La Comunidad de Madrid ha acordado con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas incrementar hasta los 14.800 millones de euros en seis años, de 2026 a 2031, la financiación para estas instituciones, que han celebrado este "hito" asegurando que abre "una nueva etapa", informa EFE.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este martes el acuerdo con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica y Carlos III en la sede del Gobierno regional, junto a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.

El acuerdo se firma tras una reunión mantenida el lunes entre los rectores y las consejerías de Educación y de Hacienda, tras el cese en febrero del exconsejero de Educación Emilio Viciana y el fracaso de su ley de Enseñanzas Superiores y Universidades (Lesuc) que suscitó el rechazo generalizado de la comunidad educativa con protestas y huelgas masivas.

Tras la firma, Díaz Ayuso ha detallado que las universidades recibirán un total de 14.800 millones de euros en seis años, de los cuales el 83% provendrá de los presupuestos generales de la Comunidad, es decir, 12.300 millones, y el resto de los precios públicos, obtenidos por tasas o servicios prestados.

En total, se estima que las universidades públicas recibirán anualmente una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad, cifra superior a los 1.239 millones presupuestados para 2026, que los rectores consideraban "insuficiente".

Es la primera vez que las universidades públicas contarán con una propuesta de financiación plurianual "para que puedan planificar con tiempo y eficacia su propio futuro estratégico", ha destacado Díaz Ayuso.

Habrá una financiación básica para la actividad ordinaria de las universidades y una financiación por objetivos "para mejorar la calidad docente e investigadora", ha subrayado la presidenta madrileña.

El modelo se articula, además, mediante un fondo de convergencia para corregir desequilibrios; un fondo adicional para competitividad y proyectos singulares, así como una financiación específica dirigida a inversiones para acometer la modernización de infraestructuras.

En el último ejercicio (2031), las universidades contarán con 549 millones adicionales de la Comunidad y los fondos específicos recogidos en el acuerdo habrán crecido un 41% (480 millones de euros más), según las cifras facilitadas por el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, se estima que las universidades puedan tener otros ingresos propios cercanos a los 2.500 millones en los años del modelo.

Cada universidad deberá aprobar un plan estratégico a cinco años, con la participación del Consejo Social, y presentará cada año una memoria económica justificativa del destino de los fondos recibidos.

Se reforzarán los mecanismos de auditoría interna y externa y, si hay desequilibrio, la universidad afectada deberá aprobar un plan económico financiero.

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) y rectora de la Autónoma (UAM), Amaya Mendikoetxea, ha mostrado su "enorme satisfacción" y ha calificado de "hito" el acuerdo, que abre "una nueva etapa" y el camino hacia un sistema universitario madrileño "más fuerte, más estratégico y con mayor estabilidad".

En su discurso, Mendikoetxea ha recordado cómo desde abril de 2024 los rectores habían alertado del "creciente desequilibrio entre ingresos y gastos que ponía en riesgo" la situación de los campus madrileños, atrapados en una financiación que solo "garantizaba unos mínimos sin un marco estable plurianual".

Por ello, ha agradecido a la presidenta madrileña "su sensibilidad" e "interés personal" en la consecución de una financiación "suficiente y estable", a la vez que ha reconocido la labor del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, por liderar el proceso "con cintura", y del exconsejero Emilio Viciana por haber iniciado del camino.

Igualmente ha agradecido a los demás rectores y ha añadido que el acuerdo no solo cierra una etapa sino que "abre otra, de reconocimiento explícito de una necesidad estructural que debe ser atendida en el tiempo".

La educación pública española sigue escalando puestos en la calidad educativa europea. En lo más alto, Barcelona, con la universidad pública de Barcelona, la Autónoma de la Ciudad Condal y la Pompeu Fabra; y Madrid con la Autónoma y la Complutense. Todas ellas se sitúan entre las cien mejores del mundo, según la clasificación elaborada por QS Quacquarelli Symonds del año 2026, según recoge EFE.

España está representada en este listado que incluye 958 universidades de 42 países por 62 universidades y ocupa la quinta posición en Europa. Sin embargo, Reino Unido es el país que lidera la clasificación general, con 129 instituciones de educación superior e incluye siete entre las diez primeras. Le siguen Turquía (107 universidades o centros de educación superior) y Alemania (102). Francia y Suiza son los otros países representados entre los diez primeros puestos.

La Universidad de Barcelona es la universidad española mejor clasificada, en el puesto 60, seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el 68. La Universidad Autónoma de Madrid ocupa el puesto 71, mientras que la Universidad Complutense de Madrid se sitúa en el 78. En esta edición, España ha añadido 18 universidades a la clasificación y de las recién clasificadas, seis se sitúan entre las 500 primeras, siendo la mejor en el ranking la Universidad de Málaga, en el puesto 365.

Y mientras en el top 100 hay 5 universidades, en el top 200 se sitúan 17 instituciones españolas, entre las que destacan también la Universidad de Granada (que asciende más de 30 puestos, hasta el 133) y la Politécnica de Valencia, que sube en la tabla hasta el puesto 166 frente al 175 del año pasado.

Entre las 200 mejores del mundo también se sitúan la Universidad de Valencia, la Universidad de Sevilla, la Ramón Llull, la Universidad IE, la de Salamanca y la Universidad del País Vasco. Las universidades del CEU son las que más han mejorado en España en esta edición y las cuartas que más han mejorado en el mundo, subiendo 65 posiciones hasta el puesto 420. Le siguen la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que ha pasado del 409 al 371.

Este listado se elabora teniendo en cuenta doce indicadores como la reputación académica, la proporción de profesorado y alumnado, los artículos y la investigación del centro, el profesorado internacional y los estudiantes de intercambio o los resultados en materia de empleo y de sostenibilidad. Entre todos estos parámetros destaca la Universidad de Barcelona por la reputación y la investigación, y la Complutense de Madrid por la empleabilidad.

Aunque los mejores resultados se encuentran en los indicadores de internacionalización, que lidera IE University, España cuenta con 10 universidades entre las 50 mejores de Europa en intercambio de estudiantes tanto entrantes como salientes, más que cualquier otro país.

En el indicador de reputación entre los empleadores, España destaca con seis universidades entre las 50 primeras en este indicador y en cuanto a la reputación académica, cuatro universidades españolas se encuentran entre las 50 primeras, empatadas con los Países Bajos, Francia e Italia. La Universidad Ramon Llull, ocupa el puesto 83 y es la única que se encuentra entre las 100 primeras en cuanto a investigación.

Aún así, no todo son buenas noticias. De las 44 universidades españolas que figuraban anteriormente en esta clasificación, 13 suben puestos y 31 bajan, lo que supone una tasa descenso del 41%, la quinta más alta de Europa entre los países con 10 o más instituciones clasificadas, por detrás de Eslovaquia, Ucrania, Francia e Italia.

La Universidad de Navarra, que el año pasado entró en el top 100 se sitúa este año en el puesto 101 mientras que otras grandes universidades como la Politécnica de Madrid, de Barcelona o la Carlos III de Madrid también han empeorado posiciones en este ranking.

Las universidades públicas madrileñas atraviesan una crisis que les ha obligado a parar. Tanto alumnos como estudiantes han realizado una huelga los días 26 y 27 de noviembre bajo el lema "no habrá paz para quien nos asfixia". Las protestas ponen sobre la mesa no solo la infrafinanciación crónica de la universidad pública en la Comunidad de Madrid (CAM), sino también el rechazo frontal a la futura Ley de Estudios Superiores y Universidades (LESUC).

En mitad de las movilizaciones, el consejero de Universidades, Emilio Viciana, ha subrayado que las protestas "no tienen ninguna justificación" y que lo que merece una protesta es "el cupo independentista por el que las universidades madrileñas dejarán de ingresar 170 millones de euros cada año". Además, ha defendido el proyecto de presupuestos para 2026 como una "apuesta muy decidida por la universidad pública" con 1.239,7 millones de euros. La cifra, según asegura el consejero, estaría "entre las más altas de la Unión Europea".

Sin embargo, el discurso del Gobierno de Ayuso contrasta con la realidad. La Comunidad de Madrid, con el nuevo presupuesto, invertirá un 0,46% de su Producto Interior Bruto (PIB) en el sistema universitario público, muy lejos del 1% que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Una inversión aún más alejada de la media europea, que se sitúa en un 1,2%. Esto se suma a que Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte por estudiante, con 6.929 euros por alumno, mientras España está un 19,5% por debajo de la media de gasto de los países de la OCDE (19.800 euros).

La crisis madrileña, pese a que se viene gestando desde los recortes de 2010, se inscribe en un contexto europeo de recortes y tensión presupuestaria creciente en la educación superior. Desde 2020, universidades de capitales como París, Berlín, Roma o Ámsterdam han sufrido recortes o restricciones de gasto ante la pérdida de financiación pública. Una de las capitales donde se han vivido protestas similares a las de Madrid es la alemana. El Gobierno regional, tras anunciar un aumento en la inversión universitaria para 2025, impuso recortes de 250 millones en financiación para investigación y educación superior.

Esto ha provocado que la mayor universidad del país, la Freie Universität, haya tenido que realizar un ajuste de 41 millones solo en 2025, lo que supone un recorte del 5,8% de su presupuesto, que ronda los 700 millones de euros. El resto de universidades de la capital también tendrán que realizar ajustes presupuestarios para evitar entrar en déficit: la Universidad Técnica de Berlín tendrá 32 millones menos, la Humboldt 27 y la Universidad de Ciencias Aplicadas (BHT) 8,8.

En Francia, los efectos de su inestabilidad político-económica también han impulsado la austeridad. La Ley de Finanzas de 2025 prevé 1.000 millones de euros menos que el año anterior para enseñanza superior e investigación. Además, los presupuestos de 2024 ya contaron con una reducción de 320 millones de euros sobre un total de 31.300 millones. Como resultado, 60 de 75 universidades públicas en Francia cerraron en 2024 con déficit (frente a 30 en 2023). En la capital, la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, con más de 40.000 alumnos, prevé un recorte del 20% del total. Por ejemplo, la biblioteca interuniversitaria de la Sorbonne vio su presupuesto caer un 40%.

La presión sobre las universidades también se ha intensificado en Países Bajos a raíz del recorte estatal y la caída de los ingresos vinculados a estudiantes internacionales, una de las principales fuentes de financiación del sistema neerlandés. La Vrije Universiteit Amsterdam calcula que tendrá que ajustar 60 millones de euros en apenas tres años. Una decisión que ya ha tomado la Universidad de Amsterdam, que opera desde hace meses con recortes anuales de entre 30 y 50 millones, pese a partir de una situación financiera inicialmente sólida.

En Roma, centros como Sapienza, Tor Vergata o Roma Tre trabajan ya en planes de contención pese a presentar buenos resultados económicos en sus últimas memorias. Esto se debe a que el Fondo de Financiación Ordinaria afronta una reducción de 173 millones, lo que supone en realidad una falta de 500 millones al sumarse los incrementos obligatorios de costes, según la Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas (CRUI). Unas universidades italianas que habían conseguido afrontar parte de sus problemas económicos con un aumento de las tasas de sus estudiantes.

El exrector de la UNED y exsecretario de Estado, Alejandro Tiana, subraya que la distancia entre España y Europa es clara. "Las universidades de los países europeos que aparecen en los rankings manejan cifras por estudiante muy superiores a las españolas, lo que muestra el nivel de financiación que necesita una institución para aspirar a la excelencia".

Aun así, ninguna gran universidad de las capitales europeas combina déficits tan abultados con un porcentaje de recortes tan alto como en Madrid. La Complutense concentra el mayor porcentaje de recorte financiero entre las universidades de las principales capitales analizadas. La Universidad Complutense (UCM) va a mantener durante tres años un recorte del 35% en sus gastos, que ya realizó al 30% en 2024 con el objetivo de contener el gasto ordinario. En este caso, el porcentaje ha aumentado debido a que tiene que devolver a la Comunidad de Madrid el préstamo de 34,5 millones de euros para poder pagar las nóminas de diciembre y las pagas extraordinarias de Navidad.

La falta de financiación por parte del Gobierno de Ayuso ha provocado que la UCM acumule en los dos últimos ejercicios un déficit de 142,3 millones de euros —64,5 millones en 2023 y 77,8 en 2024—. No obstante, los datos del informe anual de cuentas de la URJC reflejan también un saldo negativo de 47 millones, frente a los 43,6 del año anterior. Para Montse Rius, portavoz de UCM por la Pública e investigadora académica, la situación evidencia el fracaso del modelo autonómico. "En bruto parece que se invierte mucho, pero Madrid destina solo el 0,42% de su PIB a la universidad. No se cumple ni la LOSU ni la media europea y así es imposible sostener universidades del tamaño de la Complutense", detalla.

Rius subraya además que la infrafinanciación madrileña no responde a un contexto de crisis económica, sino a una decisión política. "En 2010 hubo un argumento macroeconómico para recortar, pero hoy no hay ninguno. España crece más que la mayoría de la UE y Madrid recorta. Por tanto, no se compensa lo perdido y seguimos pagando las consecuencias quince años después", denuncia.

Pese a los problemas de infrafinanciación que sufre el sistema universitario público en Madrid, la negociación con el Gobierno autonómico está completamente bloqueada. Rectores, decanos y representantes sindicales denuncian que la Comunidad de Madrid ha cerrado filas en torno a su modelo, sin abrir ninguna vía para actualizar el sistema de financiación. Una postura que, por ejemplo, contrasta con la del Gobierno Regional de Berlín, que, tras imponer los recortes en 2025, ha acordado con las universidades que no habrá austeridad en 2026 y que recibirán 31 millones de euros más ese año, 62 millones extra en 2027 y 93 millones en 2028.

"No hay voluntad de negociar. Ni siquiera se nos incluye como parte de la mesa que diseña la ley autonómica que va a regir nuestro futuro. Estamos reclamando un presupuesto mínimo y el cumplimiento de la ley, pero el Gobierno de Ayuso ha decidido seguir hacia delante con su modelo privatizador", subraya Rius.

La comunidad universitaria reclama, además, que el Gobierno abandone el relato del aumento de los presupuestos y asuma la urgencia del problema. Tiana señala que "si no se alcanza el 1% del PIB y se sostiene esa inversión en el tiempo, es imposible tener un sistema universitario competitivo con el resto de Europa". "La excelencia no es compatible con la austeridad permanente", incide.

La Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas ha anunciado la convocatoria de una huelga general para los próximos 26 y 27 de noviembre, según recoge EFE.

El paro laboral, que afectará a trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense (UCM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Universidad Politécnica (UPM), Universidad Carlos III (UC3M) y Universidad de Alcalá de Henares (UAH), responde principalmente a la infrafinanciación que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid.

Los convocantes denuncian en un comunicado que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid no alcanza el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cifra que la ley orgánica establece en el 1%; esta situación obliga a la Comunidad de Madrid a doblar la dotación económica actual para investigación, docencia y gestión universitarias.

Edificios abandonados, profesionales saturados y una falta de financiación cada vez más difícil de sostener. Esta realidad se repite en las universidades públicas madrileñas como consecuencia de una infrafinanciación crónica impuesta desde 2008, cuando la Comunidad de Madrid aplicó recortes y que, a día de hoy, sigue sin solucionar el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Pese a que el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que "no va a dejar caer" ninguna universidad, también ha advertido de que estas instituciones deben "hacer su parte y ajustar los gastos y los ingresos a la actividad normal de cada centro".

No obstante, la Comunidad de Madrid parece decidida a mantener el conflicto con las universidades públicas al presentar unos presupuestos para 2026 que, pese a anunciar un aumento del 6,5%, no suponen una mejora real de la financiación. Las plataformas que agrupan a las seis instituciones denuncian que el Ejecutivo de Ayuso perpetúa la infrafinanciación, con un gasto que apenas pasa del 0,44% al 0,46% del PIB regional, muy lejos del 1% que reclaman. Ante lo que consideran un "presupuesto estancado" y una "asfixia continuada", profesores y estudiantes han convocado dos días de huelga a finales de noviembre y advierten de que podrían extender las movilizaciones si no hay un cambio sustancial en la política universitaria del Gobierno regional.

Una infrafinanciación que ha llevado a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a solicitar al gobierno autonómico un préstamo de 34,4 millones de euros para garantizar el pago de las nóminas y la paga extra de Navidad a sus 11.400 trabajadores. Una problemática a la que se suma la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), cuya complicada situación económica ha sido reconocida por el consejero de Educación, Emilio Viciana, que ha confirmado que estudian medidas similares a las de la Complutense para solventarla.

La UCM acumula en los dos últimos ejercicios un déficit de 142,3 millones de euros —64,5 millones en 2023 y 77,8 en 2024—. Los datos del informe anual de cuentas de la URJC reflejan también un saldo negativo de 47 millones, frente a los 43,6 del año anterior. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) también presenta en su último balance un déficit de alrededor de 351.000 euros.

Una cifra que no se aleja de la registrada por la Universidad Carlos III (UC3M), que declaró pérdidas de 637.960 euros, aunque logró compensarlas con su remanente de tesorería evitando así el déficit. Por el contrario, la Universidad Politécnica (UPM) mantiene el equilibrio financiero, con un saldo positivo de 432.523 euros este último año. Aunque los obstáculos económicos parecen concentrarse en las dos primeras instituciones, los recortes y las denuncias del personal de otros centros demuestran que la crisis es generalizada. Desde CCOO advierten de que todas las universidades públicas madrileñas "sufren políticas de austeridad que afectan al personal, los recursos materiales y el mantenimiento de los edificios".

Pese al anuncio de un incremento del 6,5% en los presupuestos autonómicos de 2026, las universidades madrileñas dudan de que ese aumento se traduzca en una mejora real. Según Jesús Escribano, secretario de Universidad de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, "se habla de un aumento de 75,3 millones de euros, pero al final hay que repartirlo entre seis universidades y nadie sabe todavía cómo se va a distribuir ese dinero".

El representante de CCOO denuncia además el desequilibrio entre el crecimiento del gasto público autonómico y la inversión en educación superior. "Desde que gobierna Ayuso, los presupuestos de la Comunidad de Madrid han crecido alrededor de un 40%, mientras que los de las universidades solo un 15%. Si se tiene en cuenta la inflación acumulada, cercana al 20%, el incremento real no es un aumento, es una reducción", advierte. En su análisis preliminar de las líneas maestras de las partidas presupuestarias, estima que "a las universidades madrileñas les faltan entre 700 y 750 millones de euros" y que lo que se les da ahora es "diez veces menos de lo que realmente se necesitaría para garantizar su funcionamiento con normalidad".

A esta insuficiencia se suma la incertidumbre sobre los plazos y la ejecución de los fondos. "El año pasado se anunció una subida de más de 40 millones y a estas alturas solo han llegado 11. Ahora dicen que son 75, pero parte de ese dinero irá condicionado a objetivos de 2026, así que no llegará posiblemente hasta 2027”, señala Escribano.

Además de los problemas de liquidez que señala la Complutense, profesores de otros centros denuncian que la falta de personal y la sobrecarga laboral son cada vez más graves. Antonio Benítez, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Carlos III, explica a infoLibre que la fuga de docentes hacia otras instituciones es continua. "Cada inicio de curso contamos con un profesorado que, a las pocas semanas, empieza a marcharse. Es habitual que en la tercera semana se hayan ido diez personas en algunos departamentos porque encuentran contratos algo más estables en otras universidades. Cuando los docentes con más experiencia se van, no hay un relevo preparado ni mecanismos ágiles para cubrir esas vacantes, lo que agrava la carga del resto y deteriora la calidad de la enseñanza por falta de dinero", señala.

Una circunstancia similar describe César Pastor, técnico de laboratorio en la Universidad Autónoma de Madrid, quien advierte de que la falta de recursos "impide cubrir todas las plazas que se liberan por jubilación", de modo que muchas vacantes quedan sin ocupar o se sustituyen por figuras más baratas y precarias. Explica que, cuando se jubila un catedrático en la UAM, no puede ser reemplazado por otro de la misma categoría, sino por un ayudante doctor con un salario muy inferior, lo que limita las oportunidades de promoción tanto del personal docente e investigador como del técnico y administrativo, debido a la falta de financiación.

Lola Herrería, técnica administrativa de la Universidad Politécnica de Madrid, recuerda que este contexto le recuerda al plan de estabilidad de 2013, que provocó el despido de 301 empleados y una rebaja salarial del 10% para el resto. Herrería advierte que, aunque la Comunidad de Madrid aprobó una Oferta Pública de Empleo (OPE) este año, su ejecución depende de disponer de fondos suficientes. "Ya nos han trasladado que es bastante probable que no se convoquen todas las plazas aprobadas. Esto significa que muchos puestos vacantes podrían quedarse sin cubrir, agravando la falta de personal y la sobrecarga existente", afirma.

A la saturación y la falta de personal se suman los desperfectos y el deterioro de las instalaciones. En la Complutense se han registrado techos destrozados, paredes agrietadas y enchufes dañados, pero las goteras también se repiten en otras universidades. Pastor recuerda que en la UAM se han producido varios episodios de derrumbe parcial de techos por falta de mantenimiento. "Se nota que el mantenimiento ha sido una de las áreas donde más se ha recortado, porque solo se actúa en caso de urgencia. Es decir, no hay mantenimiento preventivo, por lo que no se pueden anticipar a que se caiga un techo", lamenta.

Los recortes también han afectado al material disponible para los estudiantes. Pastor explica que, donde antes había veinte microscopios —uno por alumno—, ahora solo hay uno para cada tres. A esta carencia se suma la falta de renovación de equipos. Herrería denuncia que en algunos laboratorios de la UPM "se siguen utilizando equipos totalmente obsoletos". "Al no haber dinero para comprar otros más modernos, se continúa con lo que hay y, si se estropea alguno, se intenta reparar como se puede", añade.

La infrafinanciación ha llegado incluso a limitar aspectos básicos, como la compra de material o la renovación de libros en las bibliotecas. Jesús Escribano subraya que "se está restringiendo la reposición de los ejemplares que se pierden o se rompen con el uso".

Con los primeros datos del presupuesto autonómico de 2026 ya sobre la mesa, la falta de unidad entre los rectorados madrileños se perfila como uno de los mayores lastres para avanzar hacia una financiación justa y estable. Lejos de presentar una estrategia común ante el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, los docentes denuncian que cada una "busca asegurar su posición en el nuevo reparto". "Cada institución intenta mantener o modificar los criterios de distribución según le convenga: unas prefieren que se mida por número de alumnos, otras por crecimiento o por producción científica", explica Daniel Herrero, técnico administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Esa pugna interna ha derivado en un bloqueo que, según varios trabajadores universitarios, debilita la capacidad de negociación del sistema público madrileño. Desde la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Pastor lamenta que "cada rectorado negocia de forma bilateral con la Comunidad de Madrid, intentando imponer su propio beneficio en lugar de presentar una posición conjunta". A su juicio, esa falta de coordinación "ha provocado una parálisis total ante los presupuestos del año que viene y una imagen de desunión que solo favorece al Gobierno regional".

El resultado es que el debate sobre el reparto del dinero ha ocultado la necesidad de un modelo de financiación estable. "Estas negociaciones desvían el foco de lo importante, un plan de financiación realista y actualizado", sostiene Caballero, que recuerda que "la URJC sigue recibiendo el mismo porcentaje que cuando tenía 10.000 estudiantes, pese a que ahora supera los 40.000, mientras otras universidades pierden alumnado".

Mientras tanto, la Comunidad de Madrid continúa siendo una de las regiones con las tasas de matrícula más altas de España. Para el curso 2024-25, el precio medio por crédito en primera matrícula en las universidades públicas madrileñas se sitúa en 18,55 euros, solo por detrás de Navarra (19,29 euros). Sin embargo, la inversión por estudiante se encuentra entre las más bajas del país, lo que agrava el contraste entre el elevado coste para el alumnado y los escasos recursos con los que cuentan las instituciones para garantizar una educación de calidad.

En marzo de 2023, cientos de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) organizaron una serie de protestas contra la decisión del Rectorado de trasladar varios de los grados de la Facultad de Artes y Humanidades al campus de Aranjuez. Hasta el momento, las carreras afectadas se venían impartiendo en Fuenlabrada y sus alumnos vieron en la maniobra un intento de desterrarles a un recinto más limitado y peor comunicado. Hubo manifestaciones, pancartas y hasta un encierro en instalaciones universitarias, pero la noticia, por supuesto, apenas gozó de repercusión mediática dos meses antes de unas elecciones autonómicas y municipales.

El episodio, no obstante, retornó a mi memoria al escuchar la reacción de Alberto Núñez Feijóo a la iniciativa del Gobierno de endurecer los requisitos para la creación de centros privados de educación superior. Según el líder de la oposición, el Ejecutivo adopta esta medida porque “tiene miedo a la libertad”, no a la que formuló el filósofo alemán Erich Fromm en su célebre ensayo (no se ve al líder del PP muy ducho en Filosofía, y menos en la Escuela de Frankfurt), sino a la de los ciudadanos para estudiar donde les venga en gana. ¡Barra libre! ¡Como si alguno prefiere quedarse en casa sentado frente al ordenador y que su profesor sea un youtuber sin formación o un “autodidacta” digital de esos que pululan por las redes! Solo le faltó decir eso tan argentino de ¡Viva la libertad, carajo!

Chistes aparte, lo que subyace en estas declaraciones no es más que una concepción utilitarista del conocimiento que, en última instancia, acaba por instrumentalizarnos como seres humanos. No pretendo pecar de trascendente, pero lo que une el desprecio a las humanidades en la URJC con las palabras de Feijóo dos años después responde precisamente a esta lamentable deriva que venimos padeciendo por largo tiempo. Se empieza relegando los saberes humanísticos a un estatus subalterno (recuerden la fatídica LOMCE del ministro Wert) y se termina construyendo un modelo educativo concebido exclusivamente para la satisfacción de las exigencias del mercado. En el proceso, el conocimiento se devalúa al perder su carácter reflexivo y muta en un bien de consumo destinado al incremento de la eficiencia personal (eso tan horrible que llaman “capital humano”).

Las universidades privadas desempeñan un papel clave en esta involución. No las buenas, por supuesto, pues estas tienen una reputación que mantener y un prestigio que hacer valer ante sus potenciales alumnos, pero sí todas aquellas movidas únicamente por el afán de lucro. En su oferta formativa abundan las disciplinas técnicas en perjuicio, una vez más, de las humanidades, que resultan un estorbo a ojos de quienes ven a los estudiantes como piezas de un perfecto engranaje capitalista que no debe dejar de funcionar. Surge entonces la gran pregunta: ¿qué entendemos por “universidad” en el siglo XXI? ¿Es posible defender la necesidad de tal institución en un mundo globalizado donde todo el conocimiento está disponible a golpe de click? No solo es posible, sino que es más indispensable que nunca.

La propuesta del Gobierno, que busca hacer vinculante el informe de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) para la creación de nuevas universidades privadas, además de imponer otros requisitos, es un paso en la buena dirección, pero urge la adopción de medidas más ambiciosas. En sociedades enfermizamente relativistas, donde hasta los consensos más esenciales se ven cuestionados por un individualismo atroz que glorifica el egoísmo frente a la alteridad y el compromiso social, el conocimiento reglado es un elemento de cohesión imprescindible. Nos ilustra, nos eleva y nos dignifica como ciudadanos, además de ayudarnos a poner orden en el caos informativo que nos acecha, distinguiendo la mentira de la verdad y contribuyendo al entendimiento mutuo. Una misión demasiado importante para dejarla en manos privadas sin apenas regulación. Ahí entra en juego la universidad pública que, con independencia de los estudios que se quieran cursar, desempeña una función humanística mucho más relevante: la de servir al progreso social desde el aprendizaje, el debate y la investigación. Defendámosla, porque eso es tanto como defendernos a nosotros mismos y recordar que no somos medios para un objetivo ulterior, sino fines en sí mismos.

____________________

Marcos Caballero de Mingo es politólogo y colaborador de la Fundación Alternativas.

La Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acoge este lunes un encierro nocturno, precedido de una asamblea, con la participación de unos 400 miembros de la comunidad universitaria, entre estudiantes y docentes, para protestar por los recortes de la futura ley de universidades del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La "asfixia económica" que ya sufren las seis universidades públicas madrileñas se "perpetuaría" con la nueva ley de Enseñanzas Superiores, cuyo borrador prevé topar a un máximo del 70% la financiación de la Comunidad de Madrid, obligando a las universidades a buscar otras fuentes de financiación, "incluidos los fondos de inversión", para cubrir el restante 30% de su presupuesto, han explicado en la asamblea.

"Esta es una protesta general masiva" de los estudiantes, del sector de personal, tanto del PDI (personal docente e investigador) como del PGTGAS (técnicos, de gestión, administración y servicios), contra la "asfixia" de las universidades madrileñas y "de la Complutense en particular", según el profesor de Filosofía Juan Fernández, uno de los ponentes en la asamblea.

Se trata de "una reducción del presupuesto muy notable, de básicamente un 35% general", que no se aplica a algunas partidas estrictamente necesarias para el funcionamiento cotidiano, pero sí a otras como "presupuestos de renovación de docentes, de plantillas, de bibliotecas", ha dicho.

Además de la eliminación de becas y supresión de desdobles en varias áreas, "están peligrando" algunas titulaciones con número de estudiantes reducido, asignaturas optativas o la contabilización de sexenios del personal docente, entre otros, ha desgranado. Aunque hablen de "prórroga presupuestaria, no es tal", sino que esta "figura jurídica viene a constatar que la universidad está en una situación básicamente de asfixia" que llaman de "recorte, prórroga".

Las universidades están "sin fondos porque la Comunidad de Madrid no está dispuesta a dotarlas suficientemente", algo que la futura ley pretende convertir "en estructural. Nuestras necesidades básicas no se satisfacen".

De ahí las plataformas "en defensa de la pública y este encierro, para unir fuerzas y tomar conciencia desde todos los sectores y todas las universidades. Va a ser un movimiento largo", con una huelga prevista el día 28 y una concentración frente al Rectorado de la UCM al finalizar este martes este encierro.

El decano de la Facultad de Matemáticas, Antonio Bru, ha dicho a EFE que los recortes de la nueva ley son "completamente inadmisibles" y que los presagios respecto al borrador "no son nada positivos en ningún aspecto". "Todos tenemos que poner todo lo que podamos para que se vea la protesta y recapacite la sociedad, y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vea que estas medidas nos llevan simplemente hacia el pasado más oscuro", ha declarado mientras iban llegando jóvenes con sus mochilas y sacos de dormir.

Tras la asamblea, los participantes que llenaban el salón de actos, con aforo de 400 personas, se han dividido en grupos que han debatido a lo largo de la noche los puntos del manifiesto que leerán este martes en una concentración frente al Rectorado.

La protesta ha sido convocada por los docentes de UCM por la Pública con el apoyo de profesores y alumnos de la Politécnica, Autónoma, Carlos III y Rey Juan Carlos, además de asociaciones estudiantiles, que han venido a "centralizar la protesta" en la Complutense, como ocurrió el año pasado en la Acampada por Palestina.

Para UCM por la Pública, esta es "una toma de contacto de todas las universidades, sindicatos y asociaciones con la intención de empezar a trabajar todos juntos para parar la llamada ley Viciana", cuyo borrador, "como ya sabemos, es un golpe mortal para las universidades públicas", según la catedrática de Ciencias de la Información, Eva Aladro.

Dentro se debatían los Presupuestos; fuera, se clamaba contra ellos. Lo hacían por segunda vez sindicatos, profesores y estudiantes de las universidades públicas, unidas contra la "asfixia" a la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, les está sometiendo. Fue este jueves, durante la primera sesión del debate de las cuentas para 2025 que, previsiblemente, quedarán aprobadas este viernes. Con la consolidación, eso sí, de la infrafinanciación de un sector que todavía no se ha recuperado de los recortes de hace una década. Y no sólo eso: que recibe un 5,1% menos de lo que lo hacía en 2009.

Han pasado 15 años desde entonces. Dijeron basta en 2012 pero en 2015 bajaron la voz que ahora vuelven a sacar a la calle. La gota que ha colmado el vaso ha sido la partida que el Gobierno del PP va a aprobar para ellas. Contempla un incremento del 4,2% con respecto al año pasado. En números redondos, 47,3 millones, una cifra muy lejana a los 200 que pedían los rectores para, simplemente, sobrevivir. Para poder mantener su actividad. Su situación es "crítica", dijeron, pero podría ser peor: podría tornarse en "catastrófica". Una posibilidad que los profesores ya no sitúan en el horizonte.

Han recibido, junto a los estudiantes, una última estocada. Y por parte, esta vez, de los propios centros. La liquidez que no sólo no llega sino que se agota les ha llevado a aprobar unos presupuestos de cara a 2025 que son, en el mejor de los casos, una mera prórroga de los que ya están en vigor. Y en el peor, un drástico tijeretazo. Es el caso de la Complutense, que en su Consejo de Gobierno ya acordó prorrogar las cuentas de 2024 con un recorte del 35% en sus gastos. "Ya nos advirtieron antes del verano de que esto iba a pasar", recuerda Mariu Ruiz-Gálvez, profesora de Economía en Ciencias Políticas. No le sorprende. E incluso lo recibe con la resignación de "otro más". Según los cálculos de la propia institución, su déficit es ya de 64,5 millones de euros. Y se nota en el día a día.

"Llevamos años asistiendo a un deterioro de las infraestructuras y suministros básicos de bienes y servicios. Muchos departamentos tienen limitadas las fotocopias, hay bibliotecas que no pueden actualizar sus suscripciones a bases de datos, a revistas. No se pueden organizar eventos, hay obras que se quedan a medias, despachos sin ventanas y espacios sin calefacción", enumera. La tarea investigadora de la universidad pública, por tanto, es ya casi una utopía. "Es una noticia terrible. Es un recorte sobre otro", lamenta la docente.

Tampoco será el único. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), por su parte, ya ha anunciado que en 2025 contará con 331,5 millones de euros en su caja, lo que supone un 4,8% menos del montante disponible para gastar en todo 2024. Los motivos, explicaron en una nota de prensa, son "la disminución de los ingresos específicos", es decir, "lo que la universidad prevé obtener para la financiación de determinadas actividades y proyectos". Pero los profesores lo tienen claro. Y no titubean a la hora de señalar a la verdadera responsable: Isabel Díaz Ayuso. "Este es, en realidad, un recorte de la Comunidad de Madrid", acusa directamente Juan Manuel Valenzuela, contratado predoctoral en el centro. Ahora bien, matiza, la Autónoma actúa como su brazo ejecutor. "Está aprovechando para hacer cosas que hace años eran impensables", señala también, como miembro del sindicato CGT. Se refiere por ejemplo a reprimir protestar o incluso a plantear el cierre de ciertos grados por motivos que van más allá de los meramente educativos.

Su compañera en la organización, la profesora Nagore García, le suscribe. "La universidad tiene una capacidad de negociación que no está utilizando. A los rectores lo que les toca ahora es plantarse", dice. Al final, las situaciones que sufren son prácticamente idénticas a las que describen los profesores de la Complutense. "Hemos tenido techos derrumbados porque no hay personal de mantenimiento. No tenemos técnicos ni administrativos y los profesores tenemos que ocuparnos también de la burocracia. ¿Cómo vamos a hacer así nuestro trabajo?", se pregunta.

Concretamente, la ratio de la que disponen es de 0,4 profesionales de este ámbito por cada profesor, un número que debería ser, en realidad, de un técnico o administrativo por cada docente. Y que en la Unión Europea llega a tener incluso una relación de dos por cada uno. "Este año podremos sobrevivir, pero lo haremos en el sentido literal de la palabra. El año que viene no sabemos qué pasará", añade el profesor Luis Lloredo.

infoLibre se ha puesto en contacto con el resto de universidades públicas madrileñas para conocer cuáles son sus planes de cara a 2025, pero sólo ha obtenido respuesta por parte de la Rey Juan Carlos y de la Universidad de Alcalá, que confirman que no tendrán recortes como los que sí han anunciado la UCM y la UAM. No obstante, eso no implica que sus gastos vayan a ser mayores. Al contrario.

La primera asegura que prorrogará sus cuentas tal y como ya se aprobaron en 2024, pero sin tener en cuenta que la inflación de entonces era un 2,4% menor a la actual, según los últimos datos disponibles en el INE, correspondientes a los meses de noviembre. La segunda, por su parte, ya ha suscrito unos nuevos presupuestos "muy ajustados", sometidos a la escasa financiación que, señalan sus fuentes, perciben por parte del Ejecutivo regional.

La situación ha conseguido que la universidad diga "basta". La de este jueves fue la segunda protesta ante la Asamblea de Madrid, pero no será la última. Al menos, no es lo que los profesores y estudiantes tienen en mente. El movimiento La uni en la calle que entre 2012 y 2015 —los años más duros de recortes— sacó a la calle a más de 900 profesores y profesoras ha vuelto a funcionar y el personal docente de todos los centros excepto el de la Politécnica ya se ha unido en plataformas con el objetivo de convocar nuevas manifestaciones. "Durante el año 2025 se prevén más manifestaciones de protesta", confirmó este miércoles la Junta de Políticas de la UCM.

Los rectores, por su parte, lanzaron su último comunicado el pasado 3 de diciembre, precisamente al término de la reunión que mantuvieron con la presidenta conservadora. Fue ella misma la que ese día dio un giro de 180 grados y confirmó que aceptaría los 169 millones del Gobierno central para crear hasta 1.100 nuevas plazas de profesorado en el marco del Programa María Goyri que rubricaron el pasado día 11 entre críticas al Ejecutivo. "Hemos tenido que elegir entre lo malo y lo peor", señaló el consejero madrileño de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

"Siendo estas aportaciones presupuestarias imprescindibles y bienvenidas, aún resultan insuficientes", sentenciaron los rectores. Al menos, añadieron, si lo que se pretende es "garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas", "asegurar la calidad de sus instituciones" y "subsanar su crónica infrafinanciación".

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha escrito este lunes al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, urgiendo al gobierno regional a que firme, hasta el 13 diciembre, el texto del convenio del Programa María Goyri ya pactado con todas las comunidades en junio pasado.

En el escrito, el Ministerio recuerda que "todos los elementos del convenio" que permitirá contratar a 1.100 profesores, así como el texto "en todos sus términos literales" fueron acordados con el resto de las universidades y "finalmente aprobados, con el voto positivo de la Comunidad de Madrid, en la Conferencia General de Política Universitaria del pasado 19 de junio".

Desde entonces, "16 comunidades autónomas y 44 universidades públicas lo han ratificado sin ninguna modificación", continúa la carta remitida por el secretario de Estado, Juan Cruz Cigudosa, al consejero madrileño de Educación, Ciencia y Universidades. "Con fecha límite el día 13 de diciembre" debe estar concluido el proceso de firma conjunta entre el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y las seis universidades públicas, para que pueda "ser fiscalizado en esta anualidad del 2024", continúa el escrito.

"Esperamos, por tanto, que la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus compromisos adquiridos públicamente" en junio pasado, apruebe el convenio "en los mismos términos" que el resto de comunidades y universidades, según el secretario de Estado quien queda "a la espera de la propuesta de fecha para firmar el convenio".

Con ese programa, Madrid obtendrá 169 millones para estabilizar las plazas de cerca de 1.100 profesores de sus seis universidades públicas, evitando así que en tres años se vayan a la calle. Pero el Gobierno regional vio problemas en la imposición de "contratar a una única figura docente, la de Profesor Ayudante Doctor", y consideró que la redacción "incluye numerosas referencias de tipo ideológico y nulo valor jurídico", por lo que envió el pasado miércoles al ministerio una "propuesta de convenio".

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará el próximo miércoles, día 11, el convenio para la firma del Programa María Goyri, ha confirmado este lunes el consejero Emilio Viciana.

El Ministerio "se ha negado a negociar una vez más y nos impone esta cacicada”, ha denunciado Viciana, que ha explicado que pese a esta actitud la Comunidad de Madrid va a firmar el convenio por "responsabilidad y compromiso con las universidades públicas de la región".

Este convenio, que se rubricará con el Ministerio y con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos, establece la creación de 1.091 plazas de Profesor ayudante doctor para ampliar, rejuvenecer y estabilizar las plantillas de profesores.

De estos, 656 serán financiados por el Ministerio y 435 por la Comunidad de Madrid. Además, "el Ministerio solo financia la contratación de esos 656 profesores durante los seis primeros años; pasado ese sexenio, el Gobierno regional asumirá las nóminas del total de los 1.091 profesores", indica en un comunicado.

Para arrancar esta iniciativa de inmediato, la Comunidad aportará anualmente 17,5 millones ya desde 2025, según Viciana quien pidió al Ministerio que las universidades pudieran "decidir cuál de las distintas figuras docentes querían contratar y no limitarla únicamente a la de profesor ayudante doctor, al menos en la parte financiada desde el primer momento por el Gobierno regional". 

La Comunidad de Madrid incrementará un 4,2 % su aportación económica para financiar a las seis universidades públicas de la región durante el próximo año 2025. Esta es una de las principales conclusiones de la reunión que ha mantenido este martes la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos, según informa EFE.

La cifra será de 47,3 millones de euros, un 4,2 % más que lo destinado en 2024, en línea con el incremento presupuestario que ha tenido la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, y "vinculando ya una parte de la financiación a la consecución de objetivos", indica la Comunidad en un comunicado. Esto se reflejará en el proyecto de las cuentas regionales para 2025, que ya se está tramitando en la Asamblea de Madrid para su aprobación antes de que termine el año.

La medidas aprobadas en la reunión han sido las siguientes: Iniciar el desarrollo de un modelo de financiación estable de las universidades públicas madrileñas, que vinculará una parte de la financiación a la consecución de determinados objetivos y un incremento en la partida para inversiones y mantenimiento de infraestructura hasta llegar a los 20 millones de euros. Por último, a partir de la segunda quincena de enero de 2025 se reanudará el estudio sobre el modelo de financiación vinculado a la nueva Ley de Universidades.

Así, la Consejería ya está trabajando junto a los responsables universitarios en un plan de infraestructuras para definir el estado y necesidades que presenta cada institución.

Las "irregularidades" que hayan podido cometer profesores, directores de másteres o personal administrativo de universidades no afectan a los políticos que se hayan podido beneficiar de ellas. Así se desprende de casos como el del líder del Partido Popular, Pablo Casado, y de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En el primer caso, fue el Tribunal Supremo el que apreció ciertas conductas anómalas en el modo en que obtuvo su máster, aunque rechazó investigarle al no apreciar indicios de delito, mientras que en el segundo caso ha sido una sentencia, tras la celebración de un juicio, es la que ha confirmado todo ese proceder irregular. En ambas ocasiones, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) como telón de fondo.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid considera probado que el curso de postgrado realizado por Cifuentes en el curso 2011-2012, impartido a través del Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, estuvo "plagado de irregularidades, lo cual está acreditado documentalmente". Cambios en las calificaciones por personal no autorizado, matriculaciones tardías y falsificaciones de actas rodearon a este curso al menos en el mencionado año, vista la prueba examinada durante la vista oral, en la que antiguos alumnos admitieron que no fueron a clase y obtuvieron el título, otros señalaron que no realizaron ningún trabajo o examen durante el curso y aún así recibieron buenas notas, mientras que algunos reconocieron que no defendieron su trabajo de fin de máster (TFM) y sin embargo en las actas es como si así lo hubiesen hecho.

Más allá de la falsificación del acta de su TFM, sobre la que el tribunal ha absuelto a la expresidenta madrileña al no haber hallado pruebas de que indujera a fabricar el documento cuando estalló el escándalo, la propia Cifuentes relató en su declaración que "no mantuvo contacto con ningún profesor", que no hizo ningún examen porque acordó con Álvarez Conde que se evaluaría a través de trabajos que habría entregado directamente al catedrático y que el 2 de julio de 2012 hizo una presentación de su trabajo final en un acto "informal" ante "dos o tres personas" que no sabe si eran profesores o miembros del tribunal de evaluación.

La sentencia también da por probado que una funcionaria de la universidad cambió las notas tanto de una asignatura –de no presentado a notable– "tras comprobar la calificación del examen realizado a pesar de que Cifuentes manifestó no haber realizado ningún examen", como del TFM. Y todo ello a pesar de que esta funcionaria "no tenía competencias para hacerlo".

Del caso concreto de Cifuentes y de su "actividad como alumna" en el Máster en Derecho", la Audiencia Provincial deduce que de la prueba examinada durante el juicio se ha revelado "un conjunto de incongruencias, relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado". 

Todas estas "irregularidades" que los magistrados han podido constatar durante el juicio y que así han plasmado en su sentencia revelan un modo de actuar del que se pudo beneficiar tanto la expresidenta madrileña como otros exalumnos del máster, pero que, para ellos, no tienen consideraciones penales. Cierto es que Cifuentes se enfrentaba en este caso a una acusación, la de supuesta inductora de falsificación de documento público por la que la Fiscalía solicitaba más de tres años de cárcel, pero finalmente el tribunal no ve acreditada su intervención en la fabricación del acta del TFM.

Esas "irregularidades" el tribunal las enmarca en el entorno de la universidad, no en el de los alumnos, por mucho que éstos se pudieran beneficiar de ello. Es, de hecho, la estrategia que defendió la propia Cifuentes durante el juicio, donde descargó toda la responsabilidad de una mala praxis en el centro educativo, asegurando que ella dio por buenos los documentos que le enviaron con el acta del TFM falsificada cuando se conoció el escándalo y que por eso los exhibió públicamente.

Posible trato de favor

Tras la publicación de las primeras informaciones sobre las irregularidades en el máster en el que estuvo matriculada la exlíder del PP madrileño, salieron a la palestra otros casos similares en los que se habrían producido anomalías a la hora de la obtención de títulos univesitarios. El más sonado fue el de Pablo Casado, que llegó hasta el Tribunal Supremo por estar aforado por su condición de diputado del Congreso. La misma juez que investigaba a Cifuentes remitió una exposición razonada al alto tribunal tras concluir que al presidente del partido conservador le regalaron su máster de la URJC a modo de "prebenda" debido a su "relevancia política".

Casado nunca fue investigado, pero en el auto en el que el Supremo rechazaba abrir causa sí estuvo de acuerdo en que la universidad pudo dispensar un "trato de favor al aforado" y ello "pudiera merecer otro tipo de consideraciones ajenas al Derecho Penal", aunque no veía "indicios consistentes de que existiera un acuerdo previo o simultáneo" de Casado con los responsables del máster "para que tal trato le fuera dispensado", condición necesaria para entender que habría prevaricado.

Pero eso sí, los magistrados apuntaban a que la convalidación de créditos de la que se benefició el líder del PP pudo deberse "a un, cuando menos, irregular comportamiento de los responsables del máster". Tampoco vieron indicios de ese acuerdo prevaricador en el hecho de que Casado se titulase sin ir a clase, pues "no se pasaba lista y en una asignatura puntuaba sólo con un 10%": "si bien no consta que cumpliese con el otro 90%", dice el Supremo, esto son "actuaciones imputables al responsable de su valoración, sin que el hecho de que el alumno se beneficie indique de forma suficientemente consistente que ha existido un acuerdo previo ilegítimo con el profesor".

De nuevo, la conducta del político no implica reproche penal, pero sí se detectan en su caso "irregularidades" que pudieron provenir del entorno universitario. Por un lado, por facilitar la convalidación de 40 créditos del máster y, por otro, de los profesores responsables de que ese político no hubiese asistido a clase, a pesar de lo cual obtuvo su título. El trato de favor del que hablaba el Supremo y la juez de Madrid que investigó el caso Máster.

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes al considerar que no hay pruebas suficientes que acrediten que ella indujera a la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM). El tribunal ha constatado que el curso que dirigía de facto el catedrático Enrique Álvarez Conde estuvo "plagado de irregularidades" y que el "desarrollo" de la actividad de la exdirigente del PP de Madrid como alumna ha revelado "un conjunto de incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de posgrado", pero esto no prueba, en su opinión, que Cifuentes estuviera detrás de las maniobras detectadas para fabricar el acta.

Esas "incongruencias" de las que hablan los magistrados que han enjuiciado el conocido como caso Máster son que ella misma reconoció que "nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor, que hacía trabajos que entregaba a Álvarez Conde y que el 2 de julio de 2012 entregó el TFM de manera informal ante dos o tres personas". Otra incoherencia constatada por el tribunal es que en febrero de 2017, la expresidenta acudió a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a recoger el título oficial del máster acompañada por María Teresa Feito, funcionaria del centro que en ese momento ejercía como asesora en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

La sentencia no entra a valorar el hecho de que, aunque Cifuentes dijera que presentó su trabajo en una sala del campus de Vicálvaro de la universidad, ningún testigo en el juicio ha corroborado esta afirmación. En concreto, durante el juicio la expresidenta declaró que estuvo en una sala de juntas el 2 de julio de 2012 y que allí había varias personas, "una de ellas un hombre", y que supuso que eran profesores, a los cuales entregó el documento, sobre el que explicó "las líneas generales" en un acto que definió como "muy informal". No sabe si esas personas a las que explicó el contenido de su trabajo "eran del tribunal que luego lo evaluó o no".

Esas personas y ese tribunal fantasma sobre los que habló Cifuentes no han aparecido. Ningún testigo ni ninguna prueba acreditaron que ese "acto informal" se produjese tal y como ella explicó. Pero la Audiencia Provincial de Madrid considera que no es su competencia acreditar "si se produjo o no esa defensa del TFM". Aunque eso sí, pone en duda la versión aportada por la expresidenta: "Incluso de haberse producido, hubiera sido en extremo inexplicable, pues en el año 2012, la citada alumna figuraba como no presentada en la asignatura que impartía el profesor Pablo Chico de la Cámara, calificación que fue corregida de forma irregular en el año 2014".

En todo caso, los magistrados determinan de que lo actuado en el juicio no ha resultado probada "ninguna intervención" de Cifuentes en el delito del que había sido acusada. "Las sospechas legítimas que pudieran existir no se ha convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes", afirman. La fiscal Pilar Santos había solicitado en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña por inducir a la falsificación del documento objeto del juicio, dado que la exdirigente popular era "la única, la primera y la última beneficiaria" de esa falsificación.

Pero el tribunal recuerda que las otras acusadas en el juicio, la profesora Cecilia Rosado y María Teresa Feito –que sí han sido condenadas–, declararon que no mantuvieron contacto alguno con la expresidenta, "tampoco con su oficina o gabinete", después de que saltara el escándalo de la falsificación del acta tras la publicación de la noticia en elDiario.es. Tampoco ninguno de los intervinientes en la reunión que se celebró en el Rectorado de la URJC el 21 de marzo de 2018, para responder a la información, "ha hecho nunca referencia a Cifuentes". "Sin obviar el interés de Cifuentes en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión", recalca la Sala, que incide en que "el hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió el rector Javier Ramos no es más que un indicio, no corroborado por otros".

El "entorno": un "colectivo difuso e indeterminado"

También alude la sentencia a las referencias de la fiscal acerca de que hubo presión del "entorno" de Cifuentes, a lo que señala que se han de rechazar "esas alusiones genéricas", que atribuyen "la condición de sujeto activo del delito a un colectivo difuso e indeterminado, sin personalidad propia, contradiciendo las bases del Derecho Penal moderno y yendo en contra de la doctrina que exige la determinación individual del sujeto activo del delito, sea persona física o jurídica".

Los magistrados no ven, por tanto, probado que Cifuentes fuera la inductora de la falsificación, papel que sí atribuyen a Feito, ya que ven probada su participación "por la actuación relevante, tanto en la necesidad de crear el acta, a sabiendas de que no existía, como en la presión ejercida sobre Cecilia Rosado". Esta presión, dice la sentencia, queda acreditada por la propia declaración de Rosado como por el "conjunto de llamadas" que hizo a la profesora el mismo día de la publicación de la noticia, hasta un total de quince en pocas horas. Por eso la condenan a tres años de cárcel.

De Cecilia Rosado, la sentencia ve pertinente la aplicación de las atenuantes de confesión ante "la asunción de la responsabilidad" en los hechos tanto en la instrucción como en la propia vista oral. Su colaboración con la Fiscalía resultó determinante para el esclarecimiento de lo ocurrido con la falsificación del acta del TFM de Cifuentes. De ahí que a pesar de que fuera ella quien fabricó el documento, falsificando las firmas de dos compañeras, su condena se queda en un año y medio de prisión, ya que el tribunal le aplica la atenuante analógica de "miedo insuperable" por su temor a que su carrera profesional se viera afectada si no accedía a crear el documento.

¿Dónde están los profesores ante los que Cristina Cifuentes dice que expuso las líneas generales de su trabajo de fin de máster? ¿Quiénes son? ¿Fueron esas personas las que evaluaron el trabajo que ella asegura haber entregado? La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que estuvo en una sala de juntas de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) el 2 de julio de 2012 y que allí había varias de personas, "una de ellas un hombre", y que supuso que eran profesores, a los cuales entregó el documento, sobre el que explicó "las líneas generales" en un acto que define como "muy informal".

Con el juicio sobre la supuesta falsificación del acta de su trabajo de fin de máster (TFM) a punto de concluir –sólo queda la exposición de los informes definitivos de las partes, prevista para el próximo viernes, 5 de febrero–, esas personas y ese tribunal fantasma sobre los que ha hablado Cifuentes en su declarción en la Audiencia Provincial de Madrid no han aparecido. Ningún testigo ni ninguna prueba han acreditado que ese "acto informal" se produjese tal y como ella ha explicado.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, que dimitió unas semanas después de saltar el escándalo a raíz de la publicación de la noticia en elDiario.es, se sienta en el banquillo por un delito de falsedad documental que puede suponerle hasta tres años y tres meses de cárcel, que es lo que pide la Fiscalía para ella.

En la segunda jornada de la vista oral, Cifuentes defendió, a preguntas de la fiscal, que no sabe si esas personas a las que explicó el contenido de su trabajo "eran del tribunal que luego lo evaluó o no". Según indicó, no les conocía porque nunca fue a clase, sino que cursó el máster a distancia pues la asistencia no era obligatoria, examinándose a través de trabajos. Sin embargo, no ha podido presentar esos trabajos ni el de fin de máster porque, según afirma, los debió perder en alguna de las mudanzas que ha realizado en estos años. "No leí el trabajo, les entregué el trabajo y les expliqué cuáles eran las líneas generales", dijo. Tampoco sabe decir qué profesores eran los que supuestamente estuvieron en esa sala de juntas, sus nombres o los cargos que tenían en la URJC. Sólo aportó que uno de ellos era un hombre.

En los sucesivos días del juicio, ningún testigo ha confirmado la versión de la expresidenta. Las tres firmas de profesoras que aparecen en el acta de fin de máster, la que se falsificó según lo que cree la Fiscalía, no son las de esas personas de las que habla Cifuentes. Así lo han manifestado las tres. Primero, Cecilia Rosado, acusada también por falsificar el acta y las firmas de sus compañeras y quien ha reconocido todos los hechos, motivo por el cual el Ministerio Público pide que se le aplique la atenuante por confesión. Después, Clara Souto y Alicia Pérez de los Mozos, admitieron que mostraron sus rúbricas a Rosado en una videollamada pero sin saber que era para la falsificación, sino creyendo que era para algo menor, y aseguraron que no estuvieron en esa sala en la que supuestamente la expresidenta entregó su trabajo.

Por la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Madrid han ido pasando durante la vista oral otros testigos, entre ellos exalumnos del máster, responsables de la universidad y profesores del Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, otro de los procesados en esta causa y que falleció en abril de 2019. Ninguno ha dicho que formara parte de ese plantel de profesores el 2 de julio de 2012.

Pero es que además, la prueba inesperada que presentó la defensa de Cifuentes el primer día del juicio, un pendrive con su agenda electrónica de 2012, fecha en que era delegada del Gobierno en Madrid, en la que presuntamente aparece un apunte sobre una cita en la URJC para el 2 de julio de ese año, ha sido retirada este viernes después de que los magistrados de la Audiencia de Madrid le comunicaran que sólo se admitiría si entregaba el contenido completo. El abogado de la expresidenta, José Antonio Choclán, considera esta medida, por la que las partes tendrían acceso a todos los datos de esa agenda, "desproporcionada", por lo que ha optado por renunciar a la prueba.

Cifuentes afirmó durante su comparecencia que no asistió a clase y que su único interlocutor para cursar el máster fue Álvarez Conde. Según dijo, todos los trabajos se los entregó a él en formato físico porque al catedrático no le gustaba la comunicación vía e-mail. Otro extremo que después fue desmentido por profesores de la URJC, quienes han declarado que se comunicaban con Álvarez Conde por cualquier vía, también a través del correo electrónico y que él no tenía ningún inconveniente en utilizar este método.

Firmas falsificadas, cambios de notas y trabajos sin defender

Lo que se ha puesto de manifiesto durante todo el juicio a Cifuentes son todo tipo de irregularidades que rodean los másteres que ofrecía el Instituto de Derecho Público. Por la sala de vistas han pasado exalumnos que han reconocido que no asistieron a clase, otros que no defendieron su TFM e incluso alguno que ha afirmado que no llegó a cursar el máster. Uno de éstos ha admitido que ni lo cursó ni presentó TFM, pero que, pese a ello, recogió su título después de pagar una tasa por ello, un título que le permitió después estudiar un doctorado.

Profesores y antiguos alumnos han constatado que se falsificaban firmas u otros documentos, extremo que también ha sido confirmado por los peritos de la Guardia Civil. Incluso, la propia expresidenta madrileña garantizó que no reconoce una firma que aparece como suya en un documento de matriculación del mes de octubre de 2012 ni el impreso en el que está estampada. "Han falsificado mi firma", resaltó durante el juicio.

Por otra parte, una funcionaria de la universidad, Amelia Calonge, confirmó en su declaración como testigo que cambió las notas del máster de Cifuentes de no presentado a notableno presentadonotable a petición de otro catedrático, Pablo Chico, por lo que no puso en cuestión la orden. De hecho, también remarcó que el de la exdirigente del PP no fue un caso único y que cambió las notas de "muchísimos alumnos". Después, el propio Chico negó que pidiera eso a Calonge y aseveró que las presiones que recibió cuando saltó la polémica procedían de la Comunidad de Madrid.

La versión de Calonge también fue puesta en duda por José Antonio Lobato, exresponsable de Postgrado y Títulos Propios de la URJC, quien explicó que su departamento se encargaba de la rectificación de notas si había algún error, pero que la funcionaria no pertenecía a su servicio, por lo que no estaba autorizada a hacer modificaciones como esas. Lobato también desmintió partes de la declaración de Cifuentes al señalar que la asistencia a clase del máster era obligatoria desde 2007 y que cuando saltó la polémica el rector le pidió que recopilara las actas concernientes a la expresidenta, pero que se dio cuenta de que no constaba la del TFM.

Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las notas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha asegurado que el catedrático Pablo Chico le pidió que cambiara las calificaciones y que estaba autorizada para ese cometido en contra de lo manifestado por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y el entonces responsable de estudios de postgrado, como informa Europa Press.

La Audiencia de Madrid ha retomado este lunes el juicio contra la exlíder madrileña, quien se sienta en el banquillo por un delito de falsedad documental. Se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de cárcel. En la sesión de este lunes, comparecerán doce testigos clave en la acusación.

En su declaración, Cifuentes relató que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el Trabajo de Fin Máster (TFM) sin exponerlo ante el tribunal, algo nada habitual según profesores de la URJC. Además, manifestó que actuó de "buena fe" cuando exhibió el acta del tribunal al afirmar que no sabía que estaba falsificada, responsabilizando a la universidad de las irregularidades.

En su comparecencia, Calonge ha narrado ante el tribunal que solo conocía a Cifuentes dado que su hermana era compañera suya y se la presentó en el tanatorio cuando falleció su padre. Calonge estuvo imputada en la causa pero finalmente se levantó su imputación.

En cuanto a su trabajo, ha explicado que se encargaba de matricular a los alumnos y ha dicho que tenía facultades para cambiar las notas. Al respecto, ha explicado que el entonces responsable de Postgrado y Títulos Propios José Antonio Lobato no se hacía cargo de másteres anteriores a su nombramiento, por lo que protestó ante el vicerrector José María Álvarez Mozoncillo.

"Entiendo que me dio de alta para poder hacer cambios de notas en los másteres antiguos anteriores a que se cree la escuela de másteres", ha narrado. Así, ha señalado que con ese acceso modificó las calificaciones de "muchísimos alumnos" ya que había casi 10.000 alumnos en el Campus de Móstoles.

"¿Modificó usted las notas de Cifuentes de no presentada a 7,5 y también le puso 7,5 en la asignatura del TFM?. ¿Quién se lo dijo?", ha preguntado el letrado de la URJC. "Me llamó Pablo Chico y le dije que me lo mandara por correo y lo pusiera por escrito. Me dijo que tenía un notable y que había habido un problema y que procediera al cambio de las notas", ha contado.

A preguntas sobre si la habilitaron para modificar las notas, ha replicado que ese extremo no es automático y que ella ya estaba autorizada. "Fue por orden del vicerrector, quien es quien tiene la competencia para ello. Yo me he enterado después, en un juzgado", ha dicho.

Calonge ha apuntado que ella no tenía competencia para pedir explicaciones de esas rectificaciones y ha dicho que los catedráticos funcionaban "así" al ser preguntada sobre si no le extrañó la petición de Pablo Chico a pesar de que las asignaturas no eran suyas. "Yo no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático de la universidad", ha dicho.

La funcionaria estuvo presente en una de las reuniones después de que saltara la polémica con la noticia de eldiario.es, en la que el director del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde —fallecido— dijo que tenía el trabajo de Cifuentes y que lo podía tener en su casa y en su despacho. "Varias personas le dijimos que fuera a buscarlo, entre ellas yo", ha dicho.

Además, ha indicado que vio el acta encima de la mesa y que la enviaron al Rectorado por correo electrónico. "Vi el actilla que salió en la prensa y que parece ser que estaba falsificado. Lo vi antes de la rueda de prensa".

También ha contado una conversación con la exasesora de Educación María Teresa Feito, ya que fue la profesora que había ido con Cifuentes en 2017 a recoger el título del máster. "Feito entró en el despacho del rector y el vicerrector de Comunicación Carles Marín, que estaba preparando la rueda de prensa, la echó", ha recordado.

No estaba autorizada

El primero en comparecer ha sido José Antonio Lobato, quien ha relatado que el rector Javier Ramos le solicitó al saltar la polémica el 21 de marzo de 2018 que recopilara las actas, sin que constara el acta del TFM de Cifuentes.

Sobre el máster que cursó Cifuentes, ha indicado que era presencial y que a partir de 2007 era obligatoria la defensa del trabajo final. "En la normativa decía que se tenía que defender y daba unos requisitos. Hay un decreto de 2007 en el que se establecen las directrices de los másteres y la normativa aplicada a este decreto", ha detallado.

El departamento de Lobato se encargaba de la rectificación de notas si había algún error, indicando que la funcionaria Amalia Calonge no pertenecía a su servicio, por lo que no estaba autorizada a realizar modificaciones.

"El profesor si ve alguna rectificación desde 2011 hay una cuenta de correo tiene que mandar un correo y solicitar la rectificación del acta. También puede darse el caso que se acercaran al servicio solicitando la rectificación. La hacía el departamento y no el profesor", ha comentado.

Presiones de la Comunidad de Madrid

El catedrático y profesor Pablo Chico, que impartió una de las asignaturas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha afirmado en el juicio que no instó a la funcionaria Amalia Calonge a modificar las calificaciones de la exlíder madrileña, aseverando que las presiones que recibió cuando saltó la polémica procedían de la Comunidad de Madrid. "Esta señora faltó a la verdad", ha subrayado el testigo en el juicio que se sigue contra Cifuentes y en el que ha manifestado que el interés de la exasesora de Educación María Teresa Feito en recabar información tras publicarse la información era porque "había una rueda de prensa que tenía que dar la presidenta y necesitaba tener esa aclaración".

"El señor rector -Javier Ramos-, no recuerdo si me hablaba de la presidenta pero sí expresamente de la Comunidad de Madrid, me dijo que me iba a llamar Feito para esclarecer el tema. Yo tenía claro que si había una modificación había un fundamento académico", ha relatado el testigo. "Lo que tengo claro es que ella tenía que resolver este problema para la Comunidad de Madrid, con total seguridad. Eso me quedó meridianamente claro", ha aseverado a preguntas insistentes de la fiscal Pilar santos sobre en nombre de quién actuaba la exasesora. 

En su declaración, Cifuentes relató que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el Trabajo de Fin Máster (TFM) sin exponerlo ante el tribunal, algo nada habitual según profesores de la URJC. En su comparecencia, Calonge ha narrado ante el tribunal que solo conocía a Cifuentes dado que su hermana era compañera suya y se la presentó en el tanatorio cuando falleció su padre. Calonge estuvo imputada en la causa pero finalmente se levantó su imputación.

El exconsejero Educación reconoce "reiteradas" llamadas al rector

El exconsejero de Educación Rafael Van Grieken ha reconocido en el juicio que se celebra contra Cristina Cifuentes por el caso Máster que realizó "reiteradas" llamadas al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, al tratarse de "algo que afectaba al Gobierno regional" y entraba dentro de sus competencias. Van Grieken, que actualmente ejerce como catedrático en la URJC, ha comparecido como testigo en la vista oral en la que la expresidenta regional se sienta en el banquillo de los acusados por un delito de falsedad del acta sobre la defensa de su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Lo hace después de que el pasado viernes Javier Ramos manifestara que el exconsejero le pidió el acta de defensa del TFM, cuya defensa Cifuentes reconoció que no realizó.

Así, ha relatado que la noche del 20 de marzo de 2018 recibió un mensaje del rector y le comentó que hablarían por la mañana al no ser horas. "Lo que hice es llamarle esa mañana, como habíamos quedado. Me comentó que había hablado con los profesores, que había recabado información y que todo era normal. Me quedé tranquilo", ha señalado en relación a la información publicada en elDiario.es y que destapó la polémica.

El testigo ha señalado que llamó al rector tras la rueda de prensa ofrecida para pedirle la documentación en la que se habían basado para realizar las diferentes manifestaciones que realizaron en la comparecencia para dar explicaciones a los medios. "Era un tema importante y había que hacer acopia de esa información en la que se basaron esas afirmaciones. No tenía duda de que disponían de esa información. Las llamadas al rector eran proporcionales a la tardanza en mandar la documentación", ha dicho apuntando que se remitió la información tres horas después.

Además, ha comentado que le llamó la jefa del gabinete, Marisa González, y le trasladó que querían asesoramiento acerca de la situación. "Yo solicito de forma reiterada la documentación en general", ha subrayado y ha dicho a preguntas de la fiscal, que sus gestiones estaban dentro de sus competencias al ser su Consejería la interlocutora con las universidades madrileñas. "Era algo que afectaba al Gobierno regional y se ponía en entredicho el comportamiento de una universidad pública", ha agregado.

Finalmente, ha recalcado que para él era "lógico" que el propio rector hubiera buscado el acta, dado que ningún profesor guarda este tipo de documentos. "Confié en la legitimidad y le daba totalmente credibilidad al rector. No tenía ninguna duda de que se había comprobado de que era la verdad", ha apostillado. 

La expresidenta regional Cristina Cifuentes ha afirmado este viernes en el juicio por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental que no tiene "los papeles" de los trabajos que realizó en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y ha aseverado que actuó "de buena fe" dando por buena el acta remitida por la Secretaría del Rectorado sin saber que hubiera una firma falsificada. En líneas generales, ha descargado toda la responsabilidad de la falsificación en el centro educativo, asegurando que ella dio por buenos los documentos que le enviaron cuando se conoció el escándalo y que por eso los exhibió públicamente.

La exdirigente conservadora, que abandonó la política el 25 de abril de 2018, se enfrenta a tres años y tres meses de cárcel por la presunta comisión de un delito de falsedad documental del acta sobre la defensa del TFM. La declaración se produce después de que este jueves un juez archivara la querella que interpuso contra los periodistas de elDiario.es que destaparon el caso.

La fiscal Pilar Santos considera a Cifuentes inductora de la falsificación de un acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa del trabajo "que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

Además de a Cifuentes, se juzga a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito, que también se enfrenta a una pena de tres años y tres meses de cárcel. Rosado ratificó el primer día de la vista la falsificación del acta a instancias de "presiones" por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álarez Conde, fallecido en 2019, y Feito.

No defendió el TFM

En su declaración, la expresidenta ha relatado que solo entregó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) en un acto "informal" y ha reconocido que ni siquiera lo leyó, indicando que solo habló algo en líneas generales y sobre la bibliografía. "No defiendo ni leo el trabajo, solo lo entrego. No estaba Álvarez Conde", ha aseverado la expolítica.

Cifuentes ha relatado que Dionisio Ramos le habló del máster en noviembre de 2011 y decidió matricularse al poder compaginarlo con su trabajo como diputada parlamentaria y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Así, tendría un modelo no presencial con trabajos para suplir la asistencia y los exámenes.

"Álvarez Conde es la persona que me explicó la dinámica o cómo suplir la asistencia y exámenes y quien me fijó el calendario. Son doce asignaturas. Conde me dijo que no me preocupara por no ir a clase y me dijo que era una modalidad con alumnos que trabajan. No me sorprendió porque había otras universidades con modalidades parecidas. Por cada asignatura se hacía un trabajo. Todo era a través de Álvarez Conde", ha narrado.

Además, ha indicado que le resultaba más cómodo trabajar sobre papel y no en un ordenador. "Cuando tenía los trabajos hechos, los mandaba en papel a través de alguien del equipo o de mi gabinete". "No guardo ningún ejemplar. He estado buscando el TFM. Eran trabajos de trámite que mandaba. He estado buscando otros trabajos a lo largo de mi vida académica. No he encontrado ninguno. No sé si es lo normal. Ni siquiera mi primer borrador que hice", ha recalcado.

"Quizá tenga que ver con el hecho de que mi vida como delegada era muy complicada. Tuve dos mudanzas y cinco mudanzas de despachos para que se haga idea de esos traslados. Parte de mis pertenencias están distribuidas en un trastero, en casa... No los tengo. No tengo esos papeles. Probablemente los destruí cuando obtuve las calificaciones", ha recalcado. Además, ha señalado que hubo varios borradores del TFM, que mandó a Conde.

Una nueva cita en su agenda

La fiscal ha preguntado a Cifuentes por qué no entregó su agenda electrónica en la instrucción. En la primera sesión, su letrado José Antonio Choclán aportó una nueva prueba en relación a una cita extraída de su agenda de 2012 en la que consta la fecha y el día en el que defendió su máster.

"Quizás se podría haber llevado acabo más investigaciones en la instrucción. Cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid podría haber accediendo a mi agenda de la Delegación y cuando me marcho, mi secretaria también cesa. Y esa información se guarda en un pendrive y es ese el pendrive entregado", ha detallado, si bien no ha aclarado por qué ha tardado casi tres años en aportar dicha prueba.

Al respecto, ha subrayado que esa cita demuestra que esa fecha constaba en la agenda y que no habría sufrido manipulación posterior. De hecho, el perito Luis E.Hellín, condenado por el asesianto de Yolanda González, realizará en la vista la pericial de cómo se extrajo esta cita.

Solicitó el título en 2014, lo recogió en 2017

Cifuentes ha explicado que en 2014 solicitó el título de su máster porque estaba actualizando su currículum, si bien no lo recoge hasta finales de 2017. "No necesitaba el título para nada. No me aportaba ningún nivel académico que no tuviera incorporado en mi currículum", ha relatado insistiendo en que el grado de máster ya lo tenía incorporado.

Al parecer, entonces le comentaron algún tipo de error administrativo sin conocer que había algún tipo de problema con la transcripción de las calificaciones. "Cuando me lo dan entiendo que es porque tiene todos los requisitos y que se han cumplido porque si no es así, una universidad no da el título. Yo no soy consciente de que hubiera algún tipo de problema hasta que salta a los medios", ha recalcado.

En cuanto a la publicación de la noticia, ha señalado que encargó a su gabinete que hablaran con la universidad y que recabaran los documentos acreditativos de que había hecho este máster de postgrado.

"Les pido una copia del título. No tenía ningún documento ese momento acreditativo de que había realizado el máster y se lo pedí a mi gabinete. Pedí una copia del título, de la matrícula y del pago para demostrar que había realizado el máster", ha agregado.

"No hablé con nadie de la universidad"

"No hablé absolutamente con nadie de la universidad. Tenía una llamada del rector pero no quise contestar para que nadie dijera que pudiera haber influido", ha señalado y ha indicado que mostró el documento del acta sin que se pudiera plantear que hubiera una firma falsificada.

"Yo le aseguro que ni me lo hubiera imaginado. No se me hubiera pasado por la cabeza exhibirlo y mandarlo a los periodistas. Actué de buena dando por bueno un documento remitido por la Secretaría del rector. La buena fe la presumía absolutamente de la universidad cuando me mandaron el acta. Lo doy por bueno. No tenía ningún motivo para pensar que había una firma falsificada", agregado.

Respecto al acta, ha insistido al abogado de la URJC que ella no lo firmó y que si ha habido "mala praxis" de la universidad que "lo mire".

Volume 100%

Llegó el día decisivo para Cristina Cifuentes. Sentada en el banquillo de los acusados, se enfrenta a más de tres años de cárcel acusada de ser la inductora de la falsificación del acta de su trabajo de fin de máster (TFM). Pero, de momento, habrá que esperar para saber cómo la Fiscalía llega a esa conclusión, ya que en la primera jornada de juicio han declarado otras acusadas –la exdirectora del máster Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito– que no han aportado luz acerca de cómo la expresidenta habría gestado la manipulación del documento oficial.

Lo que sí ha quedado patente en la primera jornada del juicio, que se alargará al menos otros tres días, es que Rosado, que ha colaborado con la investigación, ha admitido que fabricó el acta después de que se publicara el escándalo en eldiario.es, que lo hizo a instancias de su superior, el catedrático Enrique Álvarez Conde, y que se sintió presionada tanto por él como por Feito, quien según su versión le llegó a decir: “Si no me envías el acta, Cifuentes os va a matar a vosotros y al rector”. También ha habido sorpresa al inicio de la vista oral, pues la defensa de la expresidenta madrileña ha aportado un informe que acreditaría que superó todas las asignaturas así como un pendrive que demostraría que en su agenda como delegada del Gobierno, cargo que ostentaba en 2012 cuando cursó el máster, había una cita referente a la fecha de defensa del trabajo. Es la primera vez que aporta esta prueba en todo el procedimiento judicial. Cifuentes prestará declaración el próximo viernes, 22 de enero.

La declaración como acusada de Cecilia Rosado, testimonio clave para la acusación de la Fiscalía y de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), se ha extendido por varias horas en las que ha dicho que no recuerda haber visto a Cifuentes en la clase del máster ni recuerda quién le puso las notas ni su defensa del TFM. Según ha recordado, la semana en la que debía realizar esa defensa, el 2 de julio de 2012, Rosado no pasó por la universidad porque estuvo preparando una ponencia de un curso de verano, algo que suele hacer en su casa.

Más de veinte llamadas

La profesora, para quien el Ministerio Público pide 21 meses de prisión, menos que a las otras acusadas al haber colaborado, ha querido dejar claro que la relación con Álvarez Conde –el director del Instituto que organizaba el máster y fallecido en 2019– siempre fue de "jerarquía", argumento que ha utilizado para justificar que falsificara el acta del TFM de Cifuentes el mismo día en que se publicó la primera información periodística. Aunque ha admitido que fue ella la primera que contactó con él en cuanto leyó la noticia, ha asegurado que a lo largo de las siguientes horas el catedrático le llamó "veinticuatro veces" y que también recibió "quince SMS" de llamadas perdidas suyas.

"Me dijo 'esto hay que arreglarlo'. Me dijo que había que poner un tribunal y las personas. Me puse muy nerviosa y me dijo que era la única opción. Y que no había nada que hacer", ha relatado. También ha explicado que fue después de la rueda de prensa que ofreció la universidad ese mismo día cuando Álvarez Conde le ordenó elaborar el acta de notas de Cifuentes. 

La profesora ha explicado que aunque ella era la directora del máster, no tenía "autonomía académica" porque Álvarez Conde era quien "decidía todas las cuestiones importantes", como qué profesores daban clase, y se encargaba de buscar alumnos. Tanto es así, ha dicho, que al primero al que llamó cuando saltó la noticia fue a él.

Según Rosado, también recibió numerosas llamadas de María Teresa Feito, quien en aquel momento era asesora de Educación en la Comunidad de Madrid pero también era funcionaria de la URJC. Aunque no recuerda haber tenido relación con ella antes, ese día recibió "quince llamadas y cinco SMS", así como "llamadas de Whatsapp". "Me dijo que el TFM tenía que aparecer. Luego cambió y me dijo que había que hacer el TFM, que le busque bibliografía del título del trabajo. Y después de la rueda de prensa, que haga el acta, que envíe el acta", ha explicado.

La profesora ha descrito todo este proceso como "presiones" para que fabricara un acta en ese momento. Y así lo hizo, pero tardó "cerca de tres horas" porque estaba "muy nerviosa" y "asustada" y tenía "miedo" por lo que estaba sucediendo. Como le dijo Álvarez Conde, en el documento debían aparecer también los nombres de otras profesoras como integrantes del tribunal de evaluación: Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Ninguna de ellas está acusada en este caso. "Cuando confecciono el acta estoy en mi casa y Alicia me enseña la firma por videollamada y me da el OK cuando la hago", ha explicado. Lo mismo hizo con la firma de Souto.

Una cuenta de correo creada ad hocad hoc

La rocambolesca historia que ha contado no acaba aquí, sino que, según Rosado, Álvarez Conde le indicó que utilizara su cuenta de correo electrónico para enviar el documento ya terminado al rector y al responsable de comunicación de la universidad. Ella no disponía de las claves de correo del catedrático y éste no se acordaba, así que la profesora creó para la ocasión una nueva cuenta de Gmail desde la que mandó el archivo adjunto.

Días después hubo una reunión de los implicados, a la que Rosado acudió con su abogado, en la que Álvarez Conde quería que todos diesen la misma versión si les preguntaban por el TFM de Cifuentes y el acta en cuestión, según la declaración que ha ofrecido la profesora al tribunal. Después, ésta pudo hablar con el catedrático a solas y le recriminó que "se estaba lavando las manos" y le comunicó que se "había sentido presionada", por lo que le pidió que redactara un documento en el que él reconociera que fue quien ordenó fabricar el acta. "Me dijo que sí. Lo redactamos juntos y él lo firmó", ha apuntado.

A preguntas de la acusación particular que ejerce la URJC, Rosado ha sido más tajante al manifestar que, aunque no comprobó si efectivamente el TFM de Cifuentes existía y que se limitó a "acatar las órdenes" de Álvarez Conde, siempre tuvo el convencimiento de que "había que hacer un acta de un hecho que no había existido". "Yo sé que ese trabajo no estaba", ha manifestado después a preguntas de las defensas.

La figura de Enrique Álvarez Conde, quien también estuvo procesado en esta causa hasta que falleció en abril de 2019, un año después de que estallase el escándalo, ha estado presente en toda la primera jornada del juicio, que se ha extendido por casi cinco horas. No sólo en la declaración de Cecilia Rosado, sino también en la de María Teresa Feito, quien ha afirmado que mantenía una relación "cordial" con él –"pobrecito, que en paz descanse", ha dicho varias veces–, pero no de amistad como había sugerido la profesora. "Yo no sabía las cosas que hacía este señor. A mí y a todos nos llamaba puto titular. Y tenía razón porque nunca estábamos en el reparto de la docencia", ha remarcado.

Con Cifuentes ha negado toda relación, aunque ha reconocido que pidió a Rosado para que buscara el TFM porque, según ella, Álvarez Conde le dijo "que estaba". Sobre la cantidad de llamadas que la profesora ha relatado que le hizo cuando saltó el escándalo, se ha limitado a asegurar que es "muy pesada con el teléfono". Eso sí, ha resaltado que está segura de que no le llegó a decir que la expresidenta la fuera a matar.

La defensa de la expresidenta regional Cristina Cifuentes, el abogado José Antonio Choclán, ha aportado en el juicio un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster (TFM), así como un pendrive que contiene una copia de la agenda como delegada del Gobierno en Madrid de 2012, cargo previo a ostentar el mandato de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, acompañada por su letrado y con semblante serio, Cifuentes no ha querido realizar declaraciones a los periodistas concentrados en las puertas y se ha limitado a pedir que la dejaran pasar, informa Europa Press.

La exdirigente popular, al frente del Gobierno regional entre 2015 y 2018, se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de falsedad documental. Se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de prisión.

Además de Cifuentes, se juzgará a la entonces profesora de la URJC, Cecilia Rosado, y a la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. Rosado ha sido la primera en declarar, ratificando la falsificación del acta a instancias de "presiones" por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC Enrique Álvarez Conde y Feito. Se espera que Cifuentes declare a lo largo de la mañana.

En las cuestiones previas, Choclán ha detallado que el pasado viernes se aportaron nuevos medios probatorios de cara a la celebración de la vista. En primer lugar, un pendrive que contiene una copia de la agenda de Cifuentes en su época como delegada de Gobierno en Madrid y en concreto del año 2012 para acreditar la realización del curso.

De igual modo, ha presentado un certificado académico aportado por la propia URJC que verifica que la exlíder madrileña superó las asignaturas del curso de postgrado que realizó.

La representante del Ministerio Fiscal ha solicitado que se de traslado del informe del análisis del pendrive a la Policía Judicial de la Fiscalía de Madrid para que sea contrastado. El tribunal de la Sección 15 ha acordado admitir la práctica de la prueba a pesar de que el abogado de la URJC se ha opuesto a la misma al considerar que desvirtúa la versión de Cifuentes.

El juicio ha arrancado con la declaración de la exdirectora del máster Cecilia Rosado, a quien se la pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión. Se trata de una pena inferior a la de Cifuentes porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.

Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

Presiones de Conde y Feito

La primera en declarar ha sido Cecilia Rosado, quien ha comenzado relatando que dependía jerárquicamente de Enrique Álvarez Conde, fallecido en 2018 y que estaba también acusado en la causa como presunto "urdidor de la trama".

Según su testimonio, su relación se torció en 2014 debido a "un conflicto". Rosado coordinaba en esa época un curso de arbitraje que dependía del Instituto de Derecho Público (IDP), un curso que suponía "un mérito laboral y que le reportaba un complemento económico".

En 2014, el director del curso buscaba alumnos —algo habitual en este tipo de cursos— y Conde lo interpretó como "una traición", echándola del curso, de una revista y de la Secretaría del área de Derecho Constitucional. "La relación era muy tensa pero no hay ruptura total. Era un catedrático importante y yo tenía miedo de una ruptura total porque no quería que me perjudicara más en mi vida universitario", ha narrado.

En cuanto al máster de Cifuentes, Rosado ha indicado que no era obligatorio ir a clase y que se daba a los alumnos la posibilidad de evaluarles a través de trabajos. "Podían tener varios métodos. Uno a través del correo y otro se podía llevar físicamente. No recuerdo que se convalidasen asignaturas", ha dicho.

Sobre Cifuentes, ha dicho que no recuerda haberla visto en clase ni recuerda quién le puso las notas ni su defensa del TFM. La semana en la que realizó la defensa, el 2 de julio de 2012, ha apuntado que ese día no estaba en la universidad al estar preparando una ponencia de un curso de verano, algo que suele realizar en su casa.

Además, ha declarado que ella preparaba las actas del curso y Conde se encargaba de las firmas. "No tenía acceso al expediente ni a todas las notas de todas las asignaturas. Todo se guardaba dos años y se procedía a la destrucción", ha agregado.

La acusada ha narrado una conversación con Conde a raíz de que saliera la noticia en eldiario.es que destapó el asunto. "Me comentó; Cecilia, hay que arreglarlo. Empiezan las llamadas y me dice que iba a haber consecuencias graves a nivel laboral y que había que hacer lo que sea. Son llamadas previas a la rueda de prensa", ha dicho.

"Me llamó ese día veinticuatro veces y hubo quince SMS. Me dijo que había que poner un tribunal y las personas. Me pongo muy nerviosa y me dice que es la única opción. Y que no hay nada que hacer", ha relatado.

Rosado también recibió quince llamadas de la exasesora de Educación y acusada María Teresa Feito y cinco SMS. En las primeras le comentaba que el TFM tenía que aparecer y en las siguientes, que había que hacer un trabajo y le pidió que le buscara bibliografía.

Así, se dispuso a realizar el acta en la que tardo cerca de tres horas al estar "muy nerviosa" por lo que estaba sucediendo siendo indicada con los nombres de las profesoras que debía poner como miembros del tribunal; Clara Souto y Alicia López de los Mozos.

"Cuando confecciono el acta estoy en mi casa, y Alicia me enseña la firma por FaceTime y me da el OK cuando la hago", ha explicado agregando "era asesora del Gobierno de Madrid. "Entendí que... Estuve presionada", ha aseverado y ha recalcado a continuación que tenía "miedo". "Cifuentes os va a matar", le advirtió Feito.

Además, ha relatado una conversación con Conde en el que le acusó de haberla presionado y en la que éste lo reconoció, indicando que le pidió que firmara un documento reconociendo que le había pedido falsificar el acta y que ha sido mostrado en la Sala.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha acordado suspender de empleo y sueldo durante un periodo de 13 meses al profesor denunciado por acoso a varias alumnas, según han informado a Europa Press fuentes universitarias. Los servicios de Inspección de la URJC han resuelto imponer esta sanción al docente al concluir, durante el expediente de información reservada y analizadas las alegaciones presentadas, que su comportamiento es merecedor de esta inhabilitación temporal. La instrucción de este caso se vio interrumpida por la declaración del estado de alarma.

Las mismas fuentes han indicado que esta suspensión implica 'de facto' su salida de la universidad dado que su contrato termina antes del cumplimiento de la sanción.

El profesor es un docente vinculado a la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el proceso investigador se inició en octubre de 2019, cuando el decano de esta centro recibió una denuncia por parte de representantes estudiantiles sobre presunto acoso a varias alumnas.

En redes sociales y perfiles estudiantiles de la universidad se hicieron eco del caso y se han difundido capturas del contenido de mensajes por whatsapp y correos sobre comentarios vertidos hacia una alumna. "Podría decir que me gustas mucho de todas las formas posibles, incluidas las que tienen que ver con el erotismo, las cosas sexuales (...) Estoy harto de fracasar con amores imposibles", recogía uno de los mensajes que se incorporaron en el expediente de información reservada.

Por su parte, el departamento de la Facultad al que pertenece el docente mantuvo una reunión en mayo para analizar lo ocurrido, donde se decidió que no se le iba a renovar su vinculación con la institución. El propio rector, Javier Ramos, explicó ese mes los pormenores del expediente de información reservada en una reunión con directores de departamento.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) contará el curso que viene con un nuevo protocolo contra el acoso y la propuesta de actualización será sometida a consulta de la comunidad universitaria, según explicó a Europa Press el vicerrector de Calidad, Ética y Buen Gobierno de la institución, Manuel Gértrudix.

Según detalló, el protocolo contra el acoso actualmente aprobado por la URJC data del año 2012 y que "lógicamente y con el paso de los años tiene que ser renovado" a los ajustes normativos. "El objetivo es poner la agenda pública de la comunidad universitaria en este protocolo", agregó Gértrudix para incidir en que se aplicará "mayor agilidad" a los procesos con información "más clara" e identificando "mejor" los mecanismos y supuestos.

La renovación del protocolo sobre acoso sexual está "contemplado y garantizado", detalló el vicerrector porque no es lo mismo el componente laboral que el sexual.

La Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto celebrar el próximo enero el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en relación al denominado 'caso Máster' de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La vista estaba señalada para el pasado mes de mayo, pero tuvo que suspenderse por el parón judicial como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19. Finalmente, la Sección 15ª de la Audiencia de Madrid prevé juzgar a Cifuentes el próximo mes de enero, pero no hay "fecha cerrada" por problemas de agenda entre los abogados de las partes, según las mismas fuentes.

Cifuentes se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM), una exposición que sigue defendiendo que hizo.

Además de Cifuentes, se juzgará a la entonces profesora de la URJC Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito. El exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, otro de los acusados y que dirigía el polémico máster y que falleció en abril de 2019 en medio del proceso judicial.

A Rosado se le pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Mientras que Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.

Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes será juzgada los próximos días 11, 12, 13 y 14 de mayo en la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en relación al denominado caso Máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Cifuentes se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM), una exposición que sigue defendiendo que hizo.

En el banquillo también se sentarán la entonces profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJM) Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito. El exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, otro de los acusados, falleció el pasado abril en medio del proceso judicial.

A Rosado se le pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la expresidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación. Mientras que Feito se enfrenta también a tres años y tres meses de cárcel.

Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.

El Ministerio Público considera a la exdirigente madrileña inductora de la falsificación de un acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) "que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

La juez de Instrucción número 51 de Madrid Carmen Rodríguez Medel cerró la investigación de este caso en noviembre de 2018 y abrió el procedimiento abreviado, el paso previo al juicio que se celebrará en mayo por falsedad documental respecto al Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta.

La instructora consideró que los hechos relativos son susceptibles de tipificarse como falsedad documental y recuerda que las dos docentes que figuran en el polémico acta del TFM (Alicia López de los Mozos y Clara Souto), aseguraron que no estamparon su firma en dicho documento. También recalcó que López de los Mozos no presidió ni formó parte del tribunal que evaluó el trabajo de Cifuentes.

Por otro lado, determinó que las explicaciones de Cifuentes durante su declaración en sede judicial "no resultaron creíbles" sobre si efectivamente hizo este trabajo, condición necesaria para obtener la titulación.

"Significativo es el hecho de que no conserve copia del trabajo, ni de los sucesivos borradores, ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera a corrección del profesor AC (Álvarez Conde) o cualquier correo electrónico de este corrigiéndolo", expuso.

En esta línea, a la juez no le pareció verosímil que en 2012 se "obviaran" esas fórmulas de comunicación "tan ágil, sencilla, rápida y accesible" y "fuera todo manual". "No resultan convincentes las alegaciones" de Cifuentes, apostillaba la magistrada.

"En conclusión, hay indicios de que Cristina Cifuentes no defendió el trabajo de fin de máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posibles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue recibida", apostilla Rodríguez Medel.

La expresidenta regional dimitió en abril de 2018 tras estallar hace más de 30 días la polémica de la falsificación de su acta del TFM de su máster en la URJC cursado en 2012 y al haberse publicado este mismo miércoles un vídeo en la que se la habría sorprendido robando cremas en un supermercado.