Juan Torres López (Granada, 71 años) acaba de escribir un libro titulado Cómo sobrevivir al trumpismo y a la economía de la motosierra. Es un manual oportuno que este catedrático de Economía Aplicada lanza contra lo que él denomina una “oleada de autoritarismo global en el plano económico”. Sostiene Torres que esta dinámica que puede parecer nueva en sus formas, ya que la encarnan personajes del perfil mediático de Donald Trump o Javier Milei, busca más de lo mismo: “desmantelar todos los contrapesos que pueden limitar el poder adquirido por los grandes capitales” y recortar prestaciones sociales a golpe de motosierra, para compensarlo.

Charla con infoLibre por teléfono, en una conversación que avanza por las grandes corrientes de la teoría económica —que para él dista mucho de ser una ciencia exacta— y retrocede hacia el descontento de una ciudadanía que, en su opinión, es presa (y será también víctima) de los discursos de extrema derecha y los intereses que defienden.  

“Lo que hace Donald Trump es lo mismo que se hacía antes, pero expresado de una manera descarnada, exagerada, grosera, insultante e incluso violenta”, señala. Defiende que a pesar de sus formas, la “partitura” que interpreta no es extraordinaria ni en lo político, ni en lo económico: “El ejercicio imperial del poder de Estados Unidos sobre otras naciones no es, ni muchísimo menos, nuevo. Tampoco el chantaje militar o las políticas de proteccionismo económico y arancelario”, concluye. 

Y este paisaje, apunta, pone en riesgo la democracia. “Es algo que está haciéndose evidente en los últimos tiempos, incluso desde antes de Trump y de su primer mandato. Las nuevas formas de capital que se están haciendo hegemónicas en torno a los nuevos desarrollos tecnológicos —sobre todo a la economía de las plataformas y a la economía de la nube— necesitan mucha servidumbre social, una utilización directa de los aparatos del Estado y una concentración de riqueza que es incompatible con el equilibrio de poderes y con la existencia de contrapesos”. Dos elementos, estos últimos, “consustanciales a la democracia” y que, señala, están amenazados.

Una de las advertencias que vertebra el libro es cómo la fe en un capitalismo legitimado bajo una “falsa” apariencia de ciencia y la confianza en el modelo económico neoliberal —basado en la no intervención y en la ley de oferta y demanda— como única alternativa, han resistido a lo largo del tiempo cualquier refutación y han expulsado concepciones de la economía más “humanas”.

Torres insiste en que hay ejemplos de cómo es posible gobernar los mercados bajo principios diferentes y que, además, son exitosos: “la sanidad, la educación pública, el cooperativismo, las pensiones…”, enumera. Aunque, entre risas, muestra cierto escepticismo sobre un cambio de mentalidad y cita al filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, cuando afirmaba que los paradigmas solo cambian realmente cuando se mueren sus viejos defensores.

El economista mira hacia la extrema derecha y sus discursos elevados como uno de los mayores riesgos, pero también hacia un reparto de la riqueza que no funciona como debería. “La concentración de la riqueza tan brutal, tan extraordinaria y en tan pocas manos que se está produciendo hoy día es incompatible con la libertad de las mayorías”. Explica que los debates sobre la riqueza desmesurada de unos pocos están ganando peso en el mundo, pero con eso no basta.

“Creo que los movimientos progresistas se están equivocando, porque no basta con poner el acento en que los ricos contribuyan a combatir la desigualdad. Sin duda eso es algo obligatorio, pero el problema es que hay que actuar sobre los orígenes y sobre las causas que producen la desigualdad. Si hay una inundación no basta con sacar el agua, hay que actuar sobre la fuga”, explica. “El problema hoy en día es que donde se genera la productividad, en el seno de las empresas, hay una asimetría de derechos que permite, por ejemplo, que se obtengan beneficios como no se habían obtenido nunca a cambio de retribuciones al trabajo que son ínfimas”, concluye.

Además de esta asimetría inicial en el reparto de los beneficios, Torres pone el acento en unos sistemas fiscales que no gravan adecuadamente los nuevos modelos productivos. “Hay un error de enfoque en la política tributaria y sería fundamental que los gobiernos progresistas se plantearan un cambio”, explica. Su propuesta es poner más presión sobre los patrimonios y sobre las transacciones financieras. Estos dos puntos son, en su opinión, “el origen de las mayores diferencias de riqueza” en las sociedades modernas.

“La concentración de patrimonio es tan grande que debería ser objeto prioritario de la tributación, junto a las transacciones financieras”. Y pone un ejemplo: “Con una simple tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera en el mundo, se podrían financiar todos los gastos públicos de todos los gobiernos del planeta sin necesidad de utilizar otro impuesto”, remata.

La entrevista concluye con un recordatorio de que hay alternativas a los sistemas que solo responden al cálculo de beneficios y productividad, pero también con un reconocimiento explícito de las dificultades que rodean a un cambio de paradigma económico “que no puede esperar”.

A las 00:01 horas del miércoles 1 de octubre se puso en marcha la pesada maquinaria administrativa del shutdown (cierre). A falta de un acuerdo de última hora entre republicanos y demócratas, se han suspendido todos los gastos públicos. Los servicios federales están paralizados, lo que afecta a unos 750.000 funcionarios.

Los empleados que realizan tareas esenciales (aduanas, seguridad interior, controladores aéreos) están obligados a continuar con su trabajo pero sin salario. Se les pagará al final del bloqueo presupuestario. Todos los demás están suspendidos de empleo y sueldo, hasta que se alcance un acuerdo presupuestario.

Los estadounidenses conocen perfectamente los efectos desestabilizadores de un cierre: ha habido más de quince en las últimas décadas. El último se remonta a diciembre 2018-enero 2019. Ya entonces, republicanos y demócratas se oponían a la financiación del proyecto de Trump de construir un muro de más de 2.200 kilómetros a lo largo de la frontera con México para bloquear la inmigración clandestina. El proyecto no salió adelante. Fue el bloqueo presupuestario e institucional más largo —treinta y cinco días— y más perturbador de la historia administrativa de los Estados Unidos.

Esta vez, todos presienten que la batalla que se avecina será aún más dura. Lejos de intentar calmar los ánimos y buscar un compromiso, Trump ha decidido utilizar este bloqueo presupuestario como arma contra los demócratas, contra todos los poderes que se oponen a sus políticas.

Desde hace varios días, el presidente americano ha emprendido una violenta campaña contra el bando contrario para hacerle responsable del bloqueo del país. Una trampa inextricable, del tipo “cara, yo gano; cruz, tú pierdes”.

La parálisis presupuestaria podría tener “consecuencias irreversibles”, advirtió. “Podemos hacer cosas terribles, despedir a gente, recortar los programas que ellos apoyan”, amenazó. La administración Trump ya ha estudiado cómo aprovechar este momento. Según un memorándum del ministerio de Gestión y Presupuesto revelado por la prensa, tiene previsto recortar los programas que no le gustan.

La educación, el medio ambiente y las ayudas sociales encabezan la lista. Trump también prevé suprimir miles de puestos de trabajo federales considerados “inútiles”, en línea con la política de “eficiencia gubernamental” iniciada por Elon Musk en el primer semestre.

Tras esas amenazas, la presión sobre los demócratas se ha vuelto máxima: ¿hay que aceptar apoyar el presupuesto de Trump para evitar lo peor y no dejar vía libre a la administración Trump? ¿O hay que resistir para mantener un último contrapoder frente a los ataques democráticos actuales?

Ante la negativa del bando republicano a cualquier compromiso, los demócratas han optado por negarse a aportarles los votos que la administración Trump necesita. Para aprobar su presupuesto para 2026, que comienza el 1º de octubre, los republicanos necesitan conseguir 7 votos de los demócratas, además de los 53 con los que ya cuentan.

A cambio de su apoyo al proyecto de presupuesto, los representantes demócratas exigían el mantenimiento de las ayudas para los gastos sanitarios.

En el marco del proyecto de presupuesto aprobado en mayo, los republicanos habían previsto miles de millones en reducciones fiscales para los multimillonarios y los más ricos. Pero para controlar mejor el gasto público y evitar agravar una deuda que supera los 37 billones de dólares, también habían previsto miles de millones en recortes en los programas públicos y las ayudas sociales.

“Los demócratas luchan por proteger la asistencia sanitaria del pueblo americano y no vamos a apoyar un proyecto de ley de gastos republicano partidista que siga destruyendo la asistencia sanitaria de los ciudadanos de a pie, y punto”, explicó Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes.

La respuesta de los republicanos fue inmediata: rechazo categórico. Mantener las ayudas sociales costaría al menos 1,5 billones de dólares, y esas ayudas beneficiarían principalmente a los inmigrantes ilegales, argumentó el vicepresidente J. D. Vance, lo cual es falso, ya que ellos ya están excluidos de cualquier ayuda.

Asumiendo el bloqueo, los republicanos están decididos a aprovechar cualquier resquicio para poner definitivamente contra las cuerdas al Partido Demócrata. Y hacerle cargar con el coste político y económico de esta parálisis presupuestaria, derribando las últimas resistencias políticas e institucionales que se interponen en su camino hacia el poder iliberal.

Se utilizan todos los argumentos. Desde la aplastante victoria en las elecciones presidenciales —lo cual es falso— que supuestamente legitima su deseo de omnipotencia, hasta la toma del poder por parte de “la izquierda radical” que apoyaría el wokismo, “la inmigración ilegal” y los “narcotraficantes”, la derecha estadounidense utiliza todos los medios a su alcance para destruir a sus adversarios.

“Los grupos radicales de extrema izquierda y los miembros demócratas de extrema izquierda querían medirse con el presidente, por lo que los senadores demócratas sacrificaron al pueblo americano en aras de los intereses partidistas de los demócratas”, explicó el senador republicano John Thune para justificar el impasse en el que se encuentra el país.

Por su parte, al bando demócrata le cuesta ponerse en orden de batalla. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, es objeto de duras críticas internas y externas por su pasividad y su silencio, que a menudo dejan a los jueces y a la población civil solos en la lucha.

Dentro del bando demócrata, muchos parlamentarios no han perdonado al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, por haberse negado en marzo a utilizar la única arma política a su disposición y haber proporcionado así los votos necesarios a los republicanos.

La avalancha de críticas, la radicalización de la presidencia de Trump y, sobre todo, el auge de una nueva generación de parlamentarios entre los demócratas, ilustrado por la victoria de Zohran Mamdani en las primarias de Nueva York, les llevan a revisar su posición: ya no pueden contentarse con esperar pasivamente las elecciones de mitad de mandato. Ahora deben oponerse al trumpismo.

Más allá de las posiciones de principio, el malestar es palpable entre los demócratas, sometidos a intensas presiones por todas partes. Los republicanos multiplican los ataques, convencidos de que algunos parlamentarios acabarán cediendo. Ya se escuchan algunas voces disidentes. “No puedo apoyar un cierre costoso que perjudicaría a las familias de Nevada y daría aún más poder a esta administración”, declaró la senadora demócrata por ese Estado, Catherine Cortez Masto.

Todos temen las consecuencias económicas y sociales de este shutdown. El mundo financiero, preocupado como siempre por sus propios intereses, ha comenzado a expresar su inquietud. Con el cierre de los servicios federales, el departamento de Trabajo no podrá publicar las cifras semanales del mercado laboral. Privada de estas estadísticas, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) corre el riesgo de no poder tomar las decisiones monetarias previstas y de no volver a bajar los tipos de interés, como han apostado los financieros. Hay miles de millones en juego en esta especulación.

En términos más prosaicos, la actividad económica del país se verá gravemente afectada por el cierre de los servicios federales, la suspensión de miles de funcionarios, la suspensión de contratos y del pago de facturas, el impago de obras y servicios a miles de empresas que dependen de la contratación pública, etc.

En 2018, el cierre costó 0,4 puntos del PIB y provocó una caída de la actividad económica durante varios meses. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones de esta nueva parálisis presupuestaria en un entorno económico tan inestable e incierto como el actual? Nadie puede decirlo, ya que todo depende de la violencia y la duración del enfrentamiento.

Pero la batalla librada en el Congreso va mucho más allá de las cuestiones económicas y sociales. Si Donald Trump consigue doblegar a las dos cámaras, poco se interpondrá en su camino hacia un poder sin límites.

Traducción de Miguel López

Para los ideólogos de la maldad, todas estas cualidades que ensalzan al ser humano y que señalan las sendas de la convivencia son signos de debilidad causantes de gasto en detrimento de las ganancias de unos pocos, que son los que quieren mandar. Es el discurso de la ideología neoliberal que intenta implantarse en la actualidad. Cualquier inversión social que busca una justa y solidaria distribución de la riqueza es tachada frívolamente de “buenismo” y económicamente no rentable. El estado como enemigo y el individuo el actor principal con libertad para tomar cañas. Esta fuerza de una maldad disfrazada para disimular que se extiende como una nueva peste por un mundo que en su día abanderó el humanismo, rescató al hombre de la esclavitud y venció al fascismo-nazismo, vuelve con fuerza con banderas patrias enfrentando a una sociedad que parece adormecida, o peor, que miran por la ventana. Incluso se vuelve a utilizar el miedo, el señalamiento del disidente y la censura. Airean sus banderas, unos con el brazo en alto amenazante y la mano abierta para golpear, otros proclamando falsas leyes divinas para asesinar a niños y mujeres, destruyendo culturas hasta dejarlas como cenizas.

Lo arrasan todo, porque saben que el miedo paraliza la mente. Son los herederos del dios vengativo que asoló Sodoma y Gomorra. Utilizan el terror, que con la mentira son sus armas favoritas. A todos aquellos que se oponen o critican su maldad los tildan de terroristas o gentuza. Lo peor es que, aquí, en nuestro país, el líder de una oposición que pretende gobernar y ser hombre de Estado, ante esta barbaridad, asiente vergonzosamente con su silencio o se calla ante exabruptos tan denigrantes como el de enterrar al opositor en fosas comunes. El subconsciente a veces descubre al malvado. Una de dos, son mediocres sin discurso o solo buscan el poder a cualquier precio, aunque tengan que someterse a la maldad. Sin duda un grave problema mal resuelto por una transición que no supo cortar las raíces del mal.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

La falta de consenso político se cobra una nueva víctima: las políticas sociales. A pesar del aumento en los presupuestos destinados a cada una de las comunidades autónomas, lo que invierten para políticas sociales se ha visto reducido significativamente, con un recorte de 2.364 millones de euros en 2024 respecto al año anterior. En un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, vinculan esta reducción en el gasto con la falta de unos Presupuestos Generales del Estado renovados. Su aprobación habría llevado en el pasado, aunque no de forma homogénea por parte de las comunidades autónomas, al aumento en inversión de políticas sociales. El declive actual llega, según denuncian, precisamente ante la ausencia de la aprobación de unos nuevos en los años 2024 y 2025. 

Aún así, su reducción no es algo reciente. En los últimos años, el presupuesto destinado por las autonomías ha ido bajando hasta llegar al punto actual. Si en el 2010, un 67,4% del presupuesto se destinaba a estas partidas, la cifra ha mermado hasta un 59,1% en 2024.

La crisis del covid 19 puso de manifiesto la importancia de políticas sociales efectivas. Algo que no parecen haber asimilado los gobiernos regionales, que en los últimos años sólo han incrementado un 14,5% el dinero que destinan a estas medidas, mientras que, en el resto de políticas hubo un aumento hasta 4,5 veces mayor. 

La educación, la sanidad y los servicios sociales se han visto golpeados por una caída del presupuesto en 8 puntos porcentuales. Si se ejemplifica en números, el gasto en sanidad ha caído en 6,4 puntos desde el año 2012, cuando el porcentaje se encontraba en un 37,3%. Aunque la reducción es menos brusca en la educación, esta se ha visto igualmente afectada con un contraste entre el 23,9% que recibía en 2010 y el 20,4% que ostenta ahora. 

La única política social que, no solo no se ha visto afectada, sino que ha aumentado en presupuesto han sido los servicios sociales. A pesar de lo positivo de esto, el aumento es solo de unas décimas entre el 7,3% de 2011 o 2019 y el 7,8% actual. 

En conjunto, las comunidades han aumentado el gasto en 34.542,30 millones de euros, aunque no de manera uniforme, con distintas aplicaciones e inversiones por parte de cada región. Unas dando mucho peso a lo social y otras con una discriminación presupuestaría en esta materia, como es el caso de Cataluña, Murcia o Madrid. Esto supone un aumento de la desigualdad entre comunidades, denuncian desde la Asociación, ya que las que menos invierten son precisamente las que menos han aumentado su gasto en políticas sociales por habitante en los últimos años. 

De todas ellas, la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, es la que menos destina por habitante a lo social, con 574 euros menos que la media nacional. Esto contrasta con otras comunidades como Navarra, que destina 4.500 euros por ciudadano, o como el País Vasco con 4.343. Los madrileños reciben casi la mitad, con 2.703 euros por persona. 

En términos de aumento, desde el 2019 al 2024, Madrid ha sido la comunidad que menos ha aumentado su presupuesto social por habitante con 381,3 euros, mientras que la media de todo el territorio se sitúa en los 658,1 euros. 

En vísperas de la fiesta nacional, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha podido proclamar su victoria el jueves 3 de julio, tras la aprobación de su “gran y hermosa ley” que, según él, abre el camino a una “nueva edad de oro” para Estados Unidos, tras una noche en vela para los congresistas de la Cámara de Representantes y un discurso récord de 8 horas, 44 minutos y 25 segundos. En este impresionante discurso, el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, denunció una “gran y horrible ley” y sus nefastas consecuencias para los menos afortunados.

Fue aprobada por 218 votos contra 214, los de los demócratas y dos republicanos, Thomas Massie y Brian Fitzpatrick.

El texto ofrece, en efecto, regalos fiscales a los más ricos en detrimento de la cobertura social de los más desfavorecidos, al tiempo que destina sumas descomunales para apoyar la política presidencial contra la inmigración (175.000 millones de dólares). También elimina numerosos incentivos fiscales a las energías renovables aprobados durante el mandato de Joe Biden, su predecesor demócrata.

Intentando por todos los medios retrasar la aprobación del texto, que el presidente quería firmar en su despacho justo antes de la fiesta nacional del 4 de julio, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, habló todo el tiempo que quiso, tal y como le permite la regla del “minuto mágico”, que autoriza a los líderes de los partidos a hablar sin límite de tiempo.

Con una duración cercana a las nueve horas, es ahora el autor del discurso más largo en la Cámara de Representantes. El récord anterior lo ostentaba el líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, quien en noviembre de 2021 habló durante ocho horas y treinta y dos minutos, antes de la aprobación del proyecto de ley Build Back Better (reconstruir mejor) de Joe Biden.

Al acercarse a las siete horas y media de discurso, bromeó explicando que “la fecha límite de Donald Trump puede que sea el 4 de julio, pero no es la misma para mí, porque yo no trabajo para Donald Trump, sino para los americanos”. ”No nos arrodillaremos ante ningún aspirante al título de rey”, añadió al acercarse a las ocho y media de su discurso, bajo la mirada de aprobación de Maxine Waters, representante demócrata de California.

La actuación recuerda a la del senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker, quien en abril batió un récord que se mantenía desde 1947 al permanecer veinticinco horas y cinco minutos ante la cámara alta del Congreso.

Mientras hablaba, algunos legisladores republicanos se burlaban. “¡Sigue, Hakeem, cuanto más hablas, más unidos están los republicanos! El gran y hermoso proyecto de ley SERA estará en el escritorio del presidente Trump el 4 de julio”, escribió en X el representante Marlin Stutzman.

Hakeem Jeffries había comenzado su discurso poco antes de las 5 de la madrugada (11 de la mañana en Europa) con la intención de “tomarse el tiempo para contar historias de americanos”. “Y eso es exactamente lo que pretendo hacer: tomarme el tiempo para hablar en nombre del pueblo americano”, dijo antes de leer una serie de testimonios de personas que se verán afectadas por los recortes en Medicaid, el programa público de seguro médico del que dependen millones de estadounidenses con bajos ingresos, en la Affordable Care Act (Ley de Asistencia Asequible, ACA), un programa que los republicanos combaten y han apodado Obamacare), y también en el programa Snap, la principal ayuda alimentaria del país.

La ley reduce el gasto federal en Medicaid y ACA en aproximadamente un billón de dólares en una década, según la Oficina Presupuestaria del Congreso, encargada de evaluar de forma imparcial el impacto de los proyectos de ley en las finanzas públicas. Esto pondrá en peligro la salud física y financiera de decenas de millones de personas. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, de aquí a 2034 se quedarán sin seguro 12 millones de personas.

En su intervención, Hakeem Jeffries, que comparó el hemiciclo con una “escena del crimen”, denunció “un ataque vergonzoso y generalizado contra el pueblo americano”, recordando su responsabilidad histórica a los republicanos que se disponían a votar a favor del texto. También subrayó que la “gran y horrible ley” de Trump iba a disparar el déficit del Estado. Además, denunció la corrupción generalizada que se está produciendo durante el segundo mandato del magnate.

Este representante afroamericano aprovechó la ocasión para rendir homenaje a una de las figuras de la lucha por los derechos civiles en la década de 1960, John Lewis, quien popularizó la expresión good trouble (problemas constructivos), justificando las protestas necesarias o los actos de desobediencia civil para lograr la justicia social y el cambio. Concluyó su discurso entre los vítores de sus colegas demócratas, que lo aclamaron al grito de “¡Hakeem! ¡Hakeem!”.

El grupo estratégico de salud de Aspen, una agrupación bipartidista formada por responsables del sector sanitario, consideró que los recortes y restricciones previstos serán “catastróficos para las poblaciones rurales de Estados Unidos y sus sistemas sanitarios, muchos de los cuales penden ya de un hilo”.

“De los 7,8 millones de americanos que se prevé que pierdan su cobertura Medicaid con este proyecto de ley, se estima que 1,8 millones viven en zonas rurales. En esas regiones, Medicaid cubre casi la mitad de los nacimientos, el 65% de los ocupantes de las residencias de ancianos y el 40% de los niños. También es la principal fuente de financiación de la atención de salud mental del país”, subraya el grupo.

Este último también descarta la justificación de austeridad presupuestaria esgrimida por Donald Trump y sus partidarios, afirmando que “las clínicas y hospitales rurales que hemos examinado no son lugares de supuesto despilfarro, fraude y abuso, contrariamente a lo que afirman algunos responsables políticos para justificar los recortes presupuestarios en Medicaid”.

“En lugar de invertir en las comunidades rurales, el proyecto de ley aumentaría la brecha entre las ciudades y el campo y erosionaría sectores vitales que ya son frágiles. La salud y la atención sanitaria son esenciales para sostener a nuestras poblaciones rurales y revitalizar los paisajes donde viven hoy en día alrededor del 20 % de los americanos, es decir, 66 millones de personas”, afirma también el grupo.

Los científicos han alertado de que la ley podrá causar 51.000 muertes evitables al año: 20.000 por la pérdida de la cobertura de Medicaid y ACA, 13.000 por la tardía aplicación de la normativa sobre el personal de las residencias de ancianos y 1.000 por la pérdida de acceso a los medicamentos.

Los demócratas tienen previsto difundir campañas publicitarias dirigidas a los republicanos que votaron a favor de la ley y que podrían verse debilitados en las elecciones de mitad de mandato, en noviembre de 2026.

“Nuestra misión es hacer comprender que cuando los niños tienen menos para comer, cuando cierran los hospitales rurales, cuando sube el precio de la electricidad, es por culpa de los actos de su representante republicano”, declaró el senador demócrata Brian Schatz, citado por el New York Times. “Es culpa suya, y ellos son los únicos responsables.”

Por otra parte, la Oficina Presupuestaria del Congreso estimó el martes que la ley aumentaría la deuda en más de 3,4 billones de dólares para 2034, ya que la ampliación de los créditos fiscales costaría 4,5 billones.

La aprobación en la Cámara de Representantes no fue fácil para Donald Trump y el líder de la mayoría republicana, Mike Johnson, debido a la oposición en parte de sus filas al aumento del déficit público o a los recortes en el gasto social, que afectarán a gran parte del electorado trumpista, especialmente en las zonas rurales de Estados Unidos.

Mike Johnson tuvo que convencer a los más recalcitrantes, como Keith Self, quien explicó que había “venido a Washington para ayudar a frenar nuestra deuda nacional”. El representante texano acusó a sus colegas del Senado de haber “pisoteado” la versión aprobada anteriormente en la Cámara, antes de añadir que, en última instancia, “es una cuestión moral”.

Donald Trump expresó su enfado durante la noche en su red social Truth Social. “Para los republicanos, debería ser un ‘sí’ fácil. ¡Es ridículo!”, publicó. “Las mayores rebajas fiscales de la historia y una economía en auge frente al mayor aumento de impuestos de la historia y una economía en quiebra. ¿A qué esperan los republicanos? MAGA [Make America Great Again] no está contento y eso os está costando votos”.

Traducción de Miguel López

El Senado de Estados Unidos aprobó este sábado abrir el debate del polémico presupuesto del presidente, Donald Trump, denominado el "grande y hermoso proyecto de ley", que contempla unos 4 billones de dólares en recortes de impuestos, tras convencer a algunos republicanos que cuestionaban la iniciativa, según informa EFE.

Con 51 votos a favor y 49 en contra, el Senado avaló el debate formal del plan, que es controversial porque tiene elementos clave de la agenda de Trump, amplía los recortes de impuestos de su primer mandato (2017-2021), eleva el gasto en defensa y control migratorio, y reduce programas sociales como Medicaid y cupones de comida.

Mientras algunos senadores republicanos se oponen a los recortes a los programas sociales, otros alertan del impacto fiscal, pues el plan aprobado el 22 de mayo por la Cámara de Representantes le costaría a la deuda pública un estimado en la próxima década de 2,4 billones de dólares, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

Los recortes de impuestos que discute el Senado equivaldrían a 4,2 billones de dólares, lo que no se compensaría con las reducciones al presupuesto público, según estimó esta semana el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, en inglés), una organización civil apartidista.

Pese a comenzar el debate, los legisladores no prevén su aprobación definitiva hasta, por lo menos, la tarde del domingo, pues el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, obligó a leer por completo las 940 páginas del proyecto, con modificaciones respecto a a lo avalado por la Cámara Baja.

"Voy a forzar a esta cámara a leerlo, de principio a fin", expresó Schumer tras el comienzo oficial del debate.

Además, su aprobación definitiva aún es incierta porque los republicanos tienen 53 de los 100 escaños, por lo que no pueden perder más de tres votos.

Trump intensificó su cabildeo en la última semana para que el Senado apruebe estos días su controvertida 'Big, Beautiful Bill' para firmarla el próximo 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.

"EE.UU. quiere impuestos reducidos, incluyendo ningún impuesto sobre las propinas, horas extra y la seguridad social, deducciones de intereses en autos, seguridad fronteriza, un Ejército fuerte y una ley que es grandiosa para nuestros campesinos, manufactureros y el empleo general", escribió este sábado en la red Truth Social.

La controversia creció horas antes de la votación tras difundirse el borrador de 940 páginas que ahora discute el Senado, que incluye más recortes de lo avalado por la Cámara de Representantes, en particular a incentivos fiscales a energía eólica y solar, y a vehículos eléctricos.

El magnate Elon Musk acusó al Senado de "destruir millones de empleos" al compartir en X un cálculo de Jesse Jenkins, profesor de Princeton, sobre que el proyecto "matará" cientos de miles de millones de dólares de inversión en energía y manufactura, elevará la contaminación y reducirá la capacidad de competir con China.

Más de 200 estudiantes madrileños, tras participar en un encierro nocturno en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense (UCM), se han concentrado este martes frente al Rectorado donde han leído un manifiesto contra la futura ley de universidades del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso titulado Frente a la asfixia de la universidad pública, organización, según informa EFE.

El manifiesto, redactado durante el encierro secundado por más de 400 personas de varias universidades madrileñas, denuncia que "la universidad pública está en crisis", con asignaturas sin profesores y estos haciendo "docencia extra sin remuneración", mientras los precios de las matrículas son "los más caros de todo el Estado y la inversión por alumno es un 21% menor que la media estatal".

"Nuestras facultades se vienen abajo. Nada de esto es casualidad" sino el fruto de 14 años de infrafinanciación pública que ha llevado las universidades "a números rojos", en un "desmantelamiento" que remonta a la crisis económica durante la cual la Comunidad de Madrid ha "asfixiado" las universidades públicas mientras favorecía la "proliferación sistemática de universidades privadas".

El proyecto autonómico de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) pretende ampliar las competencias del Consejo Social, "aumentando el poder y control que las empresas privadas tienen en él, mermando la autonomía de las universidades" y obligándolas a "mendigar financiación privada, incluso creando fondos de inversión", reza el manifiesto. Todo ello "institucionalizando la infrafinanciación y sometiendo la capacidad económica de las universidades a los intereses empresariales", como parte de un proyecto "de privatización de la enseñanza, subordinación de la educación a intereses mercantiles y elitización del acceso a la universidad".

Tras criticar la "incapacidad de los partidos" políticos para solventar esta situación, llaman a trabajadores y estudiantes a organizarse en torno a cinco reivindicaciones, entre ellas, el "fin de la represión y la militarización de la universidad pública", derogando la ley estatal de Convivencia Universitaria y asegurando la libertad de reivindicación, organización y protesta en las universidades.

También exigen aumentar la financiación "como mínimo hasta cubrir el gasto mínimo y el déficit", asegurando unas condiciones laborales dignas y el "acceso de la clase trabajadora a la universidad en unas mejores condiciones". Reivindican, asimismo, "la paralización del proyecto de ley" de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de la Comunidad de Madrid y abrir "un proceso de negociación con el conjunto de la comunidad educativa organizada", además de "la expulsión de las empresas privadas de la universidad, tanto de su financiación como de sus órganos de gobierno y sus espacios".

Desde el colectivo UCM por la Pública tienen claro que los partidos parlamentarios "son cómplices y responsables" de esta situación: "No aceptamos sus migajas. Nuestra única alternativa para enfrentar esta coyuntura es la organización independiente de la comunidad universitaria", aseguran.

Durante el encierro, docentes y estudiantes de varias facultades madrileñas han acordado nuevas acciones contra la futura ley autonómica que recortará al 70 % la financiación universitaria, incluida una huelga general educativa el próximo día 28.

El martes de carnaval, Thomas Diasio estaba en Nueva Orleans, a cinco horas en coche de Birmingham. Pero, en estos tiempos políticamente turbulentos, ni siquiera las festividades escaparon a las pasiones desatadas por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Durante el desfile, dos Cybertruck, esos enormes vehículos Tesla de estilo futurista fabricados por la empresa de Elon Musk, sufrieron el furor de la multitud, que los abucheó e insultó. “A pesar de que estábamos en una sección del público donde generalmente se sientan las familias”, dice Diasio.

Unos días después, este abogado cuenta la anécdota a sus amigos, simpatizantes demócratas que suelen reunirse todos los jueves por la noche en un bar de esta antigua ciudad industrial, un bastión demócrata en un Estado, Alabama, completamente ganado por los republicanos.

Bromeando, el pequeño grupo se llama a sí mismo blue dots, “puntos azules”. Una referencia a la pegatina que representa un punto azul claro rodeado de rojo, y a toda una gama de productos derivados lanzados por dos habitantes de Birmingham en 2006 para devolver la energía y la esperanza a aquellos que pueden sentirse aislados.

Bajo un árbol y con una luna resplandeciente, en el patio tomamos algo, pedimos bocadillos y, por supuesto, hablamos mucho de Trump. Nos contamos anécdotas, como la de Nueva Orleans. O la de uno de los presentes que cuenta su desventura, la de su pareja.

Los suegros de Thomas Diasio votaron a Trump. Su mujer, investigadora en un centro nacional de salud (NIH), es víctima de los despidos decididos por Elon Musk. “¿Sabes lo que le dijeron sus padres? Que busque otro trabajo, en el hospital”, dice, consternado. ¿Cómo hablar con los de enfrente cuando el país se tambalea hacia una distopía?, se preguntan. Incluso se llega a imaginar que el “mejor escenario” sería un golpe de Estado para salvar las instituciones.

Un ex militar que se acaba de incorporar al grupo considera que habrá que dirigirse a quienes votaron por Donald Trump en noviembre. “Habrá que ganarse su corazón y su mente”. Es más fácil decirlo que hacerlo, argumenta uno de sus vecinos, que está harto de las locuras de los republicanos, de sus mentiras y de sus ataques contra la democracia estadounidense.

En su cuenta de Facebook, Thomas Diasio publica muchos contenidos denunciando la política de la actual administración y sus ataques contra la administración federal. Ha difundido la traducción al inglés del discurso del senador francés Claude Malhuret, que se ha convertido en una estrella de los anti-Trump por comparar Washington con “la corte de Nerón”, con “un emperador incendiario, cortesanos sumisos y un bufón bajo ketamina encargado de la depuración de la función pública”.

También hay fotos de las manifestaciones que se organizan todas las semanas, como la que tuvo lugar frente a la sede de la Seguridad Social en Birmingham para denunciar la ofensiva del multimillonario Elon Musk. A petición de los sindicatos, unas treinta personas se colocaron a lo largo de las aceras y enarbolaron pancartas en las que se podía leer: “Salvar el país, salvar la función pública”, “Poner fin a la guerra contra los trabajadores americanos”. La de Cynthia Johns, presidenta de la sección local de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE), es una llamada a los parlamentarios: “Congreso: ¡aguanta, no te rindas!”

Esta sindicalista cuenta que los funcionarios se sienten atacados por las acciones de Elon Musk y sus secuaces, que han entrado en el sistema de seguridad social “sin habilitación de seguridad”. “Todo sucede de forma rápida y agresiva. Nunca sabemos qué va a pasar en el día a día. ¿Qué será lo siguiente?”, se pregunta, y añade: “Todos los días veo las noticias y es como una película de terror. Cada mañana y cada noche veo las noticias y me pregunto qué pasará a continuación. Y cuando crees que la situación está en su punto más bajo, que no puede empeorar, ocurre algo más. Están a punto de destruir el Ministerio de Educación”.

A su lado, Eric Hall, ex funcionario y activista de Black Lives Matter, lleva una camiseta de la organización Black Voters Matter  con la inscripción “We Fight Back” (“Contraatacamos”).

“Es un mensaje muy importante”, explica. “Un mensaje que enviamos al mundo para decirle que no vamos a dejar pasar nada. Vamos a mantenernos fuertes y vamos a luchar. Vamos a luchar contra esta injusticia. Vamos a luchar contra aquellos que odian a los trabajadores del servicio público. Luchamos para proteger a los empleados del gobierno federal, y no solo a ellos sino también a los veteranos y a todos los demás”.

Él, que participa en las movilizaciones de base, ¿cómo ve la respuesta del Partido Demócrata cuatro meses después de su derrota en las elecciones? “El Partido Demócrata debe hacer más”, responde. "Creemos que esta administración no es justa y no respeta las reglas. El Partido Demócrata debe hacer todo lo necesario para asegurarse de que representa a los votantes que les eligieron. Es hora de que tenga más agallas y se muestre más firme”.

El llamamiento al Congreso para que no se rinda, inscrito en la pancarta de la sindicalista Cynthia Johns, no ha sido escuchado. Al día siguiente, el líder de los senadores demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y otros nueve compañeros permitieron que Donald Trump y los republicanos evitaran una parálisis presupuestaria.

Pero los republicanos no han mostrado ninguna voluntad de hacer concesiones al aprobar en la Cámara de Representantes un proyecto de presupuesto que prevé nuevos recortes en el gasto federal, mientras que el “copresidente”, el multimillonario Elon Musk, ya ha procedido a decenas de miles de despidos de funcionarios y a severos recortes en las agencias federales y los ministerios.

La oposición demócrata tuvo la oportunidad de mostrar su firme y total desacuerdo con este proyecto de destrucción, ya que, aunque el bando republicano tiene todos los poderes, al controlar la Casa Blanca y el Congreso, necesitaba ocho votos de la oposición para aprobar su texto en el Senado.

El líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, que había afirmado inicialmente que se opondría, finalmente cambió el voto. En un comunicado, el senador por Nueva York explicó que era “la mejor manera de minimizar el daño que la administración Trump causará al pueblo americano”.

Este cambio de opinión provocó fuertes críticas de numerosas figuras del Partido Demócrata, entre ellas, Alexandria Ocasio-Cortez. Entrevistada por la CNN, la diputada del ala izquierda del partido consideró que la decisión de Schumer era “un error monumental”, expresando también “un profundo sentimiento de indignación y traición”.

La organización Pass the Torch (Pasa la antorcha), creada en 2024 para pedir a Joe Biden que no se presentara y pasara el relevo a Kamala Harris, consideró que “Chuck Schumer no quiere ni puede afrontar este momento”. “Su único trabajo consiste en luchar contra la toma de control fascista de nuestra democracia por parte de MAGA”, prosiguió. “En lugar de eso, la está favoreciendo directamente”. Los militantes han pedido la dimisión de Schumer.

El analista político Nate Silver también considera que Schumer se ha equivocado, sobre todo porque la política de Donald Trump encuentra cada vez más resistencias y se traduce en mayores dificultades económicas debido a los aranceles que está imponiendo. “Entonces, ¿por qué querrían los demócratas ofrecerle un salvavidas con un presupuesto que ni siquiera aprueban?”, escribe.

Más de cuatro meses después de su derrota en las presidenciales, los demócratas muestran, una vez más, su división entre pusilánimes y luchadores. Y la ausencia de líder refuerza esta impresión de desorganización.

Pero las bases se están movilizando. En Birmingham, la rama local de Indivisible —un movimiento de base creado después de la primera elección de Trump en 2016 por ex colaboradores parlamentarios del Partido Demócrata para “ralentizar, detener y rechazar” el programa del magnate inmobiliario— ha vuelto a la acción, explica una de sus responsables, Laura Nadell.

Esta trabajadora autónoma, que tiene una pequeña empresa de cuidado de mascotas, tomó la palabra el 7 de marzo durante la movilización a favor de la ciencia en un parque de Birmingham. Se remontó al pasado para hacer frente a las tormentas del presente: “Es aterrador lo que está pasando. Tengo miedo. No dejo de decirme a mí misma: Dios mío, si yo hubiera sido una de esas personas en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿habría podido montarme en bicicleta y, ya sabes, ser como esas personas que resistieron? Me digo a mí misma que habría sido realmente aterrador, pero la respuesta es probablemente sí, porque no conozco otra forma de hacerlo que seguir adelante. Cada uno de nosotros tiene poder, pero juntos tenemos aún más”.

Una semana después volvemos a encontrarla en un moderno café del centro de Birmingham. Cuenta que fue “salvada por el punk”, una música que le permitió rebelarse contra su educación muy conservadora y salir de su mundo tradicional del sur de Estados Unidos. “Derribar muros, permitir que la gente sea ella misma y no ser juzgada por lo que es, son principios que provienen del punk y que nunca me han abandonado. Somos más fuertes si partimos de la base que si nos imponen las cosas desde arriba”, justifica.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, su organización recibe cada vez más refuerzos. “Cada semana se presenta gente nueva. No solo organizamos reuniones, también trabajamos en la resiliencia de la comunidad. Por ejemplo, creamos jardines comunitarios. Organizamos clases de yoga para mantenernos concentrados y con energía”.

El 18 de mayo, Indivisible organizará un gran concierto, que se llamará Rock for your rights (El rock por vuestros derechos). Además de actuaciones de grupos, se prevén intervenciones políticas. “Intento no pensar demasiado en todo lo que hacen cada día porque, si no, me va a invadir la tristeza, la ansiedad y la desesperación. Así que hacer todo lo que hago me ayuda a sentirme mejor”, afirma Laura Nadell.

La concentración cuyo tema era “La corrupción destruye, la comunidad construye”, a la que tenía previsto asistir el sábado por invitación de la iniciativa 50501 (50 manifestaciones, 50 Estados, una iniciativa),  fue finalmente cancelada en Birmingham. Se había anunciado un tornado durante al menos veinticuatro horas. Pero el que se ha generado en la Casa Blanca podría durar más tiempo.

Traducción de Miguel López

La deuda pública española bajó hasta el 104,4% del PIB en el tercer trimestre del año, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue batiendo récords si se mide su volumen en términos absolutos, 1,63 billones de euros. El repunte ha sido de 57.304 millones, un 3,6%. Hace unos días, la Comisión Europea ha validado el plan fiscal que el Gobierno español le había enviado en octubre, porque considera que establece una senda “creíble” para garantizar que la deuda pública bajará o se situará en niveles “prudentes”. Y es que, tras la entrada en vigor el pasado abril de las nuevas reglas fiscales de la UE y teniendo en cuenta el débil crecimiento económico europeo –lastrado por la mala salud de sus dos principales motores: Alemania y Francia–, la consolidación fiscal, como la llaman los economistas, y la austeridad, como se bautizó en la penúltima crisis, vuelve al centro de atención de expertos y políticos, y ocupa titulares.

La época en que los gobiernos pusieron en marcha grandes planes de gasto para luchar contra la parálisis económica causada por el covid y para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha quedado atrás. Entonces Bruselas suspendió las reglas fiscales europeas, fijadas en un 3% de déficit y un 60% del PIB para la deuda pública. Ahora, los vientos soplan del lado contrario. Según calcula Bruselas, de 2025 a 2028 la eurozona deberá aplicar un ajuste fiscal de 1,9 puntos porcentuales de PIB. El país que más tendrá que apretarse el cinturón es Finlandia, 4,8 puntos porcentuales, mientras que a Alemania sólo le sobran 0,4 puntos y a Irlanda, ninguno. El ajuste español debe ser de 3,6 puntos porcentuales de PIB, sólo una décima menos que el francés.

Para hacerse una idea de la profundidad del recorte, se puede comparar con los casi siete puntos porcentuales del ajuste sufrido por la economía española entre 2011 y 2013, los años de la gran crisis financiera y de la austeridad impuesta por Bruselas tras el rescate a la banca. Es decir, el esfuerzo fiscal que se le pide a España es la mitad del que tuvo que hacer una década atrás. Además, esta vez “la senda que ha mandado el Gobierno a Bruselas está bien dosificada en el tiempo”, por lo que el ajuste debería ser mucho menos doloroso, apunta Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. La incógnita, añade, es que el Gobierno aún no ha concretado cómo va a llevarlo a cabo.

Para reducir la deuda sólo hay dos caminos: recortar el gasto público y subir los impuestos. Tras la crisis financiera, la mayor parte del ajuste fiscal se llevó a cabo mediante recortes del gasto público, un 56%; el resto fueron subidas de impuestos. El FMI, en su más reciente Monitor Fiscal, apremia a los gobiernos a “reconstruir los colchones fiscales” y a contener la deuda pública “ahora y no más tarde”. Dice que retrasarlo sólo aumentará la necesidad de hacer “una corrección mayor” más adelante. Justifica la oportunidad del momento en el hecho de que la inflación se está moderando y los bancos centrales han bajado los tipos de interés, por lo que las economías se hallan “en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento de la política fiscal”.

Porque de lo que no hay duda es de que esos ajustes tienen un inevitable impacto en la economía y en los hogares, como el mismo FMI reconoce. Los recortes en las transferencias de dinero público afectan a los ciudadanos, en especial a los de rentas más bajas. Habrá menos subsidios y prestaciones o éstos serán de menor cuantía, por ejemplo, si se recorta el gasto social. El resultado inmediato es una reducción del consumo de los hogares. Y un aumento de la desigualdad. Otro tanto ocurre si se bajan los salarios de los funcionarios. Finalmente, si se recorta la inversión pública, inevitablemente caerá la actividad económica.

Como recuerda Philipp Heimberger, economista del Vienna Institute for International Economic Studies, en Consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en la eurozona, los ajustes fiscales siempre frenan la actividad económica en el corto plazo. Así, un recorte del 1% del PIB se traduce en una pérdida de crecimiento del 1% los dos primeros años y del 3,5% en cinco años. De hecho, explica, entre 2011 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, las ratios de deuda pública respecto al PIB de los países del sur de Europa empeoraron con la austeridad porque sus economías entraron en recesión y se redujo el denominador de la fórmula.

El Banco de España ya ha cuantificado el impacto que el ajuste previsto puede tener en la economía. En las proyecciones económicas que publicó la semana pasada, cifra en un 3,9% lo que crecerá el gasto de promedio entre 2025 y 2027, cuatro décimas porcentuales más de lo que prevé el Gobierno en el Plan Fiscal enviado a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, también cree que el gasto se desviará sólo un poco menos: tres décimas. Tras señalar que el Gobierno no ha concretado suficientemente cómo va a llevar a cabo el ajuste fiscal al que se ha comprometido, el Banco de España plantea dos posibles escenarios, dependiendo de cómo se dibuje ese recorte. El primero, reduciendo la inversión pública, frenará el crecimiento del PIB en un un 0,5%. El segundo, rebajando el resto de las partidas de gasto pero protegiendo la inversión pública, rebajará un 0,3% el PIB en 2027.

De ahí que el FMI pida un “diseño cuidadoso” del ajuste fiscal, para evitar que los países terminen en lo que denomina como “crecimiento anémico”. Pero también recomienda como medida paliativa un aumento de los impuestos progresivos que, a su juicio, afectará menos a la actividad económica que el recorte del gasto público, considerando que las rentas más altas –las que más impuestos pagarán– reducen menos su consumo porque cuentan con un mayor colchón patrimonial. “El problema que tienen las subidas de impuestos en los tramos superiores es que genera un aumento de la recaudación poco relevante”, precisa Diego Martínez. Lo mismo ocurre con los impuestos a las energéticas o la banca, por cuyo mantenimiento lucha el Gobierno en el Congreso.

Para Carlos Martín Urriza, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario de Sumar, la austeridad no es el camino. En su lugar, aboga por “encauzar el capital hacia inversiones más productivas”. Se refiere tanto a los Fondos Next Generation de la UE para la transición digital y la ecológica, como al capital humano, consiguiendo “un mercado de trabajo lo más amplio posible”. Martín Urriza cree que es la receta adecuada para un país que tiene infrautilizados sus recursos laborales, con una tasa de paro elevadísima, un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial indeseados o demasiados trabajadores subempleados. Por lo que propone “elevar los estándares laborales”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional o mejorando el cumplimiento de la jornada de trabajo, para que prevalezcan las empresas más productivas.

Bajando al detalle, el FMI recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles, que en los países en desarrollo “favorecen desproporcionadamente” a los más ricos, mientras que en los países más avanzados sus beneficios recaen en gran medida en las rentas medias. A España, en concreto, le sugiere que “mejore la eficiencia” de los beneficios fiscales; es decir, de las deducciones, exenciones y bonificaciones de las que disfrutan determinados contribuyentes, actividades o inversiones. En los últimos Presupuestos del Estado, su cuantía ascendía a 45.268 millones de euros. “Es una gran fuente de ingresos a los que se está renunciando”, admite Diego Martínez. Carlos Martín coincide en que hay que “redefenir” el catálogo de exenciones y deducciones, sobre todo en el impuesto de sociedades, pues sus deficiencias de diseño permiten a la empresas el “escaqueo fiscal”.

A Estados Unidos, el FMI le recomienda en cambio que suba los impuestos indirectos y aumente de forma progresiva el impuesto sobre la renta, mientras que a Reino Unido le pide que elimine exenciones al IVA. Con Francia es más expeditivo y le aconseja que redefina sus prioridades de gasto “dentro de un recorte general del gasto público”.

La razón de tanta dureza estriba en que la deuda pública francesa ha escalado hasta el 112% del PIB, y está casi ocho puntos por encima de la española. Tal es así que la prima de riesgo gala ha igualado a la griega y superado a la española. Algo impensable en los peores años de la crisis financiera cuando el diferencial de la deuda española con la alemana se disparó hasta casi los 500 puntos básicos y la griega superó los 1.000. Ahora la prima de riesgo de España se sitúa por debajo de los 70 puntos básicos. La de Francia ha llegado a exceder los 90. Merece la pena recordar también que el déficit público francés superará este año el 6%, mientras que el español se quedará en el 3%.

La alarma es de tal envergadura que el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard urgió la semana pasada a abordar en Francia un recorte del gasto público y un aumento de los ingresos que sume 150.000 millones de euros “a largo plazo”. A su juicio, la mayor parte del ajuste debería realizarse en el lado del gasto, pero sin comprometer la inversión pública. “A menos que le pidamos a Elon Musk que haga el trabajo, no podemos solucionar el problema reduciendo los gastos operativos [de la Administración]”, advierte Blanchard en referencia a los recortes masivos de funcionarios que ha anunciado el multimillonario elegido por Donald Trump para encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

No obstante, en un artículo publicado en el periódico Le Point y firmado junto con François Ecalle, asesor honorario del Tribunal de Cuentas francés, Blanchard no duda en proponer recortes en las prestaciones sociales. Y no le bastan las pensiones, también plantea pasar la tijera a las prestaciones de desempleo y familiares, al reembolso de los medicamentos o incluso al equivalente francés del Ingreso Mínimo Vital, allí llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA). También aboga por aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. En resumen, un programa de recortes sociales que no satisfará precisamente a la izquierda gala, movilizada en pleno contra la reforma de las pensiones propulsada por Emmanuel Macron.

Por lo que a España se refiere, el plan fiscal recién validado por Bruselas prevé que la ratio de deuda pública respecto al PIB siga bajando hasta el 102,5% este año e incluso llegue al 98,4% en 2027 y al 90,6% en 2031. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fía esa senda al crecimiento español –Bruselas lo ha elevado al 3% este año–, que permitirá “proteger el Estado del bienestar de cara al futuro” al tiempo que sostener las inversiones, según aseguró en su cuenta de X.

“El crecimiento económico, en efecto, amortigua el ajuste fiscal, pero ese esfuerzo lo pide Bruselas en términos estructurales, es decir, descontando el efecto del ciclo económico sobre los ingresos”, detalla Diego Martínez. De forma que eso le permite al Gobierno “comportarse un poco como el doctor Jeckyll y Míster Hyde”, añade, “y eso es bueno: puede meter mejor el cuchillo en decisiones estructurales si tiene un ciclo económico que le ayuda a generar ingresos de forma automática, con el viento a favor”.  

Sin embargo, Philipp Heimberger advierte de que la Comisión Europea subestima los efectos negativos sobre el crecimiento económico del ajuste fiscal que exige. “Las ratios de deuda pública de la zona euro probablemente no se reducirán a medio plazo tanto como se espera”, explica, “de hecho, la consolidación fiscal durante el periodo de ajuste bien puede desacelerar la economía o al menos conducir a un estancamiento”. De hecho, calcula que la Comisión Europea ha infravalorado en 3,1 puntos porcentuales la previsión para 2033 del peso de la deuda pública sobre el PIB español y aún más, 3,9 puntos porcentuales, la de Francia.

"Este Parlamento inicia un camino de solidaridad con las personas dependientes, con las personas que requieren ayuda para sus necesidades básicas". Era 5 de octubre y José Luis Rodríguez Zapatero tomaba la palabra en el Congreso de los Diputados para celebrar que la Ley de Dependencia que había impulsado su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, había recibido una amplia luz verde. Sólo CiU, PNV, EA y Nafarroa Bai votaron en contra. Según dijeron, porque invadía competencias. Poco más de dos meses más tarde entraba en vigor la que el propio Caldera había descrito como "la norma social más importante de principios de este siglo". Era diciembre de 2006. Hace ahora 18 años.

Mucho ha llovido desde entonces, pero si en todo este tiempo ha habido algo que ha marcado la vida de la norma eso ha sido la crisis económica y los posteriores recortes. Los consejos de ministros que en 2012 y 2013 celebraba cada viernes el Gobierno de Mariano Rajoy terminaban siempre —o casi— con un nuevo tijeretazo a los servicios públicos. Y la dependencia, claro, no se libró de ello. En diciembre de 2013, cuando la Ley apenas tenía siete años, el Ejecutivo conservador celebró el aniversario aprobando un decreto con dos medidas importantes: por un lado disminuyó las intensidades de los servicios ofrecidos bajo el amparo de la ley y, por otro, introdujo incompatibilidades. Es decir, estableció que si se recibía una prestación no se podía recibir otra. Por ejemplo: o ayuda a domicilio o centro de día.

Fue un punto de inflexión. A partir de entonces, el dinero que cada persona con dependencia reconocida percibía en prestaciones y servicios se mantuvo más o menos estable, o incluso aumentó hasta dos años después. Sin embargo, ya en niveles lejanos al máximo que se alcanzó en 2010, cuando el gasto público se situó en 8.145 euros por cada dependiente, una cifra que hoy, 14 años después y ya con la Ley de Dependencia mayor de edad, se sitúa en 5.982 euros. Un 26,6% menos. Es el dato que resulta "muy preocupante" para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes ha presentado su balance del decimoctavo aniversario de la ley.

La organización habla claramente de "déficit de financiación". Al menos si el objetivo es poder atender a todas las personas en lista de espera, es decir, con el grado de dependencia reconocido pero todavía pendientes de recibir una prestación o servicio del sistema público. En octubre de este año eran 291.649, una cifra para la que los directores y gerentes de Servicios Sociales estiman que son necesarios 1.750 millones adicionales. Y eso sólo para mantener la inversión en torno a los 6.000 euros por cada una de ellas.

Pero eso tampoco es lo ideal, señala José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. A su juicio, la caída hasta ahora imparable de lo que se destina a cada dependiente ha tenido una consecuencia muy clara. Y muy negativa. "Lo que refleja ese dato es que las prestaciones y su intensidad han caído, es decir, que lo que se ofrece a los dependientes es cada vez menos. En resumen: estamos yendo hacia un sistema de dependencia low cost", lamenta. Y eso es "poco eficaz". Aumentan las personas atendidas, sí, pero es que al mismo tiempo desciende la calidad de las prestaciones que reciben.

Este 2024 finalizará, según las estimaciones de la organización, con 1,5 millones de personas recibiendo una ayuda a la dependencia, un dato que supone el mayor incremento en esta estadística de los últimos 12 años y que se explica —o así al menos lo entienden los directores y gerentes de Servicios Sociales— por el plan de choque aprobado por el Gobierno en el año 2021, un documento de 34 páginas que pretendía revertir todo lo que se había destruido en años anteriores. Porque a la fase de "despegue inicial" de la norma le siguieron etapas duras.

Fue sobre todo la que tuvo lugar entre 2012 y 2015, cuando se produjo el "estrangulamiento financiero" y la aprobación de medidas "inexplicables", como lo fue precisamente la declaración de incompatibilidades. Fue entonces cuando empezó a producirse el "fenómeno sangrante" de que personas con una necesidad de ayuda reconocida fallecían antes de percibirla. "Tanto fue así en aquellos años, que el número de personas con derecho reconocido disminuyó, de forma que el flujo de entradas no reponía las bajas que se producían a pesar de que el fenómeno de la dependencia estaba ahí", dice el informe presentado este lunes.

En 2015 empezó a recuperarse la situación y entre periodos mejores y peores llegó 2020. Y con él, la pandemia. Y con ella la revelación de la importancia de los cuidados. Fue ahí cuando llegó el plan de choque. Y cuando entraron 287.636 personas más al sistema. Con ellas ya subirán hasta los 3.699.078 los dependientes atendidos, el dato más positivo de todos estos años.

Hay otra cara de la misma moneda. Y es que 900.000 personas han fallecido con un grado de dependencia reconocida pero todavía sin la prestación. "Es lo peor que seguimos soportando, que cada 15 minutos muere alguien en esa lista de espera", lamenta Ramírez. Esta es, además, cada vez más delgada, pero sobre todo porque las prestaciones o los servicios de los dependientes de Grado I —los menos graves— son los primeros en salir de ella. Según las previsiones, este año terminará con 155.000 personas desatendidas, si se tiene en cuenta a quienes están esperando su valoración de dependencia —que son alrededor de 24.000— y a quienes, ya teniendo su ayuda reconocida, todavía no la perciben, que son 131.083 personas. Todas ellas conforman lo que los directores y gerentes de servicios sociales han denominado "limbo de la dependencia", que en 2024 disminuirá, según prevé la organización, un 13,7%.

Pero hay otro dato preocupante. Y es que hay otras 136.954 personas que ni siquiera han sido valoradas. Es decir, en la primera fase del procedimiento. Según los cálculos de la organización, 2024 será uno de los años que finalice con más gente en esta lista. Así, si tenemos en cuenta todos los datos,  este año "cerrará con alrededor de 291.649 personas desatendidas esperando algún tipo de trámite de la dependencia, tan sólo 4.782 menos que en 2023". "Con este ritmo de reducción, se tardarían 61 años en lograr la plena atención", sentencia la organización.

Para ello los directores y gerentes de Servicios Sociales tienen claro que es necesaria una mayor financiación. Y que quienes tienen que ampliar su esfuerzo en este sentido son las comunidades autónomas.

En teoría, el sistema de la dependencia es financiado de manera tripartita entre el Estado, las comunidades y los usuarios. El problema que ha ocurrido durante todos estos años es que cuando una de las dos administraciones —la central o la autonómica— aumentaba su aportación, la otra descendía la suya. Y así "difícilmente se podrá atender con solvencia las necesidades que habrá de exigirle el inminente reto demográfico del envejecimiento de buena parte de la población al que España se afrenta en los próximos años". Por ello también insta a que se incrementen las intensidades de los servicios y las cuantías de las prestaciones. Y en todas las comunidades por igual.

Por último, Ramírez exige simplificar el "disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios". Como prueba, un dato: el 92% de la reducción del "limbo de la dependencia" de los últimos años no se ha producido porque la situación se ha resuelto, sino porque la persona que estaba a la espera ha fallecido antes.

Este domingo, 9 de junio, los europeos están llamados a las urnas. Lo que determinen con sus votos tendrá repercusiones, entre otros planos, en el económico. Prueba de ello son la normativa de la cadena alimentaria, la Directiva sobre cooperación fiscal, la de Servicios de Comunicación Audiovisual, que refleja la nueva realidad del mercado audiovisual conjunto; o el Reglamento que recoge las directrices que deberán aplicar los estados miembros a la hora de diseñar sus planes estratégicos para adaptarse a la actualizada Política Agrícola Común (PAC).

Este 2024 ya se ha dado luz verde a la transposición de una Directiva europea que regula la conciliación familiar y la vida profesional de progenitores y cuidadores del espacio común europeo. Antes, en 2023 entre las directivas trasladadas al ámbito estatal cabe señalarse el paquete de cinco que simplificaron las normas de los Mercados de Valores e Inversión en España; o la Directiva DAC7, dirigida a mejorar la cooperación entre países miembros en el ámbito de la fiscalidad. En 2022 fue cuando salieron adelante la citada directiva del Audiovisual o el Reglamento ligado a la PAC, y otras como la Directiva que fija un espacio ferroviario único para la Unión. En el ejercicio anterior se armaron en España 11 iniciativas legislativas que transpusieron directivas, entre las que se encontraban la relacionada con el blanqueo de capitales o la Ley Ómnibus de transposición de Directivas Europeas, con medidas aplicadas como consecuencia de la invasión de Ucrania, muchas de las cuales contribuyeron a aliviar los bolsillos de los ciudadanos.

En la misma línea, en 2020, 27 iniciativas legislativas derivaron de decisiones europeas, entre las cuales hay que situar algunas como las asociadas con la armonización del Impuesto sobre el valor añadido (IVA) o la eficiencia energética. Y en 2019, por último, hubo leyes con germen europeo como las de secretos empresariales, propiedad intelectual, los contratos de crédito inmobiliario u otras de la órbita financiera. Es más, un 53,6% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales españolas, Congreso y Senado, durante la IX legislatura de la Eurocámara en general, tuvieron su origen en las instituciones europeas, según un análisis de la Oficina del Parlamento Europeo en el país.

“Aunque la gente piense que son unas elecciones que sirven para poco, es mentira. La mitad de la legislación española de los últimos años es resultado de decisiones europeas, con lo que son muy importantes”, confirma Juan Gimeno, ex rector de la UNED, coordinador general de la Plataforma por la Justicia Fiscal y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Y, sobre lo que hay en juego el 9J, mantiene: “Hasta ahora había un cierto equilibrio entre la socialdemocracia, los conservadores y los liberales, que hacía un Gobierno, se puede decir centrista, escorado a la derecha, pero que ha permitido que en la última Presidencia haya habido avances importantes hacia una Europa más social”. “Se aprobaron el pilar social, los fondos Next Generation, como respuesta a la crisis de la covid, que supusieron un cambio de sensibilidad y de reacción económica, frente a lo que se hizo a primeros de la década anterior; o el plan verde”, enumera. A ello suma “emisiones de deuda mancomunada europea, que es una especie de principio de obligaciones conjuntas, casi un decir ‘no va a haber más remedio que tener un Presupuesto europeo que merezca tal nombre’, no como lo actual, que son cantidades muy pequeñas, apenas algo más del 1% del PIB -Producto Interior Bruto- europeo”.

En definitiva, Gimeno cree que “se han abierto esperanzas", pero al mismo tiempo han "crecido posiciones muy de ultra derecha, populistas, anti europeas, extremadamente nacionalistas… que pueden suponer que no sólo se frustren esos avances, sino que se retroceda enormemente”, avisa.

Entre esas sombras, coloca la lupa en un aspecto: “No hay más que ver las propuestas que se están haciendo en temas de inmigración”, encauza. Y ello “cuando ya el pacto que se alcanzó in extremis en esta materia no era muy satisfactorio desde el punto de vista de casi todas las organizaciones de esa área. En un continente que necesita mano de obra extranjera para crece y sobrevivir. Tener esas actitudes tan demagógicas es tirar piedras sobre nuestro propio tejado”, asevera.

“Además -encadena-, después de que tras la pandemia se abrió la mano, hay que volver a la senda del equilibrio presupuestario, eso es inevitable, pero puede ser más o menos duro. Podemos regresar a criterios con el coste social que sufrimos en la primera mitad de la década pasada, o puede hacerse algo más flexible, buscarse recursos europeos o atender la petición que han hecho cien europarlamentarios para consolidar una cierta reforma fiscal que apunte ingresos para la propia Unión, unido a homogenización, evitar que las grandes empresas evadan impuestos o que haya competencia fiscal entre estados…”.

En cualquier caso, Gimeno quiere dejar claro que el resultado que arrojen las urnas este domingo “afectará" a "la vida cotidiana" de los españoles. "Va a significar que nuestros presupuestos, nuestras políticas, se mantengan con preocupación social y con posibilidades de seguir creando empleo, etc, o que volvamos a restringir derechos o programas sociales”. En definitiva, regresar a los recortes o no.

En ese sentido, Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES), se muestra esperanzado: "Pienso que no veremos en la UE en los próximos años una política de austeridad como la que se impuso en 2010. Fue un error de política económica, como se reconoce hoy de forma amplia", traslada a infoLibre. Considera que "las nuevas reglas fiscales aprobadas por la Unión tienen la flexibilidad necesaria para hacer que los ajustes fiscales se hagan gradualmente y de acuerdo a las circunstancias específicas de cada estado".

"Como decimos desde el CES en el nuevo Informe de gobernanza económica europea -aporta luego-, esas reglas fiscales nacionales tienen que ser complementadas y equilibradas por el avance de la UE en la puesta en marcha de bienes públicos europeos como la unión bancaria, la unidad de mercados de capitales, que permita utilizar el ahorro en Europa; y una unión fiscal que dé a la UE capacidad presupuestaria y financiera" para costear "las enormes inversiones que hay que hacer para afrontar los retos económicos, industriales y sociales". A su parecer, de los sufragios que se depositen el 9J dependerá "la capacidad de la Unión para hacer frente a esos retos y, de esa forma, ayudar a los estados nacionales a cumplir las nuevas reglas fiscales, evitando el riesgo de nuevas políticas de austeridad".

Para Daniel Fuentes, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, "la economía europea vive desde 2008 en una dinámica de shock-reacción que poco o nada tiene que ver con los ciclos económicos. De ahí la frustración con las políticas más convencionales", dice, entre las cuales sitúa "las 'austeritarias'".

En relación a la fiscalidad que viene, defiende que la UE "va a tener que ser imaginativa y, a la vez, responsable" a la hora de "aplicar las nuevas normas fiscales" que, a su juicio, son "una versión mejorada de las anteriores", al "contexto actual". "Por una parte", engarza, "se necesitan más recursos", para asuntos como "defensa y seguridad exterior, descarbonización de la economía, lucha contra el calentamiento global, transición energética o envejecimiento de la población"; y, por otra, "el endeudamiento público es elevado". Junto a lo expuesto, Fuentes deja caer la conveniencia de avanzar en tres ámbitos: "Profundizar en el mercado de capitales, para que el ahorro fluya de manera eficiente, en la unión bancaria y en la emisión de deuda comunitaria". "Lo que no debemos permitir es que Europa pierda el tren de la inversión. El impacto sobre la prosperidad futura sería irrecuperable. Y con él, el deterioro de la cohesión social", remata.

Sin abandonar la inversión, a Judith Arnal, investigadora senior de Real Instituto Elcano y CEPS, le llama la atención que en los debates que se están produciendo en torno a los comicios del 9J se esté elaborando "una lista muy larga de todas las necesidades financieras" que tiene la Unión. Ella las resume en las que serían las tres puntas de un triángulo: transición ecológica y transformación digital, defensa y ampliación de la propia UE. "Nos centramos mucho en todo lo que tenemos que gastar, pero detecto poco debate en torno a de dónde vamos a sacar el dinero para cubrir todo eso", advierte, para apostillar: "Porque además, no sólo se trata de cubrirlo con fondos públicos, sino que éstos, que han de ser proporcionalmente menos, tienen que estar lo suficientemente bien diseñados como para poder ser catalizadores de inversión privada".

En ese contexto, Arnal hace notar la existencia de "una institución europea que ha pasado muy por debajo del radar", el "mecanismo europeo de estabilidad, que concedió el programa de asistencia financiera para la recapitalización bancaria a España", en el que "los estados miembros de la zona euro tienen desembolsados 80.000 millones de euros, de los que a España le corresponden casi 10.000. Esto otorga a esta institución financiera una capacidad de préstamo de 422.000 millones"".

¿Por qué están en el cajón? "Es una institución que básicamente no se emplea porque ha sido muy afectada por el 'efecto estigma' derivado de cómo se gestionó la crisis de deuda soberana de la zona euro y nadie quiere hacer uso de ella. Pero es una pena tener esa capacidad y que no esté habiendo un debate serio de cómo hacerlo", explica. Aboga, asimismo, por que se aborde "qué puede hacer el Banco Europeo de Inversiones (BEI)" para financiar los elementos a las que apuntaba y "qué necesita el sector privado para movilizar ese capital". Y concluye: "Todos tenemos súper identificadas las necesidades, en qué nos queremos gastar el dinero, pero estamos dedicando comparativamente mucho menos tiempo y muchos menos esfuerzos en ver de dónde va a salir el dinero. Antes de introducir nuevos recursos propios para la UE, o nuevos impuestos, hay que tratar de agotar todas las vías financieras que tenemos sobre la mesa en estos momentos".

Javier Milei sigue su estrategia de choque para convertir el país sudamericano en la sociedad libertaria de sus sueños. La estrategia del nuevo presidente argentino es clara: utilizar su legitimidad en las urnas para imponer cambios masivos mediante el noqueo y la paralización de la oposición social y parlamentaria. Y aprovechar la oportunidad para poner en marcha los medios de represión futuros para hacer frente a las inevitables consecuencias sociales y económicas de sus políticas. 

Un ejemplo de libro de la aplicación de esta estrategia se produjo el miércoles 27 de diciembre. Ese día, los sindicatos presentaron un recurso ante los tribunales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por Javier Milei el 20 de diciembre, que modifica sectores enteros de la legislación social y económica del país. 

En esta ocasión, las organizaciones sindicales organizaron una manifestación que tuvo un notable éxito y superó las expectativas. Pero al mismo tiempo que la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, se llenaba de manifestantes que coreaban "No somos la casta, somos los trabajadores", el Presidente enviaba al Congreso una gigantesca "ley ómnibus" de 664 artículos que prevé una nueva oleada de reformas, que esta vez van desde la educación y la cultura a la justicia, pasando por la ley electoral, las jubilaciones, las normas medioambientales... y la convalidación del DNU. 

Esta última provocación pretende claramente demostrar a los sindicatos su irrelevancia, sobre todo porque son el blanco directo de las reformas. El DNU restringe considerablemente el derecho de huelga, mientras que la "ley ómnibus" aumenta las penas para los piquetes al prever hasta seis años de prisión. 

La ofensiva de Javier Milei es de largo alcance. Para entender ese alcance hay que ver los detalles de las reformas que ha lanzado y el método que ha empleado. Éste se basa en dos principios destinados a crear un shock: la acumulación de medidas adoptadas y la rapidez de la acción.  

Tras anunciar una devaluación del peso del 50% y recortes presupuestarios masivos a los pocos días de tomar posesión, el 10 de diciembre, Javier Milei sorprendió a todos una semana después firmando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos.

Este tipo de decreto está previsto en el artículo 99.3 de la Constitución argentina y permite al Presidente adoptar medidas legislativas en situaciones de emergencia. Se trata, por tanto, de una forma de decreto-ley que, sin embargo, tiene límites, ya que no debe referirse a cuestiones fiscales, electorales o penales y debe ser convalidado por el Parlamento. Sin embargo, el Congreso no puede debatir sobre los detalles del decreto y debe aprobarlo o rechazarlo en su totalidad. 

Por tanto, los DNU no son nada nuevo en Argentina, pero hasta ahora su uso ha sido limitado y selectivo. Javier Milei retoma aquí una táctica clásica de las tácticas de choque neoliberales: el uso de textos gigantescos que afectan a ámbitos diversos y muy amplios y que requieren una aceptación en bloque 

Una táctica llevada a cabo con la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", la famosa "ley ómnibus" de 351 páginas presentada una semana después del DNU. Cabe recordar que este tipo de leyes se utilizaron con mucha regularidad durante la crisis de la eurozona a petición de la Troika. 

Antes de entrar en los detalles de las medidas propuestas por Javier Milei, hay un punto que merece una mirada más atenta: el bloqueo del poder. Como hemos visto, la "ley ómnibus" prevé la validación del DNU, y por tanto de un conjunto de 366 artículos en un solo artículo. Pero va mucho más allá al modificar la ley electoral para el Congreso, pasando de un sistema proporcional a un sistema de mayoría simple estilo británico y dando al gobierno, y por tanto al Presidente, el poder de establecer las circunscripciones hasta un año antes de la votación. Se trata claramente de un instrumento extremadamente poderoso para controlar las mayorías parlamentarias y excluir a los partidos pequeños de la representación nacional. 

Pero lo peor son sin duda los artículos 3 y 4 de la ley, que declaran "la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, de seguridad, social, sanitaria, administrativa, de defensa y arancelaria" hasta el 31 de diciembre de 2025. Disposiciones que ya figuran en parte en el DNU. 

Durante los próximos dos años, el presidente argentino podrá gobernar por decreto-ley todas esas cuestiones, es decir, prácticamente todas las políticas sociales, sin la aprobación del Congreso. La ley permite al ejecutivo incluso renovar esta "emergencia" por iniciativa propia durante dos años más.

En otras palabras: si se aprueba la ley, Javier Milei podrá gobernar por decreto-ley sin ningún debate parlamentario durante todo su mandato. Una vez más, el recurso a la emergencia pública no es nada nuevo; incluso lo utilizó el presidente peronista saliente Alberto Fernández. Pero la novedad aquí es la duración y la escala de esta emergencia, que convertirá a Argentina en nada menos que una "dictadura legal" durante los próximos cuatro años. 

Y para completar el bloqueo del poder, el texto endurece la represión en caso de "resistencia a la autoridad". Si un funcionario se niega a obedecer una orden, la pena de prisión pasa de un año a tres años y medio. Y cuando esta negativa tiene lugar durante una manifestación (definida como una reunión de al menos tres personas), la pena puede aumentar a seis años. 

Además, la ley establece ahora que "la proporcionalidad de los medios empleados debe interpretarse siempre a favor de las fuerzas de seguridad". En otras palabras, Javier Milei acaba de establecer una forma de presunción de legítima defensa para las fuerzas del orden. Es decir, más vale no oponerse a este sistema. 

Con la capacidad que le dará la "emergencia pública", se puede apostar que las medidas anunciadas por Javier Milei serán sólo el primer paso de su plan para transformar radicalmente Argentina. El alcance de estas primeras reformas, que se extienden a lo largo de los mil artículos del DNU y de la "ley ómnibus", es ya considerable. 

El núcleo de este proyecto es, por supuesto, económico. Pretende reducir enormemente el papel del Estado en la economía, pero también favorecer al capital en su lucha contra el trabajo. Al justificar el decreto, Javier Milei afirma que es "imprescindible adoptar medidas para superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales consecuencia de una serie de decisiones intervencionistas".

Como resultado, el artículo 2 de la DNU establece que "el Estado nacional promoverá y asegurará el establecimiento en todo el territorio de un sistema económico basado en la libre decisión", en particular "organizando la mayor desregulación posible del comercio, los servicios y la industria", "levantando las restricciones a la oferta y la demanda" y abriendo el país al comercio internacional. 

Con estos textos, la legislación argentina incorpora ahora un vocabulario libertario que parece sacado de un libro de Hayek o Rothbard. Y sus efectos son tangibles, pues se han modificado o anulado más de 3.500 reglamentos, incluidos los controles de alquileres y la liberalización del mercado laboral. Se han suprimido todas las medidas que controlaban los precios o las cantidades vendidas. 

También se han abolido en gran medida las normas medioambientales, empezando por la prohibición de la exploración minera en zonas periglaciares.  

El Estado está al frente de esas medidas. La "ley ómnibus" permite al ejecutivo suprimir, trasladar o reducir todas las administraciones locales, poniendo a disposición a los funcionarios afectados para cualquier tarea. 

También habrá que privatizar empresas públicas. La "ley ómnibus" permite esta venta, que el DNU está preparando para transformarlas en sociedades anónimas. Eso afecta a las 41 empresas públicas, entre ellas la compañía aérea Aerolíneas Argentinas, Correos, la industria militar, los ferrocarriles y, por supuesto, la petrolera YPF. 

El ejecutivo argentino se coloca ahora claramente del lado del capital, muy mimado ahora, con una reducción de las cotizaciones sociales, una amnistía para la evasión fiscal (sin penalización hasta 100.000 dólares) y una promesa de clemencia por el incumplimiento de ciertas normas, en particular la no declaración de los trabajadores del servicio doméstico. 

Los trabajadores, en cambio, estarán menos protegidos por la ley y sufrirán directamente los efectos de la aceleración de la inflación inducida por el levantamiento de los controles de precios combinado con la devaluación. Las pensiones no estarán mejor protegidas: se ha suprimido su indexación a los precios y los futuros aumentos quedarán a discreción del gobierno. 

El derecho de huelga se verá severamente restringido. En los sectores llamados "esenciales", que incluyen la sanidad, la producción de agua y energía, las telecomunicaciones, la aviación comercial, las aduanas y, sobre todo, la educación, los servicios mínimos se han fijado en el 75% de los servicios normales, lo que limita el derecho de huelga al 25% de los empleados de estos sectores. 

En los sectores llamados "trascendentales", que incluyen un gran número de actividades, desde el transporte hasta la industria en su conjunto, sin olvidar los medios de comunicación, la banca, la hostelería y la agroindustria, los servicios mínimos serán del 50%. En resumen, a partir de ahora el derecho de huelga se verá restringido en la mayor parte de la economía argentina.

Además, se restringirá el derecho de manifestación. El artículo 326 de la "ley ómnibus" estipula que organizar, convocar o coordinar una manifestación que "impida, obstruya o dificulte el tráfico o los transportes públicos o privados" o que "cause lesiones a las personas" o "daños a los bienes" podrá ser penado con cinco años de cárcel, aunque los "organizadores" no estén presentes en la manifestación. 

Para garantizar el cumplimiento de esta norma, cualquier manifestación deberá declararse con 48 horas de antelación, indicando el recorrido, los nombres de los organizadores y los objetivos de la concentración, y el Ministerio de Seguridad Interior puede decidir prohibirla. En caso de daños, los organizadores serán directamente responsables civiles.  

Se trata de hecho de una severa restricción del derecho de manifestación, que también permite apuntar a las organizaciones sindicales. Además, se ha endurecido la represión de los piquetes, con penas de prisión de hasta 6 años. Hay que tener en cuenta que una manifestación se define como una reunión de tres personas, por lo que la ley representa un ataque al derecho a la libertad de movimiento. 

Evidentemente, estas medidas van mucho más allá de la liberalización iniciada en 2015 por el presidente Mauricio Macri. Por otra parte, el Gobierno sigue manteniendo por el momento las restricciones a la importación y parte de los controles de capitales, lo que constituye una concesión del presidente Milei con respecto a su programa inicial de dolarización rápida. Sin embargo, sigue siendo un libertario puesto que, con la "ley ómnibus" ha comenzado a liberalizar y mercantilizar otros ámbitos de la sociedad. 

Así, el endurecimiento de la represión sindical y de la "resistencia a la autoridad" van de la mano junto a una relajación de la norma de la legítima defensa, no sólo para las fuerzas del orden. Esta es una de las obsesiones de los círculos libertarios, aunque la liberalización de la venta de armas no figure (¿todavía?) en el orden del día. 

Numerosas instituciones se suprimen pura y simplemente porque no corresponden a la visión libertaria, sobre todo en el ámbito de la cultura, donde desaparecerán el Fondo Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. 

Además, siguiendo la visión de Murray Rothbard de que en una "sociedad libre" debe existir el "derecho a la discriminación", Javier Milei suprime el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). En la misma línea, la ley electoral suprime todas las cuotas de género. 

La jungla de la "ley ómnibus" incluye otros elementos bastante significativos, como la posibilidad de revender entradas para acontecimientos deportivos o culturales en mercados libres, y la obligación para las universidades, cuya financiación se verá congelada, de financiar ellas mismas los cursos de estudiantes extranjeros. 

El DNU y la "ley ómnibus" señalan el camino hacia una revolución política, económica y social sin precedentes por su amplitud y rapidez. En un texto publicado el 27 de diciembre, los diputados y gobernadores peronistas de la oposición denunciaron una ley "que no tiene precedentes en la historia argentina, ni en la del mundo". Pero los peronistas sólo podrán bloquear esos textos con una parte de la derecha, en particular los radicales, considerados los más reacios a los planes de Milei y a la alianza entre la derecha macrista y los libertarios. 

Por su parte, los sindicatos también intentan organizarse. El jueves 28 de diciembre, el principal sindicato, la CGT, se reunió para definir una estrategia y acaba de convocar una huelga general para el 24 de enero. El sindicato habla de "ataque a los derechos individuales y colectivos". Sin embargo, ahora será necesario organizarse con los demás sindicatos y definir una estrategia que vaya más allá de un simple bloqueo de un día. 

Además, los sindicatos ya tienen que contar con la represión de la ministra de Seguridad, la muy derechista Patricia Bullrich, que el miércoles se jactó de haber recibido "20.000 llamadas" denunciando presiones e intimidaciones de los sindicatos. 

Lo cierto es que el método de Javier Milei implica riesgos. Sin duda, roza ampliamente los límites de la legalidad. La constitucionalidad del DNU es cuestionada por muchos y, en teoría, este proyecto debe ser convalidado por el Congreso en un procedimiento especial. La decisión de incluirlo en el "proyecto de ley ómnibus" es, una vez más, muy cuestionable. 

Además, esta ley deberá ser validada por las dos Cámaras del Parlamento, siendo necesaria la mayoría absoluta para determinados artículos. Por tanto, será decisivo el comportamiento de radicales y centristas. 

Pero Javier Milei no es de los que se dejan engañar: ha advertido que no aceptará ningún cambio en el DNU y que, si es rechazado, convocará un referéndum. Para él, el tiempo es un factor clave: debe aprovechar el estado de gracia creado por su elección antes de que se noten los primeros efectos regresivos de sus medidas. 

Una cosa parece segura: como buen libertario, el presidente argentino está más preocupado por defender la propiedad y el poder económico que la democracia. Más que nunca, Argentina se enfrenta a una gran contrarrevolución destinada a cambiar profundamente su sociedad.  

Traducción de Miguel López

Durante la campaña electoral, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, prometió recortar el gasto público "con la motosierra". A veces hacía lo que decía. Desde su elección el 19 de noviembre, el hombre al que le gustaba caracterizarse de "Capitán AnCap" (capitán anarco-capitalista) ha olvidado en gran medida, bajo la presión de la derecha tradicional, sus sueños de dolarización y cierre del Banco Central. 

Pero hay un punto en el que el nuevo presidente está perfectamente de acuerdo con los seguidores del ex presidente Mauricio Macri: la drástica reducción del gasto público. El martes 12 de diciembre, dos días después de la toma de posesión de Javier Milei, su ministro de Finanzas, Luis Caputo, ex miembro del gobierno Macri, anunció un verdadero "plan motosierra". 

En un discurso televisado que ha sido aplazado y retomado varias veces, Caputo, ex ejecutivo del Deutsche Bank y de JPMorgan, empezó justificando la necesidad de una rápida reducción del gasto público. Acusando a la administración kirchnerista saliente de haber alimentado la inflación (actualmente del 133% anual) a través del gasto público, afirmó encontrarse con la "peor herencia de la historia argentina". La narrativa del gobierno se basa en esta idea: si no hay un shock presupuestario masivo y rápido, el país está condenado a la hiperinflación. 

Por eso, la nueva política se resumirá en esta frase, repetida a lo largo del discurso: "No hay más plata". El Banco Central (BCRA) dejará de financiar los déficits públicos y el Estado Federal intentará eliminar en un año su déficit primario, es decir, su déficit sin incluir el costo de la deuda pública. La medida será, pues, brusca: habrá que eliminar un déficit del 5,2% del PIB argentino. 

Para lograrlo, las medidas anunciadas adoptan la forma de una motosierra. Primero están los clásicos aperitivos, destinados a vender las medidas más violentas: la reducción del 34% de los puestos en la administración pública y el fin de la "publicidad oficial" financiada por el Estado en los medios de comunicación. 

Pero las medidas más importantes y dolorosas están aún por llegar. Primero, la suspensión de todos los contratos públicos firmados en el último mes. A continuación, la congelación de todas las obras públicas. Luego, el fin de las subvenciones a los precios del transporte y la energía, la desindexación de las pensiones y la supresión de varios programas sociales. Por último, el fin de las transferencias federales a las provincias. En total, un ahorro de gastos del 2,9% del PIB. 

A esto se añade el aumento temporal de los impuestos sobre las importaciones y exportaciones (con excepción de la soja) y la suspensión de la rebaja del impuesto sobre la renta decidida por el Gobierno anterior. El total asciende al 2,2% del PIB. 

Huelga decir que se trata ya de un choque considerable, no muy distinto del emprendido por Grecia en 2010, que pretendía reducir su déficit público en diez puntos del PIB en tres años. Se verán en peligro sectores enteros de la economía, dependientes del mercado interior y de la contratación pública. 

La obra pública, en particular, dependerá a partir de ahora únicamente del gasto de las provincias –cuyos presupuestos acusarán el fin de las transferencias federales– o proyectos financiados por organismos internacionales como el Banco Mundial o el Banco de Desarrollo de América Latina... Ese sector representa entre el 15 y el 20% del PIB argentino. 

Pero lo más destacado de los anuncios del 12 de diciembre es la brutal devaluación del peso argentino, que perderá más de la mitad de su valor oficial en dólares, pasando de algo menos de 400 pesos por dólar a 800 pesos. Este cambio irá acompañado de un nuevo régimen cambiario en virtud del cual el Banco Central, el BCRA, estará autorizado a ajustar a la baja el valor del peso en dólares en un 2% cada mes. 

Ciertamente, esta cifra sigue estando por debajo del tipo de cambio no oficial, cercano a los 1.100 pesos por dólar, pero ese nivel no es el "nivel real" del peso; corresponde a un mercado estrecho en el que el acceso al dólar está muy restringido. Las anteriores autoridades habían tratado de evitar la devaluación del peso para no alimentar aún más la inflación.

El mantenimiento de un tipo oficial relativamente alto con un control estricto de las importaciones tenía sin duda algunas inconveniencias, sobre todo para los grupos agro-exportadores, pero evitó caer en una nueva espiral inflacionista. Hay que recordar que, a pesar de su elevadísima tasa de inflación, Argentina no se encuentra en un periodo de hiperinflación, que se define como un nivel de subidas de precios del 50% mensual. 

El problema de Argentina es la dependencia de las importaciones, ya que su economía se basa principalmente en las exportaciones agrícolas. Una devaluación brutal del peso también aumenta bruscamente el coste de las importaciones y, por tanto, los precios al consumo. Eso será especialmente significativo ya que aumentarán los impuestos a la importación, volviendo a un tipo de cambio de importación no inferior a 1.320 pesos por dólar. Al mismo tiempo, se reducirán los controles a la importación. 

Esta decisión la aprovecharán principalmente los exportadores agrícolas que, a pesar de una subida moderada de los impuestos a la exportación, se beneficiarán de un fuerte aumento de su competitividad, en detrimento de la mayoría de los trabajadores y pensionistas, que no tendrán ninguna protección contra la subida de precios que se avecina. Los que también se beneficiarán serán los titulares de ahorros en dólares, que verán aumentar su poder adquisitivo. 

En resumen, estamos ante una política de clase característica del neoliberalismo. Por eso no sorprendió que, en un comunicado de prensa publicado poco después de los anuncios de Luis Caputo, el FMI celebrara las "valientes decisiones iniciales" del nuevo gobierno argentino "para fortalecer las finanzas públicas". 

Con semejante política, parece inevitable una recesión violenta y profunda. Luis Caputo no oculta que "durante algunos meses, la situación será peor que antes". Es tan consciente de ello que incluso ha concedido algunos ajustes sociales menores para tratar de amortiguar el golpe a los más pobres, como una duplicación de las ayudas familiares y un aumento del 50% en los vales de comida. Son medidas que delatan la certeza de un violento aumento de la pobreza en el futuro, en un país donde los niveles de pobreza ya alcanzan al 40% de la población. 

Es la clásica promesa de las políticas de austeridad, que siempre se presentan como un "mal necesario" temporal que conduce a un futuro feliz. Pero la cuestión del alcance y la duración de la recesión no es tan sencilla de resolver. 

Para los diseñadores de esta política, la austeridad permite restablecer una forma de "verdad económica". Dado que el dinero se considera una perturbación del buen funcionamiento de los mercados, de la que la inflación es el síntoma, los recortes presupuestarios y monetarios permitirían restablecer el equilibrio real entre la oferta y la demanda. 

Por supuesto, eso implica inevitablemente una reducción de la demanda, que se consigue inicialmente subiendo los precios para reflejar los "precios reales" y un recorte del gasto social. El riesgo de inflación provocado por la devaluación se verá entonces compensado por la caída de la demanda, permitiendo finalmente que la inflación baje... gracias a la inflación. En declaraciones publicadas por el diario conservador La Nación, el equipo de Milei no oculta que el objetivo de la recesión es reducir el aumento de los precios. Por lo tanto, es buscada y deseada.  

En el plan de austeridad, esta vuelta a la "realidad" permitirá sentar las bases de un crecimiento "sano", donde la inversión privada pueda beneficiarse de costos realistas y confianza en el futuro. Pero las experiencias pasadas de recortes presupuestarios cuentan una historia diferente. Ocurre (a menudo) que la violencia de la recesión impide precisamente este ajuste.

En este caso, la compresión de la demanda es tal que provoca una compresión de la oferta y de los ingresos fiscales, obligando a nuevos ajustes. Esto se ve a menudo alimentado por el hecho de que las políticas de austeridad de clase son contraproducentes: lejos de animar a las élites económicas a invertir en el país, los flujos de dinero van hacia unas élites que se aprestan a invertirlos en el extranjero. 

Esa fue la espiral infernal en la que cayó Grecia en la década de 2010. Ese riesgo no puede descartarse para Argentina en 2023, dado el deplorable estado de su economía y la falta de confianza en el peso de los más ricos del país. No hay nada pues que permita afirmar que Argentina saldrá de la crisis al cabo de unos meses porque el gasto público se habrá reducido violentamente. Esta visión económica "mágica" se basa únicamente en modelos cuestionables y no en hechos pasados. 

La realidad es que el país debe prepararse para una crisis violenta que, lógicamente, afectará primero a los más vulnerables y a los trabajadores. Los más ricos se beneficiarán de la devaluación del peso, pero tendrán poco interés en invertir sus dólares en una economía asolada por el hundimiento de la demanda y sin perspectivas. 

La verdadera cuestión ahora será saber si la movilización social será capaz de frenar esta política, que no coge a nadie por sorpresa y que fue aprobada por el 56% de los votantes en las elecciones del 19 de noviembre. 

La apuesta de Javier Milei es sin duda que el rechazo de la administración peronista saliente, su incapacidad para gestionar la crisis inflacionista y la pérdida de nivel de vida garanticen el apoyo de la opinión pública, o al menos una forma de neutralidad, ante el shock presupuestario que se avecina. 

Al final, eso es lo que ocurrió en 1979 cuando Margaret Thatcher llegó al poder. El choque neoliberal conservador hizo que el PIB británico se contrajera un 2,1% en 1980. El desempleo pasó del 5% en 1979 al 12% en 1984. Pero fue tal el rechazo a las políticas laboristas y al periodo inflacionista de los años 70, alimentado por una intensa batalla cultural, que la primera ministra británica pudo mantener su popularidad y proseguir su política de transformación social. 

Pero también hay otra dimensión en este asunto: la estrategia del shock permite crear un punto de no retorno en la medida en que cualquier paso atrás sería aún más costoso. Por no hablar de que esa estrategia siempre va acompañada de una dimensión represiva que, en el caso británico, se encarnó en la huelga de los mineros de 1984-85. 

Es innegable que la experiencia Thatcher parece ser el punto de referencia del equipo de Milei. En su discurso inicial, Luis Caputo no sólo anunció que quería romper con la administración anterior, sino también con "cien años de decadencia". Como en el Reino Unido y Estados Unidos en los años 80, el objetivo es cambiar la sociedad y avanzar hacia la mercantilización generalizada. 

Aquí es donde, sin duda, el candidato Milei aún puede entender y apoyar al presidente Milei. Habrá que ver si la sociedad argentina lo va a aceptar y va a estar dispuesta a asumir el coste de un beneficio a menudo ilusorio.

Traducción de Miguel López

Miles de personas —según los convocantes— han participado este sábado en Sevilla en una manifestación organizada por Marea Verde que ha partido desde el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, hasta Las Setas para "alzar la voz contra las políticas privatizadoras de la Junta de Andalucía" bajo el lema La educación no se vende, se defiende.

Desde la organización convocante han señalado a Europa Press que el sistema público "agoniza a causa de las privatizaciones y de los recortes llevados a cabo por el gobierno de Andalucía presidido por Juanma Moreno", recalcando que "las problemáticas son innumerables".

"Se han cerrado más de 2.000 aulas públicas en los últimos años, las ratios son elevadísimas y a menudo superan lo legal", han aseverado, remarcando que también existe "inestabilidad del profesorado de todas las etapas".

Además, han aseverado que las infraestructuras "tampoco cumplen con la normativa y que suponen a menudo un riesgo para la salud de profesorados, alumnados y familias". Las universidades están siendo infrafinanciadas y paralelamente a todo esto nos encontramos cada vez presupuestos mayores para la educación privada, privada concertada, mientras que para la escuela pública cada vez se van recortando más", ha apostillado.

Facua Sevilla comparte la preocupación de la comunidad educativa expresada por la Marea Verde y ha apoyado esta manifestación, toda vez que llama a sus socios y al conjunto de la sociedad sevillana y andaluza a defender la educación pública en todos los niveles de enseñanza frente al "cierre" de líneas en las escuelas públicas.

"Las autoridades tienen la obligación de destinar medios, recursos y personal suficientes para el funcionamiento en óptimas condiciones del sistema educativo público, en beneficio del profesorado, del personal auxiliar y del alumnado", han manifestado en un comunicado desde Facua.

Facua Sevilla expone también que comparte con la Marea Verde "la necesidad de ofrecer una respuesta colectiva al proceso acelerado de deterioro y privatización de los servicios públicos que se está dando en Andalucía conforme a la agenda neoliberal y de recortes que el Ejecutivo de Juanma Moreno está auspiciando en la comunidad autónoma".

Igualmente, la plataforma de familias de la Educación Pública Escuelas de calor ha participado activamente en la organización de esta manifestación, y entre sus contribuciones está un vídeo que parodia el concurso 'Pasapalabra' donde "se presentan definiciones muy relacionadas con lo que sucede en la educación pública andaluza y los sentimientos que esto provoca en la comunidad educativa", señalan.

Desde Escuelas de calor consideran, según indicaban hace unas semanas en un comunicado, que el "deterioro" de la pública "no empieza con Juanma Moreno pero sí reconocen que el gobierno del PP está siendo rápido y descarado en aplicar medidas que perjudican a la educación de todos y en favorecer a la privada, que no es la que utiliza la mayoría social".

La Gran Recesión no sólo dejó una cuenta económica que en muchos países se cifró en deuda, déficit y retroceso del poder adquisitivo de los salarios. También dejó una factura democrática. La mayoría de sociedades ya han terminado de pagar esta segunda factura.

España, en cambio, no.

Una investigación de Alejandro Tirado, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, sitúa a España como una de las tres únicas sociedades de la UE que más de una década después de la crisis aún no habían recuperado los niveles de satisfacción democrática previos.

Los resultados del trabajo suponen una alerta sobre el riesgo para la democracia de las políticas de recortes y devaluación salarial que ahora la UE y el Gobierno de España tratan de evitar en la respuesta a las crisis de la pandemia, la inflación y la guerra de Ucrania.

El artículo, titulado Resiliencia democrática: evaluación ciudadana del desempeño democrático durante la Gran Recesión en la Unión Europea y publicado por la revista Democratization, parte de la medición de la "satisfacción democrática" en los 27 países de la UE y el Reino Unido entre 2002 y 2019. Una "baja satisfacción" se concreta en sólo 1 punto. En el otro extremo, 4 puntos muestran una "alta satisfacción".

La evolución de esta nota en los 28 países permite medir el impacto sobre la satisfacción democrática de la Gran Recesión, que empieza en 2008, así como de las políticas posteriores, todo ello con datos del Eurobarómetro y las bases Varieties of Democracy Dataset y Comparative Political Data Set.

Finalmente el investigador crea tres grupos de democracias:

1) Democracias resistentes. No hubo una erosión significativa de la satisfacción ni procesos de deslegitimación democrática. Ahí están, ordenadas de mayor a menor satisfacción en 2019 Dinamarca (3,46), Luxemburgo (3,14), Holanda (3,04), Suecia (3,03), Finlandia (3), Alemania (2,79), Polonia (2,69), Estonia (2,66) y Eslovaquia (2,48).

2) Democracias recuperadas. Experimentaron un retroceso "sustancial", pero acabaron por restablecer los niveles de satisfacción precrisis [ver nota metodológica]. "Las instituciones lograron encontrar soluciones [...]. El sistema fue lo suficientemente resistente", anota el autor. Es el grupo más nutrido, con 16 países: Irlanda (3,04), Austria (2,98), Malta (2,71), Portugal (2,66), Bélgica (2,65), República Checa (2,63), Hungría (2,55), Letonia (2,53), Reino Unido (2,5), Francia (2,49), Italia (2,46), Eslovenia (2,46), Lituania (2,44), Rumanía (2,27), Bulgaria (2,23) y Croacia (2,14).

3) Democracias dañadas. No han recuperado el nivel de satisfacción democrática previo a la recesión. "Aunque esto no significa necesariamente que el daño esté destinado a ser permanente, la recuperación política llevará como mínimo más tiempo que el proceso de recuperación de la propia crisis económica", concluye Tirado. Los países en esta categoría son Chipre (2,47), España (2,43) y Grecia (2,15).

Como es sencillo comprobar mirando las puntuaciones de los países en los tres grupos, hay casos que se encuentran en el primer grupo –por ejemplo, Polonia– con puntuaciones más bajas que otros que se encuentran en el segundo –por ejemplo, Austria–. Del mismo modo, hay democracias recuperadas –Rumanía, por citar una– con niveles de satisfacción peores que los de las democracias dañadas –ejemplo: España–. ¿La explicación? Lo que lleva a integrar a una democracia en un grupo u otro no es el nivel de satisfacción, que tiene a Dinamarca en la cima y a Croacia en la cola, sino si este nivel es más alto o no que antes de la crisis. En España el dato es mejor que en Rumanía o Bulgaria, pero a diferencia de estos países, aún no ha recuperado los niveles precrisis.

En 2019 sólo quedaban ya tres países con la asignatura pendiente: Grecia, España y Chipre, cuya satisfacción democrática está "lejos de recuperarse", señala Tirado.Tres, de 28. Conclusión: somos una anomalía.

Estos mapas permiten ver cómo España se ha ido quedando en un grupo cada vez más reducido de democracias "dañadas".

En estos tres países la evolución ha sido esta:

– España: tenía 2,77 antes de la crisis y 2,43 en 2019. La caída de la nota es del 12,27%.

– Grecia: 2,61 frente a 2,15. La satisfacción cae un 17,62%.

– Chipre: 2,76 frente a 2,47. La bajada es de un 10,5%.

Así que España es el segundo país en el que más ha bajado la satisfacción con la democracia. Sólo en Grecia, la economía más castigada tanto por la crisis como por las políticas de "austeridad" posteriores, cayó más.

Europa central y oriental presenta resultados aceptables en cuanto a satisfacción democrática, algo que puede considerarse contraintuitivo. Como estos países partían de puntuaciones bajas previas a la Gran Recesión, se podía esperar un derrumbamiento. Pero no ha sido así. Al contrario, el deterioro no fue grave en general, salvo en el caso de Eslovenia, y en todos los países se han recuperado los niveles precrisis. En cuanto a Europa central y septentrional, las trayectorias son las más estables. Destaca la fuerte capacidad de resistencia de las democracias nórdicas. La excepción a la estabilidad en el norte de Europa es Irlanda, donde ha habido recuperación, sí, pero tras una fuerte caída.

La explicación del bajón inicial en Irlanda, señala Tirado, hay que buscarla en su condición de economía rescatada. Eso nos lleva a mirar a los países del sur de Europa, los que más sufrieron el impacto tanto del crac económico como de las políticas posteriores. El estudio detecta una pauta en las naciones meridionales, que se vieron "profundamente perjudicadas no sólo económicamente, sino también en términos de satisfacción democrática". En los países del sur, los famosos PIGS, acrónimo en inglés de Portugal, Italy, Greece y Spain que a su vez significa "cerdos", es donde mayor intensidad alcanzó el "resentimiento", alimentado tanto por la gravedad de la crisis como por unas élites cuyas decisiones fueron percibidas como dictadas por la UE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo o todos ellos a la vez.

La investigación de Tirado vincula el empobrecimiento y la desigualdad con la insatisfacción democrática. Los países del sur son un perfecto ejemplo. A conclusiones similares ha llegado en América Latina Diego Sánchez-Ancochea, catedrático de Economía y director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford, en su ensayo El coste de la desigualdad. Lecciones y advertencias de América Latina para el mundo (Ariel, 2022). Pero, ojo, el trabajo de Tirado pone de relieve que el deterioro socioeconómico por sí solo no explica la desconexión democrática. El investigador comprueba que no sólo influye la economía en sí, sino también la percepción sobre la respuesta política a dicha situación.

Tirado comprueba cómo hay una relación significativa entre el crecimiento de la insatisfacción y diversos factores económicos, como la desigualdad y la pobreza, pero también con la "calidad del gobierno" y su "respuesta" a la crisis. Las "democracias más receptivas" a las demandas ciudadanas se muestran como "mejor equipadas" para gestionar los "riesgos políticos" de las crisis, entre ellos la desconexión democrática. La imagen que ofrece España a la luz del estudio no es sólo la de un país que fue duramente golpeado por la crisis, sino también la de un país cuyo Gobierno democrático no respondió a la crisis de forma que hiciera sentir a los ciudadanos que contaba con una herramienta útil. El trabajo es en cierta forma un sello de fracaso de las recetas de austeridad y alienta a pensar que la distinta respuesta –tanto a nivel UE como en España– a la crisis del coronavirus provocará daños menores, si los provoca, en el apego ciudadano por la democracia.

En conversación con infoLibre, Tirado resume: "La gestión de la Gran Recesión en España provocó graves daños en la satisfacción con la democracia en España. Muchas veces al explicar el descontento democrático sólo se cita la desigualdad, el PIB, el paro... Pero no es sólo eso. Influyen también factores como la calidad del Gobierno, es decir, que haya una administración fuerte, eficaz, estable y poco corrupta".

Para ilustrar su explicación, Tirado pone a Portugal como ejemplo contrario al de España, a pesar de haber sufrido un impacto parecido de la crisis económica. El país luso partía de un índice de satisfacción más bajo que el de España. Al igual que España, el índice cayó con fuerza durante la etapa de gobierno conservador, pero empezó la remontada antes, coincidiendo con el acceso al poder de la coalición de izquierdas liderada por António Costa.

Tirado no evalúa la calidad democrática en sí, sino la satisfacción popular con la misma. No es lo mismo. Un pueblo puede presentar una mayor satisfacción con su democracia presentando esta un nivel de deterioro formal superior al de otras con mucha mayor insatisfacción. Ahí están los casos de Hungría y Polonia, objeto de preocupación tanto de la UE como de las principales instituciones medidoras de la calidad democrática desde una óptica liberal, pero que al mismo tiempo han mostrado capacidad de recuperación de la satisfacción. No hay que olvidar que esta satisfacción es una "percepción", que dentro de las fronteras de un país puede estar condicionada por la existencia de una institución externa vista como un desafío a la propia soberanía, en este caso la UE, que está adoptando medidas contra ambos Estados.

El autor del artículo utiliza el caso húngaro para ejemplificar cómo la insatisfacción democrática puede ser "preludio" de un deterioro democrático real. Viktor Orbán, primer ministro, que está adoptando múltiples medidas con tintes autoritarios, xenófobos y homófobos, llegó al poder en 2010, con la satisfacción en su mínimo de toda la serie: 1,90. "En Hungría la crisis institucional y la corrupción habían golpeado incluso antes que la crisis económica", recalca Tirado. De modo que, analiza el autor, la insatisfacción con el sistema pudo aupar al poder a Orbán, que a pesar de que ha tomado medidas antidemocráticas gobierna un país donde la nota de satisfacción ha mejorado. Eso sitúa a Hungría (2,55) por delante en satisfacción democrática no sólo de España (2,43), sino también de Francia (2,46), a pesar de que la deriva autoritaria de su sistema político está más que acreditada.

El artículo no incluye datos de la etapa covid. Lo que sabemos del caso de España es que la satisfacción creció muy leve y lentamente y con altibajos desde 2009 hasta 2019. Precisamente su mayor subida tuvo lugar en 2019, cuando rebotó desde 2,19 a 2,43, con el PP apartado del poder. Tirado no se atreve a aventurarse sobre cómo ha podido impactar el covid, al considerar que no hay suficiente perspectiva aún.

Lo que sí tiene claro Tirado, autor de otra investigación que prueba el sesgo histórico a favor de la clase alta de las políticas en España, es que la Gran Recesión está detrás de la fuerte sacudida al tablero político en los últimos diez años, con la irrupción de partidos como Podemos, Cs –hoy en riesgo de desaparición– y Vox, formación esta última que cuestiona consensos democráticos básicos. Tirado, aunque no ve hoy por hoy en riesgo la democracia española, cita a la politóloga Pippa Norris para introducir en su artículo una advertencia: "Los regímenes pueden parecer resistentes hasta que dejan de serlo".

Un paso previo para que dejen de serlo es la laminación del apego popular hacia esos sistemas de obligaciones, derechos, libertades, poderes y contrapoderes que llamamos democracias. Y ese apego, como demuestra la recesión, se pierde a chorros cuando "un gobierno no escucha", en palabras de Tirado.

Fue eso lo que ocurrió en España. La democracia aún está pagando esa factura.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha evitado este jueves ofrecer cifras sobre cuánto quiere que se suban las bases máximas y la pensión máxima en las próximas décadas porque la negociación con los agentes sociales sigue en marcha, según informa Europa Press.

"Hablar de cifras cuando estamos buscando una convergencia sobre esos parámetros es claramente prematuro", ha señalado el ministro en la rueda de prensa del avance de afiliación de noviembre.

Escrivá respondía así al ser preguntado por la publicación en prensa de que la propuesta que ha realizado a sindicatos y empresarios es subir la base máxima y la pensión máxima de cotización un 30%, más la inflación, en un plazo de 30 años.

En el caso del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que establece una sobrecotización del 0,6% hasta 2032, el diario El País publica este jueves que el Gobierno baraja extenderlo hasta 2050, extremo que tampoco ha querido confirmar el ministro para no enturbiar la negociación.

CCOO y UGT han lanzado un comunicado en el que aseguran que la propuesta de subir las bases máximas y la pensión máxima un 30% en 30 años ya la hizo el año pasado el Ministerio y es solo el reflejo de su posición en el marco de una negociación en la que también se tendrán en cuenta las propuestas de sindicatos y empresarios.

En el componente 30 del Plan de Recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas, que hace referencia a la reforma de las pensiones, ya se planteaba el objetivo de elevar gradualmente la base máxima de cotización, acompasada de una adaptación a la misma de la pensión máxima, a lo largo de 30 años. Esta medida, según se especificaba en el Plan, afectará a todos los trabajadores y pensionistas del sistema.

"La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual de las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema. Que la evolución de las bases máximas se acomode a una senda muy gradual y conocida de antemano permite además adaptarse a los agentes económicos adecuadamente", exponía entonces el Gobierno.

Escrivá ha defendido hoy que, aunque se trata de temas "prolijos", su sensación es que esta negociación no va a ser más lenta que otras, pero ha reconocido que debe "terminar pronto". "Tenemos que tener esto cerrado antes de fin de año, es el objetivo", ha precisado.

Por eso y porque incluirá elementos que requieren "rapidez", el ministro ha confirmado que esta segunda pata de la reforma de pensiones —que abordará la evolución de las bases máximas y el periodo de cálculo y las lagunas de cotización— se aprobará mediante un Real Decreto-ley. "Es el instrumento normativo que tenemos en la cabeza, y no sólo para cumplir con Bruselas", ha explicado.

En relación al MEI, Escrivá ha asegurado que la sobrecotización del 0,6% que arranca en 2023 es "extremadamente baja y no cambia en ningún caso la situación de costes laborales de las empresas".

De hecho, ha señalado que esta sobrecotización elevará el coste por hora trabajada que pagan las empresas por cada trabajador desde los 20,9 euros a 21 euros, mientras que la media europea está en torno a los 26 euros y otros países superan los 30 euros.

"Cuando hemos visto estos elementos, hemos mirado con muchísimo cuidado que no haya efectos negativos sobre la competitividad de las empresas españolas", ha afirmado.

La oposición ataca por “insolidaria”, “temeraria” e “irresponsable” la subida de todas las pensiones al mismo ritmo que el IPC, el Banco de España y los economistas de Fedea proponen alzas selectivas dependiendo de la cuantía de la prestación, mientras los pensionistas piden en la calle que las mínimas se eleven hasta el 60% del salario medio. Pero el Gobierno defiende a capa y espada una revalorización que en 2023 alcanzará el 8,5%, en línea con una inflación en niveles desconocidos desde hace 40 años. El ministro José Luis Escrivá repite que la medida es fruto de un acuerdo en el Diálogo Social y responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Su número dos, Borja Suárez, lo remachó esta misma semana en el Congreso de los Diputados: “No se trata de una decisión de política económica, sino de un derecho, y no porque lo diga el artículo 58 [de la Ley de la Seguridad Social], sino porque también lo dicen el artículo 50 de la Constitución, la doctrina del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la UE… La revalorización de las pensiones no se puede decidir en función de la coyuntura, los derechos no funcionan así”. Un argumento que suscribirían los manifestantes jubilados, y los sindicatos, pero que rebaten parte de la oposición política y un buen sector de analistas económicos, para quienes ligar las pensiones al IPC pone en riesgo la supervivencia del sistema.

Las pensiones dejaron de actualizarse en función del IPC tras la reforma que el PP aprobó en solitario en 2013. Hasta entonces, la referencia era la inflación del mes de noviembre de cada año. La nueva norma creó dos mecanismos cuyo objetivo era contener el gasto en este capítulo, el de mayor volumen de los Presupuestos del Estado: 190.083 millones de euros en 2023 –el 39% del gasto, el equivalente al 12% del PIB–, de los cuales 120.054 millones corresponderán a las pensiones de jubilación. El mandato europeo para rebajar el déficit público y la presión que sobre el sistema va a suponer el retiro de los nacidos en el baby boom de los años 60 y 70 fueron los motores del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y del Factor de Sostenibilidad.

El IRP consistía en un alza de las pensiones del 0,25% siempre que las cuentas de la Seguridad Social cerraran con déficit, lo que venía sucediendo desde 2011. En caso de que tuvieran superávit, subirían como máximo lo mismo que el IPC más un 0,5%. El Factor de Sostenibilidad recortaba la cuantía de la primera pensión según aumentara la esperanza de vida. Mientras el primer mecanismo se aplicó de 2014 a 2017, el segundo no llegó a entrar en vigor.

“No creo que nadie quiera volver a la ley de 2013”, apuntó José Luis Escrivá el pasado mes de julio. “Y si alguien quiere volver, que sea consciente de que eso significaría que en el conjunto de 2022 se perderían 1.300 euros de renta para una pensión media”. El ministro se refería a la pérdida respecto a la inflación de este año, que según las previsiones puede terminar en un 8,5% de media.

Un ejercicio parecido puede hacerse de forma retrospectiva. El IRP dejó de aplicarse en 2018, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy pactara con el PNV su apoyo a los Presupuestos de ese año a cambio de renunciar a su propia criatura. La decisión, además, vino precedida de una marea de protestas de los pensionistas en pleno año electoral. La reforma de las pensiones aprobada en diciembre de 2021 lo derogó definitivamente.

Pero si se hubiera mantenido en vigor todos estos años, la pensión media mensual de 2017, que estaba en 1.071,01 euros, habría subido sólo 16,14 euros, ya que se habría revalorizado un 1,5%, a razón de un 0,25% anual, 2023 incluido. En cambio, la mejora real de las pensiones en estos seis años alcanzará el 16% cuando se apruebe la subida del 8,5% prevista en los próximos Presupuestos. Es decir, 15,5 puntos porcentuales superior a la resultante de aplicar sólo el IRP del 0,25%. En 2018 y 2019, la subida fue del 1,6%; en 2020 y 2021, del 0,9%, y en 2022, del 2,5%. Esos aumentos anuales son los responsables de que la pensión media mensual haya crecido 180,71 euros, hasta los 1.251,72 euros. Por tanto, en 2023 su cuantía será 164,57 euros mayor que la que habría tendido con el IRP establecido en la reforma de 2013.

Como puede verse, las alzas entre 2018 y 2021 tampoco fueron espectaculares: la inflación estaba muy contenida. Incluso fue negativa en 2020, que terminó con un -0,53%. Sólo en 2022 las pensiones perdieron poder adquisitivo, puesto que subieron un 2,5% mientras que el IPC cerró el año anterior en el 6,5%. Cuatro puntos de desfase. En total, los precios han crecido un 16,49% desde 2018, mientras que la pensión media lo hizo un 16,87%. Por tanto, de haberse mantenido el IRP, la pensión media habría perdido 15 puntos de poder adquisitivo en los últimos seis años.

Además, en este tiempo, hubo pensiones que subieron más que las contributivas. Las no contributivas –para quienes no han cotizado lo suficiente– y las mínimas mejoraron un 3% en 2018, 2019 y 2022, mientras que en 2021 crecieron un 1,8%, el doble que las demás.

Con ese 8,5% previsto –habrá que esperar a que termine el año para que pueda calcularse la inflación media de 2022 y determinar la cifra exacta–, 2023 será el año en que más habrán subido las pensiones en la historia de España, muy por encima del máximo del 4,1% en que crecieron en 2008 las contributivas, en línea con el alza de la inflación el año precedente. Las mínimas mejoraron entre un 5% y un 6,5%. 

En el debate que se abre paso en Europa a favor y en contra de la vuelta al Pacto de Estabilidad, Pablo Casado está del lado de los halcones. Los países que defienden la vuelta al austericidio, que la RAE define como “el suicidio por austeridad”: la política económica basada en la reducción del gasto público mediante recortes. 

Las reglas de estabilidad de la Unión Europea exigen a los países miembros, bajo amenaza de sanciones económicas, recortes de deuda y de déficit público hasta situarlos por debajo del 60 y el 3% respectivamente. Pero están suspendidas desde que estalló la pandemia.

El líder del PP confirmó este martes, durante su intervención en un foro organizado por la asociación que agrupa a las principales empresas con intereses en el sector turístico, su apuesta por la tesis que defiende el canciller alemán, Olaf Scholz. 

El jefe de gobierno germano reafirmó en Madrid su deseo de que Bruselas vuelva a las reglas de estabilidad —suspendidas durante la pandemia— porque “el pasado ha mostrado que cuando resolvemos conjuntamente los problemas económicos en la UE es cuando mejor nos va. Y el pacto de estabilidad nos ha dado el marco necesario para el fondo de recuperación”, defendió Scholz el martes en una rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez —su ministro de Finanzas, el liberal Christian Linder, es de los que quieren recuperar las reglas cuanto antes—.

No es algo que defienda el presidente del Gobierno, como quedó patente en esa rueda de prensa. España no quiere que la relajación de la reglas de estabilidad sea inmediata para no estar atada de pies y manos en plena recuperación y defiende “reformarlas” para que tengan en cuenta, de un lado, la necesidad de “dar respuesta al reto climático“ y completar la transformación digital, y del otro el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas a medio plazo. En la misma línea de reforma están también, en principio, dos de los Estados más grandes, Francia e Italia, también con cifras de deuda y de déficit elevadas.

Casado está de acuerdo con Scholz y, sobre todo, con su ministro de Finanzas. De hecho, la necesidad de recortar deuda y déficit a pesar de la flexibilización del pacto durante la pandemia forma parte de su discurso desde hace año y medio. El líder del PP culpa a menudo a Sánchez y a su Gobierno del incremento de la deuda y del déficit público. 

En mayo de 2021 ya dejó clara su posición, que ha defendido en varias ocasiones en las cumbres europeas del Partido Popular: “Ajustar el gasto público “reduciendo los ministerios a la mitad, los asesores a la mitad”, acabando “con el gasto superfluo” y enviando “un mensaje a la economía productiva de que los primeros que se abrochan el cinturón son los poderes públicos”.

Entonces Casado llegó a poner una cifra encima de la mesa: “Nos va a tocar ajustar 50.000 millones de euros a partir del momento en el que acaben los estímulos del BCE, algo que aparentemente empezará a suceder en marzo, al menos en parte, cuando la institución gobernada por Christine Lagarde ponga fin al programa de compra de bonos puesto en marcha durante la pandemia.

Esta vez no fue tan lejos y no hablo de cifras de recorte, pero sí tomó partido por los ajustes. “Scholz reclama lo que venimos pidiendo nosotros, que es volver a la responsabilidad en las cuentas públicas”. Se trata, enumeró, de reducir la deuda pública, “un baldón que es insoportable y que alcanza a un incremento de 5.800 euros más por español desde que está en el Gobierno este equipo”, y de reducir el déficit estructural. 

A lo que hay que sumar, añadió recordando su proyecto para España, la reforma de las pensiones, la profundización de la reforma laboral de Mariano Rajoy, la implantación de la llamada mochila austriaca, un modelo de flexibilidad laboral que el PP ha convertido en uno de los ejes de su propuesta porque, según este partido, “redunda positivamente en el sistema público de prestaciones de desempleo y de pensiones”.

Casado cree que nuestro país no debe esperar al momento en que Bruselas ponga fin a la excepcionalidad que supuso el levantamiento de los límites de deuda y déficit para afrontar el gasto público extraordinario causado por la pandemia y el escudo social. Algo que ya están empezando a pedir los halcones, Holanda, Austria, Dinamarca, Letonia, Eslovaquia, República Checa, Finlandia y Suecia, algunos de los cuales en su día trataron de impedir, sin éxito, la creación de los fondos europeos de recuperación.

¿Por qué ya? Según el líder del PP, porque es necesario “prepararnos para un escenario en el que si se reducen las compras de los bancos centrales o se suben los tipos de interés”. Y hacer “una economía más competitiva” en un momento las incertidumbres geoestratégicas en Asia y en Europa, problemas de suministro energético o ante el riesgo de que la inflación no sea un fenómeno coyuntural.

Si eso sucede, pronosticó ante los principales empresarios del sector turístico, “países como España, con un 120% de deuda pública, un 5,4 de déficit público estructural y el peor paro de toda Europa, van a sufrir mucho más, llegando a ver comprometida su estabilidad”. 

La paradoja es que para recortar deuda y déficit Casado sigue proponiendo una reducción de impuestos que su equipo calcula en unos 10.000 millones de euros. Con el fin de reducir los riesgos causados por la economía de emergencia provocada por la pandemia, el PP propone el mismo plan que defendía antes incluso de que el virus se extendiese por Europa. 

“Lo que estamos planteando es que aprovechemos ya los fondos europeos para reducir esos riesgos y recuperar la competitividad” no sólo bajando impuestos sino abaratando la contratación mediante una reducción de las cuotas sociales con las que se financia la seguridad social. Y con “más flexibilidad laboral”, lo que significa ampliar el margen de maniobra de los empresarios a la hora de fijar las condiciones de los contratos.

A eso hay que sumar lo que Casado llama una “reducción de la burocracia”. España necesita, según el líder del PP, “adelgazar el sector público. Simbólicamente”, precisó, “reduciendo los ministerios” cuyo número hace que el dinero se vaya “en asesores y gasto superfluo”. Pero “también con mecanismos de la digitalización de la administración pública”.

Casado no sólo reivindicó a Scholz frente a Sánchez por la vuelta a la austeridad. Entre las virtudes del nuevo canciller alemán el líder del PP citó su capacidad de llegar a acuerdos con la CDU de Angela Merkel —de cuyo gobierno formó parte durante la etapa de la gran coalición— o haber “sido capaz de decir a los alemanes a pesar de ser socialista: tenemos que bajar los impuestos 30.000 millones de euros”. Aunque esta última medida no es de Scholz: la ha anunciado en el tabloide Bild su ministro liberal de Finanzas (los otros socios del Gobierno germano, el SPD y Los Verdes, proponen incrementar los impuestos a los más ricos). 

A pesar de ello, Casado no tuvo reparo en afirmar: “Nosotros pensamos que [la de Scholz] es la receta”. 

En materia de Seguridad Social, unos recortes salvajes, que han dejado al sistema sanitario sin recursos, medios y personal, ese es un motivo por el que en España la pandemia está siendo más dañina, con una sanidad sin recortes habría habido más médicos y hospitales, en los que atender a miles de enfermos del Covid-19, y mucho me temo que de seguir la SS en manos de las autonomías, no se va a remediar este grave problema.

El tan cacareado ingreso mínimo vital, no ha llegado a la mayoría de los que debería percibirlo (esto ya es culpa del PSOE Y de Podemos).

La ley de dependencia con los gobiernos de Rajoy, permitió que muchos de los que tenían derecho a una prestación, muriesen antes de percibirla.

Si hablamos de las residencias de mayores, muchas de ellas privatizadas, con lo que prima el beneficio económico ante el bienestar de los mayores, el problema es aún mayor, falta de atención, y lo que más provoca la sensibilidad de cualquier ser humano es la de ejercer de dioses, y decidir quién tiene derecho a vivir y quién no, esto no debería quedar en aguas de borrajas, los responsables, simplemente deberían ir a la cárcel, por matar, con sus protocolos asesinos, a cientos de personas mayores.

Las políticas de privatizaciones sistemáticas de los recursos públicos nos ha traído una serie de pérdida de derechos y del Estado del bienestar, para beneficiar a amigos o familia, y que así cada vez sean más ricos.

Y si hablamos de la memoria histórica, el nefasto Rajoy se vanagloriaba de no dar ni un céntimo para buscar, desenterrar y entregar a sus familias, a miles de demócratas que dieron su vida por la democracia en España, ¿esta es la manera con la que el PP ve la reconciliación de las dos Españas? Siguen existiendo la dos Españas, hasta que no quede ningún demócrata en ninguna cuneta, y hasta que la Transición no se complete, juzgando a miles de personas que se quedaron con el patrimonio de los asesinados por el franquismo.

Lo malo de todo esto, es que no tengo confianza de que todo esto se vaya a arreglar; seguiremos siendo el culo de Europa. Y el bar de los europeos.

Santiago Cabañas Martínez es socio de infoLibre

La situación del covid en Madrid ha sido y es escandalosa. Y esto no es casual, tiene unas bases con un recorrido largo y su origen está en la pervertida forma económica que se ha dado a la sanidad y el continuo apoyo fiscal a las personas más ricas.

Desde que se inició la pandemia, Madrid ha sido un lugar destacado por el volumen de personas afectadas por el virus y, especialmente, por el número de personas muertas. Ahora, de nuevo, vuelven a subir los contagios escandalosamente en Madrid, más que en otras comunidades autónomas, y resulta evidente que no se están haciendo bien las cosas.

Ahora bien ¿por qué suben los casos tanto ahora en Madrid? Hay múltiples razones que, aunque son conocidas, vale la pena volver a explicar:

Pero voy a fijarme en este último punto: Madrid en los últimos 15 años ha sufrido recortes enormes en Sanidad.

Gran parte de la solución de los nuevos brotes pasa por tener una buena atención primaria (centros de salud y consultorios) y, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Sanidad, Madrid es la Comunidad Autónoma que bate escandalosamente el récord de menor número de puntos de atención primaria: 6 instalaciones para cada 100.000 habitantes. La media estatal es de 28 centros o consultorios. La siguiente autonomía que menos tiene es Canarias con 12, es decir el doble de espacios de asistencia primaria. En Andalucía, con menor inversión per cápita, cuentan con 18 centros por cada 100.000, es decir, 3 veces más que la Comunidad de Madrid. 

¿Y por qué se da esta situación? ¿Por voluntad política o por falta de recursos Posiblemente por las dos cosas. A mediados de febrero pasado, un mes antes de que se produjera la gran expansión del virus en España y el confinamiento, la Plataforma por la Justicia Fiscal se reunió con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, para reclamar un aumento de recursos para Sanidad y Educación. Madrid es la Comunidad que tiene el PIB por habitante más alto (INE) y los presupuestos per cápita más bajos en educación (691€, media 830) y el segundo más bajo en Sanidad (1.274€, media 1.416€) después de Andalucía (Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social).

Pero ahora, con la crisis de la pandemia, se multiplican los problemas por las bajas inversiones de la Comunidad de Madrid en Sanidad y en Educación.

¿Por qué tiene Madrid pocos recursos, siendo la que tiene el PIB per cápita más alto? Porque ha perdonado pagar impuestos a las personas más adineradas. Se ha exonerado del pago por patrimonio y por sucesiones, dos impuestos que solo afectan a quienes tienen un patrimonio muy elevado.

Resulta escandaloso que el impuesto de patrimonio se bonifique al 100%. Este impuesto, por el que se paga un porcentaje muy pequeño (0,9% hasta 1,3 millones de euros), afecta a las personas que tienen un patrimonio muy elevado (descontando 700.000€ en bienes y hasta 300.000€ de vivienda habitual por persona). Así, la Comunidad de Madrid está perdonando este impuesto a las mayores fortunas, al 0,2% de la población. Esto implica que a las 17.000 personas más ricas de la comunidad autónoma se les exonera el pago de 1.000 millones de euros (cifras de la Agencia Tributaria)

Algo similar ocurre con las medidas acerca del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que siguen beneficiando a las clases más favorecidas. En este caso se habla de que se está dejando de recaudar en torno a los 2.600 millones de euros (más del 10% del presupuesto de la Comunidad de Madrid) (El País 12/2/20). Es un impuesto muy bonificado en todas las autonomías que se ha demonizado para confundir lo pagado por el impuesto municipal de plusvalías, que nada tiene que ver con el impuesto autonómico de las sucesiones y donaciones.

Este grave error de no cobrar a las personas más adineradas ha llevado a la Comunidad de Madrid a tener menos presupuesto e invertir menos que las demás comunidades en Sanidad y en Educación.

Ahora, Madrid es la comunidad con más casos de covid de España y de toda Europa. Perdonar impuestos a las personas acaudaladas ocasiona no tener recursos, lo que está provocando mucho dolor y muerte.

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Miguel Gorospe es coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal