El consejero del Consejo de Seguridad Nuclear Javier Díes ha advertido al pleno del regulador, de que pasar de la propuesta unánime de construir un almacén temporal centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) a siete almacenes temporales descentralizados situará a España entre los países que "han fracasado" en el desarrollo de una gestión "excelente" de los residuos radiactivos de alta actividad, según informa Europa Press.

Así lo expone el consejero en su voto particular contrario a la decisión del pleno del CSN, que el pasado 21 de diciembre evacuó al Gobierno un informe favorable sobre el VII Plan de Residuos Radiactivos, que apuesta por la opción de disponer de siete almacenes temporales (ATD) en los propios emplazamientos de las centrales nucleares hasta la construcción del almacén geológico profundo (repositorio definitivo) que estará operativo entorno a 2070.

Para Díes, con el VII Plan General de Residuos Radiactivos informado favorablemente, España pasará de tener un nivel de seguridad en torno a un 5 sobre 10 frente a la anterior opción que era "sobresaliente". Así, insiste en que la apuesta de un ATC era una estrategia "sólida" y que permitía a España tener el nivel de seguridad más alto.

La propuesta de construcción del ATC que se inició en el año 2004 y fue aprobada y mantenida por unanimidad en el Parlamento durante 14 años contemplaba la construcción de Villar de Cañas y suponía un plan de gestión de combustible irradiado evaluado como una good practice, es decir con un "sobresaliente" o un nivel de seguridad 9 sobre 10, lo que para el consejero situaría a España "entre los mejores países del mundo en este tema".

El consejero discordante de la decisión del pleno, argumenta que "en su obligación de contribuir a mantener y si se puede aumentar la seguridad nuclear de España" terminar el proyecto de construcción de ATC -al que ya se han destinado 300 millones de euros- es "significativamente más seguro" que tener siete almacenes temporales hasta que esté disponible el AGP.

En la argumentación de su voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que tener una política estable desde 2004 en gestión de combustible irradiado sería un objetivo "muy importante a mantener" y, por el contrario, estar dando "bandazos" en la política de gestión de combustible irradiado "hace daño" a la seguridad nuclear, y "dificulta" las tareas del Consejo de Seguridad Nuclear, como el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña y de Zorita o la necesidad de construcción de ATI que eran "totalmente innecesarios" para cuatro centrales nucleares.

Al mismo tiempo, critica que a parte de tales "dificultades" a las tareas del CSN, la paralización temporal del ATC de Villar de Cañas en julio de 2018 ha provocado "tirar a la basura unos 300 millones de euros" pagados por "todos los ciudadanos en su recibo de la luz" y ha generado "innecesariamente" unas 9.500 toneladas de material contaminado con radiactividad. Del mismo modo, agrega que mientras no esté operativo el silo de Cuenca, cada año y medio habrá que comprar 14 contenedores cuyo coste es de unos 28 millones de euros.

Otro de sus argumentos favorables al ATC se refiere a la situación en que quedan los emplazamientos de las centrales nucleares a medida que se desmantelan, como ocurre ahora en la central nuclear de José Cabrera (Guadalajara) o como "pronto" sucederá en la de Santa María de Garoña (Burgos). En ese sentido, insiste en que tener todo el combustible irradiado en un solo almacén centralizado representa una mejora de la seguridad física respecto a tenerlo en siete Almacenes Temporales Individualizados (ATI), especialmente una vez desmantelada la central nuclear, en un factor que podría estimarse del orden de unas 20 veces superior en cuanto a seguridad física.

Respecto al proyecto de ATC en Villar de Cañas, expone que disponía dos celdas calientes que permiten recuperar el combustible y mejora la seguridad respecto a los ATI, porque es capaz de soportar el impacto de un "terremotazo" o de un "avionazo", algo que no soportan los actuales almacenes temporales individualizados.

Por otro lado, recuerda que el ATC conquense ya había superado los procesos de selección de emplazamiento y apenas faltaban "15 días para obtener su permiso de construcción por parte del CSN". "En global, considerando los distintos aspectos que contribuyen a la seguridad (seguridad física, recuperabilidad, impacto de un avión, resistencia a un terremoto, impacto radiológico en el emplazamiento, es más seguro tener todo el combustible irradiado de España en el ATC de Villar de Cañas hasta que este operativo el AGP, que tenerlo en 7 ATI hasta que este operativo el AGP, 2040, 2050 o 2070", concluye.

En su voto particular, el consejero Javier Dies incorpora valoraciones coincidentes con el estudio de impacto ambiental estratégico del VII PGRR que fue sometido a exposición pública por el propio Ministerio para la Transición Ecológica y con el estudio realizado por la Blue Ribbon Commission on America Nuclear Future de Estados Unidos. De estos estudios, el consejero destaca que indican que el ATC tiene "dos importantes ventajas" frente a los siete ATD, que conllevarían la permanencia en siete instalaciones y su impacto radiológico en todos ellos frente al ATC que eliminaría impacto radiológico y permitiría liberar los terrenos nucleares.

Así, incide en que la opción de los ATD frente al ATC contraviene el principio básico 'ALARA', que busca la reducción del impacto radiológico tanto como sea razonable alcanzar, ya que en este caso supondría la completa eliminación del impacto radiológico a la población y medioambiente en siete emplazamientos y su consiguiente liberación.

Finalmente, reitera que la dispersión de los residuos en siete emplazamientos contraviene principios básicos de seguridad física y que lo "deseable" es centralizar en una única instalación crítica el control y supervisión de la misma.

“Presentamos a principio de la legislatura un plan de lucha contra la despoblación, por el reto demográfico. Me parece que son 130 medidas; son 100 las que ya llevamos puesta en marcha”. El presidente del Gobierno presumió en estos términos en el Congreso el compromiso en la lucha contra despoblación durante su comparecencia en la Cámara Baja el 13 de octubre. Pero la realidad es bien distinta de como la pinta el Ejecutivo.

El Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende el plan, no atendió la petición de infoLibre para detallar qué ha cumplido el Gobierno y qué no. Pero en la Plataforma de la España Vaciada tienen claro que, más allá de la satisfacción manifestada por el presidente, el plan del Ejecutivo tiene poco de verdadero compromiso estructural y mucho de maquillaje contable: la mayor parte de las medidas incluidas en él son acciones de diferentes ministerios que, de no haber sido agrupadas en un documento único, se estarían aplicando igualmente, porque forman parte de la actuación ordinaria de cada departamento. 

Sánchez sí detalló en el Congreso una medida concreta, pero producto de una decisión de la Comisión Europea. “Vamos a desplegar ayudas de funcionamiento en las tres provincias con menor densidad de población. Me refiero a Soria, a Teruel y a Cuenca que, como saben, fueron incluidas por la Comisión Europea en el nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad Regional”. A través de ellas, el Gobierno va a reducir las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos ya existentes y en los nuevos que se firmen. “Por tanto, vamos a fortalecer el tejido productivo, creando nuevas oportunidades en estos pequeños municipios, porque al fin y al cabo, señorías, la despoblación no es un fenómeno irreversible y no es un problema sin solución. Se trata de garantizar empleos dignos y servicios públicos de calidad en todo el territorio. Esa es la apuesta y el compromiso del Gobierno de España”, enfatizó entre aplausos de los suyos.

Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, remarca que hay que separar el grano de la paja. Su organización irrumpió en el Congreso en 2019 y está sirviendo de modelo a otras provincias que no se resignan a seguir en el olvido al que las condenaron durante décadas los dos grandes partidos del turnismo contemporáneo español, PP y PSOE.

“En el plan se ha metido un conjunto de medidas de todos los ministerios, pero muchas de ellas no es que sean novedosas, sino que son acciones ordinarias”. Tienen repercusión sobre el territorio, admite, como la inversión en centros educativos, pero no se trata de acciones nuevas. 

El plan “sirve para hacer una evaluación de fondos, pero no es un plan específico”, explica Guitarte. De hecho, incluye medidas que también se aplican en territorios que no tienen ningún problema de despoblación: “Las inversiones en digitalización y telecomunicaciones también se están haciendo en territorios que no incluiríamos nunca en la España Vaciada”. “Tenemos dificultades para explicar a la ciudadanía qué se está haciendo”, se queja, porque en esas 100 medidas que según Sánchez ya se están concretando “la gente no ve nada nuevo”. Lo que habría que haber hecho es un plan consensuado, con formato de pacto de Estado, “para definir políticas estructurales” con las que “hacer frente a la despoblación o a los desequilibrios territoriales”.

Con todo, la España Vaciada no da por perdida la legislatura. “Perdida jamás”, responde tajante el portavoz de Teruel Existe. “Ha sido una legislatura muy compleja”, atravesada por acontecimientos como la pandemia, el volcán de Las Palma o la guerra en Ucrania. “Pero pese a eso hemos sido capaces de introducir en la opinión pública del país y en la clase política que teníamos un problema latente al que nadie prestaba atención”.

“Esa toma de conciencia de que hay un problema territorial en España que no son los nacionalismos” sino la estructura interior del país y su modelo de desarrollo, era el primer “paso imprescindible”, subraya Guitarte. “Porque si vas a tomar medidas de trascendencia que van a afectar de una manera decisiva a muchas cosas, han de estar asumidas sobre un objetivo asumido y compartido mayoritariamente por la sociedad española”. Y eso, asegura, “creemos que se ha conseguido”. La sociedad ya demanda “una acción mucho más allá de lo que está llevando a cabo el Gobierno”. 

Y eso que algunas de las medidas están chocando con “la inercia” de años de inmovilismo. “En cuanto surge el más mínimo escollo, se vuelve hacia atrás”. Un ejemplo es el proceso de descentralización de sedes administrativas, que en parte fue objeto del pacto de investidura suscrito por el PSOE con Teruel Existe. “En cuanto lo empiezas a aplicar y sale alguna reticencia, por ejemplo de la Comunidad de Madrid”, se echan atrás. Falta “la valentía de afrontar decisiones que son las necesarias para ir reequilibrando el territorio”. 

La España Vaciada aspira a que toda la sociedad, y en particular la clase política, se dé cuenta “de que hemos ido siguiendo un modelo de desarrollo que empezó en el franquismo, pero que la democracia no hizo el esfuerzo de corregir”. Y ahora “es el momento” de hacerlo para “dar oportunidades a todas las partes del país” y que “no se fuercen migraciones interiores por puro interés económico”. 

“Es el momento”, insiste Guitarte, “porque ahora la revolución tecnológica empieza a vencer planteamientos que antes eran imposibles” abriendo la puerta del trabajo a todos los territorios. “Hay muchos cambios sociales y estructurales que pueden permitir de verdad afrontar con decisión este problema”. 

Una vez puesto el asunto encima de la mesa, la España Vaciada cree que ha llegado el momento de hacer “una apuesta más valiente”. “Ahora que nos hemos dado cuenta de que hay que reindustrializar el país” a partir de “determinados sectores estratégicos” que están en manos de terceros y sufren las consecuencias de la ruptura de la cadena de suministro. “Hagámoslo en los territorios de la España Vaciada y simultáneamente estaremos empezando a corregir parte de los desequilibrios territoriales” que sufre el país.

No se trata de hacer “ninguna revolución”, sino de “corregir el modelo de desarrollo”. La España vaciada, subraya el portavoz de Teruel Existe, “no es algo irreversible, ni un mandato divino, ni un proceso natural. Es una consecuencia del modelo que se eligió”. En otros países, como por ejemplo Alemania, eligieron otro modelo y “han crecido en equilibrio”. “Todos sus territorios tienen más o menos igualdad de oportunidades”. 

Pese a que “algunos hablan de tendencias mundiales a la aglomeración, hay países que han hecho el esfuerzo de corregirlas y nosotros el esfuerzo de alentarlas”, Son “dos modelos de país muy distintos y merece la pena avanzar hacia el que proponemos nosotros”, subraya Guitarte, convencido de la vigencia de las reclamaciones de los territorios que han decidido dejar de resignarse.

El movimiento social que nació con la gran manifestación del 31 de marzo de 2019, la llamada Revuelta de la España Vaciada, trabaja ya en diferentes provincias para presentar candidaturas en las elecciones autonómicas y municipales de mayo y en las generales de finales de año. El objetivo sigue siendo el mismo que les movió a dar el paso en diferentes lugares y que ha cosechado sus primeros resultados en Teruel y Soria: hacer de la lucha contra despoblación una verdadera prioridad. 

La Plataforma de la España Vaciada decidió en su tercera reunión anual, celebrada el año pasado, poner en marcha una “herramienta de participación política” precisamente para influir en el cambio. Ya funciona y son varias las organizaciones sociales que discuten si acogerse a ella para presentar candidaturas el año que viene. Habrá partido en Soria (Soria Ya) y en Cuenca (Cuenca Ahora) y Teruel Existe se dispone a presentar candidaturas aragonesistas en Zaragoza y Huesca.

No se trata de aprovechar la coyuntura, explica Tomás Guitarte. Es una proyecto “a largo plazo”, construido “sin prisa”, que pretende consolidar “los movimientos sociales locales y provinciales que se están dando cuenta de que les conviene tener una herramienta de participación política en las instituciones. Porque si no, nadie lo va a hacer”. 

Mucha gente está entendiendo además que “esta acción unificada, lejos de ser una opción localista o cantonalista, está ofreciendo un modelo alternativo de desarrollo” al situar entre las prioridades el equilibrio territorial y el desarrollo sostenible. Por eso, subraya el diputado aragonés, la España Vaciada se dirige a todo el país, no únicamente a los territorios despoblados, porque defiende un modelo distinto. Y está empezando a tener eco, subraya. En Madrid ya existe desde hace meses una Plataforma de la España Vaciada. Es una comunidad en la que no existe ese problema, pero en la que ya hay muchas personas que se sienten parte de la solución. 

Un hombre y una mujer han perdido la vida este domingo tras quedar atrapados a causa de una riada en la localidad conquense de Saelices, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha. El aviso se iniciaba este sábado cuando a las 20.38 horas se cortaba la carretera CM-310 en el kilómetro 69 a causa de balsas de agua en la localidad, provocadas por tormentas, lo que desencadenó que varios vehículos quedasen atrapados.

A consecuencia de este incidente, se inició una búsqueda para encontrar a dos personas, ocupantes de un mismo vehículo. A primera hora de la madrugada se halló el cuerpo sin vida de un hombre. Tras suspender esta búsqueda por falta de visibilidad, a las 7.30 horas de este domingo se ha reanudado para encontrar a la segunda persona desaparecida y durante esta mañana se ha hallado el cuerpo sin vida de una mujer.

Según han informado las autoridades, los fallecidos eran un matrimonio de Puebla de Almenara, municipio que se encuentra "destrozado" por la tragedia y que declarará tres días de luto. El alcalde, Luis Miguel Bustos, ha señalado en declaraciones a Europa Press, que el luto lo llevan "muy dentro", ante la pérdida de un matrimonio "muy entrañable", que deja huérfanos a dos hijos varones y una hija. "Venían de Madrid de ver a un hijo que estaba enfermo y les pilló esa nube terrible", ha manifestado el primer edil, que ha trasladado a la familia "el cariño del todo" el pueblo.

También, se ha comunicado con la alcaldesa de Saelices, Paloma Jiménez, que le ha trasladado su pésame, y otros cargos como el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana o la delegada de la Junta en Cuenca, Mari Ángeles Martínez, se han puesto en contacto con Bustos para expresarle su pesar por los hechos. Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page le ha transmitido sus condolencias. El jefe del Ejecutivo así lo ha reflejado además en su cuenta de Twitter: "Mis condolencias a la familia y allegados del matrimonio fallecido como consecuencia de la riada en Saelices (#Cuenca). Descansen en paz".

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que el asesinato de una mujer registrado este lunes en Cuenca es un nuevo caso de violencia de género y ha elevado a 13 el número de víctimas mortales por el machismo en lo que va de 2022, ha informado Europa Press.

Desde el departamento que dirige Irene Montero, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, han explicado además que la víctima tenía dos hijos y una hija menores de edad y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Según ha explicado la propia Montero en sus redes sociales, el presunto asesino de esta mujer había sido absuelto de estas acusaciones por lo que se habían retirado las medidas que la protegían el pasado 1 de abril.

"Hemos fallado. Tenemos la obligación de llegar siempre a tiempo", ha lamentado la ministra a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Igualdad ha señalado también que esta víctima mortal supone que la cifra de víctimas mortales por violencia machista alcancen las 1.139 desde que se contabilizan los datos, desde el año 2003.

Además, los tres hijos menores de la mujer asesinada elevan a 13 el número de huérfanos de la violencia de género en lo que va de año y hasta los 349 en el histórico que se recoge desde 2013.

Las alarmas saltan cada vez que las estadísticas escupen los mínimos históricos de la tasa de natalidad y el elevado envejecimiento el elevado envejecimientode los españoles. El INE acaba de publicar que en los seis primeros meses de 2018 se registró la cifra más baja de nacimientos desde 1941, cuando se midió por primera vez esa variable. Cada vez nacen menos españoles: de enero a junio, sólo 179.794, un 35,5% menos que en ese intervalo hace 77 años. También se sitúa en mínimos la cifra de nacidos cuando se pone en relación con el número de defunciones: 927,09 por cada 1.000 fallecidos en 2017, un dato que no ha dejado de caer desde 2008, cuando gracias a la inmigración se alcanzaron los 1.349,57 nacimientos. Desde 2016 en España muere más gente que nace.

Aun así, la población no para de aumentar desde 2013 y en el país viven ahora 46,73 millones de personas, unos pocos menos que en enero de 2012, momento en el que alcanzó un máximo de 46,8 millones, pero muchos más que 10 años antes, cuando el INE contaba sólo 41,03 millones de personas sobre territorio nacional.

El problema es que ese crecimiento no es ni mucho menos uniforme. El litoral aumenta su población mientras las zonas del interior se vacían. Las mayores ciudades atraen habitantes, pero las áreas rurales son abandonadas. En realidad, se trata de un fenómeno que lleva décadas produciéndose en todo el mundo, aseguran los demógrafos. Aunque en ciertas zonas de España es mucho más acentuado y acuciante. Teruel y Soria claman desde hace años en el desierto demográfico y el libro La España vacía, de Sergio del Molino, devolvió a los titulares a los habitantes de pueblos que se quedan sin médico, sin escuela, sin sucursal bancaria y apenas tienen cobertura de móvil o de internet. Hacia el oeste, toda una franja que se extiende desde Asturias hasta Cáceres va encogiendo año a año consumida por el envejecimiento de quienes se quedan y la emigración de su cada vez menor número de jóvenes.

Sin embargo, la despoblación no es un fenómeno que padezcan sólo los núcleos más pequeños. “Desde 2011 entre el 70% y el 75% de los municipios españoles pierden población”, corrige Ignacio Molina, geógrafo y director de Análisis del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico. Es más, 35 de las 50 capitales de provincia llevan una década perdiendo vecinos, “algunas porque sus habitantes se mudan a su contexto periurbano, pero en otras es toda el área urbana la que se reduce”, añade. También las cabeceras comarcales de entre 5.000 y 20.000 habitantes pierden residentes de forma generalizada. Y no hay ninguna comunidad autónoma que se quede al margen de la crisis demográfica, destaca Molina: bien por el envejecimiento, bien por la despoblación, bien por una mezcla de los dos problemas, bien porque, como sucede en dirección contraria, en Baleares, 1,5 millones de habitantes tienen que hacer frente a los efectos de una población flotante y estacional de 15 millones de personas.

Diego Ramiro, investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, recuerda que los niveles de urbanización en Europa y Norteamérica alcanzan el 80%; el 60% en los países en desarrollo. En España es un proceso que se retrotrae a los años 20 y tuvo su apogeo en las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo. Incluso no tiene por qué afectar sólo a los pueblos pequeños. Ramiro cita el ejemplo de Detroit, en Estados Unidos, donde ya hay zonas deshabitadas dentro de la misma ciudad, hoy un fantasma de la gran capital del automóvil que fue tras perder el 60% de su población en los últimos 50 años.

1.360 pueblos con menos de 100 vecinos

En España, son 12 las provincias que han perdido habitantes desde 2002 hasta el pasado mes de julio, último registro publicado por el INE. Las que más, en números absolutos, Asturias, cuya población se ha reducido en 38.415 personas, y Ourense, con 30.050 vecinos menos. Les siguen Lugo –27.349 residentes menos– y Zamora –23.763–. León ha perdido una cifra parecida –23.755–. Palencia y Salamanca, casi los mismos habitantes: 12.571 y 12.331, respectivamente. Completan la lista, bajando de los 10.000, Cáceres, Teruel, Ávila, Jaén y Soria. Porcentualmente, en cambio, Zamora es la provincia que más moradores ha perdido desde 2002, un 12%. Ourense, casi un 9%.

Pero también hay otras maneras de medir la España deshabitada. Bruselas considera áreas escasamente pobladas aquéllas con una densidad por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Ésas son Teruel, Soria y Cuenca. Sin embargo, según las investigaciones de Pilar Burillo, de la Universidad de Zaragoza, en realidad hay ocho áreas con una densidad aún menor, de 9,35 habitantes por kilómetro cuadrado: 2,55 millones de personas diseminadas en 273.232 kilómetros cuadrados. O dicho de otro modo, el 5% de la población española se dispersa en el 53% del territorio nacional. Burillo incluye zonas de Burgos, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Castellón, Valencia, La Rioja, Valladolid y Badajoz. Y destaca que en áreas de Soria y Teruel la densidad desciende a 7,2 habitantes/km2 y en otras de Ourense, Zamora o Salamanca, a 7,58 habitantes/km2. Es decir, por debajo de los ocho habitantes/km2 que han colocado a Laponia como la región más deshabitada de Europa.

La pérdida de músculo de la España rural queda patente, además, cuando el foco se pone en el tamaño de los municipios. La mitad de los 8.124 que existen en España tienen menos de 500 habitantes, un número que ha crecido un 47% desde 2000. Además, de esos 3.991 pueblos, 1.364 no superan los 100 vecinos. Son 406 más de los que había en 2000. Y si se reparten esas cifras por provincias, el paisaje se revela desolador. En Soria, el 89,6% de sus pueblos tienen menos de 500 habitantes; en Teruel, el 83%; en Burgos, Salamanca y Guadalajara, superan el 85%; en Ávila representan el 84,7%.

Teniendo en cuenta que la edad media de los vecinos de los pueblos de menos de 100 habitantes de Zamora es de 62,2 años, la mayor de España –cuatro años superior a la media de los pueblos zamoranos de entre 100 y 500 habitantes–, y que en Ávila y León alcanza los 60 años, resulta clara la urgencia del problema. En la provincia de Ourense, el 38% de sus habitantes supera los 60 años. En la de Lugo, los mayores de esa edad equivalen al 36% de la población.

Cómo poner freno al fenómeno

Pese a que los demógrafos consideran un proceso “natural” el desplazamiento de los humanos a los lugares donde pueden encontrar mejores condiciones de vida, hay quien se ha empeñado en poner freno al vaciamiento de las zonas rurales.

Hace dos años las patronales de Teruel, Soria y Cuenca crearon SSPA (Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, por sus siglas en inglés), un lobby o grupo de presión al uso, para intentar convertir sus provincias en territorios “atractivos donde vivir, trabajar, invertir y crecer”. Porque sin vecinos no hay servicios ni oportunidades laborales, y sin servicios ni infraestructuras no hay actividad económica o la que sobrevive es poco competitiva. Un círculo vicioso que expulsa a los habitantes de los pueblos y disuade a los urbanitas que podrían querer trasladarse en busca de un entorno más tranquilo o más natural. El resultado es el abandono del patrimonio histórico y monumental de miles de pueblos, pero también de valiosísimos recursos naturales. “Las zonas rurales de España son tremendamente ricas y no podemos permitirnos tanto potencial baldío, con un 80% del territorio sin poner a funcionar”, protesta José Guillén, responsable de Despoblación de la CEOE de Teruel.

El enfoque de la SSPA se centra en generar las condiciones para que se desarrolle actividad económica y ésta, a su vez, cree empleo. “Entonces llegarán los servicios”, asegura Guillén. El lobby tiene como modelo la agencia de desarrollo rural creada en Escocia en 1965, Highlands and Islands Enterprise, que ha conseguido aumentar un 22% la población en las Tierras Altas. En ese mismo plazo, lamenta el responsable de CEOE, los habitantes de Teruel han disminuido un 34%. Se trata de una agencia autónoma, con un presupuesto pequeño –75,7 millones de euros–, dirigida por técnicos, – por tanto, no sujeta a vaivenes políticos, destaca José Guillén– y que aglutina todas la políticas de desarrollo rural, desde la vivienda hasta el medioambiente y la economía.

En cambio, Ignacio Molina cree que ningún modelo extranjero es “directamente exportable” a las zonas más deshabitadas de España. “En Escocia no hay nada parecido al efecto que tiene Madrid aquí, por ejemplo”, rebate, y en Laponia “nunca hubo mucha gente, no ha sufrido despoblación”. Luis del Romero, investigador de la Universidad de Valencia y autor del libro Despoblación y abandono de la España rural. El imposible vencido, tampoco considera trasladable el modelo escocés. “Los países del norte hacen trampas”, replica, “porque sus sistemas rurales no operan en el capitalismo, no compiten en el mercado global por tantas subvenciones e incentivos como reciben”.

Por contra, prefiere las políticas desarrolladas en Francia, Canadá o incluso Austria. “Cuando aquí se critica el excesivo número de municipios y se pide que se fusionen, resulta que en Francia hay 30.000, la presencia del Estado en las zonas rurales es mucho más potente”, explica Del Romero, “de hecho, el medio rural francés está totalmente mimado y su capacidad de movilización es mucho mayor”, como se ha visto con las protestas de los chalecos amarillos, que prendió en las regiones con menos población y servicios. “En España, en cambio, el sector rural ha sido maltratado históricamente”, critica.

Más allá de la economía y del empleo

Para este investigador de la Universidad de Valencia, el problema de la despoblación rural va más allá del factor meramente económico o laboral. “Es cultural y educativo”. Los jóvenes también se marchan de zonas rurales con turismo, trabajo, infraestructuras y servicios, apunta. Y aquí coinciden la CEOE, el comisionado del Gobierno y el demógrafo del CSIC: hace falta un cambio de mentalidad que haga desaparecer el estereotipo de que “sólo se queda en el pueblo el tonto, el que no estudia y los más listos o preparados huyen”. “Eso no lo escuchas en Francia, sino todo lo contrario: el más afortunado es quien se evita los inconvenientes de vivir en una gran ciudad”, sostiene Luis del Romero, y lo corrobora Ignacio Molina: “En Francia y Países Bajos el medio rural está vinculado al éxito y al prestigio”.

Del Romero reclama que se incluya una “perspectiva rural” en las políticas y en las leyes, del mismo modo que ya se incluye una perspectiva de género. Ignacio Molina lo llama “perspectiva demográfica”. A su juicio, habría que adaptar las políticas y las normas a la “realidad del territorio”. Da igual cuántas ayudas ofrezca la Unión Europea si en un pueblo pequeño “el alcalde es un señor que no cobra y el secretario no tiene conocimientos suficientes para solicitarlas”, advierte. José Guillén habla tanto de normativa o de hándicaps burocráticos como de impuestos. “No puede tener el mismo tratamiento fiscal una pyme rural que fabrica mermeladas artesanas que una multinacional”, se queja.

La patronal pide incentivos a la inversión, pero también mecanismos eficaces de gestión. Millones en subvenciones han fluido “a raudales” desde la Unión Europa hacia la España rural en las últimas tres décadas, pero se utilizaron para “construir polideportivos, piscinas o polígonos industriales ahora vacíos”, recuerda Luis del Romero. Infraestructuras sin sentido que no han redundado en un aumento de la población o en la mejora de las condiciones de vida. O subvenciones para abrir casas rurales que, o no prosperaron o “a los seis meses eran propiedad de quien las arregló”, censura.

Guillén lamenta que la mala gestión llegara incluso más allá, con un uso incorrecto de los fondos de cohesión territorial. Mientras la Comunidad Valenciana recibía un 75% de financiación al ser considerada Objetivo 1 –las regiones con una renta per cápita inferior al 75% de la media europea–, Teruel sólo optaba al 50% por estar situada en una comunidad autónoma considerada “rica”, gracias al empuje de Zaragoza. “Lo mismo le ha ocurrido a Castilla y León”, asegura el responsable de CEOE Teruel, quien critica la inexistencia de mecanismos de compensación interna para evitar estos desajustes. Por eso pide también que se cambien los indicadores utilizados para medir este desequilibrio porque, a su juicio, no son “ilustrativos” ni el PIB per cápita ni la densidad de población.

El Gobierno ha anunciado una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico para la próxima primavera y promueve un Pacto de Estado para combatir el declive de la España rural. Molina propone coordinar a todas las administraciones y a la sociedad civil con una visión “transversal” para aplicar medidas concretas. “Hacen falta respuestas ya”, apremia. Incentivos fiscales para favorecer el empleo y la implantación de internet en todo el territorio son algunas de ellas. Guillén y Del Romero aprueban que se proponga una estrategia nacional y transversal. “La banda ancha es fundamental, es como el agua corriente de hace 80 años”, resalta el responsable de la CEOE. Según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la penetración de la banda ancha de internet en municipios con menos de 1.000 habitantes es sólo de 17,1 líneas por cada 100 vecinos, mientras que en Barcelona se alcanzan las 45,2 líneas. La media nacional es de 29,8.

El investigador de la Universidad de Valencia critica que sólo exista política de vivienda en las ciudades. Y que la grandes empresas estén “ausentes” en el debate, pese a considerarlas “responsables del vaciamiento demográfico por sus políticas hidráulicas y forestales”. Las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, no se construyeron gracias a expropiaciones con precios justos, después generan muy pocos empleos y no pagan por el impacto que producen en la zona, reprocha. A Telefónica cuesta convencerla de que cubra áreas donde no hay una masa suficiente de vecinos, continúa. Y los bancos están dejando sin sucursales a buena parte de los pueblos.

Que vengan, de la ciudad o del extranjero

Además, José Guillén sostiene que será “imprescindible” hacer “trasvases de población”. Con los nacimientos actuales no es suficiente. Mientras en Zamora no se registran más que 335,19 nacimientos por cada 1.000 defunciones, en Almería se disparan hasta 1.452,55 y en Murcia hasta 1.309,49. En Madrid ascienden a 1.286,52. “Da igual que [el repoblador] sea un español que venga de la ciudad o un extranjero”, continúa. Del Romero le secunda. “Hace falta una nueva Carta Puebla”, indica, en referencia a los documentos donde los señores feudales fijaban las condiciones para la repoblación de las zonas que conquistaban a los musulmanes. Aunque para captar vecinos es necesario garantizar que los habitantes de los pueblos tienen los mismos derechos y deberes que los de las ciudades. “Ahora se encuentran a años luz”, reprueba.

Pero cómo atraer familias a los pueblos, por muy idílicos que sean sus paisajes y muy tranquila la vida cotidiana, si para un médico –o cualquier otro profesional– el traslado supone una pérdida de oportunidades laborales y cobrar lo mismo que otro de la ciudad pese a que quizá deba recorrerse cuatro o cinco pueblos y más de 100 kilómetros para visitar a sus pacientes, se pregunta Del Romero. También apunta que muchos de losneorrurales, más que atraídos por el campo, están huyendo de las ciudades porque se quedaron sin trabajo, se divorciaron, tenían deudas u otro tipo de problemas “que no se resuelven en el pueblo”. Vivir en estas zonas no es tan idílico como pueda parecer. La agricultura y la ganadería, que suelen ser casi la única actividad, son actividades duras y las oportunidades de ocio y entretenimiento, limitadas. Muchos lo intentan y desisten. También ha habido proyectos para repoblar con inmigrantes zonas muy envejecidas y aisladas. No siempre han dado buenos resultados. Luis del Romero entiende que quienes mejor se adaptan son los inmigrantes que proceden de áreas rurales en sus propios países.

José Guillén cuenta la historia de un astrofísico que dejó el Instituto de Astrofísica de Canarias para trabajar en el del Pico del Buitre en Teruel. El cambio le supuso un recorte del 30% en el sueldo, además de tener que prescindir de las ventajas en el IVA y otros beneficios de que gozan los residentes en las islas. “Pero se trata del puesto que necesito para mi carrera profesional”, le dijo al dirigente empresarial. “Pues éste es el neorrural que nos hace falta”, aplaude Guillén, quien acude de nuevo al ejemplo escocés. Las Tierras Altas se han convertido en referente universitario en Reino Unido para asistencia médica y diagnóstico telemáticos, así como en atención geriátrica. También la España rural despoblada, invita el responsable empresarial, debe encontrar sus propios nichos de desarrollo.

En opinión de Ignacio Molina, el regreso al pueblo tiene una “capacidad limitada” para resolver un problema que es histórico. “Primero habrá que conseguir que los que están se queden; entonces la vida rural también será atractiva para los que quieran trasladarse”, resume. Las comunidades más afectadas reclaman que la despoblación y la dispersión demográfica cuenten a la hora de repartir los fondos del sistema de financiación autonómica, que se encuentra pendiente de reforma. Además, el año que viene se abre el próximo periodo de programación de los fondos europeos. Combustible doble para combatir el vaciamiento de amplias zonas de España, una tarea titánica. El demógrafo Diego Ramiro admite que, pese a los esfuerzos institucionales y debido a las cada vez mayores facilidades para desplazarse, la España rural “nunca volverá a contar con la población que tenía en los años 50”.

Los grupos municipales de PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cuenca han pedido el cese o dimisión del edil del equipo de Gobierno Carlos Navarro después de que éste publicara en su estado de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp un mensaje de enaltecimiento al dictador Francisco Franco con motivo del aniversario de su muerte. Informa Europa Press.

Ante esta petición de cese, el presidente del PP de Cuenca, Benjamín Prieto, ha circunscrito el mensaje a una opinión personal rechazando tomar medidas al respecto, al tiempo que ha contraatacado diciendo que "algunos partidos" de los que ahora piden la dimisión o cese de Navarro "han estado exaltando y admirando a dictadores en activo y se han estado financiando con dinero de esas dictaduras", pese a lo que "no hacen ni críticas ni condenas". "No tengo nada que decir", ha dicho a preguntas de los medios tras una rueda de prensa.

Primero era Izquierda Unida quien confiaba este martes en que el alcalde, Ángel Mariscal, cesara de "inmediato" de su cargo a Navarro. "El envalentonamiento de la extrema derecha es fruto de la impunidad del franquismo. No podemos permitirnos como democracia ni un paso atrás", manifestaban desde la formación de izquierdas. La Agrupación Local del PSOE de Cuenca ha pedido este miércoles tanto alcalde como al presidente del PP de Cuenca, Benjamín Prieto, que "dejen de amparar y que cesen de inmediato al concejal". "Alguien que ensalza así la dictadura no puede mantenerse como representante de los conquenses, por lo que exigimos que deje su acta como edil de manera inmediata o bien que sean sus directos superiores quienes le cesen", han informado desde el PSOE en nota de prensa.

Podemos Cuenca cree que la ciudad "está muy por encima de estas conductas y de quienes las justifican", por lo que ha pedido además la dimisión de Navarro y la del alcalde. Además, recuerdan la obligación del Consistorio en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

De su lado, el Grupo Municipal Ciudadanos en Cuenca se ha sumado a la petición de dimisión del edil y ha demandado explicaciones para los conquenses de "por qué mantiene el equipo de Gobierno a un edil cuyos principios están más próximos a un régimen dictatorial que a los valores democráticos". La portavoz de la formación naranja en el Consistorio, María Jesús Amores, ha indicado que la publicación de Navarro en WhatsApp dando las gracias a Franco con motivo del 43 aniversario de su fallecimiento "no deja lugar a dudas", ha informado Cs en nota de prensa. "El alcalde no puede mirar hacia otro lado y decir que no es apología de nada. Merecemos una explicación. ¿Va a tomar alguna medida?", se ha preguntado la edil al tiempo que ha añadido que "si el Partido Popular decide tener entre sus cargos de responsabilidad gente cuyos ídolos son dictadores, en Ciudadanos preferimos estar del lado de los demócratas, defender la libertad individual y hacer una política responsable".

Otras críticas

También el Gobierno regional se ha pronunciado al respecto en boca de su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, considerando que "cuando se tiene un puesto de responsabilidad hay que ser cuidadoso". "No se puede enaltecer a un dictador. No creo que sea forma de proceder. Y no puede ser el intento de justificación", ha aseverado el número dos del Gobierno regional. También en el plano regional, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Mora ha instado a los dirigentes regionales del PP a no tolerar actitudes como las del concejal. "Entiendo que es un partido democrático y no debería tolerarlo en su seno".

Podemos Cuenca ha obtenido más de 200 propuestas llegadas al programa participativo Cuenca, En Marcha!, que tiene que ver con la ejecución de la moción el pleno del 8 de mayo de 2018 por la que se acordó la retirada de los símbolos franquistas subsistentes en Cuenca. "Es más urgente que nunca un cambio político en el Ayuntamiento que desaloje a quienes convierten recurrentemente a Cuenca en noticia nacional por este tipo de cuestiones, ensuciando así la imagen y el prestigio de nuestra ciudad", ha informado Podemos en nota de prensa.

El Gobierno decidió este miércoles paralizar la construcción del almacén para residuos nucleares que proyectó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca) y al que, posteriormente, el de Mariano Rajoy dio el visto bueno. Según publicó El País, la suspensión se gestó la semana pasada, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica envió un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para frenar las operaciones. ¿El motivo? El departamento dirigido por Teresa Ribera todavía está diseñando su estrategia energética para la próxima década.

La decisión no es definitiva ni la paralización irrevocable, pero supone un paso al frente en el laberinto en el que, desde hace años, se encontraba la instalación. Comenzó en diciembre de 2004, cuando el Gobierno socialista decidió construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que no es más que una de las clases disponibles de cementerios nucleares que se pueden construir para albergar los residuos de media y alta radioactividad que deja el proceso de fisión de las centrales. Tienen una vida útil de unos 100 años y, una vez expirado el plazo, se deben trasladar los residuos a un Almacén Geológico Profundo (AGP), que permite aislar la radioactividad durante miles de años y sí supone una solución definitiva.

Hasta el momento, este tipo de basura nuclear se almacenaba en otro tipo de cementerios: los ATI (Almacén Temporal Individualizado). ¿Y cuál es la diferencia? Pues que los ATI sólo pueden servir a una central, por lo que se encuentran en las inmediaciones de la infraestructura para la que trabajan. Un ATC, en cambio, puede albergar los residuos de varias centrales, por lo que concentra el riesgo y disminuye los costes. Pero también hay otra fórmula: enviar estos restos a instalaciones de Inglaterra o Francia. Sin embargo, la expiración del contrato con este último país obligó a España a pagar una multa diaria de más de 67.000 euros. Había que encontrar, por tanto, una solución.

El Ejecutivo de Zapatero se puso entonces manos a la obra y pidió a los municipios que se presentaran como voluntarios para albergar el ATC. De 14 candidatos que se postularon, tan sólo podían instalarlo ocho. Finalmente, en 2011, ya con Rajoy en la Moncloa, Villar de Cañas se convirtió en la afortunada. Ya desde ese momento, la decisión fue polémica. "Fue meramente política", denuncia Juantxo López de Uralde, coportavoz de Equo. Según recuerda, el municipio situado en Cuenca era el cuarto en la lista de los emplazamientos que podían construir el ATC. "Tenían que ver con el afán de María Dolores de Cospedal", la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, empeñada en que Villar de Cañas fuera el destino final de los residuos nucleares. El proyecto, por tanto, ya nació "cojo". 

Y continuó así. Hasta este miércoles, el centro seguía sin conseguir el permiso de construcción, el de explotación, y la autorización de impacto ambiental positiva. El CSN se encontraba de hecho inmerso en el proceso dedicado a conseguir el primero de ellos, el que permitiría obtener los demás. Esos son los trabajos que el Ejecutivo de Sánchez decidió paralizar. Pero además de los permisos, había otro problema: dos estudios técnicos diferentes habían desaconsejado construir el ATC en Villar de Cañas, recuerda Francisco Castejón, portavoz nuclear de Ecologistas en Acción. Por tanto, lo único que se había avanzado es en la construcción del centro tecnológico asociado. 

No obstante, a pesar de que la construcción del cementerio nuclear como tal no hubiera comenzado, ya se habían destinado grandes cantidades de dinero al proyecto. Sin ir más lejos, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que los conservadores aprobaron poco antes de ser desalojados de la Moncloa tras la moción de censura presentada por los socialistas contenían una partida de más de 144 millones de euros dedicados al ATC de Villar de Cañas. "No sabemos exactamente en qué se iban a emplear", afirma Castejón. Esta inversión ha sido, más o menos, constante, según López de Uralde. 

A pesar de la paralización, el dinero que ya se ha destinado ya no se podrá recuperar, y si la decisión del Gobierno es firme, todo lo desembolsado habrá caído en saco roto. En los ATC, según desgrana Castejón, hay dos tipos de gastos: los locales, que tienen que ver con el propio emplazamiento; y los generales, derivados de los trabajos propios de la construcción de un cementerio nuclear de este tipo. Estos últimos son, por ejemplo, el diseño de la instalación o de los contenedores destinados a albergar la basura nuclear. "Yo creo que la partida de este año iba a estar dedicada a estos últimos", sostiene.

Ya es innecesario

En su momento, el ATC se proyectó como una necesidad que, según las fuentes consultadas, ya ni siquiera existe. Han pasado siete años de bloqueo casi absoluto, pero los residuos nucleares han seguido produciéndose, por lo que en todo este tiempo se han tenido que vislumbrar otras soluciones que pudieran albergarlos. Han sido los ATI. En este momento, todas las centrales nucleares o bien tienen uno construido o el proyecto ya está iniciado, por lo que, en principio, ya no sería necesario continuar con la construcción del ATC. "Trillo ya tiene uno, igual que Ascó y Almaraz, y Cofrentes ya ha empezado los trabajos", afirma Castejón. 

Ahora se genera, por tanto, una sensación de incertidumbre que, además, se multiplica con las primeras reacciones tras la decisión del Gobierno. Por un lado, la del alcalde de la localidad, el conservador José María Sáiz, que asegura que el ATC "será una realidad" porque el municipio "no renunciará a su construcción". Además, preguntó a los dirigentes socialistas quién va a asumir y reparar "todo el daño que está causando en la comarca toda esta continua incertidumbre", basada, a su juicio, "en intentar boicotear porque sí el ATC, su Parque Empresarial y Centro Tecnológico, una infraestructura segura, generadora de empleo y desarrollo que tienen ya, con todas las garantías, un gran número de países europeos". Del otro lado, la Plataforma contra el cementerio nuclear, que catalogó este miércoles de "insuficiente" el paso del Ejecutivo. Están satisfechos, pero ahora toca, a su entender, seguir peleando y exigiendo a la ministra que acabe definitivamente con este proyecto que no quieren y "que no va a ningún lado". 

Esa incertidumbre, además, también se ve alentada por el futuro incierto de las centrales nucleares. Su vida útil es de 40 años, y con la orden del pasado verano de desmantelar la de Garoña, quedan ahora cinco centrales activas en España, de las cuales las más antiguas son Almaraz –cuya actividad comenzó en julio de 1984– y Ascó –que se inició en diciembre de ese mismo año. En el caso de que cesaran su explotación en el momento recomendado, habría que esperar hasta 2024 para su desmantelamiento, y cuatro años más, hasta 2028, para que se apruebe el cierre de Trillo y Vandellós, estrenadas en el año 1988. Sin embargo, la industria nuclear pretende alargar sus años de vida. Y como todavía no hay ninguna decisión tomada, no se puede ni siquiera hacer una estimación de cuántos residuos se van a generar de aquí en adelante. En el momento actual, los ATI pueden soportar toda la basura nuclear, pero si no se cierran las centrales, no será posible, según afirma López de Uralde. 

En cualquier caso, la construcción del ATC no implica una solución a largo plazo. Entonces, ¿cuál sería? Según José Luis García, responsable del programa de cambio climático de Greenpeace, habría que empezar por la elaboración del Plan General de Residuos Urbanos. Según recuerda, el último que se hizo caducó hace seis años, en 2012, y todavía no se ha elaborado su sustituto. "Tanto si las centrales se renuevan como si no lo hacen, que es lo que debería pasar, hay que calcular la cantidad de residuos que se van a generar. Y ese cálculo va en ese plan", afirma. 

El pasado martes, el proyecto de almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), propuesto por el Gobierno de Zapatero y con el visto bueno del Ejecutivo de Rajoy, sufría un varapalo judicial que podría ser definitivo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó el recurso del Ayuntamiento contra la decisión de la Junta de la Comunidad de anular el Plan de Ordenación Municipal (POM) que posibilitaba construir el cementerio nuclear. Sin embargo, el ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, reiteró "el compromiso del Gobierno con el proyecto de Villar de Cañas".

Con tan contundente sentencia judicial en contra, Ecologistas en Acción teme que el Ejecutivo se aferre al concepto de interés general para sacar adelante una infraestructura que considera necesaria para mantener el peso de la energía nuclear en el mix.interés generalmix Ya hay antecedentes de esa maniobra por parte del Gobierno: en concreto, con otro almacén nuclear, el situado en la central de Trillo (Guadalajara). Y, en cuanto a infraestructuras en general se refiere, hace unas semanas el Defensor del Pueblo denunciaba el supuesto abuso de esta figura legislativa para saltarse trámites de protección medioambiental.

Lo que el Gobierno de Rajoy quiere inaugurar en Villar de Cañas es un Almacén Temporal Centralizado (ATC), una de las clases disponibles de cementerios nucleares que se pueden construir para albergar los residuos de alta radioactividad que deja el proceso de fisión en las centrales. El otro tipo de cementerio nuclear más común es el Almacén Temporal Individualizado (ATI). Se diferencian en que el ATI solo puede servir a una central, por lo que se encuentran en las inmediaciones de la infraestructura para la que trabajan, y un ATC puede albergar la basura de varias centrales, por lo que concentra el riesgo y disminuye los costes. Los ATC tienen una vida útil de unos 100 años y, una vez expirado el plazo, se deben trasladar los residuos a un Almacén Geológico Profundo (AGP), que permite aislar la radioactividad durante miles de años y sí supone una solución definitiva.

El Ejecutivo socialista de Zapatero detectó en 2009 la necesidad de construir un ATC en España. Los residuos de alta actividad, en la actualidad, se reparten entre los ATI de Trillo, Zorita y Ascó. Otros se envían a instalaciones de Reino Unido y Francia, lo que dada la expiración del contrato ocasiona a España una multa de más de 67.000 euros diarios. En 2011, y tras presentarse varios municipios, se eligió a Villar de Cañas como la afortunada.

Los impedimentos comenzaron cuando el Gobierno socialista de Emiliano García-Page se alzó con el poder en Castilla-la Mancha. Page está en contra del ATC en el municipio conquense y en 2015 decidió ampliar la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna del Hito para incluir el emplazamiento aprobado para la construcción del cementerio. También decidió suspender el POM. Ambas acciones fueron llevadas al TSJ. La primera fue aprobada por el TSJ y rechazada por el Supremo, que consideró en enero de 2017 que el "interés general" del ATC estaba por encima del "interés general" de la protección de las aves. La segunda acción de la Junta ha sido ahora refrendada por el TSJ y no llegará al Supremo, puesto que el Ayuntamiento asume que no tiene nada que hacer: el POM preveía un aporte de agua de la Cuenca del Guadiana que la Confederación Hidrográfica aún no ha aprobado.

El antecedente

Así las cosas, el recorrido judicial del proyecto de ATC en Cuenca parece que ha acabado, pero el recorrido político está lejos de llegar a su fin, al menos según las palabras de Catalá. Francisco Castejón, coordinador del Movimiento Ibérico Antinuclear, cree que el Ejecutivo puede aludir al interés general para sacar adelante el almacén de residuos contra viento y marea. "No nos han dicho nada, pero hay un precedente, el cementerio nuclear de Trillo. Las normas lo prohibían específicamente, pero no importó", asegura.

El 31 de julio de 1999, el Consejo de Ministros publicaba un acuerdo, a petición del Ministerio de Fomento de la época, para autorizar un ATI en la central nuclear de Trillo, en Guadalajara. El texto del acuerdo, según lo recoge el Tribunal Supremo, aludía al interés general de que la central pudiera albergar en sus instalaciones la basura que generaba. El Gobierno se apoyó en el artículo 244.2 de la Ley del Suelo por entonces en vigor, que daba potestad al Consejo de Ministros "cuando razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan" para saltarse la disconformidad de un Ayuntamiento en materia urbanística. El Supremo, en 2001, dio la razón al Ejecutivo, al asegurar en su sentencia que el proyecto era urgente para mantener la actividad de la central y respondía a un interés público claro.

Así, el Supremo hasta en dos ocasiones ha acreditado el interés público de un cementerio nuclear. Los argumentos a favor del almacén de Cuenca como una instalación necesaria son numerosos: es más barato, nos evitamos pagar la multa por dejar nuestra basura en Francia y, según asegura un artículo firmado por la empresa de componentes nucleares Ensa, desmantelar una central es más barato y fácil cuando sus instalaciones no albergan basura. Castejón argumenta, en cambio, que lo que es de interés general es elaborar un plan de desmantelamiento de las nucleares y construir más ATIs si es necesario. "Garoña se paralizó y ya están construyendo un almacén para sus residuos. Si tuvieran que esperar al ATC, solo podríamos empezar a cerrarla a partir de 2030", argumenta. Con un ATI propio, en dos años se echa el cierre, defiende.

El Ministerio de Industria, Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) no ha contestado a la pregunta de infoLibre sobre si planea aludir al interés general para que el basurero nuclear de Villar de Cañas siga adelante. Su gabinete de prensa asegura que "el Gobierno va a utilizar todos los medios necesarios para tramitar el ATC, respetando siempre la legalidad". Señala que hay un camino más lento pero también viable, ya que la sentencia del TSJCM retrasa, pero no anula, el proyecto: "Queda la opción de revisarlo y adaptarlo a las exigencias de los tribunales". Sin embargo, el Ejecutivo no se ha cortado en otras ocasiones a la hora de amenazar con su potestad de aludir al interés público para acortar los plazos: "Si se atenta contra un interés superior, en nuestra legislación está previsto que el Gobierno pueda otorgar licencias que superen las autorizaciones autonómicas o municipales", aseguró Catalá en julio de 2015.

El Minetad aprovecha la pregunta para constatar a este medio su apoyo al ATC: "Facilita una solución eficiente y racional en el almacenamiento de los residuos radiactivos. Además, permite más capacidades técnicas que muchos almacenes individualizados sin olvidar la oportunidad de creación de empleo y desarrollo económico de la zona", afirma el gabinete.

Los peligros del cementerio nuclear

"Los terrenos son inadecuados. El acuífero es demasiado superficial, por lo que en caso de accidente las aguas se contaminarían. La geografía del terreno es de arcillas expansivas, que se hinchan si llueve. Y es de composición kárstica, lo que implica que bajo la superficie se abren agujeros sin avisar". Y, además, está cerca de Yebra, donde se produjo un terremoto en 2007. Es el resumen de Castejón cuando se le pregunta sobre los peligros que entraña para la población del municipio la construcción de esta infraestructura. Las dudas sobre el terreno son compartidas por los geólogos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) –aunque este organismo aún no se ha pronunciado de manera definitiva– y por el Colegio de Geólogos.

Las voces en contra no han parado al Gobierno de Rajoy a la hora de adjudicar contratos en relación al proyecto con valor de 100 millones de euros. Falta, además, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, que debe emitir el Ministerio de Medio Ambiente. "Si aluden al interés público, lo tenemos claro: recurriremos a Europa", defiende el activista. "Si el tema va a la Unión Europea, el Gobierno tiene que demostrar que no hay alternativa. Y sí hay alternativa".

Una oferta de empleo en la página web sucurriculum.com busca "tres chicas MUY explosivas" en Cuenca. La oferta, lanzada por la empresa Azafatas Chicas y Chicos S.L. y que ha publicado la página de Facebook "Ofertas Empleo Cuenca", especifica que no es necesario que las candidatas tengan "conocimiento de barman porque se trata solo de servirlas".

En un comunicado, el colectivo feminista Comando Violeta Cuenca ha denunciado esta oferta como "reprobable y discriminatoria", y apuntan a que incumple la Ley General de Publicidad que considera ilegales los "anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria".

Anuncian que van a presentar una queja al Observatorio de la Imagen de las Mujeres del Instituto de la Mujer, y piden que la oferta sea "cancelada" y que "busquen ofertar trabajo en el que ningún cuerpo sea objeto de reclamo con el cual aumentar ventas".

Según señala el colectivo:"Estamos frente a un claro ejemplo de cosificación y sexualización de la mujer como reclamo". "Instamos a todas las personas a no asistir a este evento", concluyen.

Un terremoto de magnitud 3,7 se ha registrado esta madrugada con epicentro en la localidad de Yebra (Guadalajara), según ha informado el Instituto Geográfico Nacional en su página web.

El seísmo se ha producido a 11 kilómetros de profundidad a las 05.28 horas de este miércoles. El temblor ha podido ser sentido por los vecinos de la localidad y de otras poblaciones cercanas como Almoguera, Almonacid de Zorita, Albares o Mazuecos, según ha informado una vecina de Yebra a la Cadena Ser.

Yebra fue una de las localidades que quiso albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, más conocido como "cementerio nuclear", que finalmente fue adjudicado a Villar de Cañas (Cuenca), a unos 70 kilómetros en línea recta de la localidad guadalajareña.

El alcalde de Yebra (Guadalajara), Pedro Sánchez Yebra, ha asegurado que ha sido un "ligero temblor" sin daños materiales, que apenas ha durado cinco o seis segundos, a lo que ha añadido que, si pudiera, volvería a pedir hoy el ATC para el municipio.

Yebra ha insistido en declaraciones a Europa Press en que el seísmo de este miércoles ha sido "muy leve". "Por las noches las cosas se magnifican más pero me he dado una vuelta y está todo muy tranquilo, normal", ha incidido, tras señalar que se ha recorrido el pueblo, ha hablado con la gente y ha hecho algunas llamadas.

Él estaba en casa y aunque lo ha sentido, ha manifestado que "no ha sido nada", tras recordar que ya en el 2007 tuvo lugar en el municipio otro seísmo similar y también sin consecuencias. Respecto al ATC ha afirmado que el problema de la despoblación es "tan importante" en esta zona de la Alcarria que "ahora, con más motivo, lo volvería a pedir" aún sabiendo la polémica que puede crear lo que diga.

"Yo podría esconderme, pero sin lugar a dudas volvería pedirlo", ha indicado, para apuntar que optaría de nuevo al ATC, tras incidir en que no fue una decisión personal sino que se adoptó en un pleno. "Con mayor motivo porque la despoblación es mucho más grave hoy que hace diez años". Este alcalde fue uno de los primeros en postularse a favor del silo en su día, una petición que creó cierta polémica, aunque sigue convencido de que este terremoto no afectaría a este tipo de instalaciones.

A juicio de este alcalde, Yebra "era el mejor sitio que había para el ATC. Lo he dicho y lo volvería a repetir, el problema de la despoblación de diez años a esta parte ha evolucionado en la zona muy negativamente". "Tenemos unos pueblos maravillosos y de poco nos sirve que estén desiertos", ha manifestado.

Preparado para terremotos cuatro veces más fuertes

Ha insistido en que el almacén nuclear iba a ser una instalación de tipo pasivo, sísmicamente preparada para terremotos de una magnitud cuatro veces superior. Además, ha apuntado que iba a ser una instalación "pasiva" que no crearía problemas. En todo caso, ha apuntado, de producirse un seísmo de una magnitud de esas características "no es que no quedase nadie por el ATC sino por las consecuencias del propio terremoto", ha señalado.

"El ATC es una instalación pasiva que además estaría preparada para un terremoto que no se ha dado nunca en la historia y si se diese la gente no moriría por efectos de la radiación sino por el terremoto, que sería devastador", ha argumentado.

Según este alcalde, que también es diputado provincial del PP, y que en su día fue cuestionado por realizar esta petición del ATC para su pueblo, incluso el ATI que hay construido en Zorita "es una losa antisísmica que está preparada para tres veces más e incluso los contenedores también".

La red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA, por sus siglas en inglés) busca en el modelo escocés soluciones a la despoblación en tres provincias española. Allí se ha conseguido que la población de las Tierras Altas (Highlands) vuelva al crecimiento demográfico después de décadas de éxodo rural. ¿Cómo logró la región de las Tierras Altas e Islas de Escocia revertir una tendencia que había empezado hacía más de un siglo?

En 1961, las Tierras Altas habían perdido más de 100.000 habitantes desde 1850, situándose la población en 380.866 personas. En 2011, sin embargo, se cifraba en 466.112 personas, un incremento de población del 22,4% en tan sólo 40 años. ¿La clave? El proyecto Highlands and Islands Enterprise (HIE)HIE, creado en 1965. 

En mayo de este año, la SSPA organizó un viaje a Escocia en el que miembros de la red y de las asociaciones de empresarios, así como representantes de los Gobiernos de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, hicieron una visita para estudiar sobre el terreno qué hizo posible este cambio de tendencia y recogieron su experiencia en un informe.

El estudio, titulado Combatir con éxito la despoblación mediante un nuevo modelo de desarrollo territorial: la experiencia de Highlands and Islands Enterprise, apunta a un factor casi protagonista de esta transformación: la HIE.HIE

La HIE tiene varias características que llamaron la atención de la SSPA, pero la principal es que se trata de una organización autónoma y despolitizada. Aunque tiene un consejo de administración nombrado por el Gobierno de Escocia, sus miembros no son cargos públicos o políticos, y su personal se selecciona mediante convocatorias abiertas y públicas. Además, destacan el gran consenso político y social que la apoya: "Todo pivota alrededor de esta agencia", señala Sara Bianchi, coordinadora de la SSPA.

Otros dos aspectos clave de la HIE son su planificación a medio y largo plazo, y su presencia en todo el territorio de las Highlands, con siete oficinas territoriales además de la de la capital regional, Inverness. La SSPA alaba también la dinámica de trabajo de la HIE, que busca proyectos proactivamente. Así, con un enfoque "holístico", en palabras de Bianchi, la HIE ha logrado que la población decida quedarse, o incluso mudarse, a las Tierras Altas escocesas.

Bianchi presentó las conclusiones del viaje en Bruselas, y celebró que las reacciones hayan sido "muy positivas". El objetivo es que la Unión Europea ponga en marcha una política específica para estas regiones en el marco de sus objetivos para 2027.

La SSPA es un grupo de trabajo que nace en 2016 con el objetivo de luchar contra la despoblación y sus consecuencias en áreas como Teruel, Soria y Cuenca, unas provincias que han perdido entre el 30 y el 40% de su población entre 1950 y 2000, y aunque mostraron un leve crecimiento entre 2000 y 2010, este se debe a la llegada puntual de un elevado número de inmigrantes a toda España.

De hecho, una vez que la inmigración masiva cesó, las tres provincias perdieron entre 2008 y 2015 entre un 4% y un 5% de su población. El grupo de trabajo que busca revertir esta tendencia es fruto de la unión entre la Confederación Empresarial de Teruel, la Federación de Empresas de Soria y CEOE-Cepyme Cuenca.

"No se pueden aplicar de la misma manera"

Sara Bianchi señala que crear una agencia similar en España sería muy positivo: "Nadie mejor que la gente de la zona para saber qué necesita". No obstante, advierte de que en nuestro país "no se pueden aplicar de la misma manera" las soluciones escocesas. Y es que las Highlands cuenta con unos recursos naturales muy diferentes: acceso a la pesca, una agricultura más compleja y grandes reservas de petróleo.

"No queremos quitar competencias a ningún organismo", señala la coordinadora de la SSPA, y adelanta que ya están manteniendo reuniones con las instituciones. "En septiembre nos reunimos con el Ministerio de Agricultura, que es quien lleva los temas de desarrollo rural", recuerda, y hace un apunte: "Que esta competencia esté en este Ministerio nos hace ver la dirección del desarrollo rural en toda España".

La SSPA apunta a que esta tendencia es una de las cosas que ha cambiado la HIE en Escocia: "Ellos han hecho un enfoque holístico", es decir: se han centrado en todos los aspectos de la vida en el campo, no sólo en el sector primario. Han desarrollado proyectos turísticos, culturales o energéticos, como apoyar a una cooperativa de vecinos a colocar un generador eólico en su pequeña aldea.

En este momento, la SSPA está pendiente de empezar las reuniones con los políticos "y que nos digan qué necesitan". Y es que la despoblación "no es un problema de fácil solución", reconoce Bianchi, pero advierte de que una de las claves es que no se intente atajar con "planes a 4 años". 

La agencia para luchar contra la despoblación en el triángulo formado por Cuenca, Soria y Teruel aún está lejos de ser una realidad, pero desde la SSPA quieren reunirse con los dirigentes políticos y "empezar a poner en la mesa las propuestas" que reviertan, por fin, una tendencia que amenaza desde hace décadas con dejar estas provincias vacías.

El juzgado de lo Social nº1 de Cuenca ha dado la razón a la Diputación Provincial y ha considerado procedente el despido disciplinario del bombero Jose, protagonista de la campaña organizada por algunos de sus compañeros y UGT Cuenca. La sentencia no es firme, y cabe recurso contra ella en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La sala ha desestimado la demanda del bombero J.A.M.M. (más conocido como el bombero Jose), que denunció a la Diputación por un "despido con vulneración de derechos fundamentales", según recoge el medio local Las Noticias de Cuenca. El juez considera procedente el despido disciplinario "como sanción proporcional y adecuada a las faltas muy graves" del trabajador.

La sentencia establece que "ha quedado suficientemente acreditado que JA.M.M., prevaliéndose de su superioridad orgánica laboral, provocó a un subordinado de palabra al imputarle la comisión de un ilícito penal (obtener su plaza de empleo público conociendo previamente las preguntas) y que siendo respondido por éste con insultos, a continuación simuló una agresión del subordinado".

En esta línea, la sentencia recalca que la actuación del bombero Jose llegó "hasta el extremo de acudir a un Centro de Salud para obtener un parte de lesiones con motivo falso de 'agresión', acudiendo para formular la correspondiente denuncia penal ante el Juzgado de Motilla y haciendo, además, constar en la hoja del Libro de Incidencias Diarias del Parque de Bomberos la supuesta agresión".

El juez ha valorado negativamente la "posterior actuación en el mantenimiento de dicha actuación delictiva —no realizada— por un compañero de trabajo", ya que originó la "pérdida de gran cantidad de horas de trabajo y el descrédito generalizado para la imagen pública de la Administración".

Del mismo modo, la sentencia da la razón a la Diputación, que apuntó en su sanción que el falseamiento de datos o informaciones del servicio constituyen una "falta muy grave". El juez considera como agravantes el "desprestigio a la imagen de un servicio público esencial, como es el de extinción de incendios" y el "menoscabo en la integridad psíquica tanto del compañero falsamente acusado [...] como del bombero que presenció los hechos y del Jefe de Parque".

Además de este proceso judicial, la Diputación abrió expediente disciplinario contra otros 16 bomberos por la campaña #AsíNOBenjamín, que se presentó junto a #SalvarAlBomberoJose y sugería que el despido de J.A.M.M.  se debía a una denuncia por presunta prevaricación contra el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto. Esta relación de hechos ha sido descartada por el juez por haberse iniciado el expediente disciplinario mucho antes de la denuncia.

Numerosos extrabajadores de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada (Madrid) se manifestaron este sábado por la tarde ante la catedral de Cuenca, donde se celebraba la boda de Marcos de Quinto, exvicepresidente de la multinacional, para exigir a la compañía que "cumpla las sentencias judiciales" sobre el ERE del año 2014.

De Quinto, por su parte, ha publicado una serie de tuits en los que asegura que recurrirá a los tribunales por la manifestación a las puertas de su boda: "les espero en los juzgados", además de desear a los "cobardes sin-padre" que "la vida les trate la mitad de mal que ellos trataron de tratarme".

Los extrabajadores anunciaron también que pedirán el amparo del Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, el de Estrasburgo. Así lo señaló Juan Carlos Asenjo, presidente del Comité de Empresa de Coca-Cola en Fuenlabrada, que recordó que los tribunales decretaron la readmisión de los trabajadores, pero "la corrupción de estos empresarios y los hilos de poder que mueven consiguieron que la sentencia no se cumpliese en los estrictos términos que la justicia había decidido", según informa Las Noticias de Cuenca.

Asenjo señaló que el motivo de su visita a Cuenca era el incumplimiento de las sentencias por parte de la empresa y De Quinto: "O cumplen, o nos van a tener los años que sean necesarios enfrente protestando y desenmascarándoles hasta que vayamos a Estrasburgo si fuera necesario".

UGT ha decidido retirar "toda propaganda y vídeos de la campaña de recogida de firmas" para apoyar al bombero Jose, de Cuenca, que fue despedido en junio poco después de que la asociación a la que pertenece presentara una denuncia contra el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto.

"Esta decisión es tomada en vista de la complejidad jurídico-administrativa y la magnitud inconmensurable que suponen 16 bomberos expedientados", señala un mensaje en la web de la campaña. Fuentes de UGT Cuenca han declarado a infoLibre que el sindicato regional y nacional "están tomando las riendas" del proceso.

"Estamos sorprendidos de que una recogida de firmas acabe en esto", aseguran, en alusión a los 16 bomberos expedientados, "incluidos Jose y Oscar". Las mismas fuentes han confirmado que la entrega de firmas a la Diputación se hará el próximo 6 de octubre, y que cesarán la campaña hasta los juicios de los bomberos, que se esperan para octubre y febrero.

El Obispado de Cuenca tendrá que retirar una inscripción dedicada a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, y tres escudos franquistas con el yugo y las flechas de la fachada de la Catedral. Así lo ha dictado el Juzgado Contencioso-Administrativo nº1 de la capital conquense, después de que la Iglesia católica recurriera un acuerdo del pleno municipal instándole a que cumpliera la Ley de Memoria Histórica.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso infoLibre, el Ayuntamiento de la ciudad tiene competencia para exigir la retirada de símbolos franquistas en virtud de la Ley de Memoria Histórica, estando obligado el Obispado a cumplir con la moción del Pleno. En esta línea, el fallo establece que el consistorio debe actuar para la retirada de estos símbolos, incluso en bienes que no sean de su titularidad, más aun teniendo en cuenta que en este caso se encuentran a la vista en una vía pública.

Precisa la sentencia que para retirarlos es necesaria una autorización de Patrimonio, un órgano de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha, ya que la Catedral es un Bien de Interés Cultural. Si la autoridad eclesiástica no retira los símbolos, deberá correr con los gastos de lo que le cueste hacerlo al consistorio.

La resolución judicial llega después de que el Obispado impugnara un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en el que se reiteraba que la Iglesia católica debía retirar los símbolos franquistas de la fachada. El Pleno, con los votos favorables de PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos, y los votos en contra del PP, aprobó el 5 de octubre de 2016 una moción en la que se instaba al Obispado a retirar eso símbolos, y si este no lo hacía, a que lo hiciera el Ayuntamiento subsidiariamente.

Simbología fascista en la catedral de Cuenca.

La sentencia, a pesar de avalar al Ayuntamiento, especifica que sólo se deben retirar los escudos falangistas y la inscripción de José Antonio Primo de Rivera, pudiendo mantenerse la cruz que los acompaña "por ser un símbolo cristiano". 

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, María Jesús Gómez, criticó que la defensa del Obispado en los tribunales se basara en que "no se trataba de símbolos franquistas". También instó al Ayuntamiento, gobernado por el PP, "a cumplir el acuerdo plenario, haciendo valer la Ley de Memoria Histórica".

Con respecto a la retirada de los símbolos, Gómez afirmó que "sólo falta la autorización de Patrimonio", y que no es más que "un mero trámite".

infoLibre intentó conseguir la valoración del Obispado sobre la decisión judicial, pero este no dio respuesta. 

Unos 20 exlegionarios se reunieron este sábado por la tarde a las puertas de la Comandancia, la mayoría de ellos vestidos con el uniforme de la Legión. Tras cantar El novio de la muerte los exmilitares se arrancaron a gritar: "¡Viva España!", "¡Viva la Guardia Civil!" o "¡Viva la Legión!", según se aprecia en un vídeo al que ha tenido acceso infoLibre, así como "No estáis solos, estamos aquí", en referencia a los agentes de instituto armado.

Uno de los agentes de la Guardia Civil, vestido de paisano, se acercó a los legionarios y los abrazó mientras continuaban la concentración. 

La campaña #SalvarAlBomberoJose ha recogido más de 35.000 firmas para apoyar a Jose, un bombero de 46 años del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de la Diputación de CuencaDiputación de Cuenca que fue despedido en junio tras un expediente sancionador. Los organizadores de la iniciativa apuntan que este es el primer caso en España en que un bombero de la Administración Pública con la oposición aprobada es despedido y piden que se le readmita.

La Asociación de Bomberos de la Provincia de Cuenca (ABPC), de la que Jose forma parte, ha organizado la campaña en las redes. La entidad considera "una gran injusticia" que el despido se produjera meses después de una denuncia por presunta prevaricación contra el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, Benjamín Prietoasí como contra otros cuatro miembros de la Diputación. Fuentes de la ABPC han asegurado a infoLibre que les "chirría que Prieto haya permitido estas sanciones excesivas" contra "un miembro de la asociación" que lo ha denunciado.

Prieto, contra el que carga la iniciativa con el mensaje #ASINObenjamín, ya ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los autores y los medios que difundan llo que tacha de "calumnias, injurias y difamación".

Despedido por "simular una agresión"

Jose, de 46 años, lleva 16 años ejerciendo como bombero. Según el relato de la ABPC, aprobó una oposición y tenía una plaza de personal laboral fijo en el Speis. El proceso comienza en marzo de 2016, cuando presenta una denuncia por agresión contra un compañero.

Según la ABPC, el expediente sancionador por el Jose fue despedido le imputa dos faltas muy graves por —presuntamente— "haber simulado una agresión y haber acusado de un delito a otro compañero durante una discusión". El hermano del bombero afirma en el vídeo difundido junto a la campaña que "estaba con él trabajando ese día y nada de eso ocurrió".

La Diputación abre el expediente sancionador contra Jose en abril de 2016, trámite que se paraliza en junio de ese año por el proceso judicial sobre la presunta agresión. El 2 de febrero de 2017 el Juzgado de Instrucción número 2 de Motilla del Palancar (Cuenca) declara como "no suficientemente acreditada" la acusación, y un testigo que asegura haber presenciado la agresión afirma que Jose se tiró al suelo.

El 20 de febrero de este año, dos miembros de UGT y de la ABPC, en calidad de integrantes del Comité de Empresa, interponen una denuncia por presunta prevaricación administrativa contra Benjamín Prieto, presidente de la Diputación y líder del PP de la provincia de Cuenca, contra el actual senador del PP Carlos AlgabaCarlos Algaba, y contra otros tres funcionarios.

Prieto y Algaba fueron, respectivamente, presidente y vicepresidente del ya extinto Consorcio Cuenca 112, cuerpo de bomberos que la Diputación absorbe en enero de 2017. El juzgado de instrucción nº 4 de Cuenca abre diligencias previas por la denuncia el 1 de marzo.

Según el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso infoLibre, en 2016 la Diputación de Cuenca publica una subida salarial para los tres únicos funcionarios del Consorcio Cuenca 112 (ya que el resto de trabajadores tiene estatus de personal contratado). Los denunciantes y el sindicato UGT "advirtieron de la ilegalidad del acuerdo", pero se hizo "caso omiso".

Mientras, el expediente sancionador a Jose se encontraba paralizado desde junio de 2016 debido al proceso judicial por la presunta agresión, que, recordemos, concluye el 2 de febrero de 2017. Aproximadamente un mes y medio después, el 14 de marzo, se reanuda el expediente sancionador a Jose, dos semanas después de la apertura de diligencias por la denuncia contra Prieto, el 1 de marzo, dato en el que hacen hincapié desde UGT. 

El expediente a Jose se cierra en junio de este año, cuando se le notifica que la conclusión es su despido por las faltas muy graves de las que se le acusaba y de las que se le considera culpable. El bombero llevó el caso a los tribunales demandando que se revise el expediente y se le readmita Sigue a la espera día de una sentencia.

"Calumnias, injurias y difamación"

El presidente de la Diputación de Cuenca y líder del PP en la provincia, Benjamín Prieto, anunció al día siguiente de que se lanzara la campaña que emprendería acciones legales contra los promores de #ASINObenjamín y contra los medios que la hayan difundido, por considerar que atenta contra su honor al verter "calumnias, injurias y difamación" que, añadió, perjudica también "a la Administración y a los servicios que presta esta diputación".

Prieto cargó contra el vídeo, que "adolece de todo rigor", ya que el expediente de despido "no se ha formado en dos semanas, sino que viene desde hace más de año y medio". En esta línea, ha remarcado que él aprobó las medidas "cumpliendo exclusivamente lo que un expediente disciplinario concluye".

Julián Huete, vicepresidente de la diputación, mostró su apoyo a Prieto, y reiteró que "no existe ninguna relación entre el despido disciplinario del bombero y la denuncia por presunta prevaricación administrativa". Desde su punto de vista, "los hechos tienen lugar en marzo de 2016, y la denuncia se presenta un año después, en marzo de 2017".

"Quien pretenda airear una campaña vinculando estas dos decisiones e imputándoselas al presidente está profiriendo una calumnia y esto no se puede permitir", dijo tras confirmar que están preparando acciones judiciales.

"Seremos respetuosos con los procesos judiciales", añadió en alusión a la demanda del bombero de que se revise el caso. "Reconoceremos —añadió— que nos hemos equivocado", si los tribunales dictaminan que el despido no procedía.

"No vamos a permitir que se reinventen expedientes ni que se presione a la opinión pública con campañas difamatorias", concluyó.

Apoyo de asociaciones nacionales

La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP)CUBP, una asociación de bomberos de toda España, emitió el pasado martes un comunicado en el que señala que este expediente sancionador "merece ser revisado detenidamente", ya que "el proceso que se ha seguido dista mucho de contar con la objetividad e imparcialidad suficientes".

La CUBP también señala que "la dirección del Speis y la jefatura de personal entienden que el hecho de haber perdido el juicio y no haber podido demostrar la agresión, se traduce directamente en falsedad testimonial", pero la asociación considera que "una cosa es no poder demostrar algo, y otra muy distinta es que eso que uno dice sea falso". "La denuncia se desestima por falta de pruebas y cada uno a su casa —detallan—. Sin embargo, en Cuenca la interpretación que se hace es bien distinta".

La memoria de Dositeo Moreno Barrios, republicano español deportado al campo de concentración nazi de Mauthausen, vuelve a casa 75 años después de su muerte. Hija y bisnieta del que fuera militante de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), Hellena y Amparo, respectivamente, consiguieron el pasado miércoles, con la ayuda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca, que el Ayuntamiento de Tarancón, su lugar de origen, instalara una placa para honrar su memoria cerca de la que fuera su última casa conocida antes de que abandonara el pueblo en plena Guerra Civil y acabara en manos nacionalsocialistas.

Según afirma a infoLibre Máximo Molina, portavoz de ARMH Cuenca, "es, que nosotros sepamos, el primer caso fuera de Cataluña" donde se coloca un stolpersteinstolperstein –término con el que se conoce en Europa a los adoquines instalados frente a las casas o lugares de trabajo de las personas deportadas o asesinadas por los nazis–. Aunque en ciudades como Berlín o Colonia estas placas, proyecto del artista alemán Gunter Demnig, llevan más de una década en las calles, a España las primeras cinco llegaron en abril de 2015 a través del Ayuntamiento de Navàs (Barcelona). Desde entonces, y con el impulso del Memorial Democràtic de la Generalitat, han seguido su estela los de Manresa, Igualada y Castellar del Vallès.

En el caso de Dositeo, la Junta de Gobierno Local aprobó por unanimidad de sus miembros en marzo de este año la instalación del adoquín. Sin embargo, el consistorio conquense no se hizo cargo de los gastos. "En un primer momento quisimos que viniera Gunter Demnig a colocarla, pero evidentemente cobra por ello. Y como en España, a diferencia de lo que ocurre en Cataluña, no te dan ninguna ayuda, la pagamos de nuestro bolsillo", cuenta a este diario Hellena Guillén, bisnieta de Dositeo e impulsora de la iniciativa. "El ayuntamiento ha ayudado a ponerla, pero la placa la ha financiado la familia", completa Molina.

A pesar de ello, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca celebran el giro dado por el consistorio desde las elecciones municipales de 2015. Según el portavoz del colectivo memorialista, los comicios de ese año, en los que se impuso con 8 asientos el PSOE frente a los 7 del PP y los 2 de IU-Ganemos, enterraron de una vez por todas la política "bastante agresiva" en materia de memoria histórica de la hasta entonces alcaldesa, María Jesús Bonilla. "El actual ayuntamiento –liderado por el socialista José López– es mucho más comprensivo en estos casos", añade a este diario.

En este sentido, el portavoz de la asociación recuerda que en noviembre de 2016 el consistorio conquense retiró la simbología franquista de la Cruz a los Caídos, un vestigio que durante años estuvo colocado en la Plaza de Jesús y que en democracia se trasladó al cementerio municipal. En concreto, de la piedra se borró el yugo y las flechas, el nombre de José Antonio Primo de Rivera y una frase relativa al franquismo. "Podemos decir que ahora Tarancón sí que es un pueblo con memoria", dice Molina, cuyo colectivo llevaba desde 2007 exigiendo, sin éxito, que se cumpliera la Ley de Memoria Histórica.

De Tarancón a Mauthausen pasando por Valencia

Fotografía de Dositeo Moreno Barrios.

Dositeo Moreno Barrios nació en Tarancón el 6 de enero de 1911. Militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, el taranconero contaba con sólo 25 años cuando se produjo el golpe de Estado y dio comienzo la Guerra Civil. Unos meses después de la Batalla del Jarama, en noviembre de 1937, se unió al Ejército Popular de la República. "Según me contó la hija de su hermana, que pude hablar con ella antes de que muriese, un día festivo fueron a la plaza Dositeo, su mujer, Victoria, y sus dos hijas. Entonces, llegó un camión pidiendo voluntarios para la guerra. Él se subió y fue la última vez que se le vio en el pueblo", cuenta a infoLibre Hellena, su bisnieta.

Según le consta a Hellena, que lleva años investigando la historia de su bisabuelo, viajó a Valencia, desde donde se puso en contacto con su mujer. Posteriormente, estuvo en Cataluña hasta su caída. "En 1939 atravesó la frontera y entró en Francia, donde ingresó en un campo y terminó alistándose en un batallón de trabajadores extranjeros del ejército francés", relata. Pero fue detenido por los nazis en Bary Dunes tras la batalla de Dunkerque y enviado al campo de prisioneros de guerra Stalag XVII B de Krems-Gneixendorf (Austria). El 19 de diciembre de 1941, apuntan desde la ARMH, fue transferido a la Gestapo.

Dositeo ingresa dos días después, el 21 de diciembre, en el campo de concentración de Mauthausen (Austria) con el número 2.453, según consta en el libro de registros. Sólo ocho meses después, el 30 de agosto de 1942, muere. "En los archivos se dice que fue en la enfermería por una tuberculosis. Pero a ver quién se cree eso...", apunta su bisnieta. Su mujer e hijas, entre las que se encontraba Amparo, nacida en un refugio antiaéreo en 1937 y que nunca llegó a conocer a su padre, se enteraron del trágico desenlace en 1958, cuando les llegó una carta del Gobierno alemán. 

"En mi familia no se tocaba mucho el tema. Por eso, hace cuatro años, me puse a buscar todos los datos sobre él", cuenta Hellena. Y se puso en contacto con la ARMH de Cuenca. Lo que no sabía es que un tiempo antes José Vicente Carrasco, de Amical Mauthausen y originario también de Tarancón, trasladó al colectivo memorialista que en los archivos del campo de concentración figuraba el nombre de un taranconero, un tal Dositeo Moreno Barrios. Un nombre que desde el pasado miércoles figura, para alegría de su hija Amparo, que actualmente tiene 80 años, frente a la que un día fue su casa.

Miles de deportados españoles

Documento en el que figura el paso de Dositeo por Mauthausen.

Sin embargo, su caso no es el único. Entre 1940 y 1943 se tiene constancia de que fueron internados por los nazis en campos de concentración alrededor de 9.000 republicanos españoles. "De ellos murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y figuran como desaparecidos 334", señalaba en un artículo en eldiario.es el periodista Carlos Hernández, autor del libro Los últimos españoles en Mauthausen. "En Castilla-La Mancha fueron más de 400", señaló Molina en el acto del pasado miércoles.

La mayoría de ellos acabaron en Mauthausen y los subcampos que dependían de él. En concreto, la cifra supera los 7.000. De ellos, sobrevivieron unos 2.000. "Se dice tan claro como que dos tercios de los españoles que llegaron a Mauthausen fallecieron en el plazo de unos dos meses después de su llegada", apuntó el pasado mes de enero el historiador Benito Bermejo en una entrevista en la Cadena Ser, en la que recalcó que la situación de estas personas fue ignorada por el franquismo. "En el mes de agosto de 1940 el Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid había recibido notificación de la Embajada alemana de que se les iba a enviar a Alemania salvo que las autoridades españolas tuvieran algo que decir, y ante tres consultas por parte de las autoridades alemanas, hubo un silencio total por parte del Ministerio".

El 2 de junio de 1453, Álvaro de Luna era decapitado en Valladolid por orden del rey, Juan II de Trastámara, al que había apoyado y apuntalado en el poder durante casi cuatro décadas. Concluía así el periodo en el poder los Luna, una familia de la baja nobleza que llegó a regir el destino de Castilla. Fue un personaje controvertido en su época, y sigue siéndolo en la historiografía. Su ascenso fulgurante al poder le granjeó amistades, alianzas y riqueza, pero también enemigos. Pero comencemos por el principio.

Álvaro de Luna (1390-1453), nació en Cañete (Cuenca) y era hijo bastardo de una rama menor de la familia de los Luna. Su tío fue arzobispo de Toledo, y su tío abuelo era Pedro Martínez de Luna, más conocido como Benedicto XIII o papa Luna, fue un antipapa a principios del siglo XV, con el que se crió Álvaro, huérfano de padre desde los siete años. Su tío, el arzobispo de Toledo, lo llevó a la Corte, y en torno a 1410, Álvaro comenzó a servir como paje del, por entonces rey niño, Juan II. La influencia personal del conquense sobre el monarca empezó en estos años, y con el tiempo se convertiría en una especie de relación de amistad. 

Los primos contra el valido

La época de Álvaro de Luna estuvo marcada por las disputas por el poder entre los Trastámara. En 1412, Fernando de Antequera, tío de Juan II, fue coronado rey de Aragón tras años de controlar también la política castellana y de colocar a todos sus hijos (los denominados infantes de Aragón, primos del monarca castellano) en posiciones de poder. Alfonso V, hijo y sucesor de Fernando en Aragón, trató a Juan como a un subordinado, y sus hermanos nunca aceptaron la autoridad de Juan II.

Álvaro de Luna en el libro Retratos de Españoles Ilustres de 1791.

En 1420, las desavenencias entre los Trastámara son cada vez mayores. Juan II desacredita a su primo Enrique, intentando apartarlo del poder. Este, en venganza, asalta el palacio en el que se encuentran el monarca y su valido, Álvaro, y los toma prisioneros. Estos hechos motivan la intervención de Alfonso V de Aragón, que exige la liberación del rey y de Luna.

Pero las luchas entre la dinastía real no son algo personal. Las tensiones entre los partidos nobles por la posesión del poder real serán la tónica del reinado de Juan II. Álvaro de Luna aprovechará su posición al lado del monarca para repartir cargos y títulos entre sus familiares y amigos, y su propio ascenso económico también vendrá motivado por su cercanía al poder, lo que termina generando un clima de animadversión hacia él.

El valido real se apoyó desde muy al principio en la baja nobleza, las ciudades, y el clero para hacer frente a los infantes de Aragón y el resto de partidos nobles. También aprovechó su cercanía al rey para, en 1423, apropiarse del título de un condestable de Castilla y el patrimonio asociado a éste. Años más tarde, en 1429, tras un conflicto armado, logra por fin expulsar a los infantes a Aragón, librándose de sus principales enemigos, pero sólo temporalmente. Fue en la batalla de Olmedo (1445) cuando se deshizo finalmente de Enrique, el que más problemas le había dado, y Álvaro se queda con el título de Gran Maestre de la Orden de Santiago.

La dependencia real

Luna se había librado de uno de sus principales enemigos tras la victoria de Olmedo, pero su posición seguía siendo muy frágil: dependía totalmente de la amistad con el rey. Así pues, cuando Juan II se casa en segundas nupcias con Isabel de Portugal y la reina decide que Álvaro es un arribista con demasiado poder, la caída es inevitable.

En los últimos años del valido, este había intentado influir en el resto de reinos peninsulares mediante pactos con príncipes rebeldes a los monarcas. Isabel de Portugal nunca le perdonó el pacto con Pedro, duque de Coimbra, que intentó hacerse con la corona lusa. 

No resultó difícil para Isabel convencer a Juan II para que desterrara a Álvaro lejos de la Corte, y poco después los nobles enemigos de él lo apresaron y lo llevaron a Valladolid. Lo acusaron de usurpación del poder real y apropiación de rentas de la corona, y el monarca castellano condenó a muerte al que había sido su valido. Un año más tarde, el monarca moriría arrepentido por el proceso contra Luna, que sería declarado nulo en 1458, demasiado tarde para él.

El ministro de Justicia y diputado del PP por Cuenca, Rafael Catalá, admitió este sábado que en el PP son "los primeros" en sentirse "avergonzados de algunos compañeros que han cometido errores y que, por lo tanto, toda la fuerza de la justicia está cayendo sobre ellos", subrayando que esa circunstancia "no puede en absoluto descalificar al partido con más militantes en España y a tantos que trabajan por el interés general".

Según Europa Prees, así se pronunció Catalá durante su intervención en el 15º Congreso Provincial del PP en Cuenca, a lo largo de la cual también reconoció que hay "diez personas que han metido en la caja, pero están todos ante los tribunales y algunos de ellos en la cárcel".

En este sentido, reconoció que España atraviesa una etapa política "complicada", con "algunos empeñados en sacar al PP de la sociedad española atribuyéndonos todo tipo de maldades, complots y actividades antidemocráticas". "Seguramente" por la actual situación económica de España y porque "no tienen por dónde hacernos una crítica", desde la oposición "están hablando de la corrupción".

"Es verdad que tenemos problemas de corrupción en toda España y algunos casos dentro del PP", aseveró, para indicar que, "no es, en absoluto, un problema del PP".

El ministro de Justicia aceptó asimismo que el de la corrupción "ha sido un problema de algunas personas, de personas concretas y de personas también del PSOE, de Convergencia de Ciudadanos o de Podemos". "Todos estos que acaban de llegar tienen también casos y mucha ropa que lavar en casa para darnos lecciones a los demás", agregó.

En este punto, instó a los participantes en el Congreso Provincial de Cuenca a "seguir manteniendo la confianza en las instituciones". "En qué sitio mejor que aquí, rodeado de concejales de pequeños municipios, de personas que dan tanto de su tiempo y esfuerzo, de su patrimonio para trabajar por el interés general vamos a hablar bien de las personas que se dedican a la política", reflexionó.

Tras insistir en la necesidad de "seguir teniendo confianza en el trabajo que cada día hacen los gobiernos municipales, autonómicos y nacional y seguir trabajando", incidió en que, "mientras tanto, otros que digan lo que quieran y que resuelvan sus problemas".

PSOE, sin liderazgo desde hace siete años

A este respecto, dijo esperar que, "a ver si, de una vez por todas, el PSOE mañana hace sus primarias y ya saben qué van a hacer, porque llevan siete años sin liderazgo" y recordó "las leches que se metían unos a otros" a lo largo del debate entre los tres candidatos socialistas, así como "con qué inquina y rencor se insultaban con una sonrisa mientras se estaban soltando unas pullas".

"Eso a nosotros no nos pasa", dijo en referencia a los conservadores, que cuentan, defiende, con un "liderazgo fuerte a nivel nacional, autonómico y local, sabemos lo que queremos, sabemos que tenemos que tener un partido fuerte, unido, que trabaje con los principios y valores sólidos que siempre han caracterizado al PP", una formación "absolutamente consolidada y fuerte, aunque con voces discrepantes, que muy bienvenidas sean, porque esto no es un partido búlgaro de la época del socialismo".

Finalmente, Catalá manifestó su "compromiso" para que, entre otros proyectos, el ATC de Villar de Cañas "vaya adelante" mostrando su convicción en que se va a conseguir "pese a la oposición del gobierno de la Junta".