La Fiscalía de València cifra en 23.501.620,35 euros los perjuicios causados por el desvío de fondos públicos a través de la empresa pública Emarsa, que gestionó la depuradora de Pinedo, de los que 836.613,25 euros se destinaron a gastos en hostelería, obsequios y similares, otros 262.934,11 a viajes particulares y 146.400 euros a sobresueldos.

Así lo ha cifrado el ministerio público durante la exposición de sus conclusiones en el juicio de la pieza principal del caso Emarsa, en el que se ha investigado el saqueo de 24 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (València), y que suma 24 acusados. La fiscal ha advertido de que ha modificado su escrito respecto al inicial ante algunas conformidades pactadas con las defensas y por el incremento de penas para algunos acusados. El resto de acusaciones reclama penas similares a las del ministerio público.

En total, la responsabilidad civil la ha cifrado la fiscal en 23.501.620,35 euros, más los gastos derivados del proceso de liquidación cuantificados hasta este momento en 8.194.472,11 euros y los 3.185.550,72, si se confirman las sanciones tributarias impuestas o, en su caso, en la cuantía que se determine una vez concluya el procedimiento administrativo. Los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) en estas cantidades.

En el desglose de gastos, la fiscal advierte de que se han desviado 12.163.578,09 euros derivados de la gestión de los lodos de Pinedo y otros 849.176,44 euros por la gestión de los desbastes en la misma planta. En total, 13.0012.754,53 euros. Así mismo, se ha referido a 262.934,11 euros por los perjuicios causados por gastos en viajes particulares; a 836.613,25 euros por gastos en hostelería, obsequios y similares; y a 146.400 euros por sobresueldos.

El caso Emarsa, dividido en más de una decena de piezas, se investigó durante alrededor de cinco años.

Saltó a la luz en el año 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más.

Al año siguiente, en 2011, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia abrió una investigación que salpicó a políticos y empresarios y obligó a dividir el procedimiento en diferentes piezas para agilizar los tiempos.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, se reafirmó en su intención de proponer a los fiscales del Tribunal Supremo un recurso de casación porque considera que en la Comunidad Valenciana "hay indicios sólidos para poder imputar y ser condenados por delito de malversación de caudales públicos". La Audiencia no lo vio así porque entendió que los precios de los foros organizados en esta comunidad estaban "plenamente justificados".

También quiere recurrir la decisión de las magistradas de considerar CACSA como una entidad que no debe someterse a la ley de contratación pública.

Según ha explicado, si el Tribunal Supremo aceptase su criterio eso supondría elevar las penas para los principales acusados, porque el delito de malversación conlleva penas de entre cuatro y ocho años de cárcel, dada "notoria entidad de la malversación".

También insistirá en un delito de falsedad en documento público y documento mercantil que las magistradas de Palma han excluido por entender que los documentos presentados para sustentarlo "no tienen trascendencia a nivel jurídico".

Si el Supremo diese por probado este delito, también conllevaría penas de cárcel más altas para los principales acusados. Lo mismo sucedería con los responsables valencianos, para quien Horrach pedía penas de cárcel –11 años para el ex vicealcalde Alfonso Grau– pero fueron absueltos por el tribunal.

Propone recurrir la presencia de Manos Limpias

En tercer lugar, propondrá a la Fiscalía del Supremo que recurra la decisión de la Audiencia de legitimar a Manos Limpias para ejercer la acusación popular y sentar en el banquillo a la Infanta Cristina en contra del criterio de la Fiscalía.

Horrach, que siempre arguyó que la Infanta estaba en el banquillo "por ser quien es","por ser quien es" no cree que su esposo haya eludido la prisión provisional también "por ser quién es". También en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, insistió en que él puede "estar de acuerdo o no con el auto" de la Audiencia, pero que sí es "razonable y motivado".

La Fiscalía había pedido para Urdangarin prisión eludible con fianza de 200.000 euros porque consideraba que sus circunstancias "rebajaban el riesgo" de fuga pero no lo anulaban del todo por la gravedad de las condenas.

Sin embargo, las magistradas entendieron que el riesgo de fuga "está prácticamente descartado" tanto en su caso como en el de su exsocio, Diego Torres. Así, desde ese punto de vista de la Sala, considera que la decisión de dejar en libertad provisional a ambos "es razonable" y "no se trata de ninguna situación anormal", incluso ha añadido que en otros casos con penas superiores no han existido medidas cautelares de prisión preventiva".

A su modo de ver, que se permita a Urdangarin seguir viviendo en Suiza "es excepcional en la medida en que hay pocos casos en que ocurra así, en que el condenado resida en otro país". Así, no cree que la decisión de Urdangarin responda a ningún "privilegio" y tampoco le resulta extraño que el auto hable de "circunstancias notablemente conocidas" porque es "una persona con una posición social y personal muy conocida por las circunstancias que ha atravesado".

Urdangarin podría ir al Consulado en vez de al juez

Sin embargo, sí añadió que no sería "ilógico ni irrazonable" que la obligación de que comparezca una vez al mes ante la autoridad judicial local se traslade más bien a la Embajada o al Consulado español en la ciudad.

Horrach entiende que las medidas contra Torres sean algo más duras –se le ha retirado el pasaporte– porque su condena es más grave, ocho años y medio frente a seis años y tres meses del exduque. Él, por su parte, ha explicado que pidió para Urdangarin una fianza –para eludir prisión– el doble que la de Torres porque la ley establece que hay que tener en cuenta la situación económica de cada uno.

La alarma social no es motivo de prisión

El fiscal dejó claro que el daño que el caso ha ocasionado a una institución como es la jefatura de Estado no es algo que esté tipificado como agravante en el Código Penal. Y también añadió que, "afortunadamente", hace años que desapareció la alarma social como motivo de prisión preventiva, porque era un criterio "excesivamente ambiguo".

Por último, insistió en que todas las decisiones del caso Nóos las ha tomado con total autonomíacaso Nóos, sin instrucciones de sus superiores ni del ministro de Justicia. "Me limité a comunicar a la teniente fiscal, Belén Suárez, lo que iba a solicitar, le pareció razonable y así se acaba todo", dijo.

De hecho, relató que el anterior fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, se puso en contacto con él para decirle que no estaba "para ocultar nada ni para proteger a nadie".

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, afirmó este viernes que "las presiones en casos de investigaciones de corrupción se suceden muy a menudo", abundando así en las palabras del fiscal superior saliente de Murcia, Manuel López Bernal, que habló de "intimidaciones".

Además, remarcó que, mientras en las grandes ciudades la labor de los fiscales "queda más difuminada", en las comunidades pequeñas, como Baleares o Murcia, esa presión "se intensifica" y "se nota mucho más". "Hay que aprender a convivir con ella", añadió.

En entrevistas en la Cadena Ser y en RNE, recogidas por Europa Press, Horrach aseguró que él nunca ha temido por su integridad física, pero detalló que sí ha recibido "cartas de tipo amenazante", con insultos contra él y contra su familia. Según ha dicho, sí denunció ante la policía una carta amenazante, mientras que a las que tienen "insultos variopintos" no les hace "ni caso".

Pero además, señaló que todos los fiscales de la delegación de Anticorrupción de Palma han sido avisados en más de una ocasión de que posiblemente estaban siendo objeto de seguimientos, y se les han puesto medidas de contravigilancia, aunque ha sido "afortunadamente en momentos ocasionales".

Aunque no sabe quién está detrás de esos seguimientos, imagina que se trata de las personas que están siendo investigadas. En todo caso, recalcó que lo importante es comunicar los hechos a las autoridades policiales y judiciales.

En cambio, dejó claro que nunca ha recibido presiones de sus superiores jerárquicos en la Fiscalía: "Ni las he recibido ni las hubiese aceptado". "Sólo faltaría que recibiese llamadas de esas características", remachó.

Horrach no ha querido pronunciarse sobre el nombramiento de nuevos fiscales ni sobre si los relevos han tenido intencionalidad política. En todo caso, preguntado por el nombramiento de Manuel Moix como nuevo fiscal jefe Anticorrupción, opinó que "no se necesita experiencia en delitos económicos para organizar una Fiscalía", aunque pueda ser "conveniente" o "un plus", pero no es "un requisito necesario". Así, pidió darle "una oportunidad" y le deseó éxitos.

"Si a Urdangarin lo hubieran metido en prisión habría sido un disparate jurídico porque no hay riesgo de fuga y si no hay riesgo de fuga tampoco tiene sentido fijar fianza". Quien, bajo exigencia de anonimato, se pronuncia en esos inesperados términos es una fuente del caso Nóos ajena a la Fiscalía. Y lo que esa fuente viene a argumentar es esto: que resulta lógico que la indignación y el convencimiento de que en España no hay justicia igualitaria se hayan apoderado este jueves 23-F de 2017 de una ciudadanía que ya vio cómo el aparato del Estado se movilizaba para vindicar la inocencia de la infanta incluso cuando la instrucción de la causa ni siquiera había llegado a su fin. Pero que, desde el punto de vista jurídico, las suaves medidas cautelares impuestas ahora al marido de Cristina de Borbón -comparecencia mensual ante un juez suizo y comunicación previa de los viajes a países ajenos a la UE en tanto el Supremo no haya confirmado la sentencia- difieren en poco o nada de las que "suelen aplicarse" a condenados a penas similares cuya sentencia no es firme y cuyo arraigo y circunstancias vitales alejan hasta distancias remotas el riesgo de fuga. Urdangarin ha sido sentenciado a seis años. Diego Torres, a ocho. El fiscal había pedido una fianza de 200.000 euros para el primero y de 100.000 para el segundo.

Solo en un punto lanza la fuente un reproche abierto al tribunal presidido por Samantha Romero: "Que se le permita seguir viviendo en Suiza". En esto, la fuente que exige anonimato coincide con uno de los más prestigiosos juristas españoles, el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín. Y con el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio Ubaldo González. En lo demás, coinciden todos ellos, más otras dos fuentes jurídicas que tampoco han accedido a que se revele su identidad y la exmagistrada del Supremo y actual diputada socialista Margarita Robles. Uno de los seis consultados aportó un precedente "reconocible" en el que ocurrió lo mismo que aquí: en 2012, el expresidente de Sevilla FC José María del Nido y el exalcalde marbellí Julián Muñoz quedaron en libertad sin fianza en el llamado caso Minutas tras haber sido condenados a siete años y medio de prisión.

Es el primero de los juristas consultados el que lanza una carga de profundidad cuando se le pregunta por qué entonces habría pedido prisión la Fiscalía si tan claro resulta que ningún tribunal accedería a esa pretensión: "Que el tribunal no dictaría prisión y que sin prisión deja de tener sentido una fianza, sobre todo si la que se pide no es muy alta, lo sabía desde el principio la Fiscalía; que se anunciara el viernes que sopesaba pedir prisión incondicional y que luego haya pedido prisión eludible bajo fianza es una operación de lavado de imagen para demostrar a la opinión pública que estaban dispuestos a ser contundentes". 

Alarma social

Para los políticos y gente de renombre, argumenta a renglón seguido, se ha instaurado una especie de plazo no escrito que les permite evitar el ingreso en la cárcel incluso cuando el tribunal fija prisión provisional "eludible bajo fianza". "En teoría, tendrían que dormir esa misma noche en prisión y salir luego cuando paguen la fianza, pero al darles un plazo para abonar la fianza, la imagen ejemplarizante, por decirlo de algún modo, que transmite la entrada en prisión se pierde". Y eso, cierra el argumento, contribuye a desencadenar la llamada alarma social.

Este diario intentó recabar la versión del fiscal Pedro Horrach o de alguien de su entorno sobre el pretendido "lavado de imagen". No fue posible. A punto de abandonar la Fiscalía Anticorrupción, Horrach ha optado en los últimos meses por abstraerse de las supuestas "confabulaciones" en las que sus detractores le sitúan.

¿Debió el tribunal tener en cuenta la alarma social desencadenada por la salida de Urdangarin en libertad sin fianza y camino de Ginebra? "La alarma social -tercia otra cualificada fuente igualmente vinculada al caso Nóos pero de muy diferente tenor- como motivo para decretar prisión preventiva desapareció, afortunadamente, hace años de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente por la ambigüedad del término y porque eso suponía tener en cuenta lo que opinaban los medios de comunicación".

Ese, el de que Iñaki Urdangarin pueda mantener la residencia en Ginebra, donde trabaja su mujer, es para otros juristas consultados por infoLibre el punto más conflictivo. El tribunal autoriza al cuñado del rey a mantener su residencia en Ginebra y viajar libremente "fuera del espacio de la Unión Europea" con la única cortapisa de comunicar previamente sus desplazamientos y comparecer el día 1 de cada mes ante la "autoridad Judicial competente, correspondiente a su actual lugar de residencia", o sea, ante un juez helvético. En cambio, le retira el pasaporte a Diego Torres y le prohíbe abandonar el territorio nacional "salvo autorización expresa" del tribunal. 

Martín Pallín: "500 o 600 condenados en la misma situación"

En efecto, el permiso que el tribunal otorga a Iñaki Urdangarin para seguir viviendo en Suiza constituye el único punto de discrepancia que expresa José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Supremo y jurista de fuste. "A mí me llama la atención, y ahí sí que creo que no hay precedente, que le dejen seguir viviendo en el extranjero y que le dejen presentarse ante un juzgado suizo". ¿Habría sido más coherente obligarle a comparecer una vez al mes ante un juzgado español? "O hacerle venirse a España, aunque comprendo que la vida no le iba a ser fácil porque no podría casi ni salir a la calle, pero...", responde Pallín. Sobre la libertad sin fianza, el exmagistrado "habría hecho lo mismo".

El exmagistrado y también antiguo fiscal ofrece un dato poco conocido: "Yo calculo que debe de haber ahora unos 500 o 600 condenados sin sentencia firme por delitos no violentos y penas de prisión similares que están en libertad sin fianza". A Pallín no le indigna la decisión del tribunal de Palma. "Lo que me indigna es que se envíe a prisión a unos titiriteros o a un rapero, y  sin que se haya celebrado juicio, por los llamados delitos de opinión".  Quienes sin duda, puntualiza Pallín, deben ingresar en la cárcel aunque la sentencia no sea firme y por un estricto criterio de "prudencia" son "los condenados por homicidios y delitos violentos": básicamente, porque está en riesgo la seguridad de las personas.

¿Implica al menos un agravio comparativo con Diego Torres que la libertad de movimientos de Iñaki Urdangarin siga siendo en la práctica plena mientras que a su antiguo socio se le retira el pasaporte y se le prohíbe abandonar el territorio nacional salvo "autorización expresa" del tribunal? El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio Ubaldo González, cree que, sin duda, ese es el punto más débil de la decisión adoptada por el tribunal. "Ahí surge un efecto desigual que se puede criticar", apunta González. Pero por lo demás, remarca, "si fuera cualquier otra persona haríamos lo mismo". 

¿Habría sido más justo ordenar a Urdangarin que trasladase su domicilio a España? La exmagistrada del Supremo y hoy diputada socialista Margarita Robles cree que no: "En ningún sitio está escrito que haya que obligar a alguien a romper su familia por una sentencia que no es firme. Si no hay riesgo de fuga da igual dónde viva y si hay riesgo de fuga hay que dictar prisión", resume Robles.

Otra jurista que prefiere mantener su identidad a resguardo sostiene que "por supuesto" hay un mayor riesgo de fuga en el caso de Diego Torres que en el de Urdangarin. No porque el marido de la infanta posea un sentido del deber más elevado que su antiguo compañero del Instituto Nóos, aquella pretendida ONG que captó contratos y convenios públicos -dice la sentencia- gracias a su "proximidad a la Jefatura del Estado". "Simplemente, hay más riesgo de fuga porque Urdangarin está, en la práctica, sujeto a un control permanente de, por ejemplo, los medios de comunicación y no podría escaparse a ningún sitio".

El fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha asegurado este miércoles que "la prisión preventiva se tiene que acordar cuando hay riesgo de fuga, de ocultar pruebas o de atentar contra los intereses de las víctimas y ninguno de estos casos se va a dar".

Así se ha manifestado ante los medios de comunicación, frente a las puertas de la Audiencia Provincial de Baleares, precisamente un día antes de que se vaya a celebrar una vista, a petición de la Fiscalía, en la que se decidirá si se acuerdan medidas cautelares contra Iñaki Urdangarin y Diego Torres, condenados en el marco del caso Nóos.

En declaraciones a la prensa, el fiscal ha explicado que, respecto a la prisión preventiva, "no hay un criterio establecido ni taxativo ni previsto por la ley". Asimismo, ha dicho que desconoce qué medidas va a pedir el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach "y si las supiera no las diría".

Por otro lado y en relación a la decisión de Horrach sobre las medidas cautelares, Barceló ha dicho que "los jueces por naturaleza y por ley son independientes" pero que los fiscales tienen "lo contrario, una dependencia jerárquica", tal como está recogido, según ha agregado, "en la Constitución y en el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal".

Cabe destacar que Urdangarin está condenado a seis años y tres meses de cárcel y su exsocio, Diego Torres, a ocho años y seis meses por distintos delitos de corrupción y fraude fiscal.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha convocado para el próximo jueves 23 de febrero, a petición de la Fiscalía, la comparecencia de Iñaki Urdangarin y Diego Torres para decidir si acuerda medidas cautelares contra ellos.

En las vistas, que comenzarán a las 10.30 horas, las partes podrán solicitar la adopción de medidas cautelares para los condenados por la sentencia notificada el pasado viernes, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Tanto Urdangarin, condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por prevaricación, fraude y dos delitos fiscales; como Torres, condenado a 8 años y 6 meses por otros cinco delitos de corrupción, deberán acudir a la vista.

Dicha comparecencia, que no se celebrará en audiencia pública, está prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la situación personal de dos de los condenados por el caso Nóos.

El fiscal Pedro Horrach ha comunicado este lunes que se inclina por pedir prisión preventiva eludible con fianza para el exduque de Palma y el que fuera su socio, aunque esperará a escuchar las alegaciones de las partes.

Por su parte, los abogados de ambos condenados, Mario Pascual y Manuel González, han coincidido en rechazar que su defendidos deban ingresar en la cárcel.

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, se inclina por pedir prisión preventiva eludible con fianza para el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, y el que fuera su socio, Diego Torres, condenados a seis y ocho años de cárcel respectivamente, aunque esperará a escuchar las alegaciones de las partes, informa Europa Press.

Así lo sugirió el mismo en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, en la que precisó que espera que la Audiencia de Palma fije este lunes o martes la fecha de la vistilla en la que se decidirán las posibles medidas cautelares para los condenados.

Además, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, dijo que "en principio" informará a favor de recurrir la sentencia en algunos aspectos, como los relativos a los hechos de Valencia de la trama y a los costes de los eventos. Eso implicaría pedir también penas más altas para los principales condenados.

En lo relativo a las medidas cautelares para Urdangarin y Torres, Horrach explicó que el criterio general de la Fiscalía Anticorrupción es pedir prisión preventiva para los condenados a más de cinco años de prisión, pero que quiere escuchar a las partes y conocer sus circunstancias personales para pedir "las más ecuánimes".

"No descarto la posibilidad de una prisión preventiva con fianza, con lo cual el mero depósito de la fianza excluiría la prisión", precisó el fiscal. La petición será previsiblemente la misma para ambos condenados.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes cinco años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos al expresidente del Govern, Jaume Matas, y otros cinco para el exconseller de Interior, José María Rodríguez, dentro de la subpieza separada número 3 del caso Over, una pieza perteneciente al caso Palma Arena.

En el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, se les acusa de utilizar fondos públicos con el objetivo de "beneficiar" a la entidad mercantil Over Marketing que fue la encargada de las campañas electorales del PP en los años 2003 y 2007.

Además de a Matas y a Rodríguez, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Laura Pellón también solicitan la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial al propietario de Over Marketing, Daniel Horacio, a quien le pide un año de cárcel, y a María Luisa de Miguel Oñate, como cooperadora necesaria, a quien le pide también cinco años.

A nivel general, el caso Over, que constituye la pieza 27 del caso Palma Arena centra sus investigaciones en el supuesto de favor que habría recibido esta mercantil y en el hecho de que parte del dinero público que recibió la empresa habría acabado en manos del PP balear, por lo que se indaga si se produjo una financiación ilegal del partido.

Es más, fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del llamado caso Ibatur (en verano de 2010), donde los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en la trama Gürtel.

Horrach, que dejará de ser fiscal para dedicarse a la abogacía una vez se conozca la sentencia del caso Nóos, realizó estas afirmaciones durante un desayuno con periodistas organizado por la revista Vanity Fair en el que incidió en las declaraciones que ya realizó el pasado verano sobre el exministro para calificar su actuación de "atentado directo a la base esencial del sistema democrático".

Reconoció, no obstante, que la actuación de Fernández Díaz fue estudiada por la Fiscalía pero no se encontró "base jurídica" para acusarle, si bien lamentó que desde que se conoció el contenido de las grabaciones realizadas en su despacho –un asunto que sí está siendo sometido a investigación judicial–, no se haya adoptado medida alguna contra él "a nivel político".

No obstante, según informa Europa Press, el fiscal no quiso valorar el posible nombramiento de Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados a propuesta del PP, una decisión que iba a adoptarse este miércoles y ha sido finalmente aplazada.

Crítica a la destitución del director de la Abogacía balear

Horrach también se refirió, como motivo de "indignación", a la destitución del director general de la Abogacía en Baleares Luis Segura por el Gobierno insular que preside el PSOE con el apoyo de Podemos y MES, tras conocerse que había retirado la acusación por blanqueo contra el expresidente balear Jaume Matas en la compra del palacete y la del caso Ópera, dos de las piezas del caso Palma Arena.

A juicio del fiscal del caso, "no puede ser que el director de la Abogacía balear tenga un criterio jurídico no acorde con los criterios del partido político en el gobierno y este sea el motivo para su destitución". Para él, este es otro ejemplo de utilización perversa del sistema, en este caso judicial, por motivos políticos.

Sobre los acuerdos alcanzados con la defensa de Matas, Horrach señaló que la Fiscalía siempre está abierta a llegar a un pacto y que en este caso existieron conversaciones "pero no fructificaron", aunque sigue habiendo contactos esporádicos con el abogado del expresidente, que es uno de los acusados en Nóos.

El objetivo, según el fiscal, es lograr la recuperación del "dinero distraído" y por ello tendrán las puertas abiertas a negociar "siempre que se pueda". 

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach reclama un año y tres meses de cárcel para el expresidente del Govern Jaume Matas por la contratación 'a dedo', por 1,2 millones de euros públicos, del arquitecto Santiago Calatrava para la elaboración de un anteproyecto de ópera que nunca llegó a ser construida.

Así lo pide en su escrito de calificación provisional por estos hechos, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que atribuye al exministro un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación, por el que solicita para el acusado diez meses de inhabilitación.

Matas proyectó la reordenación de la bahía de Palma y la construcción de un edificio destinado a las artes escénicas pocos meses antes de las elecciones autonómicas de 2007. El proyecto finalmente no se llevó a cabo ante la negativa de la Junta Electoral y la proximidad de los comicios electorales.

El expresidente de Baleares, Jaume Matas, y la Fiscalía Anticorrupción han llegado a un acuerdo para que el antiguo mandatario autonómico confiese sus delitos, según informa en exclusiva el diario El Mundo. Con el objetivo de evitar su reingreso en prisión, Matas ofrece contar –entre otros testimonios– que recibió instrucciones de Génova para amañar el contrato del hospital Son Espases el contrato del hospital Son Espases, la mayor obra pública de la historia de las Islas, a favor de la constructora OHL. El Ministerio Público le ofrece zanjar los procesos judiciales contra él con penas que no impliquen volver a la cárcel.

El Mundo desgrana el relato de Matas, que confesaría en sede judicial que el extesorero Álvaro Lapuerta le hizo entrega de un sobre en el que se detallaban las instrucciones que debía seguir la Mesa de Contratación balear en favor de OHL. La propia constructora, asegura, redactó esas directrices. El otro extesorero conservador, Luis Bárcenas, declaró ante la Audiencia Nacional que la compañía de Villar Mir financió al PP con 300.000 euros para la campaña de las elecciones de 2011 y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo sabía.

El acuerdo no incluye el caso Nóos, juzgado antes de que las negociaciones entre el expresidente y la Fiscalía llegaran a buen puerto. También podría quedarse fuera del pacto el caso de su palacete en Palma y su presunto enriquecimiento ilícito, explica el diario. Matas equipó el inmueble, valorado en 2,5 millones de euros, pagando a los proveedores con billetes de 500. Los investigadores apuntan a que los fondos con los que el exmandatario pagó todo provienen de comisiones ilegales, algo que Matas niega. Anticorrupción, explica El Mundo, cree cierta la versión que arrojan las pesquisas pero considera complicado demostrarlo, ya que no ha podido acreditar qué empresarios le dieron el dinero y a cambio de qué. A juicio del fiscal, Pedro Horrach, no existen pruebas para articular contra Matas sendos delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

La decisión sobre este asunto, el último fleco del acuerdo, será tomará en las próximas semanas por la Fiscalía, según El Mundo. El juez José Castro dictó un auto a principios de septiembre en el que procesa a Matas por la compra y acondicionamiento del palacete.

El fiscal Pedro Horrach, pieza clave en la lucha contra la corrupción política en Baleares durante los últimos años, abandona el Ministerio Público. Tras finalizar la pasada semana el juicio del caso Nóos, el acusador tomó la decisión de forma definitiva y ayer se la comunicó al fiscal jefe de Anticorrupción, José Salinas, según informaron fuentes de la Fiscalía a Europa Press.

Horrach (Sa Pobla, 8 de septiembre de 1966), quien procede del Centro de Estudios Judiciales, fue nombrado por Orden Ministerial del 10 de marzo de 1993 Abogado Fiscal de la Adscripción Permanente de Ibiza. En 1994 fue nombrado en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, donde tomó posesión el 15 de julio de ese año. Se encuentra en el puesto 821 del escalafón de la carrera fiscal.

Estricto e incisivo, el fiscal ha liderado las principales pesquisas abiertas contra exaltos cargos como el expresidente del Govern balear Jaume Matas y, a sus instancias, han sido impulsadas causas como el caso Palma Arena -del que se desgajó el caso Nóos-, Son Espases y Scala.

"Pasos cortos, vista larga y bastante mala uva" son, de hecho, los requisitos que, según enunció Horrach al término del juicio por una de las numerosas causas de corrupción abiertas en Baleares, se necesitan para que éstas culminen "con éxito". A ello, añade que "se necesitan muchas horas de trabajo" y "presión investigadora".

Junto al juez José Castro, instructor del caso Nóos, ha protagonizado interminables jornadas de declaraciones y registros.

De hecho, desde que hace más de siete años estallase el caso Palma Arena, ambos se han prestado un apoyo y una colaboración incondicionales, llevando hacia adelante ambiciosas investigaciones en torno al enriquecimiento supuestamente ilícito de Matas, el presunto desvío de más de 50 millones de euros durante la construcción del velódromo Palma Arena, la financiación ilegal del PP balear o la contratación fraudulenta del arquitecto Santiago Calatrava para construir un palacio de la ópera.

La disparidad de criterios entre el juez y el fiscal anticorrupción en relación con el papel de la infanta Cristina en el caso Nóos marcó un antes y un después en su relación profesional.

Eclipsado en casi todos sus tramos por el vertiginoso interregno que abrieron las elecciones del 20 de diciembre, el juicio más esperado del año, el del caso Nóos, cuyo protagonista inicial, Iñaki Urdangarin, acabó desplazado por su esposa, Cristina de Borbón, quedará este miércoles visto para sentencia salvo dilaciones de última hora.

Dos factores inesperados y aún llenos de incógnitas han marcado los más de cinco meses en que se han repartido las sesiones. El primero de ellos ha sido el súbito acercamiento entre Iñaki Urdangarin y Diego Torres. El segundo, el golpe que para la acusación popular ejercida por Manos Limpias contra la infanta supuso la operación judicial que condujo a su jefe de filas, Miguel Bernad, a prisión por presunto chantaje. Para Cristina de Borbón, que todo ello haya ocurrido durante el juicio ha resultado objetivamente de una oportunidad providencial. 

Que Urdangarin y Torres han firmado la paz o, como mínimo, una sólida tregua parece incuestionable para todas las fuentes jurídicas y observadores independientes consultados por infoLibre. En la práctica, ambos han adoptado en el juicio una estrategia común de defensa tras haber permanecido inmersos durante más de tres años en una encarnizada guerra –la de los correos electrónicos- con la que el antiguo socio del duque de Palma puso en apuros a Juan Carlos I y a su equipo.

Esos correos no solo hicieron tambalearse la versión oficial de la Zarzuela sobre las órdenes impartidas a Urdangarin para que rompiese con Diego Torres sino que detallan cómo el anterior monarca estaba al tanto de los pasos de Urdangarin con Nóos y su ONG sucesora –Fundación DCIS-. Y cómo le ofreció incluso ayuda.

Y si lo anterior plantea múltiples interrogantes, también emerge cargado de incógnitas el segundo elemento de sorpresa, segundo al menos en orden cronológico: el mazazo que para la acusación contra la infanta han significado las escandalosas revelaciones sobre la supuesta extorsión a su entorno perpetrada por el grupo que capitaneaban Miguel Bernad y Luis Pineda. A la infanta la acusa en solitario Manos Limpias, que reclama aquí ocho años de cárcel por delito fiscal.

Fue a Pineda a quien la Policía cazó por teléfono contándole a un colaborador que las negociaciones para retirar la acusación contra la infanta eran “el tren de nuestra vida”. En castellano, esa frase hecha no admite más que una lectura: que había dinero, mucho, por medio. En juego estaban, según las investigaciones, entre dos y tres millones de euros. La operación estalló a mediados de abril, justo en el ecuador del juicio y cuando la infanta, que defendió a capa y espada a su marido y remarcó que todo lo que hacían estaba “controlado” por Zarzuela, ya había declarado.

Aunque el tribunal que juzga el caso haya reiterado hasta la saciedad que nada exterior a la vista le influye ni le roza, todas las fuentes consultadas coinciden en que la investigación sobre el tándem Ausbanc-Manos Limpias beneficia objetivamente a la infanta y sus intereses. “Si solo la acusa Manos Limpias y resulta que su jefe está en la cárcel por extorsión, es innegable que eso le viene bien”, resume una fuente jurídica ajena tanto a las defensas como, por supuesto, al pseudosindicato de Bernad.  

La abogada que representa a la organización, Virginia López Negrete, renunció a la declaración del perito en cuyas tesis sustenta su acusación y cuyo informe, no obstante, ha aceptado el tribunal. La letrada renunció tras el testimonio prestado por los de Hacienda.

Los funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) sostienen justamente la tesis contraria a la del perito de Manos Limpias: que la infanta no cometió delito pese a ser copropietaria de la empresa Aizoon, que fue la utilizada por Urdangarin para no declarar buena parte de los ingresos que, según Hacienda, debía haber reflejado en sus declaraciones de IRPF. La AEAT cifra en más de 326.925 euros la cuota defraudada por Urdangarin en el bienio 2007-2008. 

De los rayos y truenos a la charla amistosa

De no hablarse ni ellos ni sus abogados salvo para cruzar escritos jurídicos cuajados de rayos, truenos, reproches y amenazas, Urdangarin y Torres y sus respectivos abogados pasaron –al igual que Cristina de Borbón- a escenificar una relación cuando menos cordial. "Por momentos -relata un privilegiado espectador- parecía que Mario Pascual [abogado de Urdangarin] iba a remolque de González Peeters [defensor de Diego Torres]".

Ambos, Urdangarin y Torres, también, a defenderse con argumentos casi calcados. Por un lado, que el Instituto Nóos cobró siempre dentro de la ley –seis millones de fondos públicos fluyeron hacia sus cuentas- y que no habría podido ocurrir de otra forma dado que estaba bajo la constante supervisión de la Casa Real. Y por otro, que si algo irregular o ilegal hubo en la actuación de las dos parejas –Iñaki Urdangarin-Cristina de Borbón y Diego Torres-Ana Tejeiro- fue en todo caso culpa del asesor Miguel Tejeiro.

Defendido por uno de los penalistas más hábiles del panorama estatal, Cristóbal Martell, también abogado de los Pujol y del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, Tejeiro ya había alcanzado un pacto con la Fiscalía antes del juicio. Con la vista ya iniciada, Manos Limpias retiró su propia acusación contra él. Pero no había garantías escritas de que su nueva condición de testigo derivaría en una declaración incriminatoria para la infanta. Tejeiro, de hecho, no dijo nada que perjudique a la hermana de Felipe VI.

Del sarcasmo de acero a la suave ironía

Si durante la fase de instrucción el abogado de Torres, Manuel González Peeters hizo célebre sus afiladísimas dotes para la acusación con cada remesa de correos que enviaba al juez José Castro, ahora apenas si ha sacado algún pequeño dardo del carcaj para atacar a los duques.

En su informe final, presentado este martes, Peeters acusó a la Policía de haber maltratado psicológicamente a su cliente. Pero se limitó a ironizar cuando relató cómo en el registro policial de la sede de Nóos los agentes solo llevaban orden de hurgar en los ordenadores de sus clientes y no en los de “la otra pareja”. O sea, en los de Urdangarin y Borbón. Más allá de eso, se acabó lo que se daba. ¿Por qué? Nadie lo sabe a ciencia cierta.

La Fiscalía mantiene su petición de 19,5 años de cárcel para Urdangarin y de 16 para Torres. Al cuñado de Felipe VI, el fiscal le atribuye malversación, prevaricación, falsedad en documento público y mercantil, fraude a la administración, estafa, dos delitos contra la hacienda pública y blanqueo. A su antiguo socio Diego Torres, Anticorrupción le acusa de prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, delito fiscal, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.

La dureza del tribunal

En el juicio ha habido un tercer elemento inesperado y generador de dudas de calado: la dureza con que el tribunal ha tratado a las acusaciones públicas, empezando por el fiscal Pedro Horrach y terminando por las abogacías balear y valenciana. Ninguno de los consultados se atreve a esbozar un diagnóstico sobre por qué, por ejemplo, el tribunal ha cortado una y otra vez a Horrach cada vez que interrogaba a un acusado. "Y eso -opina una observadora independiente- ha afectado a Horrach, que necesariamente estaba ya tocado en lo personal por todas las críticas que ha recibido no acusar a la infanta". Tocado o enfadado o ambas cosas, como demostró cuando convirtió su informe final en un durísimo ataque contra el juez instructor del caso, José Castro, cuyas decisiones fueron las que sentaron en el banquillo a Cristina de Borbón.

Sobre el comportamiento del tribunal circulan dos hipótesis: la primera, que la dureza exhibida contra las acusaciones anticipa una sentencia más suave de lo esperado, aunque este diario no ha localizado a nadie que, salvo las defensas, confíe en la absolución de Urdangarin y Torres.

La segunda opción apunta a todo lo contrario: a que el tribunal ha refrenado una y otra vez a Horrach, a la Abogacía del Estado y a las de los gobiernos balear y valenciano precisamente para evitar que los acusados puedan alegar que su derecho de defensa se ha visto vulnerado si la condena termina siendo tan drástica o casi como pide la Fiscalía en el caso de Urdangarin y Torres o como reclama Manos Limpias para Cristina de Borbón. Los otros acusados hasta un total de 17, incluyendo al expresidente Jaume Matas y al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, han pasado definitivamente al segundo plano de la escena.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach convirtió este miércoles su informe final del juicio del caso Nóos en una durísima carga contra el juez José Castro. Y al hacerlo desnudó, si todavía le quedaba algún velo, el escenario de guerra descarnada que se libra alrededor de Cristina de Borbón, la única del banquillo contra quien solo mantiene cargos y solicitud de pena la acusación popular, ejercida por el hoy devaluado colectivo Manos Limpias.

A Castro, instructor del caso y hasta hace tres años años su inseparable compañero de batallas contra la corrupción en Baleares, Horrach lo acusó este miércoles de convertir la investigación "en una persecución". Y de "construir un andamiaje sobre sospechas y conjeturas de gran calado y aplauso mediático". Y de buscar más la apariencia de justicia que la justicia.

Castro, que habló horas después con este diario, retó a la Fiscalía General a querellarse de inmediato contra él por prevaricación o, en su defecto, a poner fin a la "pesadilla" en que, según sus palabras, le sumerge a diario Pedro Horrach.

Así las cosas, la brecha abierta en 2013 entre los dos miembros del tándem más temido por los corruptos del archipiélago, aquella que resquebrajó su colaboración y su amistad cuando Castro imputó por primera vez a la infanta, es hoy una sima infranqueable.

"Si he prevaricado, ¿por qué no se querellan?"

Por la tarde, y en declaraciones a infoLibre, Castro respondió al fiscal. El juez conminó no ya a Horrach sino a la Fiscalía General del Estado a interponer una querella contra él por prevaricación o a "acabar ya con esta pesadilla". "La paciencia tiene un límite", agregó Castro tras autorizar expresamente a este diario a publicar sus declaraciones.

El juez entiende que al acusarle de haber convertido la instrucción en una persecución, Horrach le está atribuyendo un delito de prevaricación: a él mismo y a la Audiencia de Palma. "¿Y si es así, por qué no se querellan? Es su obligación si creen que hay un delito pero ya está bien de aguantar esto cada día, uno se cansa".

La referencia de Castro a cómo Horrach también estaría acusando de prevaricación a la Audiencia palmesana se sustenta en uno de los elementos manejados por el fiscal. En su alegato final, Horrach había hecho extensivo su ataque a la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, que en mayo de 2013 dio un giro definitivo al caso al al dictar un auto por el que suspendía la imputación de la infanta pero no la anulaba. 

Horrach remarcó aquí esto: que la "suspensión de la imputación implica de forma directa abanderar una expedición de pesca, una prospección, proscrita en derecho penal". Y fue eso, añadió a renglón seguido, lo que hizo que la instrucción dejase de "ser una investigación para convertirse en una persecución".

La hermana de Felipe VI y esposa de Iñaki Urdangarin es la única del banquillo para la que solo pide condena -ocho años de cárcel- la acusación popular: la asociación Manos Limpias, ahora en caída libre tras las investigaciones que destapan sus supuestas maniobras para retirar los cargos contra la aristócrata a cambio de hasta tres millones.

Pero que sobre la asociación fundada por el histórico ultraderechista Miguel Bernad pesen graves sospechas de extorsión no garantiza que la infanta salga indemne del juicio, de ahí que Horrach haya puesto toda la carne en el asador en su esfuerzo por convencer al tribunal de que la infanta no cometió delito fiscal. El fiscal no solo ha destacado cómo los peritos de Hacienda han descartado que perpetrase fraude tributario sino cómo aquel otro perito que eligió Manos Limpias ni siquiera ha comparecido en el juicio.

La Casa Real, ausente

En el alegato de Horrach hubo un segundo punto controvertido pero eclipsado por la bronca a Castro. Y ese segundo punto gira en torno al papel de la Casa Real durante la corta pero rentabilísima vida -ingresó seis millones de euros públicos- del Instituto Nóos. Según Horrach, son falsas las afirmaciones de varios procesados, Iñaki Urdangarin entre ellos, que en la vista han declarado cómo las actividades del Instituto Nóos estaban sujetas a la supervisión de la Casa Real.

Pero lo cierto es que también Cristina de Borbón abundó en esa misma tesis: "Todo lo que hacíamos estaba controlado", declaró en la vista. ¿Por qué entonces Horrach mantiene lo contrario? "Porque la declaración de la infanta estaba condicionada por la de su marido, pero no hay nada que avale lo que dijo", indicaron fuentes cercanas a la Fiscalía.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha iniciado su informe final en el juicio del caso Nóos arremetiendo duramente contra el juez José Castro –que instruyó la causa durante más de cinco años– y el sindicato Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la infanta Cristina, y ha acusado al magistrado de haber construido un "andamiaje sobre conjeturas y sospechas de gran calado y aplauso mediático" para sentar en el banquillo a la exduquesa de Palma.

Durante su intervención, que ha arrancado pasadas las 9.20 horas, Horrach ha criticado que la instrucción de la causa se convirtiera en "persecución" y durante la misma se primase "la apariencia de la justicia por encima de la justicia". Y todo ello en base a "malabarismos jurídicos retorcidos y engañosos" y la utilización del "fraude de ley" para mantener acusada a la hermana del rey Felipe VI.

El representante del Ministerio Público ha llegado incluso a alertar del "riesgo de convertir el estado de derecho en un reino de taifas procesal" y ha recriminado que, en el actual sistema penal, no puede haber resoluciones que cobijen "convicciones personales" como, a su juicio, ha efectuado Castro.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach mantiene su petición de 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin, y de 16 y medio para su exsocio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública, informa Europa Press.

Según informaron fuentes jurídicas a Europa Press, el representante del Ministerio Público ha decidido no modificar su solicitud después de que ninguno de los dos acusados haya mostrado arrepentimiento ni haya devuelto la cantidad supuestamente defraudada. El fiscal dará a conocer esta mañana estas conclusiones en presencia de los 17 acusados que se sientan en el banquillo y que este viernes estarán de nuevo presentes en la sala.

Según Horrach, Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".

Un requisito indispensable para que el fiscal pudiera rebajar la pena a ambos acusados pasaba por que hicieran frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).

El fiscal mantiene las mismas penas para todos los acusados excepto para la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen y para los exaltos cargos de Baleares acusados, para quienes rebaja su petición: el expresidente del Govern Jaume Matas; el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis Pepote Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.

Mientras tanto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.

Las empresas del entramado

El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.

Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach rebajará esta mañana de 11 a 5 años de prisión su petición de pena para el expresidente del Govern balear Jaume Matas, en el marco del caso Nóos, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Este viernes, tanto el exministro como los otros 16 acusados del juicio de esta causa, entre quienes se encuentra la infanta Cristina, deberán estar presentes en la sala donde se celebra la vista oral, en el polígono Son Rossinyol de Palma. En esta jornada las acusaciones darán a conocer si mantienen o modifican sus peticiones para los imputados.

En el caso de Matas, el fiscal reclamará cuatro años de cárcel para él por un delito de malversación y otro por fraude, y pedirá que se le apliquen las atenuantes de confesión y reparación del daño, a pesar de que inicialmente Horrach consideraba que su declaración en el juicio no fue la de un "arrepentido", llegando incluso a comparar su actuación con la de una "anguila" puesto que "en todo momento" eludió asumir responsabilidad alguna.

Y es que, durante su comparecencia, Matas descargó en sus subordinados las presuntas irregularidades producidas durante la tramitación de los expedientes por los que fue contratado el Instituto Nóos para la celebración de dos foros sobre turismo y deporte en Palma, por los que la entidad entonces presidida por Iñaki Urdangarin percibió 2,3 millones de euros públicos.

La Fiscalía consideró, tras su comparecencia, que el expresidente evitó así admitir el delito de malversación que pesa sobre él y, pese a las negociaciones llevadas a cabo hasta entonces de cara a alcanzar un acuerdo de conformidad, no efectuó un reconocimiento completo de los hechos que permitiera suscribir un pacto.

Tan sólo se limitó, a su juicio, a admitir que ordenó la contratación de Urdangarin para la organización de la primera edición de los denominados Illes Balears Forum, un hecho que, advertía la Fiscalía, no era suficiente para que el exministro pudiera ver rebajada su petición de condena.

En lo que a la reparación del daño se refiere, Matas depositó este jueves –tan sólo un día antes de que las acusaciones anuncien sus conclusiones definitivas y tras seis meses de juicio– 880.000 euros de los tres millones de euros en concepto de responsabilidad civil que le reclama la Fiscalía.

"Farsa orquestada por Matas"

Tal y como ponía de manifiesto Horrach en su escrito de acusación provisional, el papel que ejerció Matas fue decisivo para que el Govern destinase de forma fraudulenta 1,2 millones de euros a la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones al segundo (2006); 54.520 al seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears-Banesto; 174.000 a la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo, y 116.566 a la elaboración de material promocional del Illes Balears.

De hecho, recalca que los contratos y convenios de colaboración rubricados fueron una "farsa orquestada" por Matas "fruto de decisiones administrativas arbitrarias cuya única finalidad era beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa y omitiendo intencionadamente el procedimiento administrativo correspondiente".

Uno de los seis peritos que están siendo interrogados de forma conjunta en la sesión de este martes del juicio del caso Nóos ha considerado "chocante" y "extrañísimo" el modo en que fueron tramitados los convenios los convenios entre el Instituto Nóos y las Administraciones públicas, y más en concreto en el caso de los denominados Valencia Summit, en cuyo seno se acordó pagar un canon de un millón de euros anual a favor de la entidad entonces presidida por Iñaki Urdangarin.

"Nos sorprendió muchísimo el empleo del término canon, en el derecho administrativo pocas veces se ve. Yo llamaría una 'propineta' el hecho de que te den dinero por no hacer absolutamente nada", ha espetado el experto, quien fue funcionario de la Administración General del Estado cuando analizó en su día las contrataciones efectuadas por Nóos.

A las preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, el perito ha señalado asimismo que la figura del convenio utilizada por el Instituto Nóos para impulsar los denominados Illes Balears Forum, por los que la entidad percibió 2,3 millones de euros públicos, no tenía "ninguna razón de ser".

De hecho, ha manifestado que, "residualmente", el empleo de los convenios "residualmente" se puede admitir cuando la contratación llevada a cabo por la Administración no tenga cabida en ninguno de los demás supuestos previstos por la Ley de Contratos del Sector Público.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares dará inicio este martes a la fase pericial del juicio del caso Nóos, en la que serán interrogados un total de cincuenta expertos que deberán arrojar luz sobre el presunto desvío de más de seis millones de euros de las Administraciones públicas y la supuesta defraudación a Hacienda a través del entramado urdido en torno al Instituto Nóos.

La carta donde el juez José Castro le cuenta al instructor del caso Ausbanc-Manos Limpias, el juez Santiago Pedraz, que el abogado de la infanta, Miguel Roca, le ofreció a través de un tercero mantener a finales de 2013 una reunión “clandestina” en una finca de Mallorca o Barcelona ha reabierto las venas de la guerra iniciada hace dos años en torno al futuro penal de Cristina de Borbón. En esa carta, Castro le propone a Pedraz que le cite como testigo. Presumiblemente, y según los datos recabados por infoLibre, el juez no lo hará.

En vísperas de la última y crucial fase probatoria del juicio, aquella en que los peritos de Hacienda tratarán de convencer al tribunal de que la infanta no cometió fraude tributario y el de Manos Limpias intentará lo contrario, vuelve a primer plano la batalla entre Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.

Castro la sentó en el banquillo por su supuesta cooperación en delito fiscal como copropietaria de Aizoon SL, que defraudó casi 340.000 euros y obtuvo otros 800.000 en ingresos presuntamente ilícitos. Horrach considera que la infanta se benefició de ese fraude, por lo que exige que devuelva medio millón, pero no la considera penalmente responsable.

Horrach no ha dicho ni una sílaba sobre la carta pero otras fuentes de Anticorrupción desmienten de forma categórica al juez cuando afirma que el fiscal balear fue informado de inmediato sobre lo sucedido.

Y el intermediario de Roca mencionado por Castro, el abogado mallorquín Jaume Riutort, ha pedido tiempo para leer “en detalle” el escrito y comprobar si, como sostienen algunos medios, el  nstructor del caso Nóos se ha decidido a defender a Manos Limpias, cuyo fundador, Miguel Bernad, permanece en prisión junto con su homólogo de Ausbanc, Luis Pineda, desde el 18 de abril. Sobre si ofreció o no a Castro que se viera con Roca en secreto y en una apartada hacienda rural, Riutort se reserva sus cartas.

El entorno de Castro descarta al completo la idea de que el juez haya buscado hacer causa común con Manos Limpias. Pero su carta, fechada el 16 de mayo y a cuyo relato de hechos el fiscal que investiga el caso Ausbanc-Manos Limpias en la Audiencia Nacional, Daniel Campos, concede nula relevancia penal, Castro traza un paralelismo implícito.

Ese paralelismo se establece entre la trampa por la que, siempre según su versión, se habría precipitado él mismo al acudir a una reunión secreta con Roca en una finca alejada de las miradas pero tal vez no de cámaras indiscretas y en la que le habría resultado “imposible” explicar su presencia; y como imagen especular de esa trampa Castro presenta la situación a que se ha visto abocado el pseudosindicato Manos Limpias, que sostiene la única acusación contra la infanta. 

Tenido por icono de juez igualitario y daltónico que no distingue entre sangre azul y roja, lo que Castro se pregunta en su escrito lo siguiente: “Si no se le habría hecho a la acusación popular ejercida por Manos Limpias un ofrecimiento similar al mío y que, al contrario que este, aquel sí llegara a ser aceptado por su destinatario y que fuera en el seno de esas reuniones donde tuvieran lugar las ofertas o exigencias que luego denuncia quien precisamente pudo haberlas propiciado”.

En lenguaje llano: se pregunta si es posible que el círculo de la infanta, sea La Caixa o sea Roca, hubiera tentado directa o indirectamente a Manos Limpias con una suculenta oferta económica a cambio de retirar la acusación contra ella para luego denunciar el chantaje ante la Policía.

Es cierto que Roca tardó 15 días en acudir a la Policía desde que un directivo del Sabadell, banco donde el antiguo político y padre de la Constitución ejerce como secretario del consejo, asegura que escuchó de labios de Luis Pineda la exigencia de pagar tres millones como salvoconducto para que la infanta se librase del banquillo.

Pero también lo es que el contenido de las conversaciones intervenidas por la Policía a Luis Pineda y Miguel Bernad, y que acaban de incorporarse al sumario, choca de momento con la hipótesis de que la iniciativa de canjear la exculpación de Cristina de Borbón por dinero partiera de sus defensores.

Esas conversaciones muestran cómo Pineda toma la iniciativa y encomienda a uno de sus hombres de confianza que controle a Bernad para evitar que se les escape la oportunidad de alcanzar un acuerdo con la defensa de la infanta. “Ese es el tren de nuestra vida”, dice en una de las conversaciones interceptadas.