Siempre nos quedará París. Es probablemente la frase más inmortal de la historia del cine. Cuatro palabras que pronuncia Rick instantes antes de despedirse de Ilsa en el aeropuerto de Casablanca al final de la mítica película de 1942. Cuatro palabras que resumen la melancolía de un pasado perdido, de un amor que fue pero nunca más será y de todos los recuerdos concentrados en la ciudad. El personaje interpretado por Humphrey Bogart se despide así de ese mundo pasado, pero sabiendo que todo lo vivido perdura, inmutable pese a las circunstancias. Una nostalgia que también retrata Stefan Zweig, esta vez recurriendo a la Viena de finales del siglo XIX y principios del XX, en su libro El mundo de ayer, todo un canto a la nostalgia y al tiempo pasado que, como siempre, pensamos que fue mejor.

En esas utopías pretéritas no cabe esperanza alguna para la recuperación. Rick no volverá a reencontrarse con Ilsa, a la vez que Zweig nunca volvería a ver esa Viena que añoraba. Una sensación tan poderosa que llevó al autor a suicidarse en Brasil, seguro de que los nazis triunfarían y acabarían con todo lo que un día fue suyo. Sin embargo, hay algunas utopías que se resisten a morir. En la década del auge de la extrema derecha en todo el mundo, con una Francia que parece dirigida irremediablemente hacia el precipicio de una presidencia dirigida por Rassemblement National (RN), París resiste. 

La capital francesa se ha erigido como una extraña aldea de irreductibles galos que decide seguir viviendo en una ciudad con una configuración partidista más propia del siglo pasado que de este. Las elecciones municipales solo han sido una nueva confirmación de que París sigue siendo una excepción en las tendencias ultras que amenazan Francia. Si alguien busca en los resultados de la segunda ronda los votos que sacó RN no encontrará absolutamente nada. El partido de Marine Le Pen ni siquiera pudo concurrir a esa fase de los comicios después de que solo les votaran 13.000 personas, un exiguo 1,61% de los votantes. 

Para completar el desastre, RN quedó incluso relegado por detrás del otro partido de extrema derecha, Reconquête (REC), fundado por el polemista Eric Zemmour. Sin embargo, tampoco ellos tuvieron mucha suerte, tan solo lograron 84.809 votos, apenas unas décimas por encima del 10% necesario para pasar a segunda vuelta. Ante las nulas posibilidades de conseguir la alcaldía, REC decidió renunciar y ni tan siquiera presentarse, dejando esa fase definitiva sin ningún representante de la extrema derecha. Algo insólito y que parece de ciencia ficción en un país donde las encuestas dan a Jordan Bardella, actual presidente de RN y sucesor de Le Pen ante su posible inhabilitación, favorito para las presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta.

Mientras tanto, dos partidos a los que durante estos años se les ha dado por muertos en el escenario internacional son completamente hegemónicos. Por un lado, el gran triunfador, el Partido Socialista (PS), que pese a las polémicas y el desgaste por su apoyo a Sébastien Lecornu, ganó de forma incontestable en París. Su candidato, Emmanuel Grégoire, recogerá el testigo de Anne Hidalgo con una fuerza de 428.143 votos y más de un 50% en la segunda ronda. Por otra parte, Les Républicains (LR), la antaño derecha gaullista y el partido de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, ahora galvanizada por la extrema derecha, logró en París un buen resultado comparado con su situación nacional, quedando segunda con un 41% de los votos en segunda ronda para su candidata, Rachida Dati. 

Ambos partidos históricos aglutinaron en primera ronda el 63% de las papeletas, ampliándose —por las retiradas en segunda— al 91%. Un bipartidismo casi perfecto. No es algo nuevo en la ciudad del amor. En prácticamente todas las elecciones ambas formaciones han sido primera y segunda fuerza, incluso en 2020, cuando el macronismo era una formación muy relevante en la capital, LR pudo aguantar con dos puntos de ventaja en la primera vuelta, un margen que subió a los 11 en la segunda. En cuanto a los socialistas, llevan gobernando de forma ininterrumpida en este siglo, siempre con ventajas cercanas a los 10 puntos en segunda ronda. 

Pero ¿por qué sucede esto? Los expertos lo atribuyen a muchos factores, pero uno de los más importantes es el dominio ideológico que los socialistas han logrado establecer en París. “Existe una cierta hegemonía alrededor de un conjunto de políticas públicas y de una visión de la ciudad que Hidalgo terminó de cristalizar durante su anterior legislatura. No hay que negar que todo el tiempo que llevan los socialistas ha hecho que se establezcan una serie de consensos que, por ejemplo, la izquierda no ha sabido implantar en otros lugares como Madrid”, afirma Marc Sanjaume, profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra. 

Entre esas políticas puestas en marcha por Hidalgo están la reducción al máximo posible del uso del coche con la peatonalización de zonas icónicas como los bordes del Sena, la promoción del uso de la bicicleta y dotar a la ciudad de espacios verdes. Un modelo de ciudad que, pese a las divisiones que suscitó en la urbe y el desgaste de la propia alcaldesa, parecen haber permeado a los parisinos, volviendo a dar su apoyo al sucesor de Hidalgo.

“El PS, pese a su crisis, ha aguantado muy bien estos años en las municipales, y tiene alcaldías muy importantes por toda Francia. En el caso de París, Grégoire se ha aprovechado del impulso de Hidalgo y de sus políticas, de hecho, el electorado de izquierdas ha votado masivamente la continuación de estas. El parisino que vive en el centro— quizás no tanto el de la periferia, que no vota— ve que su ciudad es mucho más ‘vivible’ que hace unos años, y aprueba la transformación radical que ha implementado Hidalgo”, describe Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

Otro de los factores más determinantes para que se dé esta “isla” es la espectacular división entre lo rural y lo urbano en Francia. Es cierto que en muchos países se han visto grandes cambios en la forma de votar entre las ciudades más grandes y los pueblos, pero quizás en el país galo es uno de los sitios donde este fenómeno se vuelve más radical. “Es una división que en Francia es tremenda. El país vive de unos polos urbanos de mucha modernidad, como puede ser París, pero eso convive con lugares que están completamente abandonados y con unos servicios públicos muy deficientes”, señala Sanjaume.

Para Fernández Vázquez, hay otra cuestión clave: el apellido Le Pen nunca ha tenido éxito en la capital. “Aunque Jean-Marie y Marine proceden de Bretaña, ambos se establecieron en París. Y lo curioso es que son las dos regiones donde peor les ha ido. Hay factores culturales que son determinantes para su poco éxito y que vienen de la estigmatización constante que ha tenido el partido en la ciudad. La gente que les votaba no lo decía en alto, lo escondía… y en buena medida eso les hacía ser una formación poco reconocible en París”, comenta Fernández Vázquez. En este sentido, es determinante atender a la composición interna de la capital. La ciudad de las luces es un lugar étnicamente diverso y multicultural, una idiosincrasia que choca completamente con los postulados antiinmigración de RN.

Sin embargo, ese mensaje sí es muy efectivo en esos lugares de Francia que no tienen el dinamismo económico de París. Del sentimiento de abandono que aflora en estos lugares fuera del área parisina se alimenta buena parte del discurso de la extrema derecha, que coloca a París como un lugar lleno de élites alejadas de la realidad del francés de a pie. “RN ha sabido detectar muy bien ese apego al territorio que tienen muchos franceses en contra de París, a la que ven como un nido de urbanitas, símbolo de buena parte de las cosas que odian, como por ejemplo las medidas ecológicas”, describe Sanjaume.

En este sentido, en Francia opera muy bien una lógica que también se ha visto en EEUU y que tiene que ver con la dialéctica de ganadores y perdedores de la globalización. “Existe una clase social, que suele vivir en las ciudades y particularmente en París, que ha visto cómo sus sueldos han subido, viven bien y disfrutan de esos privilegios. Mientras tanto, hay un conjunto de la población de las ciudades pequeñas y medianas y los pueblos cuyo nivel de vida ha ido bajando más y más”, explica el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra. Ese resentimiento ha nutrido a RN y es uno de los factores clave para explicar su auge, pero ese discurso no tiene público en el lugar que precisamente usa como símbolo de esas élites que están hundiendo a los franceses rurales.

Otra de las cuestiones que explican el aguante de la izquierda en París es que en los barrios con la renta más baja los votantes no están apoyando, como sucede en otros lugares, a RN, sino que la izquierda ha sido capaz de canalizar ese descontento. En esos distritos más pobres, es llamativo cómo La Francia Insumisa (LFI) llega a superar el 20% de los votos, mientras que la extrema derecha continúa en números bajos. “El partido de Mélenchon está logrando un éxito tremendo entre la Francia más multicultural, la de origen migrante reciente. Ese grupo, con salarios bajos y renta pobre, ha sido uno de los sectores más abstencionistas. Pero LFI está sabiendo politizar y haciendo que voten. Eso solo lo está sabiendo hacer Mélenchon”, describe Fernández Vázquez. 

Sin embargo, y aunque los Le Pen no hayan tenido ningún éxito, Fernández Vázquez señala que el resultado de REC sí es reseñable. El de Zemmour es un partido aún más a la derecha que RN, pero con una composición demográfica y socioeconómica distinta que explica sus mejores números. “REC ha recibido el apoyo de una parte de los votantes de la derecha tradicional, de sus medios de comunicación y de los empresarios. Su electorado coincide con la parte de la sociedad más rica. Es un fenómeno difícil de explicar porque, a pesar de tener propuestas más radicales que RN, su grueso de apoyo está en los sectores más acomodados, bien vistos e integrados. Es esa ‘derecha del dinero’ la que les ha votado hasta el punto de pasar a la segunda ronda en un sitio tan hostil”, comenta Fernández Vázquez.

La única ciudad grande que se sale de este marco es Niza, donde RN, por medio de su alianza con el partido Unión de la Derecha por la República, del exlíder de LR Eric Ciotti, ha logrado la alcaldía. Sin embargo, una vez más, hay matices. “La gente identifica a Ciotti, pese a su deriva actual, con una derecha más tradicional, no tan demonizada como RN, lo que hace que pueda tener más éxito”, comenta Sanjaume. Además, el electorado de la Costa Azul, asegura Fernández Vázquez, es algo diferente al de otros que apoyan a RN: “Son unos votantes pertenecientes a una derecha de clase media-alta, conservadora en lo moral, antiimpuestos y obsesionada con la seguridad y la inmigración. En esos lugares hay mucho peso de clases acomodadas que estaban muy preocupadas por la llegada de los argelinos y por otros sectores que se sentían traicionados por la Francia oficial precisamente por la pérdida de Argelia”, zanja el politólogo.

Hazte Oír ha presentado su tercera ampliación de querella y ha pedido al juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cite como testigo a la exministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, al tiempo que ha instado a que solicite a la Guardia Civil que recabe toda la información de los vuelos realizados por aviones oficiales a República Dominicana desde la llegada de Sánchez al Ejecutivo.

En su ampliación, a la que ha tenido acceso Europa Press, la acusación popular pone el foco en Globalia y las prórrogas y modificaciones que tuvieron lugar a partir de 2018 con relación al contrato público 'Expediente 54/17'". En concreto, y en lo relativo a Maroto, recuerda que su Ministerio fue el "adjudicatario" del mismo.

"Tras semanas de investigación y trabajo hemos aportado al Juzgado un informe detallado relativo a un contrato público que fue adjudicado a Globalia y cuyas prórrogas y modificaciones presentan serios indicios de poder ser irregulares", ha señalado el abogado de Hazte Oír, Javier María-Pérez Roldán.

La nueva información aportada al magistrado Juan Carlos Peinado, afirma la asociación, "coincide en el tiempo con el rescate" de la compañía. "Se trata de varias prórrogas y modificaciones de un contrato público adjudicado a Globalia que, a partir de 2018, supusieron aproximadamente 215.000.000 euros", aduce.

La asociación, que recuerda que entre 2018 y 2023 se encargó del departamento de Industria, Comercio y Turismo, asegura que "debe tenerse en cuenta su presencia en los actos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en San Petersburgo (Rusia), en el año 2019, en los que coincidió con Begoña Gómez así como con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo".

En lo relativo a los vuelos a República Dominicana, Hazte Oír asegura que "es uno de los países de gran interés empresarial para el grupo Globalia/Air Europa" y ponen el foco en el V Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) al que acudió Gómez y en el que Maroto participó "a través de vídeo".

Según el abogado de esta acusación popular, "con esta nueva ampliación se abre la vía a que el juez instructor de la causa vuelva a citar a Begoña Gómez como investigada así como a Javier Hidalgo como testigo por primera vez".

Además, la organización pide que se llame como testigo a varias personas más, entre ellas Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, y a Juan Arrizabalaga, "contratado en septiembre de 2018 como director general por Globalia y que fue cesado de su puesto en el año 2019", por lo que considera clave tener conocimiento pleno de la gestión del grupo.

Hazte Oír solicita también la testifical de Felicia Appenteng, directora general del IE Fundación y presidenta del IE Africa Center, "tras la testifical de Diego del Alcázar, presidente del Instituto de Empresa, y su declaración respecto a una ciudadana americana que interesó la contratación de Begoña Gómez por el IE así como por su mención directa a Felicia Appenteng".

Reclama igualmente que se cite a Juan Ignacio Díaz Bidart, que fue CEO de Enisa, empresa pública que sufragó unas jornadas del empresario Carlos Barrabés en Ifema en 2019, 2020 y 2021. Asimismo, fue profesor asociado de Economía en la Universidad Carlos III entre 2006 y 2018, "donde conoció a Maroto, que le nombró jefe de Gabinete en junio de 2018. Entre 2003 y 2015 fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid)", añade.

La lista la completa José Bayón, quien fue presidente de Enisa, ingeniero industrial y miembro de la Ejecutiva del PSOE de Segovia, y en la actualidad al frente de EOI, una sociedad que ya consta en las actuaciones tras la segunda ampliación de Hazte Oír, según señala la propia organización.

En su ampliación, la asociación insta al juez a pedir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dé cuenta de las "fechas, inclusión o no en agendas oficiales, motivos de tales desplazamientos, relación de tripulantes así como de personas para quienes se fletaron dichos vuelos y acompañantes, gastos imputables y cualquier otra información de relevancia".

Adicionalmente, reclama que "se solicite la información a Presidencia del Gobierno así como a la secretaria de la investigada, Cristina Álvarez, de las reuniones o encuentros, con fechas concretas, que ha tenido el presidente del Gobierno desde su llegada al Gobierno en el año 2018, así como su esposa ya sea en Moncloa o en localización exterior de la que tengan constancia" con varias personas.

En concreto, Hazte Oír requiere esos datos de encuentros con el empresario Carlos Barrabés; con Javier Hidalgo; con el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili; y con el rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache. Cabe destacar que tanto Barrabés como Goyache se encuentran investigados por el magistrado.

Además, solicitan que se "recaben el Expediente 54/17 contrato centralizado de servicio de agencia de viajes de la Administración General del Estado" y que se recopilen "los correos electrónicos entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez entre enero de 2018 y mayo de 2022". Por otro lado, pide que se reclamen "los contratos y borradores de contratos entre la mercantil Wakalua" y la OMT, el Grupo Barrabés, Innova Next, Globalia y el IE Africa Center.

El exministro de Infraestructuras luso Pedro Nuno Santos sucederá a António Costa como secretario general del Partido Socialista (PS) de Portugal tras vencer en las elecciones internas con el 62 % de los votos de los militantes, según los resultados preliminares.

Santos será el nuevo líder socialista al imponerse a sus dos rivales, el ministro de Administración Interna, José Luís Carneiro (36 % de los votos), y Daniel Adrião (1 %), anunció este sábado el secretario nacional de organización, Pedro do Carmo, en la sede del partido en Lisboa. Minutos antes de anunciarse los resultados, Costa ya había enviado un mensaje de texto a los militantes en el que felicitó a su sucesor.

"En este momento de pasar el testigo, felicito a nuestro camarada Pedro Nuno Santos, a quien deseo las mayores felicidades personales y políticas", escribió el primer ministro en funciones y hasta ahora secretario general del partido en un mensaje a los militantes al que tuvo acceso EFE.

Santos, de 46 años, será el candidato socialista a primer ministro en los comicios legislativos del próximo 10 de marzo, después de que Costa dimitió como jefe del Gobierno tras saberse investigado en un caso de supuestas irregularidades en negocios del litio y del hidrógeno.

El secretario general electo es desde hace años el rostro visible del ala más a la izquierda del partido y era considerado desde hace tiempo como uno de los 'posibles delfines' de Costa.

Bajo sus órdenes fue secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios y ministro de Infraestructuras, pero dimitió de este último cargo hace un año por el pago de una indemnización irregular por parte de la aerolínea estatal TAP a una administradora.

Además, lideró las negociaciones con los partidos de la izquierda que en 2015 culminaron con un acuerdo parlamentario bautizado como 'geringonça', que le permitió a Costa llegar al Gobierno.

Durante su campaña para las primarias socialistas, ha defendido una propuesta basada en promesas como reforzar el Estado social, recuperar la antigüedad congelada de los funcionarios, mejorar los salarios y ofrecer más vivienda asequible. Santos será recibido este domingo por Costa en la sede del partido.

Cerca de 60.000 militantes socialistas estaban llamados a votar en las elecciones internas que el PS realizó este viernes y sábado. De cara a los comicios de marzo, el nuevo líder arrancará su campaña de forma oficial en el Congreso que la formación política celebrará entre el 5 y el 7 de enero.

En su discurso de victoria, Santos prometió no dejar atrás a nadie y pidió una mayoría amplia en las elecciones legislativas para garantizar la estabilidad del país, sin querer dar pistas sobre posibles pactos para poder gobernar.

"Queremos construir un Portugal donde todos tengan lugar, donde nadie sea invisible ni quede para después", dijo en un largo discurso ya en la madrugada del domingo en la sede del partido en Lisboa.

Santos destacó todo el trabajo realizado por el actual primer ministro Costa en funciones durante ocho años de Gobierno y manifestó su intención de continuarlo, porque todavía queda "mucho por hacer".

Para ello, quiere una "gran mayoría" socialista en las elecciones legislativas del 10 de marzo para garantizar "estabilidad" en Portugal, y no quiso anticipar posibles pactos futuros con otras fuerzas políticas si fuesen necesarios para gobernar.

"Hoy no hablé de ninguna 'geringonça", insistió ante las preguntas de los periodistas, a quienes aseguró que contará con su predecesor en la campaña electoral y que aprovechará su "inteligencia", "experiencia" y "sagacidad".

El nuevo líder socialista centró su discurso en la idea central de su candidatura, "Portugal entero", y dejó promesas para los jóvenes, los mayores y las mujeres, entre otros.

Prometió apostar por subir sueldos y pensiones, garantizar vivienda accesible a los jóvenes para que puedan emanciparse, formar una familia y luchar por la igualdad salarial de las mujeres.

También se dirigió a las empresas, a las que el Estado no debe "sustituir", sino ser su "socio", y se mostró partidario de una sanidad pública, universal y con tendencia a ser gratuita: "Queremos salvar el Sistema Nacional de Salud (SNS)", dijo.

La apuesta por el Estado social tendrá que conciliarse con las "cuentas públicas correctas" y la disminución de los niveles de deuda, aunque matizó que no quiere "recortar salarios, pensiones ni gasto en nombre de la caída de la deuda pública".

Santos defendió igualmente que Portugal quiere ser central en la Unión Europea (UE), sin dejar de ser "críticos", porque el bloque debe "servir a los ciudadanos".

Los parlamentarios de UPN han abandonado este jueves el pleno del Parlamento de Navarra en protesta por la moción de censura que PSN y EH Bildu han acordado para desbancar a la formación regionalista de la Alcaldía de Pamplona, según informa Europa Press.

El presidente y portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, ha cargado con dureza contra los dirigentes del Partido Socialista, a los que ha calificado de "escoria". "Escoria es alguien o algo que no merece ninguna valoración positiva ya que resulta dañino o maléfico. Esto no es ningún insulto. Es evidente que Chivite y Sánchez son dañinos para Navarra. Es evidente que es vil lo que están haciendo", ha asegurado.

"El PSN tiene 11 parlamentarios de los 30 que conforman este Gobierno y pasa a estar en minoría. Geroa Bai y EH Bildu suman 16, a nosotros nos insultan, con nosotros no cuente, aquí se queda", ha dicho Esparza, a lo que ha añadido: "Yo no sé cómo no vomita por las noches. Vende su alma, vende Pamploma...¿Le compensa con tal de ser presidenta?"

El presidente de UPN se ha pronunciado en estos términos durante una pregunta sobre autogobierno que había formulado a Chivite en el pleno del Parlamento y tras concluir su intervención, el propio Esparza y el resto de parlamentarios de UPN han abandonado el salón de plenos.

Hay una prueba irrefutable de que el desplante estaba preparado como si se tratara de una travesura escolar: al terminar la intervención de Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, en la solemne apertura de la Legislatura, antes de dar paso al discurso del Rey, Feijóo y una decena de diputados se quedaron quietos con los brazos cruzados, que es una pose muy poco frecuente en un auditorio. Nadie en el Grupo Popular (ni en Vox, que también negó el aplauso), hizo el más mínimo ademán de entender si había o no que aplaudir.

Por eso resulta inverosímil la justificación de Feijóo cuando se le preguntó por qué los populares no habían aplaudido y contestó que el motivo era el supuesto sectarismo del discurso de la presidenta (“el peor discurso de un presidente del Congreso que he escuchado”, dijo, además). Lo cierto es que la gamberrada estaba preparada antes de que las diputadas y los diputados escucharan a Armengol, dijera lo que dijera.

Lo habitual en el Congreso es que cada grupo solo se aplauda a sí mismo, por intervenciones o decisiones propias. Pero hay momentos excepcionales, como estas sesiones pomposas (el desfile militar, el baldaquino de gala, la puerta de los leones… ) con las que se da inicio formal a la Legislatura. Y lo normal es que a la tercera autoridad del Estado, que es además la persona que simboliza el valor supremo de la soberanía popular representada en las Cortes, se la aplauda. Hasta los nacionalistas vascos y catalanes, tan poco pródigos, ovacionan al presidente en estas ocasiones. En las aperturas habidas hasta la fecha no se recuerda ninguna en la que los dos grupos más numerosos de la Cámara, el socialista y el popular, no aplaudieran el discurso del presidente o presidenta. Hasta en abril de 2004, cuando Zapatero llegó al Gobierno tras el atentado del 11 de marzo, con un PP noqueado por la derrota electoral, Rajoy y los suyos aplaudieron al presidente Manuel Marín. Con mayor o menor fervor, ese discurso institucional se ha reconocido siempre por su significado institucional... 

… Hasta que el pasado miércoles Feijóo rompió la tradición, en un gesto que es síntoma evidente del tono que el líder del PP quiere dar a su oposición: duro, frentista, impermeable. Nada nuevo en realidad, porque el PP siempre ha actuado con extrema severidad contra los gobiernos socialistas. A Felipe se le castigó sin piedad en la última parte de su mandato, con ensañamiento en el trienio 93-96. A Zapatero, como a Sánchez, se le consideró ilegítimo y se le vapuleó también sin miramientos utilizando con prioridad el argumento de la unidad de España supuestamente en riesgo.

Viendo cómo el PP negaba el aplauso a Armengol, el PSOE extendió el suyo durante más de un minuto. La descortesía de los conservadores puso en un aprieto al Rey, que como es natural aplaudió aunque no tanto como los socialistas. Al Rey se le ve en las últimas semanas un semblante excesivamente serio y circunspecto, como si no le gustara nada lo que está pasando. Eso no es bueno ni para el país ni para la Monarquía, porque como sabe muy bien Juan Carlos, hasta la fecha, por su importancia y su tradición, es un partido de origen y esencia republicanos, el PSOE, quien más relevancia tiene en el mantenimiento de la Corona.

Está por ver si la agresiva estrategia de desgaste definida por Feijóo funciona o no para sus intereses electorales. Lo que parece ya irremediable es que tengamos por delante meses de travesuras, broncas y excesos verbales. Al menos no nos aburriremos.

Pedro Sánchez dio motivos suficientes en su discurso de investidura para mantener a Irene Montero en Igualdad, al afirmar con contundencia la defensa del feminismo en el Gobierno que previsiblemente se formaría como lo había hecho en el gobierno de coalición que acababa. Si a eso añadimos sus palabras, al dar cuenta de los nombres del nuevo Gobierno, de que se trata de “un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político”, en la situación política actual la persona que mejor encarnaba ese perfil, por el papel que ha jugado y la experiencia conseguida en estos años, era Irene Montero. No ha sido así.

En los discursos de su investidura retumbaron en el hemiciclo las palabras coincidentes de Feijóo y Rufián; en el caso de Feijóo, señalando las intenciones de Pedro Sánchez, ya evidentes, de prescindir de Irene Montero, al alardear de tanto feminismo, ratificadas con las de Rufián, alabándola. Cuando en la mañana del lunes se iban conociendo en las televisiones los nombres de los ministros y ministras, como si se tratara de las bolas de los premios del bombo del sorteo de la lotería de Navidad, aumentaba la expectación por conocer el nombre del Ministerio de Igualdad, que se resistía,  con  lo que todavía se albergaba la posibilidad de que se mantuviera a Irene. Como fue el último Ministerio al que se le asignó titular, ocupó el más amplio  espacio en comentarios y debate en las tertulias, tanto la no continuidad de Irene Montero, como el nombre de la nueva titular, muy desconocida, a pesar de su buen curriculum municipal y profesional como profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, pero a la sombra de Oscar Puente. Enseguida se la ha considerado de perfil bajo, en contraposición al de Irene Montero.

El Partido Socialista no deja a sus hombres y mujeres en la estacada. Han vuelto al Congreso José Luis Ábalos y Carmen Calvo, y esta no se ha podido manifestar más hiriente con Irene al manifestar que es “la segunda mujer más feliz porque el Ministerio de Igualdad tenga otra vez la batuta del Partido Socialista”. También se daba casi por seguro, y a pocos hubiera extrañado, que Marlaska no continuaría, pero sigue. 

En cambio, a la izquierda del Partido Socialista se mantienen las guerras. Y la secular condición cainita. Pero todas las guerras, como la de Putin en Ucrania y la de Netanyahu con Palestina, tan cruentas y criminales, como las ideológicas y de poder entre cercanos o amigos, las familiares, que conforman ahora Sumar, pueden acabar mal si no hay tregua, negociación y concordia. Y la concordia, de la que tanto se ha hablado, y  que era una  exigencia de paz en este momento, no se ha producido. Si Podemos tiene que hacer autocrítica de sus errores, también Sumar, y no he visto disposición para ello. La discordia tiene muchos padres, no sólo Pedro y Yolanda.

Pero si Pedro Sánchez ha negociado con Junts para hacer de la necesidad virtud, si eso mismo hizo en 2019 para formar el primer Gobierno de coalición, (entonces no echaron a los miembros de Podemos, como ha dicho Ione Belarra, sino que los admitieron), si Yolanda Díaz fue elegida como sucesora por Pablo Iglesias, no se entiende que tanto Pedro Sánchez como Yolanda hayan sido tan desagradecidos con Podemos. Lo que no entra en la lógica política es que si el Partido Socialista y Sumar han tendido puentes con Junts, los vuelen con Podemos.

Se han escrito cientos de artículos sobre la amnistía, defendiéndola o atacándola. El último artículo leído por mí cierra el círculo de los debates previos al texto. Interpela al Poder Judicial, en última instancia a quien, a través de los jueces que lo conforman, tiene que aplicar la Ley que salga del Parlamento. Me refiero al artículo de Ricardo Bodas Martín, magistrado emérito de la Sala cuarta del Tribunal Supremo, que titula: “Jaque a la imparcialidad judicial” (El País, 20/11/). Entrando en su pensamiento, creo que habrá dudado de añadir a jaque “mate”; no podría entonces haber terminado su artículo con las siguientes frases: “la democracia afectada por una grave polarización social y política requiere necesariamente un poder judicial independiente y responsable, sometido únicamente al ordenamiento jurídico, cuyas resoluciones judiciales deben ser de una imparcialidad impecable e indiscutible para contribuir realmente a la pacificación de los conflictos”.

El Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Supremo, los jueces de las Audiencias, sus órganos de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, los decanatos,  no individualmente, como pueden hacerlo, se han posicionado colectivamente en manifiestos escritos y en concentraciones presenciales colectivas en las puertas de las sedes judiciales ¡y con toga!, “varios cargos judiciales convocaron sincronizadamente concentraciones en diversas sedes judiciales el día 14, a las que acudieron jueces y fiscales con sus correspondientes togas”, dice Ricardo Bodas. Lo hacían  en contra de una futura ley de amnistía, sin conocerla ni estar aprobada, apoyándose solo en unos acuerdos entre partidos. Como Ricardo Bodas hace un repaso  total de esas manifestaciones judiciales, invito a su lectura. Todavía el mismo día 20, se concentraron  todos los estamentos judiciales a las puertas de la Audiencia Provincial de Segovia, convocados por la Decana.

En todos los manifiestos colectivos, los jueces apelan a la quiebra del Estado de Derecho, a la vulneración de la independencia judicial y la separación de poderes. En ningún manifiesto hablan de la imparcialidad a que están obligados constitucionalmente los jueces, a la no ingerencia en el debate político y a la función legisladora que corresponde al Parlamento. Y sin imparcialidad no hay independencia.

Nunca, nunca en democracia ha habido unas muestras y manifestaciones de parcialidad del Poder judicial (y otros muchas entidades y colectivos jurídicos, como los colegios de abogados, los forenses) como en esta ocasión. Por mi parte, dicho con palabras llanas y populares, se han columpiado. También la Asociación Jueces y Juezas por la Democracia, aunque desvinculándose de la últimas manifestaciones, una vez conocido La Proposición de la Ley de Amnistía. “Las actuaciones descritas ponen en jaque la imparcialidad judicial, ya que acreditan por sí mismas que una parte de los jueces (amplísima, a mi entender), a quienes corresponderá aplicar la ley de amnistía (art. 9 de la proposición), han reprochado previamente su promoción, mediante intervenciones directas o indirectas en el debate político, aunque dichos comportamientos están prohibidos por el art. 395.1 de la LOPJ…)”, escribe Ricardo Bodas. Es probable que muchos de los jueces a los que corresponda aplicar la Ley de amnistía tengan que abstenerse al haber  firmado o haberse manifestado preventivamente en su contra. Todas las advertencias que el Gobierno en funciones les hizo para que respetaran los tiempos y esperaran a conocer el texto resultaron inútiles.

Sobre la mesa del Gobierno penden los pactos alcanzados y los objetivos que se proponen. Reina la euforia, la unidad, las luces largas en estos primeros días. Ahora quien peca de ingenuo y marca unos objetivos ambiciosos es el Gobierno, y puede que tenga que comerse sus palabras. La amnistía no será el caballo de batalla principal. La amnistía “sólo pone el contador a cero” en palabras de Artur Mas, entrevistado en 24 horas. Se declaró no portavoz de Junts, pero de sus afirmaciones se deduce un político de derechas, que no ha perdido el olfato ni la sinceridad, "votaría sí en un referéndum de autodeterminación”, que sería la solución final, aunque descarta que vaya a producirse. Pero este hecho no será óbice para la ruptura, dijo con otras palabras, porque también manifestó la entrada en el juego institucional de Junts como un elemento de estabilidad, “aunque el Gobierno perderá muchas votaciones”, pero eso no conllevará su caída. Es decir, la economía en sus  más amplias vertientes sustituirá pronto a la amnistía, como la aplicación y el desarrollo inmediato, que tendrá que hacer la nueva ministra, de la Ley del “solo sí es sí”, sustituirá al recuento de las rebajas de condenas y las excarcelaciones, “pecata minuta”, comparadas con sus objetivos y medidas, a las que ( las excarcelaciones y rebajas de penas ), tanto se refieren las mujeres contertulias para desacreditar la Ley y a su autora, que no lo es única. La CEOE, preventivamente,  ya ha puesto un tope a la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Es decir, mañana, pasado mañana y al otro, seguiremos hablando del Gobierno, dice Garamendi. Y Junts, y ERC, y PNV y demás. Lo que es seguro, y esto debe reconfortarnos, es que España levantó un dique en las Elecciones del 23J contra la ultraderecha y el fascismo, que lo ha mantenido con la formación del Gobierno,  de lo que Europa tiene que sentirse  orgullosa, y ese dique hay que fortalecerlo en los próximos años-.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

Arranca en el Senado el primer pleno de la XV Legislatura la misma semana que el Jefe del Estado inicia una nueva ronda entre los grupos parlamentarios para nombrar un candidato, después del fracasado intento de investidura de Feijóo.

En el Congreso quedó el eco de la ira de la bancada del PP y la profunda frustración de su candidato y esta semana en el Senado se va a volver a constatar que la derecha de este país vive instalada en la confrontación constante. Los únicos que quieren romper España son ellos. No entienden que su idea de país no existe, no conciben que España sea plural y diversa.

Ya están asomando en el Senado las primeras pinceladas de lo que quieren dibujar durante esta legislatura. La derecha de Feijóo solo tiene un objetivo, que esta cámara sea una batalla entre las dos Españas, la irreal y la real, la suya y la del resto de españoles y españolas.

Esta institución como muestra de lo que habrían querido hacer si la izquierda no nos hubiéramos movilizado el 23J para evitarlo. Silenciar al discrepante en lugar de dialogar para convivir y avanzar en un espacio en el que quepamos todos y todas. Solo así se explica su política basada en obstaculizarlo todo: la dilación en la formación de los grupos parlamentarios, la nula proporción en la composición de las comisiones, la ubicación de los grupos en el hemiciclo expulsando senadores socialistas de la bancada en la que hemos estado todas las legislaturas, el recorte de recursos a los grupos pequeños mientras aumentan los del grupo popular… 

Tenemos que hacer frente a la instrumentalización de la mayoría absoluta del PP. No vamos a permitir que el Senado se convierta en “su” cámara.

El Senado forma parte de un poder del Estado consagrado en la Constitución que tanto cita y poco practica el PP de Feijóo. Vamos a hacer valer el respeto y el prestigio institucional.

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Eva Granados es Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado.

EL PSOE denuncia este martes que el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, no se ha puesto en contacto con el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, para hablar sobre los debates electorales, según han indicado fuentes de Ferraz y han recogido Europa Press.

Así, señalan que esta forma de proceder del PP muestra un desprecio absoluto por aportar a los ciudadanos toda la información posible antes de emitir el voto en las elecciones generales del 23 de julio.

Además consideran que los conservadores van a tratar de esconder durante la campaña las "carencias" que a su juicio tiene el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que no vayan a más, sus "errores no forzados", apuntan.

En la misma línea recuerdan que este mismo lunes Cerdán volvió a ponerse en contacto con el coordinador general del PP, Elías Bendodo, con el que la semana pasada había hablado tanto por carta como por teléfono, para emplazar a lo conservadores a negociar los términos del primer debate entre Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez había solicitado realizar seis cara a cara con Feijóo uno por semana hasta el día de las votaciones, una propuesta que rechazó el PP al considerarla "una excentricidad", aunque aceptó llevar a cabo un debate a dos.

Las fuentes consultadas señalan que Bendodo delegó todo lo referente a los debates en Gonzalez Pons, con el que hasta el momento les ha sido imposible contactar a pesar de los envíos de SMS y carta, apuntan.

Después de años de legítima crítica por el veto y el consiguiente bloqueo a los nombramientos para la renovación de los órganos constitucionales del Estado, y del consiguiente deterioro de la imagen y el funcionamiento que éste ha supuesto, ahora, una vez despejado salvo para el Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, parece que toca escandalizarse y poner el grito en el cielo porque sean los partidos los que propongan, como el origen de todos los males, para que después comparezcan y los elija el Congreso de los Diputados por mayoría cualificada, cuando así lo disponen la Constitución y las leyes que los regulan, cuando no por las características de los perfiles profesionales y sobre todo por el supuesto alineamiento político de los nominados.

Todo ello, por esa equidistancia predominante en la cultura antipolítica y tecnocrática que se ha venido generalizando entre los medios de comunicación y en la opinión pública, en coincidencia con la crisis del bipartidismo y el actual predominio del populismo, no solo en la política, sino también dentro del poder judicial y de otras instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional, con la cada vez mayor polarización de sus componentes y de sus resoluciones más recientes.

Así, en vez de valorar ante todo el hecho claramente positivo que supone el levantamiento del veto establecido desde la pérdida del gobierno, en concreto por parte de la derecha, ahora, de nuevo desde la equidistancia antipolítica, se atribuye el desbloqueo a una decisión, tan inesperada como inexplicable, y por tanto como una responsabilidad compartida de los partidos políticos en general. Con ello, se diluyen las responsabilidades concretas de la derecha en el deterioro institucional, así como las razones de fondo del PP para levantar su veto unilateral, pero sobre todo se niega la importancia trascendental del acuerdo logrado como punto de inflexión en la estrategia de deslegitimación del resultado electoral y del nuevo gobierno, después de casi la mitad de la legislatura, y por tanto para la recuperación, si bien parcial, del normal funcionamiento de la democracia.

Llama la atención la coincidencia en el escándalo ante la polarización de las propuestas, cuando esta dinámica política populista es la que ha protagonizado esta década y ha constituido la principal causa del veto de la derecha que se ha mantenido hasta fechas recientes. Como si la década de dinámica populista pudiera desaparecer de un plumazo, tanto el veto de la renovación institucional y al mismo tiempo la polarización en su funcionamiento interno, sin que hubiera habido de por medio un cambio en la polarización social, en la crítica pública y la consiguiente sanción electoral.

Tampoco, al parecer, se quiere entender que superar el veto general de la derecha a la renovación institucional no se hubiera podido alcanzar a su vez con vetos cruzados entre partidos a cada propuesta, más o menos afortunada, realizada por cada uno de los negociadores, sino con la aceptación previa de las mismas en base a unos criterios de mínimos, a un clima de confianza y a la consiguiente responsabilidad política que asume cada uno con respecto a sus propias propuestas. Lo que también se ha dado en denominar peyorativamente por muchos medios de comunicación como intercambio de cromos.

En el mismo sentido de generalización  y equidistancia antipolítica, ahora toca cuestionar a todos los candidatos pactados, sin distinción alguna de los méritos individuales de los futuros componentes de los órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo, basándose sobre todo en sus deméritos, atribuidos, cómo no, al sectarismo de los partidos y de la clase política en general, más allá incluso de los partidos negociadores, unos candidatos a los que además se atribuye injustamente una más que dudosa calidad profesional, así como la politización y el alineamiento partidario ya clásicos, en detrimento de su neutralidad institucional en el ejercicio del cargo, sin atender a las evidentes diferencias entre ellos, así como a la función de cada órgano y a las características de sus miembros a lo largo de todo el periodo democrático.

El problema fundamental de los propuestos se centra, además de en su profesionalidad, siempre opinable, en el alineamiento partidista de los propuestos en particular por el Partido Popular, en concreto en el ámbito del Tribunal Constitucional, no ocurre así en ninguna de las dos propuestas realizadas por el PSOE, las de Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, de las que no hay dudas ni de su calidad profesional acreditada ni del ejercicio de su función jurisdiccional con neutralidad e independencia. En cuanto al necesario equilibrio de género y el posible riesgo de la deriva de judicialización del órgano de control de la constitucionalidad de las normas, habría que tener en cuenta que todavía está pendiente la renovación de la mayoría de sus componentes para corregirlas, antes de esgrimirlas en su contra.

Lo más preocupante viene de nuevo desde la posición de una derecha que ha convertido la Constitución y el papel del Tribunal Constitucional, lejos de la letra y de su espíritu no militante, en una trinchera desde la que confrontar con el independentismo, y por extensión frente al conjunto de las fuerzas políticas que apoyaron la investidura y últimamente frente a la gestión del actual gobierno de coalición en el extraordinario y trágico período de la pandemia.

Los perfiles de los propuestos al resto de los organismos constitucionales, como en particular el futuro Defensor del Pueblo o de la Agencia de Protección de Datos, han supuesto una continuación de las características personales, profesionales y políticas, equivalentes si no mejores, de las renovaciones anteriores, salvo el caso del Tribunal de Cuentas, donde de nuevo la polarización política del tiempo populista se ha puesto en evidencia en relación a la causa del ProcésProcés.

No cabe duda que todavía estamos lejos del ideal de librarnos de la polarización política para con ello dar primacía a perfiles basados en el mérito y la capacidad y a un trámite de comparecencias con contenido real. Lo que resulta inaceptable en una democracia pluralista es el nuevo veto tecnocrático, esta vez a los profesionales con ideología conocida o con una biografía de compromiso político, cuando los ángeles sin sexo no existen.

En definitiva, asistimos al recurso fácil de la atribución de la politización como estigma y a la generalización en el demérito injusto de los candidatos, en vez de analizar la solvencia de cada uno en particular y por tanto de someter a crítica los criterios de los distintos partidos proponentes, todo lo cual libra a los verdaderos responsables del actual deterioro institucional y con ello continúa dando aliento a la antipolítica, precisamente cuando el populismo está hoy representado por la ultraderecha. Un acuerdo manifiestamente mejorable, sobre todo por parte de la derecha, y un flaco favor el de la equidistancia de la antipolítica.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa

Todos los usuarios de la sanidad pública tendrán derecho, vivan donde vivan, a pedir una segunda opinión médica en caso de enfermedad grave. Es uno de los compromisos que el Partido Socialista lleva en su ponencia marco, a la que ha tenido acceso infoLibre, de cara al 40º Congreso Federal. En la cita, prevista para mediados de octubre, los socialistas propondrán blindar el derecho a un segundo diagnóstico médico para todos los ciudadanos, un proyecto que busca homogeneizar los requisitos para el acceso a la prestación y que aspira a dejar atrás las diferencias territoriales que se producen en la actualidad.

En el capítulo dedicado a sanidad, el partido perfila un apartado sobre "la participación en la propia salud" que incluirá los "autocuidados" y el papel activo de los pacientes en la sanidad pública. El documento consagrará el derecho a una segunda opinión médica "para aquellas enfermedades con pronóstico fatal, incurables o que comprometan gravemente su calidad de vida".

Fuentes del partido indican que, si bien el derecho a un segundo diagnóstico está reconocido a nivel estatal, "nunca se ha regulado". A día de hoy, su desarrollo es competencia de las comunidades, y es ahí donde emergen las diferencias territoriales. "Lo que pretendemos es hacerlo efectivo" en todo el país, subrayan las mismas fuentes.

En la legislación estatal, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud recoge en su artículo cuarto el derecho a disponer de una segunda opinión, como una garantía de calidad de las prestaciones sanitarias, si bien corresponde a las comunidades su determinación "en los términos que reglamentariamente se establezcan". Actualmente, la inmensa mayoría de las autonomías cuentan con, al menos, una referencia a esta opción, pero no todas han detallado las condiciones para su puesta en práctica. Las que sí lo han hecho tienden a seguir una línea común en cuanto a los supuestos contemplados, mientras que los trámites se basan, fundamentalmente, en la presentación de un formulario en el hospital o centro de salud correspondiente.

En el caso de Madrid, la segunda opinión está "perfectamente regulada y normalizada", explica un profesional sanitario, quien recuerda que su regulación va de la mano de la libre elección de centro y facultativo. Lo cierto es que la segunda opinión está regulada en la Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, donde precisamente se especifica que "los ciudadanos tienen derecho a la libre elección de médico y centro sanitario, así como a una segunda opinión". Sin embargo, no fue hasta 2007 que el Gobierno de Madrid anunció el desarrollo de un decreto específico según el cual todos los "pacientes graves" tienen derecho a una segunda opinión médica.

También Andalucía cuenta con un decreto por el que esta opción debe ser accesible en supuestos de enfermedades graves, como la enfermedad degenerativa progresiva del sistema nervioso central, la cardiopatía congénita, la tumoración cerebral o las enfermedades raras, entre otras. La comunidad establece algunas excepciones, tales como la necesidad de iniciar un tratamiento urgente o inmediato. Y en Cataluña, el decreto 125/2007 contempla el acceso a una segunda valoración para las personas diagnosticadas con una enfermedad neoplásica maligna, para aquellas a las que se les haya prescrito una intervención quirúrgica como la cirugía vascular u oftálmica, quienes deban ser sometidos a un transplante o las que padezcan de una enfermedad rara.

En Galicia está permitida la solicitud de una segunda opinión facultativa siempre que exista diagnóstico de una "enfermedad de pronóstico fatal o incurable, o que comprometa gravemente la calidad de vida", una redacción prácticamente idéntica a la que proponen ahora los socialistas. En el año 2013, la Xunta de Galicia sacó adelante una Ley de Garantías de Prestaciones Sanitarias, en la que afina los términos del acceso al segundo diagnóstico. Se garantiza esta posibilidad para las enfermedades neoplásicas malignas, las neurológicas inflamatorias, las degenerativas invalidantes y las enfermedades raras.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la autonomía cuenta con un holgado listado de 19 supuestos en los que se podrá ejercer el derecho al segundo diagnóstico a través de la sanidad pública. Entre ellos, se encuentran las enfermedades degenerativas progresivas sin tratamiento curativo del sistema nervioso central, las enfermedades inflamatorias intestinales –cuando el tratamiento sea inmunodepresor o quirúrgico–, las cardiopatías congénitas, las enfermedades raras, el derrame pleural de origen no aclarado, el síndrome de apnea del sueño y el asma de difícil control. Euskadi, por su parte, dispone en un decreto específico que regula la posibilidad de acceder a una segunda valoración para el caso de enfermedad neoplástica maligna, enfermedades neurológicas degenerativas, enfermedades cardiovasculares y cualquier otra que "represente riesgo para la vida o para la calidad de la misma".

Dos semanas y un día después de las primarias, el candidato ganador logró asegurarse todo el poder. Juan Espadas se hará este mismo verano con todo el liderazgo en el PSOE andaluz. El ganador de las primarias, y por lo tanto candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, y la actual secretaria general han acordado la celebración de unas primarias para elegir a Espadas nuevo secretario general sin esperar al congreso regional, previsto para finales de año. El también alcalde de Sevilla y Díaz han pactado un proceso de primarias para renovar el liderazgo de la federación más numerosa del PSOE que culminará el 23 de julio, si Espadas es el único candidato, o el 5 de septiembre, si hay algún otro que logre reunir los avales. Tanto Díaz como Espadas aseguran que, a efectos prácticos, es el candidato del PSOE el que ostenta ya el control orgánico.

Díaz sigue como diputada en el Parlamento de Andalucía y su nombre continúa apareciendo como presidenta del grupo socialista. Ni ella ni Espadas afirmaron ver el menor problema en que la expresidenta de la Junta (2013-2018) siga en el Parlamento una vez derrotada en unas primarias de su partido. Díaz aseguró que estará en el próximo pleno, dispuesta a "currar". No obstante, insistió en que hará lo que el partido le pida. Está por ver si agota la legislatura en Andalucía o toma alguna otra salida política o profesional.

La secretaria general y el candidato presentaron este lunes su acuerdo en una comparecencia conjunta en la sede del PSOE andaluz, en la calle San Vicente, en Sevilla. Díaz, tras su derrota en las primarias del 13 de junio, había declarado que su intención era seguir como secretaria general hasta el congreso de final de años. No obstante, según dijo Espadas, ambos consideraron apropiado "acortar los plazos" para trasladar a la secretaría general cuanto antes el resultado de las primarias. En teoría, son dos procesos diferentes, que eligen candidato y secretario general. Los hechos demuestran que los líderes elegidos en las urnas no aceptan fácilmente las situaciones de bicefalia. 

23 de julio o 5 de septiembre

El acuerdo de Díaz y Espadas será validado por el comité federal, si no hay una sorpresa mayúscula, este sábado 3 de julio. Ahí se activará el calendario. El 12 de julio el comité director del PSOE andaluz, máximo órgano entre congresos, aprobará la celebración de un proceso que culminará con la proclamación de un nuevo secretario general, el 23 de julio si sólo se presenta Espadas y el 5 de septiembre si hay otro candidato. Para ello deberá conseguir el aval del 2% de los 45.373 militantes, más de 900.

El acuerdo excluye dos posibilidades: 1) La dimisión de Díaz, que hubiera provocado la convocatoria de una gestora, una solución que, a juicio de Espadas, hubiera generado una sensación de "ruptura" negativa en un partido que aspira a la unidad. 2) El adelanto del congreso extraordinario, con la renovación completa de la dirección. Espadas afirmó que no lo veía necesario, porque hay sintonía política. "Si yo observara conflicto entre la secretaria general y este candidato, hubiera pedido dimisión", dijo. Espadas insistió en su confianza total en la palabra de Díaz, que ha afirmado que está "a disposición" del nuevo candidato. No obstante, desde sus afines y desde Ferraz las suspicacias eran múltiples. Está por ver si este acuerdo las disipa del todo.

"Filtraciones" y "mentiras"

Espadas y Díaz comparecieron juntos, cordiales y amables, pero con un punto de seria solemnidad. Sonrisas, sí; carantoñas, no. El mostró su disconformidad por la presión sufrida desde la noche de las primarias. Ha visto "ansiedad", afirmó, refiriéndose a los medios. "¿Ahora de qué vamos a hablar mañana, pasado y el otro, cuando resolvamos esta cuestión?", bromeó. Lo cierto es que Espadas afirmaba que no había ningún problema de liderazgo, cuando en realidad negociaba con Díaz su salida.

La secretaria general, por su parte, centró su comparecencia en la idea del "lealtad al PSOE". Remachó lo que ya Espadas había dicho el jueves, es decir, que él mismo le había pedido a ella que no dimitiera para pactar una gestora. Y lamentó las "filtraciones interesadas", "intoxicaciones" y "mentiras". Aunque sin precisar a quién se refería, era obvio que el dedo acusador apuntaba a Ferraz, el otro protagonista del proceso.

La mano de Ferraz

La dirección federal ha alentado desde la misma noche de las primarias la salida de Díaz, aunque ha amagado sin llegar a dar. Con eso ha valido para facilitar la aceleración del proceso. El adelanto del comité federal al 3 de julio, que ponía sobre la secretaria general la espada de Damocles de un posible adelanto de las primarias impuesto desde fuera, ha actuado como fecha límite para que Espadas y Díaz alcanzasen un acuerdo. Esa era la voluntad del alcalde de Sevilla, que quería evitar la imagen de una intervención de la dirección federal que diese la impresión de que su proyecto está tutelado. Espadas logra salir de este envite con una solución andaluza, que reivindica su autonomía con respecto a la cúpula nacional del partido que lidera Pedro Sánchez.

La dirección federal del PSOE y el equipo del candidato han empujado en la misma dirección, hacia el cierre de la bicefalia, pero a ritmos distintos. Ferraz manejó las hipótesis de una gestora y de un adelanto forzado desde Madrid de las primarias para la secretaría general andaluza, mientras Espadas prefirió buscar un acuerdo con Susana Díaz, que ha pasado desde 2017 de ser la líder indiscutible del PSOE andaluz y presidenta de la Junta a la derrota total, con la pérdida de las primarias federales, de la Junta de Andalucía y finalmente de las primarias andaluzas.

El alcalde tiene el reto de unir bajo su liderazgo a un partido desgastado por un lustro de luchas entre susanistas y sanchistas, y en el que todavía hace 15 días más de un 38% de la militancia votó a Díaz. A ello se suma el desafío, aún mayor, de recuperar la Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno, que aparece sólido en las encuestas.

El Partido Socialista de Portugal (PS) ha ganado las elecciones legislativas de este domingo con un 37,22% de los votos con un 88,28% del escrutinio ya realizado, según ha informado el Ministerio de Administración Interna portugués. La victoria sería en cualquier caso menos holgada de lo esperado y lejos de la mayoría absoluta.

La segunda fuerza es el Partido Social Demócrata (PSD), que se sitúa en el 29,94% de votos, mientras que el Bloque de Izquierda logra un 8,82% de votos.

Por detrás están la Coalición Democrática Unitaria (5,61%), el Centro Democrático y Social-Partido Popular (4,5%) y el ecologista Personas-Animales-Naturaleza (PAN, 2,64%). En cuanto a la participación, se sitúa en el 53,04%.

Reacciones 

Tras conocerse los sondeos a pie de urna, un dirigente socialista, Pedro Nuno Santos, posible sucesor de Costa, ha destacado la "gran victoria del PS y de la izquierda", en lo que sería el primer guiño de los socialistas al necesario apoyo de la izquierda para investidura.

"Los últimos cuatro años han sido óptimos y los próximos van a ser aún mejores", ha asegurado Santos, ministro de Infraestructuras, ante el Hotel Altis de Lisboa, sede de seguimiento de los resultados electorales del PS.

Santos, responsable durante mucho tiempo de las negociaciones con los partidos minoritarios de la izquierda, ha defendido así la opción de un gobierno del PS con apoyos de estas formaciones y ha relativizado los excesos de campaña. "Las campañas son campañas y todos somos adultos", ha explicado.

Santos ha pedido en cualquier caso esperar a que se "confirmen" las proyecciones, aunque "no hay motivos para esconder la satisfacción: El PS ha ganado, ha ganado bien. La izquierda ha conseguido una victoria clara", ha remachado. Al ser interrogado por si barajan otras posibilidades de gobierno sin el apoyo de izquierda, Santos ha sido diametralmente claro: "por mí, no".

En el cuartel general socialista han reaccionado con gritos de "¡Victoria! ¡Victoria!" y "¡PS! ¡PS!" tras la publicación de los sondeos a pie de urna.

Desde la CDU ecocomunista han reconocido una caída con respecto a los resultados de hace cuatro años y el dirigente del Partido Comunista de Portugal Jorge Pires ha destacado que con la nueva representación "podemos seguir en esa lucha" por los trabajadores y "por el pueblo".

También ha reaccionado el partido ecologista PAN a través de Inês Sousa Real, quien ha querido "felicitar a las nuevas fuerzas políticas" y "felicitar al PS por su victoria". A la pregunta sobre una posible coalición, Real ha subrayado que el PAN está dispuesto a dialogar como en la última legislatura "para contribuir al proceso democrático".

Mientras, el vicepresidente del PSD, David Justino, ha reconocido la derrota sin paliativos: "Si perdemos, perdemos", y ha felicitado al PS por su victoria, aunque ha alertado sobre el "triunfalismo" socialista porque las proyecciones de escaños dan una horquilla muy grande.

También reconocen la derrota en el CDS-PP, en el que la líder del partido, Assunção Cristas, ha anunciado la convocatoria de un congreso extraordinario en la que no se presentará a liderar el proyecto. "He dado lo mejor. He decidido no volver a presentarme", ha explicado Cristas en comparecencia desde la sede nacional del partido conservador en Lisboa.

Resta por el momento la reacción del principal partido a la izquierda del PS, el Bloque de Izquierda, en una situación complicada ante la variedad de opciones aritméticas que dan a Costa una mayoría parlamentaria sin necesitar de su apoyo.

Uno no puede no ser lo que no es durante demasiado tiempo, le ha dicho el portavoz económico de Ciudadanos a su jefe, Albert Rivera, antes de irse del partido dando un portazo. O sea, que le ha recordado eso de que no se puede engañar a todo el mundo para siempre, nada más que con otras palabras. Porque lo que importa de la dimisión de Toni Roldán, que ayer hizo temblar las paredes de todas las redacciones de los medios de comunicación y también el suelo sobre el que pisan los líderes naranjas que defienden el pacto de la plaza de Colón –que cada vez parece menos una trenza y más una soga–, es lo que ha dicho, cómo lo ha dicho y también cuándo, porque es un momento en el que la formación tiene más poder y más escaños que nunca. “El único cambio en Ciudadanos es que antes teníamos 32 escaños y ahora tenemos 57”, le ha respondido Inés Arrimadas a su excompañero. ¿Entonces, si el viento sopla a favor, por qué la nave se para?

La conclusión es que si en esas condiciones el motín entre sus dirigentes es cada vez mayor, será porque el ascenso se ha logrado por la cara oscura de la montaña, de la mano de la ultraderecha, que lo es, aunque cuando se lo pregunten a Inés Arrimadas responda, batiendo un nuevo récord en la maratón del cinismo: “Para mí Vox no es ultraderecha, es ultraconservador”. A los diez minutos, otro alpinista se ha dado de baja en la expedición a la Moncloa, el eurodiputado Javier Nart, que era uno de los partidarios de pensarse dos veces la estrategia naranja de los cordones sanitarios al PSOE; como Luis Garicano, al que no le debe de quedar mucha cuerda para seguir bailando en la cuerda floja. El tercero en la discordia, de momento, ha sido el candidato parlamentario por Asturias, Juan Vázquez, que también ha tomado las de Villadiego.

Porque además, la mano que la mueve es la de Abascal y los suyos, esa gente que llama “puta”, “tiparraca”, “embustera” y “filoetarra” a una ministra del Gobierno de España; que acusa a nuestras autoridades sanitarias de tener un plan para asesinar a niñas y niños con síndrome de Down; que hace negacionismo, critica la sentencia del Tribunal Supremo contra la Mla Manaday deja caer que en este país, donde la violencia de género lleva contabilizadas mil muertas, la única relación segura para los hombres será irse con prostitutas; que dice que hay que erradicar las autonomías y la ley de memoria histórica o expulsar a los inmigrantes… Esa es la gente a la que Ciudadanos y el PP están metiendo en nuestras instituciones. “Los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos”, dice Roldán.

Y tanto: el precio es la propia democracia, que a Rivera, Arrimadas y sus partidarios les importa menos que manipularla, enredados en el laberinto sin salida de la incongruencia. Que Manuel Valls se haya tenido que ir porque ellos dos, fugados de Cataluña al territorio políticamente más cálido de Madrid, prefiriesen que gobernara Barcelona el independentismo contra el que dicen luchar, antes de que lo hiciera Ada Colau, deja las cosas muy claras. Y que justo ellos hablen de “pactos de la infamia”, tras el suyo con Vox, explica que estamos ante la mayor demostración de hipocresía de toda nuestra historia posterior a la dictadura. Y mira que desde 1975 hasta ahora habíamos conocido truhanes. Y ya que nos hemos puesto con las haches intercaladas, señalaremos que nos encontramos también ante una auténtica banda de tahúres, que intentan demostrar esa “infamia” publicando gráficos falseados, en los que hay errores con pinta de intencionados, y donde manipulan los tantos por ciento, alteran la proporcionalidad visual de los dibujos y omiten datos relevantes que dejarían al descubierto el apaño, parece evidente que todo ello con el único fin de engañar a quien los mire. Cualquiera se los cree.

No han venido a regenerar nada, tiene razón Toni Roldán, sólo a ocupar un sillón y conseguir un puesto en el puente de mando. Al precio que sea y en compañía de quien sea. Lo que les importa el bienestar de los ciudadanos tiene un gran ejemplo en Madrid. ¿Qué hacemos, nada más llegar al despacho? Cargarnos Madrid Central y eliminar las restricciones de tráfico. Las últimas mediciones de los niveles de contaminación de la ciudad dicen que el pasado mayo fue el mes con el aire más limpio que ha habido en la capital desde que hay registros. Sumen dos y dos, y al que le diga que es igual al cinco, no le vuelvan a creer.

Los grupos parlamentarios del Congreso están tratando de presionar al PPPPpara que la supresión del requisito del voto rogado que desde 2011 se exige a los españoles residentes en el extranjero esté lista antes de las elecciones autonómicas y europeas previstas para el próximo mes de mayo, como así lo sugirió el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informa Europa Press.

Precisamente este viernes Marea Granate, la asociación que agrupa a españoles residentes en el extranjero, se ha quejado de que los partidos siguen sin resolver esta cuestión cuando sólo restan cuatro meses para la cita con las urnas y cuando está a punto de cerrarse, el próximo 30 de enero, el censo electoral de estos comicios.

Todos los grupos, incluido el PP, coinciden en la necesidad de suprimir este mecanismo que obliga a los españoles en el exterior a solicitar previamente el voto en cada convocatoria electoral, un sistema que ha hecho caer en picado de la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) en las últimas citas con las urnas.

El pasado mes de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó a la subcomisión del Congreso encargada de estudiar una posible reforma de la Ley Electoral el informe comprometido por su titular, Josep Borrell, con algunas sugerencias para acabar con el voto rogado.

Buena acogida del informe del Gobierno

En líneas generales, el informe apuesta por eliminar directamente la exigencia del ruego del voto a cambio de facilitar su participación por los cauces ordinarios adelantando a los electores emigrados toda la documentación electoral, incluyendo una papeleta en blanco donde podrán escribir su opción política sin esperar a la proclamación oficial de las candidaturas.

Y para el acto de votar, se les anima a ir al Consulado o la legación diplomática, para lo cual tendrán siete días en lugar de tres como actualmente, o bien enviar el voto por correo a la oficina consultar más próxima para que ésta a su vez lo reenvíe por valija diplomática a España. Además, y para promover el voto en urna, el Ejecutivo aboga por ampliar la red de 'colegios' electorales.

No obstante, el PP no ve garantías suficientes de que la documentación electoral sea recibida efectivamente por el emigrante, ni de que sea él quien realmente deposita la papeleta en una sede no oficial de España y, además, denuncia la falta de seguridad que, a su juicio, ofrecen las papeletas en blanco.

Las recetas del PP

Después de semanas de reuniones informales sin demasiados avances, el PSOE pidió al PP que presentase una alternativa al informe del Gobierno. A grandes rasgos, los conservadores coinciden en ampliar los días para recibir documentación electoral y para votar, así como por aumentar el número de 'colegios' electorales.

Pero también pretenden que los emigrados no sólo puedan votar en las embajadas o consulados, sino que también lo puedan hacer en otros locales oficiales, como las sedes de los Instituto Cervantes. Eso sí, siempre con la correspondiente supervisión del funcionariado consular.

Otras propuestas del PP pasan por que los envíos al exterior no se realicen desde la Oficina del Censo Electoral, sino que se envíe por valija diplomática, o que los españoles en el extranjero se inscriban en una delegación diplomática y comuniquen su intención de votar en los próximos cuatro o cinco años, lo que permitiría que la red exterior les tenga fichados y tenga un domicilio claro donde enviarles la documentación.

¿Estará listo para mayo?

Con el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el presidente de la Comisión Constitucional, Jesús Posada, prevé convocar la subcomisión electoral el próximo mes de febrero. En esa reunión, los promotores del nuevo modelo urgirán al PP a despejar las dudas que tiene en torno a la propuesta del Gobierno y le apremiarán para que este asunto quede resuelto antes del inicio de mayo, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Según alegan estos grupos, la alternativa que ofrecen al voto rogado es muy similar a la que se aplicaba en elecciones municipales antes de la reforma de 2011 y es un sistema parecido al que se sigue utilizando para los electores residentes en el extranjero temporalmente (ERTA).

En caso de que el PP no se mueva de su sitio, el resto de grupos no descarta presentar una proposición de reforma de la Ley Electoral del Régimen Electoral General (LOREG) para cambiar ese artículo relativo al voto rogado. Eso sí, sin el partido de Pablo Casado se dificultaría mucho más que esa modificación pudiera ver la luz antes de mayo, máxime cuando el PP tiene mayoría absoluta en el Senado.

"Estos Presupuestos van a salir adelante, estamos convencidos, pese a los muchos obstáculos que está poniendo la derecha y los muchos obstáculos que tenemos en el independentismo. Queremos que los Presupuestos salgan adelante y van a salir adelante", ha insistido. A su juicio, estas cuentas suponen "un cambio de rumbo" y representan una "verdadera alternativa" a los PGE del Gobierno del PP, demostrando que "con un mayor esfuerzo de Estado se puede lograr mucha más justicia social". Como ejemplo de ello, ha apuntado al incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros, al aumento en un 40% de las ayudas a la dependencia, la subida de las pensiones, la sanidad universal o los trabajos "dignos".

Además, ha destacado que el Gobierno ha aprobado unos impuestos que "van a parar a los ingresos", siguiendo los preceptos europeos de la "senda de la estabilidad", y ha hecho "decrecer por primera vez el déficit" en unas cuentas que están "decididos" a sacar adelante. La ministra ha señalado que al Gobierno del PSOE le están tocando "tiempos muy difíciles", pero los socialistas son "combativos y crecemos en tiempos difíciles", y ha recordado que, en los cuatro meses que llevan en el Ejecutivo, han realizado "cambios de fondo, siempre anteponiendo la agenda social".

En este sentido, ha destacado que, si los socialistas no hubieran accedido al Gobierno, 60.000 niños en riesgo de pobreza no habrían comido este verano en los colegios, no se habría universalizado la prestación para la salud, no se habrían eliminado "los recortes" en la Educación, ni puesto en marcha el bono contra la pobreza energética o paralizada la LOMCE. "Estamos trabajando denodadamente y encontramos cada vez más obstáculos", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que "ojalá la derecha, cada vez más derecha, hiciera oposición política", en lugar de mantener como está haciendo "el ataque personal y frontal a cada miembro del Gobierno", algo que, a su juicio, "no es digno de una democracia".

"Diálogo" con Cataluña

Isabel Celaá ha asegurado que los socialistas representan "lo mejor de la Constitución" española, "el respeto a la diversidad del Estado autonómico, casi, casi en solitario" y el "impulso al diálogo y la Ley en las relaciones con Cataluña", frente a una derecha "populista" que "quiere la recentralización y se está separando cada vez más del Estado autonómico" y que "va a Europa cada vez que no le gusta" lo que hace el PSOE.

"Representamos lo mejor del país, la Constitución, la posibilidad de diálogo y Ley en las relaciones con Cataluña, la posibilidad de tener una Cataluña en España", ha reiterado, para incidir en que el proyecto socialista lo es "para nacionalistas y no nacionalistas", porque busca "forjar una sociedad de bienestar". Por otro lado, ha asegurado que Gasco "tiene todas las posibilidades" de ser "el mejor" alcalde para San Sebastián porque es "un trabajador infatigable, honesto", que "cree en los proyectos y lucha por sacarlos adelante".

"Lo mejor" para San Sebastián

El candidato socialista a alcalde donostiarra ha explicado que se presenta para recuperar la Alcaldía de la ciudad "por amor" a ésta, porque quiere "lo mejor para San Sebastián", y no se conforma con cualquier cosa para la capital guipuzcoana. En este sentido, ha aseverado que, cuando San Sebastián "brilla más", es con "liderazgos socialistas", y ha puesto en valor que el PSE-EE representa "el acuerdo, el diálogo, el pacto y el entendimiento".

Gasco ha recordado el "parón y retroceso" que la capital guipuzcoana vivió, a su juicio, en la anterior legislatura con el Gobierno local de Bildu, y ha afirmado que, ante "frentes soberanistas", los socialistas son "garantía de que San Sebastián va por el buen camino", porque representan "la opción del entendimiento, el diálogo entre diferentes y la no ruptura" que, además, no pone "en riesgo el crecimiento económico".

El candidato socialista a la Alcaldía donostiarra ha criticado que el PNV está "ausente" en la financiación de los proyectos de la ciudad, la cual "necesita ser accesible" y afrontar "retos" como la vivienda, la llegada del Tren de Alta Velocidad, "proyectos de país". Finalmente, Elorza ha opinado que en San Sebastián "falta un evidente liderazgo y orientación estratégica" en un tiempo en el que se plantean "nuevos desafíos" en la política, que afectan "a todas las instituciones" y que requieren de "soluciones compartidas a distintos niveles".

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José Errejón Villacieroses administrador civil del Estado.

El secretario general del Partido Comunista Portugués (PCP), Jerónimo de Sousa, advirtió este domingo la "inaceptable resistencia" del Gobierno del Partido Socialista a modificar la legislación laboral en favor de los trabajadores, informa Europa Press.

"¿Pueden considerarse de izquierda quienes reducen los derechos y cambian la legislación laboral a peor, quienes perpetran fechorías para los trabajadores en nombre de los intereses del capital?", afirmó De Sousa durante la fiesta de conmemoración de los 97 años del PCP, según recogen los medios portugueses.

Así, pidió "más fuerza" para el PCP, del que reivindicó ser "portador de la política patriótica de izquierda" durante un acto con cientos de asistentes en la Facultad de Medicina Dental de Lisboa.

El primer ministro, António Costa, expresó su disposición a modificar la legislación laboral, pero De Sousa desconfía por la resistencia del PS a la propuesta del PCP para restaurar "derechos y rendimientos injustamente usurpados" durante la crisis.

En concreto mencionó cómo el 2 de febrero el PS votó en el Parlamento junto a la derecha y en contra de propuestas del PCP, del Bloque de Izquierda y del Partido Ecologista Los Verdes para restaurar la paga extraordinaria por días festivos.

Además, advirtió de un posible acercamiento entre el PS y la principal formación de derecha, el Partido Social Demócrata de Portugal mediante un "bloque central informal" para impulsar "reformas estructurales", expresión que el líder comunista considera que esconde "retroceso económica, injusticia social, desregulación, flexibilización laboral y desprotección social".

El PS gobierna en minoría con apoyos parlamentarios puntuales de comunistas, Bloque de Izquierda y ecologistas.

Ese día, Mario Centeno, recién elegido presidente del Eurogrupo, comparecía en el Parlamento. Que el ministro de Finanzas portugués esté al frente de la institución de la moneda única, ¿es una buena noticia para este pequeño país que está saliendo, poco a poco, de una larga cura de austeridad? “En realidad, no”, zanja Catarina Martins, “coordinadora” del Bloco de Esquerda, el partido de la izquierda radical portuguesa que apoya en el Parlamento al Gobierno socialista, que ha nombrado a Mario Centeno. “El cambio en Europa no procederá del Eurogrupo. Y Centeno es un liberal que, entre otras cuestiones, abogaba por la flexibilización del despido”.

A comienzos de diciembre en Lisboa, la diputada Catarina Martins interpelaba al ministro de Finanzas en el Parlamento. “Olvidemos por un momento que el Bloco no cree en el Eurogrupo. Olvidemos que el Eurogrupo es un foro informal que no existe en ningún tratado europeo y en el que Alemania siempre ha tenido la última palabra. Olvidemos que el Eurogrupo ha excluido al ministro griego de Finanzas de sus reuniones. Olvidemos que el Eurogrupo ha insultado a Portugal e impuesto la austeridad en varios países del sur. Aunque olvidemos todo eso, hay un problema: en septiembre usted mismo dijo que la unión monetaria estaba en una zona de divergencias… Dado que todo el mundo es consciente de ello, tanto en el Partido Socialista como en Bruselas, ¿cuál es su estrategia al frente del Eurogrupo?”, le espetó. La habilidad del Bloco radica en esa capacidad para criticar al Gobierno socialista y garantizar el papel de un “partido minoritario”, llevándolo, con ayuda del Partido Comunista Portugués (PCP), a poner en marcha medidas sociales.

Desde octubre de 2015, esta original coalición preside el destino de Portugal. Puesto que las legislativas no ofrecieron una mayoría clara, con el Partido Socialista (PS) como segunda fuerza más votada, la formación tendió la mano para formar el Ejecutivo. Y consiguió los votos del Bloco y del PCP que hicieron posible su investidura, a cambio de que su Gobierno, en minoría, se comprometiese a aprobar un cierto número de medidas sociales destinados a compensar los efectos devastadoras de la crisis económica y de la cura de austeridad impuesta entre 2011 y 2015 por la derecha en el poder y la Troika (Comisión Europea, FMI y Banco Central Europeo). “No apoyamos este Gobierno, no gobernamos. Nos contentamos con no hacerlo caer”, corrige Miguel Tiago, del Partido Comunista.

El matiz es importante para ambos partidos, que corren el riesgo de quemarse las alas votando junto con los socialistas. ¿Cómo convencer entonces a su electorado de que siguen oponiéndose a la UE en su concepción actual, a la moneda única, a la OTAN… y que son, además, muy diferentes el uno del otro, aunque se sitúen ambos en la izquierda de la izquierda del tablero político? De momento, el resultado de las últimos comicios municipales, de octubre pasado, no resulta de mucha utilidad.

El Bloco, que tiene poco peso local, ha mejorado ligeramente sus resultados en algunas ciudades, como en Lisboa, donde también gobiernan en coalición con el PS. “A día de hoy somos la tercera fuerza de Portugal”, añade Catarina Martins. Pero el Partido Comunista retrocede; ha perdido algunos de sus bastiones, como Almada, localidad al otro lado del Tajo, frente a Lisboa. Y ello pese al “pacto de no agresión” alcanzado con los socialistas locales, que presentaron como candidata a la localidad a una actriz sin vinculación ninguna con esta localidad. No obstante, consiguió superar al PCP en unos 400 votos.

El que parece sacar más partido a esta alianza es el Partido Socialista. El ministro adjunto de Finanzas, Ricardo Mourinho Félix, se alegra; las posiciones del Bloco y del Partido Comunista “han influido de manera evidente en nuestra manera de gobernar en estos dos últimos años”. De hecho, para una parte del PS, este apoyo es un alivio.

Coincide con estas afirmaciones el diputado socialista y vicepresidente del Grupo Parlamentario João Galamba: “La crisis ha hecho que aumenten nuestras diferencias con respecto a la derecha portuguesa. La posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Bloco y el PC se presentó como una oportunidad para la izquierda, que no podíamos dejar pasar. No perdamos tiempo y concentrémonos en los puntos en los que podamos alcanzar un acuerdo: ésa y no otra fue nuestra filosofía. No buscábamos ideales, consenso, convergencia absoluta, queríamos cambios concretos en la vida cotidiana de la gente”.

De hecho, la lista de medidas aprobadas es impresionante a la vista de los logros obtenidos –o más bien de los no obtenidos– por los demás gobiernos socialdemócratas en Europa en los últimos años: aumento anual del salario mínimo en un 5% hasta alcanzar los 600 euros brutos en 2019; bajada de impuestos a las rentas más bajas; subida de las pensiones de jubilación más bajas; restablecimiento de los cuatro días festivos suprimidos…

El último presupuesto –el tercero que ha votado esta coalición PS-Bloco-PCP–, aprobado a finales de noviembre va en esta línea: se reduce el impuesto de la renta sobre las personas físicas en los tramos de ingresos más bajos (la medida afecta a 1,6 millones de familias); nuevo impuesto a las grandes empresas cuyos beneficios anuales superan los 35 millones de euros; aumento de las pensiones de jubilación en función de su nivel (entre el 1% y el 10%) y los libros escolares son gratuitos hasta el sexto año.

La gran brecha del PC portugués

Hasta la fecha, se han respetado todos los términos del contrato: el Gobierno ha aprobado diferentes medidas sociales y entre los tres socios temporales no se habla de cuestiones espinosas. “Alcanzamos un acuerdo sobre cuatro puntos”, explica Catarina Martins. “El primero, relativo a la subida anual de una parte de los salarios y de las pensiones para compensar los recortes sufridos en años anteriores. El segundo, imposibilidad de bajar de nuevo los ingresos y, por tanto, subida de los impuestos fiscales en el caso de los asalariados y de las tasas de los bienes esenciales. El tercero implica el fin definitivo de las privatizaciones, que en el pasado decidió el propio Partido Socialista. Y el cuarto, la imposibilidad de seguir destruyendo derechos laborales”. Porque los derechos laborales, lo mismo que en Grecia y en Francia, se han visto seriamente mermados durante los años de la Troika.

“En esas cuestiones, no habrá marcha atrás con este Gobierno”, asegura Jorge Costa, diputado del Bloco. “Ese es el límite del acuerdo, fruto –creo– de un acuerdo tácito con la patronal a cambio de la subida del salario mínimo”. Los socialistas están demasiado comprometidos con el sistema capitalista para que se pueda evolucionar en ese sentido”, insiste el comunista Miguel Tiago, que lamenta el bloqueo absoluto en lo relativo a la partida presupuestaria destinada a cultura, un presupuesto “miserable, inaceptable”, y sobre la imposibilidad de bajar el precio del gas de consumo doméstico, “demasiado elevado para muchos hogares en Portugal”.

Otra zona de claroscuros es la relativa al trabajo precario, cada vez más extendido en Portugal. Un futuro decreto va a permitir hacer fijos, en el primer semestre de 2018, a 300.000 empleados eventuales de la función pública. Una nueva victoria del Bloco. Sin embargo, en el sector privado las cosas siguen exactamente igual. Si bien el empleo ha crecido en los últimos tiempos, a menudo lo ha hecho en detrimento de las protecciones sociales básicas. El sistema de autoemprendimiento, donde el trabajador debe cotizar como autónomo para tener acceso a la sanidad y a la pensión de jubilación, cada vez se convierte más en la regla… y nada permite detener esa tendencia a día de hoy.

“Para proteger mejor a los autónomos, hemos realizado propuestas en un grupo de trabajo sobre la precariedad”, explica el diputado del Bloco Jorge Costa. “Sobre todo, relativas a la introducción de un tipo muy reducido de cotizaciones sociales para las rentas bajas, el mantenimiento de la protección social incluso si se interrumpe la actividad y acceso a las prestaciones por desempleo”. El texto, que se llevó al Parlamento a mediados de diciembre, está en vías de aprobación.

Subsisten desacuerdos ideológicos de fondo y todos los puntos no comprendidos en el acuerdo con el PS, aspectos en los que los dos partidos no consiguen imponerse. Por ejemplo, en el caso del coste de la energía portuguesa, una de las más caras del continente, el Bloco ha propuesto que el sector de la energía renovable –que consigue beneficios asombrosos en Portugal– esté gravado al mismo nivel que las energías tradicionales y que dicha alza signifique que los consumidores paguen menos. Sin éxito.

Frente a estas divergencias, tanto el Bloco como el PCP aseguran mantener una línea ideológica clara. “Los socialistas y la derecha se entienden perfectamente en la política europea, lo que hace que tengamos el 80% de los diputados comprometidos con el statu quo europeo”, dice Catarina Martins. “Pero nosotros, nuestro compromiso no va parejo al del PS, se encuentra del lado de nuestros electores, por eso no abandonaremos ninguno de nuestros principios”. Entre esos principios, hay una franca hostilidad al euro “que cada día hace a los pobres más pobres y a Alemania cada vez más rica, sin que eso beneficie a los trabajadores alemanes”, según Catarina Martins, para quien el verdadero problema en realidad es la negociación de la deuda pública portuguesa.

Por su parte, el profesor de economía Francisco Louça, miembro fundador del Bloco, no ve contradicción ninguna en esta oposición al euro y en el hecho de votar con el Gobierno que envía a su ministro de Finanzas a dirigir el Eurogrupo: “Lo que cambia, para el Bloco, esta actitud de apoyo al Gobierno es su agenda. Ello lo inscribe en la gestión política de un trabajo diario, le da más peso, más profundidad, pero en el marco de un contrato muy claro: se trataba de evitar la permanencia de la derecha en el poder y de abrir la puerta a las medidas sociales”.

Por su parte, el PCP, uno de los últimos partidos comunistas de Europa, junto con el KKE griego, que no ha roto con el marxismo leninismo, marca la gran diferencia. Después de haber rechazado durante años dialogar con los otros partidos (postura en la que se encuentra a día de hoy el partido griego, en el aislacionismo total, incluso en el plano sindical), muestra hoy un cierto pragmatismo, sin abandonar nada de su corpus teórico.

“El PS no se ha comprometido a satisfacer todo lo que pedimos, más allá del acuerdo y, por nuestro lado, no estamos obligados a votar lo que excede del acuerdo. Simplemente hemos hallado el terreno común a partir de un listado determinado de asuntos. Por eso, por ejemplo, no podemos dejar caer al Gobierno por rechazar la nacionalización del sistema bancario que nosotros queremos, eso supera nuestro acuerdo. De momento, tratamos de sacar lo mejor de la situación en la que nos encontramos, construir con las condiciones que tenemos. Pero esto no quiere decir que abandonemos nuestra lucha”.

“El PS ha recuperado a su electorado tradicional”

Y el diputado recuerda las huelgas que el partido ha apoyado, las manifestaciones en las que han participado los diputados, la voluntad de acabar con la moneda única, la UE y la OTAN. “Nuestro objetivo no es que el PS dé la espalda a la UE y se acerque a nosotros. Nuestro objetivo es ampliar nuestra base electoral”. El PS no ha cambiado sus políticas europeas y el Gobierno se jacta incluso de cumplir los criterios de Bruselas más allá de los objetivos fijados.

Sin embargo, en opinión de Miguel Tiago, el principal enemigo del PCP parece ser, a día de hoy, el Bloco… “partido burgués, de funcionamiento electoralista, cuyas posturas en el plano internacional, como Corea del Norte, Venezuela y Angola, sólo siguen la tendencia. Cierto que tenemos posiciones similares en el plano social pero en realidad todo nos separa”.

Pero más allá de la retórica, resulta difícil de entender las divergencias, excepto en política extranjera, donde el Bloco es mucho más crítico con los regímenes corruptos como el de Angola que el Partido Comunista, quien, por sus vínculos históricos con el MPLA en el poder, nunca ha criticado el régimen de la excolonia portuguesa. Los dos partidos de izquierdas no negocian entre sí. Las negociaciones sobre las medidas gubernamentales se hacen de forma paralela entre el PS y el PC, por un lado, y del PS y el Bloco, por otro.

"Esta alianza en el Parlamento supone un desafío”, reconoce el socialista João Galamba. “Hay tensiones entre nosotros, pero eso nos obliga a ser creativos. Y en general llegamos a un compromiso que es mejor que nuestra posición de salida. Además, los ciudadanos ven que son posibles los compromisos en el Parlamento, es bueno para la salud democrática del país…”.

Además de los innegables beneficios sociales de esta configuración excepcional para el Parlamento portugués, esta coalición inédita supone una nueva forma de hacer política en Lisboa: compaginar un cierto pragmatismo entre los partidos, obligados por una sólido base ideológica, con una búsqueda del compromiso que se observa más en los países del norte de Europa, acostumbrados a las coaliciones políticas.

“En el pasado nunca hubo negociaciones entre los partidos de izquierdas en Portugal”, reconoce Jorge Costa. “Se trata de la primera vez en la historia del país que el Partido Comunista y la izquierda radical votan a favor de los presupuestos… no es fruto de una negociación que habría formado un Gobierno rígido, sino el resultado de discusiones permanentes, graduales, que nos permiten demostrar que no sólo somos partidos de confrontación. Los electores ven que también somos capaces de gobernar y de alcanzar compromisos”.

¿Una experiencia inspiradora para el resto del continente? Todos los entrevistados coinciden en que es difícil reproducir en otro país lo que ha funcionado en un contexto excepcional, en un Estado en concreto, pero cada uno saca lecciones particulares. Para el diputado Galamba, el Partido Socialista de Portugal “al desmarcarse muy claramente de la derecha, abriéndose a la izquierda radical, ha recuperado a su electorado tradicional. Hay que mostrar a los electores que existe una alternativa franca a las políticas de derechas y que son posibles compromisos con la izquierda. Si se le presenta a los electores esta decisión, los socialdemócratas europeos podrán recuperarse, pero si permanecen entre dos aguas, sin posicionarse, o con una acción sin relación con los valores que se enarbolan, no puede funcionar”.

El diputado del Bloco Jorge Costa se muestra prudente: “No hay que sobreestimar el éxito de la izquierda en Portugal; no cambia en nada la relación de fuerzas en Europa. No hay que creer tampoco que el Partido Socialista portugués ha virado a la izquierda… No se ha producido revolución cultural alguna en el PS, sino que éste se ha visto obligado, por razones de supervivencia política, a alcanzar un acuerdo con la izquierda. No es un acto voluntario por parte del partido, que entró en campaña en 2015 con el programa más de derechas de su historia. Lo ha hecho obligado y forzado”.

Ninguno de los entrevistados se atreve a aventurar una eventual reedición, en el futuro, de una alianza similar. Nada lleva a pensar que quieran o puedan repetir esta coalición en la próxima legislatura. Lo que han conseguido, de momento, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués es colarse en los intersticios de un Gobierno socialista debilitado. ___________________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Además de haber sido el negociador de la entrada de España en las Comunidades Europeas (hoy Unión Europea) y luego vicepresidente de la Comisión Europea, Marín acabó vinculado a la historia del parlamentarismo por su etapa de presidente del Congreso en la VIII legislatura, donde impulsó la modernización tecnológica de la Cámara y se volcó en un intento por reformar el Reglamento de 1982, que a última hora se frustró.

El recuerdo de Marín seguirá presente en la Galería de retratos de los presidentes de la Cámara, pero será el único que no dispone de un cuadro tradicional, sino de una fotografía en blanco y negro, ya que también innovó al preferir ese formato en lugar del clásico óleo.

Cinco horas de velatorio

El féretro con los restos mortales de Marín llegó poco antes de la una del mediodía al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde entró por la Puerta de los Leones, que sólo se abre en las grandes ocasiones. Allí fue recibido por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y una hora después se abrió la capilla ardiente, instalada en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso.

A partir de ahí comenzó el goteo de miembros del Gobierno, del Poder Judicial y de otras instituciones del Estado, así como compañeros de partido, amigos personales e incluso la mujer que le estuvo cuidando hasta sus últimos días. Todos ellos trasladaron sus condolencias a la viuda, Carmen, sus hijas y el resto de familiares presentes en la sala.

Rajoy acude nada más aterrizar de Londres

El rey también se acercó a las cinco de la tarde a despedirse de Marín, cuyo féretro estaba cubierto con las banderas de España y de la Unión Europea, y lo propio hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien nada más aterrizar en Madrid procedente de Londres se dirigió al Congreso para dar el pésame a los familiares de Marín.

También acudieron y firmaron en el libro de condolencias la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Se pudo ver además al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán; el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda; y el presidente del Consejo de Estado, Romay Beccaría.

Durante toda la jornada también ha querido mostrar su apoyo a la familia el presidente del Senado, Pío García Escudero, y su vicepresidente primero, Pedro Sanz, así como los miembros de la Mesa del Congreso, los portavoces parlamentarios del PP, Rafael Hernando; del PSOE, Margarita Robles, y del PNV, Aitor Esteban, así como el jefe de la oposición y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

También han estado diputados de otras formaciones como Ana Oramas (Coalición Canaria) e Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias), y representantes de grupos como Ciudadanos y Unidos Podemos, entre otros.

Expresidentes del Congreso

La despedida de Marín ha reunido a expresidentes del Congreso de distintos partidos, Landelino Lavilla (UCD), Federico Trillo (PP), Luisa Fernanda Rudi (PP), José Bono (PSOE) y Jesús Posada (PSOE), así como a los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha Emiliano García Page y José María Barreda. El político fallecido era originario de Ciudad Real.

Ante los periodistas, Posada ha lamentado el fallecimiento de Marín, el presidente que, a su juicio, más hizo por la "modernización" de Congreso y el autor de una de las intervenciones "más brillantes" que recuerda en la Cámara: la que protagonizó en la Comisión de Exteriores contra la guerra de Irak.

De su familia socialista se ha podido ver a los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y a buena parte de ministros de su Gobierno, entre ellos Pedro Solbes, Elena Salgado, Miguel Ángel Moratinos y Miguel Sebastián, así como numerosos diputados de pasadas legislaturas.

"Una y digna carrera"

Zapatero ha recordado a Marín como un "español entero de la generación de la democracia que presidió con autoridad el Congreso", intentando preservar su presidencia "frente a los grupos parlamentarios". "Es conveniente reconocer la trayectoria de muchas de las personalidades políticas que han hecho una buena y digna carrera", ha añadido.

También han asistido el que fuera secretario general de la OTAN Javier Solana; el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra; los exdefensores del Pueblo Enrique Múgica y Soledad Becerril; el exministro de Economía Carlos Solchaga; el exsecretario general de UGT Cándido Méndez, cuyo padre era amigo del fallecido; y Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente Adolfo Suárez.

Suárez Illana ha destacado la importancia de "homenajear" a quien "desde otros puntos de vista", como, a su juicio, ha sido el caso de Marín, han "servido bien a España" y han conseguido "mayores cotas de convivencia, cordialidad y prosperidad para el país".

"Nunca le olvidaremos"

Además, también han trasladado su pésame a la familia el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, en cuya fundación trabajaba actualmente Marín, así como el otrora ministro de Gobernación, de Interior y vicepresidente del Gobierno con Adolfo Suárez y la UCD, Rodolfo Martín Villa, el exvicepresidente Rodrigo Rato y el padre Ángel.

"Nunca le olvidaremos", ha sido el mensaje final que ha escrito la presidenta del Congreso en el libro de condolencias, donde, al igual que el resto de personalidades que ha pasado por la Cámara, han destacado las bondades políticas y personales del presidente de la octava legislatura de la reciente historia democrática.

El féretro con los restos mortales de Manuel Marín ha salido poco antes de las siete de la tarde por la Puerta de los Leones entre aplausos de los ciudadanos concentrados frente al Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

El expresidente del Congreso de los Diputados Manuel Marín ha fallecido este lunes en Madrid a los 68 años de edad "tras una larga enfermedad", según ha informado la Fundación Iberdrola España, de la que era presidente.

Originario de Ciudad Real, licenciado en Derecho y miembro del PSOE desde 1974, Marín fue diputado en el Congreso en la legislatura Constituyente de 1977 y secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas en el primer gobierno de Felipe González.

Entre 1982 y 1985 estuvo al frente del equipo encargado de las negociaciones para la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea.

De 1986 a 1999, fue vicepresidente de la Comisión Europea, en la que también fue titular de las Comisarías de Asuntos Sociales, Educación y Empleo (1986-1988), Política de Cooperación y Desarrollo y Política Pesquera Común (1989-1982), Política de Cooperación para el Desarrollo, Relaciones Económicas Exteriores con el Mediterráneo, América Latina, Asia y los países ACP, y Ayuda Humanitaria (1993-1999).