La Fiscalía Anticorrupción ha registrado este miércoles en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita el archivo de la investigación que se venía siguiendo contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en la pieza del caso Lezo sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid. También pide sacar de esta investigación al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en el caso Lezo, ya que aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación de compra de Inassa; al socio de éste Edmundo Rodríguez Sobrino, quien después ejerció como presidente de la empresa colombiana; y a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y quien fuera mano derecha de Gallardón.

Además de estos cuatro, Anticorrupción reclama al juez instructor Manuel García Castellón que archive las diligencias para otras 11 personas, incluidos exconsejeros del Gobierno de Gallardón como Paz González, Luis Blázquez, Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral; así como exdirectivos como Gaspar Cienfuegos, Jesús Sánchez, Salvador Cardona y Ángel Varona.

En el mismo escrito, la Fiscalía insta a finalizar la investigación, al haberse practicado ya las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y se acuerde auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento). Y en dicho auto, sí solicita incluir a un total de 23 personas para su posterior enjuiciamiento por el delito de malversación de caudales públicos en la operación de compra de Inassa por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá —Aguas de América—.

Calvo y Bravo, los únicos señalados

Entre esas 23 personas destacan dos de los más cercanos colaboradores de Gallardón tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad, Pedro Calvo y Juan Bravo, en tanto formaban parte del consejo de administración del Canal de Isabel II cuando tuvo lugar la compra, aunque también integraban el Consejo de Gobierno autonómico. En realidad, la fiscal solicita procesar a consejeros del Canal que en 2001 votaron a favor de la adquisición de Inassa: Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Ignacio López Galiacho, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho. La Fiscalía también dirige su petición para el que fuera director gerente del Canal Arturo Canalda; los exdirectivos de la empresa pública José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras; así como otras personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores como Ángel Conde, Santiago García Benavides, Esteban Palacios, Javier Vilaplana y Francisco Olmos.

En su escrito presentado al juez, la Fiscalía Anticorrupción hace un relato pormenorizado de la operativa que se ha investigado, la cual se enmarca en la "expansión internacional" que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.

Sobreprecio y ningún beneficio

La fiscal considera que la adquisición de Inassa estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta", pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, "provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio" para la Comunidad de Madrid.

Según Anticorrupción, fueron los exdirectivos del Canal López Heras y Cachavera, con el beneplácito de Arturo Canalda, los que elaboraron un dosier explicativo sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa a través de la sociedad panameña. Y aunque en el documento se hacía mención "de forma atemperada" a los riesgos, obviaron "valorarlos", de modo que el Canal de Isabel II acabó aceptando el pago de 73 millones de dólares con un "sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones y 35,4 millones de dólares".

El Consejo de Gobierno no conocía los detalles

Sobre las 15 personas para las que se pide el sobreseimiento de las actuaciones, incluidos Gallardón, González, Rodríguez Sobrino y Cobo, la fiscal considera que "no ha quedado indiciariamente acreditada su participación delictiva en los hechos referidos". En cuanto al expresidente y exalcalde y al resto de sus exconsejeros, Anticorrupción cree que no se ha podido probar que con el voto que emitieron a favor de la compra en el Consejo de Gobierno conocieran "los detalles de esta operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría". "En este caso, a diferencia de lo ocurrido en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II de 14 de noviembre de 2001, donde todos sus asistentes dispusieron del dossier explicativo que desvelaba cómo se iba a realizar esta operación, no consta indiciariamente acreditado que ni el presidente ni los consejeros del citado Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid —salvo Pedro Calvo y Juan Bravo-— conocieran o dispusieran de ese dossier", explica el escrito.

"La única documentación de la que dispusieron contenía información general sobre el objeto social de Canal Extensia y datos generales de Inassa, así como los informes favorables emitidos por la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección de Patrimonio y el Servicio Jurídico de la Consejería de Hacienda. Ninguno de los citados documentos e informes desvelaba los detalles de la operación desencadenantes del presunto delito de malversación", apunta.

Diez años después de que el diario El País revelase cómo el entonces vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el exvicepresidente regional Alfredo Prada habían sido sometidos a seguimientos por espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, el caso llega este lunes a juicio. En el banquillo, y ante un jurado popular, se sientan quien en el momento de los hechos era director general de Seguridad de la Comunidad, su número dos, otro funcionario y tres guardias civiles igualmente contratados por el Gobierno autonómico. Se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel por malversación. Ningún cargo público de la época compartirá asiento ni riesgo penal con los encausados.

Aquella operación de espionaje, diseñada y ejecutada a tenor de los indicios como una muestra a pequeña escala de lo que el caso Villarejo ha inmortalizado ya como las cloacas del Estado, tuvo un trasfondo netamente político: la guerra de poder que zarandeó en 2008 al PP, el año en que Esperanza Aguirre intentó desbancar a Mariano Rajoy: Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y Prada, alineado con Rajoy, aparecían en el bando de los enemigos de Aguirre.  

La Fiscalía sostiene que no hubo delito y pide la absolución. Lo hace bajo el argumento de que "no consta acreditada" la "intención" de los acusados de utilizar dinero público para fines "ajenos a la función pública". Su escrito llega a aducir que los famosos y "supuestos" partes de seguimiento a los espiados "no han sido obtenidos de expedientes administrativos" sino que los facilitó el periodista del diario El País que firmó buena parte de las noticias del caso. Esos partes, añade el ministerio público, no responden a "seguimientos reales" sino que pudieron ser elaborados "con un interés espurio".

Fraguada y consolidada durante el mandato de Manuel Moix como fiscal jefe de Madrid, años antes de su ascenso a la Fiscalía Anticorrupción y su rápida dimisión tras desvelar infoLibre que era copropietario de una empresa panameña, la posición de la Fiscalía topa con la de la Comunidad de Madrid. La paradoja estriba en que el Gobierno madrileño, en cuyos engranajes se gestó el presunto espionaje fuera quien fuese su autor intelectual, decidió en marzo de 2014, bajo el mandato de Ignacio González, personarse como acusación particular en el caso del espionaje. En el juicio, ejercerá la acusación particular. Y sí ve delito. Sus abogados propugnan para los seis procesados penas –leves, solo multas– por malversación.

Los socialistas, personados como acusación popular, reclaman en cambio cárcel para los acusados. La pena más alta, aquí, es la solicitada para Sergio Gamón, exdirector general de Seguridad: cuatro años. Le sigue en gravedad la de tres años para su número dos, Miguel Castaño. El PSOE demanda por último dos años de reclusión para los cuatro espías de base: el antiguo empleado de la Consejería de Interior José Manuel Pinto y los guardias civiles Antonio Coronado, José Oreja y José Luis Caro, este último ya condenado en la primera pieza de Púnica, la del chivatazo a Francisco Granados sobre la investigación penal de que estaba siendo objeto en 2014.

Francisco Granados —sucesor de Alfredo Prada como consejero de Interior y Justicia—, Ignacio González, que ostentaba la vicepresidencia del Ejecutivo regional, y la propia Esperanza Aguirre declararán como testigos. En un juicio que, como mínimo, se extenderá hasta el día 20, las suyas se perfilan como las declaraciones estelares por su rango personal, si bien solo un terremoto o viraje imprevisto proporcionarían novedades. En la abultada lista de testigos –18 en total más ocho peritos– destacan también los espiados. Y hay un nombre en esa nómina que genera expectación entre quienes siguen el caso: el de Yolanda Laviana, exmujer de Sergio Gamón y exsecretaria de Esperanza Aguirre. En junio de 2010, Laviana le dijo esto al diario El País: "Gamón ya investigaba desde 2006 a Prada para Ignacio González".

Tanto Aguirre como González y Granados han sostenido siempre lo mismo que la Asamblea de Madrid ya aprobó en marzo de 2009 con los votos de la mayoría absoluta del PP: que la Comunidad de Madrid no amparó ni ordenó convertir la Dirección General de Seguridad en una unidad cuyo objetivo fuese neutralizar enemigos mediante seguimientos que pudieran reportar un buen botín de información comprometedora. 

La retirada de los espiados

La discrepancia entre los postulados de la Fiscalía y los de la Comunidad de Madrid no constituye la única paradoja que afronta el juicio. Hay otra más. Y de calado: porque ninguno de los presuntos espiados, sin cuya denuncia difícilmente habría arrancado la maquinaria judicial, ejerce la acusación.

Presa de indignación, Cobo no había dudado en definir aquel aparato policial o parapolicial como una "gestapillo", pero acabó retirándose en junio de 2016 cuando llegó el momento de calificar penalmente los hechos. Prada, bestia negra de Aguirre desde el momento en que se alineó con Rajoy en la lucha interna por la presidencia del partido y defenestrado como vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de Madrid en junio de 2008, se declaró igualmente vapuleado: "La Fiscalía debería actuar de forma urgente", aseguró en febrero de 2009. Pero, como Cobo, también abandonó la escena en junio de 2016. La exconcejal Carmen Rodríguez Flores, muy amiga del ahora ya fallecido Álvaro Lapuerta, antecesor de Luis Bárcenas en la tesorería del PP y que completaba el terceto de espiados denunciantes, ya había desistido del proceso con anterioridad.

Aunque ninguno ha pronunciado jamás en público una sola palabra sobre su mutis jurídico, todas las fuentes consultadas entonces y ahora coinciden en el porqué de aquella marcha atrás: desistieron –es el mensaje unánime entre quienes conocen los entresijos del caso– por petición del PP, al que los tres seguían perteneciendo. Ninguno de ellos reclamó tampoco durante la instrucción que Francisco Granados o Ignacio González, jefes políticos de los investigados, fuesen objeto de imputación judicial.

En la primera fase, González permaneció en un segundo plano. En el proscenio de las sospechas era Granados quien ocupaba el lugar más visible. Pero en enero de 2013, cuatro meses después de que, desde el trampolín del delfinato de Aguirre, González hubiese dado su gran salto a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, uno de los imputados le mandó a la jueza instructora una declaración escrita de ocho folios. Y allí, en el párrafo central de la página 6 [pincha aquí para verlo], el guardia civil José Oreja escribió lo siguiente: "A principios de 2008 –se lee en el texto–,  los señores Gamón y Castaño nos trasladan, de forma verbal (...) una relación de personas a las que denominan objetivos, de las cuales el vicepresidente D. Ignacio González tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos". Y de esa lista, Oreja recordaba varios nombres. No solo los de Manuel Cobo y Alfredo Prada sino el de Alberto Ruiz Gallardón y Cristina Cifuentes. Entre otros. La revelación pasó inadvertida a efectos procesales.

Granados, la jueza para servirle y el manuscrito de 'Lezo'

En medio de una accidentada instrucción con tres intentos de cerrojazo que tumbó uno tras otro la Audiencia de Madrid, el tiempo y los casos de corrupción en que ahora están inmersos Granados –Púnica– y González –Lezo y también Púnica– fueron haciendo aflorar datos inéditos.

Por ejemplo, uno de los pinchazos telefónicos a Granados en los meses previos al estallido de Púnica dejó al aire una conversación con su esposa fechada el 16 de septiembre de 2014. El político acababa de terminar su declaración como testigo ante la jueza instructora del caso, Carmen Valcarce. Y el agente de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil encargado de transcribir el diálogo [pincha aquí para leerlo] plasmó así lo que el político le dijo esa tarde a su mujer: "Que la jueza llamada Carmen, cuando estaba él hablando con varias personas en el pasillo ha llegado, le ha dado dos besos y ha dicho en voz alta delante de los ocho abogados que Paco Granados ha sido el mejor consejero de Justicia que ha tenido la Comunidad de Madrid, que allí la tenía para lo que quisiera, que allí estaba para servirle, que Francisco le ha dicho [a la jueza] que se cortara un poco delante de esas personas".

Para entonces, Valcarce había archivado el caso dos veces. En febrero de 2015 lo intentó por tercera y última vez. Al año siguiente, y una vez que la Audiencia madrileña le había impuesto la tercera reapertura de diligencias, la jueza denegó la petición de Coronado, Oreja y Pinto para que Granados y González declarasen como imputados. 

Tres años después de aquella conversación donde Granados presentaba a la magistrada casi como una fan cuyo entusiasmo él mismo se había visto forzado a refrenar, se produjo un segundo hallazgo inesperado. Durante un registro de la Operación Lezo, el delas oficinas de Ildefonso de Miguel, uno de los hombres de confianza de Ignacio González durante sus primeros años en el Gobierno de Madrid, la UCO encontró un esquema manuscrito sobre las relaciones de quienes fueron objeto de espionaje en el PP: Gallardón, Cobo, Prada y Carmen Rodríguez Florez.  Como publicó este periódico, el gráfico [pincha aquí para verlo] subraya literalmente el círculo que envuelve el nombre de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y la cita tres veces. 

En ese manuscrito, otro gran círculo envuelve una elipse que encierra el apellido "Gallardón". Y en posición subordinada, otro círculo menor contiene el apellido "Cobo", su mano derecha en el Ayuntamiento de Madrid. En el esquema abundan las flechas que enlazan unos nombres con otros. Una de ellas, acotada por la palabra "mensajean", lleva de Cobo a Cifuentes.

Ildefonso de Miguel, que hasta 2008 fue gerente del Canal de Isabel II bajo la batuta directa de Ignacio González, niega haber sido el autor de ese esquema, que  no aparece datado. Pero personas de su entorno ofrecieron a este periódico su interpretación de qué significa ese papel: es un "esquema de inteligencia de relaciones" confeccionado por alguien en un momento de máxima tensión interna: el bienio final de la pasada década, cuando Aguirre se propuso desbancar a Mariano Rajoy como líder del partido, librarse definitivamente de Gallardón y su grupo y hacerse con el control de Caja Madrid, en cuya cúpula estuvo a punto de colocar a Ignacio González.

Los exaltos cargos del Gobierno regional Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados testificarán en el juicio que arranca el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid sobre el espionaje político realizado en mayo de 2008 presuntamente a manos de exfuncionarios de la antigua Consejería de Interior a políticos del Partido Popular. Informa Europa Press.

La vista oral del caso, cuya instrucción se remonta a enero de 2009, celebrará su primera sesión el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid y concluirá el 22 de febrero. La causa tiene su origen en una denuncia de Manuel Cobo y de Alfredo Prada. Se juzgará a los acusados por la presunta comisión de un delito de malversación. Las acusaciones particulares son el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y la exdiputada regional Carmen Méndez González. 

La causa instruida por la jueza Carmen Valcarce será juzgada por un Jurado Popular, cuyos miembros tendrán que decidir sobre los hechos de los que se acusa al director de Seguridad en la época de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón, y a otras cinco personas, tres de ellos guardias civiles. En el banquillo de los acusados de la Sección Quinta de la Audiencia madrileña se sentarán el exfuncionario José Manuel Pinto; los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro. También lo hará el número dos de Gamón, Miguel Castaño Grande.

Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien denunció que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid. Los seguimientos se realizaron en plena batalla por el poder dentro del Partido Popular después de que Mariano Rajoy perdiera las elecciones generales de 2008. Cobo y Prada, entonces, estaban considerados como adversarios de Esperanza Aguirre. La causa de los presuntos espías llega a juicio gracias a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la magistrada ordenó tres veces su archivo. La Fiscalía no ejercerá acusación. Sí lo hace el PSOE y la Comunidad de Madrid.

Aguirre, González y Granados

Las testificales arrancarán el próximo 8 de febrero con las comparecencias solicitadas por la Fiscalía de Cobo, Prada, Francisco Mercado, Ignacio Palacios Arazuri y tres agentes de la Policía Nacional. Además, comparecerá Francisco Granados. Granados, exsecretario general del PP de Madrid, ya compareció en la instrucción para explicar una reunión en la que los guardias civiles acusados le comentaron que les estaban obligando a realizar los seguimientos.

El próximo 11 de febrero será el turno de Ignacio González; Esperanza Aguirre; Yolanda Laviana Fernández; Marcos Peña Fernández; y Mar Pérez Merino. Las testificales seguirán un día después con Francisco Mercado Merino, José Manuel Romero, José Luis Olivera Serrano y un agente de la Policía Nacional.

El día 13 de febrero testificarán Jaime Barrado González, Enrique Barón Castaño, Salvador Victoria, Agustín Carretero Sánchez y Marcos Peña Díaz.

En la comisión de investigación, Antonio Coronado Martínez aseguró que el expresidente regional había sido el que le había ordenado seguir a Cristina Cifuentes y a Alberto Ruiz-Gallardón, ambos expresidentes de la Comunidad.

La acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso solicita penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados.

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Manuel Cobo ha explicado este miércoles tras prestar declaración como investigado en la causa Lezo, que el informe que elaboró Cuatrecasas contrario a la compra de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II estaba manipulado y que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González lo intentó emplear como "arma" contra el también exmandatario regional Alberto Ruiz-Gallardón, informa Europa Press.

El que fuera mano derecha de Gallardón en su equipo de gobierno ha precisado a preguntas de los periodistas que "no hubo nada delictivo" en la compra de la empresa colombiana en el año 2001, más bien al contrario, puesto que reportó beneficios de 200 millones de euros "para los madrileños".

Cobo, que estaba citado a declarar por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha insistido que en el periodo en que Ruiz-Gallardón ostentó la presidencia de la Comunidad de Madrid (entre los años 1995 y 2003), el Canal fue "un ejemplo de empresa potente" y una "envidia" en todo el mundo. "Después han ocurrido cosas, que lo explique González", ha apuntado.

El exconsejero se refiere a la llegada de Ignacio González al Canal, que se produjo el mismo año de la salida de Gallardón del gobierno madrileño. Sobre este punto ha asegurado que hasta los técnicos que formaron parte de la empresa pública de aguas y que dieron el visto bueno a la compra de Inassa, abandonaron el Canal con la llegada de González, según ha dicho, "porque no les gustó lo que vieron".

También ha querido dejar claro que "nada tiene que ver" la operación en Barranquilla para suministrar agua en Colombia con la compra de la brasileña Emissao en el año 2013, ya bajo el gobierno de Ignacio González, y que según la Fiscalía Anticorrupción supuso una malversación de 25 millones de dólares.

En lo que respecta al famoso informe que elaboró Cuatrecasas contrario a la adquisición de Inassa, Cobo se ha mostrado rotundo al asegurar que estuvo "manipulado" y que hay 16 versiones del mismo, pasando de una postura favorable a la operativa a hasta llegar a una en la que se dijo que eran "malísimos", en referencia al equipo de Gobierno de Gallardón.

El exconsejero madrileño, que ha declarado por espacio de dos horas ante el magistrado Manuel García Castellón, ha insistido en que hay modificaciones que incluyen incluso manuscritos del gerente del que fuera gerente del Canal Ildefonso de Miguel, también investigado en la causa.

Además ha apuntado que la Guardia Civil encontró en los registros de los domicilios del exgerente y de González dos copias de dicho informe y que, en el caso del que guardaba De Miguel, incluía el recorte de una noticia relativa a la oposición de Gallardón a cualquier cambio en la empresa pública. "Esto era un arma contra Gallardón, que se oponía a la privatización del Canal", ha apuntado.

Con todo ha desvinculado al despacho de la operativa, asegurando que esta manipulación la permitió una persona –sin dar más detalles al respecto– y que le consta que hay empleados del bufete muy "cabreados" con lo ocurrido.

En relación a su papel en este proceso de compra, Cobo ha apuntado que él presidía la preparatoria del Consejo de Gobierno, que fue el que autorizó la compra del 75 por ciento de Inassa y la creación del Canal Extensia. También ha precisado que la sociedad panameña Aguas de América que intervino en la operativa se disolvió en cuanto se formalizó la adquisición.

El juez acordó la citación este martes del exconsejero de Medio Ambiente y expresidente del Canal Carlos Mayor Oreja, la de Cobo para un día después y del propio Ruiz-Gallardón para este jueves, todos ellos por integrar el Consejo de Gobierno que respaldó la compra de la colombiana. Se trata de unas diligencias que acuerda después de haber escuchado, también en calidad de investigados, a todos los miembros del consejo de Administración del Canal, que igualmente reivindicaron en sede judicial la idoneidad de esta inversión.

El exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha sido citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional el próximo 7 de junio por la supuesta compra irregular de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El que fuera su número dos en el Gobierno regional, Manuel Cobo, también deberá comparecer como imputado un día antes, el 6 de junio, así como el también exconsejero de Gallardón Carlos Mayor Oreja, quien deberá acudir el día 5.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón declarará el 7 de junio como imputado en el caso Lezocaso Lezo por la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II a finales de 2001, cuando el político presidía la Comunidad de Madrid. Con la imputación de Gallardón, la operación lanzada hace un año alcanza al segundo de los cuatro políticos que han presidido hasta ahora la Comunidad de Madrid. Los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica han terminado así por unir en su condición de investigados al también exalcalde de la capital y a uno de sus enemigos acérrimos: Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre y predecesor de Cristina Cifuentes al frente del Ejecutivo regional.

También declararán como investigados, los días 5 y 6 de junio, otros dos políticos de relevancia en la estructura del Canal en aquella época: el que durante todo su mandato como presidente autonómico y luego alcalde de la capital fue su mano derecha, Manuel Cobo; y Carlos Mayor Oreja, que presidió la empresa pública de agua.

Fuentes jurídicas han confirmado a infoLibre que el instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, ha citado a Gallardón mediante una providencia -una resolución mucho más escueta que un auto- que se le ha notificado en persona esta mañana. Su citación se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

La implicación del ex titular de Justicia en el caso por la compra de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II planeaba sobre Lezo desde el inicio. De hecho, fue ese punto el que primero enfrentó a los fiscales que entonces investigaban el caso con quien entonces era su jefe, Manuel Moix, que dimitió en junio de 2017 tras desvelar este periódico su pertenencia a una sociedad panameña. Moix se opuso, por ejemplo, a que los registros practicados en el Canal afectasen a la etapa de Gallardón. Temerosos de que cualquier demora hiciera prescribir el eventual delito de malversación, los fiscales del caso lograron para sus posiciones el respaldo de la Audiencia Nacional.

Tras el relevo de Moix por Alejandro Luzón, la Fiscalía Anticorrupción aplicó una estrategia en relación al exministro consistente en acumular indicios de peso antes de decidir formalmente si Gallardón debía comparecer como investigado. Es decir, como imputado. El hecho de que ahora se le cite ya parece implicar por tanto que las pesquisas señalan de manera sólida al exministro como presunto responsable penal. Y no que, como suelen argüir muchas veces los imputados, se le hace comparecer en esa condición para que pueda acudir asistido de letrado.

En enero, un año después de que la Audiencia Nacional diese vía libre de forma implícita a la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón en la Operación Lezo, la situación procesal del exministro de Justicia había pasado a ser un confuso enigma. Porque 2017 acabó con una decisión judicial que si bien le acorralaba le mantenía todavía oficialmente ajeno al círculo de investigados: la citación como imputados, anunciada el 27 de diciembre, de los que bajo su mandato como presidente de Madrid integraban la cúpula del Canal de Isabel II cuando la empresa de aguas adquirió Inassa mediante una operación bajo sospecha.

Confusión sobre la situación procesal

Pero la confusión que desde el inicio había planeado sobre la situación procesal del exministro se disparó, como adelantó infoLibre, se disparó al trascender que apenas dos meses antes, el 17 de octubre, un auto del juzgado central 6 ya asignaba a Gallardón de forma inequívoca la condición de "investigado" en Lezo.

Aquel auto reproducía de manera literal un escrito firmado por el entonces fiscal del caso, Carlos Yáñez, que renunció poco después. En aquel momento, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción subrayaron a este periódico que, aunque la resolución del juez Egea mencionaba de forma expresa a Gallardón su situación procesal no había variado: y que sobre el exministro no pesaba ninguna imputación formal aunque su actuación y su eventual responsabilidad penal en aquella compra siguen bajo investigación. 

En diciembre, Gallardón compareció ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Allí defendió la legalidad de la compra de Inassa, la calificó de ética pese a que se articuló a través de una empresa pantalla del paraíso fiscal de Panamá y negó que implicase el menor sobrecoste a las arcas públicas madrileñas. No obstante, el expresidente remarcó y remachó una afirmación: que jamás supo hasta ahora que el Canal adquirió una empresa panameña para de ese modo hacerse con las acciones de Inassa.

La presencia del paraíso fiscal de Panamá –adujo Gallardón ante la Cámara madrileña– ni siquiera llegó a la mesa del Gobierno por él presidido porque "eso era competencia estricta del Canal"; que la operación se hizo previa petición de dos informes de valoración; que había sido bendecida con antelación por "el mejor" despacho fiscalista del país, Garrigues; y que nadie en el consejo de administración del Canal, en el que participaban cuatro representantes del PSOE y dos sindicalistas, observó nada reprochable.

Fue el propio Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre, máximo jerarca del Canal de Isabel II casi durante una década, presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 y hoy principal investigado en Lezo, quien de manera involuntaria puso el foco sobre la compra de Inassa. En una de las conversaciones interceptadas por al Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil antes del estallido de la Operación Lezo, González le contó al exministro Eduardo Zaplana que el equipo de Gallardón había adquirido esa compañía colombiana por 100 millones –de dólares– cuando en realidad no valía ni 30.

González reveló en esa charla que un informe encargado por él mismo –al bufete Cuatrecasas– había reflejado las irregularidades de esa compra. Y añadió que, a diferencia de su sucesora, Cristina Cifuentes, que denunció ante la Fiscalía la segunda gran compra sospechosa del Canal en Latinoamérica, la de la brasileña Emissao, él guardó en un cajón ese informe.

El informe de Cuatrecasas desvelaba que a finales de 2001 el Canal de Isabel II pagó 83 millones por el 75% de la firma colombiana Inassa, diez veces el valor fijado un año antes, pese a que la prórroga de su principal concesión pendía de un hilo y a que ni siquiera tenía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua. Asimismo, el documento señalaba que la supuesta valoración independiente previa a la compra fue realizada por la auditora que propuso Tecvasa, una empresa valenciana ligada a la extinta caja de ahorros CAM y a la que el Canal escogió como socia para su desembarco en Colombia. 

Pero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y en una maniobra que podría definirse como de judo intelectual –aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio–, Gallardón invocó en su favor a Ignacio González como "fuente autorizada". "La única fuente autorizada que yo tengo sobre el informe de Cuatrecasas es lo que dice en sede judicial el señor González: que en absoluto concluye que hubiera comisión alguna penalmente relevante".

En sucesivos escritos, tanto la Fiscalía como los jueces que hasta ahora han investigado el caso cifran en 73 millones de dólares (83.655.000 euros al cambio de la época) el desembolso de dinero público efectuado por la compra de Inassa. El informe de Cuatrecasas mencionado por Gallardón destapaba múltiples fisuras en esa operación, en la que el Canal de Isabel II dio entrada a una empresa valenciana, Tecvasa, de capital netamente privado. Tecvasa estaba constituida por antiguos directivos de Aguas de Barcelona, es decir, de la compañía que inicialmente poseía la mayoría de las acciones de Inassa.

El juicio a los presuntos espías que habrían realizado en 2008 seguimientos al que fuera vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, al exconsejero de Justicia Alfredo Prada y a otros políticos madrileños, entre ellos a la que entonces era diputada regional Cristina Cifuentes, se celebrará antes de las próximas elecciones autonómicas de 2019, en plena batalla por la disputa de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, informa Europa Press.

El nombre de Cifuentes como posible espiada surgió en el transcurso de la declaración ante una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid de dos guardias civiles acusados en esta causa, quienes revelaron el 4 de marzo de 2016 que por orden de Ignacio González se había espiado a Cifuentes cuando era vicepresidenta de la Cámara autonómica, así como a otros políticos como Alberto Ruiz Gallardón y a los socialistas Manuel Robles y Pedro Castro.

La causa instruida por la jueza Carmen Valcarce será juzgada por un Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Madrid, cuyos miembros tendrán que decidir sobre los hechos de los que se acusa al director de Seguridad en la época de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón, y a otras cinco personas, tres de ellos guardias civiles.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que rechaza la pretensión de tres de los procesados para no celebrar la vista por un tribunal compuesto por ciudadanos. Ahora la causa que se sigue por un delito de malversación de caudales públicos será devuelta a la Audiencia para el señalamiento de la vista, que tendrá lugar previsiblemente después del verano.

En concreto, el Alto Tribunal madrileño rechaza el recurso de apelación presentado por el exfuncionario José Manuel Pinto y los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado. En el banquillo de los acusados también se sientan el entonces número dos de Gamón, Miguel Castaño Grande, y el guardia civil Luis Caro.

En la citada Comisión de Investigación, el acusado Antonio Coronado aseguró que el expresidente regional Ignacio González había sido el que le había ordenado seguir a Cristina Cifuentes y al exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

Precisamente en el recurso se pedía sin éxito investigar al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y a González por formar parte de una presunta "organización criminal", que "operó con funcionarios de distintas administraciones públicas" y que utilizó a los acusados como "escudos para ocultar sus presuntas actividades delictivas".

Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien abrió la caja de pandora al denunciar que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el exconsejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

La causa de los presuntos espías llega a juicio gracias a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la magistrada ordenó tres veces su archivo. La Fiscalía no ejercerá acusación. Sí lo hará el PSOE, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Previsiblemente Granados, exsecretario general del PP de Madrid, comparecerá en la vista como testigo. Ya lo hizo en la instrucción para explicar una reunión en la que los guardias civiles acusados le comentaron que les estaban obligando a realizar los seguimientos.

Hace unas semanas, Granados, en la sede de la Audiencia Nacional, y en el marco de la trama Púnica, aludía a una relación personal entre González y Cifuentes, que la habría hecho conocedora de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. Aseguró entonces el exsecretario popular el distanciamiento entre ambos se produjo tras una "ruptura sentimental".

También podría testificar la propia Cifuentes, quien este mismo miércoles aseguró en la rueda de prensa en la que anunció su renuncia que había sido vigilada. Dentro de esa mafia que la espió, Cifuentes enmarcó el vídeo en la que se la ve robando unas cremas, unos hechos que precipitaron su dimisión tras estar varias semanas bajo el foco de atención por el asunto del máster.

Abogacía de la Comunidad

Con Cifuentes como presidenta, la Abogacía de la Comunidad de Madrid solicitó en su día la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008, en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La Abogacía de la Comunidad entendía, en su escrito, que los hechos descritos en el caso son constitutivos de un delito de malversación de uso de caudales públicos.

Por su parte, la acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso solicitaba penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados dentro de su escrito para solicitar a la juez Carmen Valcarce la apertura de juicio oral.

Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y hombre de máxima confianza de Ignacio González, guardaba un manuscrito al que ha tenido acceso infoLibre y que describe las relaciones y el tráfico de llamadas y mensajes telefónicos que entre sí y con terceros mantenían los principales dirigentes del PP madrileño que a finales de la pasada década fueron objeto de espionaje en el PP de Madrid: Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores, en aquel momento persona muy próxima a Álvaro Lapuerta, hoy extesorero del PP y exonerado en el caso Gürtel por "demencia sobrevenida". Elaborado a modo de esquema, el manuscrito incluye otros nombres de relevancia. Entre ellos, el de Cristina Cifuentes, hoy presidenta de la Comunidad de Madrid. De Miguel niega haber sido el redactor del manuscrito: "Esa no es mi letra", se limitó a decir a preguntas de este periódico, aunque admitió que el documento estaba en sus oficinas y que fue incautado en el registro de la Guardia Civil.

En una de las esquinas del texto figuran dentro un rectángulo las iniciales "MR" junto a una flecha lateral que acaba junto al siguiente texto: "Mensajes móviles". De ahí parte na nueva línea que, previa parada en "mujer de Juan José Lucas" –expresidente de Castilla y León– eso último escrito junto al apellido del leonés "Prada", desemboca en su paisano "Cobo". Este diario no ha logrado saber si la anotación "MR" se refiere a Mariano Rajoy. 

En marzo de 2017, y tras varios intentos de dar cerrojazo a la causa a lo largo de ocho años, la juez encargada de investigar la denuncia de los espiados del PP se vio forzada a ordenar la apertura de juicio contra seis procesados, aunque todavía no hay fecha para la vista. Los seis, presuntos responsables del espionaje, habían sido subordinados de Francisco Granados, número dos de Aguirre en el PP madrileño hasta 2011 a la par que consejero de Presidencia e Interior, principal investigado por corrupción a gran escala en la Operación Púnica y enemigo acérrimo de Ignacio González. Dos de los inculpados habían sostenido tanto en sus declaraciones judiciales como en sus respectivas comparecencias ante la Asamblea de Madrid que quien realmente ordenó los seguimientos fue Ignacio González.

En el esquema, un gran círculo envuelve una elipse que encierra el apellido "Gallardón". En posición subordinada, otro círculo menor contiene el apellido "Cobo", su mano derecha en el Ayuntamiento de Madrid. Es de ahí de donde parten las flechas principales. "Llamada??", se lee junto a una de ellas, que conduce a un grupo de iniciales y palabras cuyo significado son una incógnita y que a su vez derivan en un rectángulo: el de "M.R.". Otra de las flechas termina en el círculo correspondiente a "Prada", por el exconsejero de Justicia Alfredo Prada, otro de los espiados y a quien Aguirre defenestró en 2009 para asignar su departamento a Francisco Granados. Una tercera flecha, acotada por la palabra "mensajean" lleva de Cobo a Cifuentes. En 2009, la ahora presidenta dirigía el Comité de Garantías del PP de Madrid, que en el otoño de ese año propugnó la suspensión de Manuel Cobo después de que este acusara a Aguirre y los suyos de haber montado "una gestapillo".

Las referencias a Cifuentes

El nombre de Cristina Cifuentes es el único que en el gráfico aparece rodeado por una línea de trazo remarcado. El texto cita a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid tres veces. La primera emerge en el espacio central del árbol bajo una flecha de trayectoria ascendente que conduce a "Cobo" y junto a la que se lee una sola palabra –"mensajean"–; otra flecha, esta lateral, lleva hasta "Paloma Adrados", hoy presidenta de la Asamblea de Madrid, y en medio se interpone "Sañudo", apellido del diseñador Rafael Sañudo, amigo de la presidenta desde hace años y director del vídeo de campaña de Esperanza Aguirre en 2007; y una tercera flecha descendente que, interrumpida por el vocablo "llamadas", conduce a una leyenda dividida en dos por una línea horizontal: "Anónimos/I. Gallego". Es decir, Isabel Gallego, durante años directora de comunicación del Gobierno de Madrid y figura clave en el equipo de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

La segunda referencia a Cifuentes es una críptica anotación donde bajo el texto "F. Anticorrupción. 8.000 folios" aparecen tres palabras en la misma línea: "Moñoplasta", "tesorero" y "Montealina". Moñoplasta era el apodo despectivo con que algunos aguirristas aludían a Carmen Rodríguez Flores, amiga íntima del histórico tesorero del PP Álvaro Lapuerta. Y "Montealina" –en realidad es Monte Alina– es el nombre de una urbanización de lujo del municipio de Pozuelo de Alarcón donde José María Aznar y Ana Mato fueron vecinos a la vez que el de un señero restaurante de esa zona. Este "tesorero" conduce con una flecha a "Antonio Vileda", presumiblemente el empresario Antonio Vilela, que estuvo imputado en los papeles de Bárcenas, y a quien el gráfico conecta, flecha mediante, con Cifuentes.  Debajo, Ricardo Romero de Tejada, que fue secretario general del PP y adquirió máxima relevancia tras el tamayazo que en 2003 aupó al PP al Gobierno de Madrid. Y en medio, dos empresas: "Sando y Azvi". Ambas aparecen también en los papeles de Bárcenas.

El contexto de la tercera mención a Cifuentes es otra lista de nombres: "Prada, Cifuentes, Nieves" son los tres primeros, este último seguido de un número de móvil y la palabra "ordenadores". Le siguen "Cobo/Berzal", este segundo un estrecho colaborador durante su etapa municipal del vicealcalde. Después, "Pablo Sebastián, tesorero, Román Cendoya". El primero y el tercero son periodistas. Pablo Sebastián aparece –"Pablo Sebast"– también en el espacio central del gráfico en un rectángulo vinculado a Cifuentes por dos flechas: en una, la etapa intermedia es lo que parece ser "Blas Herrero", empresario radiofónico, la otra es directa. Sobre el nombre de Pablo Sebastián se lee esto: "Mujer Pablo EMV/ Partido Isabel Pinilla". Esposa del periodista, Pinilla fue directiva de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid en los gobiernos de Gallardón y su sucesora, Ana Botella. Actualmente, es la directora gerente de la Agencia Social de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, el antiguo Ivima. En ocasiones usuario del seudónimo Marcelo, Pablo Sebastián dedicó algunos artículos a atacar a Ignacio González y su entorno.

"Un esquema de inteligencia de relaciones"

Contactado este martes, De Miguel reconoció que la Unidad Central Operativa (UCO) encontró el documento en sus oficinas pero negó su autoría y rehusó hacer ningún otro comentario. Personas de su entorno definieron en cambio el manuscrito como un simple "esquema de inteligencia de relaciones" confeccionado por alguien en un momento de máxima tensión interna: el bienio final de la pasada década, cuando Aguirre se propuso desbancar a Mariano Rajoy como líder del partido, librarse definitivamente de Gallardón y su grupo y hacerse con el control de Caja Madrid, en cuya cúpula estuvo a punto de colocar a Ignacio González.

¿Cómo podía nadie saber quién había llamado a quién o quiénes cruzaban mensajes telefónicos entre sí, que es lo que sugiere el manuscrito? Las fuentes del entorno de De Miguel aventuraron la siguiente hipótesis: que en un ámbito político tan cerrado como el de un partido –en este caso el PP de Madrid– todo el mundo termina sabiendo esas cosas. Cuando este diario insistió en que el supuesto control telefónico constituye por definición una pieza básica en cualquier modelo de espionaje, las mismas fuentes subrayaron su incapacidad para ofrecer una explicación certera dado q ue desconocen quién hizo el gráfico. Muy posiblemente –es su versión– algún participante de alguna reunión celebrada en casa de Ildefonso de Miguel y que dejó allí el papel.

Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y mano derecha en su día de Alberto Ruiz Gallardón, ha renunciado a presidir la Oficina de Cargo Popular destinada a mejorar la lucha contra la corrupción por "razones personales", informe Europa Press. Esta decisión se produce apenas diez días después de su nombramiento por el Comité Ejecutivo Nacional, que ahora deberá nombrar a un sustituto en su próxima reunión.

Así lo ha anunciado el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que ha alegado razones "puramente personales" en esa decisión de Cobo, que está enfermo desde hace varios años. De hecho, ha agradecido que aceptara ese puesto en "un momento complicado para él" y le ha trasladado públicamente el "afecto y cariño" del PP a una persona "querida" y con "proyección" dentro del partido.

El pasado 22 de mayo, el Comité Ejecutivo Nacional del PP que presidió Mariano Rajoy aprobó la Oficina del Cargo Popular, un nuevo órgano recogido en los Estatutos con el que la formación quiere reforzar los controles internos, así como prevenir y mejorar la lucha contra la corrupción. Maillo ha explicado que en la próxima reunión del Comité Ejecutivo –se celebran cada mes o mes y medio– se designará a un nuevo presidente de esa Oficina del Cargo Popular que, sin embargo, estas semanas seguirá realizando sus funciones. "No se pueden tomar decisiones pero sí hacer trabajos previos", ha apostillado.

De hecho, el coordinador general del PP ha señalado que este mismo jueves está prevista una reunión de esa Oficina del Cargo Popular, de la que también forman parte los exdiputados Andrés Ayala y Beatriz Rodríguez-Salmones, para avanzar en el Reglamento de este nuevo órgano.

Hasta la aprobación del nuevo presidente, Rodríguez-Salmones ejercerá como presidenta en funciones. El próximo Comité Ejecutivo tiene previsto aprobar al sucesor de Manuel Cobo y el reglamento de esta oficina, según ha indicado el responsable de Organización del PP en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección 'Génova' decidió impulsar la creación de esta ficina del Cargo Popular tras unas semanas en las que el partido había estado en el foco por nuevas revelaciones de la trama Púnica sobre presunta financiación irregular del partido y la operación Lezo relativa a las supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II, que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Entre sus funciones figura la de velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades recogido en los Estatutos del PP. También se encargará de supervisar el cumplimiento de los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP, aprobar un formulario homologado del resumen de la declaración de IRPF y de patrimonio, y la gestión de los registros de actividades y de bienes de los cargos del partido.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular nombró este lunes a Manuel Cobo, Exvicealcalde de Madrid, jefe de la Oficina del Cargo Popular, un órgano de nueva creación en los Estatutos del XVIII Congreso Nacional del PP, celebrado el pasado febrero, y que tiene por misión velar por mejorar los controles internos. Génova ha decidido dar este impulso semanas después del estallido de la operación Lezo, que provocó la dimisión de Esperanza Aguirre, portavoz de los conservadores en el Ayuntamiento de Madrid, y el ingreso en prisión del expresidente de la Comunidad Ignacio González.

El nombramiento de Cobo ha sido a propuesta del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.

Manuel Cobo integró las listas al Congreso por León en las generales de diciembre de 2015, pero renunció a asumir el escaño por motivos personales. Junto a Cobo, integran esta oficina Andrés Ayala y Beatriz Rodríguez Salmones.

"Con este nuevo órgano especializado pretendemos dotar a nuestra organización de las herramientas necesarias para realizar un efectivo control interno a través de distintos mecanismos", se justificaba en la ponencia.

Entre otros asuntos, la Oficina del Cargo Popular, velará por la aplicación del régimen de incompatibilidades y resolverá las cuestiones que puedan plantearse al respecto. "La autorización de excepciones que, en supuestos extraordinarios, puedan demandar los intereses generales del partido serán aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional previo informe motivado de la oficina", puede leerse en las normas de funcionamiento interno de los partidos.

La cuestión de las incompatibilidades fue uno de los asuntos más polémicos del XVIII Congreso Nacional. Uno de los focos estuvo sobre la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Compagina este cargo con el de ministra de Defensa y presidenta de los conservadores de Castilla-La Mancha.

Requisitos

Con carácter previo a la aceptación del cargo, los dirigentes conservadores deben presentar ante la Oficina del Cargo Popular la declaración de actividades económicas y la declaración de bienes y derechos patrimoniales, el resumen de la última declaración presentada y el currículum vitae para su publicación en la web del partido correspondiente según el ámbito territorial.

Según los estatutos, a la oficina le corresponden las siguientes funciones: supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del Partido Popular, aprobar el formulario homologado del resumen de la Declaración de IRPF y de Patrimonio, conservar la documentación requerida para acceder a un cargo público u orgánico en representación del Partido Popular, la llevanza y la gestión de los registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los cargos del Partido Popular, velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades, garantizar la seguridad en el acceso y uso de los datos y "cualquier otra función que el Comité Ejecutivo Nacional le encomiende a través del reglamento correspondiente".

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid se negaron hace un año en redondo a dictaminar sobre la legalidad del convenio suscrito en 2011 con la sociedad Madrid Trophy Promotion para la celebración del Open de Tenis.

La primera negativa se produjo el 17 de marzo de 2016; y lleva la firma de Rafael Requena, que era director jurídico de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid cuando el equipo de Ana Botella vendió 1.860 pisos públicos al fondo buitre Blackstone en una operación cuya legalidad se encuentra todavía bajo sospecha.

Pero no fue ese el único revés asestado en ese asunto por los servicios jurídicos. El 24 de noviembre de 2016, el director general de la asesoría jurídica, Ángel Luis Ortiz, rechazó la petición que esta vez le había remitido el presidente en funciones de Madrid Destino, sociedad municipal encargada de las relaciones con Madrid Trophy y a cuyo frente se encontraba entonces el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato.

El convenio de 2011 con Madrid Trophy, el último de la serie, fue firmado por Manuel Cobo, del PP, en su calidad de vicealcalde de la ciudad: es decir, en su calidad de número dos de la corporación municipal y no de ninguna de sus sociedades o fundaciones. Pero la respuesta que el letrado municipal Rafael Requena dio a la delegación de Cultura, Deportes y Turismo, solicitante del dictamen, fue que el servicio jurídico no puede “valorar cuestiones que competen al ámbito de sociedades mercantiles municipales”. ¿Por qué? Porque la legislación aplicable –alegó Requena- solo permite que el servicio jurídico asuma el asesoramiento o defensa de sociedades municipales previa suscripción de un convenio. Y no existe ningún convenio entre la abogacía municipal y la sociedad Madrid Destino, heredera de una responsabilidad –los pagos a Madrid Trophy- que durante años estuvo repartida.

Requena es un funcionario de dilatada trayectoria: en 2013 y mientras ocupaba la dirección jurídica de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, desempeñó un papel clave en la tramitación administrativa que condujo a la venta de 1.860 pisos públicos al fondo buitre Blackstone. fondo buitre Aquella oscura operación, cuyas irregularidades destacó la Cámara de Cuentas de Madrid en un informe aprobado con los votos de los consejeros elegidos a propuesta del PP, se encuentra ahora pendiente de que la Audiencia de Madrid acepte o rechace la reapertura del caso penal.

En su respuesta a la Coordinación General de Cultura, Deportes y Turismo, Requena invocó a modo de jurisprudencia parte del contenido de informes previos. Lo hizo para concluir lo siguiente: “Esta asesoría no puede pronunciarse sobre cuestiones omnicomprensivas como lo son ‘todos los aspectos que puedan afectar a la legalidad del citado convenio”.

Tras esa segunda negativa, Madrid Destino encargó dos informes jurídicos externos. El segundo de ellos, elaborado por el bufete Alemany, Escalona & De Fuentes, es el que sustenta la denuncia formulada en marzo por la exconcejal de Cultura, Celia Mayer, y Sánchez Mato.

En marzo, la alcaldesa, Manuela Carmena, destituyó a Mayer como edil de Cultura. En abril, y también por decisión de Carmena, Sánchez Mato cesó como vicepresidente de Madrid Destino. El PP ha anunciado una querella contra ambos por haber encargado a dedo el dictamen externo que da soporte jurídico al escrito enviado a Anticorrupción.

La denuncia sostiene que Madrid Trophy fue incrementando sus cobros del erario municipal "de forma paulatina y subrepticia". ¿Cómo? "A través de un intrincado engranaje" de sucesivos convenios con la corporación madrileña y sociedades municipales. De los 1,5 millones anuales asignados por el consistorio a la organización del torneo de tenis se pasó en 2009 a 5,3 millones.

Beneficiaria desde 2001 de un convenio municipal que solo en los últimos cinco años le ha reportado 36 millones, Madrid Trophy Promotion SL ha tenido como accionistas únicos sucesivos a dos sociedades de los Países Bajos que conducen a sendos paraísos fiscales. La primera compañía holandesa ostentó el control de Madrid Trophy 10 años, se disolvió a los cinco meses de que Manuela Carmena lograra la Alcaldía de Madrid y encomendó su liquidación a una mercantil de Curaçao. La segunda domina Madrid Trophy desde el 2 de junio de 2015, una semana después de que el PSOE garantizase que su voto expulsaría al PP del gobierno municipal madrileño en favor de Carmena. Esa segunda sociedad es a su vez propiedad de una compañía chipriota.

El que fuera vicealcalde de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, ha afirmado este viernes que el expresidente de la Comunidad Ignacio González, hoy detenido en la Operación Lezo, ha sido "la persona más cercana políticamente a Esperanza Aguirre" y que ha sido "muy leal" con ella.

Cobo se ha expresado así durante un debate en laSexta, recogido por Europa Press, tras escuchar unas declaraciones de la expresidenta de la Comunidad y del PP regional en EsRadio en las que destacaba que Ignacio González tuvo altos cargos en el Gobierno nacional antes de que ella le nombrase.

Para Cobo, González es "una persona inteligente" y como tal podría ser nombrado para otros puestos por cualquiera del partido, pero ha añadido que él siempre ha oído, incluso por boca de la propia Aguirre, que era la persona en la que ella más confiaba.

"Aunque le hayan nombrado lo que sea en la vida, (González) ha sido la persona más cercana políticamente a Esperanza Aguirre, y ha sido muy leal a Esperanza Aguirre, muy leal", ha remarcado.

Manuel Cobo era el número dos de Gallardón e Ignacio González lo era de Aguirre cuando ambos se enfrentaron por el control del PP de Madrid. En 2004 Cobo llegó a liderar una lista, de la que formaba parte Gallardón, para competir con Aguirre, pero finalmente la retiraron antes del Congreso. El enfrentamiento entre ambos bandos continuó hasta que Gallardón fue nombrado ministro del Gobierno en 2011.

Preguntado también si Aguirre miente al decir que no conocía al que fuera consejero madrileño Alberto López Viejo, procesado en el caso Gürtel, ha optado por decir que "se equivoca" porque cuando alguien nombra a un consejero es porque es de su confianza. Además, ha recordado que antes de ser consejero López Viejo fue viceconsejero, de manera que fue Aguirre quien le ascendió: "Lo siento Esperanza, pero era una persona en la que confiaste".

Con todo, Cobo ha dicho que coincide con la expresidenta madrileña en que desea que González "sea inocente y no haya robado" y ha hecho un llamamiento a respetar la presunción de inocencia, para él como para todo el mundo.

También ha dicho que no le gusta "discutir" con Aguirre en estos momentos, después de haberlo hecho en otros momentos "más satisfactorios" en los que "ella era muy poderosa".

En concreto, la magistrada ha dictado la apertura de juicio oral contra el que entre marzo y mayo de 2008 fue director general de Seguridad madrileño, Sergio Gamón Serrano, y el hombre de confianza del anterior, el subdirector general, Miguel Castaño Grande.

Los otros procesados son los exagentes José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, que  están acusados de ser los autores del espionaje.

Los seguimientos, según ha confirmado la instrucción, tuvieron como objetivo a algunos de los políticos más destacados del PP madrileño por su oposición interna a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín y luego sucesor, Ignacio González: el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de la capital Manuel CoboManuel Cobo. En enero de 2013, uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, declaró por escrito que también Alberto Ruiz-Gallardón figuraba entre los espiados.

Un jurado popular

El auto, que especifica que serán juzgados por un jurado popular, considera probado que durante los meses de marzo, abril y mayo de 2008, "los acusados, funcionarios públicos, que prestaban sus servicios en la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, con el fin de seguir a terceras personas, lo que no tenían encomendado, utilizaron medios públicos que tenían asignados por la Comunidad para el ejercicio de sus cargos, generando gastos indebidos".

La magistrada recuerda también que la Audiencia Provincial destacó que existen "indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos" respecto a los procesados, "los cuales realizaron seguimientos a terceras personas, actividad que no estaba dentro de su trabajo, utilizando para ello, y dentro de su jornada laboral, medios (coches, teléfonos..) que la Comunidad de Madrid ponía a su disposición para el ejercicio de sus cargos, destinando en consecuencia esos medios, y el coste que suponían, a actividades ajenas a sus respectivos trabajos".

El exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo ha asegurado este viernes en la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid que todavía cree que fue espiado por orden de un cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre: "Sigo pensando que fui espiado", ha destacado el que fuera número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, que ha asegurado que cree que la orden la dio "un cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

A preguntas del diputado de Ciudadanos César Zafra, Cobo relató que tras conocer por el diario El País que había sido espiado acudió a hablar con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, pero también con los entonces consejeros Ignacio González y Francisco Granados: "Me dijeron que no conocían nada y lo desconocían, y con el tiempo pasaron al eso es mentira".

Sin embargo, Cobo ha recordado que las personas que realizaron esos seguimientos, "pasaron de decir que no habían hecho nada a me lo ordenaron". En este sentido, el número dos de Ruiz-Gallardón explicó cómo se enteró de que estaba siendo espiado: "Me llamó el periodista José Manuel Romero, entonces redactor jefe de El País, y me dijo que tenían los partes de seguimientos" y que los iban a publicar al día siguiente.

Y entonces Cobo, tal y como ha relatado en la Asamblea, llamó a su secretaria para contrastar los partes con su agenda: "Compruebo los partes y son los mismos movimientos que hemos hecho. Me llama la atención que el día que no salí de mi domicilio porque estaba de viaje decían que no había salido de mi vivienda", ha explicado Cobo, que también ha resaltado que los partes publicados por el diario coinciden también con la agenda del exconsejero Alfredo Prada.

"Un cargo en la Comunidad"

Preguntado por el nombre de la persona que ordenó los seguimientos, Cobo dijo no saberlo: "El que da la orden no se lo puedo decir. Fue alguien que tenía un cargo en la Comunidad, que sea de mi partido, claramente sí lo era, no me lleva a pensar que el partido tiene algo que ver, porque yo era del partido y lo soy", ha relatado el compareciente, que dio un perfil del responsable del espionaje: "Creo que obedece más a personas que se creen impunes políticamente, en los medios y en la vida privada y se creen que van por encima de la gente y que el poder te da algo que no te da, y a algunas personas les pasa".

En este sentido, el que fuera número dos de Gallardón ha relatado que el espionaje no sólo se centró en los rivales políticos, sino que también abordaron temas personales: "Espiaron a personas con las que tienes relaciones. Eso también les interesa".

El propio Cobo recordó que fue él mismo el que calificó como gestapillo el espionaje: "Creo que siendo muy grave utilizar instrumentos públicos para enterarte, seguir, espiar o como se quiera llamar a un adversario, al final fue bastante casposo y bastante cutre".

El Ayuntamiento de Madrid, en representación del exvicealdalde del PP Manuel Cobo, presentó un escrito de conclusiones ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Carmen Valcarce, en el que acusa a seis excargos y exempleados de la Comunidad de Madrid de un delito de malversación de caudales públicos, según el documento al que ha tenido a acceso infoLibre.

El Consistorio madrileño, ahora gobernado por Ahora Madrid pero que ejerce la acusación en nombre del denunciante Manuel Cobo, responsabiliza en concreto al que entre marzo y mayo de 2008 fue director general de Seguridad del Ejecutivo encabezado por Esperanza Aguirre, Sergio Gamón Serrano, y que "impartió las órdenes", al mismo tiempo que dirigió las investigaciones y los seguimientos. Pero también contra el que fuera el hombre de confianza del anterior, el subdirector general, Miguel Castaño Grande, al considerar que también se aprovechó de sus cargos, por lo que les califica a ambos como cooperadores necesarios del espionaje.

El Consistorio, que no reclama penas de cárcelpenas de cárcel para ninguno de los acusados, solicita también el procesamiento de los exagentes José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, como autores del espionaje.

En nombre de Manuel Cobo

En concreto, la representación de Manuel Cobo asegura que los seguimientos se realizaron "por motivos ajenos a la finalidad de la Administración autonómica". Y en concreto, "estaban dirigidos a la investigación de las personas con las que se reunía, los actos a los que acudía y quién le acompañaba". Todo ello, según el escrito del Consistorio, "con un marcado fondo relacionado con la actividad en el aspecto de la política, no de la seguridad ni de sus funciones en el Ayuntamiento de Madrid".

Los acusados, personal al servicio de la administración de la Comunidad de Madrid, fueron destinados, según el escrito, "a las labores del servicio de vigilancia y seguimiento del vicealcalde de Madrid y otros cargos públicos, encargos que ocupaban sus jornadas laborales por completo y por las que se remuneraba con un salario mensual y dietas, y para las que se le facilitaba un material específico, que sin bien era compartido (excepto los teléfonos móviles), no era utilizado por otras personas de la administración".

Y las funciones que los excargos de Aguirre asignaron a los investigados, completa el escrito de acusación, "no forman parte de las previstas para la Comunidad de Madrid en materia de seguridad, por lo que tanto el dinero destinado a su salario como el que se utiliza para la compra y mantenimiento de material, que ha sido cuantificado, fue incorrectamente utilizado. Este dinero formaba parte de los fondos de la Comunidad de Madrid".

"Penalmente responsables"

La acusación de la Comunidad de Madrid también ha solicitado la apertura de juicio oral contra los acusados, al considerarlos "penalmente responsables" de un delito de malversación de caudales públicos de la Administración regional, entonces encabezada por Esperanza Aguirre, cuyo número dos era Francisco Granados, en prisión incondicional sin fianza desde hace más de dos años.

Presuntamente efectuados en 2008, los seguimientos tuvieron como objeto a algunos de los políticos más destacados del PP madrileño por su oposición interna a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín y luego sucesor, Ignacio González; el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de la capital, Manuel Cobo. En enero de 2013, uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, declaró por escrito que también Alberto Ruiz-Gallardón figuraba entre los espiados.

"Una gestapillo"

Esta accidentada causa provocó en 2009 un verdadero cisma en el PP madrileño y llevó al entonces número dos de Gallardón en la alcaldía madrileña, Manuel Cobo, a acusar al equipo de Aguirre de haber montado "una gestapillo".

Un portavoz oficial del Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena ha explicado a este periódico que el Ayuntamiento mantiene la acusación del caso de los espías habida cuenta de que la persona afectada era entonces vicealcalde del Consistorio. Además, en el Consistorio madrileño relatan que Cobo no ha renunciado por escrito a esta acusación popular.

Por otra parte, la magistrada Carmen Valcarce ha acordado la expulsión del PP como acusación popular del caso de los espías, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre. La jueza acuerda la salida del PP al no haber formulado la formación política un escrito de acusación, por lo que su presencia en el proceso "carece de finalidad jurídica".

El secretario de Política Municipal del PP y diputado nacional electo por la provincia de León Manuel Cobo ha renunciado a recoger este lunes su acta de diputado por "motivos personales" y ha decidido abandonar la primera línea de la política, según informaron a Europa Press fuentes del PP de León.

Según precisaron las mismas fuentes, esta renuncia se tramitó este lunes para que este martes, la siguiente en la lista, Carmen González, alcaldesa de Garrafe de Torío, pueda recoger su credencial y pueda ser presentada, junto con el resto de diputados conservadores en el Congreso y en el Senado.

Manuel Cobo, nacido en Ponferrada, ha ocupado diversos cargos en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Madrid. Entre los años 2003 y 2011 fue vicealcalde de Madrid en el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón. Después, coordinador de Gestión en Ifema.

Cobo ha pasado más de 20 años de su carrera política junto a Gallardón, a quien defendió en los momentos de más tensión con su partido y, sobre todo, con la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Entre los encontronazos más sonados se cuenta la presentación de su candidatura en 2004 para alzarse a la presidencia del PP de Madrid, órdago que finalmente fue desactivado al no conseguir los avales necesarios para continuar en el proceso pero que sembró el germen para desencuentros posteriores.

Cinco años más tarde, las tensiones volvieron a cuenta de un presunto caso de espionaje por parte de lo que se llegó a calificar de "gestapillo" de funcionarios de la Comunidad de Madrid a varios dirigentes del PP, entre ellos el propio Cobo, y que el exvicealcalde llevó ante los tribunales, aunque acabó retirando la denuncia por petición de su partido.

El secretario ejecutivo del PP en materia de política local, Manuel Cobo, comunicó este jueves por carta al director general del Ifema, Fermín Lucas, su renuncia como consejero de este organismo. Cobo, ex vicealcalde de Madrid, recaló en la institución ferial tras la marcha de Alberto Ruiz-Gallardón al Gobierno tras las elecciones generales de 2011.

Tras las elecciones municipales del pasado mayo, tanto la alcaldesa, Manuela Carmena, como la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, anunciaron su intención de reducir los cargos directivos de Ifema. 

"Quiero agradecerte la confianza que demostraste en mí, cuando me ofreciste trabajar a tu lado. Espero no haber defraudado esa confianza, haber cumplido con el trabajo que me has encomendado y haber sido útil a ti y a Ifema en este tiempo, especialmente en el examen, análisis y valoración que juntos hemos hecho de ferias y congresos", explica en la misiva a la que ha tenido acceso infoLibre, en la que además pide "disculpas por los errores que haya podido cometer".

En la misiva, Cobo segura, además, que en este periodo ha ratificado "desde dentro", la "entrega, dedicación y gran profesionalidad" que ha demostrado el director general en los 18 años que ha dirigido Ifema.

En este sentido, Cobo ha querido recordar que Ifema "no tiene ni un euro de deuda", algo que califica de "excepcional en estos tiempos" y que el 88% de los 539 millones invertidos –construcción inicial y ampliaciones incluidas– ha sido financiado con recursos generados por la propia actividad.

Añade que en estos momentos Ifema cuenta con unos excedentes de tesorería de más de 50 millones de euros y que no recibe subvenciones. "Si a estas cifras añadimos las de la actividad ferial y de congresos, que la sitúan entre las mayores de Europa, se puede calificar de muy eficiente la gestión realizada".

Cree que todo ello puede ser mejorado siempre que se mantengan "el rigor y profesionalidad actuales" y recuerda que en sus responsabilidades anteriores como consejero de la Comunidad de Madrid, como vicealcalde de Madrid, y como miembro de la junta rectora, ya conocía la institución y la importancia que tiene para la economía madrileña y española.

La magistrada sí aceptó citar, también como testigo, a Yolanda Laviana, exesposa del antiguo director de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, y quien en 2010 relató al diario El País que su marido ya había vigilado en 2006 y para Ignacio González al entonces consejero madrileño Alfredo Prada.

La citación de Laviana se produce a petición de la defensa de tres de los seis imputados así como de la acusación popular que en nombre de los socialistas madrileños (PSM) ejerce el abogado Wilfredo Jurado.

Tras lograr que la Audiencia de Madrid ordenase reabrir el caso tres veces, Jurado recalcó este viernes en la vistilla ante Valcarce que, seis años después de iniciada la instrucción, aún no se ha “despejado la equis” del caso. Es decir, aún no se ha averiguado quién ordenó montar la trama de espías en la que supuestamente participaban los policías y guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid y que se sentarán en el banquillo.

Yolanda Laviana ya fue citada por la juez hace un año. Pero cuando llegó el momento de la verdad esgrimió su derecho a no declarar contra el que había sido su marido, Sergio Gamón.

En la audiencia preliminar la juez Valcarce recordó que la cuestión de si un divorcio exime o no a un testigo de declarar contra quien fue su cónyuge no se ha resuelto aún jurídicamente de modo pacífico. Y que si al final Laviana declarase y alguna de las defensas lograra la nulidad de su declaración, todo lo que de ella se derivase quedaría automáticamente anulado en aplicación de lo que en derecho se conoce como la doctrina de los frutos del árbol envenenado.

Un ejemplo: si, como consecuencia de la declaración de Laviana, Ignacio González fuese imputado y eventualmente condenado, esa condena acabaría anulada si previamente quedase sin efecto el testimonio que originó su inculpación.

La declaración del hasta hace dos semanas presidente de Madrid y expresidente cuando los seguimientos acreditados -2008- tuvieron lugar no fue la única que la juez Valcarce ha rechazado.

La magistrada también desechó citar al exconsejero Salvador Victoria, mano derecha de Ignacio González; al exconsejero de Presidencia Francisco Granados, ahora preso por la Operación Púnica; y al exdirector de la Academia madrileña de Policía, Agustín Carretero, entre otros.

La defensa de los guardias civiles José Oreja y José Manuel Pinto, a los que ahora se ha unido otro guardia civil imputado, Antonio Coronado, reclamó igualmente sin éxito a la jueza la incorporación a la causa de las grabaciones difundidas en febrero por el diario El Mundo.

Efectuada en 2012, en esa grabación se oye cómo uno de los agentes, José Oreja, le explica a Francisco Granados que el entonces viceconsejero de Presidencia, Alejandro Halffter, le había felicitado por salvar en sus declaraciones a la cúpula del Gobierno regional. Sus palabras fueron estas: “A mí me dijo Halffter: 'Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas”.

En enero de 2013, Oreja cumplió aquello de lo que ya había avisado a Granados en aquella reunión grabada: le contó a la juez, por escrito, que había espiado a Alfredo Prada pero también a Alberto Ruiz-Gallardón en su etapa como alcalde porque Ignacio González tenía “especial interés” en conocer sus movimientos y con quiénes se reunían. Como Gallardón y Prada, el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, fue igualmente objeto de seguimientos.

La jueza que desde 2009 investiga el presunto espionaje a cargos del PP contrarios a Esperanza Aguirre por parte de funcionarios a sueldo de la Comunidad de Madrid ha ordenado iniciar los trámites para juzgar en un juicio con jurado a los seis imputados. Titular del juzgado de instrucción 5 de Madrid, la magistrada Carmen Valcarce considera “verosímil” atribuirles la comisión de los hechos investigados, que “revisten por ahora [...] los caracteres de delito de malversación de caudales públicos”. Así lo escribe en una resolución fechada el 26 de junio y a la que ha tenido acceso infoLibre.

Tras el durísimo auto adelantado por este diario y con el que, por tercera vez, la Audiencia de Madrid le obligó el 1 de junio a reabrir el caso, Valcarce ha convocado a todas las partes a una comparecencia –vistilla, en el argot jurídico- para que el viernes 10 de julio a las cinco y media de la tarde pidan el sobreseimiento, lo que en teoría sigue siendo posible, o la continuación del procedimiento. A esa comparecencia no acudirán sólo los abogados. También los imputados han de estar presentes.

De momento, y antes de que llegue ese momento, ya hay otra solicitud. Y de calado: el abogado que representa a dos imputados clave, José Manuel Pinto y José Oreja, reclama que se ponga bajo protección a Yolanda Laviana, exesposa del exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid, el también imputado Sergio Gamón, y que se la cite a declarar.

En junio de 2010, Laviana afirmó en declaraciones al diario El País que su marido ya investigaba en 2006 al entonces consejero Alfredo Prada para Ignacio González, en aquel momento delfín de Esperanza Aguirre. En septiembre de 2012, y tras la inesperada dimisión de Aguirre, González tomó el relevo de su mentora al frente del Gobierno madrileño. 

Dos años y medio después de aquellas primeras declaraciones de Yolanda Laviana, el guardia civil imputado José Oreja dio una vuelta de tuerca al caso al enviar a la jueza una confesión escrita en la que reconocía exactamente lo que la exmujer de Gamón había dicho. Y más.

En su escrito, Oreja relataba cómo había espiado a Alfredo Prada pero también a Alberto Ruiz-Gallardón en su etapa como alcalde y a su mano derecha, Manuel Cobo, porque Ignacio González tenía “especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”. Aquello no conmovió a la jueza Valcarce, que al poco volvió a dar cerrojazo al caso.

“Aterrorizada, arruinada, moralmente hundida y sola”

Obligada de nuevo por la Audiencia de Madrid a reabrir la causa, la jueza ya citó a declarar a Yolanda Laviana el año pasado. Pero, una vez ante ella, le concedió la potestad de no declarar contra Sergio Gamón porque había estado casada con él. Ese argumento, concluyó la Audiencia de Madrid en su auto del 1 de junio, no vale: porque en el momento de colocarse ante la magistrada, a la testigo ya no le unía ninguna relación afectiva ni de lealtad conyugal con su exmarido.

Al solicitar que Yolanda Laviana sea llamada de nuevo a testificar, la defensa de Oreja y Pinto subraya cómo recibió con “perplejidad” que se acogiese a un hipotético derecho de silencio. ¿Por qué? Porque Laviana se había reunido “por petición propia con esta parte manifestándonos todo lo contrario el día 10 de mayo de 2013”.

Según el letrado de Oreja y Pinto, Ramón González Bosch, en aquella reunión la exmujer de Gamón le transmitió, entre otras cosas, lo siguiente: “Desde que empezó todo esto se encuentra aterrorizada, arruinada económicamente, moralmente hundida y sola”. Además, ratificó “todo lo manifestado por ella y publicado por el periódico El País” y dio “como verídicas estas informaciones en todos sus extremos”.

El abogado agrega que quien luego se convirtió en una testigo refractaria le desveló entonces cómo “continuamente está siendo seguida”. Y que “estaba dispuesta a ratificar delante de su señoría toda la información publicada por El PaísEl País y a aportar más información de relevancia a favor de la verdad”.

No era posible calcular el daño hecho

Si en la vistilla del viernes de la próxima semana la jueza descarta el sobreseimiento, podrá practicar nuevas diligencias y tendrá que dar luego traslado a las partes para que presenten los escritos de acusación y defensa.

En esta causa, la Fiscalía no acusa. Se mantiene abierta porque la acusación popular, ejercida por los socialistas madrileños a través del abogado Wilfredo Jurado, recurrió los tres intentos de carpetazo de la magistrada. Y en sus tres recursos obtuvo el respaldo de la Audiencia de Madrid.

Reacia desde el primer momento a investigar más allá del primer nivel –el de los agentes directamente involucrados en los seguimientos, en favor de cuya existencia hablan distintos informes caligráficos y de posicionamiento de teléfonos móviles-, la jueza Valcarce se aferró a que no era posible cuantificar el daño causado a las arcas públicas.

Y que como eso no era factible, tampoco lo era atribuir a los imputados un delito de malversación. Ocasión tras ocasión, la Audiencia de Madrid tumbó sus razonamientos y forzó la reapertura de la causa.

Ahora, la gran incógnita radica en si, por cuarta vez, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid desoye el mandato de la Audiencia Provincial e intenta, tras la vistilla del 10 de julio, volver a archivar el caso.