La mayoría de las comunidades autónomas, muchas del PP, han pedido paralizar durante dos meses el anteproyecto que reduce las ratios en las aulas y mejora la jornada docente con el fin de analizar sus costes y su calendario de implantación. El Ministerio de Educación, por su parte, ha aceptado abrir un grupo de trabajo, pero ha dejado claro que la norma seguirá su hoja de ruta.

"El anteproyecto de ley está en el ámbito del Consejo de Ministros, está en el ámbito ya de una previsible próxima tramitación parlamentaria y tiene que seguir su curso", ha señalado el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, tras la reunión de la primera Conferencia Sectorial de Educación presidida por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Una reunión que se ha prolongado durante más de tres horas y en la que las comunidades gobernadas por el PP y otras como la del País Vasco han pedido un "paréntesis" y consensuar el anteproyecto durante un plazo de dos meses antes de que sea aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.

La mayoría de las comunidades han expresado la necesidad de conocer el coste real de la bajada de ratios en las aulas y de la reducción de la jornada docente, adaptándose a cada territorio, y han criticado que el anteproyecto solo se haya negociado con los sindicatos. "Un grupo de trabajo que no va a alterar, ni a parar, ni va a afectar en ningún caso la tramitación del anteproyecto no sirve para nada. Esto son lentejas, si quieres las comes, si no las dejas, pero desde luego las pagas", ha dicho la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades en la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo (PP), a la salida de la reunión.

Zarzalejo ha explicado que solo la reducción de jornada lectiva del docente va a suponer para Madrid en el 2026, 430 millones "que no tenemos en los presupuestos y no podemos asumirlo. "Por lo tanto yo le he pedido a la ministra que rectifique, que deje de asfixiarnos a las comunidades y en este caso a Madrid y que por favor nos deje trabajar. No hay razón para ahora presionarnos de está manera", ha añadido.

También la consejera de Andalucía, María del Carmen Castillo (PP), ha pedido en la Conferencia Sectorial "retirar" el anteproyecto y se ha sumado a las voces de la mayoría de cuantificar económicamente las medidas.

De la Rosa ha señalado a los medios de comunicación que el anteproyecto "no tendrá un impacto económico sustancialmente oneroso para las comunidades autónomas, justamente porque el mapa que ya tenemos de ratio y de horario". "Eso no quiere decir que el grupo de trabajo no siga trabajando efectivamente para aportar, para mejorar, para matizar y converger y aportar sus conclusiones a la tramitación de este expediente. Pero evidentemente el proyecto debe seguir adelante y tiene su hoja de ruta", ha reiterado el secretario de Estado de Educación.

La ministra, por su parte, ha insistido en que "la educación es una política que siempre requiere diálogo permanente y cooperación institucional" y ha avanzado antes del encuentro que el Gobierno será "flexible en lo que se pueda aportar en la tramitación parlamentaria".

El anteproyecto ha recibido el informe favorable del Consejo Escolar del Estado (CEE) y contemplan bajar el máximo de alumnos por aula hasta los 22 en infantil y primaria y hasta 25 en secundaria, frente a los 25 y 30, respectivamente.

La norma establece que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) cuente como doble plaza y que se aplique el próximo curso 2026/2027, así como una rebaja de las horas docentes hasta un máximo de 23 horas semanales en primaria y de 18 horas en secundaria. Precisamente el calendario de aplicación ha sido una de las principales preocupaciones de los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas.

En el curso 2027/2028 entrarían en vigor las ratios para infantil y primaria y el alumnado NEEs; en 2028/2029, las de secundaria, y en 2029/2030, la de bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.

El futuro de las universidades públicas madrileñas tras años de "infrafinanciación" por la Comunidad sigue pendiente de concretarse tras aparcar el Gobierno regional su polémico proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), rechazado por los rectores y la comunidad educativa y que marcó la gestión del ya exconsejero del ramo, Emilio Viciana.

El Gobierno madrileño ha renunciado a seguir adelante con la tramitación de la ley y se ha fijado como prioridad pactar con las universidades un nuevo modelo de financiación plurianual, uno de los principales escollos en la negociación con los rectores de la Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Carlos III y Politécnica.

El cese de Viciana por Isabel Díaz Ayuso ha desencadenado su primera crisis de gobierno, con la dimisión de tres diputados y dos directores generales, y estuvo motivado por la falta de avances en la negociación con los rectores y el rechazo de la comunidad universitaria que convocó dos días de huelga en noviembre pasado, con un 70% de seguimiento y una marcha de más de 6.500 manifestantes contra la Lesuc.

La crisis en la Consejería de Educación ha marcado este jueves el pleno de la Asamblea de Madrid, donde la presidenta replicó a las críticas de la oposición: "Si iba tan mal la Educación y doy un cambio en la Consejería, ¿entonces también está mal? Aclárese un poco, sea coherente", ha dicho Ayuso en el hemiciclo, donde ha defendido a Viciana, "un funcionario honrado" rodeado de personas cualificadas.

El cese de Viciana se produjo dos días después de que la Coordinadora Interuniversitaria de las plataformas 'Por la Pública' aprobara en asamblea "acciones de baja, media y alta intensidad", incluida una nueva huelga si la tramitación de la Lesuc seguía adelante.

"Es una gran victoria del movimiento Por la Pública", han celebrado desde las plataformas, que advierten a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que "no descartan convocar una huelga si persiste la infrafinanciación" de las universidades.

Además, la Coordinadora ha solicitado por escrito reunirse con los rectores de la Conferencia de rectores de Universidades madrileñas (CRUMA) para exponerles la postura de la comunidad educativa y pedirles firmeza en la negociación del nuevo modelo de financiación.

El objetivo es mantener las universidades "en primera línea del debate social para concienciar a la población de que la situación de las universidades madrileñas es insostenible", con una financiación autonómica 20 puntos por debajo de la media nacional.

El "estrangulamiento" obligó a la Complutense a pedir un crédito de 34,5 millones a la Comunidad, con intereses de 900.000 euros anuales, y aprobar un Plan Económico-Financiero que recorta un 35% el gasto de sus facultades durante tres años, mientras la URJC afronta un déficit de 45 millones.

Docentes de Derecho de las plataformas han hecho un "informe sobre las inconstitucionalidades" de la Lesuc, que además de vulnerar derechos constitucionales como la autonomía universitaria y las libertades de expresión y reunión, buscaba una "privatización gradual encubierta", una "instrumentación invasiva" de los Consejos Sociales e incluía "penalizaciones por realizar actividades críticas", entre otros.

Las plataformas que agrupan a las seis universidades públicas madrileñas han confirmado que convocarán dos días de huelga a finales de noviembre, inicialmente miércoles 26 y jueves 27, al considerar que el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 no supone una "subida" real, sino un "presupuesto estancado" que perpetúa la "fuerte infrafinanciación", asegura EFE.

Tras la aprobación por parte del Gobierno regional del proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo año, según el cual aumentará la financiación de las universidades públicas un 6,5%, las plataformas han manifestado este jueves su "cautela" a la espera de analizar la letra pequeña del documento.

Las plataformas enfatizan en un comunicado conjunto que su exigencia es que el presupuesto de las universidades alcance el 1% del PIB de la Comunidad de Madrid y que cualquier cifra que no suponga un "acercamiento real a ese horizonte" no será contemplada, y de acuerdo con sus primeros análisis, la supuesta "subida" para 2026 representa pasar del 0,44% al 0,46% del PIB regional.

"No podemos hablar ni siquiera de 'subida', sino que nos encontramos con un presupuesto estancado, y en el contexto de la fuerte infrafinanciación que venimos denunciando", subraya el comunicado.

Las seis plataformas de las universidades públicas madrileñas (Complutense, Rey Juan Carlos, Carlos III, Autónoma, Politécnica y Alcalá de Henares) consideran que "la asfixia continúa básicamente igual" y, con ello, los motivos para la convocatoria de huelga de al menos dos días a finales de noviembre, inicialmente los días 26 y 27.

No obstante, los días concretos de la movilización se anunciarán la próxima semana, una vez se consensúen en las asambleas, y "no se descarta la indefinida ni otras acciones" si no hay un "acercamiento real" a sus demandas de financiación. El objetivo de las plataformas es situar la "máxima intensidad de la movilización" en noviembre, diciembre y el periodo de exámenes, antes de la aprobación de los presupuestos en los últimos días del año en la Asamblea de Madrid.

Además de la lucha presupuestaria, el movimiento estudiantil y de profesores señala que, "pase lo que pase con los presupuestos", después vendrá la tramitación de la Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid (Lesuc). Su meta es parar esa ley y lograr una movilización lo más amplia posible, que incluya a toda la sociedad madrileña que defiende lo público para que "el coste político de atacar a las públicas sea el máximo para la Comunidad de Madrid", afirma el comunicado conjunto.

"Si no hay respiro para las públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian: clase a clase, departamento a departamento, facultad a facultad, vamos a construir una huelga que haga temblar a quienes maltratan el derecho a la Universidad Pública", concluye el texto, reafirmando que "la lucha es el único camino".

Compartir con mis hijos conversaciones sobre el día a día de sus clases es gratificante. Lo hemos hecho muchas veces, en las idas y venidas del colegio o el instituto sobre todo, y este inicio de curso seguimos haciéndolo. Cuando somos padres o madres, a medida que crecen vamos escuchando de sus bocas no solo anécdotas sobre sus profes o sus relaciones con amistades que se repiten o renuevan, sino también sus impresiones sobre diferentes asuntos escolares que parecieran sólo temas de adultos. 

Por un lado, empiezan a ser conscientes en cierto modo de la estratificación educativa que supone la división pública-privada; crean así determinada conciencia en torno a la distinción que propicia el que haya dos formas de escolarización paralelas, diferenciadas, a pesar de que el bien —el derecho a la educación— sea el mismo para todos. De alguna manera, hay algo que nos les cuadra demasiado, y con razón. Por ejemplo, ya nos empiezan a decir: ¿por qué es gratis para unos y para otros es de pago? ¿Es mejor el privado? ¿Por qué se separan unos y otros? En cierto modo, con estas reflexiones están siendo conscientes de la crisis de lo común. 

De esa manera, me he dado cuenta de que, de forma bastante precoz, los más pequeños relacionan ir a un centro público con la gratuidad. Empieza a desarrollarse la idea de que lo privado es lo que conlleva un coste, lo que vale más. Este pensamiento es compartido y repetido hasta la saciedad en el mundo adulto, a pesar de la falacia que encierra. ¿Qué hay detrás de esta conciencia tan arraigada sobre el escaso valor que le damos a los bienes y servicios compartidos? ¿Por qué la escuela pública, podríamos decir que situada en el territorio de lo común, ha visto deteriorado su valor social? ¿Por qué ha quedado relegada a la poca estima y, por lo tanto, al descuido habitual, para ciertas posiciones ideológicas? 

Mantenía Foucault que los discursos tienen la capacidad de crear realidades. La tesis repetida de que lo comunitario o lo que tiene gestión pública tiene menor valor en términos monetarios frente a lo privado caza con la mentalidad capitalista que gesta al individuo como artífice exclusivo de su éxito o su fracaso, traducible en términos económicos o de utilidad. 

A mi juicio, tiene también mucho que ver con la crisis de los comunes de la que habla César Rendueles en su último libro: Comuntopía. Comunes, postcapitalismo y transición ecosocial (Akal, 2024). Y todo ello porque, en cierto modo, detrás de la crisis de lo común se encuentra la crisis de lo público: la parcela de aquello que nos une tras un mismo fin y que parece salir a la luz sólo ante grandes tragedias que sí tienen respuesta comunitaria, como ocurrió hace pronto un año con la Dana de Valencia.  

Aceptar esa lógica neoliberal perversa que parte de la idea de que la fórmula de la privatización mejora la vida de los ciudadanos “libres” destruye valores sociales compartidos. Neutraliza, además, la importancia de la cooperación para la búsqueda de soluciones a problemas que son colectivos: para qué vamos a colaborar con quienes nos rodean si los logros son individuales y se cotizan según su precio o valor de mercado. 

En la sociedad del “sálvese quien pueda”, donde priman criterios de rentabilidad, nos costará entender la relevancia que tiene la democratización y la autogestión de los servicios públicos para el estado de bienestar. Habremos, en esta vieja batalla, elegido no solo otra forma de estado — una teoría del Estado diferente—, sino otra forma de vida, basada en que el bien individual prima y, por lo tanto, tiene que ser el territorio en el que nos movamos.

Cuando por ejemplo vemos la diferencia en el estado de las instalaciones de los edificios públicos frente a los privados, muy palpable en las infraestructuras educativas, nos damos cuenta de la magnitud de este problema crónico. En Sobreviviendo al siglo XXI (Debate, 2023), Pepe Mújica le cuenta al activista mexicano Saúl Alvidrez cómo se había inmiscuido en el proceso de construcción de una escuela en una zona rural de producción hortícola, con un modelo de enseñanza en torno a la plantación de verduras. Se trata de que en él, con el tiempo, los jóvenes fueran cogiendo el relevo a esos lugareños ya mayores que eran los que siempre habían trabajado la tierra. 

Este tipo de experiencias escolares comunitarias, que se entrelazan con muchas acciones dentro de lo que hoy llamamos Aprendizaje-Servicio, comunidades de aprendizaje o escuelas democráticas, desarrollan en los niños y adolescentes un sentimiento de pertenencia, de apego hacia lo común, que puede abrir las puertas a una renovada ecología del compromiso. 

Como mantenían Marx y Engels en el Primer Manifiesto Comunista (1848), “el capital no es un patrimonio personal sino una potencia social”. La concepción de los servicios públicos como producto colectivo, que nace de esa “actividad común de todos los individuos de la sociedad", si seguimos citando este texto crucial, debe recuperar su protagonismo en la esfera de la conversación social. La conciencia, por ejemplo, de que los impuestos son parte de ese producto colectivo que nutre de salud al sistema de los bienes compartidos, debe arraigar en esa idea de protección y cuidado hacia lo que es de todos. Y la escuela pública es uno de los pilares de ese patrimonio social.

La crisis medioambiental, en cierto modo, tiene parangón con la crisis de la escuela como institución compartida, de todos. Una pieza más de la quiebra ecosocial que estamos viviendo. 

En nuestra manos está modificar esa narrativa del deterioro de los espacios de lo común. El escenario postapocalíptico que se plantea desde algunos medios de comunicación replicadores de fakes,  así como desde determinadas posiciones de ideologías reaccionarias que los espolean, es perfecto para la expansión de los radicalismos que fracturan la imagen de lo común. Así se nutren las posiciones ultraconservadoras basadas en el egoísmo y la competitividad; así se ahonda en esa crisis de la desigualdad que no hemos sido capaces de superar en ningún momento de la historia.

Pero el germen de la reforma de este pensamiento está en la escuela, y es ahí donde radica la esperanza. Está en revalorizar la educación pública como espacio pleno de lo común, favorecedor de la mezcla social y el enriquecimiento de todas las personas que aprenden y progresan en el escenario de la diversidad. La verdadera actitud regeneracionista de lo común está en dignificar lo que tiene valor porque es de todos, para aprender a cuidarlo de la única manera posible: cuidarlo como si lo fuésemos a perder.

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza.

Cuatro universidades españolas dentro del top de las 200 mejores del mundo. Todas públicas, dos en Barcelona y dos en Madrid. No sólo eso: España ha sido el único país europeo con más de un centro dentro de la clasificación QS World University Rankings hecha pública este jueves. Sin embargo, lo que a priori parece tan sólo un listado de buenas noticias esconde algún que otro claroscuro. Más que nada porque no son pocas las voces que, como mínimo, cuestionan este tipo de clasificaciones. Por lo que significan, por cómo se elaboran y por las consecuencias que producen.

El QS es tan solo uno de tantos, aunque contando con él son tres los más conocidos. Los otros dos son el ranking Shangái —o ARWU, por sus siglas en inglés— y el Times Higher Education. Y en todos se cuelan siempre varios centros españoles. En la última edición del primero, por ejemplo, entraron 36 universidades españolas entre las 1.000 mejores del mundo. La Universitat de Barcelona fue entonces la mejor calificada y es, precisamente, la que también ha repetido este jueves. Junto a ella, la Autonóma de Barcelona y la de Madrid, acompañada también de la Complutense. Y si se amplía la mirada hay muchas más.

La clasificación evalúa a 1.500 instituciones de 106 países y territorios y entre todas ellas, en total, hay 38 españolas, trece de las cuales obtienen además mejor nota que en el último examen. Aun así, el país más representado continúa siendo Estados Unidos. Eso no cambia. Por decimocuarto año consecutivo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts se ha llevado la medalla de oro, seguido del Imperial College de Londres y la Universidad de Stanford.

No han existido siempre. Según recoge el profesor de la Universidad de Extremadura Jorge Caldera-Serrano en un artículo titulado Perversión del uso de los rankings universitarios en las políticas educativas nacionales y supranacionales, fue en 2003 cuando surgió la primera de estas clasificaciones. Fue Shangái, que nació tan sólo un año antes de QS. El Times Higher Education, por su parte, nació de una escisión de este último y lo hizo en 2010. Todos evalúan, señala el docente, "parámetros que se consideran significativos y que son ponderados por sus creadores, extrapolando la posición numérica resultado de dicha clasificación a términos de calidad". Dicho de otro modo: otorgando puntos en función del cumplimiento de ciertas exigencias. Y es en ellas donde está lo que muchos consideran el primer problema.

Sobre el papel, la teoría dice que los rankings mundiales que posicionan las universidades del mundo miden la calidad de los centros. La cuestión es qué se puede enmarcar dentro de ese concepto. Ha sido precisamente uno de los términos protagonistas del debate público de los últimos meses, sobre todo desde que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció una reforma del decreto que marca las normas bajo las cuales se autoriza la creación de nuevos centros. El objetivo del Ejecutivo era asegurar que todas las instituciones que abrieran sus puertas cumplían unas mínimas exigencias, un precepto que pedían cumplir frente a la proliferación prácticamente sin filtros de centros privados que, sin ambages, fueron tachados de "chiringuitos". "Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", señaló la ministra de Educación y portavoz, Pilar Alegría.

La cuestión es que cuando alguna de las primeras o alguna de las segundas —algo que ocurre menos, en cualquier caso— aparecen en uno de esos rankings internacionales, la noticia es anunciada a bombo y platillo por los defensores de uno u otro modelo. Sin embargo, lo que algunos docentes y expertos cuestionan es el significado mismo de aparecer. Porque, ¿qué miden exactamente esas evaluaciones?

"Lo que hacen es poner la atención en variables cuantitativas, sin tener en cuenta otras muchas cuestiones que también tienen mucho que ver con la calidad de los centros. Es decir, son exámenes que se basan en la apariencia y no tanto en factores que influyen incluso más en la vida cotidiana de la universidad", critica desde el otro lado del teléfono el catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid en Segovia Luis Torrego. "Medir está bien, pero hay que tener en cuenta que los factores meramente cuantitativos siempre tienen límites", añade por su parte la profesora de Sociología de la Educación en la UCM. No tienen en cuenta por ejemplo la inversión que recibe cada centro. Ni tampoco el contexto en el que se ubican.

El Shangái, el examen más antiguo y potente, puntúa los centros en función de cuatro indicadores básicos: la calidad de la educación (medida por antiguos alumnos ganadores de premios Nobel u otros galardones), la calidad del profesorado (medido de la misma manera), los resultados de la investigación (es decir, número de artículos publicados en Nature o Science) y el rendimiento per cápita. El ranking QS, por su parte, barema también la empleabilidad, la diversidad de estudiantes internacionales, la proporción que suponen sobre el total o la sostenibilidad de la institución.

Para Torrego la crítica está clara: ¿cómo se traduce en la docencia tener más o menos profesorado con premios Nobel? De ninguna manera. "Tampoco eso se traslada a la labor de investigación", subraya. "Tampoco se evalúa cómo se tutoriza al alumnado, ni la colaboración entre el profesorado. Eso sí incrementa la calidad docente, pero ningún examen de este tipo lo computa", se queja.

No se queda ahí. Para Torrego, otro de los problemas que se desprende de estos exámenes es que, al final y en síntesis, fomentan un sistema de competición entre los centros, algo que merma el conocimiento científico. "Lo que produce mejores resultados es la cooperación, no el convertir las universidades en una especie de empresas que tienen que luchar en el mercado", subraya el experto. Caldera-Serrano también lo recoge en su artículo: las mediciones son "una pieza clave en la lucha permanente por la excelencia institucional, no entendida como mejora individual sino como posicionamiento ante la competencia".

En esta misma línea, Mellizo-Soto también es clara: medir y cuantificar, insiste, no tiene nada de malo. Pero no puede ser un fin en sí mismo. Es decir, una vez obtenidos esos resultados hay que contextualizarlos, también siempre teniendo en cuenta, dice, que son realizados por empresas privadas con sus propios intereses. "No es luchar contra las demás instituciones por luchar. Lo interesante de estas clasificaciones es ver qué implican, qué significan. Contextualizar, entenderlo y actuar en función de la nota que se obtiene", explica.

El resultado, lamentan todos, es que hay muchas universidades que orientan sus políticas a salir mejor en la foto de estos rankings y no, en cambio, a mejorar su función como servicio público. Como recoge Caldera-Serrano en su artículo, el origen de estos exámenes no estaba en orientar de ningún modo las políticas nacionales o universitarias, lo que ocurre es que eso "no parece que sea óbice para que algunos gobiernos tengan en cuenta estos rankings para desarrollar sus sistemas en ámbitos como la organización y como la distribución de recursos económicos". Hay varios ejemplos: Qatar ha utilizado esas clasificaciones para repatir becas de formación en el extranjero; República Checa, para evaluar las universidades a nivel nacional; Singapur, para generar políticas.

Pero no hace falta irse tan lejos. Según explicó a profesora de la Universidad de Málaga Carmen Rodríguez Martínez en conversación con infoLibre, en España hay "muchos docentes que producen sin parar, hasta sin un proyecto claro y definido, porque eso les da acreditaciones" y eso permite subir de categoría, lo que redunda también en una mejor posición en esos rankings internacionales. Lo hacen además sin más tiempo, lamenta, lo que provoca que se contrate a becarios o ayudantes, incrementando además la precariedad laboral.

"Estas evaluaciones se dedican a la apariencia y al final consiguen que lo que quieran las universidades en entrar en ellas para aparecer en prensa. Al final, eso se traduce en prestigio. El resultado es que tienden a actuar y a presupuestar con ese objetivo. Los rankings son un mero escaparate que olvidan la visión de servicio público de las universidades", sentencia Torrego.

"Tienen pendiente el edificio de Medicina. No quiero apretarle a la Universidad de Almería, pero puede venir una universidad privada...". No dio más detalles. Está por ahora, dijo, "tocando puertas". "Manteniendo conversaciones". Señaló que era "pronto" para "anuncios", pero la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, dejó claro en una entrevista publicada hace unos días en el Diario de Almería que en su proyecto político sí cabe la universidad privada. Sería, en caso de que se concretase y llegase a abrir sus puertas, la sexta de Andalucía. La quinta si sólo tenemos en cuenta las que han visto vía libre para iniciar su actividad desde que el PP de Juanma Moreno llegó a la Junta. Y no es casualidad.

La proliferación de la universidad privada en España es evidente. El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades facilitó a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que se les dé luz verde. Todos, sin excepción, en comunidades gobernadas por el PP. Sólo desde 2018 se han abierto cuatro universidades con informes en contra, y todas lo han hecho en regiones gobernadas por la derecha.

Por eso no sorprende lo que está ocurriendo en Andalucía. Es, ni más ni menos, lo mismo que pasa en Madrid, donde ya se ha dado vía libre a la decimocuarta universidad privada mientras se sigue infrafinanciando a las seis instituciones públicas que, denuncian los rectores, están ya al borde del desastre. "El modelo andaluz es igual o incluso peor", señala Jorge Ibáñez, secretario de Universidades de la Ejecutiva del PSOE-A. Consiste básicamente en la doble acción que los conservadores han puesto en marcha no sólo con la educación superior, sino también con la sanidad: se infrafinancia el sistema público y se presenta, después, al privado como el único salvador.

Lo ha denunciado también el PSOE almeriense, cuyo grupo municipal presentará además el próximo martes una moción para que, al menos, el Ayuntamiento de la ciudad se comprometa a no ceder suelos públicos a ningún ente que pretenda abrir una universidad privada, como sí ha ocurrido en Málaga. "¿Por qué está promoviendo la alcaldesa intereses privados en la ciudad en lugar de estar centrada en ofrecer a los almerienses y las almerienses unos buenos servicios públicos que hoy por hoy brillan por su ausencia?", se preguntó la portavoz de la Ejecutiva Provincial de la formación, Fátima Herrera. Es "absolutamente inaceptable", insistió.

La moción, a la que ha tenido acceso infoLibre, redunda en esa idea. "Atraer universidades privadas a una ciudad como la nuestra supone un ataque frontal y directo contra la Universidad de Almería y rompe la función de ascensor social que tiene encomendada, ya que las universidades privadas actúan al margen del sistema público de educación superior, ofrecen sus servicios en condiciones económicas inaccesibles para una parte importante de la población almeriense, consolidando un modelo universitario basado en la capacidad económica y no en el mérito y la igualdad de oportunidad", expone.

El propio anuncio de la alcaldesa de la ciudad mostraba esa estrategia. Fue María del Mar Vázquez la que vinculó la posible apertura de un centro privado a la situación de la Universidad de Almería. "No quiero apretarle", dijo. Antonio Ruiz, portavoz del PSOE-A de Universidades e Investigación, se fijó en ello con mucha atención y por eso preguntará sobre este asunto al consejero del ramo del Gobierno de Moreno, José Carlos Gómez Villamandos. Según reflexiona el socialista, el alumnado de Medicina lleva tres cursos sin un edificio propio, utilizando otros espacios de prestado. Y ello se debe a que así es más sencillo justificar esa nueva universidad privada.

Ahora bien, ¿cuál es la situación de la Universidad pública de Almería? Según explica Ibáñez, la Junta lleva años en deuda corriente con ella y el año que viene la institución podría por ello entrar en déficit. La pública de Málaga, situada en una provincia con tres proyectos sobre la mesa, tuvo por su parte que ser rescatada el año pasado por la Junta, que le prestó 48,5 millones para, simplemente, poder mantener la actividad educativa. "La inversión de la Junta en la universidad pública ha bajado mientras el coste de la vida ha subido", lamenta. Según sus datos, desde 2015 el presupuesto que la Junta ha destinado a esa partida ha pasado del 3,89% al 3,58%.

Este año, la Junta de Andalucía ha aprobado una financiación de 1.750 millones para todas las instituciones públicas, una cifra que supone un ingreso extra de 21 millones que son, según Moreno, un "hito financiero" pero que se alejan, según los rectores, de la deuda de 50 millones que tiene el Ejecutivo con ellas.

Es este doble movimiento el que critica la oposición. No es, insisten siempre, la mera existencia de la privada, sino el deterioro de la pública que lleva asociado. "Fomentar la privada por una cuestión de pluralidad puede valer, pero restringir a la vez la financiación de la pública ya implica cercenar el derecho ciudadano a la educación", lamenta la profesora de la Universidad de Jaén Delia Langa.

Junto a esto, además, también entra en juego la cuestionable calidad que tienen muchos de estos nuevos centros. En sólo siete años han abierto cuatro universidades con evaluaciones desfavorables y hay otras tantas que, a pesar de tenerlos, podrían abrir sus puertas próximamente. Es el caso de tres andaluzas: la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed, online), ya aprobada, y la Universidad Internacional del mediterráneo y la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, todavía en espera.

El Gobierno de Pedro Sánchez es el primero que sabe que esto es un problema. Y por eso ha planteado una reforma del decreto que marca las normas para que se aprueben nuevas universidades. Lo dijo claramente la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría: "Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", dijo. Desde Andalucía insisten en la misma idea.

"El modelo tradicional de universidad católica, especializada en algunas áreas e imbricada en un territorio, como la de Navarra o la de Deusto, se ha frenado", lamenta Ruiz. "Ahora tenemos universidades privadas que solo buscan crecer y abrir nuevos grados, másteres y campus por toda España a toda costa y sacrificando el nivel de calidad. No se pueden replicar grupos de investigación potentes como si fueran churros. No son universidades que vayan a dejar patentes, transferencia e investigación de calidad", lamenta. Y compara, en este sentido, la Loyola de Sevilla, la primera privada andaluza (abierta en 2011), de la Utamed, enfocada sobre todo a la mera empleabilidad del alumnado. "¿Estás cansado de estudiar para nada? Vente a Utamed y olvídate de los temarios sin foco y de las horas sin teoría. En Utamed, universidad y empleabilidad se unen", destacan en sus vídeos promocionales.

Además de esas dos, Andalucía ha dado luz verde también a la Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Europea de Andalucía, que todavía no han iniciado su actividad en Málaga, y a la CEU Fernando III de Sevilla, que sí lo ha hecho.

En cualquier caso, Madrid y Andalucía no sólo se parecen en la estrategia privatizadora que pasa por el deterioro público. Sus dos gobiernos del PP, además, han puesto ya encima de la mesa leyes que pretenden limitar las protestas que este tipo de políticas puedan generar en los campus públicos. El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de Isabel Díaz Ayuso pretende castigar por ejemplo con sanciones que alcanzan los 100.000 euros "permitir que manifestaciones o acciones no autorizadas impidan el libre ejercicio de actividades autorizadas" o "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus". Es decir, serían sancionables los escraches o incluso las acampadas por Palestina.

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) consultado por infoLibre contempla, por ejemplo, que será un decreto de Consejo de Gobierno de la Junta, previo informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, el que establezca el "marco para el ejercicio del derecho al paro académico, su declaración y su posterior desarrollo por las universidades". Se abre la puerta por primera vez, además, a que los rectores de las universidades privadas formen parte de ese Consejo.

“Es un continuo miedo, no porque no esté preparada, sino porque el mercado es muy competitivo y son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia” explica Sara Manzanares, estudiante del Doble Grado en Derecho y ADE.

“Derecho solo se quedaba corto” añade, pero en un principio quería completarlo con Ciencias Políticas. Acabó por descartarlo porque tenía pocas salidas, aunque este curso ha comenzado una formación complementaria en esa carrera para engordar aún más un currículo que luchará por encontrar su hueco y ser seleccionado entre otros miles.

La perspectiva de encontrar un trabajo digno que permita a los jóvenes independizarse es cada vez más improbable al acabar la carrera. Por ello, los jóvenes continúan con su etapa formativa con la esperanza de poder diferenciarse de sus compañeros. Antonio Echaves, profesor titular de Sociología en la Universidad de Sevilla, explica a infoLibre que “en momentos de crisis el sistema educativo se convierte en un refugio para los jóvenes”.

Alejandro estudia Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y comenzará un Doble Grado en Relaciones Internacionales y Derecho el curso que viene mientras termina la carrera. “Es por el síndrome del impostor” dice, mientras argumenta que “el mercado de trabajo está muy precarizado y eso hace que veas a personas haciendo trabajos para los que están sobrecualificados”.

Enrique Gil Calvo y Luis Garrido Medina, sociólogos y autores del libro Estrategias familiares explican que la causa de que la formación se dilate cada vez más en el tiempo tiene mucho que ver con que el alumnado y sus familias decidan planificar mejor la formación de los jóvenes para evitar tener que enfrentarse a una situación de precariedad.

Es el caso de Mateo, estudiante de Doble Grado en Derecho y ADE en la Universidad Carlos III. Eligió esta opción porque “los despachos de abogados siempre prefieren a alguien con un doble grado” aunque los motivos, según el alumno, no van encaminados hacia un mayor conocimiento sino a que “al tener más carga de trabajo, los alumnos están más acostumbrados a un ritmo laboral más alto”.

Según el informe Universidades y Despachos 2023 elaborado por El Confidencial, dos de cada tres nuevos abogados en la élite de los bufetes se habían graduado con un doble grado, mientras que quienes tenían uno solo representaban el 37%. También se repite esta tendencia en los másteres, el 55% de los abogados que se unían a un bufete habían cursado un doble master.

El profesor de sociología explica que esto no siempre ha sido así: “tener una licenciatura era suficiente antes, ahora esto no sucede”. Las nuevas generaciones se están teniendo que enfrentar a una etapa formativa más específica y larga, con la carga económica que eso supone, debido a que ha subido la competencia porque "se ha disparado el número de personas con estudios universitarios".

Pero, ni siquiera tener un currículo brillante y que acredite una formación extensa es garantía de nada. Según datos de Eurostat un 35% de la población en España esta sobrecualificada para el trabajo que desempeñan, una cifra muy por encima de la media europea de 21,5.

El sistema educativo español esta basado en una lógica meritocrática, que también se aplica en el sistema para acceder a la universidad mediante las notas de corte de la recién bautizada PAU. Echaves explica que este sistema funcionaría si “todos los alumnos partieran del mismo lugar” en términos de igualdad de condiciones, cosa que no pasa. Aquí entra en juego bachillerato, ya que los alumnos de colegios privados o concertados llegan “dopados” a la PAU. Y así lo avalan los estudios. 

Las mejores calificaciones se dan en los alumnos de colegios privados: en concreto en un 53%. Y a su vez, según el informe Notas de acceso a la universidad, ¿son equitativas? del Observatori del Sistema Universitario de Catalunya (OSU) este buen rendimiento no se ve en los resultados en los exámenes de la PAU, que se corrigen preservando el anonimato del alumnado.

Daniel Valdivia, profesor de sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla explica a este periódico que “las clases sociales más altas y con mayor capital social encuentran siempre forma de cerrarle las puertas a la clase trabajadora” y, a la hora de acceder al mercado laboral “ni siquiera un master sirve, ahora te hace falta un contacto o una recomendación que te permita conseguir un puesto de trabajo”.

El estrato social también determina la posibilidad de alargar los estudios para conseguir cursar los cotizados masters: “a mayor nivel de estudios, mayor es la condición socioeconómica”, explica Echaves, ya que "no hay ningún tipo de presión o necesidad de trabajar".

Las universidades han aumentado sus precios hasta las cifras que conocemos hoy, con Madrid, Navarra y Cataluña a la cabeza, superando las tres comunidades los 18 euros por crédito en los grados.

A pesar de los precios que los alumnos se ven obligados a pagar, esto solo se refleja en la financiación publica de dos de estas comunidades: Cataluña y Navarra gastan 7.137 y 8.976 euros por alumno respectivamente. Madrid, sin embargo, continúa siendo la comunidad autónoma que menos invierte en su educación pública, con tan solo 5.467 euros por alumno.

La infrafinanciación de la universidad pública por parte de los gobiernos del Partido Popular en esta región para promocionar la privada han llevado a que muchos alumnos acudan a ella. De hecho, ya superan en cantidad a las públicas con solo 6 públicas y 13 privadas, más del doble.

Incluso las propias universidades públicas se están volviendo cada vez menos accesibles para los alumnos. La Universidad Carlos III de Madrid, uno de los centros públicos más caros, tiene másteres que pueden rondar entre los 80 y 150 euros por crédito, aunque otros llegan hasta los 225, como el de Administración de Empresas.

Una grieta que se hizo más profunda durante la pandemia cuando la Comunidad de Madrid aprobó el Real Decreto-ley 17/2020 que suprimió el sistema de horquillas permitiendo que los precios subieran de una forma descontrolada. Aún así, en el curso 2023-24 los másteres siguieron con cifras récord, con un 32,6% de matriculados más. Daniel Valdivia explica que "los alumnos deben cursar un master de manera casi obligatoria si quieren acceder a un trabajo" desde que el Plan Bolonia suprimió el quinto año de los grados universitarios.

El pasado abril, plataformas estudiantiles convocaron una huelga en Madrid junto con el profesorado en defensa de la educación pública. Ante sus demandas, Ayuso aprobó la subida de solo un 4,2% de la financiación lo que supone 47,3 millones más. Una cifra muy alejada de los 200 millones de euros que demandaban los rectores. 

Valdivia explica que las soluciones, como aumentar las plazas o limitar la universidad privada, son sencillas por lo que “solo hace falta voluntad política”.

Lo advirtieron hace meses: Ciudad Real tendrá, el curso que viene, 25 aulas menos. ¿El motivo? No hay niños suficientes a los que dar clase, así que no queda más remedio que agruparles en las pocas que sí pueden seguir funcionando. No pasa sólo allí, en cualquier caso. La caída demográfica ha empezado ya a dar sus frutos y están siendo los colegios y los institutos los termómetros perfectos para comprobarlo. Ahora bien, como ocurre siempre, no está pasando igual en todas partes. Lo sufre más la España vaciada, claro, pero también la escuela pública. De hecho, es, sin duda alguna, la principal damnificada.

Lo han señalado los expertos en varias ocasiones y las estadísticas les dan la razón. Las últimas cifras sobre unidades escolares publicadas por el Ministerio de Educación revelan que en la última década —desde el curso 2013-2014 al 2023-2024— las aulas de Educación Infantil públicas han caído un 2%, pero las privadas han crecido un 1,6%. Pasa igual en Primaria, aunque es cierto que en menor medida: en esa etapa las públicas han caído un 0,5%, pero las privadas han crecido un 2,3%. En números absolutos, los datos hablan de 1.744 aulas públicas cerradas y de 1.410 privadas abiertas. En prácticamente el mismo periodo —el último disponible en el INE, entre 2012 y 2022—, la media de edad de los españoles y las españolas ha subido tres años: de los 41,6 a los 44,08.

Han sido todos estos los años clave. Un estudio publicado por EsadeEcPol ya cifró en 450.000 el número de niños y niñas menores de 16 años que España había perdido precisamente entre 2013 y 2023. Bajo el título Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo, el think tank auguraba además que, para 2037, esa cifra habría alcanzado el millón. "El pico demográfico de esta edad tuvo lugar en 2013, ahora estamos en ese proceso de pérdida de población menor de 16 años. El problema está en marcha", diagnosticó uno de los autores del estudio, el sociólogo Jorge Galindo. Así se explica, precisamente, que las mayores caídas se hayan producido en la etapa Infantil: el proceso acaba de empezar.

Daniel Turienzo, maestro y doctor en Educación, pide expresamente fijarse en esa etapa para comprender la dimensión del problema. "Mirar lo que ocurre en Infantil es lo más interesante, porque es donde más se comprueba cómo la caída demográfica se está cebando con el sistema público", explica, desde el otro lado del teléfono.

Volvamos a la estadística oficial, como plantea. Si se acerca la lupa, se comprueba que en la última década se han cerrado 1.312 aulas públicas y se han abierto, por su parte, 559 privadas. En Primaria, sin embargo, los números no distan tanto: mientras se han clausurado 432 de la primera red, se han inaugurado 851 de la segunda. Ahora bien, el esquema es el mismo. Y además lleva años ocurriendo.

Un informe de CCOO que analizó esta variable entre los cursos 2017-2018 y 2022-2023 concretó que, a nivel estatal, las unidades de las escuelas públicas de Infantil y Primaria habían descendido un 2,51%, un porcentaje mucho más elevado que el de las privadas, que fue del 0,13%. El alumnado, no obstante, había caído en casi idénticas proporciones en ambas: un 7,06% en las primeras y un 7,45% en las segundas.

Ahora bien, la pregunta que surge es obvia: ¿por qué ocurre?

Turienzo cree que la explicación tiene dos vertientes. La primera tiene que ver con una cuestión de territorio, y se fundamenta en que "las aulas que cierran lo hacen sobre todo en zonas rurales, donde la única escuela que existe es pública" y donde, básicamente, nacen menos niños. Según los datos del INE, comunidades como Cantabria, Asturias o La Rioja son las que mayores descensos en cuanto al número de nacimientos han experimentado en la última década. En concreto, y respectivamente, su natalidad ha caído un 38,4%, un 31,8% y un 31,1%. Estas tres comunidades, además, superan la media nacional de caída de la población matriculada en el segundo ciclo de Infantil —el que más alumnado tiene—, según las cifras recogidas por el departamento de Pilar Alegría: los descensos han sido del 29,8%, 29,6% y 27% respectivamente.

¿Y la segunda vertiente? Según Turienzo, esta respondería más a una cuestión política. "Lo que está influyendo sobre todo en estas estadísticas es el sistema de conciertos", advierte.

Es ideológico. El 13 de enero de 2021, el Gobierno de la Comunidad de Madrid respondía a la aprobación de la ley educativa de la entonces ministra Isabel Celaá con la extensión de la duración de los conciertos educativos a un plazo de diez años. Es decir, que las escuelas privadas que consiguieran un contrato con la administración para recibir fondos públicos lo harían, como mínimo, durante una década. Y antes no se podría tocar ese acuerdo. Podrían seguir funcionando exactamente igual. Pasase lo que pasase en ese periodo de tiempo. Y si el número de alumnos cae en picado, se mantienen las mismas unidades.

La explicación oficial pasaba por el deseo de garantizar "la libertad de elección de más de 360.000 alumnos madrileños". Pero los principales beneficiados por esta decisión fueron los colegios católicos, puesto que son estos los que principalmente integran la red privada financiada con fondos públicos. A nivel nacional, y según los últimos datos de Escuelas Católicas, suponen en concreto el 57% de toda la red. "Si se cierran unidades públicas porque no se pueden cerrar concertadas y la oferta se reduce a esta última, realmente lo que se está haciendo es todo lo contrario a garantizar la libertad de elección", lamenta Turienzo.

Para Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, la conclusión está clara: "Buena parte de la última década ha gobernado un partido político que decía respetar la gratuidad de la enseñanza. A las pruebas me remito que esta promesa electoral no se está cumpliendo". Héctor Adsuar, secretario de Pública no Universitaria de CCOO, hace el mismo diagnóstico. "En cualquier variable, siempre que hay que recortar en educación se hace por la pública. La privada está protegida", lamenta. El informe que presentó su sindicato también lo aseguraba. "Se está privatizando progresivamente el sistema y los datos son especialmente impactantes en algunos territorios", recogía.

Clara Fontdevila, investigadora postdoctoral de la Universidad de Glasgow, se centra sobre todo en eso: en la variabilidad territorial. Por eso ella prefiere no ser tan contundente. Según destaca de la estadística, no en todas las autonomías y regiones ha ocurrido así, puesto que algunas pierden unidades de todas las redes y en otras, en cambio, las ganan. "Es muy complejo y complicado dar una explicación general, no hay que olvidar que en España hay muchas dinámicas y, en muchas ocasiones, muy específicas de cada comunidad autónoma", destaca.

Sea como sea, la caída demográfica está ahí. Y como vaticinan todos los expertos, y confirman las proyecciones como la realizada por EsadeEcPol, irá a más. Ahora bien, lo que determine el futuro del sistema será cómo se lo enfrente. Todos los expertos coinciden en cuál sería la manera más adecuada: la bajada de alumnado debe tomarse como una oportunidad para mejorar todo el sistema público, no para cercenarlo. "La pérdida de población no es una buena noticia como sociedad, pero si la enfrentamos con planificación puede convertirse en una buena oportunidad educativa", señala Turienzo.

¿Cómo puede hacerse? Según el experto, manteniendo en primer lugar la inversión actual y consiguiendo, de ese modo, que los fondos por alumno se vean necesariamente incrementados. En segundo lugar, aprovechando las unidades que en principio se cerrarían para, por ejemplo, ampliar la oferta o modificarla y orientarla a etapas con más necesidad de plazas como la Formación Profesional. Y por último, decidiendo, en los casos más extremos, qué cerrar y dónde. "Sería esta una buena oportunidad para consolidar el sistema público si conseguimos que las aulas que se clausuren sean las que no tienen una clara vocación de servicio público como, por ejemplo, las concertadas que cobran cuotas ilegales a su alumnado", añade.

Adsuar, por su parte, asegura que desde CCOO están completamente de acuerdo en esas medidas. Y es más, explica que su propuesta, planteada explícitamente al Ministerio de Educación, pasa también por la mejora general de las ratios, apuntando a una bajada directamente proporcional al número de alumnado con necesidades educativas especiales.

Son, como mínimo y según algunos expertos, una amenaza. Primero para los estudiantes y, después, para todo el sistema público. Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que quiso poner coto, a través de la reforma del decreto de universidades, a lo que denominó sin titubeos "chiringuitos" universitarios, provocando varias reacciones. La primera, la de los centros públicos, que celebraron la decisión porque los consideran responsables —al menos en parte— de su infrafinanciación; la segunda, la de las propias universidades privadas, que criticaron que la norma provoca "inseguridad jurídica" y vulnera "principios fundamentales". Por ahora la reforma sólo ha dado el primer paso en el Consejo de Ministros, pero se espera su aprobación definitiva para mayo. Cuando lo haga, el mapa universitario actual sólo cambiaría en caso de que se cumplan unos requisitos cada vez más duros. Ahora bien, algunas autonomías, aun con la normativa actual, ya están siendo un dique de contención contra este tipo de centros.

La desigualdad territorial es evidente. Se palpa en el mapa actual y se confirma con los proyectos que, al menos hasta ahora, había encima de la mesa. Si observamos el primero, que se puede extraer de la estadística oficial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se comprueba que es Madrid la que está a la cabeza. Tras ella, Cataluña, Castilla y León y Comunitat Valenciana. Sobre la mesa, otros tantos proyectos que incluirían en ese listado a Extremadura y a Andalucía. Oficialmente, ahora mismo tienen cero y un centro privado, respectivamente, una situación que comparten con Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Aragón pero en la que sobresale, sin ningún tipo de duda, Castilla-La Mancha. Allí no hay ninguna universidad privada. Pero lo realmente importante es que tampoco se la espera.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha son claros: no tienen nada contra la universidad privada, pero sí contra las "expendedoras de títulos". Su "apuesta", explican fuentes del Ejecutivo de Emiliano García Page, está en la universidad pública y sólo en la privada "seria y de calidad, con estándares y exigencias como las de las públicas". Es un discurso idéntico al del equipo de Sánchez. "Hay que perseguir las prácticas que atenten contra los estándares de calidad universitaria", señaló él mismo cuando anunció la reforma del decreto de acreditación de nuevos centros. "Vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar", añadió la ministra de Universidades, Diana Morant, en una entrevista con infoLibre.

Hasta ahora todo proyecto que quisiera instalarse en una región concreta podía, perfectamente, no cumplir ningún criterio. Es más, según los datos del departamento de Morant, desde 2018 ha habido cuatro centros abiertos de ese modo: dos en Canarias (Universidad de las Hespérides y Universidad Tecnológica de Canarias), uno en Madrid (Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología) y otro en Andalucía (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo).

Es lo que rechaza de plano Castilla-La Mancha. En primer lugar, a partir de la nueva Ley de Universidades que el pasado mes de febrero sacó el Ejecutivo a consulta pública y que consiste, en síntesis, en endurecer los criterios para permitir la apertura de nuevos centros y en exigirles mayor relación con las instituciones. "A todos los aventureros de considerar la universidad solo un negocio no les vamos a dar ninguna facilidad", señaló el propio Page hace ahora un año, cuando presentó la normativa que pretende tener lista en 2026. Según concretan fuentes de su Consejería de Educación, su plan "no trata de universidades públicas contra universidades privadas, sino de proyectos universitarios de calidad". "La universidad juega un papel esencial en el desarrollo de Castilla-La Mancha y es la mejor aliada para construir el futuro de la región, ya que tiene la capacidad de generar futuro, oportunidades, expectativas, ilusión y compromiso con la región", añaden.

Hasta ahora, informan, han recibido aproximadamente una decena de propuestas de instalación de universidades privadas, pero se encuentran todas en stand by hasta que se apruebe la ley regional de universidades.

La conclusión está clara: la proliferación o no de la universidad privada y, sobre todo, de este último tipo de centros, depende en gran medida de la política. Como coinciden todos los expertos —y en cualquier caso corroboran los datos— un gobierno de derechas al frente facilita casi al completo que un nuevo proyecto salga adelante. Sea como sea. Tenga o no instalaciones. Contrate o no profesores suficientes. Y ofrezca o no variedad en sus titulaciones. Por eso Castilla-La Mancha, con el PSOE al frente en estos últimos años, en los que más se han propagado este tipo de "chiringuitos", sigue un rumbo radicalmente diferente. Ahora bien, no sólo es el color del sillón del gobierno el que explica todo.

"Los gobiernos regionales pueden fomentar o impedir el auge de las universidades privadas, pero su presencia no es sólo política", confirma desde el otro lado del teléfono la profesora de Sociología de la Educación en la UCM María Fernández Mellizo-Soto. ¿Y qué es el resto, entonces? Ella considera que hay un factor fundamental y que explica en gran medida esa desigualdad territorial en la implantación de estos "chiringuitos": la renta de la población que integra cada autonomía. Al final, subraya, "el sector privado se instala en aquellos lugares en los que sabe que puede tener éxito. Y esto deja fuera a las regiones más pobres".

La explicación es muy sencilla: por mucho que la universidad privada busque abarcar cada vez a más estudiantes, sigue siendo el cortijo de las clases más altas. Según un informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el porcentaje de alumnos de las privadas con progenitores con ocupaciones altas se sitúa en el 60%, un porcentaje que en las públicas se reduce hasta el 40%. Y es que allí los precios pueden llegar a ser hasta tres veces más bajos.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las tres comunidades con menor renta anual media por persona son Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Ahora mismo la primera tan sólo tiene un centro privado, pero data de 1996 y se aleja de lo que el Gobierno tacha de "chiringuito". En Andalucía, por su parte, hay, por ahora, dos: Loyola Andalucía (fundada en 1963) y la CEU Fernando III, que empezó a operar en octubre de 2023. Otros dos esperan ya poder abrir sus puertas, por lo que la autonomía podría considerarse una excepción. Pero allí gobierna el PP desde que ganó las elecciones de diciembre de 2018.

El rumbo de Extremadura es muy parecido. Allí, según explica el catedrático de Tecnología Educativa en la Universidad de Extremadura Jesús Valverde, ni la renta ni la competitividad es elevada pero, sin embargo, tienen un proyecto a puntito de ver la luz —el de UNINDE, con capital chileno y peruano detrás— y otros tres sobre la mesa del Gobierno conservador de María Guardiola. "Cuando gobernaba el PSOE empezaron a hacer peticiones, pero no han prosperado hasta ahora", señala el experto, que sigue creyendo que la región no es lo económicamente atractiva para este tipo de proyectos como lo son, en cambio, las que más renta per cápita registran.

Son, volviendo a los datos del INE, País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Y allí el panorama es muy distinto. La primera tiene tres universidades privadas y una pública; la segunda, 13 privadas y seis públicas; la tercera, una de cada sistema; y la última, cinco privadas y cuatro públicas. "Madrid por ejemplo no es sólo una de las regiones más ricas, sino la ciudad a donde más personas acuden a estudiar, ya sean de otras regiones o países. Es decir, es donde el mercado es más amplio y existe por tanto una mayor posibilidad de rentabilidad en los negocios", explica la experta.

Según los datos oficiales del ministerio, a la presidida por Isabel Díaz Ayuso la escogen estudiantes de todas las demás comunidades. Sobre todo de Castilla-La Mancha, una comunidad en la que no existe ese tipo de movilidad.

Cataluña está dentro de ese listado, pero sus características son muy diferentes. Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. Ninguna de las cinco universidades privadas catalanas tiene afán de lucro. Tres, además, son confesionales: la Ramón Lllull, la Universitat Internacional de Catalunya y la Abat Oliva CEU. Las otras dos que componen el listado son la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic, ambas subvencionadas parcialmente con fondos públicos: la primera de la Generalitat y la segunda del Ayuntamiento de Vic.

Pero más allá de las manos que las manejan, su fecha de creación también es relevante. Como recuerda Corominas, la más reciente es la Abat Oliva CEU, reconocida como universidad en 2003 aunque en funcionamiento como escuela desde 1973. Desde entonces, hace más de dos décadas años, ninguna más. "Es complicado saber los motivos, pero creo que tiene mucho que ver el hecho de que el sistema en Cataluña está muy estabilizado y nadie quiere tocarlo. Ni la administración, ni las universidades públicas ni, tampoco, las privadas que ya tienen tantos años de bagaje", señala el experto.

Y ni siquiera algo parecido ocurre en ningún otro lugar de España. Porque si no no se entendería que un gobierno business friendly como el de Artur Mas no hubiera apoyado la creación de centros privados. "En Cataluña siempre ha habido una especie de control sobre las universidades, y creo que eso no se quiere perder de ninguna manera", sentencia Corominas.

Allá por los años 2012 y 2013, cuando los recortes a los servicios públicos eran la realidad de casi cada viernes de Consejo de Ministros, no era extraño que las camisetas verdes inundaran de vez en cuando las calles de las grandes ciudades. "Escuela pública de tod@s y para tod@s", se leía en ellas. Fueron desapareciendo conforme pasaban los años y al mismo tiempo, además, al que se apagaban las protestas. Hasta ahora. Este lunes Madrid será el escenario de una huelga general que los convocantes ya tachan de "histórica". Desde la etapa de infantil hasta la universitaria, estudiantes, profesores y personal administrativo unirán su voz contra un enemigo común: la política privatizadora y asfixiante que Isabel Díaz Ayuso ha convertido en bandera.

El ambiente lleva semanas calentándose, pero ha sido el mundo universitario el que hasta ahora ha monopolizado el protagonismo. La noche del jueves al viernes, sin ir más lejos, alrededor de un centenar de estudiantes se encerraba en el campus de la Universidad Carlos III de Madrid, una acción que apenas unas semanas antes habían protagonizado los estudiantes de la Complutense. Meses antes, juntos y acompañados de las otras cuatro universidades públicas, alzaron la voz frente a la Asamblea de Madrid. Ya entonces avisaron: la batalla será "a largo plazo". Y este 28 de abril será el día grande.

Motivos, dicen todos los sindicatos y organizaciones convocantes, hay de sobra. Los explicarán desde por la mañana en distintas acciones y piquetes informativos, pero la gran movilización recorrerá las calles que unen Atocha y la Puerta del Sol a partir de las 18 horas de la tarde. En la cabecera, y bien visible, el lema: "Salvemos la educación pública". Desde la primera etapa de 0 a 3 años a la universitaria pasando por Primaria, Secundaria, FP y Educación Especial que, junto a la etapa Infantil, protagonizarán un segundo paro también el martes 29.

No es casualidad que se unan. Y tampoco ha habido un gran trabajo para confluir en las reivindicaciones. Como indica el colectivo Menos lectivas, "las circunstancias de cada etapa son diversas", pero "todas coinciden en estar padeciendo un desmantelamiento a ojos vista del sistema educativo público, con una financiación claramente insuficiente que está afectando seriamente tanto a las condiciones laborales de las trabajadoras como a la calidad de la enseñanza". Ana Vicenti es representante de la organización y suscribe cada una de esas palabras. "Hay una cosa que es genérica y que afecta a todo el sistema: la Consejería de Educación nos ha abandonado. Y no es una cosa del PP, sino específica del partido en Madrid", lamenta.

La universidad, una vez más, ha sido el paradigma de este diagnóstico. Los datos concretos que de hecho deja su realidad no dejan lugar a dudas. El Gobierno conservador de Ayuso ha impedido que los seis centros públicos de la región se recuperen de los recortes de la crisis económica y para este 2025 tan sólo ha aprobado un incremento del 4,2% en su financiación, un porcentaje que supone 47,3 millones de euros más y la condena, señaló la comunidad universitaria en su día, del sistema. No hay más que ver ejemplos concretos: la UCM ha recortado un 35% el gasto y hay bibliotecas, como la de Filosofía, que ya no puede adquirir nuevos libros. Ni siquiera uno más.

¿Y qué ocurre mientras tanto fuera de la universidad? Pues no algo muy diferente. "Ha habido una desinversión salvaje. Es más, el despido masivo de personal docente que hubo hace 14 años todavía no se ha recuperado, y menos si tenemos en cuenta que la complejidad que hay ahora mismo en las aulas no es la misma que había cuando empezó la crisis", lamenta Vicenti. Sobre este aspecto en concreto publicó recientemente un informe EsadeEcPol, que llegó a una conclusión muy clara: el alumnado, cada vez más diverso, es una de las causas detrás de que el 47% de los docentes quieran abandonar la profesión. Y de que sólo el 24% mantenga la ilusión por su trabajo.

Pero hay más números. Y los ha recogido la organización Menos lectivas. Por un lado, la Comunidad de Madrid es la región con la carga lectiva más alta: 25 horas para Primaria y 20 para Secundaria, FP y Bachillerato, unos números que dificultan el trabajo, también necesario, fuera del aula. ¿Y en qué deriva eso? En horas extra que, señalan, no se pagan pero que resultan imprescindibles para diseñar las clases, hacer tutorías, formarse o participar en proyectos transversales del centro. Pasa también en la etapa Infantil. Y lo sabe bien Rosa Marín, de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI). "Hay un montón de cosas necesarias que no me queda más remedio que hacer en mi tiempo libre. Nadie me paga ni me devuelve esas horas", lamenta.

A esto se suma, señalan también desde Menos lectivas, que la región soporta unas ratios de alumnos por aula de entre 700 y 1.000 niños y niñas, una cifra muy superior a la recomendada por los expertos, que hablan de un máximo de 250 estudiantes si lo que se quiere es garantizar el bienestar, prestar una atención individualizada y atender de manera adecuada a quienes tienen necesidades educativas especiales o proceden de entornos vulnerables.

El problema es que para ello no sólo son importantes los docentes. El personal de administración y servicios (conocido como PAS) también es parte perjudicada por el desmantelamiento de la educación pública llevada a cabo por Ayuso. Y por eso también es sujeto activo en la huelga de este lunes. Lo explica así Nicolás García, miembro del comité de huelga y portavoz de la sección sindical del PAS del sindicato co.bas. Según explica, para ellos hay algunos puntos que han sido determinantes. Y el fraude de ley que denuncia que han sufrido miles de empleados ha sido uno de ellos.

Denuncian en concreto el "ERE encubierto" que ha realizado la Comunidad bajo el pretexto del proceso de estabilización que la justicia europea obligó a España a llevar a cabo. Como critica García desde el otro lado del teléfono, muchas personas que llevaban entre 20 y 30 años al frente de colegios e institutos públicos han sido despedidos. Y sus plazas, adjudicadas por una oposición que no lo tuvo en cuenta.

Pero ya no es sólo eso, muchas de las categorías que entran dentro de los PAS no han sido definidas y por tanto hay trabajadores que realizan funciones que no les corresponden. Además, no hay sustituciones inmediatas cuando se produce una baja y los sindicatos mayoritarios han firmado un convenio que rechazan de plano. En síntesis, porque empeora sus derechos y prohíbe la protesta.

No ese un paso cualquiera. Es precisamente el que también pretende dar Ayuso en la universidad con la aprobación de la ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). En concreto, el borrador, al que ha tenido acceso infoLibre, introduce que la universidad colaborará "lealmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" para, señala el documento que todavía está en fase de elaboración, "asegurar la protección de los derechos de todos". Y que el 30% de la financiación de los centros tiene que proceder de fondos propios.

Por eso es esta norma la que más preocupa al sector. Y así lo explica Mariu Ruiz-Gálvez, profesora de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM. "Si estamos más movilizados es, fundamentalmente, por esa ley. Es una clara asfixia a la pública y una consecuente apuesta por la privada", lamenta la profesora. La región presidida por Ayuso es, con muchísima diferencia, la que más centros privados tiene en su territorio. Más del doble de los públicos, de hecho.

La de este lunes será la mayor protesta hasta la fecha. Ya antes de que se produzca, representantes de todas las etapas educativas la califican sin ambages de "histórica". Pero no se quedarán ahí. El objetivo será conseguir aunar fuerzas para un paro indefinido. "Madrid no defiende ni a los estudiantes ni a los trabajadores, así que lo único que nos queda es hacer fuerza desde abajo. Sabemos que es David contra Goliat, pero no pararemos", sentencia Vicenti.

Parece que el Gobierno ha tomado cartas en el asunto de las universidades españolas y ha provocado un revuelo, un estruendo, una algarada, no diría que inesperada. La universidad hace tiempo que había desaparecido de los grandes debates públicos, había acumulado tensiones y problemas y ha vuelto al candelero de la inestable, indefinible y efímera política nacional.

Merecería la pena fomentar algunos debates sobre la sociedad y la universidad que tenemos, la que necesitamos y la que estamos dispuestos a construir, antes de poner en marcha debates políticos que amenazan con no conducir a parte alguna. Ese juego puede parecer que aglutina fuerzas en torno a la izquierda pero, en realidad, alimenta los intereses de la derecha más cavernaria, reaccionaria y pesetera.

Vayamos pues por partes. Es cierto que la universidad sigue llevando en sus genes la herencia de un pasado en el que las instituciones universitarias eran constructoras del saber. Un saber que luego debía ser revertido en la sociedad en su conjunto a través de su aplicación a la vida cotidiana y a través de las élites políticas, económicas y sociales formadas en los centros universitarios.

Luego llegaron las universidades versión ultraliberal, cuya misión es dotar a sus estudiantes de competencias laborales inmediatamente aplicables a la empresa. Una universidad vinculada al tejido empresarial, financiada por grandes corporaciones, o sectores, hasta el punto de crearse un cierto número de universidades corporativas. 

Al Estado, en sus diferentes formas, autonómicas o centrales, le viene muy bien reducir las inversiones en universidad pública y entregarla en brazos de las empresas privadas que inyectan dinero a cambio de másteres, titulaciones de su interés, investigaciones a su servicio, cátedras cofinanciadas y formación de profesionales sumisos y a la carta. 

La Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, proyecta una ley de universidades que fijará obligaciones de buscar financiación privada a toda costa. Una universidad pública, pero al servicio de los intereses económicos privados y una universidad privada que asegura que las élites económicas y políticas pueden comprarse un título para sus hijos. 

El bagaje universitario no importa, ya aprenderán en la empresa de papá, con la cartera del trabajo de papá y con los compañeros y subalternos de papá. Quien no tenga papá, que hinque los codos en la pública y, aun así, no tendrá gran cosa que hacer con su vida profesional.

Además, no pocos profesionales, muy útiles para las empresas, se forjan mediante el famoso do it yourself (DIY) Tú mismo, en tu habitación, en tu garaje, puedes diseñar nuevos sistemas operativos, nuevos componentes, nuevas redes sociales. Tú mismo, conectado con unos pocos amigos, en un entorno inseguro y altamente competitivo, puedes convertirte en un gurú, un influencer, un nuevo rico. 

Tú mismo puedes diseñar los nuevos componentes que mejorarán tu cuerpo y hasta tus genes. Y estos milagros se producen al margen y fuera de las universidades. Ese es el modelo que los medios de comunicación y las redes sociales han alentado y puesto de moda. El éxito personal, económico, político, social, va por otros cauces que conducen a Andorra, cada vez menos vinculados al esfuerzo y la inversión en formación universitaria. 

Y sin embargo, pese a ello, o precisamente por ello, necesitamos una universidad de nueva planta y de nuevo tipo, respetuosa con el pasado y abierta al futuro. No toda universidad privada es mala. Deusto, Navarra, o Comillas así lo demuestran. No toda universidad pública es necesariamente buena y todos lo sabemos. 

La nueva universidad, la que necesitamos, deberá ser –como siempre– generadora de conocimiento, lugar para la investigación, la formación, la docencia. Deberá mancharse las manos bajando a aquellos lugares donde hay problemas y se exige compromiso para abordar transformaciones profundas. 

Una universidad que identifique los problemas en el horizonte, aun antes de que cualquiera pueda verlos. Que cuente con autonomía, asegurada por la financiación pública, sin por ello denigrar absolutamente la financiación privada que no busque el interés especulativo, para que esos recursos se inviertan en búsqueda de soluciones económicas y sociales que puedan ser compartidas y participadas con quienes padecen los problemas.

Una universidad que premie el esfuerzo personal y que promueva el trabajo colectivo, en equipo. Todo lo contrario de lo que se hace ahora en nuestras sociedades, donde se premia al vago, al especulador, al indolente comisionista y donde se fomenta el individualismo, el liderazgo brutalista. 

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que la educación en todos sus niveles y las propias universidades se sentían parte esencial del futuro democrático que se abría por delante. Sentíamos que no estábamos en el mundo para adaptarnos y aceptar la dictadura sin más. 

Quisimos transformar el país y reconstruir nuestras formas de vida, de trabajo y de convivencia, sobre nuevas bases. Nos pusimos a ello. Lo hicimos. Han pasado los años. Hemos conseguido muchos avances, hemos afrontado muchos problemas y no siempre acertamos. 

El mundo ha cambiado, pagamos errores, los problemas desbordan la capacidad humana para afrontarlos en solitario y las universidades deben volver a ser punta de lanza en el conocimiento del futuro y en el compromiso para afrontar los grandes y duros problemas que nos toca afrontar.  Si quieren hablamos de estas cosas y nos ponemos de acuerdo, antes de que sea demasiado tarde.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

Hay comunidades autónomas que están "asfixiando" la universidad pública. Algunas de esas regiones llevan, además, años "maltratando" el sistema. Tanto, que en varios casos puede hablarse ya de que éste ha "quebrado". Y eso suele tener un efecto colateral: la privatización. Es teoría pero es, también, lo que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, diagnostica que está ocurriendo en España.

Lo comparó, en una entrevista con infoLibre, con lo que ha pasado con la sanidad madrileña: la que preside Isabel Díaz Ayuso es la comunidad que menos invierte por habitante y es, al mismo tiempo, la región con más ciudadanos con una póliza privada. Pues lo mismo ocurre con la educación superior. Ahora bien, no es la única. Como señaló la ministra, detrás de que la universidad se haya convertido en un negocio hay una clara "intencionalidad ideológica". Madrid es el ejemplo, pero el modelo, cada vez, se replica en más puntos del mapa.

Situemos primero en qué punto estamos. Según los datos oficiales del departamento de Morant recogidos en el último informe Datos y cifras del sistema universitario español, actualmente hay 50 universidades públicas y 41 privadas. En las primeras estudian 1.077.830 estudiantes de grado y 143.349 de máster que suponen, respectivamente, el 78,2% y el 49,7% del total. No siempre ha sido así. Si nos atenemos a los grados —por ser los estudios mayoritarios—, los datos indican que el número de matriculados ha descendido un 3,5% en las instituciones públicas entre los cursos 2016-2017 y 2023-2024, un periodo en el que el alumnado de la privada ha escalado un 61,1%. Hay, en cualquier caso, matices entre autonomías. Y tienen relación, claro, con el número de centros de cada una.

Vayamos primero a esto último. Madrid gana por goleada, en el peor sentido de la palabra, y destaca por encima de todas las demás autonomías con 13 universidades privadas, más del doble de las seis públicas. De todas ellas, siete se crearon en los últimos 25 años y en la región hay, además, otros dos proyectos encima de la mesa. Por detrás de la gobernada por Isabel Díaz Ayuso se encuentran, aunque lejos, Canarias, Andalucía y Cataluña, aunque sólo las dos primeras han experimentado un fenómeno de explosión de la privada similar al madrileño. Todos sus centros se han construido en el último cuarto de siglo y las islas tienen, de hecho, otro proyecto encima de la mesa. No hay por ahora ningún otro en marcha en Andalucía, y Cataluña tiene particularidades que merecen mención aparte.

¿Cómo se distribuye el alumnado entonces en Madrid, Andalucía y Canarias? O mejor dicho: ¿cómo ha cambiado esa distribución en los últimos años? Haciendo la misma comparativa que a nivel nacional —es decir, lo que ha ocurrido entre los cursos 2016-2017 y 2023-2024—, los estudiantes matriculados en la privada han crecido un 890,4% en Canarias, un 123,5% en Andalucía y un 63,2% en Madrid. En paralelo, los de la pública han descendido, respectivamente y en el mismo periodo, un 4,2%, un 3,4% y un 6%. Para hilar más fino, no obstante, merece la pena comparar cuánto representa el alumnado de las privadas respecto al total de universitarios. Y ese cálculo muestra que estudia en privadas el 14,6% en Canarias (hace casi una década lo hacía el 1,6%), el 2% en Andalucía (antes eran el 0,9%) y el 31,5% en Madrid (en 2016-2017 eran el 21%). En todas ha crecido.

Una vez situados los datos, ¿puede hablarse de factores comunes que los expliquen? Sí, y son varios. Para empezar, las tres autonomías están gobernadas por la derecha. Madrid y Andalucía, por el PP; Canarias, por una coalición entre los conservadores y Coalición Canaria. Destaca especialmente en cualquier caso la región que tiene a Juanma Moreno al frente: cuatro de las cinco universidades privadas andaluzas se crearon a partir de 2023. En concreto, dos ese año y dos el siguiente. Una está ubicada en Sevilla y otras tres, que todavía no han empezado su actividad, lo harán en Málaga. El conservador preside la Junta desde 2019.

Pero hay más. Las cifras que ofreció Morant en la entrevista con infoLibre hablan de diez proyectos de universidades privadas encima de la mesa. Pues bien, según ha sabido este periódico, tres se reparten entre Madrid y Canarias y los otros siete entre Extremadura (que plantea la apertura de tres), Illes Balears (una) y Aragón (con otros tres proyectos). Comunidades, todas ellas, también gobernadas por el PP.

Todos los expertos consultados coinciden en que esto es determinante. "La Comunidad de Madrid lo pone en bandeja", señala por ejemplo Francisco José Marcellán, profesor de la Carlos III y exmiembro de la comisión de acreditación de universidades Fundación Madri+d. "Hay una clara voluntad política e ideológica que contribuye a toda esta proliferación", añade Delia Langa, profesora titular en la Universidad de Jaén. Y para muestra, Málaga, donde el alcalde, denuncia Ana Jorge Alonso, profesora de la UMA, ha llegado a ceder suelo público a universidades privadas. Ha ocurrido recientemente con un terreno adjudicado a la Alfonso X El Sabio. El regidor malagueño, Francisco de la Torre, además, es claro y directo. Considera, sin ambages, un "acierto" el desembarco de estos centros en la ciudad.

"Las universidades privadas se están concentrando allí donde hay negocio y, sobre todo, en ciudades bien pobladas de comunidades proclives a aceptar estos desembarcos", diagnostica por su parte Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y Administración en la Universitat Pompeu Fabra.

Ahora bien, ¿por qué influye tanto el color político de quien controla el Gobierno? Porque esto determina dos cosas: que el sistema público generalmente no se cuida —al menos no de forma adecuada— y que se van a aprovechar todas y cada una de las rendijas que deje entornadas la norma de acreditación de los centros. Volvamos a Madrid.

La región aprobó a finales del año pasado unos presupuestos que establecen en 801 millones de euros la inversión para las universidades públicas, una cifra que en 2009, antes de los recortes, ascendía a 1.127. Es casi un 30% menos, según las cuentas que publicó el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Horacio Díez.

Los cálculos de infoLibre son parecidos. Según los datos oficiales recopilados por el desaparecido Observatorio del Sistema Universitario (OSU) y facilitados por la que era su directora, Vera Sacristán, la región gobernada por Ayuso invirtió en 2022 un 5,1% menos que antes de que los servicios públicos sufrieran lo peor de la crisis económica. En el caso de Canarias ese porcentaje se situó en el 1,9% y en el caso de la Comunitat Valenciana, en el 10,9%. Esta autonomía cuenta con cuatro universidades privadas.

"Madrid no permite que la pública amplíe plazas, tampoco mejoran la plantilla de profesores y, al final, lo que se consigue es que los estudiantes se matriculen en la privada", lamenta Marcellán. Enrique Díez Gutiérrez, profesor en la Universidad de León (donde hay otros cuatro centros privados), hace la misma comparación que Morant. Y la aplica a su autonomía y a todas las demás gobernadas por la derecha. "El proceso es bastante clásico: se adelgaza lo público, se genera una necesidad y, entonces, se promueve lo privado como única solución", explica.

En todo caso, el otro factor que mencionábamos también resulta determinante. Es, además, sobre el que ha puesto el foco el Gobierno. Se trata de la normativa que establece las condiciones por las cuales se autorizan y acreditan nuevos centros universitarios, un texto para el que el Gobierno aprobó una reforma hace apenas unos días. En concreto, lo que busca el Ejecutivo es endurecer los requisitos para cerrar esas rendijas por las que los gobiernos de derechas tratan de colar cualquier proyecto o iniciativa.

Hasta este momento —la reforma planteada ha entrado ahora en periodo de consulta— el decreto por el que se rige todo esto es el que en 2021 aprobó el que fuera ministro de Universidades hasta ese mismo año, Manuel Castells. Su objetivo, dijo entonces, era poner coto a los centros privados que actúan como "negocio", pero en ningún caso ser un obstáculo para aquellos "de calidad". En resumen: lo mismo que ahora pretende su sucesora, Diana Morant. "Vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar", dijo en la entrevista que concedió a este periódico.

¿Cómo lo van a hacer? Pues básicamente convirtiendo en preceptivo y vinculante el informe previo que las agencias autonómicas o estatal emiten cuando se presenta cada proyecto. Hasta ahora no ocurre así. Si un examen de una universidad privada concreta determina que la iniciativa no es viable pero el Parlamento autonómico tiene una mayoría para aprobarla, el centro sale adelante. Por eso es muy importante el color del Gobierno. Según los datos del Ministerio de Morant, desde 2018 ha habido cuatro centros abiertos de esta manera. Precisamente en Canarias (Universidad de las Hespérides y Universidad Tecnológica de Canarias), en Madrid (Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología) y en Andalucía (Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo).

Por su parte, otras seis universidades privadas con informe desfavorable de la Conferencia General de Política Universitaria esperan a que las cámaras autonómicas les den luz verde. Todas, de nuevo, en comunidades del PP: Universidad Internacional del Mediterráneo y Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, en Andalucía; Universidad Técnica del Mediterráneo, en Murcia; CESUGA International University, en Galicia; Universidad Abierta de Europa, en Madrid; y Universidad Internacional para el Desarrollo, en Extremadura. Con esta última, la región presidida ahora mismo por María Guardiola tendría, por primera vez, uno de estos centros.

Castilla-La Mancha sale de toda esta ecuación. Cataluña también. Pero hay un matiz entre ambas, y es que en esta última sí tiene presencia la universidad privada. En concreto, cinco centros que, sin embargo, no pueden enmarcarse dentro de ese boom que sí existe en el resto del territorio español. Lo explica el catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya Albert Corominas. "Nuestro mapa es muy distinto, tanto por la composición como por las fechas", explica, desde el otro lado del teléfono.

¿Qué es lo que ocurre? Ninguna de las cinco universidades en manos privadas instaladas en Cataluña tiene afán de lucro. Tres, además, son confesionales: la Ramón Lllull, la Universitat Internacional de Catalunya y la Abat Oliva CEU. Las otras dos que componen el listado son la Universitat Oberta de Catalunya y la Universitat de Vic, ambas subvencionadas parcialmente con fondos públicos.

Ahora bien, ¿cuándo se crearon? Como recuerda Corominas, la más reciente es la Abat Oliva CEU, reconocida como universidad en 2003 aunque en funcionamiento como escuela desde 1973. Desde entonces, hace más de 20 años, ninguna más. "No hay nadie que tenga interés en que aparezcan nuevos competidores. Yo personalmente no recuerdo ningún intento de que algún fondo de inversión quisiera entrar en el mapa universitario catalán pero, si lo ha habido, no ha prosperado", detalla el experto. Y no prevé que lo haga. "El sistema está muy consolidado. No ocurrirá lo que está pasando en Canarias o en Madrid", sentencia.

Tras el frenazo, la educación concertada vuelve a acelerar. Y con fuerza. Tanta, que ha vuelto a marcar un récord de financiación por parte del Estado, rozando ya los 8.000 millones de euros en 2023, un 5% más que un año antes. Así se desprende de la última Estadística de Gasto Público en Educación publicada por el Ministerio, que revela que, en el mismo periodo, la pública creció apenas dos puntos más: un 7%. Exactamente el mismo porcentaje que entre 2021 y 2022, el plazo en el que la concertada sólo vio sus fondos aumentar un 1%. Mucho menos que ahora.

La financiación pública a la escuela concertada nunca ha disminuido. Es más, tampoco se ha estancado. Como mucho se ha reajustado, según se desprende del análisis de los datos, que muestran que en 2021 los fondos que recibió esta red fueron un 6% superiores a los que hubo el año anterior. Dicho de otro modo: la red de la escuela privada sostenida con fondos públicos experimentó un gran incremento justo después de la pandemia para, entre 2021 y 2022, ver un freno en las transferencias por parte del Estado. Un hecho que ahora, de nuevo, vuelve a cambiar. Y que ocurre además a pesar de los negativos augurios que aventuraban que la entrada en vigor de la ley Celaá —de la que el pasado mes de enero se cumplieron cuatro años— amenazaría con hacer desaparecer al sector.

Jesús Múñoz de Priego, creador de la plataforma Más Plurales, llegó a asegurar por ejemplo que el texto conducía "hacia el dominio sistemático del Estado, dotando a las Administraciones de facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias". "Se inventa un derecho a la educación pública y la enfrenta al modelo de educación concertada, devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión y acentúa aún más el papel intrusivo del Estado en la educación de nuestro país en detrimento de las libertades públicas", añadió. Lo que ocurre es que los datos lo desmienten.

El detalle de la Estadística publicada el viernes por el departamento de Pilar Alegría recoge que lo que el Estado destina a educación —tanto universitaria como no universitaria— asciende a 67.937 millones de euros, de los cuales 60.054 van a parar a la red pública y 7.883 a la privada sostenida con fondos públicos. Todas esas cifras son récord, y de hecho en cuanto a la educación pública supone la constatación de que lo que se destina a la escuela se ha recuperado plenamente de la crisis económica. Hasta 2020, era 2009 el año en el que más había invertido en ella el Estado. Desde entonces todo han sido incrementos.

Ahora bien, la velocidad a la que ambas redes salieron del periodo de recortes no ha sido, ni mucho menos, la misma. "El que sufrió la pública durante la crisis fue muchísimo más grande que el que soportó la concertada", confirma Daniel Turienzo, maestro y doctor en Educación. Justo antes de la Gran Recesión, el gasto público educativo se situaba en 53.895 millones, de los cuales algo más de 48.000 iban a parar a la pública y 5.900 a la concertada. Desde entonces hubo cinco años seguidos —entre 2010 y 2014— de caídas globales de la inversión. La primera lo hizo un 18,7% y la segunda un 2%. Además, en 2014 la concertada ya empezó a recuperarse, mientras que la pública tuvo que esperar un año más para hacerlo. Entonces la concertada suponía un 12,9% de todo lo destinado a la educación; hoy es un 11,6%.

Pero hay un último dato que menciona Turienzo y que resulta revelador: en los últimos 25 años la inversión en la escuela pública ha crecido un 136%, mientras que la de la concertada lo ha hecho un 169%.

El incremento de la financiación de la red concertada, mayoritariamente en manos de la Iglesia, supone un 5% más de fondos que en 2022 y, además, un incemento cuatro puntos superior al anterior, acercando el montante destinado a los 8.000 millones de euros. La barrera de los 7.000 se superó apenas tres años antes, en pleno 2020, cuando la red pública, por su parte, recibió 48.198 millones por parte del Estado. Ahora bien, ¿cómo pueden explicarse estas cifras? ¿Por qué el aumento de la privada sostenida con fondos públicos ha resultado tan exponencial?

Turienzo sitúa la explicación en dos cuestiones: una demográfica y otra política. La primera, explica, tiene que ver con la caída de la natalidad, que afecta sobre todo a la escuela completamente pública porque, al contrario que la concertada, reajusta laoferta a la demanda cada año. "Es esta enseñanza la que cubre toda la España rural y la que, por tanto, ha experimentado mayor caída en el alumnado", sostiene.

Según los datos oficiales también publicados por el Ministerio de Educación, las unidades de Primaria en la pública han crecido un 0,6% en una década, el mismo periodo que en la privada —la estadística no distingue entre la que es concertada y la que no— se han incrementado un 3%. Si observamos lo sucedido en la Educación Infantil, la más afectada por este fenómeno, la estadística revela que entre la pandemia y el curso 2023-2024 las unidades públicas han disminuido un 1,5%, mientras que en la privada han crecido prácticamente lo mismo: un 1,2%. "Los conciertos no se redimensionan hasta que no se renuevan, así que si hay pocos niños y niñas pueden incluso cerrarse aulas públicas y redirigirse a las privadas", continúa el experto. Tanto es así, completa, que en algunos barrios o localidades de comunidades como el País Vasco ya sólo existe oferta para este último modelo.

La segunda explicación, la política, depende por su parte de lo que ocurre en cada comunidad. "En muchas autonomías existe una postura de defensa de esta red", señala Turienzo. Si se analiza la Estadística del Ministerio se comprueba que son Aragón, País Vasco, Castilla y León y Murcia los lugares donde más se destinó a la educación concertada.

Turienzo y otros muchos expertos alertan en cualquier caso de los efectos negativos que tiene que la concertada gane tanto terreno. Más que nada porque las pruebas muestran que es un sistema profundamente segregador. Y generador por tanto de desigualdad. En primer lugar, porque cobra a las familias cuotas que prohíbe la ley y que suponen, de facto, una selección del alumnado con mayor poder adquisitivo. Según la novena edición del Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2023-2024 publicado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), el 79,4% de todos los colegios privados sostenidos por el Estado continúa haciéndolo obteniendo, en algunos casos, 510 euros al mes por cada estudiante.

Pero no sólo segregan con esa fórmula. Un estudio publicado por la Fundació Bofill afirmó que, "en algunos casos, las escuelas concertadas informan de un menor número de plazas de las que disponen realmente, priorizan solicitudes sin seguir los criterios establecidos, o informan a algunas familias de que no tienen plazas y les sugieren solicitarlas en otra escuela". Es decir, la concertada ni es gratuita ni para todos.

Y es más, tampoco ha dejado fuera de sus aulas a la religión. Según los datos de la Conferencia Episcopal, la Iglesia tiene 2.536 centros católicos, de los cuales 2.402 (el 94,7%) son concertados. La plataforma Escuelas Católicas informa de que aglutinan ya al 57% de los matriculados en la red.

"El agotamiento es generalizado". Albano de Alonso Paz es profesor de Lengua y Literatura y director de un instituto público de Tenerife. Se dedica a ello desde hace 18 años y pertenece, además, al Colectivo DIME de Docentes por la Inclusión y la Mejora Educativa. Descuelga el teléfono para hablar con infoLibre y es muy claro y tajante: cada vez es más complicado dedicarse a esta profesión. Lo ve también en sus compañeros. Manuela Pérez-Masedo imparte Historia en un colegio de Madrid y, como miembro también del equipo directivo, observa lo mismo. "Cada vez tengo a más personas de baja y cada vez me cuesta más sustituirlas. La gente está completamente desmotivada", lamenta.

No son pocos los informes que suscriben estas palabras. No son, ni mucho menos, testimonios excepcionales. El último documento en hacerlo es el que publica este martes EsadeEcPol, que lleva por título El estado de la profesión docente en España y llega, tras el análisis de distintas encuestas, a una conclusión clara: "Está surgiendo una creciente desafección y pesimismo en una parte importante del profesorado". Los datos no dejan lugar a dudas. La Fundación SM reveló el año pasado que un 38% de los docentes dice vivir su trabajo con indiferencia, algo que en 2007 no lo pensaba más del 2%. Hace 15 años un 78% rechazaba tajantemente la idea de abandonar, pero hoy un 47%, casi la mitad, se muestra indiferente a esa idea. Sólo un 24% mantiene la ilusión. En 2007 lo hacía el 60%.

Hace menos de una semana la misma organización publicó otro estudio en colaboración con la ONG Educo en cuya presentación estuvo, además, Pérez-Masedo. La organización también llegó a conclusiones poco esperanzadoras: el deterioro emocional en las escuelas es "alarmante". Por parte de los docentes y por parte, también señaló esta investigación, del alumnado. Las cifras vuelven a ser claras: el 39% del profesorado muestra síntomas compatibles con la ansiedad y la depresión, según SM; mientras, un 20,8% de los adolescentes manifiesta algún problema de salud mental, según en este caso Unicef. 

La pregunta tras los números es obvia: ¿qué está pasando?

El estudio que publica EsadeEcPol este martes señala de manera clara un factor que está siendo determinante en este cada vez mayor "cansancio" del profesorado: su compañero de aula. En concreto, su cada vez mayor "complejidad", apunta el estudio. "La infancia en España está cambiando y esto se presenta en la escuela siendo, cada vez, más demandante con ella y con los docentes", explica al otro lado del teléfono Lucas Gortazar, director de Educación de Esade y autor del informe. 

También apoya su afirmación en datos. En concreto, en los que muestran "el declive de las condiciones sociales" de los más pequeños. Son varios.

Por un lado, apunta el estudio, es clave el incremento del alumnado de origen migrante, que supone ya un 32,1% del total en Primaria (era un 21,5% en 2015) y un 15,1% en Secundaria (era un 12% hace diez años). Como se ha demostrado en numerosas ocasiones, estos niños y niñas pertenecen a entornos más vulnerables e, inevitablemente, con más dificultades educativas. Para muestra, lo que reveló un análisis de los resultados de PISA de Esade y Save The Children: si eliminamos el nivel socioeconómico de la ecuación, el rendimiento del alumnado nativo es 32,5 puntos mayor al del migrante.

Más allá del origen, el estudio de EsadeEcPol apunta también al incremento de la pobreza infantil, que experimenta un aumento constante desde el año 2017. En concreto,la proporción de menores en pobreza o exclusión creció de un 29,9% en 2018 a un 34,7% en 2023. Y hay un dato revelador: los niños y niñas de 0 a 16 años que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado en los últimos dos días se duplicó entre 2019 y 2023.

Pero es que además hay "una crisis de bienestar y salud mental reciente que traslada a la escuela una nueva generación de retos asociados a la tarea de educar". Según el análisis del informe PISA que realiza Esade, el porcentaje de niños y niñas de 15 años insatisfechos con la vida ha pasado de un 9,5% en 2015 a un 14,6% en 2022. Los que sienten ansiedad más de una vez por semana, además, se han duplicado en tan sólo cuatro años: el 11% de 2018 se convirtió en un 20% en 2022.

Todo esto ha traído una clara consecuencia: que el "clima de aprendizaje ha empeorado significativamente". "En España, por ejemplo, tenemos más repetidores que la media de la OCDE: 0,7 veces más en Primaria y 5,6 veces más en Secundaria. Dicho de otro modo: un 10% de los menores de 15 años en nuestro país son repetidores", señala Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid. La consecuencia de todo ello es clara, remata: un docente sólo, sin apoyos, no es capaz de afrontar todo eso. Porque "atender a un alumno repetidor no consiste en explicarle las cosas dos veces", señala la experta.

Alonso de Paz lo ve en el día a día. "Cada vez tenemos que asumir más funciones para las que no estamos preparados ni formados. Ahora también nos encargamos de la atención social y emocional del alumnado", lamenta desde el otro lado del teléfono. Y eso produce un hartazgo evidente, "sobre todo de los docentes que más comprometidos están con su labor. Eso es lo más preocupante", advierte.

Coincide con el informe de Esade en que la causa está en esa complejidad del aula, pero no sólo. Pone un ejemplo: hace 20 años enseñaba Lengua a una treintena de alumnos y alumnas, hoy lo hace con entre 20 y 25, pero mucho más heterogéneos y con necesidades cada vez más diferentes. Ahora, por ejemplo, enseña castellano a varios menores migrantes llegados en patera a Canarias. "Tengo menos que hace años, sí, pero no han bajado lo suficiente. Lo ideal es poder atender a menos de 20 estudiantes", reclama en conversación con infoLibre.

Y ya no es sólo eso. Según menciona también este profesor, las labores burocráticas cada vez ocupan más tiempo, llegando incluso a suponer trabajo fuera del horario docente. Pérez-Masedo coincide con él. "La carga administrativa es brutal. Abrir por ejemplo un protocolo por bullying lleva tanto tiempo que desatendemos a la víctima, que es a lo que tendríamos que dedicarnos", explica. "No se está escuchando al profesorado. Y hay una cosa clara: hay que desterrar esa idea de que quien es docente lo es por pura vocación, porque la vocación no puede soportar todo", critica Martínez-Garrido.

El informe de Esade también habla de esas condiciones. Menciona los "bajos salarios", que reducen "la atractividad de la profesión". Y Gortazar subraya en este sentido que la entrada en la profesión es lo que resulta especialmente duro. Sobre todo porque esos docentes "menos experimentados y más precarios" suelen recaer en centros con, a su vez, el alumnado más vulnerable.

En concreto, y basándose en datos extraídos del informe PISA, el estudio de Esade concluye que "el 34% de los docentes de los centros pertenecientes al cuartil más bajo llevaban menos de tres años trabajando en el mismo lugar, cifra que se reduce al 15% en el cuartil de mayor nivel". "En resumen", sentencia el estudio, "la concentración de interinidad docente en centros vulnerables se ha convertido en uno de los grandes lastres de la escuela pública para la equidad y la eficiencia".

Según explica Gortazar, las soluciones están claras. Se han identificado varios problemas, así que el remedio pasa por tomar medidas a cada uno de ellos. En primer lugar, señala, hay que intervenir sobre el alumnado, "dejar a un lado el 'café para todos' y apostar por las ayudas individuales". "Hay que apostar por el acompañamiento individual y no tanto por los programas de refuerzo globales", señala.

EsadeEcPol lo cifra en una inversión de 1.200 millones de euros en un "programa anual de apoyo socioemocional y refuerzo individualizado en matemáticas y lectura para proteger al alumnado y profesorado". "En línea con la inversión de otros países", dice el informe, "es necesario focalizar mucho más el gasto en el alumnado con bajo desempeño o en riesgo de tenerlo".

Además, desde Esade apuestan por "garantizar la estabilidad de los claustros en los centros educativos para mejorar su funcionamiento" y, además, "mejorar la formación pedagógica" incrementando la nota de corte y la media de admisión del futuro profesorado de Infantil y Primaria, ajustando la oferta a la demanda e "introduciendo una prueba de aptitud académica y pedagógica". "Una especie de examen MIR para profesores", resume el experto, que también aboga por "elevar el prestigio y la atractividad del grado de Magisterio".

Por último, subraya el estudio, otra solución es "poner en marcha un sistema de incentivos voluntario que promueva el crecimiento profesional". Más que nada porque la carrera docente es "fundamentalmente plana" desde el punto de vista de los salarios y tiene un crecimiento fundamentalmente ligado a la antigüedad. Y todo eso redunda, otra vez más, en el poco atractivo inicial.

El 9 de marzo de 2023 el Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Lo hacía con 182 votos a favor (PSOE, Podemos, ERC, PNV, Más País y Compromis), 157 en contra (PP, Vox, Cs, BNG, UPN, CUP y Foro Asturias), 8 abstenciones (EH Bildu y Junts) y un objetivo por bandera: fortalecer la universidad como "fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de inclusión, de oportunidades y de libertad cultural". ¿Cómo? Asegurando que la institución cumple con los tres pilares fundamentales de su existencia: la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Las que son, señala la ley, "funciones centrales de su actividad". Ahora bien, ¿son también condiciones sine qua non que hacen de una universidad una institución de calidad? ¿Qué significa exactamente ese concepto?

"Depende de a quién le preguntes", dice, tajante, el profesor de Educación en la Universidad de León Enrique Díez Gutiérrez. Su respuesta, por ejemplo, es que no se puede hablar de "buena universidad" si no existen esas "tres misiones fundamentales". La de un defensor de la universidad privada como es Juan Cayón, rector de la recién creada Universidad de Diseño, Tecnología e Innovación (UDIT), en cambio, introduce la cuestión de la "empleabilidad" de los estudiantes egresados. Es decir, que un centro cuyos titulados obtienen un trabajo antes y con mejor remuneración es mejor que otro en el que eso no ocurre. "Es una cuestión ideológica", opina Díez Gutiérrez.

El debate no surge de la nada. Ha aparecido en las bocas de muchos defensores de la universidad pública que miran con preocupación la proliferación de universidades privadas en España. No es para menos. Son ya 41, 25 de las cuales se crearon en el último cuarto de siglo. Es decir, afloran a un ritmo de una al año. Y se están expandiendo ya en comunidades donde hasta ahora no tenían presencia (como Extremadura) o donde ésta era muy residual (como Andalucía). Lo hacen al calor de los gobiernos de derechas y de los parlamentos controlados por ella, que en muchas ocasiones pasan por alto los informes técnicos que desaconsejan su creación y autorizan, con los ojos cerrados, un nuevo centro. Según los datos ofrecidos por el Gobierno en una respuesta escrita dada a través del Congreso de los Diputados, de las nueve universidades privadas abiertas entre 2020 y 2024, tres abrieron sus puertas con valoraciones en contra.

¿Sginifica eso que no tienen suficiente calidad? Lo que miden esos informes son, realmente, activos. Es decir, elementos tangibles como el número de docentes, el porcentaje de presupuesto que se va a dedicar a investigación, las titulaciones que se imparten o la infraestructura de la que se dispone. Algo así como un proyecto universitario palpable. El cómo funciona se evalúa después, y esa es la labor de los ránkings universitarios.

No son pocos, aunque los más conocidos son tan sólo tres: el ránking Shangái —o ARWU, por sus siglas en inglés—, el QS o el Times Higher Education. En la última edición del primero se colaron 36 universidades españolas entre las 1.000 mejores del mundo, dos menos que un año antes. La Universitat de Barcelona fue la mejor calificada de nuestro país pero, ¿por qué? ¿En qué se basa?

Según la metodología que explica el propio ránking, la evaluación puntúa en función de cuatro indicadores básicos: la calidad de la educación (medida por antiguos alumnos ganadores de premios Nobel u otros galardones), la calidad del profesorado (medido de la misma manera), los resultados de la investigación (es decir, número de artículos publicados en Nature o Science) y el rendimiento per cápita. "Es puramente cuantitativo porque es la única manera de poder comparar una universidad norteamericana con una de Andalucía, por ejemplo", explica Díez Gutiérrez. Y ahí está el problema.

Para el experto, este tipo de exámenes internacionales no sólo son "inútiles y absolutamente negativos", sino que además son herramientas que "distorsionan la filosofía y el planteamiento de la universidad". Básicamente porque, explica, en lugar de fomentar la cooperación fomentan la competitividad, que es "lo contrario al conocimiento científico". Pero no sólo por eso. Todos están realizados en último término por una empresa privada con sus propios intereses y ninguno tiene criterios plenamente fiables. El de Shangái, sin ir más lejos, cae en errores garrafales, a juicio de este profesor.

Uno de ellos es el que valora el número de artículos publicados en revistas científicas. Primero porque, señala, muchas las compran. Y segundo porque eso deriva en que los docentes inviertan más horas en esa producción que en la docencia pura. Así lo critica Carmen Rodríguez Martínez, profesora titular de la Universidad de Málaga. "Ha llegado un momento en el que lo más importante son los artículos científicos que se publican. Muchos docentes producen sin parar, hasta sin un proyecto claro y definido, porque eso les da acreditaciones" y eso permite subir de categoría, lo que redunda también en una mejor posición en esos ránking internacionales. "Además, como no nos dan más tiempo, eso provoca que se contrate a becarios o a ayudantes para dar clase, lo que incrementa la precariedad", lamenta la profesora.

Por otro lado, este sistema convierte la contratación universitaria en una especie de "mercado de fichajes", continúa Díez Gutiérrez. "En lugar de a investigación, muchos fondos de las universidades se destinan a poder contratar a premios Nobel o a científicos reconocidos", lamenta. Y en el mismo sentido, y en cuanto al criterio que examina la dedicación de los egresados, el sistema empieza a valorar mejor a un cirujano bien pagado que a un médico que de verdad cumple con su función de mejorar la salud de la población desde, por ejemplo, el centro de salud de un barrio.

"Yo creo que la universidad tiene que servir para mejorar el funcionamiento de la universidad, lo que ocurre es que ahora mismo está sirviendo para enseñar las reglas del capitalismo con el conocimiento", lamenta Díez Gutiérrez. Tener títulos, ganar prestigio, conseguir una buena posición laboral. Y, por último, hacer caja.

Las palabras del profesor se observan en las estadísticas, que muestran una clara diferencia entre la situación laboral de quienes estudiaron en la pública y quienes estudiaron en la privada. Según un informe de la Fundación CYD, la tasa de afiliación media al primer año de terminar la carrera entre los primeros se sitúa en un 49,44%, pero entre los segundos en un 60,14%. Son más de 10 puntos de diferencia.

En cuanto a la base media de cotización, la investigación certifica que hay 3.426 euros de diferencia entre los egresados de la privada y los de la pública. Y en este caso también ganan los de la primera. "Además, un 47,7% de los egresados en las públicas tiene una base media de cotización anual superior a 30.000€, mientras que la cifra asciende al 64,5% en el caso de las privadas", señala la Fundación CYD.

Por eso es muy distinta la definición de calidad universitaria y éxito educativo para Cayón y para los dos profesores de la pública. No obstante, Díez Gutiérrez afirma sin tapujos que esos conceptos no pueden atribuirse, en ningún caso, a las opciones privadas. Más que nada porque "lo privado no deja de concebir la educación superior como negocio, ya sea ideológico, económico o ambos". Él rechaza el término "calidad" porque prefiere hablar de "mejora". Y sentencia que eso se consigue mediante elementos no tangibles. O al menos no evaluables bajo un estándar de ránking internacional.

"Para ser un país con las mejores universidades deberíamos ser el número uno en el mundo en porcentaje de jóvenes de 23 años que están política y socialmente implicados en la construcción de un mundo más justo y mejor. Mucho más importante que nuestras puntuaciones en matemáticas y nuestras puntuaciones en ciencia o en publicaciones indexadas es la implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más justa para los que más la necesitan", sentencia.

Se trata de una fecha reconocida en España desde 1964, también por las Naciones Unidas, en el aniversario del asesinato del Mahatma Gandhi, apóstol de la noviolencia en todo el mundo.

No estoy hablando —que también—, por supuesto, de la implantación en las aulas, con carácter obligatorio y para todo el alumnado, de la materia de Educación para la Paz, la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Cultura de Paz, con esta denominación o con cualquier otra que asegure el aprendizaje de los valores cívicos y democráticos en las escuelas e institutos.

Dediqué, no en solitario, claro, toda mi vida profesional de maestro y profesor a hacerla una realidad práctica en los centros escolares en los que estuve y en otros donde fui a impartir y compartir cursos de formación del profesorado en servicio y también charlas con el alumnado, desde los años 80 hasta mediados los 2000, como miembro, directivo o presidente del Seminario Gallego de Educación para la Paz, muchos años, la verdad. Con muy pocos apoyos institucionales, algunos sí, muy puntuales, esporádicos diría yo, y menores aún de los medios de comunicación y de difusión en Galicia, con alguna excepción.

Hoy resisten, contra viento y marea, colegios, profesorado, padres y madres, empeñados en promover la fecha con actividades muy diversas que tienen, lamentablemente, muy poco tratamiento en los media, incluso en los locales. ¿Por qué pasa esto?

Quizás no sea importante, no interese objetivamente a nadie, estará pasado de moda, formará parte de esa cultura "woke" que tenemos que silenciar y ocultar como mandan las normas y costumbres que irradia el imperio... Que miles de niñas y niños trabajen la solución pacífica de los conflictos en las aulas, la No violencia, la cooperación, la convivencia, los Derechos Humanos, ¿no interesa? ¿Aunque solo sea un día? 

No puedo creerlo. Tienen que existir otras razones.

Desidia, desinterés, apatía, incomprensión... ¿O es que ven la Educación para la Paz y los Derechos Humanos como un peligro en tiempos de rearmamentismo general y moral en todo el mundo? 

El "buenismo" que amenaza no sé qué orden.

Tengo que felicitar públicamente y desde aquí a todo ese profesorado que, contra todo, sin apenas apoyos, mantiene viva la llama de la Educación para la Paz cada 30 de Enero y todos los días del año en su práctica docente, sin comprensión, incluso con la oposición de los colegas. Mis felicitaciones, junto con el ánimo para seguir, aunque sea solas.

Así empezamos algunos, muy pocos, a principios de los 80 del siglo pasado, solos, pero convencidos de su necesidad. Como ahora...

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Manuel Dios Diz es socio de infoLibre.

En poco más de 24 horas, 15.108 recién titulados y tituladas en Medicina se enfrentarán al examen que decidirá su futuro como especialistas. Sobre la mesa, 9.007 plazas, un 3% más que hace un año. Cifra récord. Los que consigan acceder a una de ellas tendrán por delante otros cuatro o cinco años de formación; los que no, se verán abocados a repetir el examen o, en su defecto, a dedicarse a la sanidad privada, un negocio que está alcanzando beneficios nunca antes vistos. Y que avanza paralelo al de la universidad privada, que de hecho ha encontrado en los grados sanitarios un nuevo nicho que está sabiendo aprovechar: ya tiene sentado en sus aulas al 20,5% del total de los estudiantes de Medicina.

Son datos oficiales recogidos en el Sistema Integrado de Información Universitaria. En el curso 2023-2024 había 44.666 matriculados en ese grado en facultades de toda España, y de ellos 35.467 lo estaban en campús públicos y 9.199 en privados. Pero es que si echamos la vista atrás hasta el primer curso recogido en esa estadística, el 2015-1016, observamos que de los 43.353 que estudiaban Medicina entonces, un total de 36.395 lo hacía en la pública y 6.958 lo hacía en la privada. Eran un 32% menos. Un 16% del total. Por su parte, el número de facultades ha pasado de dos en 2007 a 15 en este curso 2024-2025, según las cifras que maneja la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Facultades de Medicina.

"Ha habido un cambio total de paradigma. Estamos pasando de una educación en Medicina puramente pública a un sector predominantemente privado", lamenta Domingo Sánchez, representante nacional de Médicos Jóvenes de la Organización Médica Colegial.

La balanza de la que habla el especialista, además, se va a desequilibrar todavía más. La privada tiene proyectados otros nueve campus en los que ofrecerá este grado, por ejemplo, en Madrid, en Andalucía, en el País Vasco o en Canarias. No es casual. La universidad privada no deja de ganarle terreno a la pública y así lo evidencian todos los datos. Los últimos, los publicados este miércoles por el Ministerio de Diana Morant, que muestran que desde el curso 2016-2017 y hasta el pasado el número de personas matriculadas en los campus privados se incrementó un 61,1%. En los públicos, mientras tanto, descendieron un 3,5%. En máster, además, los primeros ya han ganado.

Según los planes que hay en marcha, los 41 centros privados serán 54 en 2026. Y eso si los números actuales no cambian. Los públicos, sin embargo, seguirán siendo 50. Los mismos que cuando en 1998 abrió sus puertas el último en crearse.

Pero volvamos a la Medicina. Porque llama la atención que la privada haya puesto en estos estudios la diana de su negocio. Sánchez tiene claro que fundamentalmente se explica bajo una óptica capitalista. "Todo se mueve por la oferta y la demanda, y como esta está creciendo, pues la privada aprovecha", critica, desde el otro lado del teléfono. Pablo Lara, presidente de la Confederación de Decanos y exdecano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Málaga, apunta en la misma dirección. "Cuando se abre un nuevo centro sobran las personas que quieren estudiar en él. Abrir un campus de Medicina es tener un éxito asegurado", explica. Los estudiantes no van desencaminados tampoco. "Este alarmante incremento responde a un interés puramente mercantilista", asegura Mario Fuentes, vicepresidente de Participación y Política Universitaria del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.

El problema ya no es sólo que el aumento de centros privados no sea necesario. El problema es si realmente resulta útil o, por el contrario, torpedea el sistema. Porque según diagnostican todas las fuentes consultadas, "actualmente no hay una necesidad real de especialistas" en nuestro país. Más bien al contrario: hay una sobreproducción.

Según un documento elaborado por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y por la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, España es el segundo país del mundo en número de facultades de Medicina por detrás de Corea del Sur, llegando a alcanzar las 0,95 por cada millón de habitantes, una cifra que duplica la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sitúa en 0,5 por cada millón de personas el número idóneo. En una década, el número de facultades ha aumentado de 28 a 41. Por eso el examen para acceder al MIR deja todos los años cifras como las que explicábamos al principio: muchos más aspirantes que plazas. Este año, 6.101 titulados se quedarán sin ella. Y así ocurre sistemáticamente. "Esto no solo supone frustración y precariedad para los futuros médicos, sino también un desequilibrio estructural que podría desbordar el sistema de salud", lamenta Fuentes.

No hay por tanto, como esgrime en muchas ocasiones la derecha, una falta de médicos, sino una mala planificación. "Es paradójico. Tenemos muchos médicos, lo que ocurre es que hay especialidades y zonas de difícil cobertura", explica Lara. Y la proliferación de facultades privadas no soluciona el problema.

Independientemente de dónde se estudie se puede hacer el examen que da acceso a ser residente, y cuantos más agresados haya más personas se presentarán al examen. Y más se quedarán fuera. "Al final les estamos haciendo el negocio a otros países, porque muchos de ellos emigran", denuncia Sánchez. Según los últimos datos disponibles en la Organización Médica Colegial, en 2021 se emitieron 4.130 certificados de idoneidad, el documento imprescindible para trabajar en otro país. Nunca antes se habían dado tantos. "Estamos perdiendo muchísimo gastando fondos en formar a sanitarios que acaban trabajando fuera", lamenta Sánchez.

Hay otro problema. La sobreproducción actual podría tornarse en una necesidad futura. Según un informe elaborado por la Organización Médica Colegial en 2018, hasta 2028 se habrán jubilado alrededor de 70.000 facultativos en nuestro país. Y formar a otros tantos nuevos requiere tiempo. Al menos una década. Por eso cada año se recalcula cuántas plazas para poder trabajar en la pública se acreditan. Que la privada esté fabricando titulados rompe el ajuste de esos números. Y no sólo eso.

Sánchez lamenta que la proliferación de estudios privados de Medicina repercute, y mucho, en la equidad en el acceso a la profesión. Porque si se quiere estudiar en la pública es necesaria una nota que supere el 12 (sobre 14) en la prueba de acceso a la universidad, pero si se quiere hacer en la privada basta con tener unos cuantos miles de euros en la cuenta bancaria. Más de 80.000 en cualquier caso, según los precios de los distintos centros que recoge el blog Educalive. La Universidad Alfonso X El Sabio cobra unos 21.150 euros anuales por estudiante, más o menos mismo importe que puede obtener la Camilo José Cela y poco más de lo que cobra la Universidad Europea de Madrid por cada matrícula.

Si la universidad privada es para los estudiantes ricos, para los que cursan Medicina lo es todavía más. Un informe del Ministerio de Morant, de hecho, sitúa esta carrera como la que más porcentaje tiene de alumnado con progenitores con un perfil socioeconómico elevado. En concreto, un 68,7% del alumnado tiene ambos progenitores o uno de ellos con ocupaciones altas y un 82,3% con estudios superiores. Porcentajes, todos ellos, que son más elevados en el caso de los matriculados en centros privados.

Para los centros es entonces este un negocio perfecto. Y que termina de redondearse mediante las prácticas. Porque estos centros tienen convenios con hospitales y centros de salud públicos, pero también privados. La Universidad Europea por ejemplo ofrece prácticas en Madrid en el Hospital de Asisa en Moncloa o en el Vithas de Avenida de América y la Universidad Francisco de Vitoria tiene acuerdos con la aseguradora Sanitas.

Más allá de todo esto, Lara explica que los decanos también critican la proliferación de estudios de Medicina por una cuestión puramente académica. "Una facultad así no se puede improvisar", destaca. Requiere de profesorado, instalaciones y, además, acuerdos con hospitales y centros de salud que garanticen la adecuada formación práctica. "Nos preocupa que no haya profesorado especializado ni centros suficientes. Al final, lo que está en juego en este caso son las futuras generaciones de médicos que van a cuidar la salud de la población", remata.

Dentro se debatían los Presupuestos; fuera, se clamaba contra ellos. Lo hacían por segunda vez sindicatos, profesores y estudiantes de las universidades públicas, unidas contra la "asfixia" a la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les está sometiendo. Fue este jueves, durante la primera sesión del debate de las cuentas para 2025 que, previsiblemente, quedarán aprobadas este viernes. Con la consolidación, eso sí, de la infrafinanciación de un sector que todavía no se ha recuperado de los recortes de hace una década. Y no sólo eso: que recibe un 5,1% menos de lo que lo hacía en 2009.

Han pasado 15 años desde entonces. Dijeron basta en 2012 pero en 2015 bajaron la voz que ahora vuelven a sacar a la calle. La gota que ha colmado el vaso ha sido la partida que el Gobierno del PP va a aprobar para ellas. Contempla un incremento del 4,2% con respecto al año pasado. En números redondos, 47,3 millones, una cifra muy lejana a los 200 que pedían los rectores para, simplemente, sobrevivir. Para poder mantener su actividad. Su situación es "crítica", dijeron, pero podría ser peor: podría tornarse en "catastrófica". Una posibilidad que los profesores ya no sitúan en el horizonte.

Han recibido, junto a los estudiantes, una última estocada. Y por parte, esta vez, de los propios centros. La liquidez que no sólo no llega sino que se agota les ha llevado a aprobar unos presupuestos de cara a 2025 que son, en el mejor de los casos, una mera prórroga de los que ya están en vigor. Y en el peor, un drástico tijeretazo. Es el caso de la Complutense, que en su Consejo de Gobierno ya acordó prorrogar las cuentas de 2024 con un recorte del 35% en sus gastos. "Ya nos advirtieron antes del verano de que esto iba a pasar", recuerda Mariu Ruiz-Gálvez, profesora de Economía en Ciencias Políticas. No le sorprende. E incluso lo recibe con la resignación de "otro más". Según los cálculos de la propia institución, su déficit es ya de 64,5 millones de euros. Y se nota en el día a día.

"Llevamos años asistiendo a un deterioro de las infraestructuras y suministros básicos de bienes y servicios. Muchos departamentos tienen limitadas las fotocopias, hay bibliotecas que no pueden actualizar sus suscripciones a bases de datos, a revistas. No se pueden organizar eventos, hay obras que se quedan a medias, despachos sin ventanas y espacios sin calefacción", enumera. La tarea investigadora de la universidad pública, por tanto, es ya casi una utopía. "Es una noticia terrible. Es un recorte sobre otro", lamenta la docente.

Tampoco será el único. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), por su parte, ya ha anunciado que en 2025 contará con 331,5 millones de euros en su caja, lo que supone un 4,8% menos del montante disponible para gastar en todo 2024. Los motivos, explicaron en una nota de prensa, son "la disminución de los ingresos específicos", es decir, "lo que la universidad prevé obtener para la financiación de determinadas actividades y proyectos". Pero los profesores lo tienen claro. Y no titubean a la hora de señalar a la verdadera responsable: Isabel Díaz Ayuso. "Este es, en realidad, un recorte de la Comunidad de Madrid", acusa directamente Juan Manuel Valenzuela, contratado predoctoral en el centro. Ahora bien, matiza, la Autónoma actúa como su brazo ejecutor. "Está aprovechando para hacer cosas que hace años eran impensables", señala también, como miembro del sindicato CGT. Se refiere por ejemplo a reprimir protestar o incluso a plantear el cierre de ciertos grados por motivos que van más allá de los meramente educativos.

Su compañera en la organización, la profesora Nagore García, le suscribe. "La universidad tiene una capacidad de negociación que no está utilizando. A los rectores lo que les toca ahora es plantarse", dice. Al final, las situaciones que sufren son prácticamente idénticas a las que describen los profesores de la Complutense. "Hemos tenido techos derrumbados porque no hay personal de mantenimiento. No tenemos técnicos ni administrativos y los profesores tenemos que ocuparnos también de la burocracia. ¿Cómo vamos a hacer así nuestro trabajo?", se pregunta.

Concretamente, la ratio de la que disponen es de 0,4 profesionales de este ámbito por cada profesor, un número que debería ser, en realidad, de un técnico o administrativo por cada docente. Y que en la Unión Europea llega a tener incluso una relación de dos por cada uno. "Este año podremos sobrevivir, pero lo haremos en el sentido literal de la palabra. El año que viene no sabemos qué pasará", añade el profesor Luis Lloredo.

infoLibre se ha puesto en contacto con el resto de universidades públicas madrileñas para conocer cuáles son sus planes de cara a 2025, pero sólo ha obtenido respuesta por parte de la Rey Juan Carlos y de la Universidad de Alcalá, que confirman que no tendrán recortes como los que sí han anunciado la UCM y la UAM. No obstante, eso no implica que sus gastos vayan a ser mayores. Al contrario.

La primera asegura que prorrogará sus cuentas tal y como ya se aprobaron en 2024, pero sin tener en cuenta que la inflación de entonces era un 2,4% menor a la actual, según los últimos datos disponibles en el INE, correspondientes a los meses de noviembre. La segunda, por su parte, ya ha suscrito unos nuevos presupuestos "muy ajustados", sometidos a la escasa financiación que, señalan sus fuentes, perciben por parte del Ejecutivo regional.

La situación ha conseguido que la universidad diga "basta". La de este jueves fue la segunda protesta ante la Asamblea de Madrid, pero no será la última. Al menos, no es lo que los profesores y estudiantes tienen en mente. El movimiento La uni en la calle que entre 2012 y 2015 —los años más duros de recortes— sacó a la calle a más de 900 profesores y profesoras ha vuelto a funcionar y el personal docente de todos los centros excepto el de la Politécnica ya se ha unido en plataformas con el objetivo de convocar nuevas manifestaciones. "Durante el año 2025 se prevén más manifestaciones de protesta", confirmó este miércoles la Junta de Políticas de la UCM.

Los rectores, por su parte, lanzaron su último comunicado el pasado 3 de diciembre, precisamente al término de la reunión que mantuvieron con la presidenta conservadora. Fue ella misma la que ese día dio un giro de 180 grados y confirmó que aceptaría los 169 millones del Gobierno central para crear hasta 1.100 nuevas plazas de profesorado en el marco del Programa María Goyri que rubricaron el pasado día 11 entre críticas al Ejecutivo. "Hemos tenido que elegir entre lo malo y lo peor", señaló el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

"Siendo estas aportaciones presupuestarias imprescindibles y bienvenidas, aún resultan insuficientes", sentenciaron los rectores. Al menos, añadieron, si lo que se pretende es "garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas", "asegurar la calidad de sus instituciones" y "subsanar su crónica infrafinanciación".

El diseño elaborado por Immanuel Kant de un programa para la paz perpetua cosmopolita se considera frecuentemente como ingenuo o “idealista”. Nada más lejos de la realidad. Kant es perfectamente consciente, para empezar, de que ninguna legalidad será suficiente para garantizar una paz verdadera mientras un “peligroso poder financiero” y su sistema de crédito potencialmente infinito puedan operar como acicates para la competencia y la beligerancia entre potencias. Además de una advertencia notable al respecto del estallido de las guerras mundiales en el siglo XX, podemos extraer otra lección del viejo filósofo: las coacciones económicas pueden tener efectos tan devastadores como una guerra. Lo formuló así un pensador bien diferente, Carl Schmitt: las nuevas formas de guerra económica convertirán las viejas formas de guerra militar en un juego de niños. ¿Qué quiere decir esto? Que hay políticas económicas que pueden ser tan letales para las instituciones y el bien común como la peor de las guerras.

El Gobierno de Ayuso ha decidido actualizar estas intuiciones kantianas y schmittianas de un modo muy sencillo: comprendiendo que la guerra definitiva a la universidad pública se realizará como asfixia económica.

La situación actual de las universidades públicas en la Comunidad de Madrid es “crítica”. En “pocos años” podría volverse “catastrófica”. No son exageraciones propagandistas. Son valoraciones de los rectores de las seis universidades públicas de Madrid. En un gesto sin precedentes, han convocado sesiones extraordinarias de sus respectivos Consejos de Gobierno y han emitido conjuntamente una durísima carta abierta a Isabel Díaz Ayuso sobre la infrafinanciación de la universidad. El rector de la UC3M y actual presidente de la CRUMA ha advertido que el presupuesto actual “compromete seriamente la actividad docente”. Una fuente implicada en la gestión de la consejería del gobierno regional añade: “Hagan lo que hagan, están muertas”. En la carta, los rectores advierten de que la universidad pública no tiene fondos suficientes para pagar los suministros, las nóminas o las infraestructuras. Es el resultado de 15 años de infrafinanciación. Este año los rectores pidieron un incremento del 18% para cubrir gastos mínimos; el Gobierno de Ayuso ofrecerá el 0,9%. Siguen los rectores: las universidades operan hoy con una subvención nominativa de cuantía inferior ¡a la de 2009! Los estudiantes, sin embargo, pagan una de las tasas más altas del país.

De la crisis a la catástrofe. Como decimos no es una casualidad: es una nueva forma de guerra contra las instituciones. Nadie toleraría hoy (al menos todavía) una guerra abierta o legal contra la universidad pública. Hágase entonces de la forma más letal: una guerra económica como forma más refinada de guerra política. La asfixia económica que denuncian los rectores no es un accidente o una dejación, sino un plan premeditado y ejecutado al milímetro. El objetivo: acabar con la universidad pública tal y como la conocemos, como operación concreta de un frente más amplio que se completa con la guerra a la educación obligatoria o la sanidad. El enemigo de esta guerra tiene un nombre: lo público. No es una metáfora o una figura retórica. Es un programa político.

La guerra en el campo de los hechos (cuantías contantes y sonantes en los presupuestos, ausencia de planes plurianuales) se prepara con la denigración en el campo de las palabras. El rector de la Complutense tuvo que reprender a Ayuso por afirmar que la universidad está “colonizada” por la izquierda y da los títulos “como churros”. La operación simbólica es evidente: Ayuso la ha aprendido, por cierto, de Donald Trump. Si en las elecciones americanas hemos presenciado cómo Trump, Musk y la alt-right trataban de identificar el mero hecho de ser hombre con el voto a favor de Donald Trump, para Ayuso lo público como tal se convierte en “ideológico”, “de izquierdas” o “comunista”. De esta manera, Ayuso renuncia a mantener una idea de lo público como, al menos, mínimo denominador común que garantice derechos universales o una idea compartida de bien común, y lo convierte en enemigo político. Revela así su propia posición de parte: para unos pocos, contra lo de todos.

Porque, evidentemente, hay más hechos en esta guerra. Con el voto en contra de los rectores e informes negativos, en Madrid acaba de aprobarse otra universidad privada más. Son ya catorce. Pronto triplicarán a las públicas. Madrid tiene ya más estudiantes de primer curso de Medicina en universidades privadas que en públicas. Por eso la Comunidad de Madrid será, parece, casi la única comunidad que no firme el programa María Goyri para la incorporación de profesores ayudantes doctor a la universidad pública: quieren a los jóvenes doctores formados en la pública produciendo beneficio en las privadas.

Todo esto no ocurre por casualidad, no ocurre a la vez solo en el espacio y en el tiempo: ocurre a la vez en el orden del plan, la intención y la voluntad. El plan: la universidad, para los pocos que puedan pagársela, para unos pocos y selectos apellidos o códigos postales. Ese es el programa: una suerte de nuevo neoliberalismo feudal. No son exageraciones retóricas. Ésta es la nueva y la más letal guerra jamás emprendida contra la universidad pública en nuestra región. Pero lo público reclama una paz que solo puede ser verdadera y garantizada. Trabajemos para ello.

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Clara Ramas San Miguel es filósofa, política y profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Estos días llega a las librerías su nuevo ensayo, 'El tiempo perdido. Contra la Edad Dorada. Una crítica del fantasma de la melancolía en política y filosofía', editado por Arpa.

18 de mayo de 2022. Una década después de la última cita se reúne en Barcelona la Conferencia Mundial de Educación Superior de la Unesco. El objetivo, "reinventar" el sector y "asegurar un futuro sostenible para el planeta y la humanidad". En tan sólo tres días hubo 115 mesas redondas con más de 14.000 personas volcadas en ello. Detrás, organismos como la Fundación Princesa de Girona, que en su propia página web enumera quiénes pudieron estar presentes esos días gracias a ella. En la lista aparecen grandes compañías como Deloitte, Samsung, Navantia, Zurich o la Fundación Bertelsmann, un conglomerado empresarial fundado por el alemán Reinhard Mohn y cuya principal apuesta en España ha sido por la formación dual. Dicho de otro modo: por combinar la educación puramente académica con la formación en empresas. Una relación que en ningún caso es casual. "El lema de la conferencia debería haber sido, en realidad, cómo puede la educación superior satisfacer la demanda empresarial", critica Enrique Díez Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León.

El mapa ha cambiado. Históricamente ha habido cuatro universidades privadas en nuestro país: la de Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontificia de Salamanca y la de Navarra. El resto eran públicas. Ahora, estas siguen siendo exactamente las mismas. Desde 1998 no se ha abierto ninguna. Sin embargo, según los datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ya hay 41 en manos privadas. 25 fueron abiertas en el último cuarto de siglo, a un ritmo de una al año. Y la previsión es que esto siga así. Madrid ya planea la apertura —virtual— de la Universidad Abierta de Europa, el que será su décimocuarto centro privado; Extremadura tiene en proyecto otros cuatro; Baleares, la primera de las islas, igual que Asturias; y Andalucía, una cuarta.

"El sorpasso de las privadas a las públicas es cuestión de días", augura Díez Gutiérrez. Según las solicitudes ya aprobadas o en trámite de serlo, de aquí a 2026 habrá 54 centros en manos privadas, según la previsión que hace Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en la Universidad Pontificia Comillas y consultor corporativo independiente. En este punto surge una pregunta: concretamente, ¿en qué manos van a estar esos centros? ¿Quién está detrás de este auge imparable?

La respuesta breve habla de tres actores: la Iglesia católica, las empresas de negocios y los llamados fondos de capital riesgo. Y son estos últimos los que protagonizan la respuesta extensa. Son, apuntan los expertos, los que están inundando el mapa. En 2015 ninguna universidad privada contaba con su participación; hoy lo hacen el 10%; de aquí a 2026 lo harán el 19%, calcula Ramiro.

Empecemos por los porqués. "El sector universitario ofrece una rentabilidad mayor al 10%, así que es un auténtica máquina de hacer dinero", señala Díez Gutiérrez. Además, apunta Ramiro, es una rama "muy fragmentada" que ha empezado a explorar la educación online, la que Díez Gutiérrez considera su "gran línea de negocio". La Universidad Abierta Europea es lo único que ofrecerá, igual que dos de los cuatro centros privados que en brevé verán la luz verde en Extremadura. "Los fondos han visto esa fuerte demanda de la educación digital, también alimentada por el interés de estudiantes de otros países, sobre todo de Latinoamérica, de estudiar en España, donde los precios son mucho más baratos que en otros países de nuestro entorno", explica el inversor.

Pero vayamos a los nombres. Hay, principalmente, tres: CVC, Permira y EQT. La primera es dueña de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) de Madrid desde 2019, cuando la compró por 1.100 millones de euros. Sin embargo, no fue esa su entrada en el sector: el fondo británico ya estaba presente en QA Education. Ahora, según adelantó Bloomberg, CVC se plantea venderla por 900 millones más.

Los otros dos nombres están íntimamente ligados. Tan sólo unos meses antes de la compra de UAX por CVC, Permira compró la Universidad Europea, que cuenta actualmente con centros en Madrid, Valencia, Tenerife y Málaga. Duró hasta el pasado mes de abril, cuando EQT, dueño en España de Idealista, se convirtió en el principal accionista del centro por 2.200 millones. Además, de aquí a 2026 el número de universidades que tendrán la presencia de los nórdicos se multiplicará: de cuatro pasarán a ser seis.

También será próximamente, explica el profesor e inversor, cuando entre en el sector un nuevo actor: KKR. El fondo estadounidense, ya presente en Master D o Medac —centros de FP—, será quien esté detrás de la futura Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), la primera online de Andalucía ya autorizada por la Junta a pesar de contar con tres informes que lo desaconsejaron.

¿Y esto es normal? Lo cierto es que no sólo eso, sino también habitual. Cuando una universidad privada pide permiso para instalarse en una determinada ciudad, los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades elaboran un informe basado, entre otras cosas, en las instalaciones o el número de profesores proyectados. Sin embargo, se trata de evaluaciones no vinculantes que, de hecho, casi siempre son negativas. "Lo que pasa es que son los gobiernos autonómicos los que deciden en última instancia", lamenta Díez Gutiérrez. Donde ahora mismo hay más proyectos en marcha es en Andalucía, Extremadura y Madrid, todos con ejecutivos del PP.

Son los fondos los que están copando el auge, pero junto a ellos se sitúa el poder histórico de la Iglesia. Según la última memoria anual de la Conferencia Episcopal Española, la institución contaba en 2022 con 17 universidades en toda España en los que estudian un total de 138.973 alumnos, de los cuales 114.198 son de Grado. Suponen, en términos relativos, el 58,5% del total de alumnado de los campus privados presenciales. Tan sólo cinco años antes, en 2017, eran 16 las universidades y 87.425 el número de alumnos. Una década antes, 14 los centros y 78.962 los alumnos. Eran un 76% menos pero suponían, a su vez, el 64,3% del alumnado de las privadas presenciales. Es decir: tenían las aulas menos llenas pero con más poder dentro del sector.

Y en este caso, ¿cuáles son los nombres propios? Hay dos universidades pontificias, la de Salamanca y la de Comillas, con 15.076 alumnos; tres católicas, en Valencia, Murcia y Ávila, con 21.436; nueve de inspiración católica —Navarra, Deusto, Francisco de Vitoria, Ramón Llull, San Jorge de Zaragoza, Loyola, CEU Cardenal Herrera, CEU San Pablo y CEU Abat Oliva— con 88.280; y dos eclesiásticas, San Dámaso y Ateneu Universitari Sant Paciá, con 3.779.

Las consecuencias de todo este proceso de privatización de la educación superior son, a juicio de los expertos, muy negativas. Para Díez Gutiérrez, este proceso supone que la universidad deje de ser un derecho y se convierta en algo "sólo para las élites que puedan pagarlo", que además es educada en valores como "la competitividad y el capitalismo". "La universidad tiene una finalidad educativa, no puede ser que sea una máquina para surtir de mano de abra laboral a las empresas", lamenta el profesor.

Y eso tiene un impacto directo en qué es lo que se imparte. Según lamenta Cynthia Martínez-Garrido, profesora de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, "la privatización de la educación implica que sea el rédito de la formación lo que marque o no qué ramas de conocimiento (más allá de qué carreras) son mejores o peores". "No se trata de priorizar la importancia social y/o cultural de la rama de conocimiento, estamos hablando de priorizar los beneficios económicos", denuncia.

"La consecuencia de este hecho es radical, las universidades se ven forzadas (por el beneficio) a eliminar aulas de algunas Facultades. Y con ello, esas ramas de conocimiento tendrán no sólo menos profesores, también menos investigadores, e innovaciones", sentencia la experta.