España suspende el primer examen europeo sobre la aplicación del reglamento de libertad de medios
El primer informe europeo de evaluación del cumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) deja a España en muy mal lugar. España: Informe de captura de medios y monitoreo de EMFA 2025 parte de una nueva serie de estudios que examinan la captura de los medios de comunicación y el cumplimiento en los Estados de la UE del reglamento europeo de medios, se publicó el pasado mes de diciembre y evidencia un incumplimiento generalizado en aspectos clave relacionados con la independencia de los reguladores de medios, el funcionamiento de los medios públicos, el uso de fondos de las administraciones para publicidad institucional, la transparencia mediática y el pluralismo.
Para los responsables del informe, elaborado bajo la responsabilidad del Instituto Internacional de Prensa (IPI) y el Centro de Investigación de Medios y Periodismo (MJRC), dos de los interlocutores con los que contará Bruselas para examinar el cumplimiento del Estado de derecho en nuestro país, la situación evidencia que las medidas adoptadas hasta ahora son insuficientes para garantizar los estándares que la EMFA establece, y que el país necesita reformas profundas y urgentes si quiere alinearse con los objetivos europeos.
Uno de los capítulos más críticos del informe se centra en la independencia de los reguladores de medios. La EMFA exige que los reguladores sean funcionalmente independientes de los gobiernos, operen con imparcialidad y transparencia, y cuenten con competencias claramente definidas y mecanismos efectivos de apelación. España, según el informe, cumple solo de manera parcial estos criterios.
En particular, critican que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargada de supervisar los mercados audiovisuales, mantenga una dependencia legal respecto al Ministerio de Economía, lo que genera percepciones de subordinación. Además, su autonomía presupuestaria es limitada: cualquier reasignación de recursos o ampliación de personal requiere aprobación gubernamental previa. De aquí que el informe recomiende implementar un modelo similar al del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que garantice financiación estable y predecible, y permita a la CNMC operar con independencia funcional real.
El informe también destaca la necesidad de fortalecer los procedimientos de nombramiento dentro de la CNMC mediante comités independientes y multidisciplinarios, que incluyan expertos en gobernanza de medios, periodismo y comunicación digital. Esto permitiría asegurar que los cargos de responsabilidad se otorguen por mérito y con criterios transparentes, evitando la influencia política que hasta ahora ha sido visible en la práctica.
Diseño insuficiente
Más allá de la independencia formal, el informe subraya que España carece de mecanismos robustos para consolidar la capacidad institucional de la CNMC a largo plazo. Sus autores recomiendan planes plurianuales de personal y formación, así como la creación de direcciones especializadas en medios y servicios digitales que permitan supervisar de manera efectiva la creciente complejidad del sector audiovisual, incluida la vigilancia de plataformas digitales y servicios a demanda.
En materia de transparencia y evaluación externa, el informe subraya la creación de un portal unificado de datos abiertos, acompañado de evaluaciones periódicas independientes sobre el desempeño de la CNMC frente a los estándares europeos. También recomienda la rendición de cuentas ante el Parlamento y la sociedad civil, para reforzar la confianza pública en la independencia y eficacia del regulador.
El informe dedica un apartado específico a la independencia de los medios de servicio público, y reprocha que España no garantiza plenamente el funcionamiento autónomo de RTVE. Según la EMFA, los Gobiernos deben asegurar que los medios públicos mantengan independencia editorial y funcional, que los procedimientos de nombramiento de la dirección sean transparentes y no discriminatorios, y que la financiación sea adecuada, sostenible y predecible.
Pero en España, como recuerda el informe, el actual Consejo de Administración de RTVE está claramente politizado, lo que compromete la neutralidad de la gestión. El informe recomienda establecer criterios más restrictivos de incompatibilidad y asegurar que los cargos se otorguen siguiendo criterios de formación y experiencia profesional verificables. Asimismo, urge renovar el marco normativo de RTVE y aprobar un contrato-programa que garantice la asignación de recursos adecuados y sostenibles, cumpliendo con el mandato de servicio público.
Proporcionar mayores recursos financieros y humanos a la CNMC permitiría también, según este estudio, una supervisión más eficaz de RTVE y de su misión de servicio público, sobre todo frente a las responsabilidades adicionales que la EMFA introduce para los reguladores, incluyendo la evaluación del cumplimiento de estándares de independencia y pluralismo.
Publicidad opaca
Uno de los capítulos más críticos tiene que ver con la necesidad de reforzar la transparencia y objetividad en la asignación de publicidad institucional, un objetivo en el que España no ha dado un solo paso desde la aprobación de la EMFA. Según el reglamento europeo, los fondos públicos deben asignarse siguiendo criterios transparentes, objetivos, proporcionales y no discriminatorios. Sin embargo, España aún carece de un marco sólido de control anterior y posterior que asegure la rendición de cuentas, la diversidad y la independencia en la toma de decisiones a la hora de repartir este dinero.
Entre otras cosas, el documento recomienda la adopción de buenas prácticas como convocatorias públicas abiertas, criterios objetivos basados en datos de audiencia y consumo mediático, y comités independientes de expertos que planifiquen, seleccionen y supervisen las campañas. Además, se insiste en la necesidad de informes públicos detallados sobre la distribución de los fondos, evaluaciones anuales de resultados y la supervisión parlamentaria, como medidas estructurales para garantizar transparencia y pluralismo.
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Otro de los puntos débiles de España señalado en el informe es el pluralismo mediático. La legislación vigente cubre el sector audiovisual, pero deja fuera a la prensa y a los medios digitales. Sigue sin exigirse que los sitios web divulguen la titularidad efectiva de su propiedad.
El informe recuerda la necesidad de revelar la titularidad efectiva y la financiación pública, y propone aplicar una prueba de pluralidad autónoma y evaluada caso por caso en todos los mercados. Además, recomienda vincular bases de datos para facilitar la trazabilidad de propiedad, control y financiación, incluyendo fuentes de terceros países, y garantizar la participación pública informada en los procesos de decisión.
El primer examen europeo sobre la EMFA pone de relieve que España se encuentra lejos de cumplir los estándares de independencia, transparencia y pluralismo que la Unión Europea considera esenciales para un ecosistema mediático democrático. La falta de autonomía de los reguladores, la politización de los medios públicos, la gestión opaca de la publicidad institucional y las limitaciones en la transparencia dibujan un panorama preocupante.
