferencias se aprecian en las curvas de precios. El queroseno se ha encarecido más de un 100% respecto a finales de febrero en la Unión Europea, alcanzando un récord histórico, mientras que el diésel ha subido un 65% y la gasolina 37%.

Aunque algunas declaraciones del sector desataron el pánico la semana pasada, la Comisión respondió el viernes que "no hay indicios de una escasez generalizada de combustible que pudiera provocar cancelaciones masivas de vuelos", aunque sí están "obviamente" preocupados por la situación. Según publican diferentes medios, Bruselas se prepara para vigilar de cerca las reservas nacionales de queroseno e incluso obligará a los estados a compartir los barriles para que no haya desequilibrios.

"Estamos moviéndonos hacia una crisis de suministro que empezará por el combustible de avión. Y nos aproximamos rápidamente", dijo este domingo el comisario de Energía, Dan Jørgensen, al Financial Times.

Según un informe de Kpler, una consultora europea especializada en tráfico de combustibles, al que ha accedido infoLibre, quedan meses antes de que haya un desabastecimiento real de queroseno en el continente, aunque subrayan que la situación es mucho más tensa que con el diésel. Estiman que si en marzo había reservas equivalentes a 52 días de consumo de queroseno en los Veintisiete (77 millones de barriles), ahora hay para unos 45 días, y en julio habrá para 28 días (49 millones de barriles), debido a que la caída de la importación obliga a quemar los inventarios.

Los analistas explican que en sus cálculos hasta verano no se entraría en el nivel mínimo operativo, el umbral crítico de abastecimiento, que sería de 33 millones de barriles de queroseno, de manera que "no se requerirá ningún ajuste de la demanda a escala continental en Europa, suponiendo que el conflicto se desescale pronto". Ese escenario supone que el estrecho del Golfo se desbloquee de aquí al mes de julio.

Donde sí pronostican que habrá escasez de queroseno será en Reino Unido, y posteriormente en Francia. La posibilidad de desabastecimiento en este segundo país podría ser lo que lleve a la Comisión Europea a activar esa redistribución, aunque antes tendrá que proponerla formalmente y acordarla con los ministros de los Estados miembros. 

Según los analistas de Kpler, tanto Reino Unido como Francia tienen una mayor dependencia del queroseno de Oriente Próximo y tienen menores provisiones. Afirman que Reino Unido ya debería empezar a reducir consumo en abril, y Francia en junio, y vaticinan que julio será el peor mes, recortando ese mes 60.000 y 40.000 barriles cada uno, respectivamente.

Los expertos esperan también una subida del precio de los billetes de avión en toda Europa este verano. Numerosas aerolíneas del continente han comunicado que están funcionando a pérdidas estos días porque el queroseno ha duplicado su coste, incluso aunque todas ellas tengan coberturas frente al encarecimiento del carburante en el mercado. Además, según Kpler, ese blindaje parcial que tienen las compañías vencerá a lo largo del segundo trimestre, y de cara al verano se expondrán de manera completa a los precios astronómicos.

"La convergencia de la erosión de la cobertura de existencias por el lado de la oferta y el vencimiento de la protección de cobertura por el lado de la demanda hace que junio y julio sean el periodo de máxima tensión para los mercados europeos de combustible de aviación", se lee en el informe. También avisan de que si el comercio global de queroseno no se recupera antes de septiembre, los inventarios europeos caerán por debajo del mínimo técnico, obligando a un "racionamiento directo de la demanda".

Varias aerolíneas empiezan a recortar rutas

Aunque ya se anticipaban problemas en el sector aéreo, las declaraciones de la última semana desataron el pánico en el sector. La división europea del Consorcio Internacional de Aeropuertos (ACI) mandó una carta a la Comisión asegurando que en tres semanas "la escasez generalizada de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE" si no se recupera el estrecho de Ormuz. A ese mensaje dramático respondió la Comisión Europea asegurando que no existe riesgo a corto plazo.

El coste del queroseno es una variable primordial para las aerolíneas porque el combustible supone de media alrededor del 25% de sus costes de operación, en función de la compañía, del lugar del mundo donde trabaje y de su estrategia de aprovisionamiento, y un encarecimiento del crudo puede meter rápidamente a una empresa en números rojos.

Lufthansa, la gigante alemana, retiró este sábado 27 aviones de circulación "para evitar que las actuales pérdidas de la compañía sean todavía mayores". La aerolínea detalló en un comunicado que pierde dinero incluso teniendo el 80% de su queroseno asegurado frente a los cambios bruscos de precio. La holandesa KLM también recortará desde mayo unos 80 vuelos desde y hacia Ámsterdam, menos del 1% de todo su tráfico europeo, aunque subrayó que "no hay escasez de queroseno". La noruega SAS cancelará unos 1.000 vuelos en abril.

Sin importaciones de China ni India

A la crisis petrolera derivada de la guerra en Irán, se suma un desplome de las llegadas de queroseno desde la India y China, dos importantes proveedores de la Unión Europea. En el caso de India, la Unión Europea prohibió el 22 de enero la entrada de productos refinados a partir de petróleo ruso, ampliamente utilizado en las refinerías indias, mientras que China vetó a mediados de marzo la exportación de cualquier tipo de combustible de manera temporal para priorizar su abastecimiento interno.

Cada 22 de abril celebramos el día de la Tierra poniendo en duda la eficacia de la diplomacia ambiental para solventar los retos a los que se enfrenta la humanidad. Sin embargo, en este 2026, las palabras sobre sostenibilidad suenan más vacías que nunca mientras el cielo del Golfo Pérsico se tiñe de negro por el humo de la guerra. Parafraseando a Al Gore, podemos decir que nos enfrentamos a otra verdad incómoda: no existe política ambiental posible en un escenario de guerra.

La ciencia es clara y demoledora: hemos sobrepasado siete de los nueve límites planetarios. Según el Centro de Resiliencia de Estocolmo, ya no solo estamos alterando el clima y perdiendo biodiversidad a ritmos de extinción masiva, sino que hemos desbordado los ciclos del nitrógeno y fósforo, el cambio de uso de suelo, el acceso al agua dulce, la contaminación por entidades químicas sintéticas (PFSa, microplásticos, Disruptores endocrinos, etc) y, más recientemente, el umbral crítico de la acidificación de los océanos. Estamos fracturando los pilares biofísicos que han mantenido la estabilidad de la vida durante el Holoceno. Ante un colapso de tal magnitud, las políticas de "desarrollo verde" o los planes de mitigación y adaptación al cambio climático se presentan como soluciones loables, pero en realidad son meros parches de emergencia si no se detiene primero la maquinaria bélica que devora recursos y ecosistemas.

Existe una hipocresía institucionalizada en las altas esferas del poder global. Las naciones se reúnen en fastuosas cumbres climáticas (COP) para discutir reducciones marginales de CO2 y objetivos para 2050, mientras que en los consejos de defensa se aprueban presupuestos récord para la industria armamentística de aplicación inmediata. Cada misil disparado, cada tanque movilizado y cada refinería bombardeada en los actuales conflictos que asolan Irán y el Golfo Pérsico es un clavo más en el ataúd de nuestras metas climáticas. La guerra es la actividad humana con mayor intensidad de carbono y menor transparencia; sus emisiones suelen quedar fuera de los inventarios nacionales bajo la excusa de la "seguridad nacional".

El gasto militar global ha alcanzado cifras obscenas que triplican con creces la inversión anual necesaria para financiar una transición energética justa y completa en todo el Sur Global. Mientras se escatiman recursos para el Fondo Verde del Clima o para la restauración de humedales críticos, se despilfarran billones en tecnologías de muerte: drones, bombas guiadas y logística pesada que son, en esencia, la antítesis de la sostenibilidad. No estamos simplemente ante un problema de emisiones, sino ante un problema de prioridades civilizatorias. No se puede hablar de "salvar el planeta" en un foro de las Naciones Unidas mientras se suministran las armas que convertirán ecosistemas enteros en zonas de sacrificio tóxicas yermas de vida.

El conflicto en el Golfo no es solo una disputa territorial o ideológica; es el estertor de una economía del siglo XX basada en el petróleo que se niega a morir. Aquellos intereses que buscan perpetuar la dependencia fósil nos están abocando a un escenario de rotura irreversible de los límites planetarios. No estamos ante una crisis de recursos, sino ante una crisis de poder: la transición hacia energías limpias y modelos circulares amenaza los cimientos de las jerarquías que han dominado el mundo a través del control de los hidrocarburos.

La verdadera amenaza para la supervivencia humana no es solo el aumento de la temperatura, sino la voluntad de las élites políticas y económicas de mantener un modelo productivo extractivista a cualquier precio, incluso a costa de la guerra. La agresión hacia Irán y la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz son síntomas de una patología de un sistema que genera valor a partir de la destrucción. En esta lógica, la guerra no es un error del sistema, sino su herramienta de mantenimiento para asegurar que el flujo de crudo, y de capital, no se detenga, incluso si eso significa incinerar el futuro climático.

Estas acciones son las que impiden que la economía circular y la transición ecológica sean realidades sistémicas, reduciéndolas a meras estrategias de marketing corporativo. Las élites del siglo XX saben que un mundo verdaderamente circular, basado en la autosuficiencia y la regeneración local, volvería irrelevante el control militar sobre los estrechos marinos y los yacimientos. Por ello, prefieren el escenario del conflicto: la guerra justifica el gasto, el gasto alimenta la industria, y la industria perpetúa el modelo que nos está matando.

La economía circular no puede entenderse simplemente como un sistema técnico de gestión de residuos, sino que debe ser reivindicada como una estrategia de paz estructural. Al proponer un modelo productivo que elimina la necesidad de extraer materias vírgenes en geografías lejanas, la circularidad desactiva la principal motivación geopolítica de los conflictos armados contemporáneos: el control de los recursos escasos. Sin embargo, la economía de guerra actual opera bajo una ontología diametralmente opuesta, fundamentada en el consumo masivo y acelerado de recursos que jamás retornarán al ciclo productivo. Un ejemplo devastador es la huella de carbono de la logística militar, donde un solo caza de combate puede consumir en una hora de vuelo más combustible fósil del que un ciudadano medio utilizaría en varios años, anulando cualquier esfuerzo individual de ahorro energético.

Esta colisión de modelos se manifiesta con especial crudeza en los ataques a infraestructuras petroleras en Irán. Los bombardeos no solo detienen la producción, sino que liberan nubarrones masivos de hidrocarburos y metales pesados que provocan un ecocidio instantáneo. Estas partículas acidifican el suelo fértil y se filtran en la biodiversidad marina, causando un daño sistémico que la economía circular tardará siglos en intentar mitigar. Existe, además, una contradicción insalvable en la gestión de las prioridades presupuestarias; mientras las instituciones claman por fondos para la regeneración de suelos y la limpieza de plásticos en los océanos, ese capital se evapora literalmente en el humo de las explosiones de misiles cuyo coste de fabricación bastaría para restaurar ecosistemas enteros. En última instancia, la guerra representa el estadio final del modelo lineal de "extraer, fabricar y destruir", demostrando que sin un escenario de paz global cualquier avance en circularidad será insignificante, ya que es físicamente imposible reciclar un mundo que se está quemando activamente por intereses militares.

En este Día de la Tierra 2026, la demanda debe dejar de ser una súplica climática para convertirse en una rebelión política por la vida que fusione irremediablemente el movimiento ecologista con el pacifismo radical. No hay ecología posible sin la abolición de la guerra, del mismo modo que no habrá paz duradera mientras nuestra economía dependa de perforar la Tierra para quemar petróleo. Debemos entender que la seguridad del siglo XXI no se construye con sistemas antimisiles ni con la hegemonía militar en el Golfo, sino con la soberanía alimentaria, la protección de acuíferos y la creación de comunidades resilientes que no necesiten invadir a otras para sostener su existencia. El actual conflicto con Irán es la prueba definitiva de que el modelo fósil ha entrado en una fase de canibalismo terminal que pone en entredicho la supervivencia misma de la humanidad sobre este planeta.

Es una falacia creer que la biodiversidad se recuperará o que el cambio climático se detendrá mientras las grandes potencias sigan priorizando la dominación estratégica sobre la estabilidad biofísica de la biosfera. Por tanto, elegir entre perpetuar los intereses de un modelo económico basado en las energías fósiles que nos conduce al abismo o abrazar un nuevo modelo productivo basado en la dignidad de todas las personas y el respeto a los límites planetarios es la única decisión real que debemos tomar. El desmantelamiento inmediato de la economía de guerra es condición indispensable y previa a cualquier meta de sostenibilidad planetaria.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.