El papa ha bromeado este viernes con la nueva embajadora española ante la Santa Sede, Isabel Celaá, que le ha presentado sus credenciales en audiencia protocolaria en el Palacio Apostólico del Vaticano, lo que marca oficialmente el inicio de su representación diplomática, informa Europa Press.

"¡Muchas gracias por venir con la peineta!", le ha espetado el Pontífice con una sonrisa después de que Celaá -que iba vestida de negro riguroso, como marca el protocolo, y con mantilla- le enseñara las cartas credenciales que la acreditan como embajadora de España ante la Santa Sede, según se puede observar en un vídeo difundido por Rome Reports. La oficina de prensa del Vaticano no ha emitido comunicado de la audiencia como suele ser habitual en estos casos.

En cambio, el departamento de comunicación de la legación diplomática con sede en la plaza de España ha emitido una nota en la que aprecia que el encuentro con el papa ha durado unos treinta minutos, y ha comenzado con el saludo protocolario en la llamada Sala del Trono. La nueva embajadora ha acudido con su familia a la cita en el Vaticano y ha presentado al papa a su marido, sus dos hijas y algunos familiares, así como al personal diplomático de la embajada.

Celaá ha obsequiado al Pontífice con un rosario de la Cartuja de Burgos y una pequeña estatua del busto de San Ignacio, de parte de una comunidad jesuita del País Vasco. Como es habitual, el papa, por su parte, le ha regalado una copia de sus principales textos magisteriales, además de un rosario bendecido. En el comunicado de la embajada española ante la Santa Sede se da cuenta de que el encuentro con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, ha sido aplazada al encontrarse el purpurado italiano y mano derecha del papa fuera de Roma.

Celaá presidió antes de presentar credenciales ante el papa en la embajada de la Santa Sede un acto en la embajada de España ante la Santa Sede el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, en el que reivindicó la valía de las mujeres que huyen de la guerra de Ucrania. "Elijo o elegimos evocar también y sobre todo a todas esas mujeres que con gran sufrimiento están arrastrando a sus hijos y a sus maletas por todo Centroeuropa, huyendo de la guerra y de la muerte", declaró Celaá ante las personas reunidas en el Palacio que alberga la legación diplomática en la céntrica plaza de España de Roma.

Licenciada en Filosofía y Letras/Filología Inglesa y en Derecho, Isabel Celaá es exministra de Educación y exportavoz del Gobierno. También ha sido diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados en las XIII y XIV Legislaturas y parlamentaria por el mismo partido en el Parlamento vasco. Igualmente, fue consejera de Educación, Universidades e Investigación del País Vasco, vicepresidenta del Parlamento Vasco y directora de gabinete del consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

La Comunidad de Madrid continúa plantando cara al Gobierno central con el respaldo de la ultraderecha. La Asamblea de Madrid ha dado este jueves luz verde a la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, diseñada por el Ejecutivo regional para intentar boicotear en la región la aplicación de la nueva normativa estatal, conocida como ley Celaá por el nombre de la ministra que se encargó de impulsarla. A través de este texto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso busca blindar la educación concertada, que se ha convertido en seña de identidad de los conservadores en la comunidad autónoma y a la que la norma nacional intenta poner coto. Y proteger a aquellos centros que apuestan por un modelo educativo segregado.

Para el Gobierno, el proyecto constituye una "reconquista" de la "libertad educativa" de los madrileños. "Estamos satisfechos con el resultado final y con el camino que nos ha llevado hasta aquí", ha resaltado desde la tribuna de oradores la diputada del PP Lorena Heras. Ella ha sido la encargada de defender el proyecto del Ejecutivo regional en la Cámara. Y lo ha hecho con una intervención en la que se ha dedicado a cargar con dureza contra la norma estatal: "Incluye preceptos que desean convertir la educación concertada en una educación subsidiaria".

La iniciativa legislativa cuenta con el beneplácito de la extrema derecha. "Estamos muy contentos y muy alegres. (...) Los niños de Madrid van a tener ahora más cobertura que nadie", ha sostenido el parlamentario de Vox Jaime de Berenguer, a quienes ha recordado que el estudio es lo que les hará "libres" de "tiranos" que lo que pretenden es imponer. que el proyecto es para ellos

La oposición, sin embargo, ha criticado con dureza tanto la ley como el procedimiento legislativo. "Es un nuevo asalto a la educación pública madrileña. Que le pongan maestra es un insulto a los docentes", ha señalado el diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno, quien ha defendido que el objetivo de la norma es "segregar y privatizar". "Es una ley para confrontar, que utiliza Ayuso para su estrategia de batalla en el seno de su partido y a nivel estatal", ha sentenciado el parlamentario.

Un rechazo contundente que comparten desde Más Madrid y PSOE. Por parte del primer grupo, el diputado Alejandro Sánchez ha lamentado que se esté asistiendo al "final del modelo de educación pública". El parlamentario también ha cargado contra las trabas puestas en la tramitación: "Quisieron darnos diez minutos para debatir más un centenar de enmiendas". Cambios que fueron rechazados masivamente desde la derecha. "Ustedes garantizan el derecho de compra, y para esa garantía de compra usan la palabra libertad", ha lamentado.

Desde la bancada socialista, la diputada Marta Bernardo ha interpretado el texto como un nuevo "choque frontal" con la "democracia". "Cada ley que aprueba el Gobierno de España, ustedes se declaran insumisos", ha señalado la parlamenteria. No obstante, ha lanzado un aviso: "Si la aprueban, que sepan que va a seguir todo igual. Una ley autonómica nunca va a estar por encima de una ley nacional".

La Lomloe –popularmente llamada ley Celaá– ha estado en el punto de mira de los conservadores desde el inicio de su tramitación. Y ha sido uno de los muchos frentes de confrontación entre Ayuso y el Gobierno central. Hace algo más de un año, la líder regional encabezaba en Madrid junto al presidente de su partido, Pablo Casado, una manifestación contra una normativa estatal que consideraban que, entre otras cosas, dejaba tirados a los niños con necesidades especiales –poco importaba que un par de días más tarde el Ejecutivo madrileño se deshiciese de casi cuatro centenares de profesores de refuerzo destinados en exclusiva a estos alumnos–.

La Comunidad de Madrid, como gran escaparate que es del PP, se ha convertido en la punta de lanza de los conservadores contra la nueva norma estatal. “La reciente aprobación de la ley Celaá ha supuesto un recorte de la libertad de elección de las familias a la hora de decidir centro y tipo de educación para los alumnos”, se encargó de señalar Ayuso durante su investidura tras el adelanto electoral. “Por eso, y con respeto absoluto a nuestra normativa constitucional y a la nueva Ley Orgánica de Educación, planteamos una ley autonómica que defienda la libertad”, completó la líder del Gobierno autonómico.

El texto aprobado busca neutralizar la aplicación en la región de los aspectos que no gustan en la formación conservadora. Fundamentalmente, aplicando un blindaje a la educación concertada. "La Comunidad de Madrid garantizará en cualquier caso la existencia de plazas suficientes para las enseñanzas declaradas gratuitas por la ley, teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados", se recoge en su articulado. Se va, por tanto, en contra de la senda marcada por la Lomloe, que busca potenciar, principalmente, la oferta pública: "Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública".

La Ley Maestra también se encarga de recuperar el concepto de "demanda social", retirado por la Lomloe, que en su día incluyó la ley Wert para justificar el levantamiento de centros concertados en aquellas zonas donde se detecta falta de plazas. Una expresión que terminaba potenciando un círculo vicioso: si en un barrio destacaban las escuelas concertadas sobre las públicas se detectará que las familias matriculan más en las primeras, se interpretará, por tanto, que existe demanda social y se construirán más centros de este tipo.

La Lomloe también tiró por tierra la cesión de suelo público para la concertada. Lo hizo derogando la parte del artículo 116 de la ley Wert: "Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional". Algo que, sin embargo, ahora se encarga de recuperar Ayuso con su propia norma: "La Comunidad de Madrid podrá convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros privados concertados sobre suelo público dotacional".

El Ministerio de Educación y FP tiene previsto que para el próximo curso 2021-2022 los alumnos puedan obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, según consta en el proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación y las condiciones de promoción de la Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como las condiciones de titulación en Secundaria y Bachillerato, para el curso 2021-2022.

Este borrador del Ministerio, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido remitido a las comunidades autónomas, desarrollaría la nueva Ley educativa (la Lomloe, también conocida como Ley Celaá), aprobada en diciembre del año pasado.

La Ley establece que para obtener el título de Bachillerato será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos, pero abre la posibilidad de que el equipo docente pueda decidir que un alumno obtenga el título si se da el caso de que tenga una asignatura suspensa. Para estos casos, se deberán cumplir los siguientes requisitos: que el estudiante no haya faltado a clase de manera continuada y de manera injustificada y que haya alcanzado los objetivos y competencias vinculados al título.

Así, este proyecto de Real Decreto vendría a confirmar las líneas generales de la nueva Ley, al permitir que el alumnado pueda obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa. Pero también impone las mismas condiciones que la Ley, además de otras dos: que el alumno se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria; y que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a un 5. El documento precisa que la evaluación del aprendizaje del alumnado será "continua y diferenciada" en Bachillerato según las distintas materias.

A pesar de que la Lomloe lleva aprobada seis meses, esta norma aún no ha entrado en vigor en lo que respecta a evaluación. Desde finales de septiembre, lo que rige es el Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, que también flexibiliza los criterios de promoción y titulación.

Según este Real Decreto-Ley, los estudiantes podrán obtener el título de Bachillerato (también de la ESO) si la media de todas las asignaturas es igual o superior a 5, sin tenerse en cuenta el número de materias suspensas. Es decir, que por el momento, un estudiante con materias suspensas puede haberse presentado a la EBAU (la antigua Selectividad) siempre y cuando haya tenido un aprobado de media.

No sólo se tendrán en cuenta los suspensos en la ESO

Con respecto a la Educación Secundaria, el proyecto de Real Decreto establece que las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, de forma colegiada, por el equipo docente, "atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno".

De hecho, indica que las Administraciones educativas podrán establecer directrices para la actuación de los equipos docentes responsables de las evaluaciones, sin que, "en ningún caso, el número o la combinación de materias o ámbitos no superados pueda ser la única circunstancia a tener en cuenta en la decisión sobre la promoción".

En cualquier caso, pasarán de curso quienes hayan superado todas las asignaturas o ámbitos y quienes tengan evaluación negativa en una o dos materias. En este punto, el documento incorpora una novedad: contará como un suspenso, y no dos, las asignaturas que en distintos cursos tengan idéntica denominación.

La idea según el Ministerio es que la repetición de curso sea considerada una "medida de carácter excepcional" y que se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. En todo caso, el estudiante podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Si bien, de forma excepcional se podrá permanecer un año más en 4º curso, aunque se haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa.

En cuanto a la titulación, el proyecto de Real Decreto señala que quienes superen todas las materias obtendrán el título de la ESO, así como aquellos que, habiendo finalizado el curso con evaluación negativa en "una o más materias", hayan alcanzado, a juicio del equipo docente, las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Al igual que para pasar de curso, en la obtención del título de ESO, el equipo docente no podrá basarse exclusivamente en el número o la combinación de materias o ámbitos sin aprobar por parte del alumno.

Educación Primaria: repetición "excepcional"

Y en lo que respecta a Educación Primaria, el documento recoge que la evaluación del alumnado será "continua y global" y que se tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán entonces medidas de refuerzo educativo.

Se accederá al curso o a la etapa siguiente cuando el equipo docente estime que los aprendizajes que, en su caso, no se hubieran alcanzado no impiden al alumno seguir con aprovechamiento su formación. En este caso, el estudiante recibirá los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes que no hubiera alcanzado el curso anterior.

Ahora, si tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje del alumno, el equipo docente considera que la permanencia un año más en el mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, se organizará un plan específico de refuerzo para que durante ese curso pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, "carácter excepcional".

Y en todo caso, pasarán de curso quienes, a juicio del equipo docente, hayan alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez.

La historiadora del Arte Miriam Varela y la profesora de Filosofía en Bachillerato María De Toro han entregado este viernes en el Ministerio de Educación las más de 170.000 firmas que han recogido para pedir que se incluyan figuras femeninas en el currículum educativo, según informa Europa Press. 

Miriam Varela ha explicado a Europa Press que la reunión que han mantenido este viernes con dos vocales del Ministerio de Educación se ha prolongado durante dos horas y las impulsoras de las peticiones han podido exponer sus propuestas. En el encuentro, Varela y De Toro han estado acompañadas por Montse Amorós Giménez, de la plataforma de Las Roldanas –que han creado a partir de la petición en Change.org–y por la vicepresidenta de la Red Española de Filosofía (REF), María Concepción Roldán Panadero.

Según ha precisado Miriam Varela en declaraciones a Europa Press, han salido del encuentro con "una buena sensación". "Parece que ellos tienen el mismo sentimiento de que es un problema que se lleva arrastrando muchísimo tiempo y ahora son tiempos propicios para realizar este gran cambio en el currículum, hacer algo para modernizarlo", ha subrayado.

El cambio, según indica, "debe hacerse ahora", aprovechando la redacción del nuevo Real Decreto de Educación, "para que entre en vigor el año que viene" y para que los editores de libros de texto tengan un año de margen para introducir las modificaciones.

Además, considera que este es el mejor momento para llamar la atención sobre el borrado de mujeres en los libros de texto porque junio es "un mes en el que la educación está muy presente", con la EBAU y las oposiciones para profesores.

Según informa Change.org, la primera de las peticiones que se lanzaron en la plataforma ciudadana es precisamente la iniciada por Miriam Varela ('https://bit.ly/2SQPJeO'), que denuncia la ausencia de mujeres artistas en el temario de Historia del Arte, Fundamentos del Arte e Historia.

A raíz de su petición, con la que ya ha recogido más de 58.000 firmas, Varela ha puesto en marcha junto a otras colaboradoras la plataforma La Roldana, que recientemente ha puesto varios catálogos de mujeres artistas a disposición de docentes de toda España.

Las mujeres no somos una anécdota

"Me duele que las mujeres sólo se mencionen en los libros de primaria, ESO y Bachillerato como un epígrafe anecdótico y no como las artistas que fueron o las artistas que son. Las mujeres no somos una anécdota. Las mujeres artistas deben ser parte esencial del currículum educativo y de los contenidos evaluables en los exámenes de acceso a la Universidad", explica en su campaña.

En la misma línea se sitúa la petición iniciada por José Luis García, profesor en un instituto de Mallorca, que comparte marcador de firmas con la campaña de Varela. "En el currículum de Historia del Arte que es utilizado para determinar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de segundo de Bachillerato, he contado 225 obras de arte y ni una sola obra realizada por una mujer. Tampoco he encontrado ninguna referencia específica en los demás contenidos o estándares", explica.

En el curso 2018-19, García formó parte de un grupo de trabajo para revisar el contenido de la actual EBAU en las Islas Baleares con el objetivo de introducir en las obras a comentar obras realizadas por mujeres. De forma paralela, la profesora María De Toro, que imparte la asignatura de Filosofía en Bachillerato, ha iniciado una petición online que acumula más de 61.000 firmas de apoyo para pedir la inclusión de, al menos, una filósofa entre los diez pensadores que los alumnos deben estudiar de cara a la EBAU.

"Se me ocurren muchas filósofas que podrían estudiar los alumnos: Simone de Beauvoir, Judith Butler, María Zambrano, Hannah Arendt, Vandhana Shiva... Pero todas ellas siguen invisibilizadas en nuestra educación. La filosofía es pensamiento crítico y así debe estudiarse, no como una correa de transmisión de un sistema patriarcal", explica De Toro en la campaña.

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado que las leyes educativas que han "prosperado" en España, que han "aportado las paredes para poder tener una escuela poderosa", "una escuela pública que ha de ser eje vertebrador de todo el sistema educativo", tienen "sello socialista".

"La educación en España, en el sistema educativo español, lleva sello poderoso del socialismo español", ha reivindicado este domingo en un acto sobre Educación, Universidad y Formación Profesional dentro de los trabajos preparatorios de la Ponencia Marco del 40 Congreso del PSOE, que se celebrará en octubre, informa Europa Press.

Durante su intervención, la ministra ha afirmado que el PSOE apuesta por el concepto de educación como "derecho fundamental" y "no como mercancía", y ha defendido de nuevo la nueva ley educativa, la LOMLOE.

Esta nueva norma, según Celaá, pone encima de la mesa, "por primera vez en la historia legislativa del país" que hay segregación escolar y que hay que combatirlasegregación escolar, ya que "una sociedad solo puede ser fuerte, segura e igualitaria si todas las personas pueden disfrutar de las mismas oportunidades".

En este punto, Celaá indica que la LOMLOE -que ha "costado" aprobarla porque ha sido "atacada con bulos"- es un "proyecto transformador" y "profundamente anclado en valores socialistas" que "se nutre de los sistemas pedagógicamente más avanzados y que persigue el desarrollo de todos los talentos".

"Hemos guiado los cambios educativos en España"

Durante el acto también ha participado la secretaria de Educación y Universidades del PSOE, Luz Martínez Seijo, quien también ha destacado que la educación "siempre" ha sido una de las prioridades del PSOE.

"El PSOE siempre ha sido el líder de la educación en este país, no es presunción, no es un mensaje de bombo y platillo, es una realidad", ha sentenciado la diputada, que ha dicho que "todos los avances en educación siempre han venido de este partido".

Así, ha hecho un repaso de los "hechos importantes" en los que, según ella, el PSOE estuvo o contribuyó de algún modo, mencionando, por ejemplo, el legado de la Institución de Libre Enseñanza, la contribución socialista durante la II República o la aprobación de "todas las leyes presentes importantes de la educación española", desde la LODE de 1985, pasando por la LOGSE de 1990, la LOE de 2006 o la recién aprobada LOMLOE, según la diputada. "Hemos guiado los cambios educativos en España", ha insistido.

La segregación se ceba con España, con la Comunidad de Madrid como punto negro. Es la conclusión que se desprende de un informe, a la vez diagnóstico y propuesta madura y concreta, realizado por Lucas Gortazar, responsable de educación del think tank EsadeEcPol, y Álvaro Ferrer, especialista en equidad educativa de Save the Children. Su trabajo constituye una iniciativa infrecuente, al estar diseñada no sólo como descripción del problema y constatación de su auge, sino como opción constructiva y propuesta específica. "La segregación escolar es una problemática creciente, en especial en las ciudades, y va a requerir de mayor experimentación y concreción en las políticas públicas", señalan los autores, que llaman a pasar del "activismo legislativo" a las medidas contantes y sonantes. No se les pide a las fuerzas políticas que se pongan de acuerdo sin más, se les ofrece un marco de posibles soluciones y paliativos.

Save the Children y el Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, vinculado a la Compañía de Jesús, lanzan una propuesta que pretende romper un bloqueo sobre política educativa que amenaza con impedir incluso el desarrollo de la Lomloe, también conocida como Ley Celaá. Los autores apuntan con su propuesta a un punto crítico: la segregación educativa, es decir, la agrupación homogénea de los alumnos por clases sociales u origen. Se trata de un problema que pone el foco inevitablemente –aunque no exclusivamente– en la concertada, que es el mayor frente de oposición a las políticas educativas del actual Gobierno. Los autores se muestran conscientes de las dificultades. "Más allá del debate ideológico, reducir la segregación escolar es tarea políticamente compleja, pues toca de pleno los intereses de las familias, especialmente de clase media", admiten los autores.

Mal España, peor Madrid

El informe-propuesta, titulado Diversidad y libertad. Reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro y que se hace público este miércoles, parte de un análisis de los datos del Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (Timss, por su nombre en inglés) en 4º de Primaria de 2015 y 2019. A ello se suma el estudio de los datos del Informe PISA en 4º de ESO de 2015 y 2018. ¿Qué se observa al escudriñar los datos? Veamos.

La segregación socioeconómica en España es "muy alta" en Primaria dentro de los 24 países de la OCDE analizados. Sólo queda mejor que Lituania y Turquía. Madrid, única región que participa en Timss con los datos liberados, tiene una segregación aún mayor que la media de España y sólo es inferior a la de Turquía. La segregación por origen inmigrante de primera y segunda generación en España y Madrid es levemente superior a la de la media de la OCDE.

En Secundaria, España se encuentra en la media de la OCDE en segregación socioeconómica. No obstante, sólo con esa información se escapan matices, porque se da una "enorme variación" por autonomías, siendo la Comunidad de Madrid "la región con mayor segregación socioeconómica en España, de las más altas comparativamente con la OCDE, habiendo crecido significativamente durante los últimos años". En cambio, la segregación socioeconómica en comunidades como La Rioja o Cantabria es semejante a la de países nórdicos, Irlanda y Canadá.

Resulta relevante en conjunto el caso de Madrid, la encarnación más avanzada del modelo que entroniza la llamada "libertad de elección de centro". La segregación "ha crecido de forma muy notable" y "es hoy la comunidad autónoma con mayor segregación y una de las regiones con mayor segregación en toda la OCDE", exponen Gortazar y Ferrer.

En cuanto a la segregación por origen nacional en Secundaria, "es relativamente baja en España en relación a la media de la OCDE, semejante a la de países como Suecia, Noruega o Canadá", señalan los autores. Pero otra vez aparece la diferencia "enorme" entre comunidades. Hay una segregación por origen muy elevada en Extremadura, Andalucía y sobre todo País Vasco".

Círculo vicioso

Los autores advierten de un círculo vicioso. "Una segregación escolar elevada puede acabar por reducir la capacidad de elección de las familias y perpetuarse en el tiempo. Dados unos niveles de segregación elevados, la elección de centro por parte de las familias puede traducirse en evitar a toda costa los centros de alta complejidad. [...]", escriben Gortazar y Ferrer, que advierten del riesgo de tránsito de "una dinámica de decisiones positivas ('lo que deseo para mis hijos') a una de decisiones negativas ('lo que quiero evitar a toda costa')". Y añaden: "La evidencia disponible para el caso de Estados Unidos o Dinamarca muestra que a partir de un porcentaje de concentración de alumnado inmigrante en los centros educativos se genera una lógica de 'huida' o aumenta la demanda de educación privada, lo cual acaba reforzando las dinámicas de segregación".

Los autores citan datos de la OCDE según los cuales España es el séptimo país de la OCDE con más porcentaje de escolarización en centros privados. El 85,5% del alumnado acude a centros que compiten con al menos otro centro por la elección de las familias. "La presencia de la escuela concertada juega un papel en la composición de los centros: los alumnos de rentas altas, nivel socio-cultural elevado, o de origen nacional tienen a acudir de forma desproporcionada a centros concertados y privados. Estas diferencias están fuertemente mediadas por preferencias de las familias, la planificación de oferta escolar, pero también por barreras económicas en forma de cuotas o donaciones que la mayor parte de centros concertados cobran", señalan Gortazar y Ferrer, que concluyen que la "segregación escolar público-privada es relevante", aunque no explica todo el fenómeno". Es decir, también existe en el seno de la propia red pública.

La ley y las autonomías

EsadeEcPol y Save the Children tratan conciliar las "dos dimensiones de la libertad", que ponen el énfasis en la igualdad –izquierda– y en el derecho de los padres a elegir centro –derecha–. Es un terreno minado, donde ya se han librado duras batallas políticas. Las últimas dos leyes educativas han abordado la cuestión "segregación-elección". La Lomce (2013) introdujo el concepto de "demanda social", beneficioso para la concertada, que desaparece con la Lomloe (2020), una norma con medidas directas para evitar alta concentración de alumnado vulnerable y garantizar la gratuidad real de la concertada.

A pesar de que hay una ley de ámbito estatal que suele concentrar el foco del debate, el papel de las comunidades es decisivo. Los gobiernos regionales programan la oferta de plazas y el tipo de jornada –que influye mucho en la demanda–, gestionan las oficinas de matriculación, establecen los mecanismos de asignación... Es decir, con la misma ley estatal, se pueden hacer políticas diferentes. Además, la caída de la natalidad y el conflicto urbano-rural, entre otros factores, amenazan con tensionar las relaciones entre pública y concertada.

Una propuesta en ocho áreas

Todo esto lo considera la propuesta Save the Children y EsadeEcPol, que trata de desplegarse con realismo para no quedar en intenciones. Y lo hace en ocho áreas:

1.Criterios en la asignación de centro. Una investigación reciente ha mostrado que la reducción en Madrid del peso de la renta como criterio de asignación de plazas, con la introducción del punto de familiar de antiguo alumno (o “punto dinástico”) y un punto a discreción del centro, fue "el factor que contribuyó al aumento de la segregación por nivel socioeconómico y origen migrante", explican los autores. A su juicio, es necesario aumentar el peso de los criterios socioeconómicos y eliminar puntos "que otorgan aún más ventaja a las familias de rentas altas".

2.Sistema de doble lista (reservas de plaza). Fue un éxito para la reducción de la segregación en Flandes (Bélgica). La propuesta consiste en el establecimiento de dos listas de vacantes en cada centro, una para alumnado desaventajado y otra para alumnado aventajado. Así se logra armonizar el conjunto y se evita la homogeneidad.

3. Oficinas de información y acompañamiento. El objetivo es vencer las desigualdades en el acceso a la información, otro castigo a rentas bajas y extranjeros. Las oficinas municipales de escolarización en Cataluña y los Family Resource Centers de EEUU dan una idea. El refuerzo informativo no sólo es necesario para los de abajo: "Es necesario dotar de información a familias con mayor nivel socioeconómico y autóctonas para desmontar prejuicios sobre la presencia de diversidad en los centros".

4. Gestión de la "matrícula viva". El alumnado que se incorpora con el curso iniciado suele ser enviado a colegios institutos con problemas de concentración. En el curso 2018-2019 en Cataluña, aunque la matrícula viva en Primaria era un 2,3% del alumnado, en los centros de alta complejidad era más del doble, un 5,3%. Los autores proponen dan también a estas familias "la posibilidad" de elegir y usar este margen para equilibrar.

5. Financiación de la concertada y cuotas. Un secreto a voces es que la concertada está infrafinaciada. Otro, que establece barreras de entrada a través de cuotas, como han demostrado numerosos estudios. ¿Resultado? España está entre los países de la OCDE donde la diferencia de perfil socioeconómico entre el alumnado de escuelas públicas y concertadas es mayor. Los ejemplos de países con mayor presencia de concertada pero una segregación menor entre centros públicos y privados, como Países Bajos, Bélgica, Irlanda o Corea del Sur, apunta a explicaciones que tienen más que ver con las diferencias en su financiación y regulación que con la existencia en sí de la doble red.

6. Políticas de calidad e innovación. "Los recursos y la calidad no se distribuyen de forma equitativa entre los centros educativos en España", exponen Gortazar y Ferrer. Al contrario, "el profesorado y los equipos directivos con las competencias más eficaces para el aprendizaje están en los centros educativos con menos alumnado en desventaja [...]. La segregación actúa como un círculo vicioso que deteriora la calidad de algunas escuelas – centros gueto– y requiere una intervención específica de la administración para revertirlo". ¿Ideas? Las escuelas magnet, nacidas en Estados Unidos para reducir la segregación racial y socioeconómica, "han mostrado cierta eficacia en combinar mejora con aumento de demanda y diversificación del alumnado".

7. Algoritmo de asignación de plazas. El sistema más utilizado para asignar plazas es el “mecanismo de Boston”, que lleva a las familias a no priorizar necesariamente el centro que más les interesa sino aquel en el que tienen más opciones reales. Se trata de un sistema que "aumenta la desigualdad al favorecer el comportamiento estratégico de las familias con mayor nivel educativo y renta" Es decir, se benefician aquellas familias que conocen los “trucos” del sistema, con mayor acceso a información, tiempo para dedicarle y sin barreras de idioma. El estudio señala que sustituir este mecanismo es "relativamente sencillo", citando el ejemplo "prometedor" de la Comunidad Valenciana.

8. Organización de la oferta escolar. Un par de datos. Sólo un 2,9% del alumnado de ESO en centros públicos utiliza el comedor frente a un 24% en los centros de titularidad privada. Un 71,6% de los públicos de Primaria tiene comedor frente a un 82,2% de los privados. "Una mayor equivalencia en cuanto a la organización y los servicios ofertados contribuiría a reducir la segregación escolar", concluyen los autores

La propuesta, con declarada vocación de ser recogida por las fuerzas políticas y agentes educativos, se presenta este miércoles, con la participación de los dos autores del informe, además de Toni Roldán, director de EsadeEcPol; Pauline Musset, analista de la OCDE; Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children; y Conor P- Williams, de la Century Foundation de Estados Unidos.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha advertido de que el Gobierno "no va a tolerar de ninguna de las maneras" la implantación del llamado pin parentalpin parentalen la Región de Murcia, tras el acuerdo alcanzado por el PP y tres exdiputados de Vox para tumbar la moción de censura en la comunidad autónoma y que derivó en el nombramiento de María Isabel Campuzano como consejera de Educación y Cultura, según informa Europa Press.

"Es un veto parental al derecho fundamental del alumno a ser educado y no vamos a tolerar de ninguna de las maneras una actuación que es ilegal", ha adelantado Celaá en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press en la que ha cuestionado además que Campuzano sea un "referente adecuado" para los alumnos tras su reticencias a vacunarse contra el covid.

La titular de Educación ha asegurado que el Ministerio está dispuesto a recurrir la medida "igual que se hizo el año pasado", cuando quedó en suspenso la medida tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. "Estaremos atentos a cualquier normativa y actuación que suponga un recorte del derecho fundamental a la educación", ha explicado la ministra, quien ha recordado que "una de las cuestiones que se debe enseñar a los alumnos es proteger su salud mental y física, el respeto al diferente y la educación afectivo-sexual". Asimismo, considera que la implantación del pin parental"es una falta de respeto a la libertad de cátedra y a la autonomía de los centros".

Celaá ha admitido no haber mantenido ningún contacto con Lozano ni tiene previsto hacerlo hasta ver cómo discurren los acontecimientos. "No he intentado hablar con la consejera, institucionalmente habré de hablar con ella, pero hasta el momento no he intentando ninguna conversación y voy a ver cómo van decantándose las cosas". La titular de Educación ha lamentado que el PP haya puesto la educación "como moneda de cambio" para conseguir mantenerse en el Gobierno de Murcia tras la moción de censura. "La educación ha sido concebida más como una mercancía que como un derecho y nosotros no vamos a tolerar eso" ha indicado la ministra.

La ministra de Educación considera además que la nueva consejera de Educación de Murcia "no es un referente adecuado para el alumnado" en relación a sus reticencias sobre la vacunación contra el coronavirus. "Un ministro o un consejero de educación creen en la capacidad de la ciencia y lo estamos viendo cada día para resolver problemas, es loable cómo ha actuado la ciencia en la pandemia y las vacunas están demostrando históricamente su eficacia", ha indicado Celaá en relación a María Isabel Campuzano, aunque confió en que ésta "cambiará de opinión en breve".

Celaá ha mostrado, sin embargo, su disposición a vacunarse y ha negado tener recelo alguno sobre el suero de Astrazeneca. "Me pondré la que me tengan que poner en el sitio que me corresponda, creo en las vacunas y quiero vacunarme cuanto antes", ha concluido la ministra.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha defendido que la educación integral, incluida la afectivo sexual, "es un derecho fundamental de los menores". "La educación integral, incluida la afectivo sexual, es un derecho fundamental de los menores. Vamos a defender ese derecho por encima de cualquier veto parental que se quiera implantar", ha sentenciado Celaá.

Así lo ha manifestado este sábado la ministra de Educación y Formación Profesional en una publicación en su cuenta de Twitter, en la que ha destacado que "el único interés que debe prevalecer es el interés superior del menor".

La Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso aprobó este jueves una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a "elaborar una propuesta curricular firme que contemple la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, en los Reales Decretos por los que se establezcan las enseñanzas mínimas". La iniciativa, presentada por Unidas Podemos, ha sido aprobada con los votos de Unidas Podemos, PSOE y Más País.

El texto aprobado también pide al Ejecutivo "impulsar, a través de la colaboración con las administraciones autonómicas que son las competentes, un plan de actividades que fomente la educación sexual en los centros educativos".

La educación y sus leyes han estado siempre presentes, sobre todo, desde que dicen que llegó la democracia. “La democracia ha venido, todos sabemos cómo ha sido”. Nos podíamos haber ahorrado tantas orfandades educativas que ha sufrido el pueblo desde la Ley de Instrucción Pública, Ley de Moyano de 1857, que ya casi hemos perdido la cuenta, aunque nos hayan adoptado un número demasiado crecidito de leyes de Educación. Ya somos mayorcitos y no nos pega ni con cola tantos pantalones bombachos de leyes que parecen mantenernos en una poco saludable, y casi eterna, adolescencia (que “adolece, pena y muere”). Es que estamos ya bastante sufridos, hasta con hambrunas posbélicas incluidas, como para seguir con tanto tira y afloja de intereses, que, a veces, hasta son bastante poco educativos.

La nueva ley de educación, la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) o Ley Celaá quiere conceder equidad a la hora de convocarnos hacia una educación más moderna y, a la vez, más solidaria, pero todavía adolece de improntas de un sistema económico y civil y político que nos deja sus marcas para que nadie se sulfure. Con los sulfuros, que nos resultan tóxicos, no debemos jugar; sin embargo, se abrió enseguida la caja de Pandora y se salieron de madre las manifestaciones de los privilegiados, que no nos demostraron gran talante conciliador, ya que no querían entender que no era para tanto la renovación que se nos concedía y que ellos no perdían prácticamente nada. Con la dictadura, con su catadura moral y todo el contento social, los favorecidos por la libertad eran “libres” de elegir centros educativos, pero se los tenían que pagar.

“Por sus frutos los conoceréis” nos dijo a todos Jesús, y ya salta a la vista que el “divino paciente” tiene émulos que, sin embargo, pierden la paciencia, porque el vértigo les seduce. La impaciencia se generaliza, incluso cuando las huestes parlamentarias de muchos voceros de la libertad saltan con interrupciones, dicterios y hasta golpes en las sacrosantas y finas maderas del “hemihemiciclo”, como si se tratara de golpear los toscos troncos de antiguas tribus que tocan a rebato.

Nuestra escuela pública está desconcertada, porque encuentra infinidad de dificultades en su labor educativa, ya que “la escuela de todos y para todos” se siente orillada, porque los medios nos muestran, generalmente, noticias de educación con imágenes de centros que son de unos pocos.

Nuestra escuela pública está desconcertada, porque las zonas educativas están predeterminadas por una discriminación social, que ha creado guetos en extrarradios, e incluso más lejos, de las ciudades, donde las dificultades crecen como setas tóxicas que envenenan la labor educativa en “ciudades que parecen sin leyes”. Antes (fue nuestra experiencia) la convivencia de las familias era más vertical, ya que en una misma construcción podían vivir familias de distinto estatus y poder adquisitivo, aunque las diferencias se manifestaran por los distintos estratos o plantas de las viviendas, pero en la calle los vecinitos nos encontrábamos y mezclábamos para nuestros juegos, aunque unos fuéramos a la escuela pública y otros a centros privados. Ahora, las ciudades se han ido desgajando horizontalmente, y las familias menos favorecidas se encuentran lejos y formando islas no solo por sus recursos económicos.

Nuestra escuela pública está desconcertada, porque la educación de todos se siente, muchas veces, con numerosas dificultades, además de con un ambiente ya enrarecido y, de esa manera, se encuentra sin poder evitar que se le escapen alumnos que dan con sus huesos en la delincuencia.

Nuestra escuela pública también está desconcertada, porque las élites, a pesar de sus distinguidos recursos educativos, tampoco consiguen que sus pupilos terminen siendo modelos de ciudadanos intachables. “Del rey abajo, ninguno” parece confirmarse con las andanzas de eméritos, jefes de estados, presidentes, ministros... que “hicieron de su capa un sayo”, político y pecuniario. Sin embargo, a éstos se les trata de corruptos, que suena más raro o exquisito. Si en estos días Pablo Casado nos ha dicho que “el PP no habla con delincuentes”, lleva toda la razón. Siempre ha habido clases.

La Educación sabe muy bien que “no somos esclavos de nuestros genes”, pero no debe olvidar que tampoco debemos ser esclavos de nuestros prejuicios y adoctrinamientos, que nos separan y dividen. Tenemos que defender una verdadera y buena y excelente educación y pública, sin mamandurrias, porque la necesitamos y nos necesitamos.

José María Barrionuevo Gil es socio de infoLibre

Así, a los 20 días de la publicación en el BOE, se aplicarán las modificaciones relativas a: la participación y competencias del Consejo Escolar, el Claustro y de los directores de centro; la autonomía de los centros docentes; la selección del director en los centros públicos; y la admisión de alumnos, informa Europa Press. 

Si bien, los procesos relativos a la selección del director en los centros públicos y la admisión de alumnos que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de iniciarse, es decir, por la LOMCE o Ley Wert.

Precisamente, el presidente del PP, Pablo Casado, anunció que las comunidades donde gobierna su partido (Galicia, Murcia, Madrid, Castilla y León y Andalucía) "adelantarían" este proceso para así sortear la Ley. De momento, estas cinco regiones ya han publicado sus respectivas resoluciones sobre este tema.

Medidas más tardías

Por otro lado, hay otras cuestiones que se aplicarán más tarde. Según especifica la Ley, al inicio del curso 2021-2022 se implantarán las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas; las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de Educación Secundaria Obligatoria, ciclos formativos de Grado Básico y Bachillerato; la titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza; y las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.

Asimismo, las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de Educación Primaria se implantarán para los cursos 1º, 3º y 5º en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de la Ley, y para los cursos 2º, 4º y 6º en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor.

Igualmente, las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos y programas de Educación Secundaria Obligatoria se implantarán para los cursos 1º y 3º en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de la Ley, y para los cursos 2º y 4º, en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor.

Y en cuanto a las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de Bachillerato, se implantarán para 1º en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de la Ley, y para el 2º curso, en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor.

Sobre las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos en los ciclos formativos de Grado Básico se implantarán en el curso que se inicie un año después de la entrada en vigor de esta Ley. En este curso se suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial preexistentes. Y el 2º curso de los ciclos formativos de Grado Básico se implantará en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor. En este curso se suprimirá la oferta de módulos voluntarios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial preexistentes.

Con respecto a las modificaciones que se introducen en el artículo 38 de la Ley, relativas al acceso y admisión a la universidad, se aplicarán en el curso escolar en el que se implante el 2º curso de Bachillerato.

Por último, las evaluaciones de diagnóstico a las que se refieren los artículos 21 y 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, comenzarán a aplicarse en el curso escolar en el que se implanten los cursos 4º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

Los cambios de la nueva Ley

La nueva Ley recoge las siguientes modificaciones: el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta "suficiente" de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las nota media; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; o la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública.

La LOMLOE también incluye la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.

Asimismo, la norma suprime la referencia al castellano como "lengua oficial del Estado", así como la consideración de "lenguas vehiculares" tanto del castellano como de las demás lenguas cooficiales, un asunto que según el Gobierno no supondrá cambio alguno en la práctica. El Ejecutivo de coalición recuerda que el castellano no quedó plasmada como una lengua vehicular en la enseñanza hasta la Ley Wert de 2013.

Sin embargo, la oposición ve con esta modificación (que vino de una enmienda conjunta entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC) una concesión al independentismo para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta polémica ha suscitado que el PP, Cs y Vox hayan anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la Ley Celaá.

Otro firme opositor a la Ley ha sido el sector de la concertada, representada por la Plataforma Más Plurales, que ha abanderado las seis concentraciones de protesta contra la Ley durante los meses de noviembre y diciembre.

El Senado ha aprobado este miércoles la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) con 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones y sin realizar ninguna modificación en su tramitación en la Cámara alta, por lo que el texto no debe regresar al Congreso y se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), informa Europa Press. 

El presidente de la Comisión de Educación en el Senado, el socialista José Asensi, ha presentado el texto ante el Pleno de la Cámara Alta. En su intervención ha repasado el proceso que ha transitado esta ley, desde que se presentó en la anterior legislatura, cuando decayó su tramitación por la convocatoria de elecciones; pasando por las enmiendas a la totalidad en el Congreso de PP, Vox y Ciudadanos, y las propuestas de veto que este miércoles han defendido PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro (UPN), en el Senado.

Tras agradecer a todos los que han trabajador en él, ha señalado que la norma, conocida como Ley Celaá, busca "mejorar la calidad en las condiciones en las que se ejercer el derecho a la Educación", así como "el dominio de las competencias básicas", el de "las nuevas tecnologías", el "impulso de la lectura", el "avance de la Formación Profesional", la "autonomía de los centros" y la "apertura de los mismos al entorno social".

Tal y como ocurrió en el debate de la Comisión, la semana pasada, los partidos que han presentado veto a esta norma denunciaron el feo que, a su juicio, el Gobierno ha hecho al Senado acelerando la aprobación de este texto cuando, según ha explicado el portavoz de UPN, Prudencio Catalán, la fecha prevista para finalizar la tramitación de la ley era el 25 de febrero.

Críticas al PSOE y a quienes apoyan la ley 

El discurso de Catalán se ha centrado en los puntos más polémicos de la norma, como la eliminación del castellano como lengua vehicular, la "elección a dedo" de los inspectores de educación, la "eliminación" de los centros especiales y el "ataque" a la concertada, que ha rechazado. "La 'Ley Celaá' nace muerta. Tiene fecha de caducidad", ha lamentado.

De forma similar se han expresado el resto de formaciones que han presentado veto al texto. El representante del PP, Pablo Ruz, se ha dirigido a quienes han apoyado el texto para criticar su "sumisión a un Gobierno" que, a su juicio, "es inmoral" y "no es lo que necesita España". A los socialistas, por su parte, los ha acusado de "despreciar a las Cortes Generales en la labor de esta Cámara" al no "contemplar ninguna de las 640 enmiendas" presentadas en el Senado.

Por parte, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha acusado al PSOE de pasar de "dinamitar el Pacto de Estado" por la Educación al traer "esta ley que amenaza los derechos de las familias y los de los alumnos". En su intervención ha acusado al PSOE de mentir sobre la inmersión lingüística que, a su juicio, no garantiza el aprendizaje del castellano en Cataluña, además de "no tener apoyo" que los socialistas dicen y de ser, en su opinión, un "modelo del siglo pasado". "Están blindando el abuso del separatismo", ha declarado.

El representante socialista, José María Oleaga, ha respondido a estas críticas señalando que la LOMLOE viene a "corregir" la "división" que generó la Ley Wert del PP entre el alumnado, distinguiendo entre aquellos con "excelencia" y "el resto", a su juicio, tratado como un "pelotón de torpes" y "vagos". También ha preguntado a PP, Ciudadanos y UPN, "por qué no quieren la integración de las personas con discapacidad desde la escuela" o si creen verdaderamente que el castellano "esté en peligro" en el país.

Una norma mejor que la "Ley Wert"

"Ustedes no aman a España como es, sino como les gustaría que fuera. Es plural y diverso, tiene diferentes formas de expresión cultural, diferentes formas de expresión lingüística, diferentes gastronomías, paisajes y política. Esto es España y no lo que ustedes quieren que sea", ha apuntado el senador.

De forma similar se han expresado los partidos que han apoyado la norma. Así, el portavoz de Más País, Eduardo Fernández Rubiño, ha señalado que "cuando más miente" la derecha con respecto a la Ley "más razones dan" a quienes están a su favor. Además, ha reprochado al PP su "discurso ético" sobre "consensos" y "acuerdos" cuando "se sabe lo que ellos hicieron" en las "últimas" legislaturas.

Fernández Rubiño sí ha reconocido que le hubiera gustado "llegar más lejos" con la LOMLOE y también "otra tramitación", una opinión que ha compartido la portavoz del PNV, María Rosa Peral, que ha hablado de "precipitación" y de un debate "poco oportuno" al coincidir con el de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). También ha reconocido que la norma no es la que querría, "porque es estatal".

Aún así, ha defendido que la Ley Celaá recoge parte de sus reivindicaciones y es "un avance" frente a la LOMCE. En este sentido, ha señalado que incluye "la libertad de enseñanza y elección" de las familias, "no arrincona" a educación la especial, "prioriza la cohesión de la comunidad educativa" y "no excluye al castellano".

La representante de ERC, Adelina Escandell, por su parte, ha criticado que la derecha "confunda la libertad con sus privilegios" y que no reclame esta libertad "para todos", sino sólo "para los que son y piensan" como ellos. La independentista ha indicado que, también, se oponen "sistemáticamente al diálogo, a no ser que ganen sus posturas". Para Escandell "no es la ley" que ellos "hubieran deseado" pero "sitúa la Educación en el siglo XXI".

"No blinda el catalán como vehicular"

Pero la Ley también ha tenido críticas por parte Junts per Catalunya. Su portavoz en el debate, Assumpció Castellví, ha advertido que la norma "no blinda el catalán como lengua vehicular" y "deja a la interpretación" esta materia al no especificar la administración competente en la misma. "No queremos dejar a la interpretación, porque siempre se interpreta en contra de nuestra lengua, la catalana", ha declarado la senadora.

El representante de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, por su parte, ha lamentado que las formaciones no se puedan poner de acuerdo en un tema como este y ha criticado, tanto que no se hayan aceptado enmiendas para su mejora, como el "argumentario de partido" que han usado algunos portavoces para defender opiniones "absurdas".

Sobre el "secuestro" del trabajo del Senado también se ha referido el portavoz de Compromís, Carles Mulet, quien ha defendido algunas de las enmiendas que su partido ha presentado, como la inclusión de la música; mayores garantías para el conocimiento de otras lenguas oficiales, así como la asturiana o la leonesa; una educación sexual en todos los niveles educativos; o garantizar la enseñanza de la ética y la filosofía, una medida que habían acordado hasta cinco grupos parlamentarios.

Finalmente, el senador de Vox, José Manuel Marín, ha denunciado que esta norma pretenda dar clase a los alumnos en "una lengua impostada" para que crezcan en "patrias artificiales" y se "silencie el papel de la familia" a través de un "falso respeto a la diversidad" que incluye "ideas progres acerca del sexo y el género" que "manipulan" las "conciencias" de los menores.

Miles de coches han vuelto a llenar el Paseo de la Castellana de Madrid para mostrar su rechazo a la LOMLOE, la reforma educativa más conocida como ley Celaá, que previsiblemente se aprobará este miércoles 23 de diciembre en el Pleno del Senado. La manifestación de vehículos ha sido convocada por la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, plataforma que desde el mes de noviembre ha salido a la calle para expresar su malestar con la que será la octava ley de Educación de la democracia española, según informa Europa Press.

La concentración más numerosa es la de la capital, donde miles de vehículos recorren desde las 11.00 horas el Paseo de la Castellana, partiendo de Cuzco y con destino Cibeles. El presidente del PP, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida han participado en la protesta junto a la vicealcalde, Begoña Villacís, y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.

Casado ha acusado al Gobierno de coalición de dejar "abandonados" a los españoles para "ocuparse de sus luchas internas", ha señalado en declaraciones a los medios. Según ha indicado el presidente del PP, quienes se manifiesta contra esta ley lo único que hacen es "pedir libertad" y lo hacen tanto las familias de la educación concertada, como de la especial y hasta "los padres de la pública", que quieren seguir teniendo "libertad para elegir el modelo educativo y el colegio" de sus hijos.

Ayuso ha insistido este domingo en que el Gobierno regional defenderá "donde sea necesario y cueste lo que cueste" la libertad educativa frente a la LOMLOE. La dirigente madrileña ha asegurado que se está intentando aprobar en España "sin ningún tipo de consenso, promoviendo una ruptura social y regresando a una etapa en la que unos españoles trabajaban contra los otros".

Martínez-Almeida, por su parte, también ha criticado que el Gobierno haya tramitado esta ley "por la puerta de atrás" y "sin el debate necesario". Asimismo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le asegure un futuro a los españoles y a los jóvenes, y que "no se refugie en los despachos" y atienda a las personas que "lo único que está pidiendo es poder educar en libertad a sus hijos".

También ha estado presentado Villacís que ha defendido  la "libertad de elección" frente a la LOMLOE que asegura que ha salido adelante "de la forma menos democrática posible, sin participar y sin escuchar a los sectores afectados". "Nosotros defendemos firmemente la libertad de elección, consideramos que la educación especial y concertada han contribuido a este país y al sistema educativo. Los resultados están ahí, los padres merecen tener el derecho a decir algo sobre la educación de sus hijos, estamos pidiendo tolerancia, igualdad y consenso", ha expresado.

Por su parte, Ortega Smith, ha defendido este domingo la implantación del denominado pin parental pin parentalpara evitar así que "nadie pueda adoctrinar" a los niños con la LOMLOE. Según el diputado de la formación que dirige Santiago Abascal, con este método se permitirá que las familias tengan la posibilidad de no dejar que sus hijos vayan a un taller "de adoctrinamiento ideológico". 

Movilizaciones "en todo el territorio nacional"

Pero no solo en Madrid la Plataforma ha convocado esta iniciativa, sino que la llamada a la acción ha sido "en todo el territorio nacional". En Andalucía, caravanas de vehículos, adornados con motivos naranjas, han recorrido todas las capitales de provincia, salvo Cádiz. Y los coches también ha vuelto a ocupar las calles de Oviedo y Gijón.

En Castilla y León, una caravana naranja también ha inundado el centro de las capitales de provincia para reclamar la paralización de la nueva ley. En Cataluña, unos 290 vehículos, según la Guardia Urbana, han participado este domingo en una manifestación contra la ley Celaá, convocada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Barcelona.

En Galicia, cientos de coches han vuelto a las calles para protestar contra la LOMLOE ya que consideran que no es "ni el momento ni las formas". En Pamplona, una caravana de vehículos ha criticado la aprobación de la ley "desde la imposición".  Y en Logroño, alrededor de 2.000 vehículos, según la organización, han participado en la manifestación.

La movilización de este domingo se suma a las otras cinco celebradas este mes de noviembre y diciembre frente al Congreso y el Senado, así como la del 22 de noviembre en vehículos, y se enmarca en el calendario de acciones previstas de la campaña Más Plurales, Más Libres, Más Iguales que ha puesto en marcha la Plataforma para intentar paralizar la nueva ley de Educación, una ley que, a su juicio, ha sido tramitada "sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil".

Pero además, según denuncia, la LOMLOE supone un "ataque" a la educación concertada y la educación especial. "Aunque el rodillo de la Ley Celaá sigue su curso con la intención de lograr su aprobación en tiempo récord el próximo 23 de diciembre, la concertada no va a permanecer callada ante esta demostración de falta de espíritu democrático de quien ha impulsado la LOMLOE", señala la Plataforma.

Celaá: "Es una ley necesaria y urgente"

Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado que la LOMLOE está teniendo un "amplio respaldo" de la comunidad educativa. "Es una ley necesaria y urgente que viene a deshacerse de todos aquellos abusos, desequilibrios, que se habían amontonado en nuestro sistema educativo. Eran obstáculos para que las personas pudiera seguir progresando", ha criticado.

Así lo ha manifestado este domingo la ministra Celaá durante su intervención en el acto 'El derecho a la Educación: de la LODE a la LOMLOE' organizado por el PSOE. La ministra ha agradecido el "respaldo" de la comunidad educativa y ha afirmado que la LOMLOE "va a mejorar la educación". "Está perfectamente insertada en el pacto constitucional. Larga vida a la LOMLOE", ha sentenciado.

Qué dice la ley

El redactado de la ley Celaá contempla no ceder suelo público para escuelas concertadas, la prohibición de que los concertados segreguen por sexo y la eliminación del criterio de "demanda social" de los concertados al priorizar el aumento de plazas públicas, entre otras cuestiones.

Para Más Plurales, la supresión de la "demanda social" de los centros privados sostenidos con fondos públicos "deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos", lo que para ellos supone un "ataque a la libertad" porque entienden que se vulnera el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.

Pero además, la Plataforma ha expresado su preocupación por lo relativo a la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligatoria y de carácter voluntario para los alumnos, pero que como novedad no contará para la nota media, al no tener una asignatura alternativa. La Plataforma considera que este cambio "relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, Religión que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar".

Sus protestas también se han centrado en torno a cómo quedaría la educación especial con la LOMLOE, la cual dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad", lo que la Plataforma interpreta como el cierre de estos centros.

La derecha española (PP, Cs y Vox), que critica firmemente la reforma educativaVox, también ha iniciado su propia campaña de desprestigio de la Ley Celaá, por lo que en las últimas semanas ha mostrado su apoyo a esta Plataforma. De momento, las tres formaciones ya han anunciado que recurrirán la Ley ante el Tribunal Constitucional en caso de llegar ésta a aprobarse.

La Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, denuncia que el Gobierno ha vetado su participación en el trámite del proyecto de reforma de la ley de Educación (la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá) en el Senado.

Según lamenta la plataforma, parece que no se va a aceptar "ninguna enmienda" propuesta por el sector de la concertada a la nueva norma educativa, intentando así "silenciar a una parte muy importante y numerosa de la sociedad", informa Europa Press.

Precisamente, este jueves 17 de diciembre se reunirá la Ponencia de la Comisión de Educación y FP del Senado, grupo de trabajo que analiza, debate y vota las enmiendas de los grupos parlamentarios del Senado al proyecto de reforma de la ley. Al día siguiente, viernes 18, la Comisión emitirá un dictamen con lo aprobado por la Ponencia, que será votado en el Pleno de la Cámara Alta el día 23.

Si el proyecto de ley es vetado o enmendado por el Senado, tendrá que someterse de nuevo a votación en el Pleno del Congreso el próximo día 29, pero si no recogiese ninguna modificación, entonces quedaría aprobada definitivamente la Ley.

Para manifestar su oposición a la norma, la plataforma se concentrará frente a las puertas del Senado este miércoles 16 de diciembre. Y también lo hará el domingo día 20, con una concentración de vehículos por las calles de capitales de provincias y ciudades de toda España.

"Nunca una Ley Orgánica de Educación se ha aprobado con una tramitación tan atropellada que pone de manifiesto un preocupante déficit democrático de quien la impulsa y respalda", critica Más Plurales, que también se queja de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha contestado a la solicitud de reunión realizada por la Plataforma el pasado 30 de noviembre.

"El diálogo, la negociación y consenso, han sido sustituidos por la imposición, la exclusión y la inexistencia de un debate democrático y participativo con la sociedad civil", señala Más Plurales, que advierte de que, aunque resulte aprobada la LOMLOE, seguirá con acciones en todos los ámbitos políticos y jurídicos para "minimizar en lo posible los perjuicios que esta Ley ocasiona".

Cuando la ley Celaá todavía era un mero proyecto sin aprobar, ya estaba dando que hablar. Y ya estaba siendo objeto de protestas en las calles. Por varios motivos. Uno de ellos era el cambio con respecto a la educación especial. Desde la derecha política se ha alimentado el bulo de que las escuelas orientadas a este tipo de enseñanza cerrarán en diez años gracias a la ministra de Educación, Isabel Celaá. Sin embargo, la ley dice otra cosa. Bastante diferente, además. La referencia a estas escuelas, que aparece en la disposición adicional cuarta de la normativa recién aprobada por el Congreso de los Diputados, indica que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, [...] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial". La convivencia entre ambos modelos, por tanto, continuará.

Sin embargo, hay una pregunta inevitable: ¿es uno mejor que el otro? La respuesta no es nada fácil. De hecho, puede que ni siquiera exista. Esta depende de la familia que la responda y, también, de su pequeño o pequeña. Argumentos para escoger una u otra opción hay muchos. infoLibre ha hablado con tres familias que lo saben bien: la de Paco Bescós, la de Pilar Martínez y la de Carolina Fernández Bustillo. Todos, desde su experiencia personal, aportan razones y argumentos a un debate que va más allá del terreno político. Y que tiene por objetivo buscar, dicen todos, "lo mejor" para sus hijos.

"Mucho tendrían que cambiar las cosas para llevar a mi hija a un cole ordinario"

Paco tiene una pequeña de 5 años: Paulina. Al nacer tuvo una asfixia perinatal y por eso ahora sufre un tipo de parálisis cerebral y un grado de discapacidad del 68%. Está afectada sobre todo en el terreno motriz, más que en el cognitivo. Pero "tiene muchísimo potencial", según les han asegurado los expertos a Paco y a su mujer. "Nos han dicho que con la correcta atención puede llegar bastante lejos", dice, desde el otro lado del teléfono. Así que la buscaron. Y dieron con el centro Bobath, en Madrid, la ciudad en la que viven.

Fue una decisión muy meditada. Tal y como explica Paco, dentro de su "mala fortuna" pudieron tener la ventaja de saber qué consecuencias podría tener lo que le había ocurrido a Paulina "desde el minuto uno". "Así que durante sus tres primeros años estuvimos valorando qué iba a ser mejor para ella rodeados de muy buenos profesionales, que nos recomendaron de manera unánime optar por un centro de educación especial", recuerda. Así llegaron al Bobath, una escuela "especializada sobre todo en trastornos relacionados con parálisis cerebrales y similares".

Paulina, hija de Paco Bescós, practicando pictografía.

No se arrepienten, aunque sí dudaron. "Al principio consideramos la educación integrada en algún centro ordinario que nos comentaron que tenían conocimiento y experiencia en la integración de alumnos con problemas motores", explica. Pero al final cambiaron de opinión. "Y después del tiempo que llevamos ahí, cada día que pasa es una prueba de que no cometimos ningún error", celebra.

"Ha habido muchos avances", dice. El periodo de confinamiento fue la confirmación. Cuando la llegada de la pandemia obligó a cerrar la escuela, Paulina pasó demasiado tiempo sin sus rutinas, sin sus compañeros, sin "estar rodeada de ese espacio seguro" que era su colegio. Eso le provocó estar demasiado "irascible e irregular". Hasta que volvió en el mes de septiembre. "Fue cuando comenzamos a verla muchísimo mejor", dice.

La explicación que encuentra es que se trata de un centro donde hay todo tipo de profesionales especializados en niños como Paulina que, además, trabajan basándose en "sinergias". "Nosotros somos sus padres y sabemos lo que queramos saber, pero ellos van diez pueblos por delante de nosotros", dice. Pone un ejemplo: "Para mí no es lo mismo si hubiera optado por llevar a mi hija a un centro ordinario de integración en el que estuviera con el resto de compañeros y donde dedicaran dos o tres días a la semana a su discapacidad que haberlo hecho por un centro en el que está continuamente rodeada de todos los especialistas que necesita. Allí están continuamente trabajando para adaptar todo a extraer de ella el máximo potencial", indica. Sin ir más lejos, le han enseñado un lenguaje pictográfico para que se comunique que manejan todos y cada uno de los trabajadores del centro. Así, todos se entienden con ella y ella se entiende con todos de la forma adecuada.  

Por eso de momento no se plantean trasladarla a una escuela ordinaria. "Mucho tendrían que cambiar las cosas para que no me pareciera una pérdida de tiempo", admite. "Ojalá", añade. Porque afirma que "la inclusión tiene ventajas", aunque Paulina tienes unas necesidades que no cubriría. "Si la llevo a esta escuela es porque creo que tengo un reto en la vida que es llenar la vida de nuestra hija de sentido, de felicidad, de independencia. Y hasta donde alcance su potencial", concluye. La mejor manera de alcanzar ese objetivo, dice, es en su escuela. 

"Agotaría todas las posibilidades antes de acudir a una escuela especial"

El caso de Pilar es muy diferente. Su hijo Rafa, que ahora tiene 27 años, estudió hasta los 16 en un colegio ordinario de integración —es decir, con atención a los pequeños con alguna necesidad especial—. Y tampoco se arrepiente.

Pilar conoció a Rafa con 5 años. Es adoptado y hasta entonces había crecido en un orfanato. Por eso, creyó Pilar en un principio, tenía algún problema con el lenguaje. "Todas las carencias que veíamos las atribuíamos a toda la ausencia de estimulación y de privación ambiental que había vivido", recuerda. Así que cuando llegó a la familia de Pilar, Rafa comenzó a estudiar en un colegio ordinario de València, donde repitió 2º de Infantil por esas dificultades.

Pero no se iban. Pasaba un curso y otro y seguían allí. Así descubrieron que era un niño con necesidades especiales. 

Rafa pasó entonces a estudiar en un colegio igualmente ordinario, pero de integración. Allí "estaban más sensibilizados", recuerda Pilar.

Y, al igual que Paco, tampoco se arrepiente de esa decisión. "La experiencia fue positiva, pero es verdad que influyó que era un cole de integración con un profesorado muy sensibilizado que creía firmemente en la integración", recuerda. La única pega: había que estar continuamente coordinándose y comunicándose con ese profesorado. "Si no, las cosas no funcionan. Hay que estar muy, muy encima", señala. 

Aun así, sostiene que "siempre" llevaría a su hijo "a una escuela ordinaria". "Y agotaría todas las posibilidades antes de acudir a la educación especial", asegura. Los motivos también los tiene claros. Según argumenta, un niño siempre, en cualquier caso, "tiene que aprender a vivir en el mundo real". Piensa, en este sentido, que "es mucho más rico para él poder convivir y compartir con niños con muy diversas necesidades". "Hay que aprender a convivir con todo el mundo", insiste. 

Y por eso también es positivo para los niños que van a las escuelas ordinarias compartir espacio con quienes tienen necesidades especiales. Sostiene que eso cada vez es más común. Y que ha provocado un cambio. Y bastante positivo. "Yo veo que ha habido un cambio en los jóvenes que han convivido con otras personas con algún tipo de necesidad especial", indica. Lo nota, por ejemplo, cuando acude a comprar acompañada de Rafa. "A veces es él quien intenta pagar y a nadie le resulta extraño, le hablan con respeto, hay paciencia... Eso es una riqueza y un valor que la sociedad debería tener en cuenta", afirma. 

Se muestra, al final de la conversación telefónica que mantiene con este diario, contenta con los cambios que la ley Celaá ha introducido respecto a este modelo de educación. "Yo no puedo más que celebrar que se apueste por dotar a la escuela de los recursos necesarios para atender bien a todos los alumnos", dice. "¿Qué puede tener eso de negativo? No entiendo el debate, las escuelas de educación especial, además, seguirán abiertas", indica. 

"Creo que puede haber maneras distintas de lograr la inclusión"

Carolina Fernández Bustillo es quizás el ejemplo perfecto de que la convivencia entre ambos modelos de educación es posible. Tiene dos hijos con necesidades especiales a los que ha dado una respuesta educativa muy diferente: uno estudia en un colegio ordinario; el otro, en uno especial. La decisión fue consensuada y, sobre todo, avalada "por los profesionales", explica desde el otro lado del teléfono. No tiene ninguna preferencia, ni por una opción ni por otra. Ha sido lo adecuado, sostiene. "Queremos que se atienda de la mejor manera posible a cada persona en particular y en cada caso hay que escoger el modelo que se ajuste, porque ambos buscan la inclusión", dice. "Tanto los padres que tenemos hijos en la ordinaria como los que tenemos hijos en la especial perseguimos que nuestros hijos sean autónomos, capaces de integrarse en la sociedad y que se desarrollen al máximo como personas", defiende. 

Las dos experiencias son positivas. Y es que, dice, cada una se adapta a cada pequeño. "Tenemos un hijo que pensamos que era perfectamente capaz de encajar en el centro ordinario y en el que creímos que el entorno le iba a permitir desarrollarse académica y emocionalmente de manera positiva. Sin embargo, nos pareció que nuestro otro hijo iba a tener más complicado disponer de las herramientas que necesita en un cole ordinario", recuerda. "Por eso estuvimos de acuerdo en que era mejor para él estar en un cole especial", añade. 

No es nada negativo. "Cada persona tiene una talla de zapatos, aunque todas permiten caminar. Yo, por más que me esfuerce, no voy a pasar de medir 1,65 a medir 2 metros. Por eso cada entorno y cada contexto tiene que dar respuesta a una serie de cuestiones particulares que en cada niño se dan de manera diferente", explica. Y todas están orientadas a encontrar esa inclusión. "Creo que lo mejor es que haya diversidad de opciones para que se pueda dar respuesta a la complejidad del colectivo, porque no tiene nada que ver una discapacidad con otra. Persiguiendo el objetivo de la inclusión, creemos que puede haber maneras distintas de lograrlo", dice. 

Por eso teme, ella sí, que las escuelas de educación especial cierren algún día. "Todos los padres queremos que nuestros hijos vayan a colegios ordinarios, pero tu hijo necesita lo que necesita. Defendemos que la educación de las personas con discapacidad en las escuelas ordinarias se mejore, se apoye y se dote de más recursos, pero nunca a costa de vaciar las escuelas de educación especial", defiende. "Hay que tener en cuenta el bien superior de cada menor. No siempre la opción más inclusiva es la más recomendable", sentencia. 

La ONU pide un "sistema de educación inclusivo a todos los niveles"

Las instituciones también han intentado pronunciarse en este debate. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas perfila un "sistema de educación inclusivo a todos los niveles", sin discriminación y en base a la igualdad de oportunidades. Y eso, en el caso español, no siempre ha estado presente. La ONU ha observado "segregación y exclusión" respecto a los alumnos con necesidades especiales por no cumplir con lo dispuesto en la convención internacional.

Hace tres años, el Tribunal Supremo estableció asimismo que los estudiantes con necesidades especiales debían formar parte del sistema educativo ordinario. 

El líder del PP ha afirmado hará todo lo posible, dentro del marco competencial autonómico, para que le Ley Celaá no afecte Ley Celaáa la libertad de las familias, la calidad educativa y la vertebración del sistema nacional de Educación. Además, ha abogado por "un sector educativo de calidad" y ha destacado el impulso que el PP dará a la Educación porque está a punto de aprobarse "una mala ley".

Casado ha explicado que las regiones que tengan lengua cooficial, como es el caso de Galicia, "mantendrán el castellano como lengua vehicular, al igual que el gallego". Además, se añadirá el inglés para pasar "del bilingüismo al trilingüismo cordial". "No vamos a permitir la merma en la calidad educativa", ha indicado Casado en referencia a que se pueda pasar de curso con asignaturas suspensas.

"Las autonomías del PP pretenden seguir fomentando la cultura del esfuerzo y la competitividad", ha aseverado. Casado también ha insistido en que cuando el PP llegue al Gobierno de España derogará "esta injusta Ley" y la recurrirá al TC y a las instituciones europeas una vez aprobada.

El presidente del PP también ha propuesto a Sánchez un Pacto de Estado por la investigación para dedicar al sector "desde ya" un 2% del PIB español. En este sentido, ha apostado por seguir invirtiendo en el sector de la investigación y la biotecnología para los que reclama recursos privados y públicos porque "son fundamentales para combatir enfermedades y mejorar la salud de muchos enfermos".

Casado ha asegurado que el Gobierno puede contar con "la plena colaboración del PP para que el calendario de vacunación se haga de inmediato", y ha puesto en valor la labor de la industria farmacéutica y a los farmacéuticos, que han mantenido las farmacias abiertas "dando la atención necesaria y arriesgando sus vidas para dar afecto y confianza a los españoles que han pasado el covid-19".

Por último, ha reclamado "equidad por población y por potencia económica" a la hora de repartir los fondos europeos fondos europeos. "No puede ser que como no hay un agente independiente para distribuirlos, se pueda favorecer a los gobiernos socialistas o a las empresas que ellos consideren", ha señalado.

Sucede en España. Muchos ministros de Educación han bautizado una ley con sus apellidos. Como norma, casi todos han vivido protestas en las calles (de Maravall a Wert). Los más odiados son también los más recordados; los otros son materia olvidada. En la imponente galería de retratos del Ministerio de Educación, en la madrileña calle Alcalá, cerca del Banco de España, cuesta recordar que Mariano Rajoy o Esperanza Aguirre hayan pasado por este despacho. Isabel Celaá (Bilbao, 1949), una de las escasas mujeres de esa galería pictórica, cree en el común denominador, aunque sea el mínimo. Curtida en mil batallas, tanto en Madrid como en el Gobierno vasco, docente de vocación y mediadora en muchos conflictos, sabe que su ley tiene un recorrido menos incierto que la de sus predecesores, aunque en las cercanías del Ministerio haya pancartas todos los días pidiendo la guillotina. La política educativa lleva años cambiando en el Estado de las Autonomías; ahora forma parte de un Gobierno de coalición que tiene en la escuela pública una de las marcas de su agenda y, por fin, una dotación histórica prevista en los PGE acorde con su importancia. Hay voluntad política para sacar a este departamento de su sempiterno papel de secundario en la película y se atisba en el horizonte un gran cambio en la Formación Profesional (el Ministerio, no en vano, se apellida de Educación y Formación Profesional).

¿Será la gran ocasión que España siempre reclama desde los tiempos de los regeneracionistas de hace dos siglos? ¿Tendrán nuestros docentes el reconocimiento que se merecen? ¿Y nuestros hijos un invierno tranquilo pese a las ventanas abiertas de las aulas? ¿Llegará la fibra óptica a más de ocho millones de alumnos? La ministra parece convencida de que ha llegado la hora. La hora de la ley Celaá.

Tras la emergencia sanitaria que todavía persiste, la educación es sin duda el otro gran frente del sistema público a la hora de abordar la profunda crisis provocada por la pandemia. Dos meses después de iniciado el curso escolar, ¿cuál es su balance? 

El balance es positivo. Las incidencias diarias vienen a oscilar entre el 0,9% y el 1,6% de grupos en cuarentena. De 380.000 grupos que existen, para un total de 8.250.000 alumnos y 750.000 profesores aproximadamente, venimos registrando a diario ese porcentaje. La escuela está resistiendo bien, muy bien, con las medidas sociosanitarias que pusimos en marcha. Nosotros estamos muy satisfechos, preocupados por el momento, pero satisfechos. Cada día que nuestros centros educativos permanecen abiertos es para nosotros una victoria, porque la escuela tiene que estar abierta. La enseñanza presencial es insustituible; la online nos ha ayudado, nos ha permitido seguir manteniendo la educación aun con la escuela cerrada, pero la presencialidad es insustituible, porque la escuela no implica solo instrucción, la escuela es también interacción entre el profesor y el alumno y entre los propios alumnos para desarrollar su capacidad de respeto y de diálogo, de saber vivir en común. 

Me va a permitir, ministra, una reflexión familiar no tan optimista. Esta mañana, como cada mañana, le he puesto a mi hijo un forro polar para ir al colegio público. Hablo de Madrid. Las Ampas han suplido a veces el trabajo de las administraciones autonómicas, a veces no hay dinero para termómetros, para purificadores de aire, para gel, no digamos ya la ventilación de las aulas. La ayuda no se adivina o tarda en salir al rescate. ¿Podemos esperar una actuación más decidida por parte del ministerio en este aspecto?

Esto me acerca mucho al día a al día. Personalmente estoy muy comprometida con este problema que usted me plantea. Hablo a menudo con el ministro de Ciencia para ver cómo ahora, en invierno, podemos establecer los sistemas de ventilación más oportunos para que nuestros niños y niñas puedan seguir en las aulas con este tiempo tan desapacible. Lo que siempre me dicen es que nada puede sustituir a las ventanas abiertas, a la ventilación natural, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo en términos de establecer cómo medir el CO y purificar ese aire. No es tanto una cuestión de recursos económicos, que también, sino de qué resulta más efectivo. Lo que se está haciendo en Europa, en países bastante fríos, es que tras 45 minutos de clase se abren las ventanas. A mí me preocupa y me ocupa el asunto y vamos a tratar de resolverlo. Si los purificadores fueran la solución no habría ningún tipo de excusa para dejar de ponerlos; la cuestión es que desde Ciencia insisten en que lo mejor es renovar todo el aire. Aprovechando este tema tengo que decir que el ministerio no solo ha identificado problemas sino que ha puesto recursos que ha distribuido a las Comunidades Autónomas precisamente como Fondo covid. Madrid ha tenido su parte alícuota en ese reparto, que supongo estará disponiendo para arreglar este tipo de eventualidades. En concreto, esta no la teníamos en septiembre pero empezamos a tenerla ahora y, por tanto, debemos ocuparnos.

El tema tiene más recorrido que la pura ventilación. Numerosas veces la solución a los problemas está siendo gestionada de forma voluntaria por las asociaciones de padres y no por las autoridades, lo que produce cierta sensación de abandono.

Es cierto que hay más implicaciones en lo que usted pone encima de la mesa. Muchas más. La escuela pública necesita más dotación, más recursos. Ha pasado una época dura respecto a la respuesta de mis predecesores a la educación en términos generales, y a la educación pública en términos muy particulares, a lo largo de la administración de la anterior crisis. Nosotros estamos justamente empeñados en que la respuesta que se dé a la educación pública debe ser la adecuada y por eso iniciamos un proyecto amparado por los Presupuestos Generales del Estado en los que la educación va a recibir un total de 5.679 millones de euros, parte de los cuales irán destinados a la educación pública. Venimos de muy lejos y hemos perdido mucho tiempo en estos siete años de gobiernos del Partido Popular para los que la educación fue algo por lo que transitar, pero que nunca han tenido esta concepción de la educación como el armazón básico de las políticas de un país, no solamente en términos de desarrollo individual, sino también en términos de desarrollo colectivo y de desarrollo económico, porque sin educación no hay nada. 

En las reuniones de los Consejeros de Educación a veces da la sensación de que cada Comunidad lee un libro distinto al manual oficial. Ahora mismo el caso del castellano aflora como un motivo más de fricción. Usted, que pasó por el Gobierno vasco, ¿cómo ve este perpetuo desconcierto entre autonomías?

Responderé con sinceridad. Por mor de la necesidad que vivimos desde marzo hemos logrado articular respuestas en todas las conferencias sectoriales, y digo por mor de la necesidad porque hemos tenido a veces que dar respuestas a lo más básico como era tratar de que el proceso educativo no se interrumpiera. Aun así nos hemos encontrado con miles de alumnos desconectados con verdaderas dificultades, y eso hablando de un país que, si lo comparamos con los del entorno, es el que más tendido de fibra óptica tiene. Por lo tanto, en comparación con otros países, hemos partido con una alta conectividad de los hogares españoles. Esa ha sido nuestra ventaja. No obstante, una de las primeras cuestiones que yo pedí a todos los consejeros fue la de identificar a aquellos alumnos que están desconectados y proveerles de un recurso digital porque es la única forma que tenemos ahora de acompañarnos en la tarea educativa. Así hemos avanzado en muchas cuestiones que, una vez vistas, parecía que tenían una escasa importancia, pero que nos han dado la oportunidad de poder concluir el curso 2019/2020 con relativa satisfacción. No hemos sido un país que haya dicho “¡aprobado general para todos!”. Estoy muy en contra del aprobado general porque considero que supone dejar al alumno en el estado en el que está, no incorporar ninguna tensión al sistema. El sistema tiene que tener la suficiente tensión como para poder detectar cuáles son las dificultades del alumno, qué deficiencias presenta en el ámbito del conocimiento, en el ámbito emocional y, por tanto, nos ha interesado que ese alumno cuente con un informe personalizado para que cuando sea recibido por el siguiente profesional detecte los aspectos a reforzar, identificando y singularizando. Es necesaria la enseñanza personalizada para identificar la diversidad de talento.

Sin embargo, da la sensación de un permanente desacuerdo más allá de lo esencial. 

Volviendo al principio. Por mor de la necesidad hemos ido tratando los temas esenciales: cómo se iba a hacer el examen de la selectividad o cómo íbamos a concluir la evaluación del curso. Decidimos hacer una evaluación colegiada, lo que supone una auténtica transición cultural en este país porque la evaluación colegiada es justamente el valor añadido: ¿se encuentra este alumno en condiciones, tiene suficiente bagaje, está pertrechado para poder promocionar o no? La repetición es un recurso, pero nunca el recurso. En esto España tiene siempre un sistema muy abusivo con la repetición. Es decir, hemos ido viendo los problemas que se han mostrado con total evidencia y crudeza, en un momento de pandemia que no podíamos entrar en detalles, y logramos transitar con un respaldo muy importante, excepto obviamente las comunidades del Partido Popular que, en alguna ocasión, han mostrado reticencias, pero, en general, hemos ido avanzando en dichas cuestiones. Ahora se abren otros asuntos esenciales, por ejemplo, cómo vamos a trabajar en recursos digitales, cómo vamos a educar en digital y estamos esperando la llegada a los centros, en dos o tres meses, de medio millón de aparatos electrónicos.

Efectivamente España sigue sufriendo el impacto de la brecha digital en varios frentes: la extensión de la red, la capacitación de usuarios y docentes, e incluso la precariedad económica que dificulta a veces la llegada de terminales a todos los hogares. ¿Cuál debe ser la respuesta tecnológica a una crisis humanitaria de este calibre?

La educación es un derecho fundamental. El alumno tiene un derecho fundamental a ser educado, lo que correlativamente implica que los poderes públicos tienen que servir ese derecho. Nosotros defendemos la educación por mucho que respetemos la educación concertada, por mucho que haya atribución de causa por otros lares. Somos de aquellos que pensamos que la prestación del servicio educativo se da a través de la red de centros públicos y de la red de centros privados concertados, pero los poderes públicos son los que tienen la obligación. Otra iniciativa distinta puede tener la devoción, la libertad para ofertar o no ofertar, pero en cualquier caso el poder público es el que tiene siempre la obligación. Sabiendo que la digitalización es la palanca decisiva para la transformación, para la innovación, la educación tiene que contar con la digitalización aquí y ahora, no como un fin sino como un medio, porque por mucho que la pandemia se vaya nosotros vamos a seguir contando con la digitalización. Es una sociedad digitalizada con una economía 4.0 y la escuela forma parte de la sociedad y evoluciona con ella. La escuela no solo tiene que dar respuesta sino conseguir las fórmulas para el cambio de esa sociedad. Por tanto, la digitalización constituye una de nuestras políticas principales, igual que antes hablábamos de los libros y del material escolar, el niño o niña tiene que ser dotado de una herramienta digital. Cuando nosotros hablamos de este programa que tenemos en convenio con el Ministerio de Asuntos Ecónomicos y con las Comunidades Autonónomas siempre decimos que no vale la pena dar un segundo dispositivo a quien ya tiene uno, debemos identificar al que no tiene ninguno. Hablamos de medio millón de dispositivos electrónicos, por tanto deben ser las Comunidades Autónomas las que identifiquen la vulnerabilidad dentro de sus propios territorios. Este es uno de los primeros programas que tenemos y ya ha empezado la licitación en algunas comunidades. Se trata de un proceso muy largo y muy costoso, pero suponemos que ya en enero podrán disponer de los recursos. Hablaba usted también de otro aspecto: en cuestión de días hemos tenido que pasar de una educación presencial a una educación online y el profesorado se ha esforzado muchísimo. Ahora resulta imprescindible también que haya una alfabetización digital para el profesorado. Nosotros lo que tenemos propuesto es escalar en la formación digital del profesorado. Vamos a incorporar aproximadamente 1.013 millones de euros, si el presupuesto se aprueba, que confío que así sea, para digitalización de equipamiento, conectividad y formación del profesorado. 

Por primera vez en la historia hay un consenso bastante generalizado para romper las barreras de austeridad. Incluso desde el FMI se bendice el gasto público en sanidad o educación. ¿Cómo se traducen los resultados de esta política keynesiana a medio plazo concretamente en su departamento? ¿Será la educación la otra ansiada vacuna contra la vulnerabilidad social?

Es mi deseo y mi voluntad. Y además considero que la educación supone siempre una inversión y no un gasto. Es verdad que en los Presupuestos de todos los Estados aparece como “política de gasto educativo”. Pero resulta fantástico que el FMI por fin haya comprendido que la educación es el armazón básico de todas las políticas, el andamiaje. Hemos recibido un proyecto de Presupuestos Generales en el que finalmente la Educación es percibida por el presidente del Gobierno como ese soporte al que estamos aludiendo. Hemos experimentado un incremento de un 139% (5.679 millones el total). Yo fui consejera de Investigación y Universidades en el Gobierno vasco y cuando yo llegué aquí —habían desgajado Cultura y Universidades del ministerio, es verdad— me encontré con un presupuesto como el que tenía en el País Vasco para 2.100.000 habitantes. El trabajo ha sido muy importante. Este incremento incorpora recursos que vienen de los fondos europeos y también del Ministerio de Trabajo al asumir Educación la Formación Profesional para el empleo. Este es un dato muy importante. El 49% de los ciudadanos y ciudadanas de España no tiene un título profesional, es decir, son población activa a veces con gran experiencia laboral en lo que hace, pero viene una ventolera, se queda sin trabajo y no tiene nada que mostrar. Nuestro empeño es lograr acreditar en esta legislatura a algo más de tres millones de ciudadanos para que su experiencia se vea reflejada con una acreditación, con un título o parte de un título. Esta supone una de las grandes operaciones para nosotros. También lo es aumentar las plazas de Formación Profesional, el sistema educativo español tiene solo la mitad de la media europea de alumnos matriculados en FP. Tenemos un extenso territorio para abordar la Formación Profesional. Necesitamos técnicos superiores. Eso significa cualificación media, intermedia o superior. Además queremos darles a esos técnicos un conocimiento importante de una lengua extranjera. 

Parece que por fin hay unos recursos considerables, el mercado laboral cambia a pasos acelerados y el cambio cultural está ahí. ¿Será por fin esa FP una escuela de personas capacitadas y con empleo?

La FP es clave. No hay Formación Profesional sin empresa ni empresa sin Formación Profesional. Nosotros nos hemos abierto a la empresa desde el primer día. Esto era un páramo; un lugar en el que el Consejo General de Formación Profesional no se había reunido en siete años. La FP debe estar absolutamente encaminada al sistema de ocupación no solo de nuestros jóvenes, sino de todos nuestros conciudadanos porque la formación permanente es lo que retira definitivamente el deslinde entre la escuela y la vida adulta. Si antes de la pandemia estábamos hablando del cambio como lo único real, ¿qué panorama tenemos ahora tras la pandemia? Si algo nos ha enseñado la pandemia es a retirar el velo del sistema educativo y lo hemos visto con sus debilidades y hemos visto que hay que darle una solución. La FP tiene un impacto extraordinario y constituye una de las políticas que con más desvelo y atención está examinando Europa, aunque en España haya todavía personas que la perciban como un itinerario de segunda y con cierto estigma. Trabajamos cada día para que estos perjuicios se retiren del panorama del pensamiento. Un ejemplo: entre los jóvenes demandantes de empleo con FP solo hay un 8% de paro, es un recurso extraordinario. La precariedad y la temporalidad se pueden doblegar a base de más conocimiento. Tenemos que pertrechar a todos nuestros conciudadanos, jóvenes o no, de la suficiente mochila formativa para afrontar los avatares de la vida, que son muchos. 

Con la pandemia vuelve al centro de la diana el profesorado y sus históricas demandas de dignidad laboral. ¿Qué políticas hay en marcha para satisfacer a un sector fundamental de la sociedad y en perpetuo déficit tanto económico como de autoestima? 

¡Los profesores son el alma de la educación! Nosotros estamos en la tarea de aportar valor añadido a la carrera profesional de los docentes. Así como existe una altísima valoración de la profesión sanitaria, a veces hemos echado en falta esa altísima valoración en la profesión docente. Vamos a trabajar en eso desde el momento que se apruebe la ley. La ley nos envía un mandato al Gobierno: que en el plazo de un año hagamos público nuestro proyecto para mejorar la carrera profesional, proyecto que pasa por la mejora de la formación del docente para que sea más práctica, más adaptable al terreno, que haya más prácticas como ocurre con los MIR en sanidad, por ejemplo. Además queremos una inducción para ese profesorado, que esté acompañado por un colega para que el salto al aula no sea tan brusco. Queremos que los docentes sean innovadores, algo que habrá que evaluar e incentivar. Hay que tocar la carrera profesional. Hay que asegurarse de que el profesional tiene una actualización en su formación y que aporta esa formación al sistema. Hay que tocar esa carrera profesional, eso es capital para nuestro proyecto. 

Desde los inicios de la pandemia se ha producido un incremento masivo de la demanda de información y conocimiento científicos y, en paralelo, hemos asistido al auge de muchos bulos y movimientos al amparo de la desinformación. En España hay motivos para sospechar que nuestro modelo educativo no es el más idóneo para satisfacer dicha demanda. ¿Será esta una ocasión para mejorar la capacitación de nuestros alumnos? 

Esa es la tarea de la educación precisamente. La educación tiene que preparar al alumno para que tenga discernimiento, criterio, libre pensamiento, capacidad para saber enfrentarse a una noticia falsa, que sea capaz de ver dónde están los hechos y dónde las opiniones. El tema científico es muy importante y España de nuevo ha descuidado mucho este asunto. El “que inventen ellos” ha seguido circulando en España. En el Gobierno de Zapatero, en 2011, fue cuando llegamos a la mejor cota de recursos dedicados a la ciencia y a la investigación. No vale que inventen otros y nosotros lo apliquemos, porque eso no supone creación de conocimiento ni investigación, y un país tiene que crear conocimiento, tiene que investigar para que sus patentes, el resultado de ese conocimiento, puedan ser exportadas, para no correr el riesgo permanente de que hoy me llevo esta factoría de aquí porque lo único que me da es mano de obra. Por tanto, resulta necesario avanzar en ciencia y la ciencia trabaja a medio plazo. Por eso, cuando todo esto ha ocurrido, hemos mirado a la ciencia y le hemos reclamado soluciones sin percatarnos que muchos de los problemas que se planteaban los filósofos griegos hoy se resuelven en los laboratorios de Física. Resulta necesario seguir desarrollando la ciencia para que en ese medio plazo nos pueda dar las respuestas que necesitamos. Este virus ha sido solo un aviso. Un aviso que tuvimos con la gripe española o con la peste en la Edad Media, pero hemos de saber que cada día estamos más expuestos. Puedo correr el riesgo en este momento de arrimar el ascua a mi sardina, pero obviamente para mí la educación y la ciencia constituyen los soportes básicos del universo. En este momento hemos de acudir a ellos para satisfacer todo lo que necesitamos. 

Aun con tanta desafección, ¿también importa la política?

No podríamos vivir sin política. Es el arte de lo posible, la forma de buscar el común denominador, aunque a veces resulta difícil llegar al máximo. La política no es que más que personas que pueden pensar distinto pero suman esfuerzos y pueden alcanzar un objetivo. 

¿La echa de menos de alguna manera en estos tiempos broncos?

El arte de llegar a lo posible sí. A veces son difíciles los caminos. En educación, donde se da cita precisamente la máxima diversidad ideológica, a veces hay quien reclama un pacto con una mano pero con la otra lo hace imposible. Tenemos que llegar a suma de acuerdos buscando el máximo común denominador. Vamos avanzando.

*Esta entrevista está publicada en el número de diciembre de tintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquíaquí

Hace casi un año que vivimos en un constante estado de alarma no solo por el decretado por las autoridades de todo el mundo, sino también por el emocional que surge de una economía tambaleante, unos riesgos nada saludables y unas piruetas cada vez más acentuadas para mantener la existencia a flote. Este número de diciembre de tintaLibre, el 86 de la serie, quiere despedir un año anormal de la forma rigurosa que acostumbramos y sin caer en el alarmismo. Razones no faltan para que nos invada el pesimismo, pero hay esperanzas.

Nuestro primer bloque ausculta esa luz al final del túnel que ha supuesto que tres grandes laboratorios —Pfizer, Moderna y AstraZeneca— hayan publicado unos resultados muy optimistas sobre sus vacunas, lo que hace concebir 2021 como un año más llevadero. Pero la propia política de los laboratorios, siempre más amigos de lanzar mensajes a los inversores que a la propia comunidad científica, nos hace ser muy cautelosos. La llegada de las vacunas supone un problema otra vez más del desarrollo económico y beneficiará, en teoría, a aquellos países que tengan dinero para sufragar un coste tanto monetario como logístico muy elevado. Por otra parte, está la ética de imponer una vacuna obligatoria a la población cuando muy poco se sabe de los pormenores de una tercera fase realizada a marchas forzadas en la que han participado unas 30.000 personas en cada ensayo. Nuestros especialistas Salvador Macip, el colectivo del CSIC formado por Enrique J. de la Rosa, Margarita del Val y Begoña Sastre, y el contrapunto crítico del biólogo danés Peter Gøtzscheanalizan el tema en profundidad.

Tras la emergencia sanitaria ha llegado el momento de la educación. Una larga entrevista con la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, justo en el momento que la derecha pide su cabeza por el agravio al castellano vehicular y a la educación concertada, nos hace pensar en tres factores de gran relevancia: es el momento de revolucionar la educación pública y dotarla de un músculo que hasta la fecha no ha tenido. La partida de más de 5.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado y la reformulación de la Formación Profesional van ayudar, sin duda, a ello. El contrapunto lo pone un viejo sabio, un filósofo siempre de guardia como Emilio Lledó; sus reflexiones sobre la lengua y la educación nunca tienen desperdicio.

Otra alarma que ha durado cuatro años se llama Donald Trump. El mundo puede ser un lugar más apacible y seguramente más razonable con Joe Biden en la Casa Blanca, si es que se logra desde el 20 de enero poner coto a la cizaña y al mal perder del magnate. La reflexión postelectoral viene de la mano de tres cronistas que residen en Estados Unidos —Ariel Dorfman, Marina Perezagua y Silvio Waisbord— y que inciden en un punto básico: Trump ha tenido 74 millones de votantes y, pese a perder la presidencia, seguirá manejando a su antojo los hilos de Partido Republicano con los bulos y las insidias a las que nos tiene acostumbrados.

Otro presidente que ha desatado un gran incendio ha sido Emmanuel Macron a raíz de los últimos atentados ocurridos en París y Niza y que le han llevado a pensar, nada menos, que el islam se puede reformular (y domesticar) a la imagen de los principios de la República francesa. Nada más lejos. Luz Gómez, experta en estudios árabes, lo dice bien claro: Francia tiene un problema con Francia y no con el islam.

En un número de alarmas y de equilibrios precarios sobre el alambre faltaba una reflexión sobre esa cultura en retirada a los cuarteles de invierno que marca la pandemia. Javier Valenzuela es elocuente; después de este tsunami volverá la alegría y la rebeldía de unos años 20 que, a imitación del siglo pasado, sabrán bailar como Joséphine Baker y, al mismo tiempo, no dejar de luchar contra los demonios autoritarios. Una pequeña inyección de moral en un mundo que reclama vacunas de muchos tipos.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha acusado a las derechas de España (PP y Vox) de hacer un "hackeo de la mente" con "mentiras" y "manipulaciones medáticas" sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOMCE (LOMLOE), conocida coloquialmente como la ley Celaá. "El inseparable binomio de equidad y excelencia es lo que fundamenta la LOMLOE y esto es lo que no aguantan las derechas, que siempre a las leyes progresistas se han opuestos exactamente con los mismos argumentos: religión, concertada y lengua, siempre los mismos argumentos", ha criticado la ministra.

Así lo ha manifestado este domingo en la sede socialista de Ferraz la ministra de Educación y FP durante un encuentro con representantes de la comunidad educativa para debatir sobre la LOMLOE.

Para Celaá, la filosofía del PP y de Vox es "que los que más corren, los que pueden hacerlo con mejores zapatillas de deporte, lleguen a la meta cuanto antes". Por ello, ha destacado que la nueva ley educativa "procura proveer a todos para que puedan, conforme a sus ritmos, llegar cada uno al máximo del desarrollo de su talento, de su potencial".

La LOMLOE, según ha añadido la ministra, se fundamenta en "la filosofía de la excelencia, la promoción del talento al máximo, y en la equidad". "La tarea es aportar todas las oportunidades al alumnado para que puedan llegar a la meta", ha dicho.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha reconocido que la pandemia ha demostrado las "debilidades" del sistema educativo, fisuras "ya diagnosticadas" que intenta solucionar la nueva ley de educación (LOMLOE), conocida como la ley Celaá. Así lo ha manifestado este sábado la ministra durante la segunda edición de los premios de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), un galardón creado para reconocer la labor de diferentes personas e instituciones en defensa de la Escuela Pública, según ha informado CEAPA y recoge Europa Press.

Durante su intervención, ha apostado por trabajar para que la escuela pública sea el pilar de la sociedad, como la sanidad pública, "la preciada por la sociedad" y referente de calidad. "Tenemos que elevar la calidad de la Educación Pública, de la escuela pública, para que de manera inequívoca sean los ciudadanos y ciudadanas las que no solo la respeten, sino acudan a ella", ha resumido.

El acto, adaptado al covid-19 y retransmitido por YouTube, ha concentrado a miembros y exmiembros de la Junta de CEAPA, padres y madres, voluntarios de AMPAS y miembros de la comunidad educativa. "Ahora tenemos una escuela que funciona, que está abierta", ha recalcado Celaá, a pesar del cierre de centros durante el estado de alarma del curso anterior y lo "complicado" de este 2020.

La ministra ha agradecido el esfuerzo de padres y madres, de las direcciones de los centros, del alumnado y del profesorado que permite que los colegios sigan funcionando con medidas de seguridad e higiene, lo que facilita y garantiza que el proceso educativo continúe. "Para nosotros esto es lo esencial", ha precisado. "Tenemos que elevar la calidad de la Educación Pública, de la escuela pública, para que de manera inequívoca sean los ciudadanos y ciudadanas las que no solo la respeten, sino acudan a ella", ha manifestado.

A la gala se ha sumado con un vídeo el chef y presentador Alberto Chicote, premiado por dedicar un capítulo de su programa ¿Te lo vas a comer? a investigar la gestión y calidad de los comedores escolares, un tema que CEAPA lleva años reivindicando con su defensa de una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos públicos.

Chicote ha explicado que seleccionó el tema porque la alimentación en los colegios es "algo más que dar de comer" ya que forma parte de la educación. "Si todo el mundo estuviese en la línea de que alimentación también es educación más que negocio, otro gallo cantaría", ha resumido el chef.

También de esa calidad en la alimentación ha hablado José Antonio Sánchez Raba, director del colegio público Cisneros de Santander y premiado por demostrar que otra alimentación escolar es posible. Sánchez Raba ha pedido mantener el trabajo para cambiar un "modelo malo" que facilita en los niños y niñas sobrepeso, diabetes y malos hábitos de alimentación, y apostar por uno que cuide la salud y el medio ambiente, que use aceite de oliva y pescado fresco, productos de temporada y de cercanía, y que sirva comidas sin fritos, bajas en sal, en azúcar y en grasa.

La gala de también ha servido para reconocer a la Federación de AMPAS Juan González de la Región de Murcia, la única comunidad que tramitó el pin parental, por su "incansable lucha". Este curso ha sido también única en establecer la semipresencialidad en todas las etapas educativas, desde Infantil a Bachillerato, situaciones que la Federación Juan González ha denunciado por suponer una vulneración de los derechos de los estudiantes. "Tenemos la terrible imagen de ver a nuestra consejera con un lazo naranja, pero nunca la hemos visto con un verde defendiendo la escuela pública", ha dicho la presidenta de esta federación, Paqui López.

Por otra parte, la expresidenta de FAPAR Aragón, Flor Miguel Gamarra, premiada por 20 años de activismo y defensa de la escuela pública, ha pedido dar a la educación el valor que merece y ha recordado que es la "columna vertebral de la sociedad" y la herramienta clave para avanzar hacia "un mundo mejor e inclusivo. "Tenemos que seguir trabajando para que la educación garantice la igualdad de oportunidades para todos", ha apuntado.

Esta segunda edición de los premios CEAPA también ha distinguido a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) cuya presidenta, Uge Sangil, ha recordado el convenio con CEAPA que facilita que en los colegios se hable de diversidad y se ofrezca libertad a los jóvenes y menores frente a la LGTBfobia. "Gracias a las madres, a los padres, por permitirnos entrar a reivindicar, porque no estamos viviendo un momento fácil, porque nuestros derechos están hoy amenazados por discursos de la ultraderecha", ha explicado Sangil, que ha recalcado que la federación trabaja para que el alumnado crezca "en la diversidad, que es riqueza, que es arcoíris".

La gala de este año ha terminado lanzando un mensaje de esperanza y reconociendo a los cinco millones de madres y padres asociados a las 12.000 AMPA pertenecientes a CEAPA, por su esfuerzo e implicación.