El antiguo primer ministro británico y conservador Boris Johnson se ha beneficiado de los contactos y la influencia que adquirió durante su mandato -entre 2019 y 2022- para gestionar intereses comerciales, revela este martes The Guardian e informa EFE. Datos filtrados de los archivos del despacho privado del político conservador revela esta influencia, que supone una posible infracción de las normas éticas y de cabildeo, subraya el periódico británico.

Los archivos fueron obtenidos por Distributed Denial of Secrets (DDoS, en inglés), una organización sin ánimo de lucro registrada en Estados Unidos que archiva documentos filtrados y pirateados. DDoS declaró a The Guardian que desconocía el origen de la filtración, sin embargo, la aparición de los datos en sus servidores planteará inevitables dudas sobre una posible violación de la seguridad en la oficina del ex primer ministro, dice el diario.

Los archivos del exlíder tory (conservador) contienen correos electrónicos, cartas, facturas, discursos y contratos comerciales, que ponen al descubierto el funcionamiento interno de una empresa subvencionada con fondos públicos que Johnson fundó tras dejar el Gobierno en septiembre de 2022.

El material revela cómo Johnson ha utilizado la empresa para gestionar diversos empleos y proyectos empresariales altamente remunerados. También podrían suscitar preguntas sobre la asignación financiada con fondos públicos que reciben los ex primeros ministros para gestionar sus despachos privados.

The Guardian, que afirma es el único medio que ha tenido acceso a esta información, señala que hay más de 1.800 archivos, incluyendo algunos que datan de la época de Johnson en Downing Street.

Los archivos revelan, entre otras cosas, que Johnson recibió más de 200.000 libras (230.000 euros) de un fondo de cobertura tras reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Al parecer, durante su mandato tuvo además una reunión secreta con Peter Thiel, el multimillonario que fundó la controvertida firma estadounidense de datos Palantir, meses antes de que ésta recibiera el encargo de gestión de datos del Servicio Nacional de Salud (NHS, en inglés) del Reino Unido, agrega.

En una aparente infracción de las normas de la pandemia de covid-19, Johnson organizó una cena para un lord conservador que financió una lujosa reforma de su apartamento en Downing Street, un día después de la entrada en vigor del segundo confinamiento nacional.

El material recopilado es en su mayoría posterior al mandato de Johnson como primer ministro, abarcando el período comprendido entre septiembre de 2022 y julio de 2024, aunque también contiene algunos documentos elaborados durante su jefatura en Downing Street.

Las revelaciones sobre cómo Johnson ha forjado una lucrativa carrera en el sector privado ponen de relieve un esquema poco conocido que permite a los ex primeros ministros del Reino Unido solicitar fondos del gobierno para cubrir gastos "derivados de su posición especial en la vida pública", resalta el periódico.

El pago anual, que es una asignación por gastos de servicio público, es un subsidio destinado a apoyar las funciones públicas de un ex primer ministro, pero no está destinado a ser utilizado para actividades privadas ni comerciales.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha recurrido este martes al ex jefe de Gobierno Boris Johnson, que ha realizado su primera aparición en campaña a menos de 48 horas de que abran las puertas de los colegios electorales en Reino Unido, con el objetivo de contener la esperada victoria del Partido Laborista en las generales, según recoge Europa Press.

Johnson ha llegado a un mitin del Partido Conservador en el Museo nacional del Ejército de Londres en el que únicamente ha agradecido al premier que le hubiera pedido que asistiera, si bien no ha tenido más palabras sobre los logros del actual inquilino de Downing Street mientras que sí ha aprovechado la ocasión para defender las políticas que promovió mientras estaba en el Gobierno.

"Si están un poco sorprendidos de verme, voy a ser absolutamente claro en que me alegró cuando Rishi me pidió ayuda. Por supuesto, no podía decir que no. Estamos aquí porque amamos a nuestro país. Cualesquiera que sean nuestras diferencias, son absolutamente triviales en comparación con el desastre al que podemos enfrentarnos si estas llamadas encuestas de opinión son correctas", ha declarado.

En el encuentro, Johnson ha acusado al líder laborista, Keir Starmer, de intentar "instaurar el gobierno laborista más izquierdista desde la guerra con una gran mayoría". También ha sostenido que "destruirá mucho" de lo que su formación política ha "logrado". "Sería el colmo de la locura que estas encuestas tuvieran razón", ha expresado.

Cuando ha dejado el atril, Sunak ha agradecido a su predecesor por su apoyo, remarcando que "tiene razón al decir que ahora es el momento de que todos los conservadores se unan para negar al laborismo esa supermayoría que anhela Keir Starmer". "Tenemos 48 horas para salvar a Reino Unido del peligro de un gobierno laborista", ha advertido.

Con esta llamada, Sunak ha utilizado su "botón de emergencia", debido a que el polémico Johnson entusiasma a sus simpatizantes con su típica actuación caótica. Sin embargo, su intervención para complacer al público ha llegado demasiado tarde como para salvar a los conservadores de un eventual fracaso en las urnas, según la cadena de televisión británica Sky News.

El escándalo sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia y conocido como Partygate acabó por acelerar la dimisión de Johnson el 6 de septiembre de 2021, en medio de las presiones de sus propios compañeros ante el descrédito que iba adquiriendo el Partido Conservador por este y otros escándalos bajo su mandato.

El ex primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado su incorporación a la cadena de noticias GB News, donde trabajará de presentador y creador de programas, después de que en verano dimitiese como diputado tras ser acusado de mentir al Parlamento por las reuniones del Gobierno en la pandemia de COVID-19.

Johnson ha anunciado su nuevo trabajo en redes sociales, donde se ha mostrado "emocionado" y ha anunciado que expondrá "sin adornos" sus puntos de vista sobre todo tipo de temas. Ha prometido que hablará de las "inmensas oportunidades" que tiene el país y también de los "retos", con la idea de que "los mejores días están por llegar".

El ex primer ministro, que ya ejerció de periodista antes de entrar en política y fue acusado en varias ocasiones de difundir bulos, vuelve de esta manera a los medios tras salir de Downing Street en septiembre de 2022, asediado por los escándalos. Permaneció como diputado hasta julio de este año, cuando se celebraron unas elecciones parciales que permitieron cubrir su vacante.

El Parlamento británico ha aprobado este lunes por una amplia mayoría de 354 votos contra 7 aprobar el informe del Comité de Privilegios que ha concluido que el ex primer ministro Boris Johnson mintió en varias ocasiones y a sabiendas ante la Cámara de los Comunes sobre las fiestas organizadas en la sede del Gobierno en plena pandemia, el caso conocido como Partygate.

La consecuencia palpable de la votación más allá de sus repercusiones políticas es que se le retira a Johnson el permiso especial de acceso al Parlamento. El resto de sanciones no serán efectivas debido a su dimisión a su escaño, como una suspensión de 90 días prevista en el informe, según recoge la cadena Sky News y publica Europa Press.

El debate ha sido intenso y dilatado, algo que no es infrecuente en el Parlamento británico, y al final se ha dado libertad de voto a los diputados del Partido Conservador que lideró Johnson.

Figuras como la ex primera ministra Theresa May han resaltado el "rigor" del informe sometido a votación. "No es fácil juzgar a amigos o compañeros, pero la amistad, trabajar juntos, no debería interponerse para hacer lo que es correcto", ha argumentado. "Felicito a los miembros del Comité de Privilegios por su doloroso trabajo y por su dignidad frente a los ataques a su integridad", ha añadido.

Unos pocos fieles a Johnson han votado en contra, como sir Jacob Rees-Mogg, quien consideró "ridículo" retirar el acceso al Parlmento a Johnson. "Es absolutamente legítimo criticar la conducta de una comisión, criticar a los miembros de una comisión. Eso es la política", ha argumentado.

"Nuestra política es de confrontación (...) y podemos acusar a gente en esta Cámara dentro de los límites del orden, de decir las cosas con las que no estamos de acuerdo", ha añadido. "Tenemos que defender la libertad de expresión. Francamente, si los políticos no pueden soportar las críticas, habría que preguntarse qué están haciendo en política", ha remachado.

El Comité de Privilegios abrió en junio de 2022 su propia investigación sobre un escándalo conocido como Partygate y que ya había derivado en reprimendas tanto de la Policía como de un informe independiente encargado por el Gobierno, en virtud del cual quedó claro que Johnson y su equipo habían incumplido la normativa en vigor.

"Engañó a la Cámara en un asunto de la máxima importancia para la Cámara y para la población y lo hizo de forma reiterada", reza el texto, en el que se detalla incluso que este nivel de manipulación no tiene precedentes para un jefe de Gobierno en ejercicio.

Tras dimitir, Johnson cargó duramente contra el comité, tachándolo de parcial y denunciando que sólo quería expulsarlo de la Cámara de los Comunes. "Es mentira que engañase a la Cámara", ha afirmado, en un comunicado en el que ha apuntado que "ni por un minuto" pensó que se le pudiese reprobar su conducta basándose "en los hechos".

En este sentido, ha recalcado que "creía" que las fiestas "eran legales" y ha extendido la responsabilidad, señalando que "todos" los miembros de su equipo pensaban igual.

"Este informe es una farsa. Me equivoqué al creer en el comité y en su buena fe", ha afirmado Johnson, que en "un día terrible para los diputados y para la democracia". "Corresponde a las personas de este país decidir quién se sienta en el Parlamento, no a Harriet Harman", ha remachado.

El diario británico The Mirror ha publicado este domingo una nueva grabación de personal del Partido Conservador celebrando una fiesta sin ningún tipo de medida de protección en plena pandemia de coronavirus, recoge Europa Press.

El vídeo corresponde a una fiesta de Navidad de diciembre de 2020 en la que los trabajadores del partido gobernante bailan, beben y bromean sobre las restricciones del coronavirus. Hasta 24 personas estaban en la fiesta de las cuales nueve aparecen en el vídeo, según The Mirror.

En un momento dado uno de los asistentes pregunta a cámara "¿Lo estás grabando?" y otra persona responde "Es para la fiesta. Para usarlo en la fiesta". Otro más interrumpe con "¡Directo en Instagram!". El primero de ellos interviene de nuevo: "Mientras no se difunda en directo que estamos incumpliendo las normas...".

Desde el Partido Conservador han respondido que ya se han emprendido "acciones disciplinarias" contra cuatro de los responsables del partido que participaron en una fiesta el 14 de diciembre de 2020.

Desde la oposición, Angela Rayner, ha criticado que los asistentes a la fiesta "se burlaron abiertamente de las normas" y ha recordado que al menos dos de ellos han recibido un reconocimiento de honor, "un insulto nauseabundo".

El ex primer ministro Boris Johnson ha dimitido de su asiento en el Parlamento antes de que la Comisión de Privilegios concluyera que había mentido reiteradamente sobre sus fiestas durante el confinamiento en el conocido como Partygate.

La comisión parlamentaria que ha examinado las versiones del ex primer ministro Boris Johnson sobre las fiestas organizadas en Downing Street en plena pandemia ha concluido que el antiguo líder tory mintió en varias ocasiones y a sabiendas ante la Cámara de los Comunes, según informa Europa Press.

El Comité de Privilegios abrió en junio de 2022 su propia investigación sobre un escándalo conocido como Partygate y que ya había derivado en reprimendas tanto de la Policía como de un informe independiente encargado por el Gobierno, en virtud del cual quedó claro que Johnson y su equipo habían incumplido la normativa en vigor.

Esta nueva auditoría se ha centrado específicamente en las versiones ofrecidos por Johnson ante el Parlamento, para determinar si engañó a los diputados, aunque fuese de forma inconsciente. La comisión, encabezada por la laborista Harriet Harman, ha concluido no sólo que no dijo la verdad sino que lo hizo de forma deliberada, algo que siempre había negado el propio Johnson, según la BBC.

El informe también plantea que el antiguo dirigente conservador sea apartado de la Cámara de los Comunes durante tres meses, aunque las conclusiones llegan ya días después de que el ex primer ministro dimitiese como diputado, paso que dio al recibir los primeros borradores.

En su salida, Johnson cargó duramente contra el comité, tachándolo de parcial y denunciando que sólo quería expulsarlo de la Cámara de los Comunes. Ahora, el grupo encabezado por Harman determina también que incurrió en "intimidación" en sus esfuerzos por defenderse.

El ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson ha anunciado este viernes su dimisión como diputado del Partido Conservador en el Parlamento británico, poniendo fin así a su trayectoria política, marcada por el escándalo de las fiestas ilegales celebradas en Downing Street durante lo peor de la pandemia del covid-19, recoge Europa Press.

"Es muy triste dejar el Parlamento, al menos por ahora, pero sobre todo estoy desconcertado y horrorizado de que pueda ser expulsado, de forma antidemocrática, por un comité presidido y dirigido por Harriet Harman, que tiene un sesgo tan atroz", ha sentenciado Johnson en su carta de renuncia, según ha informado la cadena BBC.

El escándalo sobre las fiestas ilegales, conocido como Partygate, acabó por acelerar la dimisión de Johnson el 6 de septiembre de 2021, en medio de las presiones de sus propios compañeros ante el descrédito que iba adquiriendo el Partido Conservador por este y otros escándalos bajo su mandato.

La comisión parlamentaria, liderada por el laborista Harriet Harman, investiga cómo Johnson mintió a sabiendas sobre las fiestas a la Cámara de los Comunes. El órgano debatía su posible inhabilitación como diputado por la circunscripción de Uxbridge y South Ruislip, en el noroeste de Londres.

Horas antes de conocerse la noticia, los medios británicos han publicado la lista oficial de nominados por Johnson para un título honorífico, otro escándalo más que se suma a la trayectoria de Johnson, puesto que varios de los nombres que aparecen en el documento son funcionarios de su etapa como premier que participaron en las fiestas ilegales conocidas como Partygate.

En concreto, Johnson ha nominado como caballero a su principal exsecretario privado Martin Reynolds, así como a su exjefe de Comunicación Jack Doyle, dos personas de las que se tiene constancia que participaron en las fiestas en plena crisis sanitaria en el país provocada por la pandemia.

Asimismo, el ex premier ha asegurado que la mayoría conservadora "está claramente en riesgo". "No debemos tener miedo de que haya un Gobierno claramente conservador", ha señalado, en una referencia velada al actual Ejecutivo de Rishi Sunak.

"Necesitamos mostrar cómo estamos aprovechando al máximo el Brexit. En los próximos meses debemos establecer una agenda pro-crecimiento y pro-inversión, con la reducción de impuestos comerciales y personales, pero no como un truco electoral", ha agregado.

En su misiva, Johnson ha dicho sentirse "orgulloso" de su etapa al frente de Downing Street, citando, entre otros logros, la rapidez del sistema de vacunación contra la covid-19, así como la implementación del Brexit y el papel de Reino Unido en la guerra de Ucrania.

El presidente de la radiotelevisión pública británica BBC, Richard Sharp, ha presentado este viernes su dimisión tras facilitar un préstamo a Boris Johnson antes de que el entonces primer ministro del país le nombrara a cargo del ente, ha informado Europa Press.

Sharp, ex empleado de las entidades financieras JP Morgan y Goldman Sachs, ha reconocido que facilitó un préstamo por valor de 800.000 libras (unos 900.000 euros) a Johnson en lo que se trató de una violación a priori —y, en sus palabras, "involuntaria"— del código de conducta de la BBC.

Un informe de conducta sobre Sharp ha revelado, concretamente, dos conflictos de intereses: primero, que Sharp informó a Johnson que quería el cargo antes de presentar oficialmente en noviembre de 2020 su candidatura y, en segundo lugar, que presentó al millonario canadiense Sam Blyth al entonces secretario del gabinete de Gobierno, Simon Case, para "ayudar (a Johnson) en sus finanzas personales.

"En retrospectiva, ojalá se me hubiera ocurrido mencionar este posible conflicto de intereses", ha declarado Sharp en una entrevista concedida a la propia BBC, "y me gustaría pedir disculpas por este desliz, por involuntario que fuera, y por la distracción causada".

Sharp, en relación a la cuestión del préstamo, ha reiterado que actuó de "buena fe" y que recordó al secretario del gabinete las normas de nombramientos en todo momento.

La junta de la radiotelevisión pública británica, por su parte y en un comunicado oficial, ha confirmado que ha aceptado la dimisión de Sharp, a quien describen de todas maneras como una "persona íntegra" que ha cumplido las funciones de su mandato, como supervisor del medio y garante de su independencia.

"Ha sido un verdadero defensor de la BBC y de su misión, y del por qué esta corporación en un activo que no tiene precio para el país, tanto dentro como fuera de sus fronteras", añade la nota.

Sharp permanecerá en su cargo de forma interina hasta que su dimisión se haga efectiva en junio.

La petrolera francesa TotalEnergies anunció este miércoles los mayores beneficios de su historia, 19.147 millones de euros. Ha ganado un 28% más que el año anterior y lo celebrará aumentando el dividendo que pagará a sus accionistas y con un programa de recompra de títulos por importe de 2.000 millones de euros en el primer trimestre. La francesa sólo ha sido la penúltima –aún falta la italiana ENI por publicar sus resultados– de las grandes petroleras mundiales en comunicar unos beneficios que escapan a todas las métricas. La anglo-holandesa Royal Dutch Shell tuvo el año anterior su mejor resultado desde que se creó la compañía, en 1907, tras aumentar sus ganancias un 110% respecto a 2021: 38.795 millones de euros. Las de la estadounidense Chevron crecieron aún más, un 126,9%, hasta los 32.666 millones. Exxon también duplicó sus números y llegó a los 51.437 millones de euros. La británica BP se ha apuntado 25.696 millones, un 116% más que en 2021. La noruega Equinor disparó sus beneficios nada menos que un 235,7%, por lo que sumó 26.772 millones. Y la tejana ConocoPhillips ganó 17.420 millones de euros, la mejor cifra desde 2012.

En total, los beneficios de estos siete gigantes del petróleo sumaron 226.340 millones de dólares, unos 211.096 millones de euros, en 2022. Para hacerse una idea de la magnitud de la cifra basta con señalar que equivale al Producto Interior Bruto (PIB) de los 54 países más pobres del planeta. Según los registros que publica el Banco Mundial, las economías de esas 54 naciones valían en 2021 un total de 212.067 millones de euros. Entre ellas se encuentran Somalia, Bután, Sierra Leona, Kosovo, Mauritania, Chad o Guinea Ecuatorial.

Otra comparación puede ser de ayuda: sus ganancias se acercan al presupuesto de la Seguridad Social española para este ejercicio: 224.690 millones de euros. De hecho, servirían para pagar todas las pensiones del año, 190.000 millones, y aún sobraría.

Y una tercera: las siete mayores petroleras han ganado tanto como produjeron las economías de Portugal –214.771 millones de euros– o Nueva Zelanda –208.676 millones– en 2021.

La guerra de Ucrania, que ha provocado una crisis energética sin parangón desde las del petróleo en los años 70, explican el maná que ha llenado las cuentas de las petroleras. No sólo el barril de crudo ha vuelto a superar los 100 dólares, una cota que no había tocado desde 2014, sino que también se han disparado los márgenes del refino hasta niveles de récord, como resultado de una caída de la capacidad de la industria, la primera en más de 30 años, que ha coincidido con el rebote de la demanda tras la pandemia y el descenso de las exportaciones desde Rusia y China. Ese es el análisis que hace la Agencia Internacional de la Energía en su informe de perspectivas de 2022.

Una buena muestra de que el diagnóstico acierta se extrae del hecho de que los beneficios históricos de Exxon superaran con creces el año pasado su récord de 2008, 45.200 millones de dólares, pese a que entonces el petróleo cotizaba a 142 dólares por barril, un 30% por encima del precio medio de 2022. Su directora financiera, Kathryn Mikells, atribuyó los excelentes resultados de Exxon a “una combinación de mercados fuertes, fuerte rendimiento, fuerte producción, y un buen control de costes”.

Pero la escalada de la energía, además de enriquecer a las petroleras, está empobreciendo a millones de ciudadanos en todo el mundo. La Agencia Internacional de la Energía constata la “enorme transferencia de riqueza desde los consumidores a los productores” que han ocasionado los elevados precios energéticos. Por ejemplo, destaca que hasta el 90% del aumento de los costes medios de la generación de electricidad debe achacarse a la subida de precios de los combustibles fósiles. Sobre todo al gas, que es responsable él sólo del 50% de ese sobrecoste. Como consecuencia, denuncia la AIE, cerca de 75 millones de personas en todo el mundo que acababan de conseguir acceso a la electricidad no podrán pagarla ahora.

Además, en Europa y Estados Unidos, los precios desbocados de la energía han disparado la inflación tras poner por las nubes los bienes de consumo. Los presupuestos familiares se resienten, sobre todo los de menor renta, que dedican un porcentaje mayor de sus ingresos a pagar los recibos y los alimentos. A su vez, los gobiernos, al menos en los países más desarrollados, se han apresurado a compensar a los ciudadanos por la erosión que sufren sus bolsillos. La AIE calcula en 550.000 millones de dólares el monto de las intervenciones públicas aplicadas para proteger a los consumidores de la inflación.

Y de ahí las sucesivas iniciativas, en Estados Unidos y en Europa, para que las petroleras contribuyan con sus ganancias estratosféricas a financiar ese escudo protector para los contribuyentes. “Los últimos informes de resultados dejan claro que las petroleras tienen todo lo que necesitan, incluidos beneficios récord y miles de permisos no utilizados pero aprobados, para aumentar la producción, pero en lugar de ello optan por destinar esos beneficios a llenar los bolsillos de sus ejecutivos y accionistas mientras los republicanos de la Cámara de Representantes fabrican excusa tras excusa para protegerlas de cualquier responsabilidad”, fue la airada reacción de la Casa Blanca al anuncio de beneficios récord de Exxon.

No es la primera vez que el presidente de EEUU, Joe Biden, arremete contra las grandes petroleras de su país. El pasado junio incluso envió una carta a los principales ejecutivos de Exxon, ConocoPhillips, Chevron, BP, Shell, Marathon Petroleum y Valero, donde les reprochaba que hubieran recortado la producción para aumentar sus beneficios, según publicó la agencia Reuters. En noviembre amagó con subirles los impuestos sobre sus beneficios extraordinarios si no invierten más y bajan los precios de los carburantes. “Sus beneficios son dinero caído del cielo gracias a la guerra”, aseguró, “es hora de que estas compañías dejen de aprovecharse de la guerra”.

La Unión Europea se lo ha pensado menos y desde diciembre aplica a petroleras, gasistas y refinerías un impuesto extraordinario del 33% sobre los beneficios que superen el 20% de la media de los últimos cuatro ejercicios. Por esa “contribución solidaria” y los límites impuestos al precio de las renovables, Bruselas prevé recaudar 140.000 millones de euros. Exxon, que ya anunció el año pasado que presentará una demanda ante el Tribunal General de la UE para derogar el gravamen, cifra en 1.300 millones de dólares lo que tendrá que pagar en la Unión Europea por sus beneficios en el cuarto trimestre de 2022.

Mucho antes, en mayo, el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, anunció un impuesto temporal del 25% para gravar los beneficios extraordinarios de petroleras y gasistas. Su previsión era recaudar casi 5.900 millones de euros anuales.

En España, el impuesto a las energéticas gravará este año y el próximo con un 1,2% la cifra de negocio de las empresas cuya facturación supere los 1.000 millones de euros. Iberdrola y Repsol han anunciado que acudirán a los tribunales para anular el nuevo tributo, con el que el Gobierno pretende recaudar 2.000 millones anuales.

Al mismo tiempo que protestan por los impuestos, las grandes petroleras hacen gala del reparto de dividendos que acompaña a sus beneficios astronómicos. Shell lo elevará un 15% y recomprará acciones –otra forma de retribuir a los accionistas– por importe de 3.668 millones de euros. BP aumentará el dividendo un 10% y recomprará acciones por valor de 2.555 millones. El programa de recompra de acciones de Equinor alcanza los 931 millones de euros.

En 2023, pese a las incertidumbres de la guerra, los analistas prevén que el barril de crudo siga subiendo. La reactivación de la economía china tras el fin de las restricciones por el covid, y el veto europeo a las importaciones de crudo de Rusia, que entraron en vigor el pasado diciembre, junto con la prohibición de comprar diésel ruso desde este mismo febrero, componen un paisaje propicio para una nueva escalada de precios: mayor demanda y menor oferta. El barril de Brent cotizaba este miércoles por encima de los 85 euros. El precio medio de la gasolina en España era de 1,643 euros el litro, y de 1,642 euros el diésel.

El dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impuesto español a la banca advierte de los riesgos que para el sector financiero y la economía en general puede suponer su aprobación tal y como lo ha diseñado el Gobierno. Entre ellos, que el futuro impuesto limite la capacidad de las entidades para conceder créditos, les obligue a ofrecer condiciones menos favorables a los clientes y termine perjudicando el crecimiento económico. Por eso, recomienda al Gobierno que haga un análisis “exhaustivo” del impacto del gravamen sobre la rentabilidad de las entidades financieras. Y que impida a éstas repercutirlo en los clientes. El informe, de apenas seis páginas, ha recibido el aplauso de las patronales bancarias AEB y CECA: algunas de las principales entidades ya han anunciado que llevarán el impuesto a los tribunales para impedir su aplicación.

En su documento, el BCE menciona otros cinco dictámenes anteriores sobre impuestos a la banca en cuatro países europeos, pero ha emitido muchos más. Los citados evalúan tributos de Eslovaquia, Lituania, Polonia y Rumania. El más reciente de estos es de 2020 y el más antiguo, de 2016. En el referido a España el BCE reúne advertencias estándar, ya presentes en informes previos, y particularidades del impuesto español. Quizá es a lo que se refería el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuando aseguró que el supervisor europeo debe de haber hecho “un corta y pega” de un “tipo de informe normalizado”. “Lo tienen de otras veces que han contestado a esto y lo han puesto ahí sin tener en cuenta que, vista la coyuntura actual [de subida de tipos de interés], resulta un poco sorprendente”, apuntó el ministro, que fue jefe de la División de Política Monetaria del BCE entre 1999 y 2004.

Por ejemplo, el supervisor bancario reproduce literalmente párrafos y argumentos de anteriores dictámenes. Es una doctrina que tiene asentada. El primero, que considera recomendables este tipo de gravámenes sólo si se utilizan para nutrir fondos de garantía de depósitos, que cubran las insolvencias de las entidades, pero no para aumentar los recursos presupuestarios de los gobiernos, como es el caso no sólo del impuesto español, sino también del eslovaco, lituano y polaco. El rumano está pensado para estimular la intermediación financiera y reducir el coste del crédito a los hogares. También repite el “impacto” que la tasa puede tener sobre “la rentabilidad de las entidades de crédito afectadas y, por tanto, en su generación interna de capital y en su concesión de crédito”. O advierte de que un impuesto ad hoc a los bancos destinado a conseguir recursos presupuestarios generales reducirá la “resiliencia” de las entidades, que entonces se verían obligadas a conceder menos créditos y reducir sus servicios y actividades. En todos los dictámenes el BCE pide a los gobiernos que preparen un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas del impuesto.

Ya con carácter específico, el informe sobre el gravamen español alerta ante el riesgo de que a los bancos afectados se les haga tributar atendiendo a sus ingresos de 2019 pero tengan que pagar después, cuando es posible que hayan reducido sus beneficios o incluso hayan incurrido en pérdidas. Sin embargo, el tributo se empezará a cobrar el 1 de enero de 2023 y, según los resultados que hicieron públicos la semana pasada, los cinco mayores bancos ganaron hasta septiembre 15.754,1 millones de euros, un 31,59% más que en el mismo periodo de 2021. El impuesto gravará con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras cuyos ingresos en 2019 fueran superiores a los 800 millones de euros por ambos conceptos. Por tanto, además de a los cinco grandes bancos, probablemente afectará a Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar. En los nueve primeros meses de este año, las tres primeras entidades –Cajamar no presenta sus cuentas hasta el próximo lunes– han tenido unos beneficios de 678,2 millones de euros: Unicaja supera en un 67% las de ese mismo periodo en 2021, Ibercaja mejora un 15,4% y Kutxabank en un 42%. Es decir, todas ellas están lejos de las pérdidas.

Como la base del impuesto son el margen de intereses y las comisiones, no los beneficios, en lo que va de año la cifra ingresada por los seis principales bancos –los cinco que cotizan en el Íbex 35 y Unicaja– suma 22.453 millones de euros, un 6% más que el año anterior, informa Europa Press. Según la agencia Scope Ratings, Caixabank tendría que pagar unos 400 millones de euros, por ser la entidad que más ingresa por intereses y comisiones –7.250 millones hasta septiembre, un 11,4% más que en 2021–, por encima incluso del Santander, que debería abonar al Estado 300 millones de euros. El BBVA tributaría por unos 250 millones y Sabadell por 200 millones.

Para el BCE, otro riesgo es que, como el impuesto no tendrá en cuenta los gastos de explotación ni otros costes, puede que no sea proporcional a la rentabilidad del banco. Los responsables de las mayores entidades argumentan contra el impuesto que, pese a los elevados beneficios de este año, su rentabilidad está por debajo de los costes de capital.

El dictamen, tal y como han destacado este viernes tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como el vicepresidente del BCE y exministro de Economía del PP Luis de Guindos, no es vinculante. Así que los cuatro países cuyos impuestos a la banca evaluó antes el supervisor europeos siguieron adelante con sus respectivos diseños, que fueron aprobados por sus parlamentos y aplicados.

En el caso de Lituania, los bancos empezaron a pagar un 5% adicional sobre sus beneficios en el impuesto de sociedades, por lo que el tipo por el que tributaban pasó del 15% al 20%. El objetivo de la medida era dedicar la recaudación a cubrir necesidades públicas. En principio, estaba previsto que el tributo se aplicara sólo durante tres años. Pero en diciembre de 2021 el Parlamento decidió prorrogarla indefinidamente. Pese a que una de las recomendaciones del BCE es precisamente que estos impuestos se limiten en el tiempo. El español estará en vigor dos años, de acuerdo con el plan del Gobierno.

Eslovaquia también ha aplicado su propia tasa a los bancos. La aprobó en 2011 y estaba destinada a cubrir los costes del rescate financiera y crear un fondo de protección para futuras crisis. En principio consistía en un 0,2% del pasivo de los bancos, pero en 2021 se duplicó. Cada año recaudaba unos 150 millones de euros, que pasaron a 300 millones tras la subida. El ministro de Economía que lo impulsó, Peter Kazimir, se convirtió en 2019 en gobernador del Banco Central de Eslovaquia y, sorprendentemente en uno de los principales enemigos de la tasa. Dijo que había sido un error. En 2020 el Gobierno presentó un proyecto para anular el impuesto. Si en el caso lituano, el BCE actuó de oficio, y en el español el dictamen fue solicitado por el Banco de España, en el eslovaco, el supervisor evaluó tanto la creación como la subida y la abolición de la tasa a petición del propio Ministerio de Finanzas. En su último y breve informe –apenas dos páginas– antes del dedicado a España, el BCE celebra que el Gobierno de Bratislava suprima el tributo, porque cree que su eliminación aumentará la capacidad de los bancos para generar capital y proveer de créditos a la economía real.

Polonia tampoco cambió su política fiscal tras el dictamen del BCE. En 2016 el Gobierno creó una tasa mensual del 0,0366% sobre los activos de bancos, aseguradoras y entidades de crédito al consumo. La recaudación, una vez más, se destinaba a financiar el gasto público, en especial en materia de seguridad social. En 2020, el Estado polaco ingresó por este concepto unos 900 millones de euros.

Del mismo modo ha avanzado el Gobierno español que mantendrá su impuesto. En la cumbre hispano-lusa en Viana do Castelo, el presidente, Pedro Sánchez, se ha referido a Luis de Guindos, quien aseguró horas antes que, con su dictamen, el BCE “trata de ayudar”, como ya ha hecho en el pasado con otros gobiernos. Tras repasar su currículo como ministro de Economía del PP, “artífice del rescate al sector financiero que no iba a costar un euro a la sociedad española” y responsable de Lehman Brothers, Sánchez le agradeció sus “consejos”. “Pero vamos a seguir adelante”, zanjó.

Los cuatro países evaluados por el BCE no son los únicos europeos que gravan a los bancos con impuestos específicos. Desde 2011, las entidades financieras británicas pagan una tasa –bank levy– por su pasivo y fondos propios, del 0,1% si son a corto plazo y del 0,05% si son a largo. Además, en 2015, el Gobierno del conservador David Cameron estableció el Banking Corporation Tax Surcharge, que grava el 8% de la base imponible de los bancos que tengan beneficios. Se planteó entonces como la “justa contribución” de las entidades financieras por “el riesgo potencial que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y el resto de la economía”. Un seguro frente al peligro sistémico que puede representar una banca que toma excesivos riesgos. Según la agencia Bloomberg, el Gobierno británico recaudó unos 8.000 millones de libras hasta 2022 por este recargo. Sólo en 2017 ingresó 1.500 millones de libras –unos 1.713 millones de euros–. Gracias a la tasa ingresó mucho más: 25.000 millones de libras desde 2011. Este año la recaudación ascenderá a 1.300 millones.

Uno de los planes del actual primer ministro británico, Rishi Sunak, cuando era ministro de Finanzas en el Gobierno de Boris Johnson, era recortar del 8% al 3% el recargo a los bancos. Sorprendentemente, su sucesor en el breve Gobierno de Liz Truss, Kwasi Kwarteng, no incluyó esa reducción en el fallido plan de rebaja generalizada de impuestos. Está por ver cuál va a ser la decisión de Sunak al respecto una vez que el recorte fiscal de Truss ha quedado en el camino.

También en Francia existe un impuesto que grava a los bancos por su riesgo sistémico, la TRS (Taxe de Risque Systémique), que en 2012 se elevó del 0,25% al 0,50% de la base imponible. Curiosamente, fue una iniciativa de Christine Lagarde, ministra de Economía en 2011, cuando se creó el tributo, y hoy presidenta del BCE. Desde 2014 se empezó a reducir hasta su desaparición en 2019, pero en 2015 se creó otro impuesto similar destinado a financiar a los ayuntamientos que contrataron préstamos tóxicos. En 2012 el fisco francés recaudó 500 millones de euros gracias a la TRS.

En plena crisis financiera, también Austria y Bélgica gravaron a sus bancos. Tras la pandemia, en diciembre de 2021, el Parlamento sueco aprobó una tasa del 0,05% de la base imponible para 2022 y del 0,06% para 2023 de los bancos cuyo pasivo supere los 150.000 millones de coronas suecas –unos 14.000 millones de euros–. Ahora, en plena crisis energética y de precios, además de España, Hungría, República Checa, Italia y Grecia han anunciado su intención de unirse al club.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo estudiará el informe del Banco Central Europeo, pero ha confirmado que continúa con su hoja de ruta de crear el gravamen, informa Europa Press. Sánchez ha comparecido junto al primer ministro de Portugal, António Costa, en Viana do Castelo, tras la firma de acuerdos bilaterales, un día después de que el BCE cuestionase distintos aspectos del impuesto a la banca. "Evidentemente tomamos nota y estudiaremos el informe, pero el Gobierno continúa con su hoja de ruta de crear este importante impuesto. Sobre todo, porque a la luz de los datos que hemos conocido de los beneficios y los dividendos que está dando el sector financiero como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria, creo que está justificado que arrimen el hombro un poquito durante estos tiempos tan difíciles que están atravesando los españoles y las españolas", ha señalado Sánchez tras ser preguntado por el citado dictamen.

El presidente ha sido especialmente duro con al vicepresidente del BCE, Luis de Guindos: “He escuchado al señor De Guindos decir que solamente quiere ayudar. Fue ministro de Economía del Gobierno del PP artífice del rescate al sector financiero que no iba a costar un euro a la sociedad española, previamente fue responsable de Lehman Brothers, hoy es vicepresidente del BCE... Le agradezco sin ninguna duda las ganas de ayudar del señor De Guindos“, ha reprochado Sánchez.

La oposición laborista británica ha pedido al Gobierno que investigue la veracidad de un reportaje publicado este domingo por el semanario del Daily Mail sobre un posible espionaje telefónico ruso a la ex primera ministra conservadora Liz Truss antes de llegar al cargo, del que presuntamente estaba al tanto el entonces mandatario Boris Johnson.

Según el semanario, el entonces primer ministro en funciones silenció a los medios el incidente con la complicidad de su jefe de Gabinete, Simon Case, cuando fueron informados del mismo el pasado verano, mientras Truss, entonces ministra de Exteriores, preparaba su campaña para liderar el partido Conservador tras la dimisión de Johnson.

De nuevo según el diario, supuestos espías rusos que actuaron por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvieron acceso a información delicada, como ciertas conversaciones con responsables ucranianos sobre el desarrollo de la guerra, así como críticas privadas contra Johnson formuladas por Truss y su elegido para la cartera de Finanzas, Kwasi Kwarteng, lo que dejaba la puerta abierta a un posible chantaje.

La ministra de oposición laborista de Interior, Yvette Cooper, ha manifestado que este reportaje del medio, que cita fuentes propias sin dar más detalles, "pone de relevancia cuestiones inmensamente importantes sobre la seguridad nacional del país tras este ataque de un estado hostil".

Cooper también exige explicaciones sobre "por qué y cómo se ha filtrado ahora" antes de pedir al gobierno del actual primer ministro, Rishi Sunak, que "reconozca la gravedad de la situación".

La portavoz de Exteriores del partido Liberal Demócrata, Layla Moran, también ha pedido una investigación al respecto no solo de la infiltración, sino del silencio informativo presuntamente ordenado por Johnson y su jefe de Gabinete, "porque como resulte que esta información fue retenida para proteger la campaña de Truss, nos encontramos ante una situación imperdonable".

Un portavoz del Gobierno británico se ha negado a hacer comentarios sobre "los dispositivos de seguridad de los oficiales" del país y se ha limitado a asegurar que el Ejecutivo "cuenta con sistemas de protección robustos para defenderse de las amenazas informáticas".

El ex primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado su renuncia al liderazgo del Partido Conservador y por tanto a volver a ser el jefe del Gobierno británico tras no lograr los apoyos necesarios entre los diputados tories, según recoge Europa Press.

Johnson ha explicado que no ha conseguido llegar a un acuerdo con los otros dos contendientes, Rishi Sunak y Penny Mordaunt. "Me temo que lo mejor que puedo hacer permitir que mi candidatura avance y comprometer mi apoyo a quien lo consiga", ha indicado Johnson, según recoge la cadena británica Sky News.

"Creo que tengo mucho que ofrecer, pero me temo que sencillamente no es el momento adecuado", ha añadido Johnson, quien ha logrado el apoyo público de 59 de los 357 diputados conservadores. Debía presentar el apoyo formal de un centenar antes de este lunes a las 14.00 horas.

El exministro de Economía, por su parte, ha anunciado este domingo su candidatura a la jefatura del Partido Conservador y, como consecuencia, al cargo del primer ministro de Reino Unido, en su incorporación a una carrera en la que parte como uno de los grandes favoritos para suceder a Liz Truss tras su dimisión de esta semana.

Por su parte, la líder parlamentaria del Partido Conservador británico en la Cámara de los Comunes hizo oficial el viernes su candidatura a suceder a Truss al frente del partido. Ambos deben ahora presentar los avales de un centenar de diputados conservadores en la Cámara de los Comunes este lunes para certificar su participación.

La carrera para suceder a la primera ministra británica, Liz Truss, ha arrancado con discreción. Ninguno de los potenciales candidatos ha dado por ahora un paso al frente, ni tampoco ha aclarado sus verdaderas intenciones el ex primer ministro Boris Johnson, al que algunos de sus compañeros piden ya abiertamente que vuelva, según ha informado Europa Press.

Johnson anunció en julio su dimisión, asediado por una concatenación de polémicas y escándalos que terminaron de poner en duda su fiabilidad como líder. Abandonó el cargo en septiembre, pero una encuesta publicada esta semana por la firma YouGov lo mantenía como el favorito de los simpatizantes del Partido Conservador.

Este sondeo, que planteaba la hipótesis de la dimisión de Truss, situaba a Johnson con un nivel de apoyo del 32 por ciento, por delante del exministro de Finanzas Rishi Sunak (23 por ciento), el titular de Defensa, Ben Wallace (10 por ciento), y la líder 'tory' en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt.

Johnson guarda silencio --está de vacaciones en el Caribe-- y, oficialmente, nunca se ha pronunciado sobre su posible retorno. La diputada Nadine Dorries, considerada una estrecha aliada del antiguo mandatario, ha asegurado que sí se está preparando para tratar de volver a la primera línea, según la BBC.

Otros legisladores, en cambio, dejan claro que no quieren ningún retorno sorpresa. "Tenemos que dejar atrás el psicodrama de Boris Johnson", ha reclamado en declaraciones a la radiotelevisión pública el también diputado Crispin Blunt, respaldo de Sunak.

El Partido Conservador se ha marcado como objetivo resolver la sucesión de Truss en una semana y el primer trámite para los aspirantes será el de obtener el aval de al menos cien diputados. El umbral es considerablemente más alto que el de 20 avales exigido para reemplazar a Johnson este mismo año y está llamado a establecer un primer filtro.

Entre quienes sí parecen gozar de un amplio respaldo en la Cámara de los Comunes está Sunak, segundo en las últimas primarias 'tories' y objeto constante de especulaciones. De hecho, fuentes citadas por 'The Times' advertían la semana pasada de un supuesto complot en la sombra para encumbrar a Sunak y a Mordaunt en una suerte de liderazgo doble y de consenso, en el que ambos se repartiesen la jefatura del Gobierno y del partido.

Al contrario que Sunak, Mordaunt, que también se presentó al último proceso de primarias, ha permanecido junto Truss en sus escuetas seis semanas de mandato. De hecho, se ha sentado junto a ella en la Cámara de los Comunes en momentos clave, como cuando la primera ministra se veía obligada a justificar los giros económicos ante el asedio de la oposición y de parte de su propia bancada.

Algunos diputados se han pronunciado también a favor de la entrada en liza del ministro de Defensa, que por ahora no ha desvelado intención alguna, y de Suella Braverman, que dimitió como responsable del Interior menos de 24 horas antes de que Truss anunciase ante Downing Street su salida.

Braverman atribuyó su dimisión a un error en la difusión de información oficial, pero en su comunicado de despedida dejó varios recados a Truss a cuenta de la necesidad de asumir sus errores. En Sky News, la exministra ha afirmado que se pronunciará "a su debido momento".

“Dios salve al Rey”

La mañana de sábado 10 de septiembre, reunido el Consejo de Ascensión, que también tiene guasa, en el palacio de St James, se ofició la ceremonia de “Ascensión al Olimpo de los Reyes” de Carlos III, con la presencia de lo más granado de la corte. Dicho evento lo firmaban: la reina consorte, el príncipe de Gales, el arzobispo de Canterbury, el lord canciller, el arzobispo de York y la primera ministra. 

El puente de Londres no ha caído, se ha hecho añicos, y eso lo saben los prendas presentes en St James. Desde Boris Johnson que la lió parda con la espantá del Brexit y su intensa vida social, despidiéndose del parlamento con la frase que me ofende fuese dicha en castellano “hasta la vista, baby” a la primera ministra Liz Truss que, a no mucho tardar, va a repartir hostias como panes, dado su carácter neoconservador. 

Esto es lo que hay y acontece, en la Gran Bretaña y los territorios de ultramar. Solo se puede echar en falta a un personaje en los fastos: el rey emérito Juan Carlos I. Lastima.

De Purísima y oro

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Pako Martí es socio de infoLibre

¿Qué hacías, Boris, bisness?

 Los titulares en los medios siguen presagiando complicados escenarios con conflictos difíciles de conciliar. Geopolítica y estrategia militar absurda. Todo suena demencial. Afortunadamente la cerveza sigue estando fría, en la nevera, como mi lóbulo frontal.

El sueño de una noche de verano no son más que flipadas y derrapes de noches escritas entre titulares. Mientras, los medios te exigen les remitas adjunto al artículo tu e-mail, tu teléfono, tu DNI, tu dirección y el color de tus slips. “España vive uno de los veranos mas calurosos desde 1950” rezaba el titular. Más caluroso, más sangriento, más demencial y caótico, como un entrecomillado inverso al que sigue un texto sin noticia alguna.

El titular del artículo habla por sí mismo. Es un entrecomillado inverso. O lo que viene siendo lo mismo: un entrecomillado largo.

Mientras la industria armamentista hace caja y Boris Jonhson aparece en escena como si de una comedia de Shakespeare se tratase, otra guerra, la energética, se libra entre Rusia y la UE. Que Dios reparta suerte.

¿Qué esconden las palabras? Las palabras no esconden más que palabras. Recuerdos vagos. Esconden buenos artículos que se quedaron en el teclado. Derrapes y flipadas que no son más que un modo de leer y escribir la actualidad. Heterodoxo y gamberro. Porque me da la gana.

Los sueños de una noche de verano son pesadillas en el cielo a vista de artillero en Kiev.

Es lo que hay.

De Purísima y oro.

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Pako Martí es socio de infoLibre

La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, ha desgranado este martes un Gobierno marcado por la remodelación prácticamente general de la primera línea, a pesar de que no se prevén grandes cambios políticos en relación a la era de Boris Johnson.

Truss incorpora como viceprimera ministra a la diputada Thérèse Coffey, que ejercerá también como responsable de la cartera de Sanidad, mientras que en Finanzas ha optado por Kwasi Kwarteng, legislador con experiencia en ámbitos económicos.

Al frente de Exteriores, cartera que abandona la propia Truss, estará James Cleverly, que ya ocupó cargos inferiores en este Ministerio y era hasta ahora ministro de Educación. En Interior, la premier ha nombrado a Suella Braverman, aspirante en las recién acabadas primarias conservadoras, mientras que Justicia lo asumirá Brandon Lewis, que dimitió en julio como responsable del Gobierno británico para Irlanda del Norte.

Dentro de las principales carteras, el único que repite es Ben Wallace como responsable de Defensa, en un momento clave por la ayuda militar que Reino Unido brinda a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa.

La nueva primera ministra ha extendido los cambios también a la bancada tory en la Cámara de los Comunes. Por primera vez bajo un gobierno conservador, será una mujer, Wendy Morton, la responsable de mantener la disciplina parlamentaria.

Truss ha entrado este martes en Downing Street ya como primera ministra, poco después de que la reina Isabel II la recibiese en la residencia de Balmoral (Escocia). Completa así un proceso de renovación que arrancó el 7 de julio con el anuncio de la dimisión por parte de Johnson.

El primer ministro saliente de Reino Unido, Boris Johnson, ha destacado este martes en su último discurso antes de abandonar el cargo que dará su "ferviente apoyo" a Liz Truss, quien le sustituirá en el cargo, y ha subrayado que "es momento de estar detrás de Liz Truss y su programa" ante las dificultades que atraviesa el país europeo, según informa Europa Press.

"Esto es todo, amigos", ha manifestado Johnson al iniciar su discurso, dado a pocas horas de trasladarse a Balmoral para reunirse con la reina Isabel II para entregar su dimisión y "pasar el testigo a una nueva líder del Partido Conservador" tras "lo que se convirtió de forma inesperada en una carrera de relevos" en la que "se cambiaron las normas a mitad de camino".

"No ofrecerá a este Gobierno otra cosa que el apoyo más ferviente", ha destacado, antes de resaltar que "es un momento duro para la economía y un momento duro para las familias en todo el país". "Podemos superarlo y lo superaremos", ha dicho Johnson, que ha pedido a los tories que "pongan fin a la política" y apoyen a Truss para "dar respuestas a la población del país".

Así, ha hecho hincapié en que "eso es lo que la gente quiere, lo que necesitan y lo que merecen", al tiempo que ha destacado su labor al frente del Gobierno, incluida "la más amplia mayoría desde 1987 y el mayor porcentaje de voto desde 1979", así como "materializar el Brexit", "ayudar a la gente en el país", "garantizar el peso de Reino Unido en el mundo" y "hablar con claridad y autoridad, desde Ucrania hasta el pacto del AUKUS con Estados Unidos y Australia".

Johnson ha ensalzado además que el país fue "el que logró la vacunación más rápida en Europa" y "organizó rápidos suministros de armas a las heroicas Fuerzas Armadas de Ucrania" ante la invasión rusa, desatada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. "Hemos continuado y continuaremos teniendo fortaleza económica para dar a la gente el efectivo que necesitan para superar esta crisis económica causada por la atroz guerra causada por Putin", ha argüido.

En este sentido, ha destacado que Truss y su "compasivo gobierno conservador" harán "todo lo posible para sacar a la gente de esta crisis". "Este país aguantará y ganaremos. Si Putin piensa que puede tener éxito chantajeando o acosando al pueblo británico, está totalmente confundido y la razón es que tendremos fondos ahora y en el futuro porque los conservadores entienden la simetría vital entre la acción gubernamental y la empresa del sector privado en un mercado capitalista".

El primer ministro saliente ha garantizado además que las autoridades han trabajado para "hacer que las calles sean más seguras", "construir más hospitales", "destinar una financiación récord a colegios y salarios de profesores" y "dar soluciones a corto y largo plazo para las necesidades energéticas".

Por último, ha subrayado que "la unión (en el país) es tan fuerte que aquellos que quieren romperla seguirán intentándolo, pero nunca tendrán éxito". Johnson ha dado además las gracias a la población y a los votantes por "darle la oportunidad" de ocupar el cargo y ha añadido que "juntos han sentado unas bases que aguantarán la prueba del tiempo".

Liz Truss recogerá el testigo en Downing Street con un perfil continuista con respecto a las directrices marcadas por su predecesor, Boris Johnson. Salta a la máxima responsabilidad política en Reino Unido desde el Ministerio de Exteriores y con el reto de devolver a los tories el lustre perdido, según informa Europa Press.

Truss, de 47 años, nació en la ciudad inglesa de Oxford, en el seno de una familia que ella misma ha descrito como de izquierdas. En su etapa universitaria, comenzó ya su activismo político, con una inclinación inicial hacia el Partido Liberal Demócrata.

Fue entonces cuando sus simpatías cambiaron hacia el Partido Conservador, aunque inicialmente su carrera profesional no derivó a la política sino a la empresa privada, como contable. En el año 2000 se casó con su marido, Hugh O'Leary, con quien tiene dos hijos.

En las elecciones de 2001, intentó por primera vez ser diputada en la Cámara de los Comunes. Perdió en este primer intento y también en el segundo, cuatro años más tarde, en ambos casos por circunscripciones de West Yorkshire.

No fue hasta 2006 cuando obtuvo un cargo público, como concejal en Greenwich, a las afueras de Londres. Por esa época su nombre también apareció en los tabloides por una larga relación extramatrimonial con un diputado conservador, si bien a día de hoy sigue casada con O'Leary.

David Cameron se fijó en ella y en los comicios de 2010 apostó por designarla como candidata a diputada en un escaño que los tories daban por seguro, en el bastión de South West Norfolk. Las bases del partido intentaron en vano impugnar su candidatura por el affaire con el diputado y Truss entró finalmente en la Cámara de los Comunes.

Su entrada en el Gobierno llegó apenas dos años más tarde, en el Ministerio de Educación, y en 2014 dio el salto a Medio Ambiente.

La política británica saltó con los aires con el Brexit, al que Truss se opuso durante la campaña abiertamente. Cuando ya se confirmó que Reino Unido saldría de la UE, se esforzó por defender las oportunidades que suponía este divorcio.

Con Boris Johnson ya como primer ministro, en el año 2019, asumió la responsabilidad del Comercio Internacional dentro del gabinete y dos años más tarde fue nombrada ministra de Exteriores, en un momento clave por los múltiples frentes abiertos.

Su ascenso final le llega a los 47 años de edad y con el reto no sólo de ampliar el nivel de apoyo del que parece gozar entre las bases de su partido –gracias a las cuales ha logrado imponerse en las primarias 'tories' a Rishi Sunak–, sino también de demostrar que es capaz de ganar elecciones.

Los sondeos dibujan una tendencia a la baja en la intención de voto del Partido Conservador y, pese a las constantes críticas que le han llovido a Johnson en los últimos meses por los sucesivos escándalos, Truss siempre ha estado a su lado sin alzar la voz.

Será la tercera mujer en residir en Downing Street, después de Margaret Thatcher (1979-1990) y Theresa May (2016-2019), las tres miembros del mismo partido.

A la fuerza ahorcan y bien lo saben los gobiernos. Hace sólo tres meses, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, argumentaba su rechazo a reformar el mercado eléctrico en que cambiarlo pondría en riesgo “la predictibilidad del mercado, la competitividad y la transición a las energías verdes”. “El modelo actual garantiza que casan en todo momento la oferta y la demanda”, lo que a su juicio resultaba fundamental “para garantizar la seguridad en el suministro” y evitar apagones. Pero los precios de la energía no han dejado de subir según se prolonga la guerra en Ucrania y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya lamentó antes del verano que el mercado actual de la electricidad funcionara con un diseño de hace 20 años, cuando las renovables aún estaban en pañales. El pasado lunes, finalmente, la propia Von der Leyen dio el golpe de timón y anunció una “intervención de emergencia” y una “reforma estructural” en el mercado eléctrico, cuyas “limitaciones”, dijo, han quedado al descubierto por una escalada de precios que parece imposible frenar. Las presiones de Alemania, Austria, Bélgica y Chequia explican el giro.

El chantaje energético ruso, por usar los mismos términos que la presidenta europea, y la inflación galopante provocada por unos precios estratosféricos de la luz y el gas han obligado a virar a quienes consideraban un anatema la intervención de un mercado. Pero éste de Bruselas es sólo el último ejemplo de cómo la necesidad fuerza la caída de principios  y decisiones económicos que se tenían por inamovibles e indispensables para la supervivencia del sistema. Muchos de esos vuelcos, además, los han dado precisamente grandes adalides de esa ortodoxia neoliberal: Mario Draghi, George W. Bush, Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Mark Rutte…

Hace casi un año, los líderes del mundo rico, reunidos en la cumbre del G20 en Roma, se pusieron de acuerdo para implantar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales. Tras cuatro años de debates y de superar fuertes resistencias, las principales potencias económicas del planeta se comprometían con una medida destinada a evitar que la riqueza de los países se escape por los agujeros del sistema y se esconda en paraísos fiscales. Cierto que la OCDE acaba de admitir que los trabajos técnicos para ponerlo en marcha llevan retraso y hasta 2024 no verá la luz, y que los recelos de muchos gobiernos seguirán torpedeando la iniciativa, pero el camino ya está trazado. EEUU acaba de aprobar este agosto la Ley de Inflación, que incluye un impuesto mínimo del 15% para las empresas con beneficios superiores a los 1.000 millones de dólares. España lo introdujo en la Ley de Presupuestos de este año para las empresas que forman parte de un grupo consolidado o facturen más de 20 millones de euros anuales. En la UE, el bloqueo de algunos países impide de momento la adopción de la directiva de la OCDE que establece ese suelo fiscal.

Además, la ruptura del tabú ha hecho perder el miedo a subir los impuestos a las grandes compañías. En marzo, Mario Draghi, vicepresidente de Goldman Sachs y presidente del BCE antes que primer ministro, aplicó un tributo del 10% a las empresas energéticas por los beneficios extraordinarios que les está proporcionando la guerra, y que sólo un mes más tarde subió hasta el 25%. Es el mismo gravamen aprobado por el Gobierno del conservador Boris Johnson en el Reino Unido para las empresas del petróleo y el gas. En España será en 2023 cuando comience a recaudarse un impuesto del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros. También deberán tributar los bancos, un 4,8% del margen de intereses y comisiones, para financiar los planes contra la inflación. Bélgica, Grecia, Hungría y Rumanía han aprobado impuestos similares a las empresas de energía.

Los cambios de paso, no obstante, fueron ya extraordinarios tras la anterior gran crisis. Apenas habían transcurrido 18 días de la quiebra de Lehman Brothers cuando George W. Bush aprobó un programa de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos para sacar de los balances de los bancos los activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

Después llegaría el Recovery Act del presidente Obama, 780.000 millones de dólares para reactivar la economía estadounidense tras el golpe de la crisis financiera. Y los enormes paquetes de ayudas de Joe Biden para combatir la paralización económica causada por la pandemia: 1,9 billones de dólares contra la emergencia sanitaria y otros tanto para modernizar infraestructuras. El primero, un aumento de gasto público casi inédito en un país alérgico a la protección económica estatal, y el segundo sustentado en subidas de impuestos, otro paradigma roto.

Con ese dinero, Bush nacionalizó las dos principales sociedades hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac, propietarias de casi la mitad de la deuda hipotecaria de EEUU entonces, unos 5,3 billones de dólares. También compró el 92% de la aseguradora AIG, la más grande del mundo, y recibieron ayudas públicas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley… y hasta automovilísticas como Chrysler y General Motors.

Reino Unido no le fue a la zaga. Aunque en su caso el responsable fue el primer ministro laborista, Gordon Brown. Los británicos no dudaron en nacionalizar o intervenir el Royal Bank of Scotland (RBS), el Northern Rock y Lloyds, al que el Gobierno había obligado a absorber otra entidad en crisis, el HBOS. En total, medio billón de libras –577.000 millones de euros–.

En España también fue un gobierno conservador, el del PP, el que rescató a la banca. El Estado inyectó 58.000 millones de euros en el sector financiero, de los que 24.000 millones fueron para comprar el 68% de Bankia. Las cajas de ahorro desaparecieron, forzadas a la fusión y luego convertidas o vendidas a bancos: Caixa Catalunya, Novacaixagalicia… También fueron rescatados Liberbank, Banca Cívica, Banco Gallego, Banco de Valencia. Una década después, el Estado sólo ha recuperado el 10% de la cantidad invertida, unos 6.000 millones de euros. Y las posibilidades de recuperarlo todo son casi nulas.

La siguiente crisis mundial fue la propiciada por el covid-19. En 2020 los gobiernos volvieron a intervenir una economía en cuarentena. Los milmillonarios planes de EEUU tuvieron su réplica inmediata en Europa. Atrás quedaron el dogma de la austeridad y el corsé al déficit público. En junio la UE aprobó el que se publicita como el mayor programa de estímulo económico de su historia: los 750.000 millones de euros del Fondo NextGeneration. Al mismo tiempo, Bruselas suspendió las reglas fiscales que obligan a los Estados miembros a controlar sus niveles de déficit y deuda públicos. Las mismas reglas que defendían como dogmas inapelables los halcones comunitarios –Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia– y han dejado un reguero de desigualdad en España, Portugal, Italia y Grecia, los países más tocados por aquella crisis.

Para conseguir esos 750.000 millones, Bruselas ha emitido eurobonos, con lo que se ataca otro de los credos de la ortodoxia, defendido hasta ahora con uñas y dientes por los halcones alemanes, holandeses, austriacos y finlandeses: el rechazo a mutualizar la deuda. Hasta ahora, los que se endeudaban eran los Estados miembros; ahora lo ha hecho la Unión Europea.

Además, como parte del escudo económico anticovid, los estados volvieron a salir al rescate. En este caso, de las aerolíneas. Francia y Países Bajos pusieron en Air France-KLM, su compañía de bandera, 10.000 millones de euros. Había que salvar, destacaron ambos gobiernos, 350.000 empleos directos e indirectos. Cada uno de los estados posee el 14% de las acciones de la aerolínea que, como el resto de las europeas, se vio obligada a dejar todos sus aviones en tierra durante el confinamiento. Ya lo había anunciado Emmanuel Macron nada más estallar la pandemia: “Ninguna empresa será abandonada al riesgo de quiebra por el impacto del coronavirus”.

Más radical fue la decisión de Italia, que inyectó 3.000 millones en Alitalia para nacionalizarla, rebautizarla como ITA e intentar su reactivación, pues llevaba en concurso de acreedores desde 2017. Al Estado portugués, comprar el 72,5% de la aerolínea nacional TAP en plena pandemia le costó 1.200 millones de euros. Incluso el Gobierno alemán, aún en manos de Angela Merkel, no dudó en entrar en el capital de Lufthansa para salvarla de la parálisis pandémica. En total, incluido el 20% de la aerolínea que compró el Gobierno federal, el rescate ascendió a 9.000 millones de euros.

Tampoco España escapó a la ola de intervenciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez destinó 475 millones a rescatar Air Europa, en una decisión polémica porque el gigante IAG –Iberia, British Airways– había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir la compañía, la segunda aerolínea española con más vuelos internacionales, a la familia Hidalgo. El Estado, a través de la SEPI, ha pagado 70 millones de euros públicos para acudir a la ampliación de capital que hizo en septiembre de 2020 el grupo IAG, del que posee un 2,5%. Una forma diferente de acudir al rescate. Otros 111 millones han ido a parar a Air Nostrum.

A Macron no le ha temblado el pulso tampoco para nacionalizar EDF, la principal eléctrica francesa. La crisis energética le ha empujado a hacerse con el 100% de la compañía, de la que el Estado ya poseía el 83,88% y que, además, sufre un tremendo deterioro financiero: según publica el diario francés Mediapart, las pérdidas este año pueden alcanzar los 15.000 millones de euros y la deuda superar los 60.000 millones. Además, desde que el Gobierno de Macron ha limitado en el 4% la subida que se permite a la factura de la luz, el resto hasta el precio real pagado por EDF lo cubre el Estado. Un coste considerable para las arcas públicas.

El aumento de las desigualdades durante la lenta y dolorosa salida de la crisis financiera ha roto igualmente la resistencia de muchos gobiernos a implantar o subir el salario mínimo. En 2015 empezó a aplicarse en Alemania, y lo hizo por decisión de Angela Merkel. Entonces era de 8,5 euros la hora o 1.445 euros al mes. Este año, el Gobierno de Olaf Scholz lo ha subido hasta los 12 euros, un 22%.

En Estados Unidos, Joe Biden mejoró este año el salario mínimo de los trabajadores empleados en empresas contratados por el Gobierno, hasta los 15 euros la hora. Aunque su intención era subírselo hasta esa cantidad a todos los asalariados del país, para lo que se encuentra con el rechazo de los republicanos. El salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares desde 2009. Pero en 21 estados se ha mejorado este año.

El pasado mes de junio, el Parlamento y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo para crear un salario mínimo “adecuado” en la UE. No se fijará una cantidad única para todos los Estados miembros, sino unos criterios para determinar cuál es el salario necesario para hacer frente al coste de la vida. Hasta ahora, la Carta Social de la UE establecía que el salario mínimo debe equivaler al 60% del salario medio de cada país. Y en calcularlo está ahora de nuevo enfrascada la comisión de expertos reunida por el Ministerio de Trabajo. Cuando termine la tarea, el Gobierno propondrá a patronal y sindicatos una nueva subida del SMI, que asciende a 1.000 euros tras mejorar un 31% en los últimos tres años. La inflación ha obligado también a los gobiernos a aprobar este año subidas de dos dígitos en muchos países europeos. Por ejemplo, en Países Bajos, a cuyo frente lleva 12 años el conservador Mark Rutte, aumentará el salario mínimo un 10%. La inflación alcanzó en julio el 10,3%, una de las más altas del Continente. Atrás van quedando también los recelos sobre la amenaza para el empleo que pueden suponer las subidas del suelo salarial.

La muerte del último líder soviético, Mijaíl Gorbachov, este martes ha provocado una oleada de reacciones a nivel internacional por su valor político y su papel como artífice de los primeros pasos de la Rusia moderna.

Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin ha expresado sus "profundas condolencias" por su en una primera reacción en la que el Kremlin no ha valorado la figura del dirigente que puso fin a la etapa soviética. El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha informado a la agencia de noticias Interfax de que ya el miércoles por la mañana Putin enviará un telegrama de condolencias a familiares y amigos de Gorbachov.

El Kremlin debe ahora decidir qué tipo de homenajes le brinda a un exdirigente que sigue generando ciertos recelos en los sectores más duros dentro de Rusia, ya que ven en él el símbolo del fin de una etapa de grandeza y no el impulsor de las reformas que tanto le reconoce Occidente. El aislamiento de Moscú a raíz de la invasión de Ucrania complica también la presencia de mandatarios extranjeros en el futuro funeral, para el que aún no hay fecha.

Desde EEUU, el presidente Joe Biden ha mandado sus más profundas condolencias a la familia y amigos del exdirigente soviético, a la vez que ha elogiado su valor por admitir que "las cosas debían cambiar". "Cuando llegó al poder, la Guerra Fría llevaba casi 40 años y el comunismo aún más, con consecuencias devastadoras. Pocos funcionarios soviéticos de alto nivel tuvieron el valor de admitir que las cosas debían cambiar", ha expresado en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

"Como miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, le vi hacer eso y más. Como líder de la URSS, trabajó con el presidente Reagan para reducir los arsenales nucleares de nuestros dos países, para alivio de la gente de todo el mundo que rezaba por el fin de la carrera armamentística nuclear", ha añadido el mandatario estadounidense.

Biden ha alabado el papel de Gorbachov en la democratización de Rusia después de "décadas de brutal represión política", a la vez que ha apoyado la fe del dirigente soviético en la apertura y la reestructuración de la URSS después de "tantos años de aislamiento y privaciones". "Fueron los actos de un líder poco común: uno con la imaginación para ver que un futuro diferente era posible y el valor para arriesgar toda su carrera para lograrlo", ha dicho el presidente estadounidense, añadiendo que el resultado de aquella decisión fue "un mundo más seguro y una mayor libertad para millones de personas".

Biden ha rememorado un encuentro bilateral con Gorbachov cuando este visitó la Casa Blanca en 2009. Entonces, Biden y el exdirigente soviético hablaron sobre el trabajo en curso de Rusia y Estados Unidos para reducir sus respectivos arsenales nucleares. "Era fácil ver por qué tantos en todo el mundo le tenían en tan alta estima", ha agregado el mandatario de Estados Unidos en la misiva.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha descrito al exdirigente soviético Mijaíl Gorbachov como "un líder fiable y respetado" y ha dicho de él que, con sus reformas, "abrió el camino para una Europa libre". "Desempeñó un papel fundamental para poner fin a la Guerra Fría y derribar el Telón de Acero", ha destacado Von der Leyen en su cuenta de Twitter. "No podemos olvidar su legado", ha añadido.

Este mensaje se une al del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha reconocido el "profundo compromiso con la paz y la libertad" de Gorbachov. En sus condolencias, el ex primer ministro belga ha tenido palabras para su familia, amigos y el pueblo ruso.

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha recordado este miércoles al expresidente soviético lamentando que el aire de cambio y democratización que trajo a Rusia se haya desvanecido durante la etapa de Vladimir Putin. "Gorbachov mandó un viento de libertad a la sociedad rusa y trató de cambiar el sistema comunista desde dentro, lo que resultó imposible", ha asegurado el jefe de la diplomacia europea en declaraciones desde Praga antes de la reunión informal de ministros de Exteriores.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha confesado que su recuerdo más perdurable del dirigente soviético fue su encuentro con el entonces presidente de Estados Unidos, George HW Bush, en su natal Malta, para poner fin a la guerra fría. "Inspiró la esperanza de un mundo mejor y más libre. Significó derribar muros y condujo a la reunificación de Europa. Su legado será recordado. Que descanse en paz", ha remachado Metsola.

En una línea similar se ha manifestado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha calificado este miércoles en su cuenta de Twitter a Gorbachov como un "hombre que con sus decisiones contribuyó de forma decisiva a terminar con la Guerra Fría y hacer de Europa, y del mundo, un lugar con más paz y libertad".

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha calificado al dirigente soviético como un "hombre de paz", a la vez que ha alabado los esfuerzos de Gorbachov por alejar de la guerra al viejo continente. "Mis condolencias por la muerte de Mijaíl Gorbachov, un hombre de paz cuyas elecciones abrieron un camino hacia la libertad para los rusos. Su compromiso con la paz en Europa cambió nuestra historia común", ha expresado el mandatario de Francia en su cuenta de Twitter.

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha compartido en Twitter una foto en la que aparece junto al exdirigente soviético y junto a la que ha definido a Gorbachov como un "campeón de la democracia". "Se ha ido un campeón de la democracia. Mijaíl Gorbachov es un hombre que ha cambiado la historia del siglo XX. Echaremos de menos su visión de futuro y su serenidad, sobre todo en este difícil momento de la política internacional.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, por su parte, ha expresado su tristeza por el fallecimiento del último secretario general de la URSS y ha aplaudido la actuación de Gorbachov frente a la "época de agresión" del actual presidente Putin. "Siempre admiré el coraje y la integridad que mostró al llevar la Guerra Fría a una conclusión pacífica. En una época de agresión de Putin en Ucrania, su incansable compromiso de abrir la sociedad soviética sigue siendo un ejemplo para todos nosotros", ha dicho Johnson en Twitter.

La candidata a suceder a Johnson al frente del Partido Conservador y de Downing Street, Liz Truss, ha elogiado la figura de "destacado estadista" de Gorbachov que hizo "una profunda contribución a la seguridad y la estabilidad mundiales, trabajando con los líderes occidentales para poner fin a la Guerra Fría". "Ahora más que nunca debe prevalecer este legado de cooperación y paz", ha agregado la ministra de Exteriores británica, también en Twitter.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado "profundamente apenado" por el fallecimiento del exlíder soviético, a quien ha recordado este martes como "un hombre de Estado que cambió el curso de la historia". "Hizo más que cualquier otro individuo para terminar de forma pacífica la Guerra Fría", ha aplaudido Guterres, en un comunicado con el que ha querido trasladar sus condolencias tanto a la familia de Gorbachov como a los ciudadanos y el Gobierno ruso.

El jefe de la ONU ha lamentado que "el mundo ha perdido a un líder global imponente, comprometido con el multilateralismo e incansable defensor de la paz". De hecho, Guterres ha querido recordar parte del discurso que Gorbachov pronunció al recibir en 1990 el premio Nobel: "La paz no es la unidad en la semejanza, sino la unidad en la diversidad".