La Plaça de la Pau es un espacio efímero. Con olivos. En mitad del pabellón 8 de la Fira de Barcelona. Su duración: 48 horas. “Make love, not fascism”, reza la gorra de uno de los asistentes. Allí se cruzaron todos los caminos de la Global Progressive Mobilisation. Y se concentraba el sentimiento del evento: surge una nueva relación entre las izquierdas mundiales para hacer frente a la hiperorganizada internacional ultraderechista.

El dj que pinchaba en esta plaza enganchaba temazo tras temazo entre los distintos foros y diálogos. Preferencia por Bad Bunny. Pero no era una mera coincidencia, sino el reflejo del sentimiento compartido por más de tres mil progresistas llegados de todos los puntos del planeta. La izquierda se quita la cara agria y se pone rumbosa (o rumbera, que también sonaba Peret). Se acabó llorar. 

Durante 48 horas se ha compartido, desde todos los niveles, que la ultraderecha no es invencible y que empieza a dar signos de agotamiento con ejemplos palpables como la derrota en Hungría, el ‘no’ al referéndum de Giorgia Meloni en Italia y la caída de la popularidad de Donald Trump. Pero no se trata sólo de que se debilite el otro bloque. Barcelona supone un punto de inflexión. Los problemas son compartidos, y hay que empujar con soluciones a nivel internacional.

Y de esta cita sale un bloque con una alternativa clara configurado en muchos estratos. En la cabeza están líderes como Pedro Sánchez (España), Claudia Sheinbaum (México), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica) y Yamandú Orsi (Uruguay). Pero también reman con fuerza figuras como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que no estuvo presente en la ciudad condal, pero envió a Ana María Archila, una de sus colaboradoras más cercanas y encargada de asuntos internacionales. Sí acudió desde Minnesota el gobernador Tim Walz, que fue el tique electoral de Kamala Harris.

La red progresista impulsada en Barcelona cuenta con figuras emergentes como la italiana Elly Schlein y referentes con peso simbólico como el expresidente chileno Gabriel Boric, además del paraguas institucional global con pilares como Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea.

El compromiso es firme: se abre una nueva etapa de unidad. Y se debe hacer con practicidad. Con medidas concretas y de la mano de intelectuales y de la sociedad civil. Prueba de ello, por ejemplo, es que de Barcelona sale la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común, un órgano impulsado por el vicepresidente primero espñaol, Carlos Cuerpo, y la economista Mariana Mazzucato (University College London).

El espíritu de derrotismo no ha existido en el foro en Barcelona, que se ha convertido en un gran referente progresista a través del triunvirato Pedro Sánchez-Salvador Illa-Jaume Collboni. “Estamos armando el ejército desde el bando correcto de la historia”, deslizan fuentes del Gobierno. Y es que la izquierda ha encontrado su narrativa durante estas horas, uniendo puntos en común. Desde el “No a la guerra” a la necesidad de frenar la especulación de los pisos turísticos, pasando por la reivindicación de la democracia y la exigencia de una política fiscal progresiva con impuestos globales.

“La izquierda necesita también narrativa”, analizan desde el entorno del presidente. La cita de Barcelona tiene una gran importancia política para Sánchez, que se ha convertido en uno de los grandes referentes del espacio a nivel internacional. España será una de las grandes batallas políticas mundiales el año que viene. Es uno de los grandes objetivos de las derechas. Y una eliminatoria previa se vivirá en Brasil este otoño, con Lula a la cabeza. El brasileño ha sido el otro gran referente durante estos dos días en la capital catalana.

Pero esta cita también ha servido para reconstruir el puente entre España y México. Claudia Sheinbaum dejó atrás las rencillas por su choque con la Casa Real por sus exigencias de condena del pasado colonial: “No hay crisis diplomática, nunca la ha habido”. Y se implica de lleno en la construcción de este bloque progresista y se ha ofrecido como anfitriona de la cumbre para el próximo año. Asimismo, invitó a Sánchez a visitar el país.

"Es el momento de hacer frente al miedo con más democracia y a la desigualdad con más justicia", fue uno de los mensajes que llevó Sánchez a Barcelona, donde llamó a la acción conjunta del progresismo: “Si estamos aquí es porque compartimos una preocupación pero, sobre todo, una responsabilidad. Hay una vieja distinción entre asomarse a la ventana y bajar a la calle cuando algo ocurre. Estamos aquí para responder y actuar”.

“La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral. Un intento de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza. Y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad. La desinformación erosiona la confianza en los gobiernos y, por tanto, en las instituciones. Es el riesgo al que nos enfrentamos: que la democracia se vacíe por dentro mientras se le ataque desde fuera”, analizó Sánchez.

Por eso, el jefe del Ejecutivo pidió a los líderes y a todo el espacio progresista que la respuesta no sea meramente defensiva: “No basta con resistir. Tenemos que proponer, tenemos que liderar. Tenemos que demostrar que la democracia no sólo se defiende, sino que se fortalece y se perfecciona día a día. Es el espíritu de esta reunión”. La hoja de ruta de la izquierda a nivel internacional, marcó Sánchez, debe pasar por el multilateralismo. Y mirando en ese 'ahora qué', el presidente apostó por una reforma de la ONU y por una mujer como sustituta de António Guterres. Entre las favoritas están en estos momentos Michelle Bachelet y Rebeca Grynspan, aunque el Gobierno español no ha concretado ninguna preferencia específica.

En esos pasos precisos que debe dar la izquierda, otra de las prioridades que se ha puesto sobre la mesa es la gobernanza digital. De hecho, varios equipos de los países participantes han estado en contacto en Barcelona para empezar a trabajar en temas de redes sociales. Otra de las columnas vertebrales del proyecto es el combate contra la desigualdad.

Esas sensaciones se extienden entre los líderes progresistas. Pero no sólo con el pegamento anti Trump. Lo definía así el colombiano Petro: “Es una cumbre por una alternativa en el mundo, no en contra. Es una especie de faro que, en medio de la confusión y del desorden global peligroso, marca una especie de flecha que sigue un rumbo. El rumbo de la vida y no de la muerte”.

Pero la red que se lanza desde Barcelona no solo se trata de un orden de mandatarios, sino que se enfoca con fuerza en lo local. Es donde se ejercen las políticas públicas más cercanas a los ciudadanos; donde la izquierda debe demostrar su forma de gobernar; y donde se frena a la ultraderecha puerta a puerta. Esto no va solo de grandes discursos.

Algo que se evidenció en la gran asistencia al foro sobre gobiernos locales pilotado por el alcalde de Barcelona, que ha centrado mucho la atención de sus colegas por la decisión de acabar con los pisos turísticos en la capital catalana, lo que hará que salgan al mercado más de diez mil viviendas. El regidor se prepara para una dura lucha contra los fondos buitre, pero, como confesaba en los pasillos, en lo más profundo se trata de una lucha “entre el poder democrático de una ciudad y los especuladores”. Él quiere que la gente pueda seguir viviendo en L'Eixample y en Gràcia.

Esas experiencias las llevó hasta Barcelona también Kicillof, uno de los políticos más aplaudidos en sus intervenciones y en los pasillos. Contó en primera persona lo que está sucediendo en Argentina: “La política de Milei no está funcionando. Es un fracaso. Está destruyendo el modelo productivo, la salud y la justicia social. Este desastre recae sobre los gobernadores y alcaldes, que somos el escudo y la red para sostener la vida cotidiana. Estamos actuando con valentía. Tenemos que dar respuesta a la gente”. “Hay que decir que hay otro camino. Y también ‘No a la guerra’. Milei no representa lo que siente el pueblo argentino y de Buenos Aires. La solución ante esta política tiene que ser internacional. Acá la estamos construyendo”, remachó.

Barcelona lanza esa flecha internacional, como decía Petro. Y las luces se apagan, pero para encenderse de nuevo mañana entre los progresistas. Ahora toca poner en marcha todo lo dicho. El momento de la acción. “Creo que no somos conscientes de lo que ha pasado en estos dos días”, decía un organizador entre bambalinas al abandonar el recinto.

“No estamos solos. Ellos tienen las mismas estrategias en todo el mundo. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Por eso es tan importante este evento. No hablar solo de los autoritarios, sino sobre lo que la gente necesita. Tenemos que hacer este networking. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Es una gran oportunidad para empezar a reconstruir la democracia. No se trata de tener claro contra quién estamos, sino para quién nos levantamos”.

Estas palabras brotaron desde lo más profundo de Claudia Ortiz, la figura más visible que hace oposición a Nayib Bukele en El Salvador. Y representan el sentimiento que domina desde este viernes por la mañana la Global Progressive Mobilisation de Barcelona, un espacio sin precedentes en la izquierda internacional para forjar una alianza que haga frente a la ola de extrema derecha que sacude el tablero internacional.

Esta cumbre, impulsada principalmente por Pedro Sánchez, Stefan Löfven y Luiz Inácio Lula da Silva, aspira a cambiar el paradigma en el mundo de la izquierda. No se trata de hacer grandes declaraciones con muchos puntos, sino de darse la mano casi literalmente entre más de cien partidos a lo largo y ancho de todo el mundo; arrancar un proceso de colaboración hasta ahora nunca visto en todos los niveles. No es cuestión de fotos de presidentes y dirigentes, sino de entrelazar a miembros de gobiernos, alcaldes, líderes sindicales y referentes en las redes y entre los jóvenes.

Un trabajo que se extenderá hasta el sábado por la noche, pero que ya en la primera jornada respondió a ese espíritu. Los participantes, tanto en los foros como entre el público, se identificaron con las intervenciones. De Barbados a Chile, de Estados Unidos a Australia, de Portugal a México. Un sentimiento, como señalan diferentes dirigentes a infoLibre, de que muchas vivencias son compartidas. Muchas preocupaciones. Muchas ideas. Muchos errores. Y muchas soluciones.

En este primer día los caminos empezaron a labrarse. Con la idea de que la democracia debe reforzarse desde muchos ámbitos en un mundo donde la desigualdad cabalga de manera imperante. Frente a la ola ultraliberal de los líderes autoritarios, la izquierda comparte que solo se saldrá de la crisis con mayor igualdad. ¿Y por dónde pasa la solución? Hay una expresión que se impuso durante todo el viernes: “Tax the super rich”. 

Un concepto que atraviesa a todo el mundo progresista, que ya se está abriendo paso en diferentes lugares del mundo, como en Brasil o en Nueva York, donde el alcalde, Zohran Mamdani, ha prometido gravar el parque inmobiliario de los multimillonarios. Precisamente, desde el Gobierno de Lula habló en uno de los foros la ministra de Finanzas, Debora Freire, que ha implementado este impuesto este año.

“No hay ninguna solución aislada. Debe haber progresividad fiscal, transparencia y equidad internacional”, recetó Freire, que indicó que esta acción no debe ser simplemente a escala nacional, sino que se debería implementar a nivel mundial. Un debate que, precisamente, está intentando evitar la Unión Europea, como recordó el eurodiputado socialista portugués Bruno Gonçalves, que avisó de que la izquierda va a dar la batalla en Bruselas y en Estrasburgo frente al bloque conservador y de extrema derecha: “Hay una falta de voluntad política. Pero lucharemos”.

Este concepto de lucha ideológica está muy presente en la cumbre desde su arranque. Y todos ponen sobre la mesa la importancia de las elecciones de Brasil del próximo mes de octubre. Cuando se nombra a Lula en algunos foros, inmediatamente hay un aplauso. Y es que es una pieza a abatir por parte de la ultraderecha internacional después de haber logrado dominar grandes países del área como Argentina (Javier Milei) y Chile (José Antonio Kast).

Precisamente, analizó en primera persona la experiencia de Chile Gabriel Jackson, una de las personas más cercanas al expresidente Gabriel Boric y ex ministro en el anterior Gobierno. Su radiografía: “Chile vive un contexto duro. Cometimos errores por las grandes expectativas, pero hicimos avances como la reforma de las pensiones, la subida histórica del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y las ayudas familiares. Ahora tenemos un Gobierno de la extrema derecha heredera de Pinochet. Aplican el manual de Steve Bannon”.

Jackson hizo una llamada muy importante a la unidad de la izquierda, un eterno debate en todo el espacio, donde se suceden las luchas cainitas de manera constante. Una petición que también llevó en primera persona Luisa González, excandidata presidencial progresista en Ecuador, que denunció que el presidente de su país, Daniel Noboa, lo ha convertido casi en un régimen dictatorial, controlando las instituciones y a jueces y fiscales. Este mandatario ha recibido el apoyo, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, lo que evidencia cómo sí está engrasado el bloque de las derechas.

Esa sensación de lawfare es compartida por muchos dirigentes de la izquierda. Y está más presente que nunca también en España, donde el juez Juan Carlos Peinado ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Un giro judicial que ha provocado un nuevo enfrentamiento contra el Ejecutivo, que pone en duda la instrucción llevada a cabo por el magistrado.

El lawfare ha marcado la política brasileña en las dos últimas décadas. Con Lula como máximo exponente. Barcelona tiene durante estos días también sabor a Pernambuco. Sánchez y el brasileño tuvieron un primer encuentro en la cumbre bilateral entre los dos países, a las puertas de la Global Progressive Mobilisation. Y la primera dama brasileña, Janja Lula da Silva, también participó el viernes en el foro de partidos.

Lo hizo en uno de los paneles estrella bajo la idea del acceso global a la justicia de las mujeres y de las niñas. Un acto de reivindicación del feminismo en tiempos de crecimiento del negacionismo. Una charla clave en un momento también en el que sectores de la izquierda llaman a suavizar el discurso feminista. A su lado estuvieron el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la responsable de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad de Nueva York, Ana Maria Archila.

Esta mesa registró un lleno total en el ágora Ernest Lluch con un Rodríguez Zapatero como gran brújula moral del socialismo. “Esta es la cumbre progresista más importante de este siglo”, arrancó el expresidente, que enfatizó: “Nos estamos jugando en estos momentos qué siglo XXI queremos”. Marcó un objetivo a toda la izquierda: “Necesitamos más internacionalismo. Y, sobre todo, determinación y coraje. No podemos dudar de las grandes convicciones que arrancaron en la Ilustración. Tenemos dos grandes anhelos: la paz como tarea y la igualdad de género como la palanca transformadora”.

Y en el aire barcelonés pesó durante todo el día un tema que preocupa en toda la izquierda internacional: el acercamiento de los jóvenes a la ultraderecha. El año pasado, en la cumbre de la alianza progresista en Santiago de Chile, los líderes encargaron un informe al Observatorio Multilateral de Juventudes frente al Extremismo. Un documento que vio la luz este mismo viernes, que señala que los menores de 30 años son los que tienen en estos momentos menos apego al sistema democrático (con un respaldo poco superior al 45%).

No obstante, sigue siendo el sistema predilecto entre la juventud. ¿Pero por qué hay ese desapego? Este observatorio, liderado por el brasileño Alexandre Pupo, determina cinco factores principales: el trabajo precario, las dificultades de acceso a la vivienda, la salud mental, la inseguridad climática y el entorno digital polarizado. La llamada a la izquierda de los jóvenes es clara: “Es el momento no sólo de reconstruir, sino de reimaginar la democracia”. En eso andan los progresistas, con olor a Mediterráneo. 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la Región de Murcia a una persona por su presunta participación en un delito de proposición para cometer un asesinato. El arrestado había realizado un encargo a un programa de la Mara Salvatrucha (MS-13) en España que, por suerte, fue desmantelado en marzo de 2025, todo ello con el objetivo de acabar con la vida de un tercero a cambio de una contraprestación económica de 3.000 euros.

Junto al principal sospechoso, en el marco de la operación ha sido detenida una segunda persona, que tras su toma de declaración ha sido puesta en libertad.

Esta detención es fruto del análisis de la información obtenida tras la citada operación, desarrollada en el mes de marzo de 2025, que se saldó con la detención de 27 pandilleros en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, y que contó con la colaboración previa del FBI estadounidense y de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Los agentes pudieron acreditar que la MS-13 estaba intentando diversificar sus actividades en territorio de España, ampliando su oferta delictiva a otras organizaciones o individuos, y detectaron el encargo. Llegaron incluso a identificar a la víctima y a comprobar que los pandilleros disponían de un plan concreto de ejecución.

La posibilidad de amenaza real e inminente contra la vida de la víctima objeto del encargo obligó a los agentes a adelantar el dispositivo de detenciones para garantizar la integridad física del objetivo y neutralizar el peligro de forma inmediata.

En el dispositivo policial de la operación inicial, bautizada Astas, los agentes intervinieron numerosa documentación, dispositivos electrónicos y simbología propia de la organización criminal. El análisis exhaustivo de estos efectos por parte de expertos de la Comisaría General de Información ha permitido descubrir comunicaciones y registros que vinculan directamente al ahora detenido con los líderes de la Mara. En dichos mensajes se detallaba el plan para perpetrar el homicidio, incluyendo la identificación del objetivo y el precio fijado para el servicio de sicariato, establecido en 3.000 euros.

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial competente, decretando su ingreso en prisión. La presencia de organizaciones como la salvadoreña que acepta encargos de asesinatos a tan bajo precio genera un gran problema de seguridad ciudadana en España.

Desde su primera elección como presidente de la República de El Salvador en junio de 2019, y su segunda elección anticonstitucional Nayib Bukele viene dando muestras de autoritarismo y autocracia, hasta convertir El Salvador en un régimen con rasgos dictatoriales evidentes. Uno de los momentos más significativos de dicho autoritarismo fue el autogolpe de Estado del 9 de febrero de 2020. Veamos el contexto en el que se produjo, su desarrollo y las funestas consecuencias para el pueblo salvadoreño. 

El presidente había pedido a la Asamblea Nacional la aprobación de un crédito de 109 millones de dólares para su plan de seguridad pública, denominado Control Territorial. El objetivo declarado de esta iniciativa era controlar los altos índices de criminalidad del país. GANA, la formación política aliada que le permitió a Bukele competir por la presidencia, se encontraba entonces en minoría en la Asamblea frente a ARENA y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). El partido que apoyaba a Bukele no podía, por tanto, aprobar la ley que reclamaba el presidente. 

El 9 de febrero de 2020, Bukele convocó por vía de urgencia a la Asamblea Legislativa para aprobar el crédito mencionado que había sido impugnado por fallas de tipo constitucional. Esta situación llevó a la parte opositora de la Asamblea Legislativa a rechazar la convocatoria. Ante la negativa, Bukele hizo un llamamiento a la insurrección popular pidiendo a la gente que acudiera al exterior de la Asamblea para presionarla con el objetivo de aprobar el crédito extraordinario. El Ejército le prestó públicamente lealtad y le mostró su disposición a cumplir sus órdenes. Las Fuerzas Armadas ocuparon las calles adyacentes a la Asamblea y finalmente el recinto legislativo.

Ese mismo día, con la sola asistencia de 28 de los 84 diputados, Bukele tomó la Asamblea rodeado de militares y policías, violando el dispositivo de seguridad legislativa. Se sentó en la silla del presidente del Poder Legislativo, hizo sonar el gong para abrir la sesión. Se quedó en silencio, se cubrió el rostro con las manos, se puso a orar y, haciendo apelación a una legitimidad divina, dijo que Dios le había hablado y le había dicho que “tuviera paciencia”. 

La toma militar de la Asamblea y la usurpación de la función del presidente del Legislativo por parte de Bukele fueron un atentado contra la independencia y la separación de poderes, así como contra la democracia y, en definitiva, un autogolpe que pretendió legitimar religiosamente a través de la oración. El gesto, así como su política autoritaria y represiva, contó con el apoyo incondicional del fundamentalismo evangélico y de sus pastores. Incluso es posible que estuviera sugerido por estos como muchas de sus propuestas de implicar la religión en la vida pública.  

Los apoyos políticos con los que contó en aquella efeméride de infausta memoria fueron su partido aliado, el ejército y la policía. Con la toma militar del Parlamento demostraba su negativa al diálogo y su incapacidad para llegar a acuerdos con las diferentes fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Hoy sigue cerrado al diálogo.

Numerosos colectivos sociales condenaron la militarización, la confesionalización y la usurpación del espacio legislativo nacional. La oposición reclamó la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) para frenar lo que calificó de “autogolpe de Estado”. Sin embargo, el organismo interamericano no se pronunció de manera concluyente al respecto y días después respaldó a Bukele.

“Desde un significado histórico-político y viendo en perspectiva los hechos posteriores –afirma Leonel Herrera, periodista y activista ambientalista salvadoreño–, el 9 de febrero de 2020 fue la advertencia de lo que vendría después [en El Salvador]. Ahí el autócrata se quitó la máscara democrática, mostró sus garras autoritarias y expresó claramente el régimen que buscaba instalar”. 

No podemos olvidar el 9 de febrero de 2020. Lo que ha sucedido durante estos seis años después de aquella efeméride ha venido a confirmar sus desmedidas y antidemocráticas aspiraciones a conquistar el poder total que ha logrado pisoteando los derechos humanos, encarcelando a ciudadanos y ciudadanas arbitrariamente y restringiendo la libertad de expresión que ha obligado a no pocos periodistas a exiliarse. 

Y todo ello poniendo en práctica el manual de instrucciones déspotas de Donald Trump y siguiendo la misma senda transitada por él, que legitima su modo de gobernar. El sátrapa Trump es el maestro del pequeño sátrapa Bukele, que es su referente autoritario a quien imita en cada una de sus políticas económicas, sociales y culturales. Ambos cuentan con el apoyo del fundamentalismo evangélico. 

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Juan José Tamayo es teólogo de la liberación. Su último libro es 'Cristianismo radical' (Trotta, 2026, 4ª edición).

Más de un 20% de los menores de 34 años votarían a la extrema derecha, Vox o Se Acabó la Fiesta, si hoy fueran las elecciones generales en España, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

El aumento de la polarización o la crisis de la vivienda son algunas de las causas de la repentina subida de estos partidos ultras en las encuestas, pero no las únicas. Alejados de la política tradicional y desde medios de comunicación alternativos, otros actores dejan huella en el público más joven.

Los creadores de contenido en redes sociales, influencers o streamers (según la red social en la que actúen) son determinantes a la hora de influir en cómo los jóvenes y adolescentes ven el mundo. En los últimos años, el acercamiento de estos a los posicionamientos ultras es cada vez mayor. 

Los algoritmos de las redes sociales también tienen mucho que ver. X, de Elon Musk, o YouTube, potencian estas opiniones ultras para que lleguen a una mayor audiencia. Para Miquel Ramos, investigador y analista en los movimientos de extrema derecha y en los discursos de odio, los algoritmos “premian los contenidos provocadores y, a veces, sin ningún criterio de veracidad ni de valores promocionados por personajes que difunden odio, desinformación y discursos de extrema derecha”.

Uno de los ejemplos es el todopoderoso TheGrefg. 19,6 millones de seguidores en YouTube, nueve y medio en TikTok, más de siete en Instagram y ocho en X.

TheGrefg o David, su nombre real, ha subido a YouTube dos vídeos sobre la situación política y social de El Salvador. Uno de ellos es una entrevista de casi 50 minutos con Nayib Bukele, el presidente del país, donde hablan sobre cuánto tiempo será presidente o cuál es la seguridad personal del líder caribeño. El otro describe en más de una hora cómo es el Cecot, “la cárcel más segura del mundo”, según él. Entre los dos vídeos suman más de 14 millones de reproducciones. 

Ramos asegura que la idea de los personajes autoritarios “como Bukele o Trump” es hacer creer a la sociedad “que la única solución a los problemas que genera el capitalismo es menos democracia”. 

Lo cierto es que este creador ya había estado en otras polémicas anteriormente. TheGrefg es uno de los tantos influencers que se fue a vivir al Principado de Andorra para pagar menos impuestos.

RickyEdit, streamer y creador de contenido cordobés, pasa su tiempo en redes sociales insultando a otros usuarios. Y siempre suelen tener el mismo perfil: mujeres progresistas que combaten en las redes a la ultraderecha. Desde la periodista Sarah Santaolalla, a la que dedicó varios mensajes llamándola “impresentable”, a la influencer Marina Rivers, pasando por la exministra de Igualdad Irene Montero.

Con la europarlamentaria de Podemos ha tenido un rifirrafe bastante sonado en la red social X que ha llegado a varios millones de visualizaciones. Tras la gala de los Army Awards, unos premios creados por otros creadores de contenido y en los que se gritaban cánticos como “Pedro Sanchez, hijo de puta”, Montero hizo un vídeo para su perfil de Instagram acusando a RickyEdit de “hacer política cada día” por irse a Andorra a vivir para no pagar impuestos o por calificar a las manifestaciones feministas del 8M de “gilipollez”.

Tras este post, el creador de contenido le contestó con otro vídeo que desembocó en una discusión en la red social de Elon Musk. "Mucha lucha y mucho empoderamiento, pero mejor calladita cuando un hombre te dicen las verdades. Eres un pésimo ejemplo, hipócrita", llegó a decir este influencer.

RickyEdit también vive en Andorra. En una entrevista en el canal de YouTube de Wall Street Wolverine, un habitual difusor de noticias falsas con un discurso antiinmigración, expresó que en el país pirenaico se vive muy bien y respondió a sus haters, a los que habitualmente llama “pobres”, diciendo que entiende que “hablen mal de una situación que no pueden permitirse”. 

Otro que no se pierde una es El Xokas. El streamer gallego acostumbra a exponer sus opiniones sobre los temas más candentes del momento. Y la política no es menos. La decisión de Donald Trump de secuestrar a Nicolás Maduro fue uno de los temas que ha elegido Xokas para opinar. 

Otro tema recurrente en las polémicas del Xokas es su crítica a las posturas feministas. En 2022, contó en un directo en su canal de Twitch, una de las plataformas más utilizadas por estos streamers,  que un amigo suyo "de fiesta" se "divertía mucho llevándose a pibas que estaban colocadas". Tras esta declaración, el Ministerio de Igualdad hizo un anuncio contra la violencia machista en el que parodiaban las palabras del Xokas para enseñar cómo el machismo se colaba en todos los sectores de la sociedad. Igual que RickyEdit, El Xokas también tuvo palabras para Irene Montero. 

Además, hace unos días el gallego fue a El Hormiguero. En el programa de entretenimiento dirigido por Pablo Motos, habló sobre su visión de los impuestos y la política en España o de su sabiduría. Él se considera “un océano de conocimiento, con un centímetro de profundidad”.

Miquel Ramos remarca que estos creadores de contenido, influencers o streamers “utilizan una carcasa de irreverencia y canallismo para vender un producto: ellos mismos”.

El fotoperiodista salvadoreño Diego Rosales ha sido detenido este viernes en Sevilla cuando solicitaba asilo político en España, debido a la activación de una alerta de búsqueda y captura de Interpol.

Fuentes policiales han explicado a EFE que Rosales acudió a la Subdelegación del Gobierno para solicitar protección internacional y un funcionario avisó a la Policía Nacional al activarse una circular roja de Interpol, una notificación para la detención provisional y extradición.

El fotoperiodista, de 24 años, será custodiado la noche de este viernes en las instalaciones centrales de la Policía Nacional en Sevilla, a la espera de pasar a disposición judicial este sábado.

La orden la emitió El Salvador por tráfico de bitcóins, ha informado a EFE la abogada que se hará cargo de su representación en el juzgado de guardia este sábado, después de haber estado asistido por el turno de oficio este viernes.

Por su parte, fuentes jurídicas han indicado a EFE que no constaba en la petición internacional de detención que fuera periodista.

El juzgado de guardia puede decretar la puesta en libertad de Rosales, aunque es previsible que dé traslado de la solicitud de asilo político y de la notificación roja de Interpol a la Audiencia Nacional para que dirima.

El periodista salvadoreño llegó a España hace unas pocas semanas, según ha explicado a EFE otra abogada que ha colaborado con él en Sevilla de forma previa a su solicitud de asilo por persecución política en El Salvador, debido a que su vida corre peligro en el caso de extradición.

Rosales se licenció en comunicación social y periodismo en la Universidad Centroamericana y ha ejercido como reportero gráfico en Agencia Presentes, La Prensa Gráfica, El Faro, La Jornada y Zuma Press, entre otros medios.

Se ha especializado en fotografías sobre asuntos relacionados con derechos humanos, sociedad y política.

El presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Alfonso Bauluz, ha pedido, en declaraciones a EFE, "la inmediata puesta en libertad" de Diego Rosales porque "la cooperación policial no puede ser usada por dictadores y autoritarios para perseguir reporteros fuera de sus fronteras".

"Bukele, que arrienda sus servicios como carcelero, quiere intimidar y amordazar a la prensa, el único contrapoder que queda en El Salvador", ha añadido Bauluz.

Los migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador denuncian haber sufrido torturas, reveló este miércoles la organización Human Rights Watch (HRW).

La organización denunció en un informe, en colaboración con la ONG Cristosal, que los 252 migrantes venezolanos enviados a la prisión de máxima seguridad construida por Nayib Bukele estuvieron sometidos a torturas, violaciones y fueron privados de acceso a comida y agua, de acuerdo con los testimonios de un centenar de familiares y cerca de cincuenta expresidiarios.

“Lo que descubrimos es que estos venezolanos sufrieron torturas sistemáticas durante los casi cuatro meses que estuvieron en el centro. Día tras día eran golpeados por los guardias, los golpeaban por hablar en voz alta, los golpeaban por todo, lo que nos llevó a la conclusión de que no se trataba de casos aislados, sino que era algo sistemático”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la división de América de HRW en la presentación en Washington del informe 'Llegaron al infierno'.

Los migrantes fueron enviados al Cecot entre marzo y abril, luego de que la Administración de Donald Trump los acusara de terrorismo, y el 18 de julio fueron repatriados a Venezuela como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador.

El documento es, según aseguran, la publicación más completa hasta la fecha del maltrato al que estuvieron sometidas estas personas mientras estuvieron detenidas en El Salvador.

HRW documentó "al menos tres casos de violencia sexual por parte de los guardias contra los migrantes venezolanos", así como "abusos verbales y psicológicos muy graves".

Los testimonios explicaron que no tenían un acceso adecuado a agua potable, a comida ni a una atención médica: "El agua que utilizaban para beber y para cocinar era amarilla y a veces estaba caliente", explicó la directora.

Además, cuatro de los entrevistados aseguraron haber tenido pensamientos suicidas y uno de ellos intentó quitarse la vida en el centro.

El documento acusa a Estados Unidos de ser "cómplice" de este patrón de violencia contra los venezolanos y revela, en contra de lo que argumenta la Casa Blanca, que estas personas no eran terroristas ni criminales.

"En este grupo de hombres no hay terroristas. Hay hombres que huyen de la violencia de las bandas y la dictadura en Venezuela, que luego fueron expulsados y suspendidos de sus derechos en El Salvador dentro de una prisión para terroristas", afirmó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

Según explicaron, una de las principales conclusiones del informe revela que la expulsión forzosa a la que fueron sometidos los migrantes constituye "una desaparición forzada, que es un delito internacional en el que tanto Estados Unidos como El Salvador son cómplices”.

“El actual Departamento de Justicia no va a ser el encargado de llevar a cabo una investigación justa y transparente, pero llegará un momento en el que habrá que investigar y responsabilizar a los culpables de este acto tan grave de complicidad de Estados Unidos en la tortura sistemática", dijo Goebertus.

"En algún momento tendrá que haber una investigación y nosotros y otras organizaciones estamos recopilando pruebas para cuando llegue ese momento", agregó.

HRW instó al resto de los países a levantar la voz y denunciar los actos que se están cometiendo en el Cecot con el beneplácito de Estados Unidos. 

Trump invocó en marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 -en desuso desde la Segunda Guerra Mundial- para llevar a cabo las deportaciones de migrantes venezolanos. Según el presidente norteamericano, la banda transnacional Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el Gobierno de Nicolás Maduro, estaría invadiendo el país.

El pasado mes de abril, la Corte Suprema de EEUU ordenó paralizar estas expulsiones, tras la interposición de varios recursos de emergencia por la Unión Americana de Libertades Civiles.

En mayo, los jueces establecieron el bloqueo temporal a la orden de proteger los derechos de los migrantes venezolanos. Cuatro meses más tarde, en septiembre, el juez Edward M. Chen decretó la reinstauración de dicha protección.

A principios de octubre, la Corte Suprema decretó la retirada de esta medida, que afecta a más de 300.000 migrantes venezolanos que residen en EEUU.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, ratificó este jueves una reforma exprés que permite la reelección presidencial indefinida, informa EFE.

Esta ratificación reforma los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna salvadoreña, que también anula la segunda vuelta electoral y alarga el período presidencial a seis años.

La enmienda había sido aprobada la misma noche de este jueves, horas antes, en la sesión semanal legislativa y fue mandada a publicar en el Diario Oficial por el jefe de Estado salvadoreño.

Con la constancia de publicación, el partido oficialista presentó en una nueva sesión la solicitud de ratificación, que fue votada en minutos y contó con 57 votos de los 60 diputados.

"Es procedente ratificar el acuerdo de reforma constitucional", reza el decreto aprobado y que incluye una "disposición transitoria para viabilizar la reformas".

Dicha disposición implica la reducción del período presidencial vigente hasta el año 2027 y no 2029 para que coincidan los comicios presidenciales, legislativa y municipales.

La ratificación obtuvo 3 votos en contra, que son los únicos que posee la oposición, y no hubo intervenciones de ningún diputado antes o después de ser votada.

En el artículo 80, la nueva redacción elimina la suspensión de derechos ciudadanos a quienes promuevan la reelección, mientras que en el 152 suprime el apartado que indicaba que no puede ser candidato a la Presidencia "el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial".

En la sesión en que fue aprobada, la diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), criticó la reforma y dijo que los legisladores "han hecho una confesión publica de matar la democracia disfrazada de legalidad" y que "han matado la Constitución".

Bukele inició el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohibían, tras un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que la primera Legislatura dominada por NI en 2021 nombró en un proceso cuestionado.

En febrero de ese año, en el día de las elecciones presidenciales, el mandatario fue preguntado si veía necesaria una reforma constitucional que incluyera la reelección indefinida y respondió: "Creo que no es necesaria la reforma constitucional".

En esta sesión nocturna también fue ratificada una enmienda constitucional que busca sacar a El Salvador de el Parlamento Centroamericano.

El Tribunal Supremo ha permitido este lunes al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, reanudar las expulsiones de inmigrantes a terceros países como Sudán del Sur y El Salvador, lo que supone una victoria para la Casa Blanca y su campaña de deportaciones masivas.

La decisión del máximo tribunal suspende la orden de un juez federal que mantenía detenida la deportación de ocho migrantes a Sudán del Sur, dentro de los que se encuentran dos cubanos y un mexicano, según informa EFE.

La subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin dijo que tras la decisión del Supremo el Gobierno Trump “ahora puede ejercer su autoridad legal” y expulsar a los inmigrantes indocumentados a un país dispuesto a aceptarlos. "¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!", puntualizó la funcionaria, tras aplaudir la votación de 6 a 3, en la que solo las tres jueces progresistas se mostraron en contra de permitir las deportaciones a terceros países.

En una breve orden no firmada, el Supremo suspendió la orden del juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, que el mes pasado determinó que la Administración de Trump violó una orden que le impedía deportar a los ocho inmigrantes a un país donde pueden ser torturadas sin darles la oportunidad a una defensa legal adecuada.

Debido al fallo del juez Murphy, los ocho inmigrantes y once agentes migratorios permanecen en una base aérea de Yibuti, donde, según los abogados del Gobierno, corrían peligro por estar expuestos a un posible ataque de Yemen, además de riesgos a su salud por condiciones "deplorables".

En su alegato frente al Supremo, el Gobierno de Trump sostuvo que los inmigrantes enviados a terceros países cometieron crímenes "monstruosos" y que sus propios países no habían querido recibirlos.

De los ocho deportados, solo uno es de Sudán del Sur y el resto son originarios de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam. La legislación estadounidense estipula que el Gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían ser torturados o estar en riesgo. El Departamento de Estado considera a Sudán del Sur como un país peligroso debido al conflicto armado, recomienda a los estadounidenses no viajar allí y a inicios de mayo retiró del país a su personal no esencial.

El caso de Sudán del Sur es el más reciente choque entre el Gobierno republicano y el poder judicial, a raíz de las medidas cada vez más agresivas para cumplir con la promesa de Trump de llevar a cabo "deportaciones masivas". Para acelerar las deportaciones, Washington está buscando acuerdos con otros países para que acepten a migrantes expulsados del país.

El Gobierno de Trump ordenó mandar a más de 200 personas a una megacárcel en El Salvador, donde la mayoría aún permanecen incomunicados de sus familiares y abogados. Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, llegaron a un acuerdo -que no ha sido mostrado al público- para que el país centroamericano reciba a los migrantes por un periodo inicial de un año a cambio de un pago de 6 millones de dólares.

El salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado a El Salvador por "error" del Gobierno del presidente Donald Trump, se declaró este viernes no culpable en su primera audiencia tras volver hace una semana a Estados Unidos para afrontar cargos por presunto tráfico de personas, recoge EFE.

Ante la Corte de Distrito central de Tennessee, en Nashville, el acusado negó ser culpable de los dos cargos que afronta, por conspiración para transportar migrantes indocumentados y por transporte ilegal de indocumentados, que anunció el viernes de la semana pasada la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Mientras ocurría la audiencia, cientos de personas protestaban fuera de la corte con consignas como "Liberen a Kilmar", "defiendan el debido proceso y los derechos humanos", "los inmigrantes hacen a Estados Unidos" y "abolir a ICE (Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas), proteger a los inmigrantes".

Además, la esposa del salvadoreño, Jennifer Vásquez, también denunció la injusticia del proceso.

"Nuestra familia nunca debería estar en esta situación, deberíamos estar con nuestros hijos. La mente mía y de Kilmar está ahorita mismo en Tennessee, pero nuestros corazones están en Maryland, con nuestros hijos", expresó la mujer ante los medios.

Esta es la primera audiencia tras el retorno hace una semana de Ábrego García, a quien la Administración de Donald Trump envió junto a 230 inmigrantes a El Salvador a pesar de tener un estatus que le protegía de la deportación y de las órdenes de la Corte Suprema y una jueza de Maryland que concluyeron que su deportación fue ilegal.

El Ejecutivo estadounidense retornó a Ábrego García el 6 de junio, pero lo acusó de cargos federales de tráfico de personas que surgieron tras un encuentro del inmigrante con policías en Tennessee en 2022, cuando viajaba con varios presuntos indocumentados, según detalla el documento judicial.

Los abogados del salvadoreño han negado que su cliente sea culpable de esos cargos, que le valdrían una pena máxima de 20 años en la cárcel.

Asimismo, la defensa pidió esta semana a la Corte de Distrito de Maryland, origen del caso migratorio, sanciones al Gobierno de Trump bajo la Ley Federal de Procedimientos Civiles por las "repetidas violaciones del Gobierno a sus obligaciones", incluyendo el fallo de la Corte Suprema que exigía "facilitar" su retorno.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple este domingo el primer año de su segundo mandato consecutivo, tras reelegirse en febrero de 2024 a pesar de que la Constitución lo prohíbe, con lo que suma seis años al frente del Ejecutivo con la economía aún como su mayor reto y aferrado a un régimen de excepción para sostener su popularidad, según informa EFE.

Bukele llegó al Ejecutivo en 2019 y en 2024 -año en que cumplía el período de gobierno establecido de cinco años- fue en contra de la Constitución al buscar y lograr la reelección.

En este nuevo período, que concluye en 2029, el principal reto para el mandatario sigue siendo mejorar la economía del país y de los ciudadanos.

Está previsto que Bukele brinde el domingo, desde la sede de la Asamblea Legislativa en San Salvador, un mensaje a la nación.

Bukele prometió el 1 de junio de 2024, durante su discurso de investidura para su segundo mandato, "sanar" la economía tras curar al país del "cáncer" de la violencia, generada principalmente por los grupos de pandillas.

Según diversas encuestas, el presidente salvadoreño llegó al final de su primer mandato (2019-2024) con la exigencia de la sociedad de solventar los problemas económicos, preocupación que ha desplazado al tema de la seguridad.

Bajo su administración, la nación centroamericana se ha mantenido a la cola del crecimiento económico en Centroamérica y es altamente dependiente de las remesas familiares, que anualmente inyectan más de 8.000 millones de dólares.

Además, de acuerdo con datos oficiales, el porcentaje de pobreza general pasó de un 22,8% a un 27,2% de los hogares.

Para "paliar" la situación económica el Gobierno de Bukele ha propuesto algunas medidas consideradas por diversos analistas como "paliativas" pero no políticas a medio y largo plazo.

El mandatario anunció en abril pasado un aumento al salario mínimo de un 12%, con lo que el sueldo pasará de 365 dólares a 408 dólares para el sector de industria, comercio y servicios, mientras la canasta básica de alimentos se acerca a los 300 dólares mensuales. 

El Salvador alcanzó un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y también ha suscritos créditos con otras entidades financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La deuda pública de El Salvador en 2024, de acuerdo con cifras oficiales, alcanzó los 32.107,13 millones de dólares, un 8,4% superior a los 29.596,04 millones reportados en 2023.

Bukele logró su reelección aferrado a un régimen de excepción -medida implementada por su Gobierno contra las pandillas- que elevó su popularidad por "erradicar" la actividad de las pandillas y reducir los índices de violencia que mantuvieron a El Salvador como uno de los más peligrosos del mundo.

No obstante, esta polémica medida -que se ha convertido en la principal y única para sostener la reducción de la violencia- ha sido señalada de violentar derechos humanos y bajo la cual se han ejecutado cientos de detenciones arbitrarias, según diversas organizaciones.

El régimen de excepción ha sido prorrogado en 39 ocasiones por períodos de 30 días por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

Bajo este régimen se reportan más de 400 muertes de personas detenidas bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado y más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos.

El abogado Alejandro Díaz dijo en declaraciones a EFE que el régimen de excepción ha sido la "punta de lanza" del Gobierno, pero "hay que tener claro que popularidad es diferente a conocimiento".

"Conocer el país como una cárcel mundial o conocerlo como que está bajo hechos que están quedando impunes eso ya no genera popularidad", añadió.

Un 85% de la población aprueba la gestión de Bukele, según la Presidencia salvadoreña que retoma los resultados de una encuesta de la consultora CID Gallup publicada el miércoles.

Sin embargo, aunque el mandatario se mantiene como una de las figuras políticas más populares de la región, el respaldo ha caído ligeramente en comparación con 2024, cuando alcanzaba el 89%.

Además, 9 de cada 10 salvadoreños aprueba el régimen de excepción que tras tres años de aplicación deja más de 86.000 capturas de supuestos miembros de pandillas y personas ligadas a estas bandas.

El Gobierno de Donald Trump presentó este sábado un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos pidiéndole que levante el bloqueo temporal de emergencia que emitió esta madrugada prohibiendo las expulsiones de migrantes venezolanos a El Salvador, recoge EFE. El recurso, firmado por el procurador general de EEUU, John Sauer, solicita al Supremo permitir que se reanuden los vuelos de expulsión hacia el país centroamericano y también que las cortes de menor instancia puedan resolver el caso.

Poco después de la medianoche del viernes, el Supremo respondió a un recurso de emergencia de la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), pidiéndole que interviniera ante un "inminente" traslado de migrantes venezolanos a El Salvador desde un centro de detención en Texas.

ACLU alegó que el Gobierno de Trump estaba violando una decisión judicial al querer expulsar a los hombres sin darles un "tiempo razonable" para defender sus casos.

El presidente republicano invocó una ley de 1789 -conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros- para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que el Gobierno calificó como "terrorista".

El uso por parte del Gobierno de esta ley, invocada en el pasado en tiempos de guerra, ha provocado una ola de críticas por parte de la oposición demócrata y de expertos juristas que hablan ya de una crisis constitucional. El recurso del Gobierno alega que la demanda de emergencia que ACLU presentó anoche fue "terriblemente prematura" porque "se saltó" a los tribunales de menor instancia.

A su vez, alega que el Gobierno avisó a los migrantes con "antelación" antes de empezar el proceso para llevarlos a El Salvador y señala que la administración se ha comprometido a no expulsarlos bajo la ley de enemigos extranjeros.

Según detalló ACLU el viernes en documentos judiciales -y confirmó este sábado el Gobierno- los oficiales del centro de detención Bluebonnet en Texas le entregaron a los migrantes venezolanos un documento informándoles que serían expulsados bajo la ley de enemigos extranjeros. La organización denunció que la notificación estaba escrita en inglés y que varios de sus clientes solo hablan español.

El Gobierno de EEUU llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EEUU hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos. Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.

En total, EEUU ha enviado a esta cárcel a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda Tren de Aragua.  Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EEUU tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, redobló este viernes su ataque contra Kilmar Ábrego García, el salvadoreño residente en EEUU expulsado por error, citando una investigación no concluyente sobre el hombre y un caso de asesinato ajeno a él, según informa EFE. En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, el líder republicano fue preguntado por la reunión del jueves en El Salvador del senador demócrata Chris Van Hollen con este hombre, quien fue expulsado de EEUU el 15 de marzo a pesar de tener estatus legal y enviado a una prisión de máxima seguridad.

Las autoridades migratorias estadounidenses han admitido haber deportado por error a Ábrego García, residente en Maryland, casado con una estadounidense y al que un juez había prohibido devolver a su país.

Trump insistió este viernes en que el hombre era un "extranjero ilegal" y miembro de la pandilla MS-13, tras lo que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, le entregó un folio con su supuesto historial criminal, que el presidente afirmó venía "del Departamento de Estado y fuentes muy legítimas". "Les estoy dando lo que me acaban de añadir. Se supone que esto son cosas certificadas: en 2019 a García le dieron una orden de deportación, y dos jueces afirmaron que García era miembro de la MS-13", dijo, si bien su pertenencia a la pandilla no ha sido certificada por ningún tribunal.

También aludió a denuncia por violencia de género en 2021 de su esposa, Jennifer Vasquez Sura, que ha abogado por su retorno, y que este pasado miércoles dijo que actuó "por cautela" tras una relación anterior violenta y que lo superaron "como familia, incluyendo ir a terapia". Y, sin establecer un hilo en sus declaraciones, Trump pasó a hablar, como ya hizo esta semana, de Rachel Morin, una mujer asesinada por un un migrante salvadoreño en 2023.

Tras las declaraciones de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, en inglés) publicó un "informe investigativo" sobre Ábrego García que lo tilda de "sospechoso de trata". Esas sospechas parten de una retención de tráfico en 2022, en la que fue hallado en su vehículo con ocho personas a las que supuestamente trasladaba desde Texas sin equipaje para un "trabajo de construcción"; no obstante, solo recibió una citación de aviso por conducir con una licencia expirada.

En ese mismo informe, el DHS dice que en 2019, la unidad de pandillas de la Policía del condado de Prince Georges (Maryland) lo "validó" como miembro de la MS-13 porque una "fuente" lo identificó como tal. Ese año, fue detenido por autoridades migratorias después de que un informante anónimo lo vinculara con la MS-13. Él presentó una petición de asilo y protección contra la deportación, y esta última fue aprobada por el juez.

Ábrego García huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa. El jueves, un tribunal de apelaciones rechazó el intento del Gobierno de EEUU de frenar el retorno de Ábrego García, y previamente el Supremo ha respaldado un fallo judicial para que este "facilite" su vuelta.

En medio de la deriva judicial en EEUU, Ábrego García fue trasladado a otra cárcel en El Salvador después de haber pasado varias semanas detenido en la prisión de máxima seguridad conocida como Cecot. Así lo detallo el senador estadounidense Chris Van Hollen, que logró reunirse con Ábrego el jueves y ofreció este viernes una conferencia de prensa donde relató detalles de su conversación y acusó al Gobierno Trump de estar mintiendo sobre el caso del salvadoreño y violando la Constitución.

El senador informó que García fue trasladado hace "nueve días" a otra cárcel en Santa Anta, al oeste del país, pero que sigue sin poder comunicarse con el exterior y está "traumatizado" tras su experiencia en la megacárcel, notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos. "(Ábrego) se siente muy triste de estar detenido, porque no ha cometido ningún crimen", relató Van Hollen y agregó que las autoridades salvadoreñas no le han dado al migrante de 29 años una explicación de por qué esta detenido.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, con quien Van Hollen también se reunió, le dijo al legislador que Ábrego estaba encarcelado porque Trump "está pagando" para mantenerlo detenido.

Ábrego no ha podido hablar con su esposa o sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, y le dijo a Van Hollen que pensar en su familia es lo que le da "fuerza" para seguir "cada día".

El senador criticó directamente al Gobierno Trump, acusándolo de ignorar a la Corte Suprema, que en un fallo la semana pasada ordenó que se "facilitara" el retorno de Ábrego. "Este caso no es solo sobre un hombre (...) sino sobre la protección de las libertades fundamentales y la Constitución", indicó Van Hollen.

El salvadoreño Ábrego es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EEUU y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos han calificado como "desaparición forzada".

El Gobierno de EEUU llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EEUU hacia el Cecot, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos. Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó detener hasta nueva orden las expulsiones de venezolanos, ante los recursos de emergencia interpuestos este viernes por una organización que denuncia que el Gobierno de Donald Trump intenta expulsar a más migrantes a El Salvador, según recoge EFE. El Supremo estadounidense bloqueó las expulsiones de venezolanos -detenidos en un centro para migrantes en Texas- bajo la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha usado en tiempos de guerra.

En su orden, que tuvo dos votos en contra, los jueces del Supremo actuaron tras el recurso interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles, que alegaba que las autoridades migratorias parecían querer reiniciar las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que Trump invocó el pasado 14 de marzo para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

La Corte Suprema emitió un fallo la semana pasada que permite continuar con las expulsiones a una megacárcel en El Salvador sólo si se notifica el traslado a aquellos que van a ser deportados y se les da un "tiempo razonable" para apelar la decisión.

El Gobierno de EEUU llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad sobre la recaen denuncias de abusos a los derechos humanos.

En total, EEUU ha enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a esta cárcel, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua, una banda delictiva transnacional que surgió en una cárcel de Venezuela.

El presidente de EEUU, Donald Trump, intensificó este lunes su pulso con la justicia al defender su orden para expulsar a más de 250 migrantes a El Salvador, amparándose en una ley utilizada únicamente en tiempos de guerra y pese a que un juez había ordenado al Gobierno frenar de inmediato los vuelos de deportación, según informa EFE. Se trata del último intento de la Administración Trump por ampliar los poderes del Ejecutivo, desafiando la separación de poderes en EEUU y enfrentándose abiertamente a la Justicia, que hasta ahora ha sido su principal obstáculo.

En una audiencia en la corte federal del Distrito de Columbia, abogados del Gobierno insistieron en que la Administración actuó conforme a las leyes estadounidenses, pese a que los aviones con los migrantes aterrizaron en El Salvador el sábado, después de que el juez federal James Boasberg les ordenara no hacerlo.

Los abogados se escudaron en razones de seguridad nacional para no proporcionar al magistrado datos sobre cuántos migrantes iban a bordo de los aviones, enviados a El Salvador en virtud la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha utilizado tres veces en la historia: durante la guerra de 1812 y las dos guerras mundiales. Ante la falta de información, el juez Boasberg ordenó al Gobierno que este martes le entregue datos completos, incluido el número exacto de deportados, que se cifra en 261.

Trump firmó en secreto el viernes por la noche la proclamación con la que invocó la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, argumentando que EEUU estaba sufriendo una "invasión" de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas y expertos legales han puesto en duda la validez de esta justificación. El sábado, a las 16.20 hora local (20.20 GMT), la Casa Blanca hizo pública la proclamación y, mientras el juez Boasberg estudiaba en una audiencia la legalidad de la orden, despegaron desde Texas dos vuelos con destino a El Salvador, según una investigación de The Washington Post.

Esa investigación revela que, ese mismo día, a las 19.36 hora local (23.36 GMT), un tercer vuelo salió de Texas, apenas diez minutos después de que el juez Boasberg ordenara, verbalmente y por escrito, que los aviones regresaran a EEUU hasta que se resolviera el litigio. Según las organizaciones demandantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y Democracy Forward, la Administración podría haber detenido ese tercer vuelo e incluso haber ordenado el regreso de los otros dos que ya estaban en el aire, pero no lo hizo.

En una rueda de prensa ante la corte, el abogado de ACLU, Lee Gelernt, advirtió que EEUU se está acercando a una "crisis constitucional" con un presidente que excede sus poderes. "Lo grave —enfatizó— es la aparente negativa del Gobierno de Trump a aceptar la competencia de este tribunal".

ACLU y Democracy Forward representan en el caso a cinco venezolanos que estaban bajo custodia de EEUU y que alegan haber sido acusados falsamente de pertenecer a la banda Tren de Aragua.

Dentro y fuera de la corte, la Administración Trump intentó poner a prueba los poderes del Ejecutivo con dos principales argumentos: que el presidente tiene autoridad casi absoluta en política exterior —algo que la jurisprudencia no avala— y que, una vez que los aviones despegaron, ya se encontraban en espacio aéreo internacional, por lo que la orden del juez no aplicaba.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de la política migratoria de Trump, defendió que el pueblo estadounidense dio a Trump con su voto el poder para deportar a los migrantes. "Si un juez puede intervenir en la conducción de nuestra política exterior, no tenemos, bajo ningún concepto, una democracia en este país", afirmó Miller ante los medios.

Por su parte, Tom Homan, el "zar de la frontera" de Trump, argumentó este lunes que los aviones con migrantes ya estaban sobre aguas internacionales y que, por tanto, la orden del magistrado no les obligaba a regresar a Estados Unidos. "El avión ya estaba en espacio aéreo internacional, un avión lleno de terroristas y amenazas significativas para la seguridad pública. Dar la orden de regresar con esos terroristas a Estados Unidos no es lo que este presidente prometió al pueblo estadounidense", declaró Homan en la Casa Blanca.

El siguiente paso del litigio será este martes, cuando el Gobierno deberá entregar más documentos al juez. Sin embargo, los migrantes deportados permanecen ya privados de libertad en una megacárcel de El Salvador, gracias a un acuerdo entre Trump y el presidente de ese país, Nayib Bukele.

En el ámbito internacional, el Gobierno de Venezuela ha anunciado que acudirá a organismos internacionales para denunciar crímenes de lesa humanidad contra los migrantes deportados, en su mayoría ciudadanos venezolanos.

Nayib Bukele está decidido a sacar provecho de la era Trump. El presidente de El Salvador, un pequeño país de América Central con 6,3 millones de habitantes, se ha hecho mundialmente conocido por destruir violentamente el control de las bandas y por hacer de su país el primero en adoptar el bitcoin como moneda legal. Reelegido triunfalmente hace un año con el 84,7 % de los votos, ahora busca reactivar una economía debilitada ganándose el favor del nuevo presidente de Estados Unidos.

A principios de febrero, Nayib Bukele, a quien le gusta presentarse a sí mismo como “el dictador más cool de la historia”, hizo una oferta sorprendente al secretario de Estado americano, Marco Rubio, que estaba de paso por San Salvador, la capital del país. El presidente salvadoreño propuso recibir en su territorio y en sus prisiones a criminales condenados en Estados Unidos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Marco Rubio elogió el “ofrecimiento muy generoso” y prometió estudiarlo.

Aunque parece que hoy en día estas deportaciones no son legalmente posibles, hay que tomarse en serio la propuesta de Bukele. En primer lugar, porque ahora sabemos que la administración Trump podría modificar las normas para hacer posibles esos traslados. En segundo lugar, porque esta propuesta corresponde a un intento del presidente salvadoreño de redefinir el modelo económico de su país.

El Salvador depende en gran medida de las remesas de dinero de los emigrantes que, en muchos casos, viven en Estados Unidos. Según estimaciones del FMI, en el gran vecino del norte residen 1,4 millones de salvadoreños, lo que equivale al 22 % de la población del país. En 2021, sus remesas representaron alrededor del 26 % del PIB salvadoreño.

Sin ellos, el país no podría mantener el dólar estadounidense como única moneda de curso legal y, a decir verdad, estaría en bancarrota total. Pero la lógica de este modelo económico es particular: la mayor parte de su crecimiento y su salud financiera se basa en la exportación de población a los Estados Unidos.

Con una lógica así, las relaciones con Trump prometían ser delicadas. Es cierto que Bukele, al hacer que El Salvador pasara de ser el país con la tasa de criminalidad más alta del mundo al país con la mayor tasa de encarcelamiento (casi el 1,7 % de la población del país está en prisión), se ha convertido en una estrella de la extrema derecha mundial. También tiene fuertes relaciones con los círculos favorables a las criptomonedas, especialmente en Florida, cercanos a la nueva administración.

Pero la política migratoria de Trump amenaza a los salvadoreños que residen en Estados Unidos y, por ende, a la economía salvadoreña. Durante su campaña, en julio de 2024, el nuevo presidente incluso atacó frontalmente a Bukele acusándolo de enviar a “sus delincuentes” a Estados Unidos. “Intenta convencer a todo el mundo de que está haciendo un trabajo formidable al dirigir su país. Pues no está haciendo un trabajo formidable”, había dicho Trump.

La llegada del multimillonario a la Casa Blanca se anunciaba pues peligrosa para Bukele, quien, al mismo tiempo, atraviesa un período económico delicado. El país ha pagado caro el antojo de su presidente por las criptomonedas. En 2021 anunció con gran pompa que el bitcoin se convertía en la moneda legal del país junto con el dólar. Sus planes eran ambiciosos: convertir a El Salvador en un centro de desarrollo de criptomonedas con la creación de una “Ciudad Bitcoin” alimentada con energía volcánica. Bukele soñaba entonces con ser el “nuevo Alejandro Magno” creando ciudades para difundir la cultura cripto.

Pero esas divagaciones tuvieron consecuencias. A pesar de la creación de una “cartera cripto” bonificada con 30 dólares, el uso de bitcoin entre la población siguió siendo marginal y los inversores internacionales rechazaban abiertamente esa política susceptible de debilitar las finanzas públicas y el sector bancario del país. El Salvador perdió entonces el acceso a los mercados financieros y tuvo que recurrir al FMI, que lógicamente les exigió el abandono de la política de criptomonedas.

Mientras el milagro de las inversiones relacionadas con las criptomonedas no se hacía realidad y Bitcoin City seguía en el tintero, Bukele se encontraba en una situación delicada. Al no tener acceso al mercado, tuvo que echar mano de sus reservas de divisas para pagar las deudas en dólares que llegaban a vencimiento. El problema era que cuanto más se reducían las reservas, más perdía El Salvador su capacidad para pagar los siguientes vencimientos. Según el FMI, el país gasta alrededor de 2.000 millones de dólares en deuda cada año. Pero a principios de 2024, las reservas habían caído a 2.500 millones de dólares. El país se enfrentaba a la quiebra.

En abril de 2024, el presidente Bukele decide entonces “hacer una jugada”, como de costumbre, construyendo el relato de un regreso al mercado financiero del país. Pero la obligación de 1.000 millones de dólares emitida entonces a seis años tiene un coste gigantesco. Su tipo de interés es del 12 %, y la amortización debe realizarse parcialmente a partir de 2028. Para atraer a los inversores, El Salvador también promete pagar un recargo de intereses del 4 % si su valor no es mejorado por las agencias de calificación o si no llega a un acuerdo con el FMI. Según Financial Times, el coste de este préstamo entre 2028 y 2030 es de 333,3 millones de dólares al año, un tercio más que los fondos recaudados en tres años.

Esta deuda “absurda”, por usar el término del periódico, anunciaba sin duda una capitulación ante el FMI: El Salvador reforzaba sus reservas a corto plazo, pero no podía hacer frente a tales vencimientos a largo plazo. A principios de octubre, el país evitó por poco el impago gracias a un “intercambio de deuda contra natura”, un mecanismo financiero que permite obtener una devolución de la deuda pública a un precio reducido a cambio del compromiso de llevar a cabo una política de protección del medio ambiente.

En el caso de El Salvador, el banco americano JPMorgan Chase concedió al país 1.350 millones de dólares para que reembolsara 1.000 millones de dólares de deuda y dedicara 350 millones de dólares a la restauración de un río vital para el acceso al agua de su población. Ese acuerdo fue apoyado y financiado por el gobierno de Washington. Pero, aún así, su conclusión parecía anunciar la necesidad de un acuerdo con el FMI.

Sostenido a duras penas por soluciones de último recurso, Bukele finalmente tuvo que ceder. El 18 de diciembre de 2024, el FMI anunció que se había llegado a un acuerdo con el gobierno salvadoreño. Un acuerdo drástico. El Salvador debe comprometerse con una política de austeridad severa para reducir su déficit primario en 3,5 puntos del PIB en tres años.

El programa incluye la reducción de la masa salarial de los funcionarios, las compras públicas y las transferencias a los municipios, así como la reforma de las pensiones. En septiembre de ese mismo año, Bukele ya había marcado la pauta al anunciar un presupuesto global equilibrado para 2025.

Pero sobre todo, el presidente tuvo que renunciar a sus proyectos de bitcoin. El FMI logró que se modificara la ley de 2021 para que la aceptación de la criptomoneda fuera voluntaria por parte del sector privado, se pusiera fin a las carteras subvencionadas, se redujeran las compras de bitcoins por parte del gobierno y se pagaran los impuestos exclusivamente en dólares. En otras palabras: el bitcoin ya no es, de hecho, una moneda de curso legal en El Salvador. La ley fue aprobada por el Parlamento en enero.

A cambio de estas concesiones, el FMI concede al país un préstamo de 1.400 millones de dólares que lo protege, provisionalmente, de la bancarrota. Bukele espera que este acuerdo devuelva al país un acceso normal a los mercados. La prima de riesgo se ha reducido, pero sin duda la plena reintegración del país en el circuito financiero internacional llevará algún tiempo.

El acuerdo con el FMI sin duda salva a Bukele, pero a costa de una doble derrota: económica e ideológica. Su sueño de convertirse en el hub de criptoactivos de la hemisferio occidental acaba de estrellarse justo cuando Trump amenaza con debilitar los ingresos procedentes de sus emigrantes.

Para el gobierno salvadoreño, era urgente salvaguardar la relación con Washington, al tiempo que construía un nuevo modelo económico. Para ello, Bukele, que en octubre se jactaba de haber llevado a cabo, con el préstamo concedido por JPMorgan Chase, “la acción medioambiental más ambiciosa e impactante de la historia” del país, busca ahora reactivar la actividad extractiva, especialmente la de oro, en el país.

A finales de diciembre, el Parlamento, en el que Bukele cuenta con amplia mayoría, puso fin a la prohibición de toda extracción minera decidida en 2017, antes de la llegada al poder del actual presidente. Esta prohibición se refería en particular a la explotación de las minas de oro del norte del país que habían contaminado con cianuro el río Lempa, el mismo que debe ser renaturalizado con el apoyo de JPMorgan Chase.

A pesar de la oposición de gran parte de la población y de la Iglesia católica, Bukele decidió reanudar la extracción con, como de costumbre, promesas grandiosas: habría 3 billones de dólares en oro en el subsuelo salvadoreño, a pesar de que la mina principal tenía, en 2017, reservas estimadas en 3.600 millones de oro al precio actual. “El oro transformará El Salvador”, prometió el presidente, quien asegura que las minas serán, esta vez, “modernas y sostenibles”.

Puede que Bukele quiera creer que ha encontrado la solución a todos sus problemas, pero mientras tendrá que encontrar la manera de acelerar un crecimiento económico que aún es insuficiente para hacer frente de forma sostenible a sus compromisos financieros, justo cuando la austeridad va a golpear al país.

Aquí es donde el ofrecimiento hecho a Trump cobra todo su sentido. Bukele se ha hecho un nombre en la represión de las maras por la fuerza. Desde 2021, el país está en un régimen de excepción continua que se ha renovado ya treinta y cuatro veces. Han sido detenidas y siguen detenidas más de 100.000 personas, a menudo sin juicio. Solo 8.000 de ellos han sido liberadas, y la prensa internacional está llena de testimonios de familias que no tienen noticias de sus seres queridos desaparecidos tras una detención.

Anteriormente, las maras salvadoreñas utilizaban las cárceles como bases de operaciones para sus actividades. Para poner fin a estas prácticas, Bukele ha optado por la militarización de las cárceles y el aislamiento de los presos. El escaparate de esta política es la prisión de máxima seguridad de Tecoluca. Este “centro de confinamiento para terroristas” (Cecot) puede albergar a 40.000 personas y actualmente hay unas 18.000.

Detrás de sus altos muros, la prisión gigante es un infierno para sus reclusos, sometidos a la violencia cotidiana de los guardias. “Todavía tengo pesadillas de mi visita al Cecot”, afirma un funcionario extranjero citado por Financial Times. El país está lleno de prisiones menos impresionantes, pero construidas según el mismo modelo.

Para Bukele, esta política de represión ha dado un dividendo político evidente. En su país es el jefe de Estado más popular del mundo. Los salvadoreños, que vivían con el miedo constante a la violencia de las bandas, han recuperado la calma en las calles y están agradecidos a su presidente.

Pero esta situación no durará siempre. La política ultrarrepresiva tiene algunas desventajas. Detener bajo condiciones severas al 1,7 % de la población es costoso en infraestructura y personal. En un momento en que hay que apretarse el cinturón, el gobierno tendrá que tomar decisiones.

Además, a medida que la población se acostumbre a la vuelta a la calma, exigirá más, especialmente avances económicos, pero también el derecho a poder impugnar ciertas decisiones. Bukele se encuentra, por tanto, en una cuerda floja permanente, y esa es la razón por la que compensa su incapacidad para proporcionar un futuro económico con sueños absurdos, de bitcoins antes, de oro ahora.

Para conseguir dinero, el presidente salvadoreño ha decidido convertir su política ultrarrepresiva en una actividad económica en sí misma, un negocio. Propone subcontratar con los Estados Unidos de Trump parte de su política de seguridad, a cambio de una tasa. Bukele lo ha dejado claro: “No será gran cosa para Estados Unidos, pero será muy importante para El Salvador”. Cada millardo de dólares es vital para el país.

Lo que propone el presidente salvadoreño es pues que su país se especialice en la exportación de servicios de detención para delincuentes peligrosos. La política de represión se convertiría así en un lugar en el reparto internacional del trabajo. Esto le permitiría a Bukele perpetuar su política de seguridad para asegurar su poder en el país. Al mismo tiempo, recuperaría fondos para financiar la política clientelar que ha puesto en marcha: en enero pagó las facturas de agua y electricidad de las familias salvadoreñas para suavizar los anuncios de los próximos recortes presupuestarios.

El presidente puede incluso esperar que, si la experiencia es concluyente, otros países cercanos a la extrema derecha internacional recurran a sus servicios. Pensamos en el argentino Javier Milei o en el ecuatoriano Daniel Noboa, gran admirador de Bukele, y también víctima de la violencia de las bandas mafiosas. Lo que el salvadoreño busca aquí es un lugar en la nueva organización reaccionaria libertaria que se está formando desde Washington.

La propuesta también es una forma de llamar la atención de Trump con una ambición inmediata: que los salvadoreños de Estados Unidos se salven, en un primer momento, de las expulsiones. Por ahora, funciona. A pesar de la vuelta a la calma en el país, los conciudadanos de Bukele han visto cómo su “estatus de protección temporal” se mantiene hasta septiembre de 2026. Se trata de un régimen que impide las expulsiones debido a la situación interna de los países de origen que Trump amenaza con suprimir, por ejemplo, para los venezolanos.

En resumen, Bukele intenta presentarse como un perfecto vasallo de Washington. Pretende beneficiarse de una total sumisión a los Estados Unidos y de un apoyo activo a sus políticas. Para él, es la única manera de mantener un régimen que puede hundirse por sus errores económicos. Pero corre el riesgo de convertir este país en un destino para fanáticos de las criptomonedas, en lugar de en una prisión gigante.

Traducción de Miguel López

Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador firmaron el lunes 3 de febrero dos acuerdos: por un lado, El Salvador se compromete a recibir en la megacárcel de Bukele a criminales capturados en Estados Unidos, migrantes o ciudadanos estadounidenses. Y por el otro, Washington se compromete a impulsar a El Salvador en el desarrollo de energía nuclear. A cara de perro, clarito y sin ambages. El mismo lunes Nayid Bukele posteó en su cuenta de X: “Hemos ofrecido a los Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a admitir criminales convictos en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) a cambio de una tarifa”. Resumen: te alquilo la cárcel, que me sobra sitio y a ti probablemente te faltará en las tuyas, etc.

Los acuerdos se dieron en la primera visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio (hijo de inmigrantes cubanos) al país centroamericano.

To the fucking opinión.

La política exterior del 47.º presidente de los EEUU Donald Trump –declarado criminal convicto como autor de 34 delitos de falsificación de facturas, cheques y registros contables– orbitará sobre dos ejes fundamentales: la arrogante y bravucona guerra comercial o arancelaria, de la que no tienen, ni él ni su gabinete, pajolera idea –igual que tiran el cable, lo recogen– y la declaración de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos con México, por la que se autoriza el despliegue de las fuerzas militares en esa zona. O lo que viene siendo: detenme a todo dios viviente que intente cruzar la frontera para buscarse la vida, que lo empapelo y se lo mando a Bukele al Centro de  Confinamiento para el Terrorismo, que me hace buen precio de alquiler por celda.

Solo hay dos terroristas en este artículo, y todos sabemos quiénes son.

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Pako Martí en socio de infoLibre.

En un acuerdo calificado por ambas partes como "sin precedentes", el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, aceptó este lunes recibir en su megacárcel a migrantes indocumentados detenidos por crímenes graves en Estados Unidos y abrió la puerta incluso a albergar a presos de nacionalidad estadounidense.

"Ningún país ha hecho jamás una oferta de amistad como esta", declaró a la prensa el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al finalizar tres horas de reunión con Bukele, quien se consolida así como el gran aliado regional de la nueva Administración de Donald Trump.

Rubio llegó este mismo lunes a El Salvador como parte de su gira centroamericana, la primera que lleva a cabo como secretario de Estado y con la que busca frenar los flujos migratorios que se dirigen al norte.

Uno de sus principales objetivos era abordar con Bukele la posibilidad de cerrar un acuerdo, similar al que hubo en el primer mandato de Trump (2017-2021), para considerar a El Salvador como un Tercer País Seguro, lo que permitiría a Estados Unidos deportar allí a migrantes de otras nacionalidades, como los venezolanos.

El presidente salvadoreño recibió a Rubio en su espectacular residencia con vistas al lago Coatepeque, en el occidente del país, en una clara señal de amistad y de que las conversaciones iban por buen camino.

Tras el encuentro, el secretario de Estado de EEUU anunció que El Salvador aceptará la deportación de migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad que cometan delitos graves, y puso como ejemplo a supuestos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) o de la banda venezolana del Tren de Aragua.

Y en un gesto insólito, Bukele se ofreció incluso a albergar en sus cárceles a presos estadounidenses peligrosos, tanto los que tienen ciudadanía como los que tienen residencia legal en Estados Unidos. Rubio lo calificó como un "acuerdo migratorio sin precedentes y el más extraordinario de cualquier parte del mundo".

Por su lado, Bukele detalló en redes sociales que el pacto consiste en aceptar el ingreso "únicamente de criminales convictos", incluso con nacionalidad estadounidense, en la famosa cárcel de máxima seguridad de su país, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde cumplen condena miembros de las pandillas. Según el presidente salvadoreño, se trata de una especie de "subcontratación" de la prisión, ya que se le cobraría una tarifa a Estados Unidos que facilitaría que el "sistema penitenciario sea sostenible".

Horas antes, Bukele y Rubio salieron a un balcón a observar las vistas del lago frente a la residencia del manadatario y allí fue donde, preguntado por la prensa, el presidente salvadoreño anticipó que habría acuerdo "sin precedentes". "Es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes en la historia de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino creo que con toda América Latina", agregó.

Bukele es, junto al argentino Javier Milei, el mandatario latinoamericano más afín a Donald Trump y, de hecho, fue el primer presidente de la región al que el republicano llamó después de ser investido. La Administración de Trump ve como un ejemplo la estrategia de seguridad del Gobierno de Bukele, que ha reducido drásticamente la inseguridad en el país con medidas de mano dura policial y militar criticada por organizaciones de derechos humanos.

La anterior Administración de Joe Biden criticó en su momento a Bukele por buscar su reelección a pesar de la prohibición constitucional, aunque luego las relaciones se relajaron.

El presidente salvadoreño explicó este lunes ante la prensa que nunca ha ocultado su "simpatía" con Trump y, cuando fue vitoreado por parte de alguien que navegaba por el lago, dijo entre risas: "Tengo una aprobación del 80%". La sintonía y el ambiente distendido demostrado este martes fue mucho mayor que lo que se desprendió el domingo de la reunión entre Rubio con el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Ese encuentro estuvo marcado por las amenazas de Trump de recuperar el control sobre el Canal de Panamá por la supuesta influencia china en esa vía, a pesar de que ese país centroamericano también es un socio fundamental para Estados Unidos en la cuestión migratoria. Rubio, el primer secretario de Estado hispano de la historia de Estados Unidos, partirá de El Salvador el martes para proseguir su gira hacia Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.

Nayib Bukele ha tomado este sábado posesión para un segundo mandato como presidente de El Salvador en una ceremonia frente al Palacio Nacional de San Salvador en la que se le ha impuesto la banda presidencial, según ha informado Europa Press.

También ha tomado posesión Félix Ulloa como vicepresidente de El Salvador para un mandato de cinco años durante un acto al que han asistido representantes de las altas instituciones salvadoreñas, así como representantes extranjeros, como el Rey Felipe VI o el presidente argentino, Javier Milei.

Igualmente están presentes el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani; una delegación de Estados Unidos y personalidades como uno de los hijos de Donald Trump, Donald Jr.

En cambio, algunos diputados de los principales partidos opositores en El Salvador no están en la investidura, ya que sostienen que este segundo mandato viola la Constitución, pese a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que abrió la puerta a la reelección.

Tras el acto, Bukele tiene previsto tomar protesta constitucional en una sesión solemne convocada en la Asamblea Legislativa.

Bukele fue reelecto en el cargo en las elecciones del pasado 4 de febrero bajo la bandera del partido Nuevas Ideas tras lograr un 84,65 por ciento en el marco de la guerra contra las pandillas en el país, para la que Bukele impuso en marzo de 2022 un estado de excepción que continúa desde entonces, sin que haya visos de que termine.

El éxito de su estrategia de seguridad ha dado fruto en forma de unos 74.000 detenidos, el desmantelamiento de las pandillas e índices de homicidios de los más bajos de América Latina a través de la suspensión de derechos fundamentales, como el de expresión y organización.

Hoy se plantea en muchos medios si lo que hace Bukele es democracia o no. Pero para calificarlo hay que ver en qué mundo democrático vivimos. El secretario general de la ONU, Antònio Guterres, ha manifestado que vamos a un mundo selvático, sin leyes, que puede conducirnos a un caos futuro y total. Nada más cierto, pero también es verdad que allí han escuchado su discurso como quien oye llover. 

Y yo me pregunto si no es sensato que en ese mundo de selva se actúe contra la gentuza de todo tipo, aun cometiendo excesos. Pero es que los primeros que cometen excesos son los que se saltan leyes primarias asesinando, robando o corrompiéndose de cualquier forma. Y ellos actúan contra la gente honrada que cumple sus obligaciones fiscales, que actúa con ética en la vida y que vive en paz. Y es necesario defender a estos últimos, que son los que se lo merecen. Y en los países avanzados hemos llegado a un nivel democrático algo fracasado porque nos pasamos la vida debatiendo si es sí o no o todo lo contrario para no decidir nada. Es el fracaso de las democracias que se miran demasiado el ombligo, pero que luego son incapaces de luchar contra esas bandas armadas con dinero que todos conocemos y que hacen más daño a los países, yendo con corbata, pero aprovechándose de esos sistemas algo exagerados. Y lo mismo digo de violadores, de asesinos a sueldo o de gentuza de todo tipo. Salvando las diferencias de diferentes modos de vida.

Por ello siempre he pensado que en estas democracias debería crearse el voto de calidad que ya existe en muchos lugares, en donde una persona autorizada decide en caso de bloqueo cualquier circunstancia que se eterniza en debates absurdos. Creo que en España sabemos mucho de esto y lo vamos a ver en esta legislatura con una derecha que no respeta las leyes defendiendo a jueces que les favorecen a toda luz. Cuántos corruptos viven felices en nuestro país por tener amiguetes que les tratan con cariño en cualquier juicio. Es otra de las lacras de la democracia. El voto de calidad, bien organizado, entre legisladores y judicaturas, sería una solución a este mundo que presume de democracia pero que también se para demasiado en debates que a todos nos aburren.

El éxito chino es el de un país comunista pero capitalista. El absurdo perfecto. Pero se usa cada sistema para llevar al país a lo que hoy es, la mayor potencia mundial aunque EEUU no quiera. Porque estamos confundiendo la democracia dando tantos derechos al canalla como al honrado. Y aunque yo mismo defiendo que todos tengamos los mismos derechos, hay tipos de gente que no merecen tenerlos porque no respetan los del resto, que actuamos con deberes y obligaciones. Es cierto que hay que cumplir garantías básicas para todo ser humano con castigos ejemplares, pero también es verdad que el violador, el asesino o el corrupto deben estar en la cárcel y no riéndose de los ciudadanos honrados que tenemos la conciencia tranquila. Por eso se puede debatir si lo que hace Bukele es democracia o no, pero es que da lo mismo. Lo que hace está dentro del triunfo de la razón, que es la mejor definición de lo que es una democracia. 

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Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.