El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este sábado que, durante los últimos días y con motivo de las fiestas de Navidad, se han celebrado al menos seis actos de apoyo a presos de ETA en el País Vasco y Navarra.

En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Covite critica que "la izquierda abertzale -Sortu y EH Bildu- y sus satélites, como Sare, siguen pidiendo más impunidad para todos los etarras".

"Utilizan las fiestas navideñas para amplificar su mensaje", advierte la asociación de víctimas, que describe y acompaña de imágenes las seis "exhibiciones" públicas de apoyo a presos etarras que ha detectado en los últimos días.

Cita sendos pasacalles con un "Olentzero" y otros personajes de la tradición vasca navideña, junto a carteles en favor de la excarcelación de cuatro reclusos de ETA en las localidades guipuzcoanas de Oiartzun y Villabona.

Covite informa y documenta asimismo una representación de una mesa de Nochebuena con tres sillas vacías en Galdakao (Bizkaia) reivindicando la libertad de otros tantos reclusos y una concentración en el barrio bilbaíno de Santutxu en favor de cuatro más.

Lesaka y Pamplona son los dos municipios navarros en los que también denuncia sendas actividades en las que se reclama la amnistía de tres presos de ETA.

La Mesa del Parlamento de Navarra ha designado este jueves a Maite Nosti parlamentaria no adscrita y en consecuencia ha declarado la disolución de la agrupación parlamentaria de Vox, según informa EFE.

Nosti, hasta ahora una de las dos parlamentarias de Vox en la Cámara navarra, ha pedido su salida de la agrupación parlamentaria por discrepancias con la dirección nacional por su voto favorable a una declaración del Parlamento Foral con motivo del Día de la Víctimas del Terrorismo, a la que EH Bildu se abstuvo.

En un comunicado, Vox destacó este miércoles que no pueden "apoyar un texto que equipara en Navarra a las víctimas de ETA con todas las víctimas del terrorismo yihadista o de cualquier otra tipología". La formación subrayó que condena todo terrorismo "sea cual sea", pero no puede "caer en el error de aceptar esta fórmula que, empleada con mala fe por PSOE y Bildu, en la práctica solo pretende difuminar el terror y la violencia masiva de ETA en Navarra y el resto de la nación".

Por su parte, Nosti, en una comparecencia ante los medios de comunicación antes del inicio del pleno del Parlamento de Navarra de este jueves, ha afirmado que mantendrá su escaño porque considera que el "rumbo ideológico" del partido "no es el más adecuado" y entiende que su responsabilidad es aportar su "granito de arena para contrarrestarlo".

Al pasar a ser parlamentaria foral no adscrita, Nosti pierde los cargos y puestos que desempeñaba en representación de la agrupación de Vox, de la que era portavoz.

Paralelamente, se acuerda la disolución de la agrupación de Vox, al requerir su continuidad un número de parlamentarios no inferior a dos, por lo que se declara a Emilio Jiménez único integrante del grupo mixto. Por último, la Mesa ha encargado a los servicios jurídicos la emisión de un informe sobre el estatus de la nueva parlamentaria no adscrita y las eventuales consecuencias que ello pueda tener en la organización del trabajo de la Cámara.

Queda pendiente la resolución de la solicitud de Nosti, que tiene derecho a formar parte de una sola Comisión, en relación con su integración en la Comisión de Economía y Hacienda. La decisión de la Mesa requiere previa conformidad de la Junta de Portavoces, por lo que se estudiará en la reunión del lunes.

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha señalado a los medios de comunicación que en el pasado ha habido otros casos de parlamentarios no adscritos y de ruptura de grupos, pero en la pasada legislatura el nuevo Reglamento de la Cámara introdujo novedades en la regulación de estas situaciones. Por ello, ha dicho, "preferimos ser prudentes, esperar a estos informes para el lunes y tomar las decisiones pertinentes en el seno de la Junta de Portavoces".

El odio te crea un ruido ensordecedor en tu conciencia cuando no lo aceptas. Yo nunca pude hablar de nada con mi padre, por lo cual al final de mi vida, quizá tenga un pequeño trauma de una situación que afecta a cualquiera. Y con mi madre en silencio porque ella no pensaba igual y muchas veces se ponía de mi lado, pero tratando de acabar aquel ruido. Yo casi no sabía lo que era ser rojo, pero sabía que a quien se refería en muchos casos era una gran persona. Sé de negar el saludo en la escalera de casa porque eran rojos. Pero para mí seguían siendo buenas personas que incluso me hacían carantoñas y notaba su cariño hacia un niño que a nadie podía hacer daño. Mi madre callaba porque en aquellos años de posguerra las cosas eran así, pero yo no lo aceptaba y ahora pienso en cómo yo siendo tan joven, adolescente, podía rechazar aquello en un mundo en que las voces de mi padre creaban el silencio en los demás. Y yo me preguntaba por qué. Y hoy, que estoy en el final de mi larga vida, me ha dado por pensar en esa causa, porque mi trabajo laboral me impedía pensar en esas cosas tan antiguas, pero cercanas. Recuerdo cómo fui a votar no a aquel falsón referéndum de los 25 años de Paz. La de pocos. Y en aquella mesa estaba mi padre, que supongo tiró el voto a la basura. Como otros tantos.

En mi media vida pasada en Euskadi viví también muy cerca de mí el ruido de ese silencio provocado por el separatismo de ETA o de sus ayudantes de HB que siendo ya muy mayor no entendía como podríamos callar ante esa amenaza, viendo letreros en las paredes a los que nadie se oponía por miedo, viendo a tanta gente que clamaba por una libertad que a mí me parecía una libertad mal entendida si los que la dirigían eran los que veíamos cada día provocando asesinatos de quienes, muchos, no tenían culpa de nada. Me enfrenté con la palabra solo ante ese mundo, pero de nada valía. Fue una etapa en que sentí un gran dolor porque yo sabía lo que en la capital se susurraba, que todos los vascos eran de ETA. Nada más falso. Menos mal que se demostró después. 

Esas dos Españas las conocí muy cercanas y no me quedo con ninguna. Pero sí observo hoy que Euskadi ha sabido reaccionar. Dirigida por los dos únicos partidos profesionales existentes, PNV y PSOE, y secundado por aquellos que han reconocido su gravísimo error y que hoy navegan en partidos de una izquierda sensata, que supo acceder a las normas mínimas de colaboración de la democracia, se vive con sensatez, un pueblo maravilloso en donde me ocurrieron las mejores cosas de mi vida y que hoy reconocen muchos de sus visitantes. Sin embargo, la capital Madrid no ha cedido en nada. Solo veo una cuna fascista anidada a aquel fascismo que nunca soporté y con una lideresa que cada día demuestra su odio a la mitad de los habitantes que dice dirigir pero que no es verdad, pues su objetivo es liderar España, que Dios no lo quiera. Y me entristece que en Madrid aún se quiera llegar a aquel silencio que provocaba un ruido ensordecedor e indeseable. Cuando ese fascismo lo vemos lejano aún con la llegada a USA de unos líderes trastornados por el poder de su propio dinero sería el momento de que España liderara un mundo del sentido común, de la concordia que nos trajo la democracia mal entendida y recuperar la ética perdida. Hay suficientes personas en este país, jóvenes preparados que deberían olvidarse del Tik Tok y crear algo para vivir en paz sin hacer el ruido aquel que tanto recuerdo en silencio. Y para ello siempre tendremos la Europa sensata, los BRICS o la parte de Hispanoamérica que aún nos quiere. Ahí lo dejo y creo que me repito en esta observación, pero es que es urgente salvar la vida que tantos quieren hacer imposible. 

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

2023. Una campaña electoral en España va a ser monopolizada por ETA. 

Me di cuenta esta tarde, abriendo la home de un periódico conservador, de que va a volver a ocurrir. Es demasiado jugoso para que no suceda. Es y va a ser el tema. Muchos clicks. Se cree que algunos votos. No hay vuelta atrás.

Partiendo de la base de que me parece intolerable moralmente que terroristas con delitos de sangre se presenten a las elecciones, que no entiendo qué hace Bildu jugando en ese terreno y que no sé exactamente qué refrendaría la gente que los iba a elegir, me parece que se les ha vuelto a otorgar una victoria. Que más de una década después de que desapareciera ETA siga condicionando lo que pensamos los españoles es tan dramático... Sinceramente, ni siquiera yo, que soy pesimista con la derecha española, pensaba que iban a volver a darles estos tres puntos.

No van a tener ya el triunfo de poder ser regidores en pueblos en los que habrá víctimas del terrorismo, eso ya no. Es muy abyecto que un familiar de un asesinado se tenga que comer que el concejal del pueblo de al lado sea un terrorista con las manos manchadas de sangre, una afrenta que no sé qué aporta. Comparto la indignación de las víctimas ante la inacción politica ante esta amoralidad legal. Entiendo que es la misma de un familiar de una víctima de la Guerra Civil que ve cómo el PP retiró los fondos para que se buscaran los restos de sus muertos que siguen en las cunetas. Hay decenas de crímenes de ETA sin esclarecimiento judicial. No se puede pasar por encima de esto.

Aun así, me parece que el final de ETA es en sí mismo una derrota tan grande para ellos, que incluso que esos terroristas se presentaran a las elecciones y obtuvieran un cargo me parecía otra muestra de lo mucho que han perdido. Era como: pasásteis por la cárcel, vuestra banda se disolvió por la tremenda presión policial, política y ciudadana, habéis dedicado vuestra vida a diseminar el sufrimiento entre los vuestros y los contrarios y, aun así, pasáis por el aro de la democracia presentándoos por un partido que cumple la Ley de Partidos. Lo que la derecha hubiera considerado una victoria de los terroristas, incluso con lo abyecto que hubiera sido para las víctimas, era una rotunda derrota para ellos.

Pero ahora, hemos cambiado siete concejalías en pueblos de Euskadi para personas abyectas por un debate en el que esta gente vuelve a condicionar cómo funciona el juego electoral y democrático en España. Tengo para mí, además, que esto no va a suponer más votos a la derecha o menos para el PSOE, que es lo único que se persigue. España está muy por delante de todo esto. Hace años que ETA no pinta nada en nuestras vidas, que sentimos que murió e incluso que la matamos. 

Pero los políticos, la derecha, ha vuelto a otorgarles esa victoria. Las víctimas tienen todo el derecho y la legitimidad para estar enfadadas, enrabietadas y dolidas. La derecha a utilizar esa rabia para arrancar unos votos, no. Todos los demás no nos merecemos que esos terroristas hayan ganado una batalla cuando ya habían perdido la guerra.

El pleno jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que consideró vulnerado el derecho a un juez imparcial de Arnaldo Otegui y de los restantes condenados en el denominado 'caso Bateragune', ha acordado por unanimidad la celebración de un nuevo juicio en la Audiencia Nacional, como recoge Europa Press.

La decisión se ha adoptado por el Pleno de la Sala, compuesto por 16 magistrados, en cumplimiento del art. 4.2 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que excluye la prohibición de doble enjuiciamiento en supuestos como el que ahora se resuelve. Dicha decisión se fundamenta también en los precedentes de la propia jurisprudencia de la Sala.

La sentencia —de la que es ponente el magistrado Miguel Colmenero— es coincidente con el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo que interesó la celebración de un nuevo juicio para evitar que los hechos quedaran "imprejuzgados".

Este asunto, que en principio iba a discutirse mañana 15 de diciembre por una sala de cinco magistrados, se ha llevado a un Pleno virtual este lunes, en el que la decisión de repetir el juicio contra el histórico líder de la izquierda abertzale se ha adoptado de forma unánime, han señalado a Europa Press fuentes del alto tribunal.

El posicionamiento de la Fiscalía, acogido por el Supremo, coincidía también con las peticiones al respecto que realizó en su día la asociación de víctimas Voces contra el Terrorismo, vinculada a Vox. La defensa de Otegi y de otros juzgados por 'Bateragune', por su parte, habían pedido que la nulidad de las sentencias tuviera consecuencias en los registros de penados en los que el líder de Bildu sigue apareciendo.

Al acogerse la petición fiscal, la Audiencia Nacional deberá juzgar de nuevo a Otegi, Rafael Diez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellerí por un delito de pertenencia a organización terrorista por el intento de reconstrucción de la dirección ilegalizada de Batasuna.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a repetir este juicio tan sólo unas semanas antes de que la Fiscalía del Supremo emitiera su informe.

Falta de imparcialidad del Tribunal

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo anuló el pasado 31 de julio la sentencia de 2012 que les condenó a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista, siguiendo el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que determinó que la Audiencia Nacional vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo, ya que entendía el "temor legítimo" de los acusados a una falta de imparcialidad del tribunal.

No obstante, Estrasburgo no vio "ninguna evidencia" que llevara a pensar que en el tribunal había "animadversión personal" hacia los acusados, pero sí que las "dudas" de éstos estaban "justificadas". Así, rechazó "cualquier indemnización para los recurrentes en concepto de daño moral, considerando suficiente la constatación de la declaración de la vulneración del derecho solicitado.

En su sentencia de noviembre de 2018 —que adquirió firmeza en febrero de 2019—, el TEDH consideró que el juicio de la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías, al formar parte del tribunal la magistrada Ángela Murillo, quien anteriormente, en marzo de 2010, había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en un juicio anterior por enaltecimiento del terrorismo en el que estaba acusado también Arnaldo Otegi.

En aquella vista oral, Murillo preguntó a Otegi si condenaba a ETA y, ante la negativa de éste a ofrecer una respuesta, la juez le dijo que ya sabía que no le iba a contestar.

El Supremo apartó a la magistrada del caso, que ejercía de presidenta del tribunal, al apreciar en ella "prejuicio". La vista oral fue repetida y el exportavoz de Batasuna resultó absuelto en ese procedimiento.

Otegi: "Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado, tras conocer la decisión del TS de repetir el juicio contra él por el 'caso Bateragune', que "ganarán" y que ni les "domaron", ni les "doblaron", ni tampoco les van a "domesticar" en esta ocasión.

Tras conocerse la decisión, Otegi ha animado en una publicación en su cuenta oficial de Twitter a "sonreír", que ha concluído con la expresión "Irabaziko dugu (ganaremos)".

Desde EH Bildu se ha añadido que en las próximas horas se analizará la decisión adoptada, de manera que este lunes, salvo la posición expresada por el propio Arnaldo Otegi, no habrá un pronunciamiento desde la coalición abertzale.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado en contra de España al entender que cuatro etarras vieron vulnerado su derecho a tener acceso a un tribunal después de que el Constitucional (TC) calificara de inadmisibles los recursos de amparo que presentaron por no haber agotado los recursos legales previos disponibles, ha informado Europa Press.

El TEDH apunta en su sentencia, en la que hace referencia a anteriores resoluciones como la concerniente al miembro de ETA Santiago Arrospide Sarasola Santi Potros, que los demandantes "adolecían al menos de una falta de seguridad jurídica en cuanto a su derecho de acceso al recurso de amparo".

Por eso, concluye que ha habido una violación del artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que reza que "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial".

El recurso ante el TEDH partía del etarra Gorka Martínez Ahedo y otros tres que iniciaron acciones en Europa en virtud del artículo 34 de ese convenio. Incidían en que no habían podido tener acceso al TC, y que se había producido una presunta aplicación retroactiva de nueva jurisprudencia del Supremo que habría extendido la duración efectiva de sus penas de prisión.

El camino hasta el TEDH

Los etarras fueron condenados entre 1998 y 2009 por diferentes tribunales franceses a penas de prisión por delitos relacionados con la organización terrorista ETA y con actos cometidos en Francia entre 1989 y 1993. Tras cumplir esas condenas allí, fueron extraditados a España donde fueron condenados de nuevo a prisión por la Audiencia Nacional esta vez por actos cometidos en España.

Entre 2014 y 2015 los etarras solicitaron que la duración de las condenas dictadas en Francia y España se acumularan y se tuvieran en cuenta a los efectos del cálculo de la duración máxima de la pena de prisión. Pero esta petición fue desestimada por la Audiencia Nacional por lo que los condenados recurrieron al Supremo, que entre 2015 y 2017 resolvió en diversas sentencias que no era necesaria esa acumulación cuando ya se había cumplido en el extranjero.

El TEDH recuerda que esa decisión del Supremo fue notificada señalando que era firme y que estaba sujeta a recurso de amparo ante el TC. Atendiendo a esto, los condenados interpusieron ese recurso

basándose en los artículos 17 (derecho a la libertad), 24 (protección judicial efectiva) y 25 (principio de legalidad) de la Constitución Española.

Pero el TC entre 2016 y 2017 en varias sentencias declaró improcedente el recurso de amparo. Además declaró improcedente la denuncia basada en el artículo 24 por falta de agotamiento de los recursos legales existentes porque quedaba el recurso de nulidad. El resto fueron declaradas inadmisibles por falta de violación de derechos fundamentales.

EL TEDH entiende ahora que la denuncia de los etarras "no es manifiestamente infundada" y decide por tanto admitirla. Y apunta que si los demandantes hubieran esperado la notificación sobre posibles recursos de nulidad para preparar y presentar sus recursos de amparo "nada hubiera impedido al Tribunal Constitucional declarar posteriormente inadmisibles sus recursos fuera de plazo, por la irrelevancia de los recursos de nulidad".

La queja de privación de libertad: "Manifiestamente infundada"

En relación a la queja de los etarras de que se aplicó reatroactivamente una nueva interpretación por parte del Supremo que habría conllevado que se extendiera la duración efectiva de las penas de cárcel, el TEDH no ve motivo para tal y desestima la misma. "Esta denuncia debe ser desestimada por manifiesta falta de mérito, de conformidad con el artículo 35.3 y 35.4 de la Convención.

En cuanto a la queja de que habían sido privados de su libertad más allá del plazo máximo de condena, el tribunal no ve motivo alguno para apartarse de la jurisprudencia asentada en el caso Arróspide Sarasola y de la aplicación que se hace de ella en el caso y "considera que esta denuncia debe ser desestimada por manifiestamente infundada".

Además, el TEDH señala que puesto que los demandantes no presentaron ninguna pretensión de ser indemnizados por estas denuncias, "no es necesario otorgar una suma en el presente caso".

El 12 de julio de 1997 fue asesinado el concejal del PP Miguel Ángel Blanco, tras dos días de secuestro por parte de ETA. Su muerte se convirtió en un símbolo de la violencia etarra contra la que se levantó la rabia popular y que marcó el principio del fin para la banda terrorista.

¿Qué pasó?

Hace poco menos de tres meses, el matrimonio Garrido Blanco era noticia nacional tras haber fallecido a causa de la pandemia de coronavirus. Al contrario que otras miles de víctimas del covid-19, esta pareja era bien conocida por la mayoría del país —aunque una encuesta de 2017 demuestra que la mitad de jóvenes vascos no sabrían identificarlos—; eran los padres de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997.

Los hechos comenzaron un mes de julio muy diferente al que ahora dejamos atrás. Miguel Ángel Blanco era concejal del Partido Popular en la localidad de Ermua, en Vizcaya. El día 10 de julio de 1997, en torno a las 15.30 horas fue localizado por Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, Irantzu Gallastegui Sodupe, Amaia, y José Luis Geresta, Oker, a la salida de la estación de tren de Eibar. Allí lo secuestraron y lo llevaron a una localización a día de hoy desconocida en la que permaneció hasta su muerte. A cambio de su liberación, los terroristas exigían el acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco en un plazo máximo de dos días.

El ultimátum terminó y las peticiones no se habían cumplido, por lo que llevaron al concejal a un descampado en la localidad de Lasarte-Oria y lo asesinaron. A pesar de haberle pegado dos tiros en la nuca, cuando lo encontró una pareja que paseaba por la zona aún estaba vivo, y murió en el hospital horas más tarde.

Su asesinato acabó con la vida del concejal del PP, pero, paradójicamente, también fue un golpe de gracia contra la propia organización terrorista. La indignación popular se manifestó tan rápido como se extendió a todos los rincones del país. La población clamaba por la liberación de Miguel Ángel Blanco y por el fin de ETA.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

El secuestro de Miguel Ángel Blanco fue una represalia por el reciente rescate de Ortega Lara, un funcionario de prisiones y militante del PP que había estado secuestrado por ETA durante casi dos años. Así se lo hicieron saber al Ministerio del Interior con una llamada en la que advertían: "Hijos de puta, lo de Ortega Lara lo vais a pagar. ¡Gora Euskadi Askatuta!". Dos horas y media más tarde, la cadena de radio Egin Irratia emitió un comunicado de la banda en el que se exponían las condiciones para la liberación de Blanco: tenían 48 horas para acercar a 460 presos etarras a cárceles del País Vasco o lo matarían.

Se iniciaron entonces dos días de trabajo policial a contrarreloj y de manifestaciones espontáneas por todo el país que exigían la liberación con vida del concejal. La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza se coordinaron para repartirse el territorio autonómico en sus intentos por hallar al secuestrado, en vano.

La población de Ermua se convirtió, a raíz de los hechos, en un símbolo de la lucha antiterrorista y el rechazo popular a la violencia. No solo porque fuera la localidad de origen de Miguel Ángel Blanco, sino por la respuesta multitudinaria de sus habitantes contra las acciones de ETA. Allí se organizó una vigilia secundada por miles de personas la segunda noche tras el secuestro. Los carteles con el mensaje "Miguel, te esperamos" empapelaron la ciudad. Era el "espíritu de Ermua".

La solidaridad con Ermua se extendió a todo el país. El 12 de julio, pocas horas antes de que finalizara el ultimátum y Blanco fuera asesinado, las manifestaciones se sucedieron por las principales ciudades. Bilbao vivió su mayor concentración de personas hasta la fecha, con más de centenares de miles asistentes que transitaron sus calles en un silencio condenatorio. Al frente, todas las fuerzas políticas excepto Herri Batasuna. En Madrid, los ciudadanos se congregaron en la Puerta del Sol a grito de "¡ETA, escucha, aquí tienes mi nuca!".

En torno a las 16.40 horas del 12 de julio, una pareja que paseaba a sus perros descubrió el cuerpo maniatado de un hombre casi sin vida en un descampado. Era Miguel Ángel Blanco, que fallecería a las cinco de la madrugada del día siguiente en el hospital de San Sebastián. Al conocerse la noticia, el silencio solidario de las manifestaciones se convirtió en estruendo: "¡Asesinos!".

¿Cómo se informó de ello?

"El asesinato de Miguel Ángel Blanco representa el epicentro de un cambio periodístico importante en el tratamiento informativo de los asesinatos de ETA". Así lo identifica un estudio de 2013 de la Universidad del País Vasco, en el que se recoge la participación mediática durante el secuestro y asesinato del concejal de Ermua. Si el de Blanco multiplicó las páginas dedicadas por los medios de comunicación a los asesinatos de ETA, los que le sucedieron duplicaron el espacio periodístico dedicado anteriormente a los ataques terroristas. Se les dedicaron muchas más portadas y piezas analíticas que antes de 1997, en un “promedio de tres páginas por atentado”.

El estudio subraya la"editorialización" de El País y El Correo en torno a los atentados terroristas; casi en la totalidad de los casos que siguieron a la muerte de Blanco, estos dos medios recurrieron al editorial para condenar la violencia de ETA. Además, triplicaron el empleo de artículos de opinión para estos sucesos.

Por otro lado, destaca una nueva tendencia gráfica, en la que dominaban las imágenes de corte humano, como las manifestaciones y actos de rechazo, frente a las representaciones explícitas de la violencia etarra. Esto demuestra que el llamado "espíritu de Ermua" no afectó solo a la ciudadanía, sino que tuvo en la prensa un fuerte apoyo que retroalimentó la convicción popular de que la presión cívica podía cambiar las cosas; un factor esencial para la efectividad de estas movilizaciones.

¿Qué consecuencias tuvo?

A la rabia popular que siguió al asesinato del concejal se la conoce como el "espíritu de Ermua". La respuesta cívica que se extendió por toda España fue tan potente que ha marcado el suceso como uno de los hitos en la caída del grupo terrorista.

Un estudio publicado por la Revista Latinoamericana de Psicología analiza los factores que se deben conjugar para que se produzca una movilización ciudadana por motivos políticos. Primero, ha de producirse una situación que se perciba como una injusticia; después, ha de identificarse un causante, ya sea una persona, institución o, en este caso, una banda terrorista. Después, los propios ciudadanos harán de forma consciente o inconsciente una valoración de costes y beneficios de su participación activa. Pero lo más importante es que se perciba de forma global que "su participación en las acciones colectivas será útil para modificar la situación adversa".

Aquel 12 de julio de 1997 el escenario era perfecto. La población española llevaba más de 20 años en democracia, pero soportando los ataques de ETA. El asesinato de Blanco fue la chispa que terminó por prender una mecha en la ciudadanía. El atentado en el Hipercor de Barcelona en 1987 o en el cuartel de Zaragoza el año anterior se sitúan como telón de fondo para que aquella tarde de verano los manifestantes concentrados en ciudades de toda España gritaran un contundente "¡A por ellos!".

El 14 de julio, dos millones y medio de personas se congregaron en Madrid y Barcelona, con las manos pintadas de blanco y el "espíritu de Ermua" presente, en lo que El País calificó entonces como "una marea incontenible". Miguel Ángel Blanco se convirtió en el símbolo del rechazo a ETA y su brazo político, Herri Batasuna.

Incluso el entonces rey, Juan Carlos I, se dirigió a la población en un comunicado en el que condenaba los hechos e insistía en que "la conciencia de los españoles ha salido a la calle". El funeral del concejal se ofició días después en la parroquia de Santiago Apóstol de Ermua. Estuvieron presentes, además de la familia y allegados del fallecido, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, el príncipe Felipe y otras muchas autoridades políticas, judiciales y militares.

Los responsables fueron juzgados nueve años después de lo ocurrido, en junio de 2006. Fueron condenados por un delito de secuestro terrorista y otro de asesinato terrorista a 50 años de prisión tanto Francisco Javier García Gaztelu como Irantzu Gallastegui Sodupe, que eran, además, pareja de hecho. El tercer secuestrador, conocido como Oker, no pudo ser juzgado, ya que lo encontraron muerto en 1999 en un supuesto caso de suicidio.

El juicio fue posible gracias a la confesión de Ibon Muñoa, político de EH en Eibar y cómplice del secuestro que había alojado a los tres etarras en su casa días antes de los hechos. Al ser detenido en el año 2000, lo confesó todo y propició la detención de Txapote en 2001. Amaia llevaba detenida desde 1999. Por ello, Muñoa fue condenado en 2003 a 33 años de cárcel y al pago de una indemnización de medio millón de euros a los padres de Miguel Ángel Blanco.

¿Qué aprendimos?

Meses después del asesinato, se conformaron la Fundación Miguel Ángel Blanco y el Foro Ermua, ambas asociaciones en recuerdo del concejal asesinado y con el objetivo de frenar la violencia etarra. La hermana del asesinado y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha protagonizado numerosos actos de homenaje hacia su hermano, así como intervenciones públicas en las que ha condenado, entre otras cosas, el “blanqueamiento político de Otegi”, ex miembro de ETA y actual coordinador general de EH Bildu.

El 26 de agosto de 2002 se ilegalizó el partido Herri Batasuna, de acuerdo a una nueva ley que prohibía aquellas formaciones que tuvieran lazos con bandas terroristas. Cuatro años más tarde, el 22 de marzo de 2006, ETA anunció el alto al fuego definitivo, tras el que se inició un primer acercamiento de diálogo con el Gobierno. No obstante, volvieron a las armas en 2007 sin haber alcanzado un acuerdo. Sus acciones eran mucho más espaciadas y menos dañinas que en épocas anteriores y, finalmente, en 2011 se anunció el alto al fuego definitivo. Aún así, hubo que esperar hasta el 2 de mayo de 2018 para la desarticulación total de la banda.

La Fiscalía ha informado al juez José Luis Calama a favor de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar las denuncias interpuestas por asociaciones de víctimas por los actos de homenaje a expresos de ETA celebrados el 27 y 28 de julio en Hernani y Oñate (Guipúzcoa). Solicita además un informe ampliatorio a la Guardia Civil en el que reclama, entre otros datos, la identificación de los convocantes y de los posibles autores de enaltecimiento del terrorismo en ambos actos, han informado a Europa Press Fuentes del Ministerio Público.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 abrió diligencias el pasado día 31 a raíz de las denuncias presentadas por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), si bien los homenajes también fueron denunciados por la Delegación del Gobierno en el País Vasco y Covite, y unos días más tarde por Vox. Posiblemente todas estas denuncias se acumularán en el mismo procedimiento.

En su informe, la Fiscalía pide al juez que ordene a la Guardia Civil la realización de un informe ampliatorio en el que se identifique a los convocantes y que también precise los actos individualizados de posible entaltecimiento, así como a su autores.

El recorrido de la causa judicial es complicado, teniendo en cuenta que multitud de investigaciones similares han terminado archivadas en la Audiencia Nacional por las dificultades a la hora de concretar los hechos y a sus responsables, según se advierte desde la Fiscalía.

El pasado día 27 la localidad guipuzcoana de Hernani celebró un homenaje al ex número dos de ETA José Javier Zabaleta Elosegi, alias Baldo, que abandonó la prisión de Zuera tras cumplir 29 años de condena. Lo mismo ocurrió un día después en Oñate con Xabier Ugarte, condenado por el secuestró a Ortega Lara, tras quedar libre después de 22 años en prisión.

En sus denuncias, tanto Covite como Vox solicitan a la Audiencia Nacional que "indague acerca de la responsabilidad de los ayuntamientos de Hernani y de Oñate, gobernados ambos por EH Bildu, en la cesión de los espacios públicos para las celebraciones de los homenajes".

Las actas de la banda terrorista ETA sacan a la luz que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reveló al mediador con la banda terrorista que Francia tenía previsto dar un golpe importante a ETA tras la detención de Ramón Sagarzazu a finales de mayo de 2005. Este mediador, según la documentación incautada en Francia, se citaba con el entonces jefe del Ejecutivo, quien además le pidió que la relación entre la "Organización" y él solo se produjera por esa vía, pero que se hiciera "con total discreción", informa Europa Press.

Según la documentación que obra en poder de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso Europa Press, las actas no dicen el nombre de ese mediador. Pero su existencia la pone de manifiesto el facilitador que se ocupó de organizar las reuniones entre los enviados del Gobierno y los representantes de ETA.

El el ‘Acta de LAU’ se lee textualmente: “Gorburu le dice al mediador que le han dicho fuentes policiales francesas que después de la detención de Alain tenían preparado un golpe operativo importante contra la Organización. Desde entonces, no saben nada. Estaban preocupados ante una posible detención de EraOrdez, pues temen que podría acarrear la ruptura de las negociaciones”.

En las actas, este último aparece con el nombre clave "LAU", pero no aparece identificado y además, no se trata de una sola persona. En el atestado de la Policía francesa se explica que es el "encargdo" de conducir las discusiones entre ETA y el Gobierno y el "designado como interlocutor legítimo de cada una de las partes en caso de desacuerdo" y que su procedencia parte de la organización "Nobel". De hecho, el rol que desempeña "LAU" está definido en las citadas actas de la banda en ocho puntos que van desde facilitar el proceso y convocar las reuniones a establecer las relaciones con las autoridades para garantizar la seguridad de los lugares de encuentro y de las delegaciones.

Zapatero pidió al mediador aplazar reuniones por las elecciones vascas 

Pues bien, "LAU" expuso una de las reuniones que mantuvo con ETA, a la que asistió como representante Alain Alain–Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, considerado el jefe del aparato internacional de ETA–, el 16 de mayo de 2005, que ya había encontrado un intermediario directo "para acceder a Gorburu", el nombre en clave que se dio a Zapatero en la negociación. "LAU", que en aquel encuentro estaba compuesto por dos personas, no especificó quién era ese mediador, pero expuso que ya se había citado 4 veces con el presidente del Gobierno y que el jefe del Ejecutivo había pedido que, en adelante, toda la relación entre la Organización y él se produjera "solo por esta vía" y que se desarrollara con "total discreción". En aquel encuentro del mes de mayo de 2005 entre la banda y el facilitador también se informó de que Zapatero había aceptado su propuesta para la reunión así como todo el procedimiento. Pero que debido a las elecciones –las vascas, que se celebraron en abril de 2005–, le había solicitado un "cambio de fechas".

Otro de los encuentros que recogen las actas es uno celebrado en julio de 2005 entre la banda terrorista y el facilitador "LAU" y el mediador. Este último les traslada que solo hay cuatro personas que saben de la representación de ETA, que son el presidente, el propio mediador, los enviados del Gobierno y otra persona más, y les traslada una conversación mantenida con Zapatero. Así, expone que el entonces presidente del Gobierno le había revelado que "fuentes policiales francesas" le trasladaron que "después de la detención de Alain tenían preparado un golpe operativo importante contra la Organización". Alain es el nombre que utilizaba Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, quien fue detenido a finales de mayo de 2005 y hasta ese momento había participado de los encuentros para facilitar la negociación del Gobierno con ETA como quedó de manifiesto en las actas de la banda. En su "cantada", Sagarzazu aseguró que los policías le dijeron: "Bien, tendrá pronto una reunión con Zapatero, ¿no?". A lo que él les respondió: "Y ustedes tienen como misión joderlo todo, ¿no?".

El mediador trasladó también a los representantes de ETA en la reunión de julio de 2005 la preocupación que tenían ante una posible detención de los enviados de la banda terrorista en la negociación, ya que temían que pudiera acarrear la ruptura de las negociaciones. En aquel encuentro, el facilitador pidió al mediador que se veía con Zapatero que no metieran prisa a los representantes del Gobierno "por el bien de las conversaciones" y a éste le pareció bien la propuesta y se comprometió a trasladárselo al presidente del Gobierno.

Acta de la reunión LAU

Zapatero pidió seguir al mediador tras el atentado del Estadio de la Peineta 

Además, el mediador trasladó a los representantes de la banda el gran miedo que tenía a que se produjera cualquier filtración y cualquier atentado de la organización, ya que eso supondría un "gran golpe para Gorburu" porque todo "podría irse al traste". Las actas recogen también el enfado del mediador, que estaba "enloquecido" por la "ación de Madrid". Pero señalan que el presidente del Gobierno le había dicho que "estuviera tranquilo" y que siguieran con las conversaciones.

El atentado más reciente de ETA antes de esa reunión de julio de 2005, fue el que se produjo a finales de junio cuando la banda hizo explotar un coche bomba en el aparcamiento del Estadio de la Peineta, actual campo del Atlético de Madrid, en el madrileño barrio de San Blas, en el que no se produjeron víctimas mortales.

Durante mi infancia y juventud, Madrid fue objetivo de atentados terroristas, fueron asesinadas 123 personas desde 1960 a 2009, según el compendio Vidas rotas: todas las víctimas de ETA de Florencio Domínguez, Marcos García Rey y Rogelio Alonso. Recuerdo que en los tempranos noventa una compañera del colegio me dijo que tenía miedo. Era hija de un Guardia Civil de nuestro pueblo y vivía en la casa cuartel. Nuestra escuela estaba justo en frente. Por suerte, la televisión y la angustia de esta niña son lo más cerca que yo estuve de ese miedo en aquellos años: no había pintadas en mi portal ni murmullos ni madres ni muertos a mi alrededor. Durante muchos años, no supe cuantificar a las víctimas del terrorismo ni tampoco supe nada de la violencia del Estado y no creo que hubiera podido vivir obviando esto en otras coordenadas. Habrá quien prefiera no preguntarse y, sencillamente, asumir la historia que puede comprender. Creo que realmente sí hay necesidad de esa narración. Incomodarse con cuestiones no es justificar por qué este país vivió durante décadas bajo esa sombra y dónde estriba la complejidad del asunto. Desde ese lugar escribo hoy.

Pienso en esto ahora por dos cosas. La primera, porque la semana pasada acabé veloz e impactada la novela de Edurne Portela, Mejor la ausencia, donde la autora narra una parte de la vida de Amaia, una niña al principio, una mujer al final, que vive en un pueblo de la ribera del Nervión y en sus páginas vamos viendo las marcas que la violencia política, social y familiar imprimen en su vida. ¿Puede alguien crecer en una sociedad inmersa en la violencia y salir indemne? Yo quiero creer que sí. Pero lean el libro y allá cada conclusión.

Hace unos días, paseando por Donostia, me sorprendió una placa en la fachada de un restaurante. Era el recuerdo a un chico abatido a tiros por un policía franquista en una manifestación contra las penas de muerte impuestas a dos miembros de ETA. En otra cara de la misma manzana, sé que murió un artificiero desactivando una bomba que ETA había colocado en un comercio. Una calle más arriba, el psicólogo de una prisión fue asesinado a bocajarro por dos etarras encapuchados. Portela escribió un ensayo anterior a la novela, El eco de los disparos, que es lo que a mí me parecía seguir escuchando en ese cruce de calles del barrio de Gros. Pero, en realidad, yo no sé cómo suena un arma al detonarse.

La segunda cuestión que me pone a pensar sobre algunas de las secuelas de aquello ha sido la visita de Ciudadanos al municipio navarro de Alsasua durante el pasado fin de semana. Si tuviera en frente a Albert Rivera me gustaría preguntarle a qué fue. Por qué eligió Alsasua. ¿Es Alsasua ese lugar impregnado en gasolina que nos quieren mostrar? Para cuando esta columna se publique ya habremos escrito que fue a provocar y a mostrar la confrontación y esa violencia supuestamente latente que existe en el pueblo.

Lo que hizo Rivera fue, para mí, una irresponsabilidad política, no porque no pueda ir a dar sus mítines a las localidades que le parezcan oportunas, sino porque llevó en sus bolsillos el viejo arsenal de la confrontación. Los llenó con los elementos de una narración incendiaria para incidir en el “con el Estado o contra el Estado”, y Estado solo significa así Guardia Civil, bandera, autoridad, defensa de la patria; todo lo otro significa terrorismo, independentismo, antisistema. A fuerza de tanto querer simplificarnos, espero que cada vez seamos más los que nos alejemos de una y otra cosa y busquemos en los márgenes una lectura nueva, no equidistante como señalan, sino propia, donde podamos asumir fríamente la complejidad, donde se rechace la violencia y pueda existir la reparación. No asumamos como real ese relato polarizado que intentan escenificarnos.

El diario Gara publica en su edición de este martes una información, recogida por Europa Press, en la que apunta que ETA elaboró un último Zutabe, fechado un mes antes del anuncio de su disolución, en el que pone cifras a la actividad terrorista que desarrolló durante medio siglo.

En el documento la banda asegura que ha asesinado a 758 personas en sus atentados, alrededor de un centenar menos de las que le atribuyen el Ministerio del Interior y las asociaciones de víctimas.

ETA admite dos atentados que no se había atribuido hasta ahora y que se suman a las 2.604 acciones que sí había reconocido con anterioridad. Se refiere a la muerte de tres personas en Tolosa en 1981, a las que confundió con agentes de Policía; y al artefacto que colocó en la cafetería Rolando, de la calle Correo de Madrid en 1974, en la que perdieron la vida 13 personas y en la que alrededor de 70 resultaron heridas. Dicha cafetería era frecuentada por policías debido a la cercanía de la Dirección General de Seguridad (DGS).

Nérim, muerto en "un enfrentamiento inesperado"

En su Zutabe final, la banda recuerda que el 9 de agosto de 2009, a las 18.00 horas, hizo estallar su último artefacto explosivo en las galerías de la Plaza Mayor de Mallorca –sin víctimas–, y apunta que, más tarde, se produjo "el enfrentamiento inesperado" que acabó con la muerte del policía francés Jean-Serge Nérin.

En su balance de actividad terrorista, ETA concreta que, a lo largo de su historia, cometió 365 atentados contra la Guardia Civil, en los que mató a 186 efectivos; 215 acciones contra Cuerpos Policiales, en los que perecieron 139 agentes; y 147 contra el Ejército, en el que fallecieron 101 militares –entre ellos, enumera un almirante, dos vicealmirantes, doce generales, 31 coroneles, siete capitanes y once comandantes–, además de once funcionarios civiles de la Armada. En esta línea, precisa que cometió "más de 800 acciones armadas desde 1975 a 1982".

La banda reproduce en el documento la declaración de "reconocimiento del daño causado" que ETA emitió el día 8 del pasado mes de abril, en la que pedía "perdón" solo a las víctimas que no estuvieron relacionadas "directamente" con lo que denomina el conflicto vasco.

Gara destaca que, en la declaración, ETA reconoció "la responsabilidad directa que ha adquirido en este dolor" que se causó, y manifestó que "nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo, pues hace ya mucho que este conflicto político e histórico debía contar con una solución democrática justa".

Alusiones a otros partidos

ETA se refiere a algunos de los atentados que cometió como el asesinato en agosto de 1968 de Melitón Manzanas, jefe de Policía en Guipúzcoa, para apuntar que no fue una respuesta a la muerte del miembro de la banda Txabi Etxebarrieta, sino que "la decisión estaba tomada de antemano".

También se refiere al atentado de Hipercor, como "el mayor error y desgracia" que cometieron. "Esa acción dejó una alargada sombra, pues, además del irremediable daño humano y dolor causado, provocó dudas sobre las características de la lucha armada (...). Que ETA asumiera totalmente su responsabilidad y realizara autocrítica, no minimizó del todo esas consecuencias negativas", añade.

También se refiere a los largos secuestros en los años 90, que recuerda que fueron de "motivación económica" y que se convirtieron "en el centro de una fuerte confrontación", como los del empresario José María Aldaia (secuestrado durante 342 días) y de Cosme Delclaux (232 días), al que califica de "oligarca". En esta línea, admite que "se prolongaron tanto por las dificultades técnicas y operativas provocadas por la presión policial".

También señala que en 2001 "se realizaron tres intentos de atentado contra el presidente del Gobierno, José María Aznar, con la utilización de un misil mientras estaba en vuelo".

De este modo, descarta que se haya vulnerado el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal como alegaban estos tres condenados por terrorismo, es decir, no cree que España haya violado el derecho a la libertad de estas personas ni que haya incurrido en su detención ilegal al no acumular las penas como prevé una directiva europea de reconocimiento de sentencias penales entre Estados miembro. Tampoco considera que se les haya penalizado de forma retroactiva.

No obstante, en el mismo pronunciamiento condena al Estado a indemnizar con 2.000 euros a Santiago Arrospide ('Santi Potros'), primer demandante, y con 1.000 euros a Kepa Pikabea, Alberto Plazaola y Francisco Múgica Garmendia ('Pakito'), respectivamente, por no haber atendido debidamente los recursos judiciales que presentaron sobre este asunto.

Estos demandantes alegaban que España había incurrido en una vulneración del artículo 7 según el cual, no se puede imponer a un condenado una pena mayor a la contemplada en el Código Penal en el momento en que cometió su delito. Los etarras entendían que al haber entrado en vigor la trasposición de la normativa europea sobre acumulación de condenas con una ley aprobada en el año 2014 según la cual, no podrían beneficiarse de esta medida los sentenciados antes de 2010, se les estaba penalizando de forma retroactiva.

El máximo son 30 años, con o sin acumulación 

Estrasburgo, tras analizar la legislación española en aquellos momentos clave, afirma que no se ha producido tal vulneración y avala la posición de la Justicia española porque con o sin acumulación de condenas, en España las penas máximas de cumplimiento efectivo en prisión "siempre han sido las mismas, treinta años" por lo que entiende que no debe producirse "un cambio en el alcance de las sentencias impuestas a los solicitantes".

Sostiene además que las decisiones que tomó la Audiencia Nacional a favor de acumular las condenas y que supuso en un primer momento que 'Santi Potros' y Plazaola salieran de prisión, "nunca llegaron a ser definitivas" porque la Fiscalía recurrió al Tribunal Supremo y éste las fue anulando "salvo en tres casos aislados" hasta sentar la jurisprudencia definitiva "unos diez meses" después. No ve que se produjera así una vulneración de los derechos de los demandantes.

Descarta así que estas personas hubieran estado detenidas ilegalmente durante años, como argumentaban, al haberse aplicado retroactivamente la ley en su contra. Sentencia que "los periodos de prisión impugnados no pueden ser descritos como no previsibles o no autorizados por la ley" y que su detención continuada más allá de las fechas en que los etarras consideraban que debían haber salido de prisión, "resultan de los veredictos de culpabilidad" y del límite de 30 años, que no habían cumplido, de estancia máxima en la cárcel en España.

Falta seguridad jurídica en el acceso al Constitucional 

En concreto, los etarras alegaban que el Tribunal Constitucional, al haber inadmitido sus recursos contra las decisiones previas del Tribunal Supremo que no alteraban su situación penitenciaria les había privado de un acceso efectivo a la justicia, vulnerando así el artículo 6.1 del Convenio Europeo, extremo que España descartaba de plano en sus alegaciones, argumentando que hay unos cauces formales para presentar el recurso de amparo que no se habían respetado.

Sin embargo, la Corte considera que "a los demandantes se les impuso una carga desproporcionada que rompió el equilibrio" necesario entre la "legítima preocupación por garantizar el respeto" a las condiciones formales para recurrir ante el Tribunal Constitucional "y el derecho de acceso a esta instancia".

Se refiere al hecho de que todos estos recursos fueron declarados inadmisibles al no haberse agotado la vía judicial, cuando el Tribunal Supremo había rechazado por irrelevancia el incidente de nulidad que habían presentado dos de ellos -trámite previo imprescindible para llegar al Constitucional-- y notificado su decisión fuera de plazo de 30 días límite para presentar un recurso de amparo. "Al menos debe considerarse una falta de seguridad jurídica", dice Estrasburgo.

Condena así a España a indemnizar con 2.000 euros a Santiago Arrospide ('Santi Potros'), primer demandante, y con 1.000 euros a Kepa Pikabea, Alberto Plazaola y Francisco Múgica Garmendia ('Pakito'), respectivamente, por entender que se ha vulnerado el artículo 6 del Convenio que garantiza el acceso a la tutela judicial efectiva.

No habrá excarcelaciones ni beneficios 

En caso de que Estrasburgo hubiese dado la razón a los etarras autores de la demanda, habría implicado la excarcelación de unos diez etarras y reducciones de condena o beneficios penitenciarios para decenas de ellos, ya que se les habría reconocido el tiempo pasado en cárceles de países como Francia y descontado del tiempo a cumplir en España.

Aunque la sentencia hecha pública este martes ha resuelto los casos de cuatro etarras, el tribunal deberá pronunciarse sobre otros 20 que han demandado a España por lo mismo. Además, el pronunciamiento no es firme, porque todavía cabe recurso ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido este miércoles en el Congreso que no habrá traslados colectivos de presos de ETA y que, de haber acercamientos, serán individuales y de acuerdo a la ley penitenciaria. "Mi lealtad con las víctimas es férrea, no permitiré críticas falsas ni que se utilicen a las víctimas por interés político", ha defendido, afeando al PP su estrategia de "inyectar odio" en la sociedad al utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno.

Como en anteriores intervenciones parlamentarias, Grande-Marlaska se ha mostrado molesto especialmente con el PP, a quien ha reclamado "lealtad al Estado" en lo referente a la política penitenciaria. Ha recordado que este verano se produjeron los traslados desde Asturias a Basauri (Vizcaya) de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, aunque cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Traslados que el Gobierno de Rajoy defendía "con ahínco"

"Las víctimas no van a permitir que se mienta en relación con su situación. Exijo responsabilidad, coherencia y lealtad", ha insistido el ministro. "No se puede criticar algo que defendieron algunos con tanto ahínco", ha continuado, citando declaraciones de dirigentes del PP en el pasado, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, partidarios de poner fin a la dispersión si ETA desaparecía. "Flaco favor hacen inyectando odio", ha dicho.

En su intervención inicial ante la Comisión de Interior, Grande-Marlaska ha defendido que los traslados penitenciarios no cuentan como beneficios en lo referente a la progresión de grados.

El PP, sin embargo, ha mantenido la petición de explicaciones al entender que sí ha habido un cambio en la política penitenciaria como "pago por los votos" del PNV y otros partidos nacionalistas para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. "El PP será garantía de que la humillación a las víctimas no se produzca", ha defendido Marimar Blanco, que ha preguntado al ministro si comparte la tesis del Gobierno vasco de que se deben acercar también a los presos "más duros".

El PNV ha sostenido que "el primero que utilizó la lucha contra ETA como arma arrojadiza" fue el PP, y que ahora siguen haciendo esto cuando critican el fin de la dispersión o la ley vasca de abusos policiales por las denuncias de torturas en la lucha antiterrorista. "Está clarísimo", ha dicho el diputado Mikel Legarda, "el Gobierno cambia de política porque ETA ha desaparecido y no va a volver".

Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, ha defendido que el cumplimiento de la ley penitenciaria exigiría que más de un centenar de terroristas −"presos vascos", para ella− deberían ser excarcelados de manera inmediata. Además, ha criticado que se mantenga el primer grado, el más estricto, para la mayoría de presos etarras, comparando esta situación con la de Iñaki Urdangarín, clasificado en segundo grado "en tiempo récord".

"No vamos a permitir la inmigración violenta"

El ministro del Interior también ha justificado la devolución a Marruecos de los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado 22 de agosto, afirmando que esta acción "mandó un mensaje claro" a las "organizaciones criminales que trafican con personas".

"El mensaje es que la inmigración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta", ha destacado, para después reivindicar la "seguridad y protección" de las fronteras de España con el país alauí desde el respeto a los derechos humanos. "Seguridad, sí, pero sobre todo humanidad. Pero humanidad no es igual a permisividad", ha precisado el responsable del Ministerio del Interior, que ha comparecido este miércoles en el Congreso.

Grande-Marlaska ha acudido a la Cámara baja a petición propia tras la "reactivación" del Acuerdo de Readmisión firmado en 1992 entre España y Marruecos, en virtud del cual los 116 inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla fronteriza de Ceuta fueron devueltos al país magrebí apenas 24 horas más tarde. El convenio permite a España entregar al país vecino a quienes han accedido de manera irregular a territorio español desde allí, independientemente de su país de origen.

La aplicación de este acuerdo, según ha explicado el ministro, se debe a que tanto España como Marruecos "han querido mandar un mensaje claro" a las mafias dedicadas a la trata de seres humanos. "No vamos a permitir la inmigración violenta que atente contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha resaltado.

Marruecos solo acepta el convenio en casos concretos

Grande-Marlaska ha destacado que la reactivación del acuerdo por parte de Marruecos "por lo general, no ha sido aceptada": solamente ha aceptado hacerlo "en casos específicos". Durante su intervención, ha hecho hincapié en el impulso de la cooperación y las relaciones entre Maruecos y España desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

En este sentido, ha asegurado que España va a reforzar el control fronterizo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, matizando que se impulsará el uso de "medios más modernos, no lesivos", en clara referencia a las concertinas con cuchillas cortantes.

El histórico dirigente de ETA Santiago Arrospide Sarasola, conocido como Santi Potros, ha salido este domingo de la prisión de Topas (Salamanca), tras pasar 31 años en la cárcel, informa Europa Press.

Potros fue condenado a penas que sumaban casi 3.000 años de cárcel por numerosos atentados, como el de la plaza de la República Dominicana de Madrid en 1986, en el que fallecieron 12 personas, y el de Hipercor en 1987, en el que murieron 21 personas.

El etarra ha abandonado la prisión poco después de las 8 de la mañana vestido con ropa deportiva y una gorra blanca. A su salida le esperaban tres personas, dos hombres y una mujer. Sin hacer declaraciones se ha subido a un vehículo y ha abandonado el recinto penitenciario.

Santi Potros, de 70 años y natural de Lasarte (Guipúzcoa), fue detenido en 1987 en Francia y ha permanecido 13 años en centros penitenciarios galos y otros 18 en cárceles españolas, después de ser extraditado en diciembre del año 2000.

El exjefe del aparato militar de ETA fue el inductor del atentado de Hipercor de 1987 –el más sangriento de la historia de ETA con 21 muertos y 45 heridos, por el que fue condenado a 790 años de cárcel–, y el de la plaza República Dominicana de Madrid –cometido el 14 de julio de 1986, en el que fallecieron 12 agentes de la Guardia Civil y hubo 32 heridos, y que le supuso una pena de 1.920 años de prisión–.

Arrospide pasó a formar parte de la banda en 1968, para ingresar en 1976 en los comandos Bereziak (especiales) de ETA político-militar. Se benefició de la amnistía general de 1977. Desde 1981 hasta 1985 se hizo cargo de los comandos ilegales de ETA.

Cuando estuvo en prisión, Santi Potros se fue alejando de la ortodoxia de la banda y expresó sus discrepancias ante el atentado en la T-4 del aeropuerto de Barajas en 2006, que supuso el fin del alto el fuego decretado por ETA.

Detención en Francia

Fue detenido en la localidad francesa de Anglet el 30 de septiembre de 1987, en posesión de gran cantidad de armas y explosivos, además de documentación que propició la detención de numerosas personas relacionadas con ETA.

El Tribunal Correccional de París le condenó por asociación de malhechores y tenencia ilícita de armas. Fue extraditado a España el 21 de diciembre de 2000, sumando a partir de entonces 11 condenas que ascendían a casi 3.000 años de prisión.

El 7 de marzo de 2006, la Audiencia Nacional acordó acumular sus once condenas en una, y fijó en 30 años el cumplimiento máximo de privación de libertad, estableciendo su fecha de excarcelación en 2030, que se vio reducida después a 2025 con la anulación de la doctrina Parot. Una decisión marco de la UE de 2008 sobre el cómputo de penas en países europeos provocó que se le restarán años de condena, de forma que fue excarcelado el 4 de diciembre de 2014.

Solo estuvo 45 días en libertad, ya que fue condenado por otros dos atentados perpetrados en Madrid y Barcelona, y volvió a ingresar en prisión. Antes de ser trasladado a la cárcel de salmantina de Topas, estuvo en centros penitenciarios de Andalucía y de Zaragoza.

Casado reclama al Gobierno que impida homenajes

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado este domingo en Vitoria que el Gobierno "extreme las precauciones" para evitar homenajes al exdirigente de ETA Santi Potros.

Casado ha lanzado este mensaje en un acto celebrado en Vitoria, en el que varias decenas de personas le han abucheado, le han llamado "terrorista" y le han lanzado reproches alusivos a las presuntas irregularidades en su máster de Derecho Autonómico.

Ante esta protesta contra su persona y contra el Partido Popular, el líder del PP ha asegurado que es necesario "recuperar la convivencia y la concordia", frente a aquellos que representan una "minoría radical" y "quieren que no podamos hablar en el País Vasco de lo que les interesa a los españoles".

Casado, que ha estado acompañado por el presidente del PP, Alfonso Alonso, y otros dirigentes conservadores, ha defendido la necesidad de construir "una sociedad en libertad, con seguridad y sin ningún tipo de presiones o insultos".

En su intervención ante los medios de comunicación, Casado ha recordado a la niña Silvia Martínez, asesinada por ETA en un atentado cometido en 2001 en Santa Pola (Alicante), y que este domingo habría cumplido 18 años.

El presidente del PP ha anunciado que su partido acudirá el jueves a la localidad alicantina con motivo del aniversario del atentado. Casado ha afirmado que la desaparecida ETA "no puede obtener rédito alguno ahora que ha dejado de matar, igual que no lo tuvo cuando mataba".

También se ha referido a la salida de prisión del exdirigente de ETA Santi Potros, Casado ha reclamado al Gobierno central que "extreme las precauciones" para evitar se que celebren "actos de enaltecimiento u homenajes" a este "sanguinario terrorista".

La operación se ha lanzado por parte de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, para la intervención de numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de 50 personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA por una deuda que superaría los ocho millones de euros.

Se trata tanto de autores de atentados terroristas como de acciones de violencia callejera de la conocida como kale borroka, según ha informado Interior, sobre quienes pende una deuda contraída con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados por sus acciones terroristas. 

Entre los investigados para la intervención de sus bienes se encuentran al menos diez miembros de ETA, entre ellos algunos históricos de la banda. El resto, más de 40, son responsables de acciones de violencia callejera, constitutivas también de acciones terroristas al formar parte de la estrategia diseñada por la banda criminal.

La Tigresa abandonó el 13 de junio de 2017 la cárcel de Álava tras cumplir todas sus condenadas por integrar uno de los comandos más sangrientos de la historia de ETA, el comando Madrid de mediados de los 80, en el que figuraban otros conocidos terroristas como Iñaki de Juana Chaos, Juan Manuel Soares Gamboa, Antonio Troitiño o Inés del Río.

Otra histórica etarra es Mercedes Galdós, que salió en libertad de la prisión de Topas (Salamanca) en 2005 tras haber cumplido 19 de los 700 años a los que fue condenada por 21 atentados. La integrante del comando Nafarroa logró redimir 11 años por buen comportamiento.

En el caso de Enrique Letona Viteri, salió de prisión en 2003 y también se acogió a beneficios penitenciarios tras cumplir algo más de 15 años. En todos estos casos la Guardia Civil ha detectado que tienen ingresos y bienes, alertando de ello a la Audiencia Nacional.

Más de 45 cuentas bloqueadas

Las investigaciones, realizadas por la Guardia Civil durante el último año en el marco de la operación Zerga, que se puede traducir como tributo en vasco, permitieron comprobar cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.

Por ello, Interior ha explicado que se está procediendo al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Para ello, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan, a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional.

En cuanto a medios de transporte, la Guardia Civil está procediendo a retirar de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos el embargo de una autocaravana. Asimismo, la Guardia Civil ha identificado catorce propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento.

Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Según Interior, esta operación de la Guardia Civil pone de manifiesto que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, "seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas". Por ello, prometen investigar la localización y detención de todos aquellos terroristas que tengan causas pendientes.

Zoido se ha congratulado de que la reunión haya servido para defender la memoria de las víctimas y para subrayar que el Estado de Derecho ha conseguido derrotar a la banda terrorista, reiterando el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy para combatir las "alusiones a una falsa responsabilidad compartida" o las "distinciones entre víctimas", como hizo ETA en sus comunicados de disolución.

"No lo vamos a permitir, no lo vamos a consentir", ha enfatizado a este respecto Zoido, que ha repetido en varias ocasiones que los antiguos dirigentes y terroristas de ETA "no tienen otro camino que cumplir la ley". "No habrá impunidad ni contrapartidas, no vamos a premiar a ETA por reconocer su fracaso y su derrota", ha señalado.

Según los diferentes portavoces, la reunión del Pacto Antiterrorista ha servido para subrayar la unidad de los demócratas frente al terrorismo de ETA, sin que se haya entrado a debatir en profundidad sobre otras cuestiones polémicas. Pese a las preguntas de la prensa, Zoido ha evitado polemizar sobre la ausencia del PNV o contestar sobre la propuesta de esta formación para llevar al Estatuto la constitución de Euskal Herria, con la anexión de Navarra y del País Vasco francés.

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso Íñigo Allí ha insistido en su turno en que exigirán que Rajoy se comprometa por escrito a no participar en una mesa para negociar el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas y navarras o, de lo contrario, su formación votará en contra de los presupuestos generales del Estado para 2018.

"No se trata de rellenar un formulario"

Zoido ha repetido en varias ocasiones que habrá cumplimiento "escrupuloso" de la legislación vigente sobre el acercamiento o los beneficios penitenciarios. "Hay que cumplir con una serie de requisitos que no es rellenar un formulario", ha señalado, "se trata de acreditar a lo largo del tiempo una serie de conductas y actitudes". Se refería a la exigencia de que los beneficios individuales, como se hace desde hace décadas, se aprueben previo rechazo del preso a la violencia de ETA, la colaboración con la justicia y el pago de las responsabilidades civiles.

Al Pacto Antiterrorista de este jueves se ha sumado el PDeCAT, aunque su diputado Carles Campuzano ha renunciado a comparecer ante la prensa. PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Partido Aragonés, Coalición Canaria y UpyD son el resto de partidos que han participado de la reunión adelantada el pasado viernes por el presidente del Gobierno, durante su declaración institucional coincidiendo con el acto en Cambo en el que los mediadores anunciaban la disolución de ETA. Además del PNV, ERC tampoco ha asistido.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha hablado de día "agridulce" por mezclar la alegría de la derrota de ETA con el recuerdo de sus víctimas, eludiendo entrar en otras cuestiones como la flexibilización de la política penitenciaria. Rafa Mayoral, de Podemos, ha pedido una investigación sobre "todas las violaciones de derechos humanos" durante la existencia de la banda terrorista, congratulándose por su desaparición. Según él, los presos etarras deberían cumplir sus penas "lo más cercano a sus domicilios, como cualquier preso".

Homenajes y armas de ETA

El diputado de Ciudadanos Juan Carlos Guirauta ha puesto el acento en que ha habido "vencedores y vencidos" y en que los presos de ETA "no pueden tener beneficios por dejar de matar". En esta idea ha insistido el portavoz del PP, Carlos Rojas, subrayando que habrá cumplimiento íntegro de las condenas "sin contrapartidas". Además, ha realizado una petición: "Tienen que desaparecer los actos de homenaje a ETA".

Los partidos minoritarios firmantes del Pacto Antiterrorista también han respaldado la tesis general de recuerdo a las víctimas. Tomás Aparicio, de UPYD, ha abogado por no cometer los mismos errores que con el IRA en Irlanda, donde las víctimas han sido "marginadas" y el Sinn Fein "ocupa" ministerios e instituciones. En este sentido, ha criticado que ETA haya conseguido la legalización de sus "herederos políticos" o que aún haya armas que no han entregado.

El representante de UPYD ha dicho que esto último lo han expuesto a puerta cerrada los mandos policiales presentes en el Pacto Antiterrorista. Zoido y el resto de portavoces han tenido palabras de agradecimiento para las fuerzas de seguridad por conseguir derrotar a ETA. En la reunión han participado el director del CITCO, José Luis Olivera, y los máximos jefes de Información tanto de la Policía como de la Guardia Civil, Juan Carlos Ortiz y Fernando Santafé, respectivamente.

Tras pedir a "todas las partes" que sean "honestas sobre el pasado" y "generosidad para curar las heridas", alabó el comunicado del pasado 20 de abril de ETA que, a su juicio, "reconoce los sufrimientos que ha ocasionado", en alusión a la declaración en la que la banda jerarquizó a las víctimas, pidió perdón solo a algunas y no reconoció la injusticia del daño causado.

El documento afirma que hace casi siete años las personalidades internacionales asistieron a la Conferencia de Aiete, en San Sebastián, porque creían "que había una verdadera oportunidad de superar el último enfrentamiento armado en Europa".

"En aquel momento apelamos a todas las partes para que se comprometieran a usar medios pacíficos y democráticos, a dialogar y negociar para resolver sus diferencias y, así, alcanzar una paz justa y duradera en esta región", destaca.

Tras señalar que ETA respondió a su llamamiento "haciendo una declaración de cese definitivo de todas sus actividades armadas", añade que, "desde entonces, ha mantenido su palabra y no ha habido más violencia".

"El año pasado fue más allá y llevó a cabo su desarme completo. Reconocemos estos pasos y le damos una calurosa bienvenida. Hoy nos reunimos en la villa de Arnaga en Cambo para dar la bienvenida a la declaración final de este grupo", subraya.

"Momento histórico"

En este sentido, recuerda que este jueves la organización terrorista "anunció su decisión de dejar de existir" y, por tanto, "es un momento histórico para toda Europa que marca el fin del último grupo armado en el continente".

"En los casi siete años desde la Declaración de Aiete ha habido pasos importantes en respuesta a nuestro llamamiento a la paz en el País Vasco. Hubo llamados en Aiete que no fueron correspondidos. Sugerimos que se desarrollara el diálogo entre el grupo y el Gobierno español, y no lo ha habido", apunta.

Sin embargo, considera que "se han producido muchos otros esfuerzos para alcanzar la paz". "La sociedad vasca, las organizaciones cívicas los partidos y las instituciones vascas del Norte y Sur (del País Vasco), han desempeñado un papel para avanzar hacia la paz", añade.

También rinde "homenaje a los esfuerzos realizados durante largos años por los ciudadanos y los Gobiernos del País Vasco, España y Francia, así como a la labor de muchas personas y organizaciones conocidas y desconocidas que han obrado sin descanso para conseguir lo que se ha conseguido hoy".

"Aún están por resolver asuntos importantes como el de los presos y las personas que se encuentran huidas y hacen falta esfuerzos duraderos para llegar a una total normalización de la vida cotidiana y política en la región", insiste.

En este sentido, asegura que, "por encima de todo", lo que queda por delante "es un proceso de reconciliación". "En base a nuestra experiencia en los conflictos en los que hemos estado involucrados, es algo que requiere mucho tiempo, heridas profundas perduran familias y comunidades permanecen divididas. Debe haber más esfuerzos para reconocer y asistir a todas las víctimas", apunta.

Generosidad

La Declaración de Arnaga emplaza a "la honestidad de todas las partes sobre el pasado" y destaca que "hará falta un espíritu de generosidad para curar las heridas y reconstruir una comunidad compartida".

En este sentido, se refiere al comunicado de ETA del pasado 20 de abril, en el que la banda "reconoce los sufrimientos que ha ocasionado y apoya el trabajo de reconciliación que queda por llevar a cabo", en alusión a la declaración en la que la organización terrorista jerarquizó a las víctimas, pidió perdón solo a algunas y no reconoció la injusticia del daño causado.

"Aún queda mucho por realizar por todas las partes. Confiamos que los esfuerzos hacia la reconciliación continúan con éxito y nos quedamos a la disposición de quienes necesiten una nueva contribución de nuestra parte", manifiesta.

Las personalidades internacionales firmantes del texto aseguran que, tal como se dijo en Aiete en 2011, "construir una paz necesita del diálogo político entre todos los actores principales". "Recurrir solo a medidas de seguridad y prisión es raramente eficaz. La paz no es un juego de suma cero, sino un asunto de voluntad política donde ambas partes se ponen de acuerdo para alcanzar sus objetivos de forma pacífica a través de medios políticos y democráticos", aseveran.

De esta forma, aseguran que "hoy es un buen día para el País Vasco, España, Francia y toda Europa, un día para celebrar, más temprano que tarde, con el esfuerzo de todos una solución global, justa y duradera que se alcanzará en el País Vasco". "Esperamos que este ejemplo lleve esperanza a todos aquellos que se enfrentan a conflictos aparentemente sin solución en otras partes del mundo", añade.

Personalidades internacionales

El texto fue firmado por el exjefe del Gabinete de Tony Blair, Jonhatan Powell; el histórico líder del Sinn Féin, Gerry Adams; el político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas; el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Michel Cambessus; el exprimer ministro irlandés, Berthie Ahern; el ex ministro del Interior de Francia, Pierre Joxe; y el exministro de Exteriores francés, Hubert Védrine.

Además de estos representantes internacionales, se sumaron a la Declaración de Arnaga el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan y la exprimera ministra de Noruega, Gro Harlem, que no pudieron asistir a Cambo.

El texto fue leído en euskera por una joven de Gernika, Irati Cuevas, –"en representación del nuevo futuro en el País Vasco"–, y en castellano, francés e inglés por personalidades internacionales, ante representantes institucionales del País Vasco francés, partidos, sindicatos y agentes sociales vascos.

En este sentido, los denominados mediadores, que no hicieron ninguna mención a los crímenes etarras o su falta de colaboración con la Justicia, insistieron en sus críticas al Gobierno por no "reintegrar los presos" ni buscar lo que califican como "una paz duradera" o "paz verdadera", ya que entienden que "el proceso de paz no ha acabado" porque perdura el conflicto.

Esta última fue la idea defendida por Brian Currin, impulsor del Grupo Internacional de Contacto (GIC), en el caserío de la Villa de Arnaga de Cambo que reunió a dirigentes vascos como el líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar; así como al exprimer ministro irlandés Bertie Ahern, el histórico líder del Sinn Fein Gerry Adams y, entre otros, Jonathan Powell, quien fuera jefe del gabinete del ex primer ministro británico Tony Blair.

Abrazos con 'Antxon'

Tras las fotografías y recibimientos entre abrazos de participantes en el acto como el exdirigente de ETA Eugenio Etxebeste, Antxon, que llegó a Cambo acompañado por el exlíder del sindicato LAB Rafa Díez, se inició el acto con un minuto de silencio "en honor a todas las víctimas del conflicto", terminología utilizada habitualmente por la banda terrorista y sus grupos afines para evitar condenar los crímenes etarras.

Ya en los discursos, Currin defendió que el Grupo Internacional de Contacto ha "guiado" de la mano de la sociedad vasca el final de ETA. Asimismo, criticó al Gobierno por "romper hace años el canal" de comunicación con ETA y por hacer el vacío a la Declaración de Aiete de 2011 que precedió al anuncio del cese de la violencia, y donde se llamaba a España y Francia a negociar sobre las "consecuencias del conflicto".

Currin insistió que ante la negativa del Gobierno a atender estas peticiones, los mediadores impulsaron una hoja de ruta que incluyó la Declaración de Aiete, el llamado Día del Desarme en Bayona el 8 de abril de 2017 –"desarme paripé" para el Ministerio del Interior– o este último acto en Cambo.

Currin situó en el mismo plano la "búsqueda de soluciones" para los presos etarras, la mayoría de ellos con largas condenas como consecuencia de los 853 asesinatos que deja ETA tras 60 años de historia, y lo que calificó como "problemas de las víctimas".

Por su parte, Bertie Ahern confió en que estos "esfuerzos" tengan también una respuesta por parte del Gobierno español. También recordó que las decisiones que se adoptaron en Irlanda "sobre reconciliación o a favor de los presos políticos" fueron muy criticadas, pero supusieron "cambios positivos" que facilitaron "la reconciliación".

El acto comenzó con un minuto de silencio por "todas las víctimas" y luego fue salpicado de diferentes menciones a "los 40 años de conflicto" y la necesidad del "diálogo político para construir una paz duradera". "Se abren ante nosotros dos reconocimientos: el del sufrimiento de las víctimas y el de la situación de los presos", insistió Jean-René Etchegaray, alcalde de Bayona.

Adams cita a un terrorista del IRA

En este sentido, Currin citó a la propia organización terrorista que este jueves mezclaba sus atentados con la "actividad política" para defender en su intervención ante los asistentes a Cambo que "ETA se creó en el pueblo y debe terminar en el pueblo" y que "la acción a favor de la independencia va a seguir adelante, pero de forma democrática". Los terroristas llamaban a aglutinar fuerzas independentistas para "materializar el derecho a decidir que conduzca a la constitución del Estado Vasco".

"Es un día de celebración", reiteró en varias ocasiones Currin en el llamado como Encuentro Internacional para Avanzar en la Resolución del Conflicto en el País Vasco. Arnaldo Otegi y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, escuchaban desde primera fila sus palabras y la de otros participantes como Gerry Adams.

El expresidente del Sinn Fein y exjefe del IRA comparó la situación en el País Vasco con la que se vivió en Irlanda. Para ello, citó a Bobby Sands, terrorista y uno de los líderes históricos del IRA, fallecido tras una huelga de hambre en prisión en 1981: "Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos", argumentó.

El mexicano Cuahtémoc Cárdenas subrayó que el acto en Francia de este viernes "no cambia la lucha por las libertades y los derechos que se ha venido desarrollando durante estos años". Según este integrante del grupo de mediadores, los exmiembros de ETA trabajarán por las "libertades" del pueblo vasco desde "la participación política por vías institucionales".

El director gerente del Fondo Monetario Internacional y exgobernador del Banco de Francia, Michel Camdessus, leyó una declaración de Kofi Annan en la que el exsecretario general de las Naciones Unidas, ausente en Cambo a pesar de que presidió la Declaración de Aiete de 2011, abogaba por "sanar heridas" y por celebrar el día de hoy "en toda Europa".

Camdessus está tomando parte en el que este viernes se desarrolla en la villa Arnaga de la localidad vasco francesa de Cambo, en la que se procederá a la certificación de la disolución de ETA ante representantes institucionales, políticos, sindicales y sociales.

Así lo explicó este jueves el exlehendakari vasco y secretario de Política Federal del partido, Patxi López, que precisó que los socialistas llevan años defendiendo "otra política penitenciaria" que termine con la dispersión, dado que, bajo su punto de vista, sólo sirve para que la banda y su entorno tengan elementos para jugar a la "victimización".

Es decir, que el PSOE está a favor del acercamiento de los presos etarras, pero no como un "cambio de cromos" en respuesta a su anuncio de disoluciónanuncio de disolución, quiso dejar claro López.

Lo que no harán los socialistas, advirtió, es presentar ni apoyar iniciativas en el Parlamento instando al Gobierno a proceder al acercamiento de presos. "El Gobierno sabe perfectamente lo que pensamos unos y otros. No podemos convertir el fin de ETA en una pelea de demócratas", señaló.

En cuanto al acceso de los presos etarras a beneficios penitenciarios, –la mayoría está hoy en régimen de primer grado, que no permite permisos de salida– López señaló que el camino de los presos etarras hacia la reinserción es algo que sólo "depende de cada uno de los presos". Ese camino, dijo, está establecido en la legislación y el PSOE no ve necesario introducir cambios.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, López dio la "bienvenida" al anuncio de disolución por parte de ETA, pero rechazó "caer en la trampa de jugar a sus pretensiones" de presentar su disolución como un acto de "generosidad".

ETA se disuelve tras ser derrotada

ETA, aseveró, "fue derrotada por la democracia y los demócratas", por la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la justicia, la política y el rechazo social. En estos últimos 7 años desde su anuncio de cese definitivo de la actividad armada, su existencia "planeaba como un fantasma pero no influía ni era tenida en cuenta en nada".

Frente al intento de los terroristas de imponer su relato, de justificar sus crímenes por la existencia de un supuesto conflicto en el que ellos defendían al pueblo vasco, López insistió en que la paz la consiguieron quienes resistieron a su violencia, entre ellos los socialistas. "Nunca el pueblo vasco necesitó salvapatrias sanguinarios", añadió.

De ahí que López considere que ahora "toca no jugar a su juego" y ocuparse de lo importante: "seguir recordando a todas las víctimas", trabajar por "la convivencia de los distintos desterrando odios" y "construir un relato veraz de lo ocurrido" porque "si las cosas no se cuentan es como si no hubieran sucedido" y se corre el riesgo de que vuelva a repetirse.

La izquierda abertzale, también responsable

López también envió un mensaje a la izquierda abertzale, que debe, bajo su punto de vista, "asumir su responsabilidad" por haber dado "cobertura" a la organización terrorista. "Tiene que decir que la violencia nunca tuvo justificación", instó.

Preguntado por la presencia de determinados fuerzas políticas en el acto previsto el viernes para escenificar la disolución de ETA en Cambo-les-Bains, en el País Vasco francés, López aseguró que no asistirá "ningún socialista" por tratarse de un acto para "lavar la cara a quien no se la puede lavar".

No obstante, rechazó entrar a "valorar" la participación de otros partidos porque el PSOE siempre rechazó usar el terrorismo como arma de "confrontación política", como sí hizo el PP con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando "todos" los Gobiernos de España entablaron conversaciones con ETA para ver si era posible "acelerar su fin".

En una comparecencia restringida celebrada en la sede del centro de resolución de conflictos, en Ginebra (Suiza), Harland recordó que en este lugar comenzaron hace 14 años las primeras negociaciones del proceso de paz con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que agradeció su labor, al igual que al expresidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, al lehendakari, Iñigo Urkullu, y al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, informó Europa Press.

El representante de Henry Dunant leyó la carta de ETA en la que hace el anuncio de su disolución, que fue facilitada en cuatro idiomas: en castellano, euskera, inglés y francés, y confirmó que la misiva fue "verificada" por los responsables del centro.

A la rueda de prensa asistieron diplomáticos y otros agentes internacionales, y se entregó a los periodistas congregados allí el comunicado de ETA, según informó ETB.

El portavoz del centro Henry Dunant aseguró que este jueves se hizo público el "último comunicado" de ETA y, de esta forma, se "cierra su ciclo histórico". Además, recordó a las víctimas del terrorismo, a las personas que "han sido torturadas", y agradeció los esfuerzos realizados en los últimos años para "llegar hasta este día". Al finalizar la presentación, se guardó un minuto de silencio para recordar a todas las víctimas.

Urrutikoetxea e Iparragirre

Los históricos dirigentes de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y Marixol Iparragirre –el primero huído y la segunda en prisión–, pusieron voz al mensaje en el que ETA anuncia su disolución en un audio que difundieron Naiz y Berria.

En su última declaración, ETA anunció el fin de su "ciclo histórico y su función" y se da por disuelta, aunque destacó que sus exmilitantes "seguirán en su lucha por Euskal Herria unificada e independiente". Además, afirmó que, de esta forma, "cierra un ciclo en el conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los Estados, el caracterizado por la utilización de la violencia política". La banda no hizo autocrítica ni ha mencionado a las víctimas.

Estos medios de comunicación informaron de que "unos pocos" representantes de agentes internacionales visionaron días atrás un vídeo en el que Urrutikoetxea daba lectura, a cara descubierta, a la declaración final de ETA.

Se prevé que este vídeo se emita esta misma tarde por la BBC. También se espera una segunda grabación de la misma declaración, en este caso leída por Marixol Iparragirre.