España está a la cabeza de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el acceso que proporciona a los ciudadanos a la información pública: en transparencia. También en el control de los conflictos de intereses de los políticos y altos cargos. Sin embargo, al igual que recogió el último Informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea y el del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, nuestro país suspende por la ausencia de regulación del lobby, la influencia en la política de los grupos de interés. El Estado Español también queda a la cola de los países analizados en el control de la financiación de los partidos.

La organización internacional con sede en París ha hecho público su informe sobre Perspectivas de anticorrupción e integridad de 2026. En su apartado sobre España, el informe hace referencia al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por Gobierno el pasado julio tras conocerse la implicación del ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos y la de su sucesor como número tres del partido, Santos Cerdán, ambos estrechos colaboradores del presidente Pedro Sánchez, en la trama de comisiones ilegales ligadas a obra pública que se investiga en el caso Koldo.

La OCDE valora ese plan y el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública en el que se ha traducido (aprobado el 17 de febrero por el Consejo de Ministros), como "la primera estrategia anticorrupción de España adoptada a nivel gubernamental". La iniciativa, que está todavía en elaboración y no ha sido remitida al Parlamento, pero el informe valora que contemple la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública independiente, que en caso de ser aprobada, "integraría las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude".

El hecho de que la nueva norma todavía no esté aprobada coloca a España en la parte media baja de la tabla de países analizados en lo que respecta a su "marco estratégico" contra la corrupción. El Estado cumple sobre el papel el 53% de los criterios de la OCDE sobre la solidez de este marco, pero en la práctica solo se cubren el 17%. El dato es malo, porque 16 de los 62 países analizados carecen de cualquier tipo de plan estratégico. Entre los que sí lo tienen, España se encuentra el 14 por la cola.

El plan anunciado por Sánchez el pasado verano "identifica los riesgos actuales para la integridad pública a los que se enfrenta el país", dice el documento, que subraya que, algunos indicadores en los que España sale peor parada, como el del control de la financiación de los partidos políticos. Sin embargo, hasta el momento, el Estado "no tiene un plan de acción en vigor", dice, a lo que añade: "Como la estrategia se adoptó muy recientemente, no se dispone de informes de seguimiento de su implementación".

De todos los aspectos recogidos en el plan anticorrupción de Sánchez que analiza la OCDE, aquel en el que España sale mejor parada es, el "acceso a la información pública", es decir, la transparencia, en la que se encuentra en el puesto seis de los 62 países y por delante de Francia, Alemania, Países Bajos o Italia. La normativa española cumple con el 89% de los criterios de la organización, de los que, en la práctica, se cumple el 81%. La media de los Estados analizados queda por debajo, en el 72% y el 62% respectivamente.

El informe subraya que la Ley de Transparencia "establece que todas las personas, incluidas las personas jurídicas y los ciudadanos no nacionales, tienen derecho a acceder a la información en todas sus formas" con las únicas restricciones que recoge esa norma. También resalta la documentación pública que a la que se puede acceder en línea, como "los programas de las reuniones del Gobierno, las agendas de los ministros, el registro de la propiedad, los salarios de los altos funcionarios individuales y las licitaciones públicas anunciadas por el Gobierno central y sus resultados". También "la mayoría de las declaraciones de bienes e intereses", aunque no "las de los jueces del Tribunal Supremo".

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

El segundo de los aspectos en el que España obtiene una muy buena calificación es la regulación de los conflictos de interés. "España cumple el 89 % de los criterios (...) y presenta un excelente rendimiento en la práctica, cumpliendo el 89 % de los criterios, frente a la media de la OCDE del 80 % y el 45 %, respectivamente", recoge el documento. "Todos los miembros del Gobierno y del Parlamento han presentado declaraciones de intereses en los últimos seis años, y todos los funcionarios de alto nivel recién nombrados (...) en los últimos cuatro años".

Además, prosigue el informe, "todas las declaraciones presentadas durante los dos últimos años naturales fueron verificadas por la Oficina de Conflictos de Intereses, que emite recomendaciones cada vez que se detecta un caso de conflicto de intereses". El texto solo recoge una pega: los jefes de gabinete, que se considera que ocupan "puestos de alto riesgo", no están sometidos a esa obligación. Otro de los ámbitos en el que nuestro país se encuentra por encima de la media es la integridad de su sistema judicial, tanto desde el punto de vista de la judicatura como de la fiscalía.

En junio de 2018, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perdió la moción de censura en la que resultó investido Pedro Sánchez. El motivo fue la sentencia del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP, que terminó condenado como "partícipe a título lucrativo". Pero el partido de Sánchez, el PSOE, también se enfrenta ahora a un importante caso de corrupción, el caso Koldo, que afecta a los que fueron dos de sus principales dirigentes y colaboradores del jefe del Ejecutivo, Ábalos y Cerdán.

La OCDE concluye ahora que la regulación del sistema de financiación de partidos políticos es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema anticorrupción en España. Sobre el papel, según el informe, España cumple el 70% de los criterios de la organización (76% es la media) gracias a la Ley de Financiación de Partidos. El texto valora su sistema de sanciones y la prohibición de las contribuciones a las formaciones de empresas públicas, empresas extranjeras y Estados extranjeros.

"Sin embargo, el marco normativo no prevé prohibiciones más amplias sobre el uso de fondos y recursos públicos a favor o en contra de un partido político", sostiene. Campos como la regulación de las televisiones y medios públicos o la publicidad institucional con la que algunas administraciones riegan a sus medios afines parecen entrar en este capítulo.

Pero el problema, más que la normativa, es la práctica, en la que España solo supera el 43% de los criterios frente al 58% de media en la OCDE. El organismo supervisor es el Tribunal de Cuentas, y cuenta con todos los medios para desarrollar su labor. "Sin embargo, no todos los partidos presentaron sus cuentas anuales dentro de los plazos (...) en 2023, y otros no las presentaron en 2024", refleja el documento. "Además, las cuentas relacionadas con las elecciones y los informes financieros de todos los partidos no están a disposición del público".

Por último, otro de los apartados en los que España suspende reiteradamente en todos los organismos internacionales que evalúan sus indicadores democráticos, es el lobby, el control de la influencia en los políticos y altos cargos de los grupos de interés. El informe recoge que se está elaborando una regulación –el proyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en tramitación parlamentaria– pero el cumplimiento actual de los criterios de control de la OCDE para estas organizaciones en España sigue siendo terreno por explorar.

La normativa –la ley de Altos Cargos– solo recoge períodos de incompatibilidad para los cargos públicos una vez que dejan esos puestos de responsabilidad, pero "no existe regulación alguna sobre el cabildeo (lobby), ni un registro de grupos de interés", advierte el informe. Esa disposición y la orden que obliga a cualquier empresa a inscribirse en el Registro Mercantil para poder identificar a suss propietarios solo cumplen el 40% de los criterios formales de la OCDE

Vox es, junto a Nueva Canarias, el partido que ha recibido un mayor número de sanciones por parte del Tribunal de Cuentas (TCu). La última resolución del organismo en la que se le impone una multa al partido de Santiago Abascal data del mes de julio y se debe a que Vox recibió donaciones ilegales en 2020. Además, como ha revelado la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), de infoLibre y Follow the Money, Vox se ahorró una quinta sanción gracias a que otro caso de donaciones investigado en ese mismo expediente prescribió debido a los retrasos del TCu.

Pero esa no fue la única multa de la que se libró el partido. La formación de extrema derecha evitó otra más gracias a ocultar los detalles de su contabilidad al Tribunal de Cuentas. La resolución de julio del TCu, obtenida tras una solicitud de información vía ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, desvela que el organismo fiscalizador solicitó a Vox la relación de donaciones recibidas por el partido para varias campañas, pero la formación no entregó la documentación.

Esto le permitió eludir la sanción, ya que el Tribunal de Cuentas fue incapaz de corroborar cuánto dinero había recibido Vox para una de esas campañas. Los donativos se habían solicitado para que el eurodiputado Hermann Tertsch pagara la indemnización que la Justicia le impuso por vulnerar el honor del abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias al mentir sobre él. 

El TCu pudo comprobar que Vox había donado 15.500 euros a Tertsch para pagar esa indemnización, pero, por la falta de esa contabilidad detallada, no pudo corroborar que ese dinero había llegado a la formación de donaciones finalistas hechas por particulares. A pesar de esa falta de acreditación, la prensa se había hecho eco de que la campaña de Vox estaba dando sus frutos y que el dinero estaba llegando por parte de simpatizantes del partido.

Los partidos en España tienen prohibido pedir o aceptar donaciones finalistas; es decir, donativos que se entreguen para que se destinen a un fin en concreto. Aun así, Vox ha solicitado y recibido este tipo de donaciones en varias ocasiones e, incluso, anteriormente, el Tribunal de Cuentas le ha sancionado por ello.

Cuando el organismo fiscalizador comenzó a revisar las cuentas del partido del año 2020 detectó tres casos con donaciones finalistas —además, de otra infracción por el dinero que recibían en efectivo e ingresaban como donaciones anónimas, algo que también está prohibido por ley—.

Esos tres casos correspondían a las donaciones que Vox pidió para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas; las que reclamó para comprar un coche nuevo para un concejal al que le habían quemado su vehículo; y las que solicitó para que Hermann Tertsch no gastara su dinero en pagar la indemnización que le impuso la Justicia.

El primer caso acabó en sanción. El segundo no, porque fue el que prescribió por solo un día. ¿Pero qué pasó con el tercero? Vox también se salvó. A pesar de la infracción, el TCu no pudo acreditar la recepción de las donaciones para ayudar al eurodiputado Hermann Tertsch y el partido ultra se salió con la suya.

El Tribunal detectó las donaciones finalistas para apoyar a Tertsch cuando revisó la contabilidad de Vox de 2020. Por ello, advirtió de una tercera infracción por la aceptación de ese tipo de donativos prohibidos por la ley. Aun así, al organismo le faltaba información. Todas las donaciones reflejadas en las cuentas de Vox no venían con la indicación de a qué campaña estaban destinadas.

Es entonces cuando el TCu se dirige a Vox y le solicita "la relación de ingresos recibidos en las distintas campañas de captación de fondos del partido político" en 2020. El organismo ya había pedido esas cuentas a la formación para 2018 y 2019 y esta las había entregado, algo que sirvió para poder sancionar algunas de las infracciones previas de Vox. Pero en esta ocasión el partido cambia de forma de proceder. Decide no hacer caso a las peticiones del Tribunal y no entrega las cuentas, a pesar de que el TCu las solicitó "en varias ocasiones".

El partido tampoco informó del "importe global" que había obtenido vía donaciones para cada una de las tres campañas. Debido a esa falta de información, el organismo no pudo determinar "el importe total recibido y aceptado para cada una", según indica la propia resolución. Es ahí cuando el Tribunal de Cuentas intenta por otros medios acreditar qué ha pasado exactamente y cuánto dinero se ha recibido en esas donaciones.

El Tribunal emprende entonces la búsqueda por su cuenta. Así, localiza tuits de Vox anunciando lo recaudado para el caso de la personación contra Ábalos. Esto permite al organismo sancionar al partido por esa campaña. Sobre el caso del concejal no se realiza ninguna otra indagación porque ya se había producido la prescripción. Y sobre el de Hermann Tertsch, la búsqueda no da los resultados esperados.

A diferencia del caso de Ábalos, el Tribunal de Cuentas no encuentra anuncios públicos de Vox sobre lo recaudado y, por ello, la infracción no acaba en sanción, ya que el organismo no puede cuantificar realmente hasta qué punto se recibieron esas donaciones. De hecho, en las cuentas entregadas por Vox solo pudieron localizar una que indicaba un concepto relacionado con la campaña de Tertsch —no quiere decir que no hubiera más, en el caso de Ábalos solo encontraron siete, que sumaban 240 euros, pero los tuits de Vox confirmaban 20.000 euros recaudados—.

En cualquier caso, gracias a la ocultación de las cuentas detalladas que había pedido el Tribunal, Vox se sale con la suya. En total: dos de las tres infracciones detectadas en la resolución de julio acabaron sin sanción, a pesar de que el TCu recoge en su resolución que "se deben calificar los ingresos recibidos y aceptados [por Vox] como tres infracciones continuadas" distintas.

Vox no anunció públicamente cómo había terminado la campaña para ayudar a Tertsch, pero The Objective aseguró el 10 de julio de 2020, el mismo día que había arrancado, que el partido había recaudado ya algo más de 10.200 euros del total de 12.000 que la Justicia había impuesto como indemnización al eurodiputado.

El caso se remonta a un artículo de Tertsch en ABC en 2016, en el que acusaba a Manuel Iglesias, abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias, de participar en el fusilamiento de dos personas y lo calificaba de "miliciano criminal". La Justicia resolvió que Tertsch había "tergiversado la realidad de los hechos con claro ánimo de difamar y desacreditar" y le condenó por "intromisión ilegítima en el honor". La indemnización se la tuvo que abonar a Javier Iglesias, hijo de Manuel y padre del exvicepresidente, que era quien había denunciado.

El Tribunal de Cuentas lo que sí pudo acreditar, a través de la documentación entregada por Vox, es que el partido había donado en octubre de 2020 un total de 15.500 euros a Tertsch. La explicación a que la cifra sea superior a los 12.000 que suponía la indemnización puede deberse a que el político ultra también había sido condenado a pagar las costas del proceso.

En cualquier caso, la información recopilada, debido a la falta de colaboración de Vox, fue insuficiente para que el organismo considerara que podía sancionar al partido. De hecho, en su resolución el TCu cita al Tribunal Supremo y recuerda que los artículos de prensa no sirven como pruebas casacionales y que, por tanto, a pesar de la publicación de The Objective, como Vox no ha facilitado las cuentas y tampoco ha anunciado públicamente cuánto recaudó, no le puede imponer una sanción por la infracción.

"El Tribunal debe investigar por su cuenta para corroborar que la información periodística es veraz. La pregunta es: ¿tiene medios suficientes?", detalla a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

La experta, además, apunta a la posibilidad de que Vox acabe sancionado, pero por otro motivo: no haber entregado la información que le pedía el TCu. "La legislación contempla la posibilidad de sancionar a un partido cuando no completa la información requerida por el Tribunal de Cuentas, pero es necesario que el órgano fiscalizador tenga los suficiente medios y agilidad para poder actuar", explica.

La ley de financiación de partidos (LOFPP) recoge como una infracción "la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador". infoLibre ha preguntado al TCu si esto es lo que sucedió con Vox y si se está estudiando esa posible infracción, pero el organismo no ha respondido.

Uno de los problemas con este caso está en que una vez abierto el expediente sancionador, la ley no permite solicitar información o documentación extra al partido político, que es el posible afectado, ya que podría servir para incriminarlo. Pero el Tribunal de Cuentas la había solicitado antes de iniciar el expediente en varias ocasiones y Vox había hecho caso omiso. 

Esa forma de actuar también contraviene la LOFPP, que recoge el deber de colaboración de los partidos políticos. "Estarán obligados a la remisión de cuantos documentos, antecedentes, datos y justificaciones les sean requeridos por el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su función fiscalizadora", reza su artículo 19.

Consulta aquí la resolución completa del Tribunal de Cuentas sobre las donaciones de Vox:

Lee aquí la investigación completa Money to the far-right de infoLibre y Follow the Money.

El 28 de julio el Tribunal de Cuentas (TCu) sancionó a Vox por recibir donaciones para una finalidad concreta, algo que está expresamente prohibido por la ley de financiación de partidos (LOFPP). La multa ascendió a 50.000 euros y era ya la cuarta que el organismo imponía al partido de ultraderecha por financiación irregular.

Esa infracción obedecía a la petición de donativos por parte de Vox para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el paso de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, por el aeropuerto de Madrid-Barajas —el caso acabó archivado—. Pero ese incumplimiento por parte de Vox no es el único que el organismo de fiscalización recogió en su resolución de este verano.

La investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, revela que el Tribunal de Cuentas apreció otra infracción continuada en las cuentas de la formación política de Abascal. A pesar de ello, el TCu avisó tarde del inicio del expediente sancionador al partido y el caso prescribió sin que se pudiera sancionar. El plazo caducó por un solo día.

Todo se remonta a una campaña para recaudar fondos en febrero de 2020. El 24 de ese mes, Sergi Fabri, concejal de Vox en Salt (Girona), denunció en la red social X que le habían quemado el coche. Junto a un vídeo del vehículo en llamas, tuiteó el siguiente mensaje: "El precio de defender a ese pueblo humilde y trabajador que quiere vivir tranquilo". En declaraciones a El Confidencial aseguró no saber quién había podido ser, pero que la "vinculación política con el hecho es evidente".

Días después, el 28 de febrero, Vox lanzó una campaña: "Ayudemos a nuestro concejal Sergi a recuperar su coche". En pocas horas, según publicaron en su página web, consiguieron el dinero necesario para que el concejal pudiera "adquirir un coche nuevo".

Los fondos recabados a través de esa petición eran donaciones finalistas, según el TCu. Esos donativos son los que se entregan con un destino o fin concretos, como, por ejemplo, la celebración de un evento puntual, la financiación de una causa judicial o un crowdfunding, como hizo Vox para el caso del coche del concejal.

Y los partidos en España tienen prohibido pedir o recibir ese tipo de donaciones. La ley lo impide porque podrían comprometer la autonomía y la independencia de las formaciones políticas. Se hace para "evitar la 'compra' de un partido", explica a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

"Es para evitar contraprestaciones concretas: 'Hago la donación para que hagas algo concreto'. Porque esto podría tener una deriva peligrosa con intereses encubiertos. Podría llegar a la captura del legislador: 'Yo te dono para que cuando llegues al poder hagas cosas concretas que me favorezcan'. La cuestión es más dudosa en los supuestos en los que el propio partido marca la finalidad, por ejemplo, en los casos de crowfunding, donde las pequeñas aportaciones tienen precisamente una finalidad. Sin embargo, la ley no diferencia, y prohíbe de forma tajante la donación finalista. Hay una suerte de principio de desconfianza", explica.

La resolución del Tribunal de Cuentas de este verano, obtenida tras una solicitud al amparo de la ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, muestra que el organismo de fiscalización investigó el caso de las donaciones para la compra del coche. El problema se produjo con los plazos. El TCu pudo comprobar que Vox había recibido donaciones con ese fin, al menos, hasta el 3 de marzo de 2020. 

El plazo para este tipo de sanciones administrativas es de cinco años. El Tribunal abrió el expediente sancionador el 27 de febrero de 2025, aún dentro del tiempo estipulado. Pero no notificó a Vox ese inicio hasta el 4 de marzo de 2025, ya fuera de plazo aunque por un solo día.

El Tribunal de Cuentas suele trabajar con cierta demora. A día de hoy, las últimas cuentas de los partidos políticos que ha fiscalizado son las del ejercicio de 2020. "El Tribunal actúa siempre con mucho retraso. Los informes tardan años en salir. Ya sea por razones de complejidad de su trabajo o por falta de medios", explica Olaizola. infoLibre ha preguntado al organismo por qué se produjo el retraso que llevó a la prescripción de la infracción, pero el Tribunal de Cuentas no ha respondido.

A pesar de que debido a ese retraso el TCu no pudo entrar a resolver y sancionar el caso, el organismo deja claro en su resolución que Vox recibió y aceptó "varias donaciones finalistas" para la compra de un nuevo coche, "cometiendo presuntamente varias infracciones muy graves". El Tribunal, además, las califica como "continuadas".

La situación no es distinta de la que terminó con una sanción a Vox ese mismo mes de julio, que versaba sobre una campaña similar en la que el partido había recopilado donaciones para personarse contra el entonces ministro José Luis Ábalos en el caso de la entrada en el aeropuerto de Madrid-Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

De hecho, Vox ya había sido penalizado por casos similares. En total, la formación suma 1,15 millones de euros en multas del Tribunal de Cuentas por cuatro infracciones distintas, más de lo que se ha impuesto nunca a ningún otro partido político.

Vox ha recurrido ante el Tribunal Supremo todas las sanciones. Al igual que hizo en el caso de julio ante el Tribunal de Cuentas, Vox se justifica en que, bajo su parecer, las únicas donaciones finalistas prohibidas son aquellas en las que el donante "fija unilateralmente la finalidad". Es decir, según Vox, si los partidos son quienes indican la finalidad de las donaciones, estas no serían ilegales. Pero el TCu ha resuelto ya en múltiples ocasiones que esto no es así. 

"El legislador ha prohibido, por un lado, que los donantes impongan condiciones a los partidos políticos para recibir donaciones y, por otro, que las formaciones políticas reciban o acepten donaciones finalistas, independientemente de quién fije la finalidad", asegura el Tribunal de Cuentas en su resolución de julio. A pesar de ello, Vox se ahorró esa quinta sanción gracias a la prescripción del caso por la tardanza del organismo fiscalizador.

Vox ha financiado sus últimas campañas electorales gracias a préstamos del MBH Bank, una entidad financiera húngara. Tal y como ha demostrado la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, una quinta parte del banco es propiedad del Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán. La ley de financiación de partidos no es del todo clara al respecto de recibir préstamos de bancos públicos extranjeros y Vox, al menos por ahora, no ha sido sancionado por ello. 

Pero el partido de Santiago Abascal lleva años incumpliendo la ley de financiación de partidos por otros motivos. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha sancionado a Vox por ese tipo de infracciones en cuatro ocasiones. En concreto, por recibir donaciones prohibidas por la legislación española. Las multas del organismo al partido suman ya 1,15 millones de euros, más de lo que se ha impuesto nunca a ninguna otra formación. 

Esta investigación revela ahora las resoluciones de las tres primeras sanciones, una información obtenida tras realizar una solicitud de acceso, al amparo de la ley de transparencia, ante el Tribunal de Cuentas. Es la primera vez que se publican los dictámenes al completo, ya que el Tribunal no lo hace por sí mismo.

Vox acumula ejercicios incumpliendo la ley de financiación de partidos (LOFPP) al recabar donaciones. La mayoría de ellas por ser donaciones finalistas, algo que prohíbe la ley española. Las donaciones finalistas son las que se entregan con un destino o fin concretos, como, por ejemplo, una campaña específica, un crowdfunding para un caso judicial, la reforma de una sede o un evento puntual.

Ese tipo de donativos son los que no pueden solicitar ni recibir las formaciones políticas. No están permitidos porque podrían comprometer la autonomía y la independencia de los partidos. Una donación finalista puede convertir al donante en alguien que acabe marcando la agenda del partido al imponer cómo se tienen que destinar los recursos que está entregando. Por ello, ese tipo de donaciones pueden acabar suponiendo una forma de comprar al poder político.

A pesar de las prohibiciones, Vox ha recibido donaciones finalistas, tal y como ha resuelto el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, para querellarse contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra o para apoyar a Borja, un joven que peleó con unos ladrones que habían robado a una mujer. Debido a los golpes, uno de los atracadores cayó al suelo y acabó falleciendo. Borja fue condenado por homicidio imprudente.

Esta forma de actuar ha provocado que, en lo referido a las donaciones recibidas por Vox entre 2018 y 2020 —el organismo revisa las cuentas de los partidos pero con cierto retraso en cuanto a los ejercicios—, el Tribunal de Cuentas haya penalizado hasta en cuatro ocasiones al partido. 

Solo Vox y Nueva Canarias han llegado a recibir cuatro sanciones del organismo. Aún así, el partido de Abascal es el que ha recibido el mayor correctivo monetario: en total, 1.145.821 euros. Una de las sanciones, de 862.497 euros, es la más elevada que ha puesto el Tribunal de Cuentas sobre contabilidad ordinaria en toda su historia.

Las resoluciones obtenidas por infoLibre muestran cómo el Tribunal de Cuentas considera que la ley "prohíbe claramente tanto la recepción como la aceptación de donaciones finalistas, entendiendo por las mismas toda aquella aportación económica o en especie que sea realizada con la voluntad expresa del donante de destinarla a una finalidad concreta". El organismo, además, resuelve que Vox ha incumplido ese precepto.

Las dos primeras sanciones, acordadas ambas en una misma resolución de julio de 2024, se produjeron por los mencionados casos de Torra y Borja. Vox se defendió argumentando que la ley electoral permite a los partidos recibir donaciones para financiar campañas electorales y que, por tanto, ese caso sería similar y se podrían realizar ese tipo de donaciones con un fin concreto. El Tribunal de Cuentas resolvió dictaminando que mientras la ley electoral permite ese tipo de donaciones finalistas para el caso concreto de las campañas, la ley de financiación de partidos prohíbe que las formaciones políticas acepten otro tipo de donaciones finalistas y que, por tanto, Vox había incumplido la legislación.

El organismo también destacaba en su resolución que Vox hacía marcar a sus donantes una casilla al realizar las donaciones aceptando que estas se hacían supuestamente con arreglo a la ley y que la finalidad de las mismas "era la realización de las actividades propias de Vox", pero que, a pesar de ello, las campañas se hicieron "para recaudar fondos con una finalidad concreta y específica" y que se registraron "de forma diferenciada del resto de donaciones, habiéndose destinado al pago de las respectivas" actividades indicadas por el partido previamente. Vox recibió 31.665 euros para la querella contra Torra y 120.483 para apoyar a Borja.

El segundo dictamen contra Vox, del 28 de abril de este año, es el relativo a la tercera sanción que el organismo ha impuesto al partido (la multa más elevada, de 862.497 euros) y tiene una motivación algo distinta: se debe a la recepción de donaciones no identificadas —en las que no hay un registro de quién es el donante—, a pesar de que la ley española prohíbe las donaciones anónimas. 

El Tribunal de Cuentas consideró que Vox recibía ese dinero no identificado a través de sus mesas informativas instaladas a lo largo de toda España y que luego lo ingresaba directamente y de forma conjunta a través de cajeros en sus cuentas corrientes, impidiendo así certificar quién había realizado cada donación y cuál era el monto de cada una —la ley prohíbe también que una misma persona entregue más de 50.000 euros a una misma formación en un año—.

Según certifica el organismo, Vox registraba esas donaciones como "ingresos por actividades de huchas de mesas informativas". El Tribunal de Cuentas resolvió que no se había podido verificar "la naturaleza de los registros contables en concepto de ingresos por actividades promocionales" y, por tanto, "se deduce la existencia de cajas no registradas en contabilidad correspondientes a las entradas de efectivo que se producen en las denominadas mesas informativas de la formación".

El Tribunal de Cuentas explora también en su resolución que no hay constancia de que esas entradas de dinero en efectivo se debieran a la venta de productos promocionales, ya que en las cuentas del partido existen otros registros para ese tipo de ingresos. Y, además, concluye que Vox "no dispone de procedimientos que regulen las ventas de productos promocionales, por lo que existe una limitación al alcance ya que no se puede verificar la realidad de los registros contables por estos conceptos".

El Tribunal también certifica que el dinero en efectivo que iba a las huchas de las mesas informativas y acababa en las cuentas de Vox venía de las personas que lo entregaban de forma voluntaria e independientemente de si a cambio recibían algún producto de merchandising del partido o no —algo que en ocasiones se podía hacer y en otras no, según reconoce la propia formación en sus alegaciones—. Por tanto, el TCu entiende que esos ingresos son simplemente donaciones. En total, Vox ingresó 434.596 euros entre 2018 y 2020 por esas huchas, según el organismo.

El Tribunal de Cuentas concluye su argumentación basándose también en las cuentas electorales de Vox. El partido ultra no indicó ingresos por la venta de productos promocionales en mesas informativas en ninguna campaña electoral, a pesar de que en sus alegaciones argumentó que realizaba esas ventas. Aun así, siguió ingresando ese dinero en efectivo en las huchas y, por tanto, el Tribunal de Cuentas entiende que "se puede sostener que todo el dinero en efectivo recibido por las mesas informativas eran donaciones".

La resolución del TCu también recoge que Vox continuó con ese mismo tipo de donaciones anónimas al menos durante los ejercicios de 2021 y 2022 —por las que ingresó unos 600.000 euros entre ambos años—. Esos ejercicios aún no han sido fiscalizados por el organismo, pero el precedente de la reciente resolución para años anteriores podría hacer que Vox vuelva a ser sancionado en un futuro no muy lejano por el mismo motivo.

A pesar de estos correctivos, el partido de ultraderecha ha seguido recibiendo donaciones irregulares. Hace solo unas semanas, el 28 de julio, el organismo impuso una cuarta sanción a Vox. De nuevo, según anunció el TCu, por recibir donaciones finalistas. La multa asciende a 50.000 euros y versa aún sobre el ejercicio de 2020, pero la resolución no es pública y, por tanto, no se puede conocer el incumplimiento y la argumentación del organismo de forma detallada.

En cualquier caso, Vox ha recurrido las distintas sanciones ante el Tribunal Supremo. Ahora la justicia deberá pronunciarse y confirmarlas o anularlas. El partido se defiende asegurando que la ley "prohíbe la donación finalista cuando es el donante quien establece la finalidad y no cuando la establece el donatario ya que afectaría a su autonomía que terceras personas decidieran a qué destinar las donaciones". 

Pero el Tribunal de Cuentas considera que la definición de donación finalista viene indicada por la ley de financiación de partidos como "las entregas monetarias o patrimoniales llevadas a cabo por una persona física o jurídica para financiar una actividad o un proyecto concreto", independientemente de quién defina y concrete la finalidad, y que esa concepción no ha variado en ningún momento.

La formación de Santiago Abascal también argumenta que no se enriqueció con las recaudaciones, ya que iban mayormente destinadas a otros fines, como entregar el dinero para la fianza de Borja o poder financiar la querella contra Torra. En el caso de Borja el partido va aún más allá y defiende la inexistencia del hecho sancionable y que fue un mero intermediario: "Vox no fue el donatario ni destinatario ya que no obtuvo enriquecimiento patrimonial ninguno que fuese correlativo al empobrecimiento de los miles de donantes. Solo hubo una donación: de los donantes a Borja".

Este segundo argumento también es el defendido en los votos particulares de algunos consejeros del organismo en las resoluciones contra Vox. Aún así, la posición mayoritaria del Tribunal de Cuentas es que Vox sí se enriqueció al recibir las donaciones y añadirlas a sus fondos, aunque después también pagara las fianzas. De hecho, el organismo concluye, que tal y como argumentaba el partido en sus alegaciones, este se podría haber quedado el dinero para otros fines y no haber abonado esos gastos; ya que la formación política no está obligada a cumplir con unas donaciones finalistas que, en realidad, están prohibidas.

Todas las sanciones del Tribunal de Cuentas a Vox se han dado tras la revisión de sus cuentas anuales. Por ahora, hasta el año 2020. Está por ver qué pasa con los siguientes ejercicios. Además, este organismo no solo revisa la contabilidad ordinaria de los partidos. También se encarga de fiscalizar la contabilidad de las campañas electorales. La infracción de Vox es de tal gravedad que la sanción de 862.497 euros también es más alta que cualquier otra impuesta por el Tribunal respecto a contabilidad electoral. La más cuantiosa sobre infracciones en campañas se puso respecto de las municipales de 2023 y era de 377.591,68 euros, menos de la mitad que la aplicada a Vox.

La financiación de Vox ha sido oscura desde sus inicios. El partido se fundó gracias a un millón de euros del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, tal y como reveló en su día El País. Esas donaciones llegaron gracias a los vínculos de uno de sus fundadores, Alejo Vidal-Quadras, con la oposición iraní en el exilio. En 2023 Vidal-Quadras sufrió un intento de asesinato en Madrid en plena calle. Él mismo vinculó el suceso al Gobierno de Irán, aunque hasta el momento la relación no se ha podido demostrar.

Los fondos iraníes fueron recibidos en 2013, cuando la actividad del partido de la extrema derecha española apenas arrancaba. Más de una década después, Vox se sigue financiando de forma oscura y con injerencias extranjeras, tal y como muestra la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), desarrollada por infoLibre y Follow the Money.

Vox ha recibido dos préstamos millonarios del banco húngaro MBH Bank para financiar sus últimas grandes campañas electorales: la de las elecciones generales de 2023 —con Santiago Abascal como candidato— y la de las elecciones europeas de 2024 —con Jorge Buxadé como cabeza de lista—. No es una excepción. Tal y como revela esta investigación, el banco húngaro, que pertenece en parte al Gobierno de Viktor Orbán y por tanto, es semipúblico, está siendo utilizado para financiar a la extrema derecha en toda Europa.

La gran pregunta tras el asunto de los préstamos es: ¿por qué Vox necesita acudir a un banco húngaro para financiar sus campañas? Según su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, porque "los bancos españoles no quieren negociar un crédito con la tercera fuerza" del país.

Millán hizo esta afirmación en septiembre de 2024, cuando la prensa ya había revelado el primer crédito que Vox recibió del MBH Bank. Hasta entonces el hecho había permanecido oculto, ya que la formación de ultraderecha no había detallado ese préstamo en las cuentas e información económica que publicaba en su página web, incumpliendo así la ley de financiación de partidos, que obliga a hacer públicos esos datos.

Además, la razón que esgrime el partido resulta llamativa porque Vox sí ha tenido préstamos de bancos españoles. Las elecciones municipales de 2023 se celebraron solo dos meses antes de las generales de ese mismo año y Vox financió esa campaña con un crédito del Banco Santander y otro del BBVA, los dos bancos más grandes del país. Para las generales, en cambio, según ellos, necesitaron acudir al banco húngaro porque las entidades financieras españolas no querían darles crédito.

Aún así, la cantidad aportada por el MBH Bank, 6,5 millones de euros en un préstamo para aquellas generales, es muy superior a la que recibieron de los bancos españoles. Para las municipales el BBVA prestó 1,83 millones de euros a Vox y el Santander, 795.110 euros. En cualquier caso, esa nueva estrategia de Vox para financiar sus campañas, que arrancó en las generales y continuó en las europeas, consistente en pedir a un banco un único préstamo de una cantidad elevada de dinero, es distinta a la que siguen el resto de partidos políticos españoles.

Formaciones como Sumar, Podemos o EH Bildu no recurren a créditos bancarios. Los grandes partidos, PSOE y PP, por su parte, acostumbran a solicitar varios préstamos a distintas entidades para financiar sus campañas. Estos, además, son por montos inferiores a los préstamos húngaros de Vox. De hecho, el préstamo del MBH Bank al partido de Santiago Abascal es el crédito electoral de mayor cantidad para un partido político español en el año en que se concedió.

También es el único préstamo otorgado por una entidad financiera extranjera. Y no solo eso: es el que tiene un interés más alto. Los créditos más cuantiosos que recibieron el PP y el PSOE fueron de 4 y 3,5 millones de euros, respectivamente. Ambos procedentes del Banco Sabadell. En el caso del PSOE, el tipo de interés de sus préstamos varió entre el 5,25% y el 6,69%. Muy lejos del 11% que Vox pagó al MBH Bank.

El siguiente tipo de interés más alto es el que pagó Junts por un préstamo de 450.000 euros, también del Banco Sabadell: 7,79%. En el caso del PP, no se puede saber el coste que le supusieron los créditos, ya que para el ejercicio de 2023, como explicó infoLibre, los populares incumplieron la ley de financiación de partidos ocultando las condiciones de sus préstamos electorales.

El caso de Vox contrasta también con el de Marine Le Pen. La líder de la Agrupación Nacional francesa recibió un préstamo del MKB Bank, una de las tres entidades financieras que se fusionaron en 2023 para dar lugar al semipúblico MBH Bank —el MKB Bank fue completamente público en determinados momentos y también estuvo ligado a grupos empresariales de Lőrinc Mészáros, oligarca húngaro y amigo de la infancia de Orbán—. En el caso de Le Pen, el crédito fue para las elecciones presidenciales de 2022. Le prestaron 10,49 millones de euros con un tipo de interés anual del 6,7%, una coste bastante más bajo que el asumido por Vox.

Los intereses pagados por Vox se vieron afectados por el tipo de interés básico que aplicaba el MBH Bank en 2023, año en el que escaló por encima del 10% durante casi todo el ejercicio. En la primavera de 2024, cuando se concede el segundo crédito, el tipo de interés básico del banco húngaro rondaba el 7%. Aun así, Vox volvió a contratar el préstamo con un tipo del 11%. De todos modos, los tipos del MBH se suelen aplicar para préstamos en florines húngaros —la moneda del país—. Los créditos a Vox se realizaron en euros. Por lo que no es tan extraño que los intereses fueran más altos, a pesar de que se situaran tan por encima de los que estaban cobrando los bancos españoles en esos momentos.

Lo cierto es que a pesar de los motivos esgrimidos por Millán, los préstamos a Vox se otorgaron tras el acercamiento de Vox al primer ministro húngaro Viktor Orbán, al que el presidente del partido, Santiago Abascal, califica ya de "amigo". El primer crédito, para financiar la campaña del partido a las generales, se concedió el 22 de junio de 2023, solo veinte días después de que Abascal y Orbán se reunieran en Budapest.

El segundo se aprobó en 2024 para financiar la campaña de las europeas. Tras esas elecciones, Vox abandonó el grupo parlamentario de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderado por Giorgia Meloni, para pasarse a Patriotas por Europa (Patriots), el grupo que capitanea el Fidesz de Orbán. La Agrupación Nacional de Marine Le Pen también forma parte de ese grupo.

En el caso del préstamo de 2024, el importe fue de siete millones de euros y el tipo de interés, de nuevo, del 11%, según recoge la formación en sus cuentas anuales del ejercicio. Otra vez el tipo de interés pagado por Vox era mucho más alto que los del resto de partidos españoles. Y, otra vez, el préstamo era de mucho mayor importe que los del resto.

Todos los bancos que prestan dinero a los partidos políticos para campañas electorales están obligados a informar sobre esos créditos al Tribunal de Cuentas. El MBH Bank no lo hizo en ninguna de las dos ocasiones que dio crédito a Vox, incumpliendo así la ley electoral. Aún así, infoLibre solicitó, al amparo de la ley de transparencia, una copia de la información que los bancos habían mandado sobre los préstamos electorales al Tribunal de Cuentas y la misma información que habían remitido los partidos para poder compararla. 

De hecho, en el caso de Vox, aunque el MBH Bank no hubiera mandado información, el partido debería haberlo hecho. El Tribunal de Cuentas ha inadmitido a trámite la solicitud de este medio al considerar que la ley de transparencia no le obliga a entregar ese tipo de información y, por tanto, la mantiene oculta. 

La información sobre los préstamos es fundamental para que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar que se otorgan con arreglo a la ley. De hecho, Vox podría llegar a ser sancionado por su contabilidad electoral. La ley española no es del todo clara pero los préstamos del MBH Bank podrían no ajustarse a derecho. El Tribunal de Cuentas no ha llegado a estudiarlos porque considera que "no ha sido posible acreditar" si el MBH Bank "se encuentra participado o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras". A pesar de esa afirmación, la primera parte de esta investigación demuestra que una quinta parte del banco pertenece de forma directa al Gobierno húngaro.

Aún así, la ley española da espacio a distintas interpretaciones. Los expertos consultados por infoLibre y Follow The Money no concuerdan en si haber recibido esos créditos es motivo de infracción y, por tanto, sanción por parte de Vox. Mientras unos defienden que los préstamos electorales se pueden considerar financiación, otros argumentan que la ley no da espacio a esa interpretación. 

El asunto es crucial: en caso de que los préstamos efectivamente se consideraran financiación, Vox estaría incumpliendo la legislación, ya que la ley de financiación de partidos indica en su artículo 7.2 que las formaciones políticas "no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos".

"El tema es discutible porque la ley se refiere a 'ninguna forma de financiación', pero entiendo que se podría interpretar que los partidos sí pueden recibir préstamos de bancos extranjeros porque la ley en general diferencia entre donaciones y préstamos. Creo que el artículo 7.2 está pensando en donaciones [no en préstamos], para impedir la posible captura del Estado español por un Estado extranjero", explica Inés Olaizola, Catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

"La ley diferencia entre aportaciones (donaciones) y préstamos. Esto lo hace cuando se refiere a los nacionales y así, por ejemplo están prohibidas las donaciones de personas jurídicas pero no los préstamos de entidades bancarias; por esto se podrían plantear dudas. Aunque, como respecto a los Gobiernos y organismos extranjeros es verdad que se refiere a 'ninguna forma de financiación', cabría defender que tampoco son posibles préstamos en tanto en cuanto es una forma de financiación", detalla Olaizola.

Óscar Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, defiende claramente esta segunda interpretación: "Está claro que un préstamo es una 'forma de financiación'. El apartado 2 del artículo 7 no se refiere sólo a donaciones y si se demuestra la vinculación de MBH Bank con el Gobierno húngaro, creo que estaríamos ante una infracción muy grave por parte de Vox". Aunque el experto reconoce que uno de los problemas de la ley española es que no refleja claramente cuál podría ser la sanción en un caso así.

"Es importante que no haya financiación por parte de bancos vinculados a Gobiernos extranjeros para evitar la influencia de estos en nuestras elecciones. El caso húngaro es paradigmático, pues se trata de un Gobierno alineado con Putin y es evidente el interés que tiene Putin en desestabilizar las democracias europeas alentando los extremismos (de todo tipo) y exacerbando las divisiones internas preexistentes", recalca Sánchez.

A pesar de todo ello, a día de hoy el Tribunal de Cuentas no ha llegado a profundizar en el caso de los préstamos de Vox. Además, la Fiscalía Anticorrupción ha archivado una investigación que abrió al partido de Abascal por financiación irregular en la que se abordaban, entre otros asuntos, estos préstamos. "La actuación de la Fiscalía se refiere a la vía penal. Efectivamente, si el Código Penal solo habla de donaciones, los préstamos no estarían incluidos en el tipo delictivo, pero sigue habiendo una infracción de la ley que podrá sancionarse por el Tribunal de Cuentas", detalla Sánchez.

El 2 de junio de 2023 el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el primer ministro húngaro y presidente del Fidesz, Viktor Orbán, se reunían en Budapest. Abascal definía a Orbán como "amigo" y los dos mandatarios ultras se comprometían a trabajar para dar un giro hacia la derecha en Europa. No han trascendido muchos más detalles de la reunión, pero es posible que no hablaran solo de eso.

Solo veinte días después de ese encuentro, el Magyar Bankholding Bank (MBH Bank Nyrt), una entidad financiera húngara, otorgaba un primer préstamo a la formación de Abascal: 6,5 millones de euros para sufragar su campaña para las elecciones generales de 2023. 

Pero Vox no es el único partido al que este banco húngaro ha prestado dinero. Tal y como muestra la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), llevada a cabo por infoLibre y Follow the Money, el MBH Bank está siendo utilizado para financiar a la extrema derecha a lo largo y ancho de Europa. No se trata de una entidad financiera cualquiera. Este banco está participado por el Gobierno húngaro de Orbán y entre sus clientes se encuentra lo más granado de la extrema derecha del continente. 

Aunque la creación del banco data solo de 2023, ha financiado ya dos campañas electorales de Vox con préstamos: la de las últimas elecciones generales y la de las últimas europeas. El banco surgió a partir de la fusión de tres entidades financieras. Una de ellas, el MKB Bank, ya había prestado dinero para la campaña de Marine Le Pen para las presidenciales francesas de 2022. El propio partido de Orbán, el Fidesz-Unión Cívica Húngara, también tenía sus cuentas en dicha entidad.

Pero las relaciones con los ultras no se limitan solo a los partidos políticos. El MBH Bank cuenta entre sus clientes con el canal austríaco de televisión AUF1 o el Mathias Corvinus Collegium (MCC), otros dos actores de la extrema derecha europea. 

AUF1, fundado por Stefan Magnet en 2021, es un canal que se ha caracterizado por difundir teorías de la conspiración, amplificar los discursos ultras y apoyar al partido de extrema derecha austríaco: el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ, por sus siglas en alemán). 

Magnet fue dirigente de la Bund freier Jugend, una organización juvenil neonazi de Austria, aunque también militó en las juventudes del FPÖ. En los programas de su canal ha participado, por ejemplo, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch. AUF1 se ha dedicado a pedir donativos a sus espectadores y las cuentas en las que solicitaban los ingresos correspondían al MBH Bank.

Algo similar sucede con el Mathias Corvinus Collegium, una supuesta institución educativa que recibe su financiación directamente del Estado húngaro. En 2022, el MCC abrió un think tank en Bruselas para difundir y promover el mensaje conservador y nacionalista de Orbán a nivel europeo. Al igual que AUF1, el MCC pide donativos a una cuenta que tiene abierta en el MBH Bank.

La financiación del banco a la extrema derecha europea está estrechamente ligada al Gobierno húngaro. El Ejecutivo de Orbán posee un 20,01% del banco y tiene el 21,51% de derechos de voto dentro del mismo. Esos porcentajes se canalizan a través de Corvinus. 

Corvinus International Investment Private Limited Company es un fondo propiedad del Ministerio de Economía húngaro, cuyo objetivo es "garantizar la presencia de la propiedad estatal en sectores económicos de importancia estratégica". Corvinus BHG, una filial del fondo, es quien posee ese 20,01% del MBH Bank, convirtiendo así al Estado húngaro en el segundo mayor accionista, según los propios datos del banco a cierre de 2024.

El MBH Bank es el segundo banco más grande Hungría. Según sus informes anuales, cuenta con unos 30.000 millones de euros en activos, 500 sucursales, dos millones de clientes y aproximadamente 10.000 empleados. El otro gran accionista del banco es Zenith Asset Management Zrt. Esta empresa, que se dedica a gestionar activos e inversiones, tiene un 24,84% de la propiedad del banco. Es privada y pertenece a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. (MATAK), un holding de inversiones. Zenith, MATAK y el MBH tienen la misma dirección como sede central, según el registro mercantil húngaro.

Entre Zenith y Corvinus pueden controlar el banco de facto, al sumar el 48,22% de derechos de voto dentro del mismo. Además, un 7% de las acciones pertenecen al propio banco y un 13,65% corresponden a libre circulación. Estas segundas están mayormente en manos de accionistas minoritarios que las compran en bolsa. A esas acciones de libre circulación les corresponde el 14,68% de los votos. Por tanto, el control de Zenith y Corvinus sobre la entidad financiera es aún más claro.

El holding MATAK, dueño de Zenith, está vinculado a capital privado ligado a un empresario y amigo de la infancia de Orbán, Lőrinc Mészáros, que lleva años beneficiándose de licitaciones públicas del Gobierno de Orbán. El oligarca es la persona más rica de Hungría. Además, fue alcalde de Felcsút entre 2011 y 2018, tras ganar las elecciones como candidato del Fidesz. Este municipio de Hungría es el pueblo de la infancia de Mészáros y Orbán.

La composición del accionariado del MBH Bank ha ido cambiando desde su constitución en 2023. Al cierre de ese ejercicio, Corvinus tenía un 30,35% de las acciones del banco. Por tanto, cuando la entidad otorgó el primer préstamo a Vox, la parte pública de la misma perteneciente al Gobierno húngaro era aún mayor. En ese entonces, MATAK poseía un 37,69% a través de dos holdings distintos. Así, entre el Gobierno de Orbán y los fondos de Mészáros controlaban más de dos tercios de la entidad financiera.

En Hungría, como en gran parte de Europa, el 25% es la cifra clave para identificar al propietario real de una empresa. Si una persona física posee o controla al menos ese porcentaje, directa o indirectamente, se la considera beneficiario último y se activan obligaciones extra de transparencia, auditoría y control; también en el caso de los bancos. Por ello, es probable que los accionistas del MBH Bank hayan ido modificando el accionariado para que todos posean menos del 25%. 

"En el caso de los accionistas vinculados al Estado, lo más probable es que redujeran su participación para adaptarse a las exigencias del mercado y simplificar la rendición de cuentas que se le exige al banco", explica un experto húngaro en finanzas sobre el MBH Bank. El experto estuvo vinculado a uno de los bancos que dio origen al MBH Bank y prefiere no ser identificado.

La financiación por parte del banco húngaro se da en un nuevo contexto de alianzas de la ultraderecha. Tras las elecciones europeas de junio de 2024, el Fidesz de Orbán impulsó un nuevo partido político europeo. El nuevo grupo, Patriotas por Europa (Patriots), está formado por el Fidesz y por otros partidos de extrema derecha como la Lega (Liga) italiana de Matteo Salvini, el Vlaams Belang (Interés Flamenco) belga o la Chega (Basta) portuguesa.

Patriots se ha caracterizado por estar aún más alineado a la extrema derecha que el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de Giorgia Meloni y por una mayor cercanía a la Rusia de Vladimir Putin. Vox en la anterior legislatura europea formaba parte de ECR, pero después de las últimas elecciones europeas —que financió gracias a un segundo préstamo del MBH Bank— se pasó al nuevo grupo de los Patriots. No solo eso. Santiago Abascal fue elegido presidente de la formación a nivel europeo.

Pero Vox no es el único partido que forma parte de Patriots y ha recibido dinero del banco húngaro. Le Pen se benefició de un préstamo de más de 10 millones de euros para su campaña presidencial en 2022 y su partido, la Agrupación Nacional, también comparte grupo europeo con el Fidesz y Vox. La extrema derecha austríaca del FPÖ es asimismo integrante de Patriots y, aunque no ha recibido préstamos como Abascal y Le Pen, su canal de televisión de referencia está entre los clientes del banco.

La financiación a partidos extranjeros por parte del MBH Bank resulta aún más llamativa al tener en cuenta que la ley de Hungría no permite a los partidos políticos del país financiarse a través de fondos extranjeros. Tampoco recibir préstamos de bancos de otros países. De hecho, la ley de protección de la soberanía —contra la que la Comisión Europea interpuso un recurso de incumplimiento ante el TJUE por considerar que infringe el Derecho de la Unión—, recoge penas de hasta tres años de prisión por financiación extranjero de partidos y campañas electorales.

En España la regulación en materia de financiación extranjera para los partidos políticos no es tan clara. Vox se ha valido de ese hecho para recibir los préstamos del MBH Bank. El primero, de 6,5 millones de euros, sirvió para sufragar la campaña electoral de las elecciones generales de 2023. El segundo, de 7 millones, sirvió para hacer lo propio con las elecciones europeas de 2024.

Aún así, el Tribunal de Cuentas español no ha llegado a considerar en profundidad el caso. Los bancos que prestan dinero a los partidos políticos para campañas electorales están obligados a enviar determinada información sobre esos préstamos al Tribunal de Cuentas. El MBH Bank no lo hizo ninguna de las dos ocasiones con respecto a Vox, incumpliendo así la ley electoral.

Debido a esos incumplimientos, el Tribunal de Cuentas considera que "no ha sido posible acreditar si la entidad financiera se encuentra participada o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras" y, por ello, no entra a valorar el caso ni si puede constituir una infracción de la ley por parte de Vox haber recibido esos préstamos. La investigación Money to the far-right revela ahora que de forma efectiva una quinta parte del banco pertenece directamente a Corvinus, un fondo que es propiedad al 100% del Gobierno húngaro.

Podemos ha logrado reunir hasta este martes más de un millón de euros a través de microcréditos, pequeños préstamos de ciudadanos con los que la formación morada pretende financiar los gastos de la campaña electoral para las generales del 28 de abril, según informa Europa Press.

La formación morada arrancó el miércoles 6 de marzo este proceso para financiar la campaña, un sistema al que ya han recurrido para costear los gastos en anteriores comicios en los que han participado. Para los de Iglesias, y según explican en su portal web, esta forma de captar fondos les permite ganar en independencia (al no depender de créditos de la banca), supone una apuesta por la innovación con la que logran ampliar la base de donantes, y son transparentes puesto que, aseguran, publican las cuentas en la web.

Desde la formación creen en esta forma de recaudación, y por este motivo presentaron la semana pasada una medida por la que quieren que se prohíba por ley que los partidos políticos puedan financiar sus campañas electorales con créditos de los bancos. La formación buscaría así extender su sistema de financiación, basado en el crowdfunding, al resto de partidos.

Según explican en el portal de Podemos, el sistema consiste en que las personas que lo deseen hacen una transferencia a la cuenta corriente del partido, y tras las elecciones, una vez que el partido reciba las subvención estatal que les corresponde por el número de votos, la formación se compromete a devolver el dinero que les hayan prestado.

Se subvenciona con 0,81 euros para cada voto obtenido por cada candidatura al Congreso, siempre que al menos uno de sus miembros obtenga escaño de diputado. En el caso del Senado, la subvención será de 0,32 euros por cada voto obtenido por cada candidato que obtenga escaño de senador.

Comicios anteriores 

La formación morada ya utilizó el sistema de microcréditos tanto en las elecciones generales de diciembre de 2015, como en las de junio de 2016. En las primeras, recaudaron un total de 2,8 millones de euros a través de 12.000 aportaciones de simpatizantes, y completaron la devolución de ese montante en noviembre de 2016. Para la repetición de las elecciones de junio de 2016 recaudaron menos de la mitad, un total de 1,2 millones de euros, y esa cantidad fue devuelta a principios de 2017, una vez que recibieron la subvención electoral.

El sistema usado por Podemos, y que otras formaciones como Vox también utilizan, fue objeto de estudio en la comisión creada en el Senado para investigar la financiación de los partidos políticos. En este órgano parlamentario, impulsado por el PP, compareció el responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, Daniel de Frutos, y ya entonces, el portavoz de los populares (Luis Aznar) calificó los microcréditos de fórmula de financiación ilegal.

El Tribunal de Cuentas, que audita las campañas de los partidos políticos, señaló tanto en 2016 como en 2017 que era necesaria una mayor regulación legal de las nuevas fórmulas de financiación a través de operaciones de endeudamiento por concesión de microcréditos, el sistema que utiliza Podemos para financiar sus campañas electorales.

La formación ultraderechista Vox es desde octubre inquilina de Coravest SL, una empresa inmobiliaria directamente vinculada a su vicepresidente primero, Víctor González Coello de Portugal, y que había escriturado la compra del local objeto de arrendamiento menos de un mes antes: exactamente, el 27 de septiembre. El nombre del vicepresidente primero de Vox saltó a la palestra en diciembre cuando El País desveló que el Tribunal Supremo había confirmado su inhabilitación para administrar sociedades durante tres años por "irregularidades contables" en una de sus compañías, Marmolería Leonesa.

En octubre, el partido de Santiago Abascal ya difundió que por la nueva sede, de 387 metros cuadrados según la información registral obtenida por este periódico y situada en el distrito de Chamberí, uno de los más caros de Madrid, solo pagaría al principio "3.500 euros mensuales más IVA": es decir, 9,8 euros por metro cuadrado. Fuentes del portal inmobiliario idealista.com consultadas este miércoles cifraron en 17,6 euros por metro cuadrado el precio medio de las oficinas de alquiler en el conjunto de la capital a diciembre de 2018. 

Fue en una noticia publicada el 3 de octubre por elconfidencial.com donde el gerente de Vox, Enrique Cabanas, anunció que el partido había "pactado con el propietario pagar menos al principio" porque el inmueble destinado a convertirse en su nueva sede necesitaba "una reforma en profundidad muy costosa". Pero que el precio se iría incrementando a razón de 500 euros mensuales cada año hasta llegar a los 6.500 euros más IVA. 

Para llegar a ese techo de 6.500 euros (16,7 euros el metro cuadrado) deben transcurrir seis años completos desde la firma del contrato de alquiler. La noticia de elconfidencial atribuía al local 450 metros cuadrados. La nota registral la reduce en cambio a 387,49 metros: 258,19 metros cuadrados de superficie más una entreplanta de 129,3 metros cuadrados. El nuevo espacio corporativo de Vox se localiza en la céntrica calle de Nicasio Gallego, a escasa distancia de puntos centrales del mapa madrileño como son la calle Génova o la Glorieta de Bilbao. A 50 metros se levanta la Fiscalía Anticorrupción.

¿Compró Coravest el local de Nicasio Gallego con el fin de alquilárselo a Vox, que de inmediato anunció que asumiría el coste de la reforma, o su arrendamiento al partido donde uno de sus dos apoderados ocupa el segundo puesto del organigrama partidario fue fruto de una mera concatenación de casualidades? ¿Resulta más ventajosa la operación para Vox o para Coravest? De momento, los interrogantes permanecen abiertos en un momento en que arrecian las dudas sobre la financiación de Vox tras las noticias sobre las donaciones recibidas de un grupo iraní.

Constituida en octubre de 2016 con 3.000 euros de capital, a nombre de Coravest SL, cuyo objeto social consiste en la venta y alquiler de inmuebles, no aparece ninguna línea telefónica en las guías y servicios de información de acceso público. Sus cuentas de 2017, que son las últimas disponibles, reflejan nula actividad: ni un euro de cifra de negocio y ni un empleado. La empresa acometió en 2018 una ampliación de capital por 160.000 euros de la que el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) dio cuenta el pasado 12 de diciembre.

El caso de la nueva sede no es el único de Vox donde lo privado y lo institucional confluyen en una frontera brumosa. Como publicó infoLibre en octubre, la web del partido pertenecía desde su creación a una promotora de viviendas de lujo que tiene como "socio director" a otra figura clave del partido, Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales.

Entonces, Espinosa aseguró a este periódico lo siguiente: "La elección del nombre llegó antes que la constitución del partido, así que cuando reservé el dominio aún no se podía poner a nombre de un partido que todavía no existía. El dominio se reservó por cinco años, plazo que se cumple en estas fechas". Este miércoles, 23 de enero de 2019, la web de Vox continuaba a nombre de su empresa. 

infoLibre contactó este miércoles con los portavoces de Vox y con la empresa que asesora en materia contable a Coravest SL, empresa propietaria de la nueva sede del partido de Abascal y donde, según el Registro Mercantil, González Coello de Portugal ocupa el cargo de apoderado solidario mancomunado.

Vox no respondió a ninguna de las preguntas formuladas, entre ellas la de cuánto ha costado finalmente la reforma de la futura sede, a la que el partido prepara ya su traslado. Tampoco Víctor González ni ningún portavoz de Coravest SL devolvió la llamada. Este periódico ignora si el vicepresidente primero de Vox es socio de Coravest SL, pregunta para la que tampoco hubo respuesta.

En sus primeros meses de vida, el partido de extrema derecha Vox recibió casi un millón de euros en donativos procedentes de simpatizantes del denominado Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), fondos con los que la formación política que entonces lideraba el expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras costeó tanto sus gastos habituales –desde los salarios de los trabajadores al alquiler de la sede– como los derivados de la campaña electoral del partido ultraderechista para los comicios al Parlamento Europeo del año 2014, según desveló este lunes El País. En concreto, solo entre diciembre de 2013 y abril de 2014 entraron en la cuenta de Vox más de un centenar de transferencias procedentes de un millar de militantes del CNRI, colectivo que tiene sus orígenes en una organización que tanto la Unión Europea como Estados Unidos incluyeron en su momento en la lista de grupos terroristas. Sin embargo, la utilización de recaudadores durante el proceso impide conocer la identidad de todos los donantes reales.

La primera aportación procedente de seguidores del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, una organización que se define en la actualidad como un “parlamento en el exilio” que busca el “establecimiento de una república democrática” en Teherán basada en la separación de religión y Estado, entró en las arcas de Vox el mismo día que se registró como partido político ante el Ministerio del Interior –el 17 de diciembre de 2013–. Desde entonces, y hasta abril de 2014, la formación ultraderechista recibió otras 140 transferencias más de personas vinculadas al grupo opositor iraní. Ninguna de ellas, siempre según la información publicada, rebasó el límite de 100.000 euros anuales que por aquél entonces fijaba la Ley de Financiación de Partidos Políticos. El donativo mínimo fue de 60 euros, mientras que el máximo ascendió a 35.560 euros. En total, las aportaciones de los militantes del CNRI reportaron a Vox durante sus primeros meses de vida 971.980 euros.

La ley establece que todas las donaciones privadas que reciban las formaciones políticas serán “nominativas”, teniendo que quedar constancia “de la fecha de imposición, importe de la misma y del nombre e identidad fiscal del donante”. En conversación con infoLibre, Vidal-Quadras asegura que las aportaciones recibidas están perfectamente identificadas: “Todas fueron con nombre, apellidos y origen”. Sin embargo, también explica que los fondos llegaron a través de recaudadores. “Por poner un ejemplo, si en el séptimo distrito de París hay 2.000 iraníes que quieren un cambio democrático, entonces uno de ellos hace un poco la recolecta. Uno, por ejemplo, da mil euros, otro cincuenta, otro veinte, y entonces este recolector es el que enviaba el dinero con su nombre”, detalla. Preguntado por si quedaban registradas de algún modo las identidades de todos los que daban su aportación a los recaudadores, responde: “No lo sé, no tengo ni idea, porque ni yo sé quiénes son”.

“Se utilizó para los gastos del partido”

La normativa de Financiación de Partidos Políticos también fija, en su artículo 4.2 e), que “las cantidades donadas” deberán abonarse en cuentas en entidades de crédito “abiertas exclusivamente para dicho fin”. En este sentido, el también exvicepresidente del Parlamento Europeo, que mantiene una estrecha relación con el CNRI desde su etapa en Bruselas como eurodiputado, asegura que todas las aportaciones privadas, “vinieran de donde vinieran”, eran ingresadas en “una cuenta para donaciones”, tal y como marca la ley. Preguntado por el uso que hicieron del casi millón de euros recibidos por parte de militantes de la oposición al régimen de Teherán, el expresidente de Vox responde: “Se utilizó para los gastos del partido. Cogimos una sede, hubo que amueblarla, se compraron ordenadores… Después, lo que quedó se utilizó para la campaña [de las elecciones a la Eurocámara]”.

En los comicios europeos, la candidatura encabezada por Vidal-Quadras –en la que Santiago Abascal, entonces secretario general provisional del partido, ocupaba puestos de cierre– se tuvo que conformar con el 1,56% de los sufragios. Tras el batacazo electoral, el que fuera peso pesado del PP catalán decidió abandonar el partido ultraderechista. Pero antes de hacerlo, confirma a este diario, entregó al partido un documento notarial con “todas las cuentas” de Vox. “Las entradas, las salidas, las facturas, todo eso lo entregué cuando me fui”, explica Vidal-Quadras, que asevera que “se llevaba la contabilidad con todo rigor” y reitera que “todo estaba perfecto”. El exvicepresidente de la Eurocámara también niega que el partido se haya puesto en contacto con él tras la publicación de las informaciones relativas a la financiación de origen iraní: “No, no he tenido ningún contacto con ellos”.

Vox insiste en que “no hay ilegalidad”

La financiación de Vox ha entrado de lleno en la agenda política española. Este lunes, la vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, calificó como “alarmantes” las informaciones sobre las donaciones de origen iraní recibidas por la formación de extrema derecha y ha pedido al Tribunal de Cuentas que intervenga y pida explicaciones. Mientras tanto, desde el partido que preside Santiago Abascal insisten en que “no hay ilegalidad” por su parte. “La financiación fue la que fue, de manera particular, a una persona que se presentó a las elecciones europeas –en referencia a Vidal-Quadras–. Está perfectamente documentado, presentado a los tribunales de cuentas”, ha señalado el portavoz del comité ejecutivo del partido, Ignacio Garriga, durante una entrevista en Espejo Público. Con estas palabras, el dirigente político insistía en la versión dada hace una semana por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.

El Tribunal de Cuentas, sin embargo, negó la mayor. Fuentes de la institución explicaron en su día a este diario que, según el artículo 133.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, sólo tienen obligación de presentar la contabilidad electoral ante el órgano las formaciones que hubieran alcanzado los requisitos establecidos para recibir subvenciones electorales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas. Con la normativa sobre la mesa, añadieron que en los comicios europeos de 2014 la formación “no obtuvo representación alguna y, por tanto, no estaba obligada a la presentación de la correspondiente contabilidad electoral para su fiscalización”. “No consta en el Registro del Tribunal de Cuentas entrada alguna que tuviera por remitente o asunto la formación Vox en el año 2014, en relación con las citadas elecciones”, sentenciaron las fuentes consultadas por infoLibre.

El partido liderado por Abascal tampoco presentó ante la institución auditora su contabilidad anual de 2014. De nuevo, no tenían obligación de hacerlo. La Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos establecía que sólo debían presentar sus cuentas anuales ante el órgano fiscalizador todas aquellas formaciones que “recibieran algún tipo de subvención pública” de las previstas en la citada norma –es decir, las que reciben los partidos en función de su representación parlamentaria–, explicaron desde el Tribunal de Cuentas.

Tras la entrada en vigor de la reforma del año 2015, dicha obligación de depositar su contabilidad se extendió a todas las formaciones inscritas en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. “Por consiguiente, (…) el primer ejercicio en el que la formación Vox ha presentado las cuentas anuales a esta institución ha sido el ejercicio de 2016”, aseveraron fuentes del Tribunal de Cuentas.

La opacidad de Vox impide conocer si el partido de extrema derecha se financió legalmente en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. El Tribunal de Cuentas desmintió haber fiscalizado y declarado “legales” las donaciones recibidas por Vox de seguidores del denominado Consejo Nacional de Resistencia Iraní (CNRI), con las que se habría pagado hasta el 80% de la campaña electoral. Y la formación presidida por Santiago Abascal también rechaza facilitar información a los medios de comunicación que se han interesado por aclarar el tema. Así lo indicó uno de los periodistas de El País que publicó informaciones sobre la financiación de Vox y el mismo resultado negativo han obtenido las peticiones de información planteadas por infoLibre. Entres otras cuestiones, este periódico trasladó a los responsables de Vox una pregunta sobre el periodo en el que recibió las aportaciones de los iraníes, un dato que es fundamental para dilucidar si Vox incurrió en una ilegalidad en aquellos comicios, en los que el expresidente del PP catalán Alejo Vidal-Quadras se presentó como cabeza de lista. Abascal era el secretario general del partido.

En las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, el partido recurrió para financiarse al conocido como micromecenazgo. Gracias a este mecanismo, consiguió ingresar alrededor de 800.000 euros a través de 146 donaciones procedentes de una quincena de países distintos –Alemania, Italia, Suiza, EEUU o Canadá, entre otros–, aportaciones que realizaron seguidores del CNRI, un colectivo heredero de una organización que en su momento fue incluida en varias listas de grupos terroristas. Aunque desde Vox dicen estar “absolutamente tranquilos”, el resto de formaciones han pedido que aclare las cuestiones surgidas en torno a estos donativos. Este martes, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha instado a Vox a resolver “todas las dudas”. Mientras tanto, el PP está estudiando llevar a la formación ultraderechista a la comisión de investigación sobre la financiación de partidos del Senado.

¿Son legales las donaciones de personas extranjeras?

La Ley de Financiación de Partidos Políticos, aunque prohíbe expresamente aceptar cualquier aportación procedente “de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras”, sí que permite a las formaciones, en su artículo 7.1, recibir “donaciones no finalistas" –es decir, que no tengan un fin concreto– de personas extranjeras. No obstante, tales aportaciones tienen que respetar ciertos límites, requisitos y condiciones. En la actualidad, las donaciones procedentes de un mismo individuo no pueden superar los 50.000 euros anuales, y todas aquellas superiores a 25.000 euros deberán ser notificadas obligatoriamente al Tribunal de Cuentas “en el plazo de tres meses desde su aceptación”; en 2014, esos límites cuantitativos se situaban en 100.000 y 50.000 euros, respectivamente. Además, tendrán que ser nominativas, es decir, deben estar perfectamente identificadas por los partidos dejando constancia de “la fecha de imposición, importe de la misma y del nombre e identificación fiscal del donante”.

De cara a un proceso electoral, sin embargo, la cosa cambia. El artículo 128 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), además de prohibir tajantemente la aportación a las cuentas electorales de fondos provenientes de cualquier Administración, organismo autónomo o empresa del sector público, entre otros, tampoco permite aquellos “procedentes de entidades o personas extranjeras, excepto los otorgados en el Presupuesto de los órganos de las Comunidades Europeas para la financiación de las elecciones al Parlamento Europeo”. Sin embargo, según aclaró la Junta Electoral Central en un acuerdo del 10 de octubre de 2013, dicho artículo 128.2 de la Loreg “no resulta aplicable a las aportaciones de fondos que puedan realizarse fuera del periodo electoral”. Es decir, que la prohibición sólo rige durante los 54 días que separan la convocatoria de elecciones y la cita con las urnas.

Falta de transparencia

Teniendo en cuenta que el decreto de convocatoria de los comicios se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 31 de marzo de 2014, y que las elecciones fueron el 25 de mayo, cualquier aportación procedente del extranjero que Vox hubiera recibido en ese marco temporal habría sido irregular. Vidal-Quadras, que mantiene una relación estrecha con los opositores iraníes desde 1999, aseguró este lunes en declaraciones a eldiario.es que no percibió ni un solo euro de los seguidores del CNRI cuando los comicios ya estaban convocados. “Si lo hubiera hecho habría contravenido la ley y yo siempre cumplo con la ley”, apuntó el también exvicepresidente del Parlamento Europeo, que aseveró que todo se respetó “escrupulosamente”. Pero el partido se niega a aportar dato alguno al respecto.

Tanto la Junta Electoral Central (JEC) como las Provinciales son las encargadas, en cualquier proceso electoral, de velar por el cumplimiento de las normas, pudiendo pedir la colaboración del Tribunal de Cuentas. Para desarrollar su función fiscalizadora, según la Loreg, “podrán recabar en todo momento de las entidades bancarias y de las cajas de ahorro el estado de las cuentas electorales, números e identidad de los impositores”, así como solicitar a los administradores electorales “las informaciones contables que consideren necesarias”. Sin embargo, fuentes de la JEC consultadas por infoLibre explican que a día de hoy, cinco años después de las europeas, no pueden hacer nada. “Una vez transcurrido el plazo que va desde la convocatoria hasta los cien días siguientes a la celebración de las elecciones, la Junta Electoral ya no tiene ninguna competencia, por lo que no puede hacer absolutamente nada en relación con el tema”, explican.

El Tribunal de Cuentas desmiente a Vox

En las últimas horas, varios dirigentes del partido de extrema derecha reconocieron las aportaciones de seguidores del CNRI en aquellos comicios, aunque asegurando que el Tribunal de Cuentas había afirmado que eran “legales”. “Cuando Santiago Abascal asumió el partido, vimos que una parte de la financiación de la campaña europea (…) había recibido donativos provenientes del exterior. Nosotros, inmediatamente, presentamos las cuentas, toda la documentación que teníamos, al Tribunal de Cuentas pidiéndole que las analizase. La respuesta fue clara y contundente: todos los donativos habían sido legales, totalmente transparentes”, afirmó el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Unos segundos después, volvió a insistir: “Como desconocíamos si eso tenía o no alguna irregularidad, lo presentamos al Tribunal de Cuentas, que dijo que era perfectamente legal”.

El órgano encargado de fiscalizar a los partidos, sin embargo, negó la mayor. Fuentes de la institución explicaron a este diario que, según el artículo 133.1 de la Loreg, sólo tienen obligación de presentar la contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas las formaciones que hubieran alcanzado los requisitos establecidos para recibir subvenciones electorales o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas. Con la normativa sobre la mesa, desde el órgano apuntan que en los comicios europeos de 2014 la formación “no obtuvo representación alguna y, por tanto, no estaba obligada a la presentación de la correspondiente contabilidad electoral para su fiscalización”. “No consta en el Registro del Tribunal de Cuentas entrada alguna que tuviera por remitente o asunto la formación Vox en el año 2014, en relación con las citadas elecciones”, sentenciaron.

El partido liderado por Abascal tampoco presentó ante la institución auditora su contabilidad anual de 2014. De nuevo, no tenían obligación de hacerlo. La Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos establecía que sólo debían presentar sus cuentas anuales ante el órgano fiscalizador todas aquellas formaciones que “recibieran algún tipo de subvención pública” de las previstas en la citada norma –es decir, las que reciben los partidos en función de su representación parlamentaria–. Tras la entrada en vigor de la reforma del año 2015, dicha obligación de depositar su contabilidad se extendió a todas las formaciones inscritas en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. “Por consiguiente, (…) el primer ejercicio en el que la formación Vox ha presentado las cuentas anuales a esta institución ha sido el ejercicio de 2016”, señalaron fuentes del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas acordó este miércoles abrir expediente sancionador a una decena de formaciones políticas, entre ellas Ciudadanos, PNV, Convergència, Izquierda Unida y Bildu, por supuestas infracciones detectadas en el último informe de fiscalización de sus estados contables, informa Europa Press.

En ese informe relativo a 2015, aprobado en diciembre, el Tribunal de Cuentas se negó a dar su conformidad a la contabilidad de nueve partidos, entre ellos Ciudadanos, Izquierda Unida, Compromís, Convergencia (CDC, socio de la nueva Junts per Catalunya) y EH Bildu, al detectar demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que limitan de examen.

A partir de ahí, el Tribunal de Cuentas tramitó para cada una de las correspondientes formaciones políticas un periodo de información previa para recibir sus alegaciones y determinar la calificación jurídica de las irregularidades detectadas en el informe.

Según fuentes del tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda, en las dos últimas reuniones del Pleno, el pasado 31 de mayo y este miércoles, se ha tomado ya la decisión de abrir los expedientes sancionadores.

Unos 15.000 euros de Cs en discusión

En el caso de Ciudadanos, se le achaca una falta por la posible asunción por terceras personas de gastos del partido en 2015.

En concreto, el informe cuestionada que el partido de Albert Rivera computara como donaciones en especie determinados pagos, por importe acumulado de 14.371,16 euros, efectuados por terceras personas, de determinadas facturas electorales emitidas a nombre del partido, y señalaba que no se habían identificado los donantes que abonaron facturas que ascienden a un importe de 2.036,74 euros.

Por la posible falta de un sistema de auditoría o control interno se va a abrir un procedimiento a Convergència Democrática (CDC) y a su antiguo socio de Unió Democràtica (UDC), así como a Izquierda Unida y varias marcas de EH Bildu (incluyendo la coalición Amaiur de 2011).

También se expedienta a Convergència, Unió e IU por la posible percepción de donaciones contraviniendo las limitaciones o incumpliendo los requisitos establecidos en la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos. En informe aludía a un millón de euros de donantes no identificados en el caso de UDC, otros 300.000 euros de IU y 240 euros de CDC.

Actividades mercantiles del PNV

Al PNV, por su parte, se le achaca haber participado de forma indirecta, a través de sociedades mercantiles, en los rendimientos procedentes de la realización de actividades de carácter mercantil, lo que vulnera la ley de Financiación de los Partidos Políticos.

Por último, se expedienta a UPyD por incumplir el deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas en 2015, cuando ya era extraparlamentario.

Una vez notificada la iniciación de los correspondientes procedimientos sancionadores, el Pleno del Tribunal de Cuentas designará un instructor del procedimiento que acordará la apertura de un periodo probatorio, si así lo solicitara el partido o si, de oficio, lo considerase necesario.

Pasado ese plazo, y practicadas las actuaciones legalmente previstas, el instructor ha de elevar al Pleno una propuesta de resolución en la que deben calificarse las infracciones cometidas y proponer la sanción que resulte aplicable; si considera que no existe infracción, efectuará una propuesta de absolución.

La decisión final corresponderá al Pleno del Tribunal de Cuentas, que debe resolver el procedimiento y dictar las resoluciones, imponiendo, en su caso, la correspondiente sanción.

El PP exige responsabilidades

El PP, por su parte, exigió este explicaciones a Ciudadanos por la apertura de este expediente sancionador. Los conservadores extienden la exigencia a Convergencia, PNV y Bildu, también investigados, a los que define como "los socios de Sánchez" por haber apoyado la moción de censura presentada por el líder del PSOE.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Grupo Popular tachó de "gravísimo" los hechos. "Casi estaríamos hablando de financiación ilegal", subrayan.

A su juicio, "Ciudadanos debería explicar lo que llamó 'un error contable' que resulta que es una infracción y muy grave, con una sanción económicamente fuerte". Además, el PP acusa a los de Albert Rivera de "mentir" a los españoles y puso también en duda si el partido naranja cumplió sus obligaciones con Hacienda con el pago del IVA en los convenios que firmaron entre el partido y los grupos institucionales.

Cs ya explicó el "error"

Sin embargo, Ciudadanos subrayó que ya explicó al Tribunal de Cuentas el "error" que motivó  la apertura del expediente sancionador explicando el origen de la partido por importe de 14.371,16 euros.

Así, alegó que presentó ante este órgano "todas sus finanzas detalladas" de 2015, que incluye también la de muchos municipales y autonómicos del partido, una información que el PP y el PSOE no facilitan al órgano fiscalizador.

La deuda que los dos principales partidos españoles, PP y PSOE, acumulan con las entidades financieras no hizo sino aumentar durante los años 2014 y 2015, los últimos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. Los de Pedro Sánchez debían a los bancos hace tres años 75,1 millones de euros y los de Mariano Rajoy, 48,07 millones. Ciudadanos se sumó a la lista en 2015 con una deuda de 8,1 millones euros. Podemos sigue siendo el único de los cuatro grandes partidos que no se financia a través de las entidades financieras.

De la importancia de la deuda de PP, PSOE y Cs con los bancos da idea una comparación con sus ingresos. La deuda del PSOE representaba a finales de 2015 el 88,4% de su ingresos anuales; la del PP el 44,6%, y la del partido de Albert Rivera el 46,3%.

Las deudas del PP con entidades de crédito al cierre del ejercicio 2014 ascendían a 32,6 millones de euros, la mayor parte de ellas con vencimiento a largo plazo (el 87% del total). Ese año el partido de Mariano Rajoy sólo formalizó un crédito nuevo, destinado a financiar su participación en las elecciones al Parlamento Europeo y que, a 31 de diciembre de 2014, tenía un saldo pendiente de 1,9 millones.

Avales que no estaban en la memoria

Según la información que el Banco de España remitió al Tribunal de Cuentas, el PP tenía en 2014 avales concedidos por entidades financieras por importe conjunto de 996.859 euros que no figuraban en la memoria correspondiente a las cuentas anuales de ese año.

Un año después, las deudas del PP con los bancos habían aumentado un 47,4% hasta sumar 48,07 millones de euros. El porcentaje de la deuda a largo plazo había disminuido hasta un 54%.

En el ejercicio de 2015, el PP formalizó créditos para la financiación de las elecciones locales, autonómicas y generales, con un saldo pendiente a 31 de diciembre de 2014 de 18,1 millones de euros. La formación tenía además ese año avales concedidos por entidades financieras por importe conjunto de 1,8 millones, que el partido tampoco mencionó en la memoria correspondiente a las cuentas anuales, según consta en el último informe del Tribunal de Cuentas.

En el caso del PSOE, la deuda consolidada con entidades de crédito al final de 2014 ascendía a 67,3 millones de euros, de los cuales 34,4 correspondían a la deuda de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) —la estructura estatal— y 32,8 a la deuda de las diferentes federaciones.

Las subvenciones futuras como garantía

Respecto al endeudamiento de la CEF, destacan dos operaciones que dan idea de la debilidad financiera de los socialistas porque les ha obligado a constituir garantías poniendo sobre mesa las subvenciones que prevé percibir en el futuro y las cuotas de sus afiliados.

La primera es un préstamo sindicado que los socialistas suscribieron con cuatro entidades de crédito para la financiación del expediente de regulación de empleo que llevaron a cabo en el ejercicio 2012, justo después de la derrota electoral que dio paso a la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, por un importe inicial de 14,7 millones de euros. Este préstamo fue renovado en octubre de 2013 para ampliar el periodo de amortización y el capital hasta 18,9 millones euros y su saldo, al cierre de 2014, se elevaba a 17,6 millones euros. En mayo de 2015 fue renovado otra vez con una rebaja en el tipo de interés y una ampliación del importe en 1,5 millones de euros. El saldo a cierre del ejercicio 2015 se elevaba a 17,7 millones euros.

Para esta operación de endeudamiento el PSOE constituyó una garantía sobre los derechos reales de los que el partido es titular frente a la Administración General del Estado, derivados de las subvenciones presentes y futuras concedidas para atender a sus gastos de funcionamiento y de seguridad y otorgadas como consecuencia de los resultados obtenidos en las elecciones y los que espera obtener hasta la fecha de vencimiento final del préstamo en el año 2025.

La segunda operación es un préstamo mercantil suscrito en 2014 por importe de 2,5 millones euros y con un saldo a 31 de diciembre de 2014 de 1,6. El importe se incrementó en 2015 en 248.300 euros, de manera que el saldo a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 2,3 millones euros.

Las estipulaciones adicionales de la póliza obligan al PSOE a remitir cada seis meses, a la entidad financiera con la que firmó el contrato, recibos correspondientes al pago de cuotas de sus afiliados en cuantía suficiente para atender el pago del calendario de amortizaciones de capital y pago de intereses.

La deuda consolidada del PSOE con entidades de crédito a cierre de 2015 había aumentado un 11,7% hasta sumar 75,1 millones euros, de los cuales 41,6 millones euros correspondían a la deuda de la CEF y 33,6 millones de euros a la deuda de las federaciones territoriales, lo que significa que la mayor parte del incremento es achacable a la dirección federal del partido. El 76% de esa deuda es largo plazo.

Dinero para la expansión de Cs

Ciudadanos suscribió en 2014 dos préstamos para financiar la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, uno de los cuales fue cancelado anticipadamente el 23 de diciembre de 2014. En la contabilidad de ese año que presentó al Tribunal de Cuentas figuran deudas a corto plazo con entidades de crédito y otros pasivos financieros por un total de 5.789 euros.

La situación cambió notablemente al año siguiente, coincidiendo con la expansión nacional del partido. Al término del ejercicio había contabilizadas deudas a largo plazo con entidades de crédito y otros pasivos financieros por valor de 8,19 millones de euros.

Muy diferente es el caso de Podemos. La contabilidad que presentó al Tribunal de Cuentas correspondiente a los años 2014 y 2015 refleja que no solicitó ningún crédito a los bancos para financiar su actividad.

Las comunidades autónomas remuneran los resultados electorales de los partidos políticos que obtienen representación parlamentaria con sumas de dinero que alcanzan diferencias de hasta un 156%. Tal es la distancia proporcional que separa el dinero que el Gobierno de Euskadi, en aplicación de sus normas electorales, entrega a los partidos políticos por cada escaño que consiguen en las elecciones al Parlamento Vasco (26.761 euros, según las cifras actualizadas para la convocatoria más reciente, de 2016) del que el Ejecutivo de Castilla y León dedica al mismo fin (10.205 euros).

En medio de ambas comunidades se sitúan las otras quince: Andalucía, Galicia, Canarias y Madrid están entre las más generosas (en el entorno de los 20.000 euros); Cataluña, Asturias, Illes Balears y Extremadura en la zona media (de los 16.101 euros que pagó la Generalitat por cada escaño obtenido en las elecciones de diciembre a los 14.304 que remunera el Gobierno extremeño en las de 2015). Les siguen Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Aragón en la franja de los 12.000 euros y cierran la tabla, con la mitad o menos que el País Vasco, las comunidades de Navarra (11.850 por escaño), La Rioja (11.646), Murcia (11.223) y Cantabria (10.867), además de la ya citada Castilla y León.

La asignación por escaño la decide cada comunidad autónoma de acuerdo a sus propios criterios. A veces establecen actualizaciones y en ocasiones acuerdan congelar la cifra sin que trascienda el criterio que utilizan para hacerlo.

La consecuencia de esta situación es que uno de los mecanismos supuestamente más objetivos de financiación de los partidos políticos en España está condicionado por el ámbito de la convocatoria y que las cantidades que reciben los partidos no guardan relación ni con la población ni con el tamaño de las asambleas legislativas (los parlamentos autonómicos oscilan entre los 135 escaños de Cataluña y los 33 de Castilla-La Mancha y La Rioja).

Lo que, por basarse en criterios objetivos —el número de escaños— debía convertirse en un elemento de homogeneización del sistema de financiación de los partidos, está distorsionado por las discrecionalidad y las diferencias entre comunidades.

Porque cada territorio remunera a los partidos siguiendo su propio criterio sin que exista una razón que justifique las variaciones. De ello ha dejado constancia en numerosas ocasiones el Tribunal de Cuentas: “El análisis de la normativa electoral autonómica, dictada en el ámbito de las respectivas competencias, pone de manifiesto significativas diferencias en la determinación de las subvenciones a abonar a las formaciones políticas en función de los resultados obtenidos”.

La constatación de estas divergencias ha llevado al Tribunal de Cuentas a “recomendar reiteradamente en sus informes la armonización de la normativa electoral”, como el organismo fiscalizador recordó el año pasado al Congreso en la presentación de sus propuestas para la mejora de la calidad democrática.

“La cuantificación de las subvenciones”, defiende el Tribunal, “ha de estar directamente relacionada con el límite máximo de gastos autorizado en cada caso”. Pero las modificaciones de la normativa electoral, especialmente como consecuencia de la creación de la subvención de los gastos por envío personal y directo de propaganda electoral, hacen que “con frecuencia la subvención que correspondería percibir en función de los resultados obtenidos” sea “muy superior al límite de gastos autorizado”.

Esta circunstancia ha originado que, en ocasiones, las formaciones políticas hayan tenido que acabar devolviendo parte del dinero como resultado de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

La falta de “congruencia técnica” entre subvención y límite de gastos se aprecia también en las elecciones locales. En este caso, subraya el Tribunal, las formaciones políticas de reducida implantación, que tienen un exiguo límite de gastos porque no pueden sumar el dinero que corresponde a la escala provincial, ven cómo ese límite queda normalmente superado por el importe de la subvención a percibir en el caso de que alguno de sus candidatos haya resultado elegido.

Este problema —las diferencias entre territorios a la hora de remunerar a los partidos— no se limita a los escaños obtenidos sino que se extiende al dinero público que reciben las formaciones con representación parlamentaria en proporción a los votos que logran en las elecciones. En ambos casos “se observan importantes divergencias que no resultan suficientemente explicadas por su diferente situación demográfica”, recuerda el Tribunal de Cuentas.

Las diferencias en la remuneración de los votos van de los 1,01 euros que paga la Comunidad de Madrid a los partidos por cada sufragio que hayan recibido a los 0,4 euros que abona la Comunidad de Castilla y León, de nuevo el territorio menos generoso con los partidos. Una diferencia del 152%.

La Rioja y el País Vasco vuelven a aparecer en los puestos de cabeza (pagaron a razón de 0,92 y 0,9 euros a los partidos por voto obtenido en sus últimas elecciones autonómicas), esta vez en compañía de Navarra (0,95).

En la franja del 0,8 se mueven Cantabria (0,86) y Andalucía (0,8229). Asturias, Galicia y Canarias coinciden en un 0,77 por voto obtenido, un céntimo más que Aragón (0,76).

Les siguen, ya por debajo de la media, la Comunitat Valenciana (0,64), Cataluña (0,61), Castilla-La Mancha (0,6), Murcia (0,59) y Extremadura (0,57), Por debajo del medio euro sólo hay dos comunidades muy diferentes entre sí: Illes Balears (0,47) y la citada Castilla y León (0,4 euros por voto a formaciones con representación parlamentaria).

Estas cifras divergen también de las que se utilizan para remunerar a las diferentes candidaturas cuando las elecciones las organiza la Administración central. En el caso del Congreso, el Gobierno de España pagó en 2016 —las últimas elecciones celebradas— 21.167,64 euros por escaño obtenido y entregó a cada partido con representación parlamentaria 0,81 euros por voto. Son cifras que se sitúan en la zona media-alta en comparación con las Comunidades Autónomas.

Las elecciones más rentables por escaño

Mucho más rentables son, en principio, las elecciones europeas. En 2014 el Gobierno de España remuneró a los partidos que consiguieron escaño en Estrasburgo con 32.508,74 euros por diputado —muy por encima del País Vasco, la comunidad que mejor paga por este concepto— y 1,08 euros por voto obtenido.

En el caso de las elecciones municipales —en las últimas se eligieron 67.515 concejales— el dinero se repartió a razón de 270,9 euros por edil y 0,54 euros por voto a candidaturas.

Se miren como se miren, las cifras decididas por cada comunidad no guardan relación de proporcionalidad alguna con el tamaño de la asamblea legislativa ni con la población. País Vasco, Galicia y Canarias, por citar sólo tres ejemplos, pagan más por escaño que Madrid, Cataluña o la Comunitat Valenciana a pesar de tener mucha menos población. Y tienen asambleas significativamente más pequeñas.

Tampoco existe lógica alguna en la decisión de pagar más o menos por voto obtenido. Entre las más generosas están comunidades demográficamente grandes como Madrid, medianas como el País Vasco y pequeñas como Asturias, Navarra o La Rioja. Lo mismo sucede entre las que menos pagan, donde conviven una comunidad de las más pobladas (Cataluña) con otras más pequeñas como Murcia o Illes Balears.

En busca de una variable que permita hacer una comparación homogénea, infoLibre ha calculado la proporción de gasto por diputado en relación con la población. Si nos atenemos a este criterio, las comunidades más generosas con los partidos políticos que se presentan a sus elecciones son La Rioja y Navarra: casi cinco veces más que Castilla-La Mancha o la Comunitat Vakenciana, que están a la cola en asignación por escaño teniendo en cuenta el tamaño de sus parlamentos y su población, seguidas muy de cerca por Cataluña y Andalucía.

Los puestos segundo y tercero en gasto proporcional los ocupan el País Vasco y Extremadura, seguidos de Illes Balears y Asturias. En la parte media están Cantabria, Aragón, Canarias, Galicia y Madrid. Y ya cerca de los últimos lugares se encuentran Castilla y León y Murcia.

Los partidos políticos llevan años, en algunos casos al menos casi dos décadas, ignorando las peticiones que ejercicio tras ejercicio les hace llegar el Tribunal de Cuentas para que modifiquen las leyes y pongan fin a las áreas de opacidad de sus cuentas. Cada vez que el presidente del organismo fiscalizador presenta su informe en la comisión mixta Congreso-Senado, aprovecha para reiterar sus demandas. Sin éxito.

La última vez que se repitió este ritual tuvo lugar hace muy pocas semanas. Fue durante la presentación en las Cortes de los informes de fiscalización de las cuentas de los partidos de los años 2014 y 2015,presentación que el PP ha aprovechado para tratar de sembrar dudas sobre la limpieza de la financiación de Ciudadanos con el fin de minar el ascenso electoral que todas las encuestas atribuyen al partido de Albert Rivera. Los partidos saludaron el trabajo del Tribunal, criticaron sus limitaciones, presentaron propuestas, votaron y dieron por finalizado el trámite sin ninguna declaración que indique que piensan atender las demandas de los encargados de supervisar la limpieza de sus cuentas.

Mientras las reformas no se lleven a cabo, la legalidad de las cuentas de los partidos seguirá en entredicho. Y son numerosas las demandas de Tribunal desatendidas por los partidos. Estas son algunas de las más importantes:

1. El descontrol de las fundaciones

Hecha la ley, hecha la trampa. Sometidos a una fiscalización más estricta de sus cuentas oficiales en comparación con la relajación con la que se financiaban en el pasado, los partidos recurren a menudo a estructuras externas, la mayoría de las veces en forma de fundaciones, para saltarse las limitaciones legales en el uso del dinero.

El Tribunal de Cuentas repite con frecuencia su preocupación por la forma en que los partidos utilizan las fundaciones y otras entidades vinculadas para captar dinero. Se aprovechan de que la ley no les exige los mismos requisitos ni limitaciones en materia de donaciones y de que el Tribunal sólo puede fiscalizar la regularidad de las aportaciones que reciben estas entidades y los gastos financiados con subvenciones públicas, lo que restringe la posibilidad de hacer comprobaciones y cruzar datos.

Las fundaciones no tienen permitido asumir gastos de los partidos, pero se les permite hacer aportaciones. De manera que, indirectamente, y sin control alguno, los partidos tienen acceso a fondos que de otro modo tendrían vedados. Por eso el Tribunal pide desde hace años, sin que nadie le escuche, “aplicar a las fundaciones y demás entidades los mismos requisitos y limitaciones exigidos a los partidos políticos en relación con las donaciones” y cerrar la posibilidad de que un tercero se haga cargo de los gastos de una fundación, como ya ocurre con los partidos.

2. Auditorías que no funcionan

Otro aspecto susceptible de mejora que no fue abordado en la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos de 2015 afecta a la necesidad de que los partidos pongan en pie sistemas de control interno de sus finanzas así como la auditoría prevista en esa reforma. No consta en ninguna parte el alcance y el contenido de la documentación que las formaciones políticas deben remitir obligatoriamente al Tribunal de Cuentas, imprescindible para llevar a cabo la fiscalización de sus cuentas.

El organismo que tiene encomendada la vigilancia del dinero que manejan los partidos reclama una regulación detallada de las nuevas formas de financiación, en especial las operaciones de endeudamiento a través de los microcréditos. “Es preciso tener en cuenta que dichas formas novedosas de financiación deben cumplir escrupulosamente con los requisitos y los límites de la ley, existiendo un cierto riesgo por su propia naturaleza de que las mismas se utilicen para eludir su aplicación”, advirtió el pasado verano el presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda. En particular, subrayó entonces en el Congreso, hace falta que “todas las donaciones privadas que se realicen en periodo electoral se entiendan efectuadas, en todo caso, para financiar dicho proceso electoral”, aunque nominalmente se destinen al funcionamiento ordinario del partido.

3. La dificultad de vigilar las elecciones

No existe una armonización entre diferentes leyes: la de financiación de partidos políticos y la electoral. No hay correspondencia entre el límite máximo de gastos electorales y el importe de la subvención a percibir, lo que provoca que en determinados procesos electorales, especialmente en las elecciones locales, el límite máximo de gastos puede ser inferior a la subvención que procedería en caso de obtener representación. Y no están claros los conceptos, la imputación y la justificación de los gastos electorales previstos legalmente, ni se han previsto los nuevos soportes publicitarios existentes como consecuencia de la introducción de las nuevas tecnologías.

El Tribunal de Cuentas no tiene, además, medios coercitivos para exigir la colaboración para el cumplimiento de sus funciones —fiscalizadora o jurisdiccional— en esta materia.

Un auténtico y verdadero control, tal y como lo defiende el Tribunal de Cuentas, no puede quedarse exclusivamente en analizar los medios financieros. Tiene que comprobar a qué se dedican.

Como subrayó Álvarez de Miranda en el Congreso el año pasado, “si el que presenta cuentas lo hace con trampas, esas trampas no salen directamente de la revisión de cuentas”. Por eso, subrayó, quizá el mayor mal de la legislación sobre financiación de partidos es su “orientación exclusiva hacia la financiación”.

El Tribunal no puede ver los medios que se declaran para la realización de las campañas y “la única manera de intentar encontrar o poder encontrar irregularidades” es ver el uso concreto que un partido político hace del dinero. Sólo así estaría el Tribunal en situación de llegar a la conclusión de que con los medios financieros declarados es imposible hacer algo. “Es decir, que hay una financiación no declarada”, explicó.

Aunque ese tipo de trabajo, “más cercano a lo que podría ser de inspección” de las campañas, requeriría, advirtió el presidente del Tribunal, contar con personal cualificado y dedicado durante el período electoral.

¿Se puede mejorar la verificación de los estados financieros de los partidos? El Tribunal está convencido de que sí y así lo ha defendido en las Cortes. Para ello hace falta verificar de que los proveedores coinciden con los que el partido declara, y la forma más fácil de hacerlo es que la Agencia Tributaria dé cuenta al Tribunal de las operaciones entre proveedores y partidos políticos. “La posibilidad de hacer ese cruce de información nos permitiría ver si existe algún tipo de disfunción en esa materia”, reconoció el presiente del órgano fiscalizador hace apenas unos meses.

4. El problema del dinero de los grupos políticos

El dinero que reciben los grupos políticos de los partidos en los ayuntamientos, las asambleas autonómicas y las Cortes también representa un quebradero de cabeza para el tribunal, Y en las últimas semanas se ha convertido, además, en un arma arrojadiza utilizada por el PP y Ciudadanos para acusarse mutuamente de falta de transparencia.

El problema, en realidad, viene de lejos. Y las urgencias recientes con las que los partidos denuncian el problema apenas si pueden ocultar el hecho de que las Cortes llevan mucho tiempo ignorándolo.

El Tribunal sostiene que para que las cuentas anuales de los partidos sean representativas deberían integrar la actividad desarrollada por todos los grupos institucionales de las diferentes formaciones. Y señala, sin obtener respuesta, que la legislación debería establecer con toda claridad las condiciones y requisitos en las que los grupos institucionales pueden efectuar aportaciones a los partidos políticos, salvando así las diferencias entre la ley de financiación y la de bases del régimen local.

La primera de estas dos leyes considera recursos procedentes de la financiación pública, de los que pueden disponer los partidos, “las aportaciones que puedan recibir de los grupos parlamentarios de las Cortes, de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones Locales”. La segunda, sin embargo, limita el uso que se puede dar a ese dinero cuando procede de los ayuntamientos.

5. Los ‘agujeros’ de la ley

La reciente reforma de la legislación sobre financiación de los partidos se ha quedado corta. O mejor dicho, ha dejado muchos agujeros sin tapar. En primer lugar, el Tribunal de Cuentas echa en falta que se obligue a los partidos en situación patrimonial negativa a ajustar sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio. Entre otros motivos, porque la mayoría de sus ingresos tienen origen público.

En segundo lugar, el organismo fiscalizador pone en duda la necesidad de mantener, “en el actual contexto social y político”, el dinero que los partidos se embolsan cada año con la excusa de que tiene que sufragar “gastos de seguridad”.

Pide además que la ley de financiación de los partidos defina “claramente lo que haya de entenderse por los conceptos de aportaciones y de donaciones, a fin de evitar dudas interpretativas”. Y que, después de haber prohibido que los bancos puedan perdonar sus deudas a los partidos, haga imposible que el pago no pueda eludirse “mediante la falta de pago de la deuda vencida de forma indefinida, de manera que, en la práctica, no se liquide”.

El PSOE no respaldó este martes la estrategia del PP de "utilizar" el Tribunal de Cuentas en su particular guerra contra Ciudadanos. Los socialistas votaron en contra de dos propuestas de resolución que el partido de Mariano Rajoy defendió este martes en el Congreso y se abstuvo en la otra. Podemos, por su parte, confirmó en el último momento su abstención, después de haber anunciado que votaría a favor.

En un episodio más de la pelea que el PP ha abierto en las últimas semanas para tratar de establecer irregularidades contables y financieras en Ciudadanos, la comisión mixta Congreso Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó este martes dos propuestas de resolución que cuestionan la limpieza del partido de Albert Rivera. Y para las que el PP intentaba buscar el respaldo, entre otros partidos, del PSOE y de Unidos Podemos.

En la más explícita, el partido de Rajoy ha conseguido que las Cortes propogan al Tribunal de Cuentas establecer si Ciudadanos cumplió con Hacienda en los años 2014 y 2015, los dos últimos ejercicios contables fiscalizados a los partidos políticos. La iniciativa se basa en la suposición de que detrás de los gastos de los grupos institucionales de Ciudadanos por un importe de 860.444 euros en 2014, “en concepto de servicios de asesoía prestados por el partido al grupo”, y de 1.166.480 euros en 2015 en concepto de “gastos por disposición de bienes que, en realidad, suponen traspasos de fondos de los referidos grupos institucionales al partido”, se ocultan incumplimientos en materia fiscal, especialmente “en relación con el pago del IVA u otros impuestos o figuras tributarias”.

PSOE y Podemos no apoyaron finalmente la postura del PP. El PSOE, que fue muy crítico con Cs después de que el Tribunal de Cuentas informase desfavorablemente sus cuentas de 2015, cree que “el PP está descalificando el trabajo de una institución como es el Tribunal de Cuentas para atacar a Ciudadanos” en el marco de la “guerra fría entre las derechas”.

En opinión de los socialistas, existe un procedimiento tasado en la ley, un proceso sancionador regulado a través de La ley de financiación de los partidos políticos y cuya aplicación depende del Tribunal. “Si hay infracciones”, subrayaron a infoLibre fuentes del partido de Pedro Sánchez, “las tiene que determinar el órgano que corresponde en función de la ley”, en este caso el Tribunal de Cunetas.

La actitud del PP “es una falta de respeto” al órgano fiscalizador, al que “no se le puede decir hasta dónde y cómo se puede investigar. Son profesionales, saben qué tienen que investigar y fiscalizar”, subrayan.

Las comisiones de las Cortes, añaden las fuentes citadas, “no están para tapar la corrupción del PP, que es lo que están intentando hacer en el Senado y ahora en Congreso”.

Unidos Podemos, también presente en la comisión, decidió abstenerse después de haber anunciado que apoyaría las propuestas del PP..

El papel de Hacienda

Inicialmente, el PP había llegado a pedir expresamente que Hacienda investigase si Ciudadanos “ha cumplido todas las obligaciones tributarias correspondientes a dichos servicios de asesoría en relación con el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos o figuras tributarias”, lo que provocó una inmediata y airada reacción del partido de Albert Rivera: “Sería muy grave que el Gobierno pusiera a la Hacienda Pública al servicio del PP politizándola y degradando las instituciones que son de todos los españoles”, señalaron entonces fuentes de Ciudadanos.

A las pocas horas, sin embargo, el PP reculó y dulcificó el texto original emplazando de todos modos al Tribunal de Cuentas a ocuparse de las supuestas responsabilidades fiscales de Cs.

En la segunda propuesta del partido de Rajoy aprobada este martes las Cortes piden explicaciones al Tribunal por no haber decidido todavía si considera infracciones seis casos que afectan a siete partidos (entre ellos Cs) y que el presidente del organismo citó en su comparecencia del 13 de febrero. Los socialistas también votaron en contra.

Se trata de la no identificación de los cargos públicos ni los donantes que realizaron aportaciones a federaciones de Izquierda Unida por un importe total de 307.000 euros; la no identificación de las personas físicas que realizaron donaciones a la desaparecida Unió Democrática de Catalunya por 785.000 euros en 2014 y 240.000 euros en 2015; las donaciones recibidas de personas jurídicas por un importe total de 8,6 millones de euros por Nueva Canarias; o los pagos efectuados por terceras personas contabilizados como donaciones en especie de facturas a nombre de Ciudadanos por 14.000 euros. Así como la participación de Eusko Alkartasuna y el Partido Nacionalista Vasco a través de sociedades en los rendimientos de actividades de carácter mercantil. Sin olvidar, por supuesto,“el incumplimiento del deber de colaboración” con el Tribunal de Cuentas de la desaparecida Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

Por ultimo, en su tercera propuesta sobre Ciudadanos, el PP consiguió que las Cortes exijan al Tribunal de Cuentas que aclare por qué no considera “infracción grave” la presentación de las cuentas de Cs de 2015, que a juicio del propio organismo fiscalizador “no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la formación”. En este caso, el PSOE se abstuvo.

La relación entre PP y Ciudadanos no vive su mejor momento. La comparecencia del secretario de Finanzas del partido de Albert Rivera, Carlos Cuadrado, en el Senado terminó este jueves antes de tiempo después de que el portavoz del PP, Luis Aznar, renunciase a continuar el interrogatorio al que estaba sometiendo al dirigente de Cs a la vista de que las voces y la agresividad creciente de los presentes en la sala de la Cámara alta en la que se estaba celebrando la sesión. El intercambio de reproches entre ambos interlocutores a cuenta de la financiación de sus respectivos partidos, coreado por los asistentes del PP y de Cs, concluyó sin dar ocasión a que el compareciente aclarase las dudas que plantean las salvedades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la contabilidad de Ciudadanos de 2014 y de 2015.

Aznar acusó a Cuadrado de ir “por mal camino”, “negar la realidad”, intentar disfrazarla y tratar de montar “un show” en la comisión. “Tranquilícese. Si no tiene agua se la proporcionaremos”, le dijo. Cuadrado replicó acusando al PP de ocultar al Tribunal de Cuentas 25 millones de euros en fondos de sus grupos institucionales. 

El tesorero de Cs aprovechó su denuncia sobre la falta de transparencia para anunciar una propuesta de reforma legislativa, que detallarán este viernes en el Congreso, para obligar a todos los partidos a tener que consolidar sus cuentas o, lo que es lo mismo, incluir en su contabilidad todo el dinero que manejan sus grupos institucionales en las Cortes, las asambleas autonómicas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.  

En un momento dado, Aznar comparó a Ciudadanos con Bildu, cuyas cuentas de 2015 tampoco han superado el examen del Tribunal de Cuentas, y uno de los representantes de Cs presentes en la sala —estaban los diputados Miguel Gutiérrez y Toni Cantó y el senador Francisco Javier Alegre, además de Cuadrado— replicó comparando al PP con Al Capone. 

En plena escalada de expresiones verbales, Aznar acusó a Cuadrado de o bien estar riéndose de los senadores o de tener “un cacao mental que mejor se dedique a otra cosa”, una gran “empanada mental” que le incapacita para realizar sus funciones. A lo que el responsable de Finanzas de Cs respondió acusando al PP de intentar “ensuciar” la imagen de Ciudadanos. “Si mantiene eso, a partir de ahora...”, comenzó a decir entonces Aznar. “¿Me está amenazando?”, interrumpió inmediatamente Cuadrado.

Ambos interlocutores convirtieron los últimos compases de la comisión en un intercambio de golpes verbales. El portavoz del PP anunció que pedirá por escrito todo los datos que quiere conocer sobre la financiación de Ciudadanos, especialmente los relacionados con la entrega de dinero de los grupos institucionales al partido, y el tesorero de Cs respondió diciéndole que se los harán llegar en un disco duro. “Pero protéjanlo bien, no lo vayan a romper a martillazos”, añadió con sarcasmo en referencia a la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas por cuya desaparición el PP ha sido procesado.

En pleno toma y daca, la presidenta de la comisión, Rosa Vindel (PP), no dudó en tomar partido por su compañero de filas. Primero dando a entender que el representante de Cs no estaba respondiendo a las preguntas —“Yo responderé lo que quiera”, se defendió el aludido— y después, cuando el secretario de Finanzas del partido de Rivera aseguraba que enviaría los datos solicitados en un disco duro, afirmando textualmente: “Como si lo trae un hombre a caballo”.

Levantada la sesión, el PP anunció que probablemente pida la comparecencia del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, para que explique lo que, desde su punto de vista, no ha aclarado el secretario de Finanzas.

Un “circo”

Lo cierto es que la comisión no sirvió para arrojar más luz sobre las salvedades que el Tribunal de Cuentas ha observado en la contabilidad de Ciudadanos. Aznar se limitó a ignorar las respuestas de Cuadrado, al que acusó de no decir la verdad y de querer dar lecciones a los demás cuando es a su partido a quien el Tribunal de Cuentas ha puesto “un cero”. “Estamos mucho más preocupados que al principio”, declaró el portavoz del PP, porque el responsable de Finanzas de Cs confunde ingresos privados y públicos “y dudamos que pueda llevar a buen término cualquier otra cosa”. Con ese nivel, subrayó, “nos quieren dar lecciones” y convertir el Senado en “un circo o una comedia”.

Toni Cantó le dio la réplica aseguranndo que la sesión no fue sino un capítulo más “del show del PP en su chiriguinto particular”, la comisión del Senado que ha montado en el Senado para tratar de sembrar dudas sobre la fianciación de todos los partidos y contrarrestar así la investigación sobre el Partido Popular que se está llevando a cabo en el Congreso. El partido de los centenares de imputados, acusó, de los SMS a Bárcenas ,intenta ahora “embarrar” el terreno de juego poniendo en duda las finanzas de Ciudadanos. “No salimos de nuestro asombro”, concluyó Cantó.

¿Acudirá Villegas a dar explicaciones al Senado si el PP se lo pide? Naturalmente, respondió Cantó. “Estará encantado de venir; a él no hay que sacarlo de la cárcel como a los del PP”.

Pese a las constantes interrupciones y el precipitado final de la sesión, Caros Cuadrado ha tenido tiempo de explicar su versión de por qué el Tribunal de Cuentas concluyó que la contabilidad de Ciudadanos no refleja su situación patrimonial y financiera. El problema, explicó, fue no haber aplicado a las cuentas de 2015 las subvenciones electorales de ese año, que no cobró hasta el 2016. Unas subvenciones lo suficientemente abultadas, explicó, que al haber sido mal contabilizadas provocaron el desajuste que termino por llevar al Tribunal de Cuentas a informar desfavorablemente sus cuentas.

Cuadrado admitió que la formación naranja cometió un error al aplicar el criterio de caja (apuntar solo el dinero recibido) y no el de devengo (anotar las partidas cuando se consignan en vez de cuando se reciben), y trató de justificarse diciendo que fue “por prudencia”.

Las cuentas de otros partidos más grandes también presentaban “un montón” de salvedades, razonó Cuadrado, pero sí recibieron una evaluación favorable del Tribunal de Cuentas porque proporcionalmente a sus ingresos resultaban de una cuantía inferior.

En cuanto a los 860.000 euros que el partido recibió del grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña en 2014 y que figuran como “servicios de asesoría”, el secretario de Finanzas aseguró que lo registraron así en las cuentas porque el plan contable utilizado ese año no permitía especificar que en realidad se trataba de “aportaciones del grupo al partido”.

El senador del PP Luis Aznar lo intentó una y otra vez, pero fue inútil. Sus reiterados intentos de conseguir un juicio de valor que señalase un comportamiento ilegal por parte de Ciudadanos se estrellaron contra la voluntad de María Dolores Genaro y María José de la Fuente, responsables de la unidad de fiscalización de partidos políticos del Tribunal de Cuentas, de no salirse ni una línea de las conclusiones del informe que este organismo aprobó el pasado mes de diciembre.

En una citación insólita, el PP había pedido la comparecencia de las dos consejeras del Tribunal de Cuentas para intentar profundizar en la contabilidad de Ciudadanos utilizando para ello la comisión de investigación que este partido constituyó en solitario en el Senado para poner el foco sobre sus adversarios políticos y contrarrestar así la que se creó en el Congreso exclusivamente para examinar la financiación del Partido Popular. Durante su interrogatorio, el senador Luis Aznar —el único que interviene en la comisión, en ausencia de los demás partidos— preguntó repetidamente a las dos consejeras por la falta de justificación del trasvase d fondos de los grupos institucionales de Cs al partido en los años 2014 y 2015, por conceptos de asesoría y por disposición de bienes.

Ambas consejeras dejaron claro que la falta de justificación documental de este trasvase de fondos, en el que el PP quiere ver financiación ilegal de Cs, no significa que no exista ni que todo ello no sea perfectamente legal. Eso sí, aprovecharon la inesperada ocasión que les brindó la tribuna del Senado para poner en evidencia a los diputados y senadores al señalar la existencia de un “vacío legal”, un “limbo” regulatorio sobre lo que los partidos pueden hacer y lo que no con el dinero que ayuntamientos y cámaras legislativas entregan a los grupos institucionales. De hecho, recordaron, el Tribunal de Cuentas lleva desde 2001 pidiendo una reforma legal que aclare estos conceptos sin que los legisladores les hayan prestado la más mínima atención.

“No es admisible”

Sin información nueva con la que cuestionar la contabilidad de Ciudadanos, que se ha convertido en el objetivo a batir por el PP en las últimas semanas, Luis Aznar sí aprovechó para anunciar su intención de promover una reforma legal con el objetivo de conseguir que los informes del Tribunal de Cuentas, especialmente cuando sean desfavorables, “tengan consecuencias para los partidos políticos”. “Estamos po la línea dura”, proclamó sin matices durante una de sus intervenciones en la comisión. No puede ser, subrayó, que los informes queden “a título de inventario” y “que un partido siga funcionando como si nada hubiera pasado, no es admisible ”.

Tanto en el caso de Genaro como en el de De la Fuente, Aznar intentó que las dos consejeras diesen una definición más crítica del informe desfavorable que el Tribunal dictó sobre las cuentas de Ciudadanos. Y dejó entrever su contrariedad porque de esa opinión del órgano fiscalizador —que se limita a decir que de las cuentas de Cs no permiten conocer como es debido la situación patrimonial y financiera del partido de Albert Rivera— no se derive consecuencia legal alguna. Como tampoco de de la otra gran tacha que el Tribunal hizo de las cuentas de Cs (la existencia de pagos indebidos por valor de poco más de 14.000 euros) y de la que, como subrayaron las consejeras, no se deriva ninguna sanción porque todavía ni siquiera se ha iniciado expediente alguno al respecto.

Durante la sesión quedó claro que el PP centra sus pesquisas contra Ciudadanos en el trasvase de dinero de los grupos isntitucionales al partido, un asunto al que su portavoz dedicó buena parte de sus preguntas. Las consejeras —nombradas a una propuesta del PSOE y la otra del PP— describieron un marco legal en esta materia “extraordinariamente parco” y que no permite regular adecuadamente a qué se puede dedicar el dinero. Esta cuestión se regula en la ley de financiación de os partidos pero también en la de bases del régimen local.

En su afán por descalificar el uso que Ciudadanos hace de las subvenciones que reciben sus grupos institucionales en los ayuntamientos y en las cámaras legislativas, el portavoz del PP no dudó en cuestionar incluso a las consejeras del Tribunal citando una sentencia del Constitucional que, señaló,  consagra que ese dinero sólo puede tener un destino finalista. “Vamos a tener todos que revisar nuestro nivel de funcionamiento, ustedes también”, espetó a la consejera De la Fuente que acababa se sostener, comos compañera, la existencia de un vacío legal al respecto.

El Partido Popular dio este lunes un paso más en su particular ofensiva contra Ciudadanos, su aliado más importante en el Congreso pero también, desde las elecciones catalanas, su principal objetivo a batir en el espacio electoral de centroderecha. Pero lo hizo para, a las pocas horas, dar marcha atrás y enmendarse la plana sí mismo. 

La singular rectificación del partido de Mariano Rajoy se produjo después de haber pedido al Tribunal de Cuentas que pusiese a disposición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) toda la documentación de que disponga en relación con los servicios de asesoría por valor de 860.444 euros que el partido naranja prestó a sus grupos institucionales en 2014 y de los que, según el el organismo fiscalizador, no consta “justificación documental” acerca de su “desglose y naturaleza”. Y de 1.166.480 euros ingresados por el partido de Albert Rivera en 2015 en concepto de “gastos por disposición de bienes que, en realidad, suponen traspasos de fondos de los referidos grupos institucionales al partido, sin que se haya aportado documentación justificativa del desglose y la naturaleza de dichos servicios”.

El PP había pedido expresamente que Hacienda investigase si Ciudadanos “ha cumplido todas las obligaciones tributarias correspondientes a dichos servicios de asesoría en relación con el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos o figuras tributarias”, lo que provocó una inmediata y airada reacción del partido de Albert Rivera, que precisamente este martes pondrá a prueba en el Congreso la mala salud del pacto de investidura que firmó con el PP poniendo a los de Rajoy en el brete de tener que votar una reforma legal que independice la Fiscalía del Gobierno. “Sería muy grave que el Gobierno pusiera a la Hacienda Pública al servicio del PP politizándola y degradando las instituciones que son de todos los españoles”, señalaron fuentes de Ciudadanos.

Los que ahora quieren usar la Agencia Tributaria para “atacar a adversarios políticos” son “los mismos que han hecho amnistías fiscales para los que han defraudado a Hacienda y han cobrado billetes en sobres y en cajas de puros”. “Ya lo han hecho con periodistas y medios de comunicación y ahora van a por el partido que puede ganar las elecciones”, denuncian desde Cs.

Con todo, añadieron las mismas fuentes, Ciudadanos no tiene “nada que esconder”. Son otros los que “están declarando en los juzgados de media España por la corrupción de su partido y no han dado cuenta de los sobresueldos de ‘M. Rajoy’ que parece ser que la Hacienda pública nunca tuvo oportunidad de inspeccionar”.

Lo que está ocurriendo demuestra como es “el PP cuando pierde y cuando se estampa en las encuestas. Han denigrado el Senado y ahora siguen denigrando las instituciones”.

"Una corrección de errores"

A las pocas horas de que se conociese la reacción de Cs, el PP dio marcha atrás y envió al Congreso una “corrección de errores” en la que ya no reclama una investigación de Hacienda y se limita a pedir al Tribunal de Cuentas que valore si la documentación y la contabilidad presentada por los de Rivera en relación con los conceptos citados “se ajusta o no a la normativa fiscal vigente”. ¿El motivo? Según la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Susana López Ares, porque el Tribunal de Cuentas es un organismo “independiente”. 

El PP, sin embargo, no ha rectificado su segunda propuesta sobre Ciudadanos. En ella también exige al Tribunal de Cuentas que aclare por qué no considera “infracción grave” la presentación de las cuentas de Cs de 2015, que a juicio del propio organismo fiscalizador “no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la formación”.

En una tercera propuesta, el PP pide explicaciones al Tribunal por no haber decidido todavía si considera infracciones seis casos que afectan a siete partidos y que el presidente del organismo citó en su comparecencia del 13 de febrero. Se trata de la no identificación de los cargos públicos ni los donantes que realizaron aportaciones a federaciones de Izquierda Unida por un importe total de 307.000 euros; la no identificación de las personas físicas que realizaron donaciones a la desaparecida Unió Democrática de Catalunya por 785.000 euros en 2014 y 240.000 euros en 2015; las donaciones recibidas de personas jurídicas por un importe total de 8,6 millones de euros por Nueva Canarias; o los pagos efectuados por terceras personas contabilizados como donaciones en especie de facturas a nombre de Ciudadanos por 14.000 euros. Así como la participación de Eusko Alkartasuna y el Partido Nacionalista Vasco a través de sociedades en los rendimientos de actividades de carácter mercantil. Sin olvidar, por supuesto,“el incumplimiento del deber de colaboración” con el Tribunal de Cuentas de la desaparecida Unión, Progreso y Democracia (UPyD).

Las propuestas socialistas

Las propuestas que ha presentado el PSOE aluden a los partidos políticos y a sus fundaciones. En relación con los primeros, los socialistas proponen aclarar la relación financiera de los grupos institucionales con sus respectivas formaciones, clarificar sus relaciones y unificar en un solo CIF la actividad de todos los actores económicos relacionados con un partido. También piden que los partidos que presenten durante tres o más ejercicios una situación patrimonial negativa deban ajustar sus actividades para alcanzar el equilibrio contable y establecer un marco claro para regular las donaciones a través de los bancos.

En cuanto a las fundaciones, el PSOE pide, entre otras cosas, un incremento de los recursos económicos públicos dedicados a su sostenimiento.

Podemos quiere cambios legales

Unidos Podemos también ha aprovechado el debate sobre la contabilidad de los partidos para presentar varias propuestas de resolución. Una parte de ellas dirigidas al Tribunal de Cuentas y el resto al Gobierno de Mariano Rajoy.

En el primer capitulo, el grupo que dirige Pablo Iglesias pide al Tribunal que proponga reformas concretas en la ley de financiación de partidos políticos para limitar el endeudamiento bancario y equiparar la fiscalidad de las fundaciones políticas a las de los partidos a los que sirven. También que abra expediente sancionador a los partidos que incumplan la ley de financiación y que dé cuenta de ellos en sus informes.

Podemos también quiere que el Tribunal haga públicos de forma detallada los créditos pendientes de pago en cada partido, incluyendo la identificación de las entidades acreedoras.

En cuanto al Gobierno, el grupo de Iglesias quiere que el Congreso reclame a Mariano Rajoy una reforma de la ley de financiación de partidos para equiparar la fiscalización de las fundaciones a las de los partidos a los que sirven, para prohibir la donación de inmuebles por encima de determinados importes, limitar el endeudamiento bancario, publicar la identidad de los donantes que aporten más de 5.000 euros y aumentar los plazos de prescripción de las infracciones.

También piden un plan de prevención del delito específico para los partidos, un desarrollo del Código Penal en materia de responsabilidad penal de los partidos y la reforma de la ley electoral para reducir el gasto en elecciones y regular las nuevas modalidades de financiación electoral resultado de la utilización de las nuevas tecnologías.

Ciudadanos y Esquerra no atendieron este lunes la petición de infoLibre para conocer sus propuestas de resolución.

El PP ha reculado este lunes y ha decidido reclamar finalmente al Tribunal de Cuentas que valore si Ciudadanos cumplió con sus obligaciones tributarias en su contabilidad los ejercicios de 2014 y 2015, en lugar de que el órgano fiscalizador remita toda la documentación a la Agencia Tributaria, informa Europa Press.

En concreto, los conservadores han modificado uno de los puntos de la propuesta de resolución que habían registrado este mediodía al Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, ejercicios 2014 y 2015.

En dicho informe, el organismo fiscalizador se negó a dar su conformidad a la contabilidad de 2015 de nueve partidos, entre ellos Ciudadanos, Izquierda Unida (IU), Compromís, Convergencia (CDC, socio de la nueva Junts per Catalunya) y EH Bildu, al detectar demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que limitan de examen.

En su texto inicial, el PP instaba al Tribunal de Cuentas a que pusiera a disposición de la Agencia Tributaria toda la documentación referente a los gastos de los grupos institucionales de Ciudadanos por un importe de 860.444,93 euros en 2014 "en concepto de servicios de asesoría prestados por el partido al grupo", y de los 1.166.480 euros en 2015 en concepto de "gastos por disposición de bienes que, en realidad, suponen traspasos de fondos de los referidos grupos institucionales al partido".

Además, pedía al organismo fiscalizador que emplazase a la Agencia Tributaria a investigar si Ciudadanos cumplió con todas las obligaciones tributarias correspondientes a dichos servicios de asesoría en relación con el pago del IVA u otros impuestos o figuras retributivas.

No obstante, horas después ha remitido un escrito de ampliación con "corrección de errores" a la Mesa de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) del Tribunal de Cuentas, donde se debatirán éstas y otras propuestas de resolución al citado informe, en el que los conservadores instan al tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda a que sea él quien que valore si Ciudadanos cumplió con sus obligaciones tributarias.

Según ha explicado la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Susana López Ares, es el Tribunal de Cuentas quien debe valorar si la documentación y la contabilidad presentada por los de Albert Rivera en relación con los conceptos citados "se ajusta o no a la normativa fiscal vigente", dado que, según recalca, se trata de un organismo "independiente".

Esta corrección venía justo después de que Ciudadanos acusase a los conservadores de "denigrar" las instituciones y de ir "a la desesperada" por proponer que el Tribunal de Cuentas entregase sus cuentas a la Agencia Tributaria. "Sería muy grave que el Gobierno pusiera la Hacienda Pública al servicio del PP politizándola y degradando las instituciones que son de todos los españoles", han señalado fuentes del partido naranja.

Este miércoles se votará en el pleno del Congreso la proposición de ley de Compromís para disolver aquellos partidos políticos que hayan sido financiados ilegalmente. A falta de la votación final, la propuesta de la formación valenciana cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios— Ciudadanos, Unidos Podemos, Esquerra Unida, PSOE y PDCat— salvo el PP, que ya ha confirmado su oposición, y el PNV, que se inclina por la abstención.

La iniciativa de Compromís busca poner fin al "dopaje electoral" y “acabar con el vacío legal que permite la continuidad de las organizaciones políticas beneficiadas de estructuras mafiosas destinadas a la financiación por vías ilegales”, según ha declarado el diputado del partido Enric Bataller, que será el encargado de defender mañana la proposición.Algunos de los principios que recoge la propuesta la suspensión de actividad hasta cinco años, su inhabilitación para recibir subvenciones públicas o incentivos fiscales durante un plazo máximo de 15 años, así como el cierre de locales y establecimientos por un periodo no superior a cinco años.

Compromís ha recordado que este tipo de financiaciones fraudulentas e irregulares atentan contra esencia de la democracia, ya que afectan directamente al bolsillo de la ciudadanía. Igualmente, el diputado Enric Bataller ha sacado a colación varios casos de corrupción recientes y ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas de la oposición para acabar con la impunidad que esconden este tipo de partidos políticos. 

La aprobación de la proposición ofrecería, asimismo, la posibilidad de sancionar judicialmente a aquellas personas jurídicas que financian ilegalmente a los partidos. El proyecto supondría un avance pequeño, pero efectivo, en la lucha contra la corrupción que esta año ha costado a España 90 mil millones de euros y un lavado de cara para el prestigio de la clase política.