Europa borra a Grecia de su agenda tras fracasar su plan de austericidio

Este 20 de agosto, Grecia cumplió doce años de supervisión europea. La Comisión decidió a finales de junio que los estrictos controles impuestos a Atenas desde 2010 ya no estaban justificados, después de que el gobierno griego devolviera el último tramo del préstamo (1.580 millones de dólares) al FMI a finales de abril. "Después de doce años [...], se cierra un capítulo difícil para nuestro país", dijo el ninistro de Finanzas griego, Chrístos Staïkoúras. Grecia vuelve a la normalidad europea y deja de ser una excepción en la eurozona.

A pesar de las garantías del primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis (derecha conservadora), los griegos se esfuerzan por creer que las cosas han vuelto a la normalidad. Son incapaces de borrar la década de 2010, que ha sido sinónimo de colapso, empobrecimiento, retroceso y a veces humillación. Y probablemente pasarán décadas antes de que el país se recupere de la estrategia de choque de austeridad que se le impuso y que ha causado un daño considerable.

La Comisión Europea pretende ignorar el problema. En una carta de su vicepresidente, Valdis Dombrovskis, y del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, señala que el Gobierno griego ha cumplido la mayoría de los compromisos adquiridos. Eso es lo más importante, a sus ojos. Por lo demás, no quiere insistir en el tema: desde el final del tercer plan de rescate europeo en 2018, se ha hecho todo lo posible por olvidar a Grecia.

Sin embargo, los europeos no han olvidado la crisis griega más que los griegos. Sigue siendo un trauma en la construcción de Europa. Fue el momento en que la Unión cambió su naturaleza. De ser una reunión de países libremente asociados, se convirtió en una asamblea de acreedores y deudores. Bruselas asumió entonces poderes coercitivos sin control para imponer sus normas y puntos de vista en nombre de la defensa de la moneda única y la integridad de la zona euro. El precedente ha golpeado a todos. Una dinámica de adhesión y apoyo se ha roto, quizás irremediablemente.

En su último viaje a Atenas, en octubre de 2021, la ex canciller alemana Angela Merkel, considerada en Grecia como la principal responsable de la gestión de la crisis en el país, intentó unas palabras de disculpa. Confesando que ha sido "el momento más difícil de su mandato", dijo ser consciente de "las limitaciones y los retos a los que se han enfrentado los griegos" durante los años de austeridad impuestos al país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), implicado en este asunto como miembro de la famosa troika encargada de supervisar los planes de austeridad impuestos a Grecia, había redactado previamente varios informes al respecto. Sus conclusiones fueron claras: los programas, basados en modelos erróneos y distorsionados, fueron un fracaso para Grecia. Los autores señalaron que los programas habían servido más para salvar a los bancos alemanes y franceses, que se habían comprometido indiscriminadamente tras la creación del euro en 2000, que para restaurar el país. La institución nunca debería haber aceptado asociarse a él, ni participar en un proyecto de este tipo, concluyeron.

El Banco Central Europeo, otro miembro de la troika, nunca ofreció ninguna conclusión sobre este experimento. Sólo dijo que no volvería a hacerlo de la misma manera. En cuanto a la Comisión Europea, no ha aprendido ninguna lección, ni siquiera sobre el funcionamiento opaco y antidemocrático del Eurogrupo, que fue denunciado enérgicamente por el ex ministro de Finanzas griego Yánis Varoufákis. Para ella, Grecia es historia antigua.

Un registro condenatorio

Nadie, es cierto, quiere atribuirse el mérito del récord, tan condenable es. El PIB del país, que se situaba en 355.900 millones de dólares en 2008, se ha reducido a 216.200 millones de dólares en 2021, lo que supone un descenso del 39%. Esto no tiene precedentes para un país perteneciente a una zona económica desarrollada. Lejos de haberse absorbido, la deuda pública ha empeorado: representaba el 110% del PIB en 2012; ahora supera el 200%. Pero lo que fue un problema para Europa en su momento ya no parece serlo: el Estado tiene ahora un superávit presupuestario suficiente para pagar a sus acreedores.

Esto se hizo a costa de destruir todo el estado social. Los servicios públicos, empezando por los hospitales, las escuelas y las universidades, han sido desmantelados. El derecho laboral ha sido saqueado, al igual que todas las protecciones sociales. El salario mínimo se ha reducido casi a la mitad. Se han llevado a cabo más de quince reformas de las pensiones de forma consecutiva para reducirlas en más de un 30%. Se privatizó todo lo que merecía la pena, sin mirar las consecuencias: con retraso, la Comisión Europea se muerde los dedos por haber subestimado la estrategia de expansión china y por haber dejado que la naviera china Cosco Shipping se hiciera con el control del puerto del Pireo.

Al mismo tiempo, las reformas fiscales siguen en lista de espera: los ricos, los armadores y la Iglesia ortodoxa, gran terrateniente, siguen siendo los campeones de la evasión fiscal. Pero el tema, al parecer, no está en la agenda europea.

Es cierto que el desempleo ha bajado. Mientras que en los años 2015-2016 había llegado a superar el 27%, ahora solo es el 12,5%. Pero esto se ha producido al precio de la inseguridad laboral y, sobre todo, de un éxodo masivo de la población. Desmoralizados y sin futuro, unos 500.000 jóvenes, sobre todo los mejor formados, han abandonado su país en la última década. Grecia tiene ahora la mayor proporción (22%) de personas mayores de 65 años de la eurozona.

Una economía que ha caído en la trampa de la pobreza

Según los modelos presentados, Atenas debería volver a crecer y recuperar el terreno perdido a partir de 2019. La desaceleración económica mundial provocada por la crisis del covid ha trastocado todas las previsiones: debido a la falta de afluencia de turistas, la economía griega se ha vuelto a hundir. Pero todo fue para recuperarse este año. A finales de 2021, el FMI preveía un crecimiento en torno al 6% y la Comisión Europea en torno al 3-4% para 2022-2023: la guerra de Ucrania y la subida de los precios de la energía han vuelto a trastocar todos los planes.

En junio, la inflación alcanzó el 12,1%, su nivel más alto desde noviembre de 1993. La gasolina, la electricidad, la vivienda, el transporte, la comida... Los hogares griegos ya no pueden pagar: sus salarios son demasiado bajos. La vida cotidiana es cada vez más difícil. En cuanto a las vacaciones, se han convertido en un lujo casi inaccesible.

A principios de año, el gobierno adoptó un programa de ayuda de 6.500 millones de euros, que está resultando insuficiente. A principios de mayo, aprobó un aumento del salario mínimo en 50 euros, hasta 713 euros brutos al mes. Pero los sindicatos dicen que esto todavía no es suficiente. Piden que el salario mínimo alcance al menos 825 euros al mes. E incluso en ese nivel, todavía no habrá vuelto a su nivel anterior a 2008.

Para muchos economistas, Grecia está atrapada en una trampa de pobreza, con empleos poco cualificados y mal pagados. La crisis de la deuda ha amplificado aún más esta tendencia. Alentados por los expertos de la Comisión, los sucesivos gobiernos han hecho todo lo posible para promover el desarrollo del turismo: es la fuente de ingresos más fácil y rápida para el país. El sector es más que nunca el principal motor de la economía griega. Mientras los europeos y los estadounidenses acuden en masa a Grecia este verano, el gobierno espera un año récord, superando con creces los 13.000 millones de euros del año pasado. Pero este dinero no se recicla en el resto de la economía.

Débilmente industrializada antes de la crisis de la deuda, Grecia se ha quedado aún más atrás desde entonces. Tiene una de las tasas de inversión más bajas de Europa. A diferencia de todos los miembros de la eurozona, se ha estancado durante la última década. Por falta de oportunidades y de demanda. Pero también por la falta de crédito. El sistema bancario griego sigue enfermo de morosidad e impagos. El problema se mantiene más o menos en el mismo nivel que hace diez años: el volumen de los créditos incobrables apenas ha disminuido y se mantiene en torno al 30%. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas que forman el tejido económico del país se consideran en quiebra o casi en quiebra.

Olvidando a Grecia

Los planes europeos y las intervenciones del BCE debían ayudar a la recuperación de los bancos griegos. De hecho, el BCE simplemente los ha aislado del sistema bancario y financiero europeo para que no contaminasen todo el sistema. Les correspondía resolver el problema como consideraran oportuno.

La incapacidad de los bancos griegos para financiar la economía podría tener un impacto duradero en el desarrollo del país. Sobre todo porque el gobierno, aunque tuviera la voluntad de hacerlo –lo que no es ni mucho menos seguro–, no está en condiciones de prestar apoyo. Aunque se financia oficialmente en los mercados, su destino está ligado al programa de compra de valores del BCE. Es el BCE el que proporciona financiación indirecta al Estado. Esto no impide que Grecia tenga los tipos de interés más altos de la eurozona, por encima del 3%.

Gracias a los programas de recuperación y apoyo puestos en marcha en el momento de la crisis sanitaria, Grecia se convirtió en uno de los mayores receptores de dinero europeo. Debe recibir 17.800 millones de euros en garantías y 12.000 millones en préstamos. También es uno de los primeros beneficiarios de los planes de clima y economía digital. A mediados de 2021, el primer ministro anunció la puesta en marcha del programa Grecia 2.0 con mucha publicidad y declaraciones. Con la ayuda de los fondos europeos, el país cambiaría su modelo y entraría en la economía del mañana.

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La guerra en Ucrania, el aumento de la inflación y las tensiones sociales parecen haber llevado al Gobierno a reducir sus ambiciones. Ya no habla de cambiar el modelo. Por el contrario, parece querer perpetuar ciertas prácticas del antiguo: los métodos de distribución de las ayudas y de las financiaciones aportadas por Europa han sido concebidos de tal manera que sólo benefician a las grandes empresas, incluidas las extranjeras, que sólo representan una parte muy pequeña de la economía. Todas las PYME parecen quedar al margen.

Por el momento, la Comisión Europea, que se supone que controla el buen funcionamiento de sus programas, no ha reaccionado. Pero esto parece ser ya una costumbre cuando se trata de Grecia, sea cual sea el tema. Bruselas no tiene nada que decir sobre las condiciones de acogida y el trato a los refugiados que llegan a las costas griegas. Tampoco parece importarle el espionaje de los servicios de seguridad interna a los diputados y parlamentarios de la oposición. El mismo silencio rodea todas las medidas adoptadas por este mismo gobierno de derechas que atentan contra la libertad universitaria, la libertad de expresión y los medios de comunicación. Grecia se encuentra actualmente en el último lugar de la lista de países democráticos en cuanto a libertad de prensa.

Este colapso democrático, que ha acompañado al shock de la austeridad, parece dejar indiferente a Europa. Oficialmente, Grecia sigue formando parte de la zona euro: se mantiene la integridad de la Unión y de su moneda. Pero aparte de la moneda, es como si Atenas se hubiera ido.