El juzgado de instrucción número 20 de Barcelona ha denegado el último intento de la fundación Abogados Cristianos para frenar la eutanasia de la joven parapléjica de 25 años, Noelia, prevista para mañana tras un año y medio paralizada en los tribunales por el recurso que presentó su padre.

La entidad ultracatólica, según ha explicado esta mañana en un comunicado, ha solicitado suspender la eutanasia mediante unas medidas cautelarísimas presentadas ante el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que investiga la querella que Abogados Cristianos presentó contra dos miembros de la comisión de la Generalitat que autorizó la muerte digna de la joven, que sufre una paraplejia.

No obstante, el juzgado ha denegado las medidas solicitadas argumentando que no es el competente para resolver sobre esa cuestión.

Los abogados de la fundación ultracatólica fueron los que, en agosto de 2024, lograron paralizar "in extremis" la eutanasia de Noelia mediante un recurso que presentaron en nombre del padre de la chica, que se opone a su muerte digna.

Tras un recorrido judicial de año y medio, y con los todos los recursos agotados, los tribunales han avalado el derecho de Noelia a la eutanasia, que el Departamento de Salud ha fijado inicialmente para mañana, según explicó ayer la joven en una entrevista televisiva.

En su último intento fallido por detener la muerte asistida de la joven, Abogados Cristianos ha pedido esta mañana al juzgado de instrucción que acuerde de forma cautelarísima -sin escuchar a las partes- que Noelia sea sometida a un tratamiento psiquiátrico antes de que se le practique la eutanasia.

En un comunicado, Abogados Cristianos recuerda que el padre de Noelia "ha estado a su lado durante todo el proceso y ha luchado en los tribunales para salvar su vida" y que ningún miembro de la familia apoya su muerte digna.

Las medidas cautelarísimas han sido solicitadas en nombre de la fundación ultracatólica, que es la que presentó la querella por prevaricación contra los técnicos de la comisión del Departamento de Salud que, en julio de 2024, autorizaron la eutanasia de la joven.

Javier Gómez Bermúdez tenía un expediente brillante dentro de la judicatura. Ingresó en la carrera en 1987. Y en 1999 ya estaba en uno de los tribunales con las causas más complejas y mediáticas: la Audiencia Nacional. Durante ocho años fue presidente de la Sala Penal. Suyas son, por ejemplo, las sentencias de los atentados del 11-M o del accidente del Yak42. E intervino en otros muchos procedimientos destacados, ya sea en materia de terrorismo o de delincuencia económica. Una destacada carrera a la que, sin embargo, dio un giro en 2017. Entonces, era juez de enlace en Francia. Destino dorado al que renunció para dar el salto a la abogacía de la mano de un gran bufete.

No es el único dentro de la carrera judicial que ha seguido ese mismo camino. Al menos trece magistrados que han cambiado de toga están desempeñándose en potentes y carísimos despachos de élite, según la información recopilada por infoLibre a través del último Escalafón General de la Carrera Judicial y del Boletín Oficial del Estado (BOE). La gran mayoría proceden de lo contencioso-administrativo –orden al que corresponden los litigios contra las Administraciones públicas– o son especialistas en mercantil, aunque también hay expertos en penal o en laboral. Y muchos de ellos hicieron carrera en órganos judiciales superiores.

Garrigues es, desde hace años, el bufete más potente de España. Solo en 2024, según el ránking de despachos que elabora anualmente el diario económico Expansión, facturó 481,9 millones de euros, un 6,1% más que el año anterior. Cuenta con más de 2.300 profesionales repartidos por todo el mundo. Un equipo al que pertenece Jesús Cudero, que ha ejercido como magistrado en las salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Audiencia Nacional o Tribunal Supremo y que ejerce como of counsel en el departamento tributario del despacho.

Con una facturación de 436,1 y 295,5 millones, Cuatrecasas y Uría Menéndez completan el podio. En el primero de ellos recaló hace algunos meses Eduardo Pastor, un joven mercantilista que se desempeñó en la Audiencia Provincial de València y que ahora se ha unido a un equipo del que también forma parte, como socio, Joaquín Huelín, quien fuera durante una década magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Y en Uría Menéndez están haciendo carrera Javier Yáñez (magistrado de lo mercantil) y José María Blanco, quien antes de dar el salto al sector privado ejerció como magistrado coordinador del área civil del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

En Pérez-Llorca están, por su parte, los mercantilistas Javier García y Antoni Frigola. "Cuenta con una amplia experiencia en procesal gracias a la formación adquirida a lo largo de la carrera profesional en los juzgados españoles", recoge el despacho sobre este último. En Broseta, Alberto Palomar, magistrado de lo contencioso-administrativo que ocupó en su día las direcciones de gabinete de los secretarios de Estado de Administración Pública, Justicia y Deporte. Y en Martínez-Echevarría, Antonio Torrecillas, laboralista que desempeñó parte de su carrera en la Audiencia Provincial de Málaga.

Por este último bufete también pasó, hace más de una década, el magistrado de lo mercantil Enrique Sanjuan. Su viaje a lo privado fue de ida y vuelta. Tenía claro que regresaría a la judicatura al pasar los dos años que la ley les obliga a estar fuera cuando se les concede la excedencia. Y, de hecho, el contrato que firmó con el despacho fue, precisamente, por ese tiempo. En conversación telefónica con infoLibre, cuenta que dio el paso empujado por un exceso de trabajo brutal y muchas ganas de seguir creciendo. "Aprender, desarrollarse, viajar", relata. Y también explica lo complicado que resulta regresar: "Cuando vuelves, te colocan en la última plaza del siguiente concurso. Y tienes que esperar un año para situarte en lo tuyo".

Por supuesto, en la decisión de cambiar la toga también influye la mejora salarial que los despachos ponen sobre la mesa. "La diferencia respecto a lo que cobran los jueces puede ser muy grande", resume. Según publicaba hace algunos meses El Confidencial, en Garrigues la remuneración media de los asociados principales se acercaba en 2024 a los 140.000 euros, mientras que en Cuatrecasas el sueldo de los abogados senior rondaba los 130.000 euros. Algunas fuentes conocedoras de este mercado explican que las nóminas que ponen sobre la mesa estos bufetes a la hora de pescar en la judicatura pueden desde triplicar a sextuplicar lo que cobran los propios magistrados.

En la decisión de Gómez Bermúdez de dejar París y dar el salto al sector privado influyeron igualmente diferentes factores. La remuneración, por supuesto, fue uno de ellos. Pero también el acercamiento a su Málaga natal y el crecimiento personal. "Me habían amortizado en la carrera, no tenía posibilidades de promoción", cuenta. El salto a la abogacía, no obstante, no ha llevado aparejado una menor carga de trabajo. Aun así, reconoce que es una "experiencia muy bonita" que "deberían tener todos los jueces": "Te enseñan la otra cara de la justicia y la injusticia". Una buena experiencia que también tuvo, durante sus dos años, Sanjuan: "Es una aventura que merece la pena".

Gómez Bermúdez es socio de Ramón y Cajal. Y, en los últimos años, su nombre ha estado vinculado a gran cantidad de causas de relevancia pública. Representa, por ejemplo, al abogado de Teodoro Obiang, que gobierna Guinea Ecuatorial con mano de hierro. O ha ejercido como acusación contra las seis sindicalistas de La Suiza. Junto a él, en su bufete, también ejercen Joaquín García Bernaldo de Quirós, expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y expresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). O Rocío Pérez-Puig, especialista en orden civil y penal.

La última magistrada en pedir la excedencia y dar el salto a un gran despacho ha sido Bárbara Córdoba. En su caso, ha aterrizado en una firma algo más internacional: DLA Piper. Quien la conoce, destaca su brillantez en cuestiones de insolvencia. De nuevo, otra mercantilista que se pasa a la abogacía. "Es un triunfo del Poder Judicial. Forma a muy buenos profesionales en materia de fiscalidad, contencioso-administrativo o mercantil que son muy queridos por los grandes despachos", explica Sanjuan.

La defensa del ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González ha enviado un escrito al juez que le investiga por presunta agresión sexual en el que sostiene que las conversaciones que se escuchan en un audio aportado por la agente denunciante "no encajan" con ese delito, sino con una relación de confianza en la que ella demuestra "un ataque de celos".

El letrado José Carlos Velasco firma un escrito, fechado este martes y al que ha tenido acceso EFE, en el que pide al juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid que solicite a Recursos Humanos de la Policía Nacional información sobre si la denunciante fue destinada al edificio policial sito en la calle Miguel Ángel número 5, en el que trabajaba el denunciado, de manera voluntaria o no.

Aprovecha esta defensa para advertir sobre "contradicciones entre el relato de la querella y el contenido de la grabación aportada como prueba documental fundamental", poniendo de relieve que "no nos encontramos ante un mero audio aportado como prueba, sino ante la prueba angular" en la que pretende basarse la denunciante.

"Las afirmaciones vertidas por la querellante no encajan con lo descrito en el audio aportado como prueba esencial", concluye la defensa del exDAO, que afirma que en la conversación grabada el 23 de abril de 2025 -día en el que la agente denuncia que se produjo la agresión sexual- lo que denota es "complicidad, trato íntimo e interacción mutua verbal" entre dos personas que habían mantenido una relación.

Todo ello -añade- "en un entorno de confianza, incompatible (...), con el argumento de una 'negativa rotunda, expresa y continuada en todo momento', como se expone en la querella".

Va más allá el letrado al afirmar que "lo que realmente se desprende del audio es una conversación propia de una relación personal en la que existe un ataque de 'celos' y una clara exigencia de atención" por parte de la agente hacia el mando policial. "Estas expresiones describen una escena marcada por los celos y por una demanda de atención y exclusividad" en la que es la agente "quien marca las condiciones", según la defensa del ex jefe policial.

Subraya varias de las frases de que se escuchan y que demostrarían que el ex mando policial no la agredió sexualmente ni la obligó a quedarse en su piso, sino al contrario, la instó a marcharse, mientras la agente le decía: "No te beso como un idiota, yo te quiero muchísimo”.

"Lejos de reflejar una negativa en todo momento por parte de la querellante, una imposibilidad de abandonar el lugar, o con un contexto de sometimiento constante, lo que se desprende de la literalidad de la conversación son unos reproches de celos y demandas de atención" por parte de la agente, con "expresiones afectivas y un tono de confianza personal".

En su escrito, la defensa del exjefe policial denuncia también el "perjuicio grave e irreparable" que le ha causado la "exposición mediática del procedimiento" debido a las numerosas apariciones del abogado de la inspectora en medios de comunicación -más de 20, recalca-, "anunciando, comentando y 'engordando' la supuesta trascendencia de la interpretación que hace del contenido del audio" aportado.

Y cuestiona que el abogado de la denunciante haya tratado de "restringir" al ex número dos de la Policía "el acceso a una prueba esencial", al pedir sin éxito que la grabación solo pueda ser escuchada en el juzgado con presencia de la letrada de la administración de justicia, "a la misma vez que se alimenta públicamente -desde la propia parte que realiza la solicitud- un juicio paralelo".

"Esto no solo perjudica a mi mandante, sino que pretende condicionar la percepción del juzgador y de la sociedad", colocando al exDAO "en una situación de desventaja injustificada", concluye. 

El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el último recurso presentado por el padre de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, con el que buscaba frenar de manera cautelar la eutanasia de su hija, según informa EFE.

La Sala segunda de la corte de garantías ha adoptado esta decisión por unanimidad en una sesión extraordinaria celebrada este viernes, ante la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo". El padre había solicitado en su recurso de amparo "medidas cautelarísimas" para suspender la eutanasia que ya se le había concedido a su hija a través de sus representantes legales: el despacho ultracatólico Abogados Cristianos.

En esta nueva apelación, el padre también impugnó todas las resoluciones anteriores que habían acreditado que su hija tenía la capacidad de decidir y los requisitos suficientes para obtener el procedimiento por "una enfermedad grave e incurable que le provoca un padecimiento grave, crónico e imposibilitante".

La batalla ante la justicia arrancó cuando el padre recurrió la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, de 18 de julio de 2024, por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó como medida cautelar la suspensión de la eutanasia. La batalla ante la justicia arrancó cuando el padre recurrió la resolución que concedía la eutanasia a su hija.

Ante esta nueva resolución, Abogados Cristianos ha emitido un comunicado en el que aseguran que llevarán el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. El despacho ultracatólico considera que "se están vulnerando derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida y a la tutela judicial efectiva".

También han señalado que sigue pendiente la resolución su solicitud de medida cautelar ante el Juzgado de lo Penal.

El caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos, deberá enfrentarse en los próximos meses a una gran prueba de fuego: la resolución de la montaña de recursos interpuestos por las defensas. Es un examen clave del que depende la continuidad de la causa. Al fin y al cabo, el objetivo principal de los investigados es la declaración de nulidad de todo lo actuado, un torpedo en la línea de flotación del caso. Una batalla para la que cuentan con un ejército legal de primer nivel, del que forman parte grandes bufetes y reconocidos abogados que, en algunos casos, hicieron carrera en la judicatura o la Fiscalía.

En los últimos meses, los imputados han interpuesto más de una veintena de recursos y escritos. En ellos, se alega una supuesta indefensión. Cargan contra la decisión del instructor de mantener durante siete años el secreto de sumario. O hablan de una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del juez que investiga al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser en la capital donde se encuentra Equipo Económico –ahora Global Afteli–, el despacho que se encuentra en el epicentro de la trama, o el Ministerio de Hacienda. "La investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona ha contaminado todo el proceso", apuntaba un escrito de Global Afteli y Manuel de Vicente Tutor, uno de los principales investigados.

Ambos aparecen representados por José Antonio Choclán, un reputado penalista que tras cambiar la toga de magistrado –llegó a ejercer en la Audiencia Nacional– por la de letrado ha estado presente en algunos de los casos más mediáticos. En Gürtel, por ejemplo, defendió durante un tiempo a Francisco Correa. En Púnica, al empresario David Marjaliza. También ha tenido entre sus clientes a la exalcaldesa de València Rita Barberá, al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, al futbolista Cristiano Ronaldo, al entrenador José Mourinho y, más recientemente, al empresario Víctor de Aldama o al cantante Julio Iglesias. Su despacho también ha asumido la defensa de Salvador Ruiz Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria.

No es el único exmagistrado entre las defensas. Los escritos incorporados al sumario de quien fuera subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, aparecen firmados por Adolfo Prego de Oliver, que en el pasado ha ejercido como letrado, por ejemplo, de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Antes de dar el salto a la abogacía, fue durante más de una década magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde fue el ponente de la admisión de la primera querella contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo. Y durante casi siete años, de noviembre de 2001 a septiembre de 2008, vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP.

En el bloque defensor hay otros juristas que decidieron en su día dar el salto de lo público a lo privado. Al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro lo representa Javier Gómez-Ferrer Senent, abogado del Estado en excedencia. Igual que Carlos Luis Rubio, quien firma los escritos de Equipo Económico. Este último es socio director de Cortés Abogados, un bufete en el que también ejerce Daniel Campos, fiscal en excedencia –desempeñó su labor en Antidroga o Anticorrupción y llegó a ser coordinador de Delincuencia Económica en la Fiscalía de la Audiencia Nacional– que representa a otros dos socios del despacho que se encuentra en el centro de la trama.

En el Ministerio Público también hizo carrera en su día Enrique Remón, uno de los letrados que firmaba en noviembre los escritos de los hermanos Menéndez Menéndez: Rogelio, exasesor del Gabinete del ministro de Hacienda, y Santiago, ex director general de la Agencia Tributaria. O Jesús Santos Alonso, quien hiciera lo propio en nombre de los tres investigados vinculados a la gasista Air Liquide. El letrado del caro bufete Baker & Mackenzie, quien ha ejercido durante mucho tiempo la defensa del PP en los tribunales y que cuenta con una lista de clientes VIP –desde el expresidente del BBVA Francisco Martínez hasta el futbolista Neymar–, fue en su día teniente fiscal de la Audiencia Nacional.

También el exfiscal Anticorrupción Carlos Sáiz, quien lleva la defensa del ex director general de Tributos Diego Martín-Abril. En su caso, lo hace desde el despacho Gómez-Acebo & Pombo. Con una facturación en 2024 superior a los 100 millones, según Expansión, no es el único gran bufete al que han recurrido los investigados. También está Uría Menéndez y Ontier, cuyo abogado Alfonso Trallero, quien ha tenido entre sus clientes al extesorero del PP Luis Bárcenas, representa a otros dos investigados. O Pérez-Llorca, quien lleva a la gasista Abelló Linde y todos sus imputados.

Y también Cuatrecasas, el segundo bufete con mayor cifra de negocios y a quien, según una reciente investigación realizada por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC), utilizó el Gobierno de Israel para influir en reformas legislativas y procesos penales.

En mi familia se hablaba poco de Alejandro. Era comunista, y eso era pecado. Me contaron que una bala impactó en el bolígrafo que llevaba en el bolsillo de la chaqueta y eso le salvó la vida. Pero nadie me dijo que aquel tío mío, abogado laboralista, tan amable y tierno, formaba parte de esa estirpe de héroes casi invisibles que se jugaron la vida para traer la democracia a este país.

Lo supe después. Cuando varios profesores, en la Facultad de Derecho, me preguntaron si era familiar de Alejandro Ruiz-Huerta, comencé a indagar. Y me enteré de que era uno de los pocos supervivientes –sobrevivientes, como prefiere decir él– del atentado contra los abogados de Atocha.

El 24 de enero de 1977, un comando de ultraderecha irrumpió en el despacho de abogados de la calle Atocha, número 55, y asesinaron a Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Otras cuatro personas quedaron gravemente heridas: Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia. El crimen sacudió a una sociedad que atravesaba los años más duros de la Transición y quedó grabado como símbolo de la violencia política del postfranquismo.

Cada 24 de enero recordamos a quienes pagaron con su vida la defensa de la democracia y de los derechos de la clase trabajadora. En el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras, de Madrid, se celebra cada año un acto para honrar a aquellos abogados que asesinó el fascismo por defender los derechos que hoy disfrutamos.

Ser abogada me ha parecido siempre una forma de sobrevivir al Derecho. Defender a los más vulnerables frente a la injusticia y la desigualdad, frente a las leyes que blindan privilegios o frente al poder represivo del Estado, ha llenado de sentido mi profesión. La emoción de acompañar a los parias de la Tierra —y, últimamente, también al planeta Tierra frente a sus voraces depredadores— me ha permitido sobrellevar el tedio de muchos textos jurídicos. Y afrontar el menosprecio del aparato judicial hacia quienes no representamos los intereses de los ricos. Cuando estás vencida antes de comenzar porque el adversario es poderoso, pero de todos modos comienzas, te embarga una fuerza irrefrenable. Sin esa función social de la abogacía, el Derecho me parece insoportable.

Leo estos días cómo en Minneapolis la solidaridad vecinal incluye redes de abogados que se organizan para proteger a la población migrante de los abusos del ICE. Y al leerlo me reafirmo: necesitamos a la abogacía para defender los derechos que nunca pueden darse por garantizados. La política de terror que Donald Trump despliega sobre las ciudades gobernadas por los demócratas lo deja claro: los derechos siempre están en riesgo.

Pese a los avances indiscutibles de la democracia en nuestro país y en buena parte del mundo occidental, podemos decir sin rodeos que la abogacía está hoy amenazada. Cuarenta y nueve años después de la matanza de Atocha, ser abogado o abogada sigue siendo una profesión de riesgo en demasiados lugares del mundo.

Por eso, a iniciativa de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), la organización Avocats Européens Démocrates (AED) eligió –hace unos años– el 24 de enero como Día de la Abogacía Amenazada. Un día para recordar a nuestros compañeros de Atocha y para defender el derecho de defensa en todo el planeta, junto a quienes sufren persecución por ejercer su profesión. La conmemoración de este 2026 se dedica a Estados Unidos, por la sistemática vulneración de la independencia de la abogacía durante el último año.

Un informe exhaustivo de AED documenta cómo la actual Administración estadounidense ha incurrido de forma reiterada en conductas que atacan el derecho de defensa y la libertad profesional, vulnerando principios básicos del derecho internacional. Órdenes ejecutivas dirigidas contra despachos concretos. Represalias institucionales. Presiones sobre bufetes. Vigilancia, interrogatorios y acoso. Amenazas, despidos y dimisiones forzadas en fiscalía y judicatura. Obstáculos deliberados a la defensa en ámbitos como inmigración, el apoyo a Palestina, los derechos LGBTI+, la protesta social o la defensa de las libertades civiles.

Según denuncian nuestros colegas norteamericanos, no son hechos aislados, es un patrón. Un clima de miedo, incertidumbre y autocensura que se extiende dentro de la profesión jurídica.

Podríamos pensar que todo esto ocurre lejos. En años anteriores esta jornada se dedicó a Turquía, Colombia o Palestina. Se exigió entonces respeto al derecho a un abogado de libre elección, al secreto profesional, a la independencia judicial, a una defensa justa.

Pero resulta estremecedor comprobar cómo el retroceso del derecho de defensa avanza incluso en países que fueron referencia en la defensa de los derechos civiles. ¿Qué abogada o abogado de derechos humanos no ha soñado alguna vez con estudiar en una prestigiosa universidad norteamericana? ¿Quién no ha querido representar a comunidades negras organizadas frente al racismo institucional? Todas hemos querido alguna vez ser el Atticus Finch de la película Matar un ruiseñor.

En Madrid todavía existen abogadas y abogados comprometidos con los derechos humanos que, por ahora, no padecen el nivel de hostigamiento de nuestros colegas estadounidenses. Pero quien debería protegernos —el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid— anda más ocupado en estrechar lazos con el gobierno de Ayuso que en salvaguardar el derecho de defensa. Su actuación como acusación en el juicio contra el Fiscal General del Estado, su silencio ante una sentencia plagada de irregularidades y la posterior concesión de una licencia para ejercer como centro universitario como moneda de cambio evidencian que la independencia de nuestra profesión no está garantizada. Hay que pelearla.

Por eso son necesarias jornadas como la del 24 de enero. Para recordar. Para reivindicar. Para defender a un colectivo que trabaja cada día defendiendo a las personas más vulnerables. Es imprescindible seguir protegiendo a la abogacía frente a cualquier instrumentalización de la justicia. Para que los abogados y abogadas puedan ejercer la profesión con libertad y seguridad. Y para que las instituciones judiciales sigan siendo, de verdad, independientes.

“El pecado no es ser un abogado comunista. El pecado es matar a alguien por defender derechos humanos”. Se lo dice Atticus Finch a sus hijos pequeños, cuando les ve con la escopeta de aire comprimido: “Es pecado matar a un ruiseñor”.

Como cada 24 de enero, Madrid recuerda con varios actos a los abogados laboralistas asesinados por un comando de extrema derecha en su despacho en el número 55 de la calle Atocha en 1977, en homenaje a unos defensores de la democracia y la libertad.

Tras visitar los cementerios de Carabanchel y San Isidro donde descansan sus restos mortales, se ha realizado la tradicional ofrenda floral en la plaza de Antón Martín frente a la escultura 'El Abrazo', en recuerdo de los abogados de CCOO y del PCE Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdelvira y Luis Javier Benavides, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez.

El ataque se produjo cuando tres pistoleros acudieron al despacho de abogados, situado en el número 55 de la calle de Atocha de Madrid, y dispararon contra los trabajadores causándoles la muerte.

Además, otras cuatro personas -Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Dolores González- resultaron heridas de gravedad a consecuencia de los disparos de tres ultraderechistas que irrumpieron en el despacho y abrieron fuego contra los presentes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la presidenta del PSOE-M, Paca Sauquillo, entre otros, han asistido a la ofrenda floral frente a la adaptación escultórica del cuadro 'El abrazo' de Juan Genovés dedicado a los abogados laboralistas, declarado como Lugar de Memoria Democrática el pasado año.

En declaraciones a los medios, la ministra ha subrayado que los abogados de Atocha "son parte de la memoria y de la historia" de España, cuya matanza recuerda que en este país "siempre ha habido gente que ha defendido la democracia y la verdadera libertad y gente que ha infundido el odio y ha intentado imponerlo a través de la fuerza".

Por su parte, Paca Sauquillo ha destacado la importancia de la memoria de los cinco abogados laboralistas que fueron asesinados en su despacho "por un grupo fascista que no quería que hubiera democracia".

"Es muy triste que en este momento, 50 años después, haya grupos políticos que nieguen la memoria, los hechos. Si negamos los hechos, se puede volver a repetir", ha advertido la presidenta del PSOE madrileño, hermana de Francisco Javier Sauquillo, y que esquivó la matanza junto a Manuela Carmena y José María Mohedano.

A su juicio, son momentos "muy difíciles políticamente" tanto en Europa como en España, por lo que es importante recordar "a aquellos que lucharon, sufrieron y murieron por defender de la democracia".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reivindicado la memoria y el recuerdo a las víctimas "para que no se vuelva a repetir", y como "el mejor ejercicio de la democracia frente a quienes quieren negarla o esconderla".

"A pesar del boicot de algunos que han reprendido a este acto, a pesar dificultades que siempre ponen sobre la mesa quienes trabajan contra la memoria, reivindicamos ésta, en un ejercicio para seguir avanzando en democracia y libertad", ha afirmado, al tiempo que ha criticado la ausencia de dirigentes del PP de Madrid a este acto, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde, José Luis Martínez Almeida.

En esta jornada, en la que se conmemora el "Día de la Abogacía Amenazada", el Consejo General de la Abogacía Española también ha querido, además de recordar la llamada "matanza de Atocha", reafirmar su compromiso con la defensa de quienes ejercen la abogacía en tiempos de riesgo.

Y pone el foco en Estados Unidos, donde el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo ha documentado presiones políticas, amenazas y campañas de desprestigio dirigidas contra abogados que intervienen en casos de inmigración, violencia policial y justicia social.

"Esas prácticas erosionan la independencia profesional, generan autocensura y dificultan el acceso efectivo a la justicia", advierte en un comunicado hecho público con motivo de esta jornada.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) fue el primero en denunciar a la Fiscalía por el desmentido de un bulo aireado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, sobre la confesión de dos delitos fiscales por el novio de esta, el comisionista Alberto González Amador. Inmediatamente después de acabar el juicio que terminó con la inhabilitación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, tres magistrados acudieron a la sede de ese colegio profesional para impartir un curso pagado por la institución. Y a solo nueve días de conocerse el fallo condenatorio, en pleno proceso contra el jefe del Ministerio Público, el Gobierno de Ayuso convirtió el centro de estudios del ICAM en una universidad privada adscrita a la Complutense.

Dos asociaciones progresistas de abogados –la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y la Asociación Libre de la Abogacía (ALA)– han denunciado públicamente por esos hechos la falta de neutralidad del ICAM y han acusado a su decano, Eugenio Ribón, de poner la institución al servicio de intereses partidistas, en concreto los de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A las denuncias de ambos colectivos se suma la de Defiéndete en derecho, otra asociación que tiene por objeto la defensa de los derechos fundamentales, las garantías democráticas y el Estado de derecho. ADADE es conocida por actuar como acusación popular en causas de corrupción como Gürtel, Koldo, Púnica, Lezo o Kitchen.

ADADE y Defiéndete en derecho consideran que el ICAM se ha convertido "en punta de lanza partidista". Las dos asociaciones ven "insólito" el apoyo del colegio a González Amador, "un particular que habiendo reconocido sus deudas con Hacienda, está procesado". Ambas organizaciones recuerdan que el ICAM fue el único colegio de toda España que decidió acusar a García Ortiz, para el que pidió cuatro años de cárcel (el Consejo General de la Abogacía Española, que engloba a todos, rechazó hacerlo). Los colectivos subrayan la "singular circunstancia de la simultaneidad de la posición como acusación del ICAM y la concesión de una universidad privada por la Comunidad de Madrid, con absoluta falta de transparencia".

Tanto ADADE como Defiéndete en derecho se suman a ALA. La asociación de abogados progresistas ya denunció durante el juicio al fiscal general "la inusitada celeridad en la respuesta" de la dirección del colegio, que denunció a la Fiscalía solo seis días después del desmentido oficial de Ayuso y su entorno difundido por el Ministerio Público. ALA también criticó entonces el "desorbitado y sobreactuado protagonismo" del equipo de Ribón, que afirmó actuar "no solo en nombre de la abogacía madrileña", sino "en nombre de la sociedad en su conjunto". La asociación progresista aseguró que el colegio se había posicionado de forma innecesaria conforme a las tesis de la defensa de González Amador, apuntando incluso a una operación diseñada desde la presidencia del Gobierno que el Supremo descartó desde el primer momento.

El ICAM y su decano mantuvieron una actitud especialmente beligerante contra la Fiscalía y su máximo responsable desde el primer momento por la supuesta revelación en una nota de prensa de unas negociaciones de conformidad del novio de Ayuso en las que confesaba la comisión de dos delitos fiscales. Pero, tanto en la instrucción como durante el juicio al jefe del Ministerio Público, se demostró que la primera filtración de esas conversaciones había partido del propio González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de Ayuso. Sin embargo, el colegio mantuvo "un clamoroso silencio" sobre este chivatazo, como recuerda ALA. El Estatuto General de la Abogacía establece que "el deber de secreto profesional del profesional de la abogacía comprende todas las comunicaciones que, como profesional de la abogacía, haya recibido en su ejercicio profesional".

De las tres asociaciones que denuncian la politización de la institución, ADADE y Defiéndete en derecho solicitan al colegio "que vuelva a los cauces de la debida neutralidad política y la defensa de los intereses profesionales de los abogados". También reclaman que se les entregue "el expediente completo que llevó a la personación como acusación del ICAM contra el fiscal general" y que se convoque "una asamblea extraordinaria para debatir sobre esta actuación del colegio". Y avisan de que, si no se atienden sus peticiones, solicitarán "la inmediata dimisión" de Ribón "por la absoluta falta de neutralidad del colegio bajo su mandato".

El magistrado del Supremo y presidente del tribunal que condenó al fiscal general del Estado, Andrés Martínez Arrieta, se despidió de sus alumnos en un curso organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, una de las acusaciones en el juicio contra Álvaro García Ortiz, diciendo a los alumnos que se debía marchar para “poner la sentencia del fiscal general”, según una grabación que ha difundido La Hora de La1 de Televisión Española.

El curso se desarrolló justo en los días en los que precisamente la sala del Supremo deliberaba sobre la sentencia del tribunal que, a día de hoy, todavía no se conoce, pero que ha terminado fallando a favor de condenar a García Ortiz.

Andrés Martínez Arrieta es, además, el ponente de la sentencia dado que la encargada de hacerlo, la magistrada Susana Polo, se quedó en minoría y tuvo que ceder esa tarea, aunque presentará, cuando se publique la sentencia, uno de los dos votos particulares anunciados sobre esta decisión.

Martínez Arrieta intervino en un curso que organiza el Colegio de Abogados sobre Casación en el que participaba otro miembro de la sala Juan Ramón Berdugo y que coordina otro magistrado del Supremo, Antonio del Moral. Todas estas actividades son remuneradas pero en principio no requieren una autorización especial del Consejo General del Poder Judicial y son muy usuales en el gremio judicial.

Los dos 'profesores', Arrieta y Berdugo, cobraron 90 euros por el curso mientras que Del Moral, al ser el coordinador, cobró 270 euros, según el programa de televisión. El reglamento de la carrera judicial no cataloga esto como incompatibilidad siempre que no superen las 75 horas al año y no tengan carácter permanente.

Cuando Martínez Arrieta se despidió con esas palabras los alumnos asistentes al curso arrancaron a aplaudir entre algunas carcajadas. 

El abogado Carlos Perales ha comunicado vía burofax su renuncia a seguir representando a Manos Limpias en la causa que se sigue contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, al apreciar que las decisiones de esa asociación responden a "fines de naturaleza política". Perales, abogado de Prico Jurídicos S.L., ha notificado su renuncia al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tras remitirla vía burofax a Manos Limpias, organización que formalizó la primera denuncia por la que el juez Peinado comenzó a investigar a Gómez.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el letrado plantea que el planteamiento de Manos Limpias es "incompatible" con los principios del despacho, dado que "ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática".

A su juicio, las decisiones estratégicas del procedimiento "ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico".

Esa deriva "resulta incompatible con la praxis que rige el ejercicio de la abogacía, fundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos", añade el letrado, quien recuerda que el Código Deontológico de la Abogacía Española impone al letrado el deber de actuar con plena independencia, preservando la función social de la Abogacía frente a presiones o intereses ajenos al proceso.

"La utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada, sitúa al abogado en una posición que compromete dicha independencia y, en última instancia, erosiona la confianza en la función técnica que debe desempeñar", argumenta.

En ese contexto, recalca que "la abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública" y que "el abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático". Por ello, seguir en el caso cuando "los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal", supondría "diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso".

El ejemplo más reciente es el de Pablo Meijide Doval. Hasta el mes de julio, este inspector de Hacienda del Estado, reconocido por su experiencia en IVA intracomunitario y con un extenso conocimiento de tecnologías digitales y gestión avanzada de oficinas tributarias, era el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Vigo. Pero se ha pasado al otro lado. Desde hace cuatro meses, Meijide es el nuevo director fiscal de la multinacional gallega Inditex, en la que ha puesto al servicio de la multinacional gallega una larga carrera (17 años) dentro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

No es el único, naturalmente. Ni será el último. El nuevo fichaje de Inditex es uno más de los muchos que esta empresa ha incorporado a su plantilla con el indisimulado objetivo de poner años de conocimientos adquiridos gracias a un acceso privilegiado a la manera en que trabaja la Administración, en este caso Hacienda, al servicio de los intereses privados de una corporación.

Algo que tampoco es exclusivo de la empresa fundada por Amancio Ortega: muchos otros inspectores de Hacienda han pasado a ocupar altos cargos en bufetes que luego asesoran a empresas del IBEX. Es el caso de EY, PwC o del bufete Equipo Económico, creado por el exministro Montoro, y sometido a investigación judicial por la comisión de supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Otros, como Fernando Peña, escogieron el camino de hacer negocio ahorrándoles impuestos a los famosos, aunque a algunos la elusión fiscal les acabó saliendo cara.

El fenómeno se extiende a otros cuerpos sensibles de la Administración, como los abogados del Estado. Un gran número de ellos piden la excedencia para ponerse al servicio de la empresa privada. El saber acumulado durante años sobre el funcionamiento del aparato público pasa así a estar al servicio del capital privado para litigar, en muchos casos, precisamente contra el propio Estado.

Aunque Hacienda se negó a facilitar a infoLibre la cifra exacta, primero a través de los trámites de información habituales y después mediante solicitud a través del Portal de Transparencia, alegando que hacerlo les obligaría realizar “un laborioso y complejo” trabajo de reelaboración de datos, la Asociación de Inspectores de Hacienda calcula que alrededor del 15% del cuerpo está en excedencia y que muchos de ellos trabajan para grandes firmas privadas.

El censo actual de este cuerpo de inspectores, según datos oficiales, era a finales de agosto de 2.127 personas, la mayoría destinadas en Cataluña (350), Madrid (289), en la delegación de grandes contribuyentes (270) y en Andalucía (236). Si hacemos caso a la asociación, eso significa que en estos momentos en excedencia estarían más de 300 inspectores.

El Ministerio de Presidencia, en cambio, sí respondió a la petición de información de infoLibre sobre los abogados del Estado, aunque solo cuando este periódico la tramitó a través del Portal de Transparencia. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Félix Bolaños, en la actualidad gozan de excedencia reconocida 314 abogados del Estado, casi tantos como abogados del Estado en ejercicio (339). De los que han dejado de prestar servicios a la Administración, 232 lo han hecho alegando “interés particular”, la fórmula más habitual para pasar al sector privado. Algunos, incluso, tienen permiso para trabajar simultáneamente de un lado y del otro.

La mecánica es la misma que con los inspectores de Hacienda. Primero se accede a ambos cuerpos del sector público mediante oposición, luego se aprende todo acerca de cómo el Estado se defiende en sus litigios —con otras administraciones o con el sector privado— o se tiene acceso a los entresijos de las investigaciones fiscales a empresas o particulares. Y después, al cabo de un tiempo, esos mismos altos funcionarios acaban al servicio de bufetes o compañías privadas, a menudo para ayudarlas en sus contenciosos con la Administración. Todo, por supuesto, a cambio de nóminas mucho más elevadas.

“España se caracteriza por mantener una cultura de ‘facilitación’ de la fuga de cerebros de su Administración pública al sector privado”, confirma Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Admnistrativo de la Universidade de A Coruña. La excedencia voluntaria por interés particular “debería ser concedida muy restrictivamente”, añade, dado el interés superior de la calidad y continuidad del servicio público altamente especializado que prestan estos altos cuerpos del Estado.

Amoedo confiesa no haber conocido ningún caso en su trayectoria profesional en el que esa excedencia se deniegue por razones del servicio, tal y como permite la ley. “Se asume que es un derecho no restringible, ampliamente justificado por la enorme distancia entre la retribución del sector público y del privado”. 

La explicación de este fenómeno, a su juicio, está en la tendencia a “alimentar una particular y resiliente élite, una ruling class continua, entre la alta Administración y la alta empresa. Esta élite comparte contactos, formación e información sobre el Estado que constituye muchas veces la base del know how empresarial en variados sectores que viven directa o indirectamente del sector público, o dependen de un conocimiento sofisticado del derecho tributario”. 

Alimentar esta élite “anfibia” —así la denomina Amoedo, porque “habla el mismo lenguaje en el sector público y privado“— ha sido siempre prioridad frente a la descapitalización que supone para la Administración esta fuga de cerebros. Un problema que “se ha compensado con la convocatoria generosa de nuevas plazas de estos cuerpos”. En su opinión, “esta cuestión es un testimonio de la naturaleza simbiótica del capitalismo y el Estado que se fragua tras la Guerra Civil en España, y que continúa durante la democracia”.

La formación e información adquirida durante el ejercicio del servicio público en un alto cuerpo del Estado constituye un bien de alto valor en el mercado. Pero nuestra legislación de función pública carece de una regulación de los conflictos de intereses cuando se ejerce la excedencia por interés particular, precisa. Casi no “la hay para las relaciones laborales de alta dirección y “apenas se contempla la prohibición de trabajar en el sector privado durante dos años cuando se trata de altos cargos del Estado”. Dos restricciones, que añade, “se compensan económicamente”. 

Anna López Ortega, doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, corrobora que la Administración tiene cada vez más problemas para retener talento. Muchos funcionarios muy especializados —inspectores, técnicos o ingenieros— “se marchan al sector privado porque encuentran mejores condiciones o más oportunidades”.

”Eso supone una pérdida importante: cada persona que se va se lleva consigo experiencia, conocimiento interno y capacidad operativa”. Si no se ataja, el Estado puede tener “dificultades para diseñar y ejecutar políticas complejas”. 

A medio plazo, explica Astrid Barrio, profesora de Ciencia Política en la Universitat de València, este asunto “plantea un desafío estructural, pues la Administración corre el riesgo de convertirse en un espacio formativo del que el sector privado se beneficia”. 

El tránsito de funcionarios con acceso a información sensible hacia empresas privadas, explica, “genera un riesgo potencial de conflicto de interés”. Aunque existen periodos de incompatibilidad o declaraciones de actividades, “no siempre cumplen su función de preservar el interés público”. Hay que ser consciente de que “es muy complicado implementar mecanismos de control que impidan que que la experiencia adquirida en el servicio público se traduzca en ventajas competitivas, que es precisamente lo que busca el mundo privado”.

Amoedo señala dos posibles formas de atajar esta práctica: "elevar las retribuciones de los altos cuerpos del Estado”, algo que resultaría “sindical y políticamente muy costoso” o “cerrar el puente de plata de la excedencia mediante una regulación más restrictiva que la actual”. 

Pero “ninguna de estas dos soluciones es realista: encontrarían demasiadas dificultades para ser aprobadas”. Esa es la razón por la cual, concluye, “continuará desarrollándose este particular circuito en el que el mérito y la capacidad se acreditan mediante una dura oposición pública, cuya rentabilización se incrementa y apropia por el sector privado”.

Según Barrio, convendría “repensar los incentivos” y la gestión del capital humano en el ámbito público, “por ejemplo garantizando salarios competitivos con el mundo privado o alargando los años de servicio mínimo antes de acogerse a una excedencia”. “Lo que no haría”, precisa, “sería llegar al caso extremo de los profesores de universidad como yo, que en caso de pedir una excedencia, a menos que sea forzosa, tenemos que volver a concursar”.

Idealmente “debería haber un equilibrio entre la legítima aspiración profesional y la obligación ética de salvaguardar el interés público”. Pero en realidad, concluye, lo que hace falta es “un compromiso ético interiorizado que combine responsabilidad individual y exigencia colectiva para evitar que la movilidad se convierta en un acceso privilegiado a información estatal”.

“Es un tema delicado”, sostiene López Ortega. Cuando alguien ha trabajado con información sensible o ha tenido responsabilidades estratégicas en la Administración y luego pasa a una empresa privada que opera en ese mismo ámbito, “hay riesgo de conflicto de interés”.

Y aunque en España hay normas que intentan evitarlo, como la Ley de Incompatibilidades o “los periodos de enfriamiento”, se aplican poco y con pocos recursos, advierte. “Otros países tienen marcos más estrictos. Lo que está en juego aquí no es solo evitar irregularidades, sino proteger la confianza ciudadana: que nadie piense que el servicio público se utiliza como trampolín hacia intereses privados”.

En opinión de esta experta en Ciencia Política, “es normal que un funcionario quiera desarrollarse profesionalmente, pero también tiene una responsabilidad con el interés público”. Y “ese equilibrio no siempre está bien resuelto. Tenemos algunas normas, pero falta una cultura institucional más fuerte, con formación en ética y con incentivos que premien la permanencia y el compromiso dentro del Estado”.

Más que “limitar la movilidad”, lo importante sería hacerlo “con transparencia y con reglas claras. Al final, el conocimiento que se genera en la Administración pertenece a todos los ciudadanos, no a quien lo gestiona temporalmente”.

Meses e incluso años de espera para una cita judicial. Y cuando llega la fecha señalada, el juez, el fiscal o ambos están de huelga y suspenden el acto. Los tres días de paro convocados por las asociaciones judiciales y fiscales de derechas provocarán graves disfunciones respecto de los ciudadanos y letrados que tengan que acudir a los juzgados en estas fechas. El Colegio de Abogados de Madrid ha puesto a disposición de todos sus miembros —a través de su página web y en las salas de togas de todos los edificios judiciales— formularios para que los abogados puedan reclamar del Ministerio de Presidencia y Justicia una indemnización por los daños causados y el tiempo perdido en caso de que el juez o el fiscal secunden los paros. Desplazamientos, hoteles, comidas, horas de trabajo improductivas que podrían dedicarse a otros clientes... La factura no la pagarán los propios jueces y fiscales, sino todos los españoles con sus impuestos.

La primera razón a favor de que los abogados y cualquier otro ciudadano pueda reclamar es que la huelga de jueces y fiscales es ilegal, porque el derecho fundamental del que gozan todos los trabajadores y funcionarios, no está previsto para ambos cuerpos, al integrar un poder del Estado, de la misma forma que tampoco pueden formar parte de sindicatos. El Consejo General del Poder Judicial confirmó el pasado jueves que la protesta carece de base legal y decidió considerar la convocatoria de huelga como no presentada. También rechazó decretar los servicios mínimos al considerar que el órgano de gobierno de los jueces no es competente para ello. La Fiscalía General del Estado adoptó un acuerdo similar en el que, además, solicitaba a los fiscales jefes de cada provincia que hicieran llegar a la dirección del Ministerio Público cualquier incidencia que se produjera en el servicio.

Para los ciudadanos y sus abogados y procuradores, también para peritos, testigos y demás personas que estén citadas estos días de paros en un órgano judicial o una fiscalía, la incertidumbre es total. El último comunicado del comité de huelga, conformado por las cinco asociaciones conservadoras de ambos cuerpos —Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— tras animar a jueces y fiscales a unirse a la protesta, recuerda que "no existe obligación de informar si se tiene o no intención de secundarla. Ni a decanos, ni ha presidentes de sala, de audiencias provinciales o de tribunales superiores de justicia; tampoco a fiscales jefes ni fiscalías superiores", dice la nota.

La falta de legalidad de la huelga y la negativa del Consejo y la Fiscalía General del Estado de establecer servicios mínimos, todavía ha complicado un poco más el caos. Al final, han sido las propias asociaciones las que han decretado esas prestaciones esenciales en los diferentes órdenes jurisdiccionales, las guardias, los juzgados de Violencia sobre la Mujer o los de Vigilancia Penitenciaria, pero al haberse convocado la protesta al margen de la legalidad, los jueces y fiscales huelguistas no están obligados a cumplirlos, a diferencia de cualquier otro trabajador o funcionario. El hecho de no hacerlo, además, no tendrá previsiblemente ninguna consecuencia jurídica para ellos, a diferencia de cualquier trabajador o funcionario que ejerza ese derecho. Los jueces sancionan a todo empleado público o privado que se salte los servicios esenciales para la comunidad. A ellos no les va a pasar nada.

El mecanismo establecido por el Colegio de Abogados de Madrid es facilitar a todos los letrados un formulario dirigido "al Ministerio de Justicia para ante el Consejo de Ministros". En él se invoca el artículo 32 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece el derecho de "los particulares" a ser indemnizados por "toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos". También el artículo 67 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que regula los procedimientos de "responsabilidad patrimonial" por esos daños.

El responsable de la decisión de abonar o no esos gastos será el Ministerio de Justicia que, previamente, pedirá un informe al CGPJ sobre cada caso para que este dictamine si el Estado debe pagar o no. Los daños entonces, en caso de que finalmente sean indemnizados, correrán de cargo de los presupuestos del Estado que pagamos con nuestros impuestos todos los ciudadanos.

Fuentes del Consejo estiman que al haberse declarado la ilegalidad de la protesta, en teoría, cualquier tipo de daño al servicio público de la justicia podría dar lugar a responsabilidad disciplinaria. El artículo 418.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) califica como falta grave con multa de hasta 6.000 euros "el incumplimiento injustificado y reiterado del horario de audiencia pública y la inasistencia a los actos procesales con audiencia pública que estuvieren señalados" y, como leve (multa de hasta 500 euros) "la ausencia injustificada y continuada por más de un día natural y menos de cuatro de la sede del órgano judicial en la que el juez o magistrado se halle destinado".

Esas mismas fuentes sostienen que, dado que el Pleno del Consejo, al igual que la Fiscalía General, ha aprobado que la movilización no tiene encaje legal, sería difícil que, ante una queja disciplinaria presentada contra un juez o magistrado, el CGPJ no abriera una información previa o un expediente. En cualquier caso, el corporativismo de parte del órgano de gobierno de los jueces hace muy difícil que estas investigaciones prosperen y, si lo hicieran y acabaran en sanción, podrían ser recurridas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con lo que la decisión final sobre posibles infracciones de los jueces huelguistas, recaería en sus compañeros. Tras la última huelga, celebrada en 2018, un juzgado de la Audiencia Nacional concluyó que era ilegal que el Ministerio de Justicia restara a los movilizados el salario de los días no trabajados. La decisión obligó al Gobierno a devolver el dinero y la protesta, a diferencia de al resto de trabajadores, les salió gratis.

La prohibición de ejercer la abogacía para los condenados por penas graves no estaba vigente cuando el exjuez Salvador Alba cometió los hechos por los que fue condenado por prevaricación. Ese es, en resumen, el argumento que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que agrupa a todos los colegios de España, ha hecho llegar a varias personas que, como la jueza y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, habían solicitado que se revisara su colegiación al incumplir el requisito de no estar condenado por delitos que llevan acarreada penas graves, necesario para ejercer la profesión. La condena al exjuez prevaricador, sin embargo, no devino firme hasta ser confirmada por el Tribunal Supremo el 17 de noviembre de 2021, cinco meses y medio después de que el nuevo Estatuto General de la Abogacía, que contiene la prohibición de ejercer la abogacía con condenas graves, hubiera desplegado sus efectos. Alba consta como inscrito en el Colegio de Las Palmas desde el 18 de marzo de este año.

La secretaria general del CGAE, Encarnación Orduna, ha hecho llegar un escrito a varias personas que solicitaron la cancelación de la colegiación de Alba por su condena por prevaricación judicial y falsedad en documento público. En él asegura que el Estatuto General de la Abogacía de 2021 contemplaba "un período transitorio durante el cual los aspectos más estrictos de la nueva regulación no se podrían aplicar a los hechos que fueran anteriores a su entrada en vigor", debido al "principio elemental del derecho de la irretroactividad de las normas que endurecen la legislación". "Los hechos por los que fue condenado Salvador Alba", sostiene el CGAE, "se remontan a un período comprendido entre los años 2005 y 2016. Y fue condenado en 2019". "Desde 2013 el Consejo tenía tomada su decisión de que los profesionales condenados por delitos graves no pudieran colegiarse, pero la demora en la aprobación del Estatuto (...) ha impedido su aplicación hasta mediados de 2021", prosigue Orduna.

La primera sentencia contra Alba, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se publicó el 10 de septiembre 2019. Pero la condena no se convirtió en firme hasta el 17 de noviembre de 2021, cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificó en su integridad la anterior resolución, tal y como recogía Rosell en su escrito enviado al CGAE y al Colegio de Las Palmas. Así pues, la condena definitiva por prevaricación y falsedad de Alba es cinco meses y medio posterior a la entrada en vigor del actual Estatuto General de la Abogacía —el que establece la prohibición de ejercer la profesión con antecedentes penales por delitos graves— establecida por la propia norma para el 1 de julo de 2021.

Ninguna de las cuatro disposiciones transitorias del Estatuto vigente hace referencia a los requisitos y restricciones para inscribirse como colegiado. Sí se refieren a las infracciones que hayan podido cometer los letrados con anterioridad a su vigencia así como a los procedimientos disciplinarios en curso en ese momento. La disposición transitoria tercera establece que "las situaciones creadas y los derechos adquiridos con arreglo al régimen anteriormente en vigor serán respetados". Sin embargo, ese régimen anterior ya estaba íntegramente derogado cuando la condena de Alba se convirtió en firme. Mucho más el pasado 18 de marzo, fecha desde la que consta como abogado ejerciente en el Colegio de Abogados de Las Palmas.

El requisito que establece el Estatuto para poder inscribirse en un colegio no se refiere, en ningún caso, a un delito o una infracción administrativa sino al simple hecho de tener "antecedentes penales". "Para colegiarse como profesional de la Abogacía deberán cumplirse los siguientes requisitos: (...) e) Carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía", establece el artículo 9.1.e de la norma, el que invocaba Rosell. Lo que la jueza sostenía es que, al tener "antecedentes penales por delitos que llevan aparejada la imposición de penas graves", la colegiación de Alba no debía haberse permitido y de haberlo hecho, habría que revisarla de oficio y anularla. Rosell no reclamaba la imposición de ninguna sanción.

Sin embargo, fuentes del CGAE insisten en que según las disposiciones transitorias primera y tercera (que se refieren a infracciones y a derechos adquiridos, no al cumplimiento de los requisitos para inscribirse en un colegio), "la fecha a tener en cuenta para determinar cuál es el Estatuto aplicable para poder colegiarse en el caso del señor Alba es la de la comisión de los hechos, no la fecha de la sanción, ni cuando devino firme".

Alba consta en la web del bufete Consortium Abogadis como abogado, asesor legal y exmagistrado. Entre los méritos que enumera el despacho se recogen varios de sus destinos como juez y magistrado tanto en la Audiencia de Las Palmas, como en el TSJ de Canarias, así como su experiencia como "formador en la escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)". El exjuez prevaricador consta además en la página web como asesor del CGPJ en materia penitenciaria y como condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.

En el escrito, que Rosell remitió al Consejo y al Colegio de Las Palmas, se recordaba que Alba se encuentra actualmente cumpliendo penas de prisión e inhabilitación por sus delitos, pese a lo cual, consta como colegiado en Las Palmas y en el censo de letrados del CGAE desde el pasado 18 de marzo. El texto refleja que Alba es un delincuente condenado en septiembre de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias, una condena que fue ratificada en su integridad por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en noviembre de 2021. La inhabilitación especial que se le impuso es superior a 15 años, lo que le da el carácter de "pena grave", según el artículo 33 del Código Penal, como se recoge en la comunicación al Colegio de Abogados. Esa pena, según el escrito, se extinguirá en 2039 y los antecedentes penales derivados de ella, no se cancelarán hasta diez años después, en 2049.

El texto remitido al colegio profesional y al organismo que agrupa a todos los colegios de abogados de España invoca el artículo 9.1 del Estatuto General de la Abogacía, que establece entre los requisitos para colegiarse como profesional de la abogacía "carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la abogacía". Ese requisito se extiende también a los colegiados no ejercientes, y es la junta de gobierno de cada organismo la que debe decidir si se cumple. La exigencia se incluyó en la última reforma del estatuto, aprobada en 2021. Hasta entonces, la inscripción solo estaba vetada a los condenados a inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. Esa misma disposición se recoge en el estatuto del colegio de Las Palmas que, sin embargo, ha aceptado la colegiación de Alba.

El 16 de marzo de 2016, el entonces todavía juez Alba y el empresario investigado Miguel Ángel Ramírez se reunieron en el despacho del primero. Y allí, en secreto, prepararon lo que debía decir el empresario en la siguiente comparecencia en sede judicial para sostener las acusaciones contra Victoria Rosell. La declaración del administrador de Seguridad Integral Canaria sirvió para que el exministro de Industria José Manuel Soria ampliara una querella contra la jueza, que, casualmente, había pasado de ser solo por injurias y calumnias a incluir los delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho por la causa en la que estaba investigado Ramírez.

Aquella reunión, grabada a escondidas por el empresario, fue el comienzo de todo: el Supremo admitió a trámite la querella y Rosell se vio obligada a dejar la primera línea política. Pero también el final. En cuanto el audio se filtró, comenzó la caída a los infiernos del juez sustituto. El Consejo General del Poder Judicial decidió suspender a Alba de forma cautelar hasta que la justicia resolviese el caso. Y así lo hizo el TSJ de Canarias, que le condenó a seis años y medio de cárcel por la "arbitraria instrumentalización" que hizo de la causa para llevar a cabo una investigación paralela. Durante el juicio, el empresario de Seguridad Integral Canaria afirmó que acudió a la reunión porque se sentía "amedrentado" por el exjuez, a quien acusó de actuar como "la mafia en Estados Unidos en los años treinta".

Una vez más recurro a la cita de Montaigne : “La muerte más libremente decidida es la más bella. La vida depende de la voluntad de otros; la muerte, de la nuestra”, porque me parece irrebatible y ajustada a los principios rectores de los textos que proclaman la vigencia y preeminencia de los derechos humanos. Nuestra Constitución los integra en nuestro ordenamiento jurídico y las Cortes Generales, reconociendo que es una cuestión muy debatida, han plasmado en la ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, la regulación de la práctica de la eutanasia.

Noelia, una mujer que padece una tetraplejia considerada por la Comisión de Garantía y Evaluación (integrada por profesionales médicos y jurídicos) como un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que incide directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida asociado a un sufrimiento físico constante e  intolerable. Constatan que existe la seguridad de que tales limitaciones no tienen posibilidades de curación o mejoría apreciable. Consiguió que se autorizase la práctica de la eutanasia, que fue programada para el mes de agosto de 2024.

De manera, en mi opinión, carente de justificación, su padre recurre la decisión, ratificada judicialmente, alegando que, según la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la constitucionalidad de la ley, tiene derecho a solicitar que se deje sin efecto la práctica de la eutanasia. En consecuencia, recurre al Tribunal Superior de Justicia, que admite el recurso y suspende la eutanasia programada. Según los pronósticos, la decisión puede demorarse más de un año. Mientras llega el desenlace, Noelia está siendo sometida a un trato cruel, inhumano y degradante, vetado por nuestra Constitución e incompatible con una sociedad democrática avanzada.  

En todo este calvario judicial tiene un papel relevante la Fundación de Abogados Cristianos. Es cierto que en este caso no han tenido la iniciativa, solo actúan jurídica y legalmente como letrados que defienden “los intereses legítimos” del padre. Sería interesante conocer si fue el padre el que los contrató o se ofrecieron ellos para llevar el caso a los tribunales. En principio se ajustan a sus fines fundacionales, que se centran en su oposición al aborto, matrimonios entre personas del mismo género, la eutanasia y los delitos contra los sentimientos religiosos. Pero en realidad han ampliado su espectro; figuran como acusación popular en procesos exclusivamente políticos, como en el caso del hermano de Pedro Sánchez por el asunto del Conservatorio de Badajoz, quizá porque no ha programado ningún Réquiem o postergado el canto gregoriano.

Como seguidores, se supone, de la doctrina de la Iglesia oficial sobre los anatemas que recaen sobre estas cuestiones, deberían haber profundizado sobre la compatibilidad de las enseñanzas que emanan de los evangelios y mensajes papales en relación con los límites del sufrimiento que debe soportar el ser humano. Para la mejor formación de su espíritu cristiano podían haber leído la Carta apostólica Salvifici doloris del sumo pontífice Juan Pablo II a los obispos, sacerdotes, familias religiosas y fieles de la iglesia católica sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. En un pasaje de su extenso texto se refiere a la captura de Jesucristo en el Huerto de Getsemaní. Utilizando su capacidad sobrenatural para hacer milagros podía haber evitado su detención. Pero decidió escoger la muerte y reprende a Pedro por haber utilizado la espada para defenderle, además añade: "El cáliz que me dio mi Padre, ¿no he de beberlo?"  Que cada uno interprete el pasaje según sus creencias o razonamientos. Creo que es un reconocimiento de que se puede elegir la muerte.

También les recomiendo la lectura del libro del catedrático de la Universidad Complutense Antonio Monclús Estella, La eutanasia, una opción cristiana. Mantiene que en la profundidad de la persona se halla el lugar de decisión sobre la conducta de uno mismo. La eutanasia es una opción cristiana, y lo es desde la defensa de la vida, de la vida en plenitud en el más genuino sentido evangélico, jesuánico, que hoy podríamos traducir por vida de calidad. El cristianismo no es –o no debe ser– una religión dolorista, justificadora del sufrimiento. Todo lo contrario: es una religión que lucha contra el sufrimiento y sus causas.

Hace un tiempo, el caso de Eluana Engaro, una mujer italiana en estado vegetativo a causa de un accidente de tráfico, suscitó un encendido debate en Italia en el que se vieron involucrados el poder judicial, los políticos y el Estado Vaticano. En este caso el padre adoptó una postura radicalmente contraria a la que está viviendo Noelia. Solicitó que se suspendiera la alimentación que le proporcionaban las máquinas. La petición del padre fue rechazada por la Corte de Apelación de Milán y por el Tribunal Supremo. Finalmente, los tribunales reconsideraron su anterior decisión y el 13 de noviembre de 2008 permitieron la interrupción de la alimentación. La reacción del Vaticano y del Gobierno italiano presidido por Berlusconi fue absolutamente irracional. El cardenal Antonelli argumentó: “Eluana está en estado vegetativo, pero no es un vegetal”. Berlusconi redactó un decreto ordenando seguir con el tratamiento. Giorgio Napolitano, presidente de la República, se negó a firmarlo y no entró en vigor.

En estos momentos, el estado dramático de Noelia está en manos de los tribunales. Para decantar el conflicto, me parece definitivo el voto disidente de la magistrada María Luisa Balaguer a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la constitucionalidad de la ley que regula la eutanasia. Entre otros argumentos sostiene que "la protección de la vida, como valor y como derecho, no se entiende sin el reconocimiento de la autonomía individual para tomar decisiones esenciales sobre el desarrollo de la propia vida, lo que incluye la voluntad consciente y libremente adoptada, con la información precisa, acerca del momento en que la muerte ponga fin al proyecto vital”.

El Tribunal Constitucional (STC 252/2000) nos recuerda que “para que exista interés legítimo en la jurisdicción contencioso-administrativa, la resolución impugnada (en este caso un acuerdo por unanimidad de los 16 miembros de la Comisión que aceptó la petición de la eutanasia) debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso”.

Me niego a admitir que un padre tenga un interés legítimo en mantener a su hija en un estado de sufrimiento insoportable. La decisión de la hija no produce afectación alguna a derechos personales del padre. Alguien puede sostener, con un mínimo de racionalidad, que el padre, del que por cierto estaba distanciada, tiene “un interés legítimo” en hacer sufrir a su hija. Una interpretación y aplicación literal de las normas legales, sin tener en cuenta los valores que están en juego (la dignidad y el libre desarrollo de su personalidad), nos lleva a la muerte del derecho. Pretender imponer la ideología o creencias por encima de la libre voluntad y autodeterminación no es compatible con los valores de un Estado democrático y de derecho.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no puede tramitar esta causa como un asunto más. La urgencia viene exigida por lo que está en juego y los efectos de un retraso absolutamente injustificable. Noelia está presa en su propio cuerpo y hay que liberarla cuanto antes, si el Tribunal quiere que se haga justicia.

Los Abogados Cristianos tienen en sus manos aconsejar al padre que retire el recurso. La reflexión y la lectura de los textos evangélicos les pueden ayudar a comprender que su empecinamiento demuestra un grave desprecio por el sufrimiento ajeno. La misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Lo predicó Jesucristo en el Sermón de la Montaña: "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia". Hagan este honor a la abogacía y al cristianismo.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Antes, ha ejercido como fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Es, además, autor de los libros 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces' (Catarata).

La magistrada de la Audiencia de Las Palmas, exdiputada de Podemos y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha presentado un escrito ante el Colegio de Abogados de esa capital y ante el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en el que reclama la anulación de la inscripción como colegiado del exjuez Salvador Alba, condenado por prevaricación judicial y falsedad en documento público. El exmagistrado, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una sentencia confirmada después por el Supremo, trató de inculpar a Rosell y a su marido mediante la manipulación de la declaración del empresario Miguel Ángel Ramírez en uno de los casos de lawfare más sonados de los últimos años. Ahora, trabaja como abogado para el bufete canario Consortium Abogadis.

En el escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, se recuerda que Alba se encuentra actualmente cumpliendo penas de prisión e inhabilitación por sus delitos, pese a lo cual, consta como colegiado en Las Palmas y en el censo de letrados del CGAE desde el pasado 18 de marzo. El texto recuerda que Alba es un delincuente condenado en septiembre de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias, una condena que fue ratificada en su integridad por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en noviembre de 2021. La inhabilitación especial que se le impuso es superior a 15 años, lo que le da el carácter de "pena grave", según el artículo 33 del Código Penal, como se recoge en la comunicación al Colegio de Abogados. Esa pena, según el escrito, se extinguirá en 2039 y los antecedentes penales derivados de ella, no se cancelarán hasta diez años después, en 2049.

El texto remitido al colegio profesional y al organismo que agrupa a todos los colegios de abogados de España invoca el artículo 9.1 del Estatuto General de la Abogacía, que establece entre los requisitos para colegiarse como profesional de la abogacía "carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la abogacía". Ese requisito se extiende también a los colegiados no ejercientes, y es la junta de gobierno de cada organismo la que debe decidir si se cumple. La exigencia se incluyó en la última reforma del estatuto, aprobada en 2021. Hasta entonces, la inscripción solo estaba vetada a los condenados a inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. Esa misma disposición se recoge en el estatuto del colegio de Las Palmas que, sin embargo, ha aceptado la colegiación de Alba.

Alba consta en la web del bufete Consortium Abogadis como abogado, asesor legal y exmagistrado. Entre los méritos que enumera el despacho se recogen varios de sus destinos como juez y magistrado tanto en la Audiencia de Las Palmas, como en el TSJ de Canarias, así como su experiencia como "formador en la escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)". El exjuez prevaricador consta además en la página web como asesor del CGPJ en materia penitenciaria y como condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.

El 16 de marzo de 2016, el entonces todavía juez Alba y el empresario investigado Miguel Ángel Ramírez se reunieron en el despacho del primero. Y allí, en secreto, prepararon lo que debía decir el empresario en la siguiente comparecencia en sede judicial para sostener las acusaciones contra Rosell. La declaración del administrador de Seguridad Integral Canaria sirvió para que el exministro de Industria José Manuel Soria ampliara una querella contra la jueza, que, casualmente, había pasado de ser solo por injurias y calumnias a incluir los delitos de retraso malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho por la causa en la que estaba investigado Ramírez.

Aquella reunión, grabada a escondidas por el empresario, fue el comienzo de todo: el Supremo admitió a trámite la querella y Rosell se vio obligada a dejar la primera línea política. Pero también el final. En cuanto el audio se filtró, comenzó la caída a los infiernos del juez sustituto. El Consejo General del Poder Judicial decidió suspender a Alba de forma cautelar hasta que la justicia resolviese el caso. Y así lo hizo el TSJ de Canarias, que le condenó a seis años y medio de cárcel por la "arbitraria instrumentalización" que hizo de la causa para llevar a cabo una investigación paralela. Durante el juicio, el empresario de Seguridad Integral Canaria afirmó que acudió a la reunión porque se sentía "amedrentado" por el exjuez, a quien acusó de actuar como "la mafia en Estados Unidos en los años treinta".

El Supremo confirmó el fallo en 2021. Sin embargo, Alba, uno de los poquísimos jueces que el CGPJ ha expulsado de la carrera en sus cuatro décadas de vida, logró dilatar casi un año su entrada en prisión. Tenía que haberse presentado voluntariamente en febrero de 2022, pero consiguió parar el reloj alegando que el archipiélago no tenía módulo de seguridad para autoridades encargadas de perseguir delitos y que él no podía volar a la península por una patología. Problemas de salud a los que se agarró con fuerza para intentar evitar la cárcel pero que terminaron chocando con las valoraciones de los expertos independientes. A comienzos de aquel verano, tres informes realizados por profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tanto de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas, concluyeron que sus enfermedades se podían tratar perfectamente en un centro penitenciario. Finalmente, ingresó en prisión en octubre de 2022 y desde febrero de este año, 2025, disfruta del tercer grado.

La Fiscalía ha recurrido, al entender que no hay delito, la decisión de un juzgado de Madrid de sentar en el banquillo por un presunto delito de odio al humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, por decir en su programa radiofónico que habría que dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear sacerdotes, según informa EFE.

La Fiscalía ha interpuesto recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid en el que el juez Carlos Valle transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) y argumentó que las palabras que dijo Quequé el 27 de junio de 2024 pueden suponer un delito de odio. Para el Ministerio Público, en cambio, los hechos no son constitutivos de delito, según fuentes jurídicas. La decisión del juzgado se conoció el miércoles, pero fue dictada el pasado 23 de enero, y ha sido recurrida también por Héctor de Miguel.

El magistrado, que abrió la causa tras la denuncia interpuesta por Abogados Cristianos, recuerda que el humorista dijo en su programa de la cadena Ser: "Toda esta gente que estamos aquí tenemos un deseo, que es llenar de dinamita la cruz del Valle de los Caídos y volarla por los aires. Si puede ser un domingo, mejor, para que vaya más gente".

"Y luego lo que queremos hacer (...) es coger todos los pedacitos que salgan de la Cruz del Valle de los Caídos y, de la misma manera que vosotros vais a las clínicas abortivas a acosar a las que van a abortar, nosotros iremos con esas piedrecitas a las puertas de las iglesias y los monasterios a tirársela a los curas que se hayan follado a algún niño, o sea, a todos", añadió.

Para el magistrado "se trata de expresiones de naturaleza ofensiva, que no suponen una mera exageración o hipérbole, sino que implican la imputación de un delito sumamente grave a todo un colectivo, llamando por ello a agredirles mediante el lanzamiento de piedras". Considerando que "no puede entenderse que estas expresiones queden amparadas" por la libertad de expresión o creación artística "ni que supongan un ejemplo de humor sarcástico".

Además, afirma que "entrañan una imputación gratuita, mendaz y directamente ofensiva" realizada con publicidad en un programa con decenas de miles de oyentes, que "puede resultar idónea para generar en parte de la audiencia, aun indirectamente, sentimientos de odio u hostilidad contra el colectivo concreto al que se refieren, por motivos relativos a su religión o creencias".

Ayer miércoles también trascendió que la decisión de un juzgado de Valladolid de citar a Héctor de Miguel como investigado por una querella interpuesta también por Abogados Cristianos por un presunto delito de acoso al hablar en su programa de este primer proceso, y animar a sus oyentes a que llamaran al colectivo católico. 

Un juez de Madrid ha propuesto sentar en el banquillo por un presunto delito de odio al humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, por bromear en su programa radiofónico con dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas. Unas palabras con las que, según indicó Quequé en su comparecencia el 23 de enero ante el juez, estaba bromeando "exclusivamente con su público" del programa Hora Veintipico de la Cadena Ser, según recoge EFE.

El titular del Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que abrió la causa tras la querella interpuesta por la organización ultra Abogados Cristianos, dictó ese mismo día una resolución, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, en la que ve indicios de un delito de odio en sus palabras.

Según el magistrado, "se trata de expresiones de naturaleza ofensiva, que no suponen una mera exageración o hipérbole, sino que implican la imputación de un delito sumamente grave a todo un colectivo, llamando por ello a agredirles mediante el lanzamiento de piedras".

En su auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento), el juez considera que "no puede entenderse que estas expresiones queden amparadas" por la libertad de expresión o creación artística "ni que supongan un ejemplo de humor sarcástico".

Y va más allá al afirmar "que entrañan una imputación gratuita, mendaz y directamente ofensiva" realizada con publicidad en un programa con decenas de miles de oyentes, que "puede resultar idónea para generar en parte de la audiencia, aun indirectamente, sentimientos de odio u hostilidad contra el colectivo concreto al que se refieren, por motivos relativos a su religión o creencias".

"En definitiva, no se trata de castigar idea o expresiones, sino una incitación al odio u hostilidad, infringiendo valores constitucionales de convivencia, dignidad humana y no discriminación", zanja en su auto, contra el que cabe recurso.

La inquiokupación está en todas partes según la derecha. La palabra, que llegó de la mano de Vox, se repite de manera recurrente en el Congreso, en el Senado, en los medios de comunicación conservadores y en las redes sociales, que ayudan a crear alarma social dando a entender que cualquiera se puede encontrar a un desconocido usurpando su sillón o, en este caso concreto, a un inquilino que le hace la vida imposible a su casero por no pagar el alquiler. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vinculó directamente el voto en contra de su partido al decreto ómnibus a las disposiciones anti desahucio que incluía ya que, a su juicio, "daban alas a la inquiokupación" pese a que el PP votó a favor de las mismas en el pasado y lo justificó diciendo que no quería poner en riesgo "algunas medidas positivas".

En su pugna por asumir las principales banderas de Vox, el PP ha comprado el discurso del partido ultra que dibuja España como un paraíso de la okupación por culpa del Gobierno, aunque en realidad con el prefijo añadido nada tiene que ver con el delito de usurpación de vivienda. En este caso el partido de Feijóo —pero también Junts y el PNV, que han pedido que "el Estado asuma las consecuencias de los impagos por la inquiokupación"— busca criminalizar el impago de la renta, motivado en la mayoría de los casos por problemas económicos del inquilino pero que se equipara con la okupación de viviendas para magnificarlo. Un neologismo que ha ganado protagonismo en los últimos meses y que el PP ha institucionalizado en administraciones como el Ayuntamiento de Madrid, que ha utilizado la expresión "inquiokupación cero" en una campaña de Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS).

El hecho de mezclar la okupación y los impagos de alquiler en el mismo paquete forma parte del discurso del miedo alimentado por Vox que consigue imponer su marco al resto de actores políticos. Ya lo hizo con los menores extranjeros no acompañados, a los que denominan menas con el objetivo es deshumanizar a las personas migrantes con discursos plagados de datos falsos y prejuicios para generar una falsa alarma social y sacar rédito político. Ahora vuelven a hacer lo mismo, como si fuera lo mismo un delito tipificado en el Código Penal –el de usurpación o allanamiento de vivienda– que un problema derivado, en la mayoría de las ocasiones, de una situación de precariedad del arrendatario, pero avalados también por el PP y sus satélites mediáticos.

"Se les pone el sufijo okupa para generar una categoría que no existe jurídicamente ni está reconocida en la legislación civil ni penal, que sí que habla de inquilinos arrendatarios o de ocupantes sin título, pero que no de inquilinos que 'okupan'", explica a infoLibre Alejandra Jacinto, abogada especializada en vivienda y socia fundadora del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). "Se crea con el objetivo de criminalizar a esas personas que, como consecuencia de la situación de vulnerabilidad que tienen o ya sea por las prácticas rentistas o los abusos que comete la patronal inmobiliaria, no pueden pagar el alquiler". Jacinto pone el foco en que, en la mayoría de ocasiones, se trata de personas a las que se les ha subido de manera drástica el precio del alquiler aprovechando "la situación de un mercado salvaje y la ausencia de legislación" ya que la mayoría de comunidades autónomas no están aplicando la ley de vivienda.

Un término que, según la abogada, se está institucionalizando hasta el punto de que lo utilizan funcionarios de la Administración de Justicia. "El otro día estaba en un curso del Colegio de Abogados y un secretario judicial de Fuenlabrada hablaba hablaba con total normalidad de situaciones de inquiokupación, cuando no se producen realmente porque, como digo, no tiene anclaje legal ni está tampoco siquiera está en la RAE" añade.

Lo cierto es que el foco de la polémica, que es el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, tiene mucha letra pequeña. Ya que aunque pone freno a los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025, los supuestos son muy concretos: víctimas de violencia de género, personas en situación de dependencia o que cuenten con dependientes o menores a su cargo, y también aquellas en situación de vulnerabilidad marcado por la ley de vivienda como aquellos que cobran menos de 1.800 brutos mensuales. Pero todo esto siempre que el inmueble pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas. Es decir, sean lo que se denominan grandes tenedores.

"En la práctica, para que un juez entienda que hay vulnerabilidad y pueda suspender un desahucio un año o más, tiene que haber una vulnerabilidad económica probada y justificada y tiene que estar colaborando con servicios sociales para intentar que le provean una alternativa de vivienda", explica Jacinto, que califica de "problemática" esa disposición. "Al final, si no hay una pérdida sustancial de ingresos más o menos repentina, muchos jueces entienden que no hay esa vulnerabilidad económica y dan vía libre al desahucio", explica. En todos los desahucios la decisión final depende de un juez, pero no siempre hay consenso en la materia hasta el punto de que en octubre de 2024 el Tribunal Constitucional recordó la obligación legal de dar máxima protección a inquilinos vulnerables a raíz de un caso en el que el juzgado de primera instancia no había suspendido el desahucio de una familia que cumplía los requisitos de vulnerabilidad.

Desde la derecha se recurre, de manera habitual, a la inseguridad jurídica que se generan este tipo de decretos para los propietarios, pero Jacinto considera que la "inseguridad que debería preocupar a las instituciones" es la "residencial que es la que padece la gente que no sabe si va a poder pagar al mes que viene la vivienda en la que reside". La abogada cree que, en el fondo, sigue "imperando la misma lógica en que en el año 2008" cuando "la gente no podía pagar las hipotecas y se decía que es que la gente había vivido por encima de sus posibilidades": "Se responsabilizaba al que se metía en la hipoteca en vez de a los bancos por haber concedido hipotecas tóxicas sobre endeudando a gente que no tenía esa capacidad de pago", señala.

Sin embargo, esa 'inseguridad jurídica' parece haber calado hasta el punto de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes una medida adicional al las del escudo social tras llegar a un acuerdo con Junts: la creación de un sistema público de avales para propietarios e inquilinos. Una propuesta que el Ejecutivo no ha desgranado al detalle pero que parece ir en la misma dirección que la que propuso recientemente Feijóo de crear "un seguro de impagos a cargo del Estado" para "ofrecer tranquilidad a los propietarios y oportunidades a los inquilinos".

La abogada considera que la legislación favorece a los propietarios mientras deja sin opciones a las familias más vulnerables. "El problema es lo de siempre, que no hay alternativas de vivienda adecuadas, ni los servicios sociales tienen la capacidad de gestión ni económica, ni bolsas de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales. Quien tiene esa obligación realmente, según la propia ley de vivienda, es la comunidad autónoma, y no están haciendo nada", reflexiona Jacinto. Un trabajador de un centro de Cáritas lo expone así en conversación con este periódico: "Ir a un albergue es el último paso para ellos. Son personas que no han podido comprarse una vivienda y que, llegado el momento, los echan a la calle porque no pueden pagar el mes. Tenemos muchos casos en esta situación".

Este trabajador asegura desde el centro se han puesto en marcha programas y proyectos para tratar de dar alternativas en materia de vivienda y, según su experiencia, la mayoría de las okupaciones las protagonizan personas que han ido a descampados o "chabolas abandonadas" donde "no vive nadie porque se están cayendo" y otros casos, más minoritarios, en los que hay un acuerdo de por medio con el propietario para que se queden en su vivienda "a cambio de cuidarles el césped y hacer el mantenimiento de la casa": "Están en una situación de vulnerabilidad absoluta y no tienen una red familiar de apoyo", resume.

El Partido Popular tiene contratado a través de la Mesa del Senado al abogado de Manos Limpias en la causa abierta en el Senado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tal y como ha publicado elDiario.es y confirmado infoLibre. Como asesor de la Cámara Alta, Víctor Soriano cobra 56.937 euros anuales de dinero público desde principios de 2024. Pero no es su única actividad profesional. Desde el pasado verano actúa también como letrado de la organización ultra en la investigación contra el fiscal general por una supuesta filtración de datos relativa a los delitos contra la Hacienda Pública cometidos por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El fichaje de Soriano se publicó en el Boletín Oficial del Senado en enero del año pasado. ¿Su cargo? Personal eventual adscrito a la secretaria primera. Sin embargo, el portal oficial de la Cámara recoge su asignación al grupo parlamentario del PP.

La explicación oficial que ha ofrecido a infoLibre la formación conservadora es que Soriano trabaja directamente para el Senado como institución, en un cargo de libre designación de la Secretaría Primera de la Mesa del Senado, en manos de la popular Eva Ortiz. La propia Ortiz ha asegurado que el letrado tiene concedida la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía como actividad privada, como acredita también la página de la Cámara. Además, el PP insiste en que Soriano no es el abogado de Manos Limpias en la acusación contra el fiscal, sino que simplemente dirige el bufete contratado por la organización. Por todo ello, lo van a mantener en su puesto.

En declaraciones a elDiario.es, el letrado ha defendido que tiene un despacho en el que trabajan más de una decena de personas y con “clientes variados", incluidos, por ejemplo, ayuntamientos del PSOE o expolíticos de Compromís. “No hay ninguna relación entre mi trabajo en el Senado y mi actividad como abogado, que está al margen de cuestiones ideológicas o políticas”, ha añadido.

No obstante, la relación laboral entre Soriano y el PP viene de lejos. El abogado ya fue contratado como asesor de la formación en las Cortes Valencianas entre 2019 y 2022, cargo desde el que dirigió las ofensivas judiciales contra el entonces president, Ximo Puig, y su familia.

Lalachus dio la campanada. Nochevieja en La 1, Puerta del Sol (que mira que es fea) y una estampita de un sagrado corazón fotochopeada con la carita de la vaquilla del Grand Prix. ¡Para qué más! ¡Blasfemia! ¡Penitenciagite! Los picapleitos meapilas más ruidosos del Occidente han interpuesto su tradicional querella; incluso, el presidente de los obispos se ha «entristecido [por] la burla al Corazón de Jesús».

Tiene su gracia que al mismo monseñor que comprendía los excesos verbeneros de aquel alcalde aficionado a las letrillas sobre violar menores le haya sobrevenido la pena por «el símbolo herido». A estas alturas, las redes están atiborradas de fotomontajes con santitos que no lograron atragantar a nadie. Incluso, algún malandrín ha rescatado aquellos calcetines de Ayuso vestidita de Inmaculado Corazón de María, sobre los que no he logrado encontrar ninguna censura episcopal.

Quisiera detenerme en la curiosa formulación de su ilustrísima: «el símbolo herido». Si la chispeante Lalachus se hubiese orinado en una mater dolorosa, entendería el cabreo, pero no logro ver qué hay de ofensivo en una vaca de peluche. Puede que no sea el gesto más inteligente para una retransmisión de año nuevo, pero chico, sosiega. Cuando el personal se cabreó con los fastos olímpicos, escribí por ahí que la imagen de la última cena no pertenecía a la religión, sino a la historia del arte. Y lo seguiré pensando, salvo que alguna mollera mitrada me demuestre que la reunión de unos señores, todos sentaditos en el mismo lado de la mesa según las normas compositivas del renacimiento italiano, fue inspirada por el mismísimo Espíritu Santo y me enseñe como prueba una separata encontrada entre los manuscritos del Mar Muerto.

Si no he olvidado mi catecismo, la iglesia prohíbe adorar a las imágenes, que son un instrumento para facilitar la incómoda contemplación de las realidades eternas, que ni se ven ni se huelen. Me preocuparía que la docta jerarquía y los talibanes del escalafón inferior se hubiesen confundido en este asuntillo y que, en nada, la horterísima estampa del Jesús de barba ensortijada, túnica blanca y corazón con malformaciones congénitas venga a ser una verdad de fe.

La historia del arte religioso está llena de inmaculadas con la cara de la que lo pagaba y otros retratos encubiertos. Caravaggio pintó a Nuestra Señora tomando como modelo un cadáver que habían pescado en el Tíber y la primera imagen que conservamos del crucificado tiene la cabeza de un burro (el grafiti se choteaba de un tal Alexámenos y del Dios al que rezaba). El celo guardián para con las imágenes tiene sus riesgos: te descuidas y ya eres un perfecto idólatra.

Con todo, convendría fijar un criterio unificador, más allá del deseo que tienen algunos chalados de que los del Opus monten un comando del ISIS («con el islam no se atreven», dicen, mirando con ojos golosones un chaleco bomba): ¿está mal jugar con los arquetipos religiosos pero se vale hacer merchandising de la Macarena? Pones el imancito en el frigorífico y a los dos meses tienes que echarle quitagrasas a María Santísima.

Seré un pésimo católico, pero yo creía que adorábamos a un Dios inofendible. Quiero decir: al ser preexistente, completo y perfecto, dador de todo… no se le pueden tocar las narices. Si escupes al cielo, el salivajo te cae entre los ojos. Es interesante que todo este follonazo haya venido por una estampita del Sagrado Corazón, que es una devoción muy plañidera. «He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y en cambio recibe ingratitud y olvido. Debes procurar desagraviarme», le dijo la aparición a Santa Margarita María de Alacoque. Ya hay que ser presuntuoso para pensar que el Dios infinito tiene cuitas y que tú se las puedes remediar. Para colmo, la semana termina con otro ataque al catolicismo romano: por mal tiempo, las cabalgatas de reyes andaluzas se están adelantando un día. He leído a beatones enfadadísimos, porque les hayan roto la Navidad. Lo entiendo: si piensas que dios es una marquesa que pide a cada rato las sales, normal que te preocupe que todo el rato se ande quejando del servicio.