Cristina Cifuentes

La expresidenta madrileña estuvo investigada por las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid y por la presunta financiación ilegal del PP regional.

La Fiscalía acusa al exgerente de la universidad y a otras seis personas de una trama de desvío de dinero de casi un millón y medio de euros. La auditoría interna que abrió el denunciante, el exrector Carlos Berzosa, revela que el escolta que protegió a los dos diputados del tamayazo cobró de esos fondos.

Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal han desestimado el recurso de la Fiscalía de Madrid contra la exculpación de la expresidenta de la Comunidad.

Anticorrupción y el juez están de acuerdo en que no hay base para sustentar la imputación por prevaricación y cohecho en la pieza 9 del caso Púnica. La acusación popular que ejerce Adade sí recurre al estimar que hay "sobrados indicios" y que debe ser el tribunal que juzgue los hechos quien valore toda la prueba. La expresidenta aún está pendiente de saber si el TSJ de Madrid ordena repetir el juicio del caso Máster o si, por el contrario, confirma su absolución.

Qué barbaridad. Cómo se puede estar tan ciega y no reconocer los méritos de esta alcaldesa inolvidable. Es cierto que Ana Botella alcanzó la alcaldía simplemente por ir de número 2 en la lista de Ruiz Gallardón, que le facilitó el puesto al ser él nombrado ministro de Justicia del gobierno de M.Rajoy

Ambos estaban investigados por los delitos de prevaricación y cohecho por la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en la licitación de 2009 y 2011.

El Ministerio Público esgrime que la expresidenta madrileña fue quien "impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual para la falsificación del documento".

Los estudiantes están humillados y cabreados porque les perjudica. Al parecer, hubo más másteres regalados a otros políticos, pero al estar aforados el Tribunal Supremo rechazó la investigación. (No cito sus nombres, no sea que intenten encausarme).

Los tribunales detectan anomalías en las prácticas de la universidad en la que se matricularon los dos dirigentes del PP y de las que éstos se beneficiaron. La sentencia que absuelve a la expresidenta madrileña habla de cambios de notas por personal no autorizado e "incongruencias incompatibles" con una estudiante de postgrado. El Supremo también sugirió un "comportamiento irregular" de los responsables del máster del presidente del PP.

Las acusaciones están estudiando el fallo para decidir si impugnan la resolución al estar previsiblemente en contra de lo fallado respecto a la exdirigente conservadora.

Los magistrados constatan en la expresidenta “un conjunto de incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación de una estudiante”. No encuentran indicios de que ella tuviera alguna "intervención" para inducir a falsificar el acta de su trabajo.

La fiscal Pilar Santos solicitó en el juicio una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña.

La expresidenta dijo que expuso las "líneas generales" del TFM ante varios profesores en un acto "muy informal", pero ninguno de ellos ha aparecido. Falsificaciones, cambios de notas, alumnos que obtuvieron el título sin ir a clase... El juicio revela numerosas irregularidades en la universidad.

"Me llamó Pablo Chico. Me dijo que tenía un notable y que había habido un problema y que procediera al cambio de las notas", ha asegurado Calonge.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid asegura que no guarda copia del TFM porque lo perdió en una mudanza. Dice que lo entregó ante varios profesores en 2012, pero que ni siquiera lo leyó, sino que sólo expuso las líneas generales y la bibliografía. Niega haber presionado para que se confeccionara el acta.

Luis Enrique fue condenado en 1982 a 43 años de prisión por el asesinato de la estudiante Yolanda González Martín, de 19 años.

La exdirectora del máster relata que se sintió "presionada" y "asustada" cuando le ordenaron fabricar el acta del TFM: "Yo sé que ese trabajo no estaba". La expresidenta madrileña aporta un informe y un pendrive para tratar de demostrar que hizo el curso y que tenía apuntada la cita ante el tribunal para defender su trabajo.