El primer bombero con la oposición aprobada despedido en España: 35.000 firmas y una denuncia por prevaricación

La campaña #SalvarAlBomberoJose ha recogido más de 35.000 firmas para apoyar a Jose, un bombero de 46 años del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de la Diputación de CuencaDiputación de Cuenca que fue despedido en junio tras un expediente sancionador. Los organizadores de la iniciativa apuntan que este es el primer caso en España en que un bombero de la Administración Pública con la oposición aprobada es despedido y piden que se le readmita.

La Asociación de Bomberos de la Provincia de Cuenca (ABPC), de la que Jose forma parte, ha organizado la campaña en las redes. La entidad considera "una gran injusticia" que el despido se produjera meses después de una denuncia por presunta prevaricación contra el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, Benjamín Prietoasí como contra otros cuatro miembros de la Diputación. Fuentes de la ABPC han asegurado a infoLibre que les "chirría que Prieto haya permitido estas sanciones excesivas" contra "un miembro de la asociación" que lo ha denunciado.

Prieto, contra el que carga la iniciativa con el mensaje #ASINObenjamín, ya ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los autores y los medios que difundan llo que tacha de "calumnias, injurias y difamación".

Despedido por "simular una agresión"

Jose, de 46 años, lleva 16 años ejerciendo como bombero. Según el relato de la ABPC, aprobó una oposición y tenía una plaza de personal laboral fijo en el Speis. El proceso comienza en marzo de 2016, cuando presenta una denuncia por agresión contra un compañero.

Según la ABPC, el expediente sancionador por el Jose fue despedido le imputa dos faltas muy graves por —presuntamente— "haber simulado una agresión y haber acusado de un delito a otro compañero durante una discusión". El hermano del bombero afirma en el vídeo difundido junto a la campaña que "estaba con él trabajando ese día y nada de eso ocurrió".

La Diputación abre el expediente sancionador contra Jose en abril de 2016, trámite que se paraliza en junio de ese año por el proceso judicial sobre la presunta agresión. El 2 de febrero de 2017 el Juzgado de Instrucción número 2 de Motilla del Palancar (Cuenca) declara como "no suficientemente acreditada" la acusación, y un testigo que asegura haber presenciado la agresión afirma que Jose se tiró al suelo.

El 20 de febrero de este año, dos miembros de UGT y de la ABPC, en calidad de integrantes del Comité de Empresa, interponen una denuncia por presunta prevaricación administrativa contra Benjamín Prieto, presidente de la Diputación y líder del PP de la provincia de Cuenca, contra el actual senador del PP Carlos AlgabaCarlos Algaba, y contra otros tres funcionarios.

Prieto y Algaba fueron, respectivamente, presidente y vicepresidente del ya extinto Consorcio Cuenca 112, cuerpo de bomberos que la Diputación absorbe en enero de 2017. El juzgado de instrucción nº 4 de Cuenca abre diligencias previas por la denuncia el 1 de marzo.

Según el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso infoLibre, en 2016 la Diputación de Cuenca publica una subida salarial para los tres únicos funcionarios del Consorcio Cuenca 112 (ya que el resto de trabajadores tiene estatus de personal contratado). Los denunciantes y el sindicato UGT "advirtieron de la ilegalidad del acuerdo", pero se hizo "caso omiso".

Mientras, el expediente sancionador a Jose se encontraba paralizado desde junio de 2016 debido al proceso judicial por la presunta agresión, que, recordemos, concluye el 2 de febrero de 2017. Aproximadamente un mes y medio después, el 14 de marzo, se reanuda el expediente sancionador a Jose, dos semanas después de la apertura de diligencias por la denuncia contra Prieto, el 1 de marzo, dato en el que hacen hincapié desde UGT. 

El expediente a Jose se cierra en junio de este año, cuando se le notifica que la conclusión es su despido por las faltas muy graves de las que se le acusaba y de las que se le considera culpable. El bombero llevó el caso a los tribunales demandando que se revise el expediente y se le readmita Sigue a la espera día de una sentencia.

"Calumnias, injurias y difamación"

El presidente de la Diputación de Cuenca y líder del PP en la provincia, Benjamín Prieto, anunció al día siguiente de que se lanzara la campaña que emprendería acciones legales contra los promores de #ASINObenjamín y contra los medios que la hayan difundido, por considerar que atenta contra su honor al verter "calumnias, injurias y difamación" que, añadió, perjudica también "a la Administración y a los servicios que presta esta diputación".

Prieto cargó contra el vídeo, que "adolece de todo rigor", ya que el expediente de despido "no se ha formado en dos semanas, sino que viene desde hace más de año y medio". En esta línea, ha remarcado que él aprobó las medidas "cumpliendo exclusivamente lo que un expediente disciplinario concluye".

Julián Huete, vicepresidente de la diputación, mostró su apoyo a Prieto, y reiteró que "no existe ninguna relación entre el despido disciplinario del bombero y la denuncia por presunta prevaricación administrativa". Desde su punto de vista, "los hechos tienen lugar en marzo de 2016, y la denuncia se presenta un año después, en marzo de 2017".

"Quien pretenda airear una campaña vinculando estas dos decisiones e imputándoselas al presidente está profiriendo una calumnia y esto no se puede permitir", dijo tras confirmar que están preparando acciones judiciales.

"Seremos respetuosos con los procesos judiciales", añadió en alusión a la demanda del bombero de que se revise el caso. "Reconoceremos —añadió— que nos hemos equivocado", si los tribunales dictaminan que el despido no procedía.

"No vamos a permitir que se reinventen expedientes ni que se presione a la opinión pública con campañas difamatorias", concluyó.

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Apoyo de asociaciones nacionales

La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP)CUBP, una asociación de bomberos de toda España, emitió el pasado martes un comunicado en el que señala que este expediente sancionador "merece ser revisado detenidamente", ya que "el proceso que se ha seguido dista mucho de contar con la objetividad e imparcialidad suficientes".

La CUBP también señala que "la dirección del Speis y la jefatura de personal entienden que el hecho de haber perdido el juicio y no haber podido demostrar la agresión, se traduce directamente en falsedad testimonial", pero la asociación considera que "una cosa es no poder demostrar algo, y otra muy distinta es que eso que uno dice sea falso". "La denuncia se desestima por falta de pruebas y cada uno a su casa —detallan—. Sin embargo, en Cuenca la interpretación que se hace es bien distinta".