El octogenario que se ha disparado este martes en Torremolinos (Málaga) en el momento en el que una comitiva judicial acudió a su domicilio para desalojarlo por una ejecución hipotecaria ha fallecido en el hospital, según han confirmado a EFE fuentes sanitarias.

El hombre había sido evacuado de urgencia al Hospital Regional Universitario de Málaga tras dispararse cuando la nueva propiedad del inmueble acudió a la vivienda para tomar posesión del mismo.

Según han dicho a EFE fuentes cercanas al caso, el hombre había tenido problemas para cumplir con sus obligaciones de pago con el banco y la vivienda -ubicada a la entrada de este municipio malagueño, en la zona del antiguo orfanato- había sido subastada para hacer frente a la deuda.

Cumplido el plazo que el juzgado había dado al anciano para que abandonase la propiedad, este mismo martes iba a ejecutarse el lanzamiento y la toma de posesión oficial del inmueble por parte del nuevo propietario.

Hasta el domicilio se han desplazado la comitiva judicial, agentes de la Policía Local de Torremolinos, los representantes legales del adquirente y un cerrajero con intención de proceder al cambio de la cerradura y así hacer efectiva la toma de posesión de la propiedad.

Cuando han llamado al timbre y han tratado de abrir la puerta, el octogenario, que no había desalojado la vivienda y que aún se encontraba en su interior, ha intentado quitarse la vida y se ha disparado en la cabeza, según las fuentes.

En el momento en el que los agentes de Policía han entrado, el hombre aún respiraba, por lo que han dado aviso a los servicios de emergencia, que lo han trasladado hasta un centro hospitalario próximo.

Un hombre de 73 años se ha suicidado en Barcelona tras ser desahuciado del piso en el que vivía en el barrio del Raval, vivienda a la que acudió horas después alegando que había ido a buscar ropa, aunque acabó precipitándose por el balcón, recoge EFE.

Sobre las once de la mañana de ayer jueves, una comitiva judicial ejecutó el alzamiento de esa vivienda, situada en la calle Robadors de Barcelona.

Horas después, hacia las seis de la tarde, sonó la alarma del piso que había sido instalada tras el desalojo, por lo que agentes de los Mossos d'Esquadra se desplazaron hasta el lugar para determinar lo que había motivado que aquella se activara, según han informado a EFE fuentes de los Mossos.

La Policía de la Generalitat halló en el interior del piso al hombre que horas antes había sido desahuciado, quien argumentó que estaba cogiendo ropa.

Sin embargo, el hombre corrió hacia el fondo del balcón y se precipitó desde un tercer piso por el patio interior del inmueble.

Los Mossos, según fuentes policiales, intentaron sujetarlo y contenerlo para que no se tirara, pero no lo lograron y, después, lo auxiliaron sin éxito hasta que llegaron efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado que la vivienda era propiedad de un particular, no de un gran tenedor, el cual había presentado una demanda para desalojar a los ocupantes "ignorados" de la misma.

El Juzgado de Primera Instancia 2 admitió la demanda y abrió un incidente de ocupación, comunicando los hechos a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona para elaborar un informe y adoptar las medidas pertinentes.

El informe de Servicios Sociales señaló que la persona que había sido encontrada dentro de la vivienda el pasado 14 de febrero había renunciado al Servicio de Intervención en Procesos de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO).

El SIPHO acudió en tres ocasiones al domicilio sin que nadie le abriera le puerta, por lo que dejaron notas de contacto pero al no obtener respuesta, comunicaron la imposibilidad de realizar un informe por renuncia y falta de contacto.

El 26 de ese mismo mes se intentó, en dos ocasiones, notificar el procedimiento judicial, pero no se encontró a nadie en la dirección de la vivienda objeto de la demanda. El 1 de abril se intentó una nueva notificación, pero tampoco había nadie dentro del piso.

En un auto del 9 de abril, el juzgado decidió no suspender el procedimiento al no poder valorarse la vulnerabilidad del inquilino, y un día después se acordó la recuperación inmediata del inmueble, fijando el alzamiento para ayer, 12 de junio.

El 25 de abril se notificó el desahucio a la persona que se identificó como ocupante de la vivienda.

Según el TSJC, la persona que ayer fue desalojada no es la misma a la que se le había notificado el desahucio.

Al hombre que ayer fue desalojado se le notificó que debía abandonar la vivienda y los Mossos, previa autorización de los funcionarios, le entregaron algunas pertenencias como la documentación, teléfono móvil y ropa. Le explicaron que para recoger el resto de sus pertenencias podía ponerse en contacto con la propiedad.

El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual o embargos creció un 2,4% en el primer trimestre del año, hasta alcanzar los 2.426 procesos, con lo que suman dos trimestres al alza, según los datos publicados este miércoles por el INE que recoge EFE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que el total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el primer trimestre de 2025 fue de 5.531, un 2,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Las ejecuciones sobre viviendas de personas físicas se incrementaron un 4,5% en tasa interanual, si bien se redujeron un 5,3% desde el cierre de 2024. Los embargos sobre viviendas concentraron el 62,0% del total de ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre y un 43,9% del total de ejecuciones hipotecarias eran viviendas habituales de personas físicas. Un 9,0% correspondían a personas jurídicas y el 9,1% restante a otras viviendas de personas físicas, mientras que las ejecuciones hipotecarias de otras urbanas representaron el 29,0% del total.

Si se atiende al estado de las viviendas, el 6,6% de las ejecuciones hipotecarias recayó en viviendas nuevas, una cifra que se redujo un 43,3% en tasa interanual; y el 93,4% sobre usadas, que creció un 10,0%. El 16,0% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre correspondió a hipotecas constituidas en el año 2007, el 14,6% a hipotecas hasta 2004 y el 13,2% a hipotecas de 2006. De este modo, el periodo 2005-2008 concentró el 48,7% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el trimestre.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas fueron Andalucía, con 1.508; Cataluña, con 1.096; y la Comunitat Valenciana, con 780. En el otro extremo de la tabla, la Comunidad Foral de Navarra, con 19; Cantabria, con 40; y La Rioja, con 43, registraron el menor número.

En el caso de viviendas, Andalucía (con 816), Cataluña (con 794) y la Comunitat Valenciana (con 525) presentaron el mayor número de embargos, en tanto que la Comunidad Foral de Navarra (14), La Rioja (24) y Cantabria (25) tuvieron las cifras más bajas.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2024 creció un 18,3%, hasta 23.164 procedimientos, con lo que se rompió la tendencia a la baja que comenzó en 2022, según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recogidos por EFE.

Los lanzamientos, desahucios o embargos de una propiedad para su venta, que afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual, aumentaron un 3,4% rompiendo así la tendencia a la baja desde 2022; los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 3,6%; y los derivados del impago del alquiler aumentaron un 4,5%.

Un 74,6% de los lanzamientos (20.558) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 5.073 (el 18,4%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 1.933 restantes obedecieron a otras causas.

En la mayoría de las comunidades autónomas aumentó el número de ejecuciones hipotecarias, con Andalucía como el territorio donde, en términos absolutos, se presentaron más procesos (5.519), seguida de Cataluña (4.491), la Comunitat Valenciana (3.403), Madrid (2.204) y Murcia (1.229).

Si se atiende al número de ejecuciones hipotecarias presentadas por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta correspondió a Murcia, con 78; seguida de la Comunidad Valenciana, con 63,5; Andalucía, con 62,7; Cataluña, con 55,7; y Castilla-La Mancha, con 53,2.

El número de lanzamientos o embargos practicados en 2024 fue de 27.564, un 3,4% más que un año antes, y un 74,6% fue por impago del alquiler, que crecieron un 4,5%. Cataluña –con 7.381, el 26,8% del total nacional- fue donde se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 4.027; la Comunidad Valenciana, con 3.610; y Madrid, con 2.375.

Dentro los embargos por impago del alquiler, Cataluña ocupa la primera posición, con 5.539; seguida de Andalucía, con 2.712; la Comunitat Valenciana, con 2.517; y Madrid, con 2.317. También en lo relativo a los embargos derivados de ejecuciones hipotecarias es Cataluña quien lidera la clasificación con 1.121 procesos, seguida de Andalucía, con 994; la Comunitat Valenciana, con 915; y Murcia, con 423.

John no puede seguir con sus clases en la autoescuela. “No me da la cabeza”, lamenta. Ha pagado 650 euros en dos tandas de 10 clases, pero se ha dado cuenta de que una veintena de lecciones al volante no son suficientes para presentarse al examen. Y es que tiene una preocupación que no le deja centrarse: un gigantesco fondo de inversión va a intentar este jueves expulsarle de su casa, por tercera vez. Tanto a él, como a su pareja y a sus tres hijas pequeñas. La causa: ninguna, porque nunca dejó de pagar el alquiler. Es la mala suerte de entrar a vivir en unas viviendas que una vez fueron de protección oficial y que ahora están en manos de Blackstone. 

“Este lunes me llamaron para ofrecerme 1.000 euros para que me fuera”, explica John, de 43 años, a infoLibre. De origen nigeriano, lleva 17 años en España, todos en Alcorcón, ciudad natal de sus tres hijas de 1, 4 y 6 años. “El dinero no es problema, no me hace falta. El problema está en dónde voy a conseguir otro alquiler. Piden unas nóminas muy altas”, lamenta.

El dinero, obviamente, tampoco es un problema para Blackstone, una de las mayores gestoras de activos del mundo, valorados en cerca de un billón de dólares. Sin ir más lejos, este lunes The Wall Street Journal ha anunciado que ha vendido un resort en Estados Unidos por más de 800 millones de dólares, la segunda mayor venta de un solo activo de la historia reciente de EEUU.

En España, donde opera a través de sus ramas Testa y Fidere, se considera el “mayor casero” por su compra masiva de viviendas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el desplome de los precios. Y también es calificado de "fondo buitre", por aprovechar esa coyuntura para convertir la vida de sus inquilinos en un suplicio, multiplicando los precios de las cuotas o incorporando cláusulas abusivas a los contratos. 

Esta es la propietaria de unos edificios en la calles de Estocolmo y Bratislava, en Alcorcón, donde viven 40 familias a las que el fondo buitre va a llevar a juicio. La primera ha sido María, una vecina que se ha sentado en el banquillo este martes, mientras fuera le esperaban sus vecinos, también acusados, y varias decenas de activistas de los movimientos madrileños de la vivienda, como el Sindicato de Inquilinos o la PAH. Ha salido airosa: “Blackstone acepta nuestras condiciones”, ha exclamado emocionada, con el megáfono. En su caso, supone aplazar, de momento, la marcha del edificio. El resto de vecinos hacen cuentas para ver quién será el siguiente. Para John no hay juicios: este jueves se enfrenta a su tercer desahucio. 

Los problemas de John no se limitan a resistir los embates de una de las gestoras de activos más grandes del mundo. Tiene un problema cardiológico por el que le ha sido reconocida una discapacidad del 33%. Por suerte, reconoce, no le impide trabajar. Lo que sí le han recomendado fervientemente es que evite el estrés y la ansiedad, algo difícil cuando un fondo de inversión te trata de desahuciar cada cierto tiempo. “Me siento muchas veces muy nervioso, a veces un poco mareado…”, lamenta.

La pareja de John, de 33 años, acaba de conseguir trabajo en una conocida cadena de restaurantes. Sus hijas van a un colegio que está a escasas decenas de metros de su edificio. Están enraizados en el municipio y, concretamente, en su barrio, en el que llevan cinco años. Él, que ha trabajado la mayor parte de estos años como mozo de almacén, ahora está desempleado. Acaba de empezar a buscar trabajo, pero es una tarea que reconoce que no le supone demasiado esfuerzo. “Para mí es fácil encontrar trabajo. Con la tarjeta de discapacidad, más todavía. Puedo hacer casi cualquier cosa, menos correr o hacer mucha fuerza”, explica.

John tiene todo lo que necesita: familia, trabajo, un techo... Solo le falta una cosa, que es justo lo que le exige su médico: tranquilidad. En casa viven una calma tensa. “Mi mujer está triste desde hace mucho tiempo. Mi hija mayor también, porque sabe lo que está pasando. Sabe que tengo una enfermedad en el corazón”, lamenta.

John ha solicitado una vivienda de protección oficial. “De momento, no sale nada”. Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos, que le han ayudado desde el principio, le están dando esperanzas. Creen que es posible que el desahucio de este jueves se vuelva a posponer. Pero reconoce que está perdiendo la paciencia: “Este jueves me desahucian y no sé qué hacer. Tengo muchos muebles dentro, no tengo ni adónde llevarlos. A lo mejor se pospone, pero dentro de unos meses será otra vez lo mismo. Y no soy solo yo, ¡es casi todo el edificio!”, lamenta. 

El edificio de la calle de Estocolmo fue levantado a iniciativa de la Comunidad de Madrid, que otorgó en 1999 la calificación de viviendas de protección oficial a las parcelas donde se erige. A los pocos meses de construirlo, el edificio pasó a manos de Banco Santander, posteriormente a la constructora Sacyr, y por último a Testa, actual casera. En este edificio vive Antonio, un vecino de 84 años, que lleva 22 años en el edificio y cuyo alquiler pasó de 200 euros a 625 euros. También Jesús, de 57 años, 12 en el edificio y que le exigen un aumento de 875 euros.

John lleva menos tiempo, unos cinco años. Mientras que Testa ofrece al resto de vecinos algunas posibilidades como subirles el alquiler, aunque sea a niveles abusivos, a él ni siquiera eso. Lo quieren fuera de la vivienda. John no sabe explicar por qué a algunos les ofrece opciones y a él no. Se señala el brazo: “Soy el único que no es blanco…”, señala, encogiéndose los hombros. 

Testa acusa a John de impago, pero él, sorprendido, defiende que no ha dejado de pagar nunca: “Ellos se cobraban el dinero de mi cuenta cada mes. Cuando terminó el contrato, en julio de 2021, fui a mirar la cuenta y no lo habían cobrado. Llamé a Testa y pregunté por qué. Me dijeron que el contrato se había terminado y que tenía que marcharme”, explica

“No le han validado la prórroga de un año, ni tampoco las que aprobó el Gobierno. Blackstone se ha cebado con su familia”, explica a infoLibre Mercedes Revuelta, activista del Sindicato de Inquilinos de Madrid. Revuelta cree que el motivo por el que el fondo buitre acepta hablar con unas familias, pero no con la de John, es por su nivel de ingresos. “Estamos negociando estos días para que se pare el desahucio”, defiende. 

Cuando Testa dejó de cobrarle a John el alquiler, los movimientos de la vivienda le aconsejaron consignarlo en sede judicial, para evitar que le acusaran de impago. Y así hizo, hasta que un día el juez le dijo que dejara de hacerlo.

“El lunes me llamaron de parte de Testa. Me recordaron que tengo el desahucio este jueves y me preguntaron ‘¿Qué plan tienes?’. Yo les dije que ninguno”, cuenta John. “Me ofrecieron 1.000 euros, para pagar un mes de alquiler en otra parte. Yo les dije que no puedo aceptar el dinero, primero porque el dinero no es mi problema. Mi problema es que no tengo adónde ir. Para los contratos de alquiler piden dos contratos de trabajo que suman casi 3.000 euros [como aval]. No me puedo ir. Pero es que además, con 1.000 euros, ¿adónde voy?”, se pregunta. 

No es la primera vez que le ofrecen dinero: “El año pasado me ofrecieron 5.000 euros. Llegué a pensarlo, pero es que no tengo alternativa. Les dije que solo quería hablar con ellos para negociar alguna alternativa”, insiste. A diferencia de otros vecinos, como el octogenario Antonio, que no quiere dejar su casa, John sí aceptaría una alternativa habitacional. Pero Testa no cede a negociar, pese a sus intentos, los de los movimientos sociales e incluso los del propio Ayuntamiento. 

Tanto los movimientos sociales como fuentes municipales confirman que no es la primera vez que oyen que Testa ofrece dinero en metálico a personas que quiere desahuciar: “Es la mafia y los trapicheos de un gran fondo para evitar más trajín jurídico. Le sale a cuenta pagar 1.000 euros para que hagas la mudanza y te vayas corriendo”, critica Mercedes Revuelta.

El Sindicato de Inquilinos de Madrid critica que el trabajo del Consistorio se limitó a enviar una carta a la Comunidad de Madrid y a Blackstone y que, dado que ninguna aceptó sentarse en una mesa, su plan de mediación se quedó en vía muerta. “Podrían haber aprobado bandos, sacar carteles, presionar, hacer declaraciones a medios de comunicación… Hemos encontrado en el Ayuntamiento una pared de hormigón armado”, lamenta la activista Mercedes Revuelta.

El Consistorio, gestionado por el PSOE, aún se está recuperando estos días del susto electoral. Ha revalidado la alcaldía en estas elecciones municipales por un pelo: el Partido Popular se ha quedado a 42 votos de arrebatarle el último escaño a la izquierda, necesario para obtener una mayoría absoluta con Vox. El recuento ha dado la razón a los socialistas. 

“Los vecinos piden una negociación colectiva, pero Testa se niega a eso”, explica a infoLibre Rosana Zarapuz, concejala de Vivienda del municipio. El Ayuntamiento, a petición de las familias afectadas, aprobó una moción en noviembre en el que se comprometió a mediar. La Comunidad de Madrid ni siquiera respondió. El Ayuntamiento dice que Blackstone sí, pero evitó comprometerse a negociar. Ahora, empieza a ver un cambio de actitud. 

“La novedad es bastante reciente. Desde hace unas semanas se está comenzando a hablar. Vemos que ahora Testa sí reconoce al Ayuntamiento como interlocutor”, añade la concejala. “Lo que hemos conseguido es que Testa haga un estudio individualizado, pero de todos los afectados, sin excluir a nadie. Lo que no sabemos es la solución que se le va a ofrecer a cada uno”, explica. Añade que el Ayuntamiento iba a acordar una segunda moción, pero pactaron con los vecinos retrasarla, por si perjudicaba a las negociaciones, añade.

Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos siempre han rechazado el estudio individualizado de los casos y exigen una negociación colectiva para todo el bloque. Lo otro, arguyen, implica que los vecinos más vulnerables tengan que pasar por el aro con peores condiciones. La Ley de Vivienda tampoco les socorre: “Las herramientas que podríamos usar dependen de que la Comunidad de Madrid declare esto como zona tensionada. No se va a aplicar la ley”, lamenta Mercedes Revuelta.

Mientras tanto, siguen los procesos judiciales en curso, los movimientos sociales emboscados, el fondo buitre llamando a John para presionarle y él, buscando en medio de todo esto, lo único que le ha pedido su médico: algo de tranquilidad. “No debo nada. Pagué cada mes. Tenía derecho a prórroga, no me dejaron pagar. Quiero un nuevo contrato y seguir pagando el alquiler. Tengo tres niñas y no sé dónde ir”, lamenta John.

*ACTUALIZACIÓN (07/06/2023 12.29): El Sindicato de Inquilinos ha informado a infoLibre que Blackstone ha pedido que se paralice el tercer intento de desahucio, previsto para mañana. "Si en unos meses se ve que no se puede llegar a un acuerdo, la propiedad es libre de pedir al juzgado que vuelva a señalar una fecha para otro intento de desahucio", han informado fuentes de la negociación.

El número total de lanzamientos practicados en el primer trimestre del año, 11.072, se ha mantenido en cifras muy similares a las de hace un año al haber experimentado un aumento del 1%, según ha informado este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha recogido Europa Press.

Tres de cada cuatro lanzamientos (7.625) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.755 (el 24,9%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 692 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 8,1% respecto al mismo trimestre de 2021; sin embargo, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 3,1%. Los derivados de otras causas se incrementaron un 25,6%.

Cataluña —con 2.410, el 21,8% del total nacional— ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el primer trimestre de 2022, seguida por la Comunidad Valenciana, con 1.863; Andalucía, con 1.858; y Madrid, con 1.005.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2022 fue de 19.257, un 6,2% más que en mismo trimestre de 2021. De ellos, 9.013 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 0,9%.

Resulta más significativo poner en relación el número de lanzamientos con la población. Se observa que la tasa más alta de lanzamientos derivados del impago del alquiler por cada 100.000 habitantes fue la de Baleares (23,7), seguida por las de Canarias (22,5), Cataluña (21,9), Comunidad Valenciana, (20,7) y Murcia (20,6). Los territorios con una tasa más baja fueron Navarra (7,5), País Vasco (8) y Extremadura (8,5).

En el primer trimestre de 2022 han ingresado 740 asuntos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 6,3% menos que el año anterior, y se han resuelto 795. En Andalucía se ha presentado el mayor número de demandas (173), que representan el 23,4% del total nacional. Le siguen Cataluña (162); la Comunidad Valenciana, con 91, y Madrid, con 56.

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

Durante el primer trimestre del año, se han presentado 6.410 ejecuciones hipotecarias, un 12% menos que en el primer trimestre de 2021.

El mayor número se ha dado en Andalucía (1.431), cifra que representa el 22,3% del total nacional; le sigue Cataluña, con 1.251; Comunidad Valenciana, con 1.042; y Madrid, con 741.

Sin embargo, teniendo en cuenta el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas por cada 100.000 habitantes, destacan la Comunidad Valenciana, con una tasa de 20,5; Murcia, 19; y Andalucía, 16,5.

De su lado, el número de concursos presentados en el primer trimestre de 2022 ascendió a 5.312, lo que ha supuesto un incremento del 7,9% respecto al mismo periodo de 2021. La cifra total de concurso mantiene una tendencia al alza desde el tercer trimestre de 2020.

Del total de concursos presentados, 2.812 correspondieron a los presentados por personas físicas no empresarios en los Juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción, que aumentaron un 11,1% respecto al primer trimestre de 2021. Los 2.500 restantes correspondieron a los presentados en los Juzgados de lo Mercantil, que se incrementaron un 4,4% con respecto al año anterior.

De los 2.500 concursos presentados en los juzgados de lo mercantil, 1.080 corresponden a personas físicas empresarios (un 29,5% más que hace un año), y 1.420 a personas jurídicas (un 9% menos que en el mismo trimestre de 2021).

De acuerdo con el informe, Cataluña ha sido la comunidad donde se registraron más concursos en los Juzgados de lo Mercantil: 846, lo que supone el 33,8% del total. Le siguieron Madrid, con 446; Comunidad Valenciana, con 311; y Andalucía, con 261.

Respecto a los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción, la comunidad autónoma con mayor número de ellos también ha sido Cataluña, con 692, que representan el 24,6% del total nacional. Le siguieron Madrid, con 511; Comunidad Valenciana, con 401; y Andalucía, con 357.

El número de concursos declarados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año en los Juzgados de lo Mercantil fue de 1.490, con una reducción interanual del 2,4%. A esta cifra se añaden los 992 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 470.

En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 121 concursos (un 9% más que hace un año), mientras que iniciaron la fase de liquidación 994, un 6,7% más que en el mismo trimestre de 2021.

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado 110 expedientes, un 28,1% menos que en el mismo trimestre del año anterior.

En el primer trimestre de 2022 se han presentado 30.126 demandas por despido, un 12,6% menos que en el mismo trimestre de 2021. Cataluña, con 6.287 (el 20,9% del total), ha sido la comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Madrid, con 5.714; Andalucía, con 4.580, y la Comunidad Valenciana, con 3.309.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 31.990, ha sido un 6,9% inferior a las presentadas en el primer trimestre de 2021. De ellas, 5.949 se presentaron en Madrid (el 18,6% del total); 5.280 en Andalucía y 3.831 en Cataluña.

Los procedimientos monitorios presentados fueron 239.972, lo que supone un incremento interanual del 16,9%. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se ha dado en Cataluña, con 45.761, seguida de Andalucía, con 39.802; Madrid, con 38.545; y la Comunidad Valenciana, con 26.985. El mayor incremento interanual se ha dado en Cataluña, donde ha alcanzado el 51,2%.

Según explica el CGPJ, el procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En el primer trimestre de 2022 han ingresado en los juzgados especializados en cláusulas suelo 24.989 asuntos de esta naturaleza, lo que supone un descenso interanual del 30,8%. Además, se han resuelto 36.128 (un 3,6% menos que hace un año), quedando en tramitación 200.995 (un 8,2% más). Se han dictado 31.654 sentencias, de ellas el 97,9% estimatorias.

Sin muchas expectativas, sin empleo y sin apenas dinero, Fátima llegaba hace más de ocho años al barrio de Entrevías (Vallecas, Madrid) en busca de un techo. En una mano, sus dos hijos; en la otra un nieto de cuatro años y otra en camino. Atrás, su pasado como víctima de violencia de género. Y al frente de todo, ella. La oportunidad que buscaba llegó en forma de alquiler social: firmó el contrato de arrendamiento en enero de 2014 y en él encontró el punto de partida para construir su vida. Ahora, ocho años después, ha tenido que convivir con la posibilidad de perder su hogar, pero el impulso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido frenar la amenaza de desahucio articulada por el BBVA.

Fátima y su familia aguardaban con temor la llegada del miércoles, el que sería el último día en su casa. El BBVA, propietario del inmueble, comunicó solo un día antes a la PAH que "ha pedido la suspensión" del lanzamiento y el juzgado trasladó el mismo martes a la familia que "ha acordado la suspensión del desahucio", señalan fuentes de la plataforma, por un periodo de tres meses. Noventa días de tregua. Aunque la decisión insufla aire en los pulmones de la víctima, los activistas antidesahucios no bajan la guardia: este miércoles a las 8:30 horas se mantendrán firmes a las puertas de la vivienda, "por protocolo y malas experiencias anteriores". 

Sin ser siquiera consciente, Fátima fue acumulando una deuda con el banco. "El cobro del alquiler se hacía el día 10 y yo suelo ingresar dos o tres días después", explica al otro lado del teléfono. Ninguna alerta, asegura, saltó para dar cuenta del impago, hasta que la deuda final superó los 500 euros. "En un documento decía que la deuda eran 530 euros y en otro 600. Pregunté a la procuradora y pagué la primera cifra en el plazo que me daban", expone la víctima. Lejos de resolverse, el problema se cronifica cuando el banco señala que la cantidad adeudada era la segunda, 600 euros. "Me quieren desahuciar por 70 euros".

Fuentes de la PAH explican que "no se trata de un problema real de impago", sino que responde a las "artimañas de BBVA para no renovar el contrato" a la familia. Fátima "siempre había pagado a destiempo, fuera del día 10 y el BBVA siempre se lo había admitido". Hasta este verano, cuando el banco "indica que no va a renovar el contrato y a partir de ahí no admite los pagos". Entonces, señalan las mismas voces, la entidad inicia una "demanda por impago, mucho más rápida que por extinción de contrato", una modalidad que suele demorarse "un año o año y medio", pero que además "habría sido archivada porque el decreto de escudo social concede seis meses de prórroga obligatoria" para los contratos que vencieran durante el periodo de validez del decreto.

Fátima evoca el piso en el que habita como si de un gran regalo se tratase: gracias a poder vivir bajo ese techo, sus hijos han podido formarse y encontrar un empleo. También ella, quien trabaja a domicilio cuidando a personas dependientes para la empresa Clece. La vivienda que echa raíces en la calle Sierra de Contraviesa es la piedra angular de sus vidas. Más aún cuando todavía ronda cerca el hombre que casi las destroza: la expareja de Fátima. Su maltratador.

En el año 2017, el Juzgado de lo Penal número 37 de Madrid impone una orden de alejamiento contra el hombre que pasó más de tres décadas maltratándola. La medida tiene una duración de seis meses. Contra el agresor constan muchas denuncias, pero la mayoría fueron retiradas por la propia víctima, quien tampoco acudía a declarar cuando los tribunales la requerían. Ella se excusa: el miedo, la vergüenza o incluso la súplica de su hijo menor, cita. En realidad, su reticencia a tomar medidas contra el agresor no es una anomalía. En torno al 11% de las víctimas de violencia de género se acogen de hecho a la dispensa a declarar como testigo, un hábito que según la Fiscalía General del Estado "está detrás de muchos procedimientos que no llegan a culminar". Desde hace algo más de un año, legislación y jurisprudencia se dan la mano para que las víctimas declaren sí o sí contra su maltratador. Además, en torno al 70% de las mujeres maltratadas no consiguen reunir la fuerza necesaria para interponer una denuncia, según el grueso de la investigación especializada y las estimaciones oficiales.

"En la vida me voy a olvidar del primer golpe que me dio", reconoce Fátima. Hace más de tres décadas, en su Ecuador natal y en el marco de una discusión con la hermana del maltratador. "Él es violento, sobre todo cuando está bebido", relata. A partir de aquella primera paliza, cuando ella apenas tenía veinte años, se desliza la posibilidad de volver a casa de su madre y romper por lo sano. Pero el pudor la frenó. Al principio, explica, el agresor le imploraba perdón y le prometía que nunca más le levantaría la mano. Pero la violencia no cesó. 

Fátima llegó a España cuando su hija tenía seis años. "Tenía la intención se separarme, pero nunca lo hice". Poco después, él terminó por instalarse también en suelo español. Más tarde llegó el segundo embarazo, y con él las sospechas: "Creía que el niño no era suyo, se convirtió en mi verdugo". Entonces, los puñetazos se dirigieron también a su vientre. "Viví maltratada", sostiene la víctima. Hasta que decidió poner freno a la violencia y distanciarse de él, hace ya dieciséis años. Como víctima de violencia machista, la ecuatoriana solo atesora la orden de alejamiento que duró seis meses. Entretanto, ha sido ella sola la que ha salido adelante.

Fátima ha sido quien de llamar a las cosas por su nombre: violencia física, psicológica y sexual. Y gracias a ese paso tiene claro que no tolerará más golpes. Pero se mantiene en guardia, porque su expareja no se ha esfumado: mantiene, a día de hoy, relación con los nietos que tienen en común. "Yo no hablo con él, pero sus nietos sí. No es un gran abuelo, pero les trata bien, lo que no hizo con sus hijos", concede. Dice no temer por la seguridad de los pequeños, aunque advierte: "Como se atreva a hacer algo le denunciaré, hoy no voy a tolerar más violencia, ese miedo ya se me fue del cuerpo".

El mismo miércoles, los activistas de la Plataforma desplegarán sus pancartas ante otro portal. A las 11:00 horas lo harán en la calle Pico Cejo, en Puente de Vallecas, tratando de impedir que Elena pierda su hogar tras un procedimiento de impago producto de la crisis del coronavirus. Su casero, administrador de la empresa Promociones y Construcciones Jarque SL, se niega a negociar, mientras que la inquilina, en situación de desempleo, todavía no ha podido encontrar una alternativa habitacional.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales aumentaron un 57,4% a lo largo de 2021.

"Estos desahucios son un ejemplo de que el llamado decreto de escudo social es un fracaso, como ejemplifican las cifras de desahucios judiciales", señala Myrian Espinoza, portavoz de PAH Vallekas. "Los llamados criterios de vulnerabilidad son un laberinto burocrático que permite una alta arbitrariedad a los juzgados y a los servicios sociales", critica. En lo relativo a la amenaza de desahucio contra la víctima de violencia de género, la activista recuerda que el BBVA "se quedó con toda la vivienda de Catalunya Caixa, rescatada con 12.000 millones de euros públicos, y esas viviendas procedentes de desahucios no deberían seguir siendo objeto de especulación".

Las medidas coyunturales no sirven contra un problema estructural que no da tregua. "Trece años después de que se iniciara la crisis de desahucios masivos, el problema no solo sigue sino que se agrava con nuevas y sucesivas crisis", añade la activista, quien se agarra a la "movilización y autoorganización popular" como única vía garantista en defensa de la vivienda. 

La movilización ha sido la responsable de detener, al menos por el momento, el lanzamiento contra Fátima. También otro desahucio que afectaba a una familia con tres menores en Palomeras Sureste, en el distrito vallecano. La vivienda era, en este caso, propiedad de Limara, parte del conglomerado de inversiones inmobiliarias del gigante Blackstone. Fátima respira tranquila, admite, después de haber "llorado de felicidad" por el aplazamiento concedido este martes. Pero el mercado del alquiler es salvaje y los precios que se suceden en los portales de búsqueda son inasumibles para ella. Por el momento, dice al otro lado del teléfono a última hora del martes, se conforma con no tener que seguir empaquetando todas sus cosas.

Una mujer de 67 años y con discapacidad ha sido desahuciada este viernes por la mañana en Pollença (Mallorca), según han informado desde la plataforma Stop Desahucios, informa Europa Press.

El lanzamiento ha contado con la presencia de más de 25 guardias civiles y ocho vehículos policiales, han apuntado desde la plataforma en un comunicado.

A pesar de que el lanzamiento estaba previsto a las 10.00 horas, de acuerdo con Stop Desahucios, el operativo policial ha empezado a las 06.00 horas y ya había presencia policial desde este jueves por la tarde.

La plataforma ha destacado que unas 25 personas se han concentrado cerca de la vivienda para protestar contra el desahucio. Sin embargo, no se ha conseguido parar el lanzamiento y han desahuciado a la mujer a las 13.15 horas.

De acuerdo con la plataforma, el caso de esta mujer empezó en 2009, a causa de la crisis económica y por las consecuencias de un cap de fibló. Con todo, Stop Desahucios ha asegurado que "seguirá luchando por recuperar su casa o por una indemnización justa y suficiente" para esta mujer.

Según la plataforma, este es el primer desahucio ejecutado en Mallorca de este año 2022.

¿Quién tendría el valor de explicarle a Ari, una niña de dos años, o a cualquier otra como ella que, a veces, demasiadas, la vida no es bella?

¿Quién sería capaz de romper su bendita ingenuidad para contarle que los antidisturbios que derribaron su puerta no vinieron a darle una sorpresa por su cumpleaños, como su madre trató de hacerle creer, para envolver en papel bonito un sufrimiento evitable?

¿Quién encontraría las palabras justas para que entendiera que la pancarta que estaba enfrente de su casa no decía “felicidades” sino “hay quienes tienen la conciencia limpia porque no la usan nunca”?

¿Quién sabría cómo explicarle que su regalo por cumplir un año más sería vivir un desahucio y quedarse en la calle a merced de la caridad de vecinos y familiares?

¿Quién podría asegurarnos que este no será un recuerdo que esa niña no borre nunca?

¿Quién le haría entender cómo es posible que nos hayamos acostumbrado a este tipo de situaciones?

Como Manuela, vecina del madrileño barrio de Vallecas, madre de Ari y de otros tres niños más, víctimas de un lanzamiento, casi once mil familias han tenido que enfrentarse, en primera persona, a preguntas semejantes solo en el primer trimestre del año. Más del doble de los desahuciados son menores de edad. Noventa mil al año. Niños con luz propia, aunque retratarlos arrojados a la calle, incomode a quienes están en la oscuridad.

Los desahucios no son cosa del pasado. Continúan y se han incrementado un 13,5%, durante los tres primeros meses del año, respecto al mismo periodo de 2020, según datos del CGPJ. Del total, un 72% corresponden a lanzamientos practicados por impago de la renta de alquiler y el resto por hipotecas. Mil treinta y tres de esas órdenes se dictaron en la Comunidad de Madrid, un seis por ciento más que entre enero y marzo del año anterior.

Ari y su familia lo vivieron hace diez días. Nueve menos de los que tardó la entidad financiera propietaria del inmueble, con la que la familia intentó negociar sin éxito, en poner en venta, a través de un portal inmobiliario, el único hogar que conoció la pequeña Ari. El llamado ‘escudo social’ del Gobierno no le sirvió a esta familia. El decreto antidesahucios que supuestamente los frena, mientras duren los efectos de la pandemia, deja la decisión en manos del juzgado porque no es una paralización de oficio. Sorteando esa misma resolución, este miércoles Cruz y sus cuatro nietos, de entre nueve y dieciséis años, han sido desalojados de un piso del mismo barrio, en este caso propiedad de Cerberus, “uno de los fondos buitre que más vivienda ha comprado a los bancos, en los últimos tiempos, por precios muy bajos”. La pandemia dejó sin trabajo a la familia y la abuela, después de siete años pagando el alquiler, no pudo continuar haciéndolo. “Ni la Comunidad ni el Ayuntamiento les han provisto de una vivienda a pesar de llevar años en las listas de espera. ¡Vergüenza!”.

Alejandra Jacinto, la diputada sin pelos en la lengua y portavoz adjunta de UP en la Asamblea de Madrid, es experta en vivienda. Tiene treinta y un años, muchos menos que el número de “escenas traumáticas” a las que ha asistido “por este tipo de ejecuciones” que se han quedado grabadas no solo en su retina: “Se puede intentar cerrar los ojos a la realidad, pero no a los recuerdos. No puedo olvidar todos los desahucios en los que, a través de la mirilla de una puerta, se veía un séquito de antidisturbios para desalojar a una familia. Han sido muchos, y todos tremendos, y lo que se siente cuando se vive de cerca es indescriptible, sobre todo para las personas que lo sufren. Imposible olvidar, por ejemplo, el desahucio de Andrés, en el barrio de San Cristóbal, uno de los más azotados por la crisis en Madrid. Recuerdo a los agentes de la policía apostados en la puerta de este hombre, que era una persona enferma a la que la Empresa Municipal de la Vivienda, con Ana Botella, le había adjudicado una casa social que después vendió al fondo buitre Blackstone. A Andrés le desahuciaron de la peor manera, de la forma más cruel. También hay otra ejecución que me marcó bastante: el de la madrileña calle Argumosa, en el número 11, un desahucio múltiple que se llevó a cabo de forma coordinada por los juzgados y que supuso un atropello brutal de los derechos humanos de las inquilinas que dejaron de ser rentables, en el centro de Madrid, a unos grandes propietarios que querían poner las viviendas en alquiler turístico para poder especular y sacar más rentabilidad económica. Fue un desahucio especialmente terrible por cómo se produjo, por el dispositivo desproporcionado que se empleó y porque contábamos con diferentes resoluciones de Naciones Unidas que habían instado a paralizarlo y a que la Comunidad de Madrid otorgara alternativa habitacional a las familias. Esto no sucedió y se efectuó un desahucio sangrante”. Aquel febrero de 2019, una maraña de matices jurídicos “dejó a familias enteras, menores de edad, un bebé y una adolescente discapacitada en la calle”.

Pese a los momentos difíciles, “no he pensado en ningún momento en tirar la toalla porque el objetivo no permite hacerlo”. Releyendo La España de las piscinas de Jorge DioniLa España de las piscinas sobre el boom inmobiliario y la transformación de la vivienda, Alejandra reafirma su negativa a aceptar lo habitual como algo natural porque, como apuntaba Bertolt Brecht, “en tiempos de desorden sangriento, de confusión generalizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar”.

Activista nata

Quienes la conocen de cerca coinciden en que nunca ha sido una persona que pidiera una carga ligera sino una espalda fuerte. Desde niña, la diputada morada y activista por el derecho a la vivienda, tuvo la fortuna de pertenecer a una familia de clase media, residente en el acomodado barrio de Retiro, donde los procedimientos de desalojo nunca han sido frecuentes. Hija de un periodista, “que me llevó todos los domingos de mi infancia a ver títeres”, y de una funcionaria del Estado, no necesitó pasar calamidades para entender que “quien no vive de algún modo para los demás, tampoco vive para sí mismo”.

Nacida en 1989, pertenece a la generación de los ‘Milenial’, siete millones de jóvenes españoles que crecieron con los inicios de la digitalización, impulsaron la vida sana y el ecologismo. Pero también son la generación cuyo acceso a la vida laboral está muy marcado por la crisis económica y, como consecuencia, por un bajo porcentaje de independización. Alejandra no fue una excepción: “En cuanto pude, en cuanto tuve trabajo, me emancipé. Viví en varios sitios, cerca del barrio de Retiro, en Arganzuela y, finalmente, en Lavapiés. Pero tuve que volver a casa de mis padres una temporada por la precariedad laboral que nos azota a todos los jóvenes en este país, máxime si te dedicas a lo que yo elegí”.

En plena adolescencia vio la película de Adolfo Aristarain, Martín (Hache) y, aunque se convirtió en una de sus cintas favoritas, tuvo claro que ella no sería una ‘nini’ como el personaje interpretado por Juan Diego Botto: desde muy pequeña fue consciente del esfuerzo que hacían sus padres para que su hermano y ella tuviesen una vida confortable. Tal vez, por eso, no tuvo jamás los brazos caídos. "Tan buena estudiante y tan empollona que el contenido de todos los exámenes, uno a uno, tema tras tema, se los contaba a mi madre el día de antes de la prueba. Siempre digo a la pobre que ella también se sacó las carreras, tanto de Derecho como de Ciencias Políticas, porque le conté todo lo que entraba en los exámenes. Eso sí, funcionó, tuve buenas notas”.

Antes de obtener la doble licenciatura en la Universidad Autónoma, la hija mayor de los Jacinto Uranga pasó veranos dorados, suavizados por la brisa cantábrica y la magia de los atardeceres reflejada en los edificios modernistas de Comillas, el pueblo de sus abuelos, con los que paseó una y otra vez la playa de Oyambre. Allí descubrió que un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero. Si desde muy pequeña había soñado con ser abogada, sus inquietudes sociales y políticas fueron creciendo con ella como la marea: “Un año antes de finalizar la carrera, “con el estallido del 15-M, acudí con una amiga a la manifestación y, a partir de ahí, encontré un lugar donde poder desarrollar mi compromiso político, siempre con los derechos humanos y con las personas que más lo necesitan. Me dediqué al activismo social y a la abogacía casi a la vez, de la mano”. Una mañana de 2011 fue al barrio de Usera, donde se había enterado que se debatía a diario sobre los problemas de la vivienda. Cuando se presentó como estudiante de Derecho, los vecinos la abordaron a preguntas porque “nadie enseña la burocracia de la vivienda”. Entonces supo que “no hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, ni compromiso sin acción”. Mientras participaba en la asamblea Stop Desahucios, acabó la carrera y se puso manos a la obra: se implicó en hacer frente a los desalojos de inquilinos de las viviendas públicas que el PP vendió a los fondos buitre durante los mandatos de Ana Botella en el Ayuntamiento e Ignacio González en la Comunidad.

De la abogacía y el activismo a la política

En el verano de 2012, “participando en una manifestación contra los desmanes de Bankia por el tema de las preferentes”, conoció a Javier Rubio, un letrado experto en temas vinculados a la vivienda y que llevaba años defendiendo los derechos de los habitantes de la Cañada Real. Con él comenzó a trabajar en el Centro de Asesoría y Estudios Sociales, una cooperativa de abogados comprometida con la transformación social y la defensa de los derechos humanos desde dentro de los movimientos sociales. “Tenía esfuerzo y coraje desde muy cría”, pero acercarse a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le dio un propósito: “Trabajar para que se cumpla el derecho a la vivienda como base que te permite tener acceso al resto de derechos. Cambiar el paradigma, descartar la vivienda como mercado, como negocio y sustituirlo por el concepto de derecho humano, que es lo que es y lo que dicen los tratados internacionales, y evitar las viviendas vacías que acaparan grandes tenedores de casas y que son los que provocan las subidas de precio. Y, fundamental, parecernos más a Europa, a ciudades como Viena, que tienen un parque público del veinte por ciento al alcance de las mayorías sociales”. También al país en el que se desarrolla la laureada serie de televisión favorita de la activista, Borgen: en Dinamarca, menos del 50% de la población tiene vivienda en propiedad y más del 41% reside en régimen de alquiler, la mitad de ellos de vivienda pública, junto con un 7% de ciudadanos que viven en cooperativas. Además, el arrendamiento de los pisos antiguos está regulado por las autoridades municipales, que fijan una renta basada en los costes de mantenimiento.

Ejerciendo en un despacho comprometido con los Derechos Humanos y la justicia social, durante casi diez años Alejandra se ha dedicado, junto con la PAH, “a defender los intereses de las personas frente a los abusos bancarios y a la especulación inmobiliaria. Actualmente la gente destina más del 50% de sus ingresos para el pago de sus alquileres y, como indica la OCDE, es dinero que se retrae del consumo y del mercado. Además, los precios abusivos hacen que tan solo el veinte por ciento de los jóvenes pueda emanciparse. Es necesario revertir la nefasta política de vivienda que tenemos, en particular en la Comunidad de Madrid, desde hace cuarenta años. Es necesario apostar por un cambio de modelo que ponga el derecho a la vivienda en el centro”.

Mirando más allá de la indignación, en 2017, Jacinto recibió la condecoración de Amnistía Internacional en su campaña ValienteValiente como defensora de derechos humanos. Había propuesto a todos los colectivos de la vivienda madrileña una gran recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular en la Asamblea de Madrid. El objetivo era lograr una ley urgente en la región “porque esta es la única Comunidad junto con Asturias, que no tiene esa ley por el ejercicio mezquino de dejación de funciones para permitir que esto sea el salvaje Oeste en materia de derechos sociales y de vivienda”. Para pasar por la puerta de la Asamblea era necesario que el texto contara con cincuenta mil firmas. Logró setenta y siete mil. Sin embargo, al entrar al Parlamento madrileño se dio de bruces con el PP y Ciudadanos que tumbaron la iniciativa con sus votos. La ley ni se tramitó: “De la forma más cruel tiraron nuestra propuesta a la basura, no permitieron ni siquiera debatirla en la cámara. Me recuerdo absolutamente indignada, sin poder creer que se pisoteara un ejercicio de democracia”. Sin embargo, cuatro años después, la justicia le dio la razón: la presidenta Díaz Ayuso tiene que recuperar los 2.930 pisos públicos que, en 2013, el PP vendió a un fondo por 250 millones. Alejandra Jacinto, alentada por su firme convicción de que “siempre es demasiado temprano para abandonar”, formó parte del equipo jurídico que ha logrado esta histórica sentencia.

Celebrando “lo mejor que está sucediendo en nuestro país, el avance imparable y la conquista de derechos feministas” y lamentando “lo peor, la imagen de la España en blanco y negro a la que nos quieren hacer retroceder algunos”, en marzo pasado, Jacinto tardó veinticuatro horas en decir “sí” a la propuesta del ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias para dar un paso al frente como candidata independiente a la lista de UP a la Comunidad de Madrid. Seis meses después de nacer su primera hija, se convirtió en diputada y portavoz adjunta del partido morado en la Asamblea de Madrid: “Llevo pocos meses, pero no dejan de sorprenderme las formas del PP y de Vox insultando a la inteligencia de los que estamos en la oposición y también a la de los madrileños y madrileñas. La prioridad de Ayuso es afianzarse en su carrera política a La Moncloa y hacer oposición al señor Casado. Lejos de combatir la desigualdad en la Comunidad, la mayor de todo el Estado, se dedica a aumentar su chiringuito de propaganda, a tomar el control de Telemadrid y a seguir regalando dinero público a las cloacas. Lo que hay que aprobar ya, porque es una emergencia, es una ley de vivienda que regule los precios de alquiler, frene los desahucios sin alternativa habitacional y consolide un parque de vivienda social. La política no puede llegar tarde a este tipo de materias: “Confío en que la nueva ley de vivienda sea aprobada por el Gobierno antes de que acabe este año porque hay vidas en juego. La entrada en el Ministerio de Transportes y Movilidad de Raquel Sánchez, quien siendo alcaldesa de Gavá permitió que se regularan los alquileres en su municipio, puede ser una oportunidad para desbloquear las diferencias en la redacción del texto entre los socios de Gobierno. Es lógico pensar que, si quieres lo mejor para tu pueblo, también lo quieras para el Estado

Con una carpeta bajo el brazo repleta de expedientes sobre próximos lanzamientos, que pone la piel de gallina, Alejandra Jacinto Uranga, la joven que pronto entendió que la contemplación a veces es un lujo y la acción una necesidad, despide su Playlist mientras se va escuchando a Extremoduro por camino de su despacho. La activista que no quiere más desahucio que el de la Presidenta Ayuso de la Puerta del Sol porque “su libertad cabe en una caja de zapatos”, se aleja tarareando Ama, ama, ama y ensancha el alma: “Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbaran las montañas y escucharais las mentes social adormecidas, las palabras de amor de mi garganta. Abrid los brazos, la mente y repartíos, que solo os enseñaron el odio y la avaricia, y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas…”

La Playlist de Alejandra Jacinto:

Bancos rescatados con fondos públicos que venden hipotecas al por mayor a fondos buitre; políticos locales que se enriquecen autorizando recalificaciones de suelo público y operaciones urbanísticas de norte a sur; inversores que apuestan por el descalabro de la vivienda de protección oficial; parques de vivienda pública en alquiler que se transforman por mor del lucro en proyectos de vivienda privada; familias desahuciadas ocupando edificios despojados de servicios esenciales para la vida; gente sin casa, casas sin gente… es el negocio del ladrillogente sin casa, casas sin gente, señoras y señores diputados, pasen ustedes, veamos un desahucio, uno más de los que nos encontramos los abogados en el turno de oficio.

En realidad Cristina, madre de tres niños, dependienta en un supermercado, apenas podía pagar con su sueldo de 920€ el alquiler de 600€ que le cobraba su casera, pero cuando un día le llegó un burofax comunicándole que su vivienda había sido vendida a un fondo buitre, y que cuando se cumplieran los cinco años de duración del contrato de arrendamiento éste no le sería renovado, angustiada, corrió a buscarse un nuevo piso en una conocida página web. Los alquileres de una vivienda igual a la que tenía (en condiciones básicas de habitabilidad) seguían estando por las nubes, inaccesibles para ella, por lo que una compañera del trabajo le sugirió que acudiera al IVIMA; teniendo en cuenta sus circunstancias familiares, seguramente obtendría alguna ayuda. Descubrió entonces, a través del teléfono de información de la Comunidad de Madrid, que el IVIMA se había transformado en el Organismo Autónomo Agencia de Vivienda Social, y que para ser atendida telefónicamente necesitaría solicitar una cita a través de la página web de la Agencia. Cristina cuenta con un viejo ordenador en su casa que se han estado disputando sus hijos durante la pandemia y que tarda más de cinco minutos en encenderse. Esa noche cansada del trabajo se acostó muy tarde intentando obtener una cita con el Servicio de Información Básica de la Vivienda, pero sólo lo consiguió dos noches después con la ayuda de un amigo de su hijo. Los días y horarios disponibles para ser atendida coincidían con sus horas de trabajo, por lo que tuvo que pedir un permiso en su empresa. En la entrevista le fue requerida una serie de documentos que dada su escasa disponibilidad de tiempo tardó varias semanas en reunir. Pero una vez reunida y presentada la documentación, lleva meses esperando una respuesta satisfactoria a su solicitud.

Entre tanto, ya le ha llegado la notificación de la demanda solicitando su lanzamiento de la vivienda, que ha interpuesto contra ella el Fondo Buitre. Para poder defenderse tendrá que cumplimentar, una vez más, un formulario electrónico solicitando el beneficio a la asistencia jurídica gratuita, a través de la página web de la Comunidad de Madrid, al que tendrá que acompañar debidamente escaneados, además de su DNI y su vida laboral, todos aquellos documentos que certifiquen su empadronamiento y el de sus hijos, así como que está al día respecto a sus obligaciones tributarias (IRPF) o que no está obligada a presentar declaración, y que no tiene bienes inmuebles registrados en el Catastro... ¡¡¡Uf!!! Si no aporta dicha documentación cumplidamente le denegarán el beneficio a la justicia gratuita (lo que supone pagar abogado, procurador, costas), y en consecuencia deberá cumplimentar otro formulario electrónico, recurriendo la resolución denegatoria, al que tendrá que aportar la documentación en que fundamenta su recurso, más aquella que le requiera el juez que deba resolver este incidente.

En casos similares al de Cristina, una vez resueltos todos los recursos interpuestos en el procedimiento principal y el incidente sobre la justicia gratuita, por el letrado de la administración de justicia se dicta un decreto señalando día y hora para llevar a efecto el desahucio. La mayoría de los Juzgados, dada la situación de colapso de los organismos públicos encargados de garantizar una alternativa habitacional a las familias desahuciadas, se limitan a comunicar la existencia del procedimiento a los Servicios Sociales correspondientes, decretando el desahucio sin esperar siquiera a que estos servicios confirmen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y económica y den aviso a los organismos correspondientes con competencia en la materia para que “intervengan”.

En muchos casos, podemos encontrarnos en la puerta de la vivienda a una mujer como Cristina, con sus tres hijos y cien bolsas plásticas con sus enseres y el viejo ordenador, a la espera de que una persona amiga venga a ayudarla con sus cosas y puedan pasar con ella la noche. En otros casos, hay activistas de las plataformas de afectados por las hipotecas y los alquileres (Alex, Paqui, Bob), obstaculizando la entrada a la vivienda, intentando que el desahucio no se lleve a cabo y que Cristina obtenga un aplazamiento, unos días más o quizás una semana, para encontrar a esa persona amiga que la ayude a marcharse. Puede que la encuentre.

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Liliana Pineda es abogada.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), grupos de StopDesahucios y el Sindicato de Inquilinos han presentado e iniciado este miércoles el PlanSareb, una ofensiva de acciones y campañas contra la Sareb, que han arrancado con el acceso este miércoles a la sede del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en Madrid, principal accionista del banco malo, según informa Europa Press. 

Este acto se ha producido después de que los tres colectivos hayan explicado frente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital en qué consistía esta nueva campaña del movimiento de vivienda contra la Sareb.

Entre sus demandas se encuentran que las viviendas de Sareb pasen a formar parte del parque de vivienda pública y se incluyan en la Ley de Vivienda o que se archiven todos los procedimientos de desahucios de la Sareb.

También piden iniciar una negociación colectiva de todos los casos de Sareb de la Comunidad de Madrid y que se resuelva así favorablemente la situación del las 112 familias en viviendas de Sareb con desahucios "en curso o al filo de ellos" en esta región de España.

Después de presentar esta campaña contra la Sareb, más de 20 personas han ocupado toda la entrada de la sede del FROB y algunos portavoces han logrado reunirse con la presidenta del organismo, Paula Conthe.

Uno de los negociadores y portavoces del PlanSareb ha denunciado, en declaraciones a Europa Press, que hay "un montón de activos inmobiliarios y pisos controlados por el Estado que están vacíos y se están malvendiendo a fondos buitre". "Lo está haciendo de forma expresa el Ministerio de Economía y el Gobierno", ha apostillado el portavoz.

Asimismo, ha indicado que han acudido a estas oficinas porque es "en el FROB donde están las personas que pueden decidir que esto cambie".

La presidenta del FROB, por su parte, se ha comprometido a mantener un encuentro "lo antes posible, antes del 8 de abril" con este colectivo, que espera que la propuesta vaya en serio y que se tome "cuanto antes" solución a este problema que va a servir no solo a las familias en amenaza de desahucio, sino a la política de vivienda en general.

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que "en los próximos días" el Ejecutivo presentará "medidas para evitar los desahucios sin alternativa habitacional" de personas vulnerables. Esa medida se podía extender hasta el fin del estado de alarma, el 9 de mayo, según informa Europa Press. 

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Iglesias ha explicado que desde su departamento se sigue trabajando "para acabar con todos los desahucios durante esta emergencia" y ha reconocido que se están produciendo lanzamientos durante esta segunda ola de pandemia.

Según ha explicado, el actual decreto que regula esta medida "no tiene capacidad de frenar" todos los desahucios, por lo que, según ha indicado, el Gobierno está preparando una medida para "evitar los desahucios sin alternativas habitacionales de las personas vulnerables". "Espero que no tardemos más de dos semanas", ha señalado.

Fuentes gubernamentales han explicado a Europa Press que en la negociación entre las dos partes del Ejecutivo central existe consenso sobre la duración de la prohibición de desahucios, que estará supeditada a la duración del estado de alarma, es decir, hasta el 9 de mayo.

Pero además, se incluirá el compromiso de prorrogar automáticamente la imposibilidad de lanzamientos a la población vulnerable cada vez que se active el estado de alarma en función de la incidencia de la crisis sanitaria.

En su intervención, Iglesias ha abogado por "seguir consolidando" en España "una cultura de la coalición" que, aunque sitúa al Ejecutivo "ante debates y situaciones que no se producirán con gobiernos de partido único", sí que conlleva "resultados positivos", como esta medida.

En concreto, ha indicado que la vicepresidencia segunda que él lidera, está trabajando en esta materia con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige el socialista José Luis Ábalos. "A veces la discrepancia y las diferencias conllevan medidas positivas para la gente y creo que esto es algo que hay que poner en valor", ha apuntado.

Se zanja la cuestión 

El también líder de Podemos ha subrayado que la realidad es que aún hay desahucios que se siguen produciendo y que el actual decreto no tiene la capacidad de frenarlos todos. Por tanto, se presentará esta medida para evitar desahucios de todas las personas vulnerables.

Con ello, queda zanjada una de las tensiones que se habían suscitado en el seno de la coalición en relación a esta demanda de Unidas Podemos, que trataba desde finales de septiembre de extender esta prohibición y que llevó firmar una enmienda con EH Bildu y ERC.

En esa enmienda se ponía como horizonte temporal de la prohibición a finales de 2022, si bien se estaba abierto a circunscribirla hasta la duración del estado de alarma, como así se ha acordado en el seno del Gobierno. Además, se da vía libre a la fórmula del decreto, algo en lo que Unidas Podemos no ponía reparos.

La situación comenzó a desbloquearse cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente mantuvieron una conversación el lunes para avanzar en una solución a los desahucios.

La sentencia que condena a un año y siete meses de cárcel a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid acaba de abrir un escenario inédito al menos con los datos conocidos hasta la fecha. Dictada por el TSJM, la resolución impone esa pena a Isabel Serra por atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz de su participación en una protesta para frenar el desahucio de un enfermo en el invierno de 2014. Pero, aunque considera probado que la diputada insultó y lanzó objetos contundentes sin precisar a policías durante aquella protesta, el texto pone especial énfasis en un elemento poco común: que en cualquier caso no sería "determinante" que Serra hubiese tenido "una actuación especialmente significativa". ¿Por qué? Porque "basta con su integración en el grupo para, amparándose en el mismo, asumir la responsabilidad de las acciones delictivas cometidas por los que configuraron el grupo de personas que acometieron y arrojaron objetos contundentes y peligrosos a los agentes de la Policía Municipal". Lo anterior, agrega el texto, resulta suficiente "para que surja su responsabilidad como autora". [puedes leer la sentencia pinchando aquí]

El argumento enunciado se basa en lo que la jurisprudencia define como la "masa de acoso", una doctrina que permite declarar la coautoría de un acusado en delitos que impliquen actuación grupal violenta incluso si ninguna prueba le señala directamente. En la base de datos del Poder Judicial (Cendoj), la "masa de acoso" aparecía este viernes mencionada en 75 sentencias, todas ellas relativas a condenas por agresiones perpetradas en situación de superioridad numérica por bandas callejeras y pandillas o clanes de cualquier tipo y dimensión. La sentencia de Serra, recalca su equipo, abre así un precedente  "peligroso": "Porque –señala una persona de su entorno– viene a decir que si en una manifestación hay un grupo arrojando objetos quienes están en esa manifestación son corresponsables".

Tras la búsqueda efectuada en el Cendoj y en previsión de que, aun traspapelados, casos anteriores sobre actuaciones de piquetes en jornadas de huelga o de enfrentamientos con la Policía en marchas, concentraciones o escraches hubieran sido ya empaquetados como "masa de acoso", infoLibre preguntó al Tribunal Superior de Madrid (TSJM). Aunque sus portavoces no descartaron que existan antecedentes, tampoco a través del tribunal madrileño fue posible localizar ninguna resolución que lleve esa vitola. No obstante, las fuentes consultadas recalcaron que esta no es una sentencia "de carácter político porque no las hay". Si establece un nexo con "masa de acoso" –añadieron– es porque los delitos juzgados y sentenciados son los mismos que afloran en una pelea entre bandas o una pelea callejera multitudinaria.

¿Y de dónde salieron las fotos?

En unas diligencias policiales cuyo inicio considera poco claras Unidas Podemos, Serra fue reconocida por policías municipales que participaron en el desahucio que el 31 de enero de 2014 acabó con cuatro detenidos –uno de ellos, el desahuciado– en el barrio madrileño de Lavapiés.

Aquel reconocimiento se hizo mediante unas fotos ajenas a la protesta y que la Policía Nacional puso ante los agentes del Ayuntamiento. De dónde salieron aquellas fotos o cómo llegó la Policía Nacional a la conclusión de que Serra se encontraba entre los agresores es algo que no figura en la sentencia. En aquel momento, Serra no ocupaba ningún cargo público ni era un personaje conocido. Pero militaba en el movimiento estudiantil y en otros de carácter social como Juventud Sin Futuro

En las actuaciones del caso –se lee en la sentencia– no obran "referencias a dicho extremo, esto es, qué características previas habían dado los agentes municipales" para identificar a Serra. En enero de 2014, la diputada carecía de antecedentes penales, lo que acrecienta los interrogantes sobre de dónde y cómo salieron las fotos. 

La resolución considera no obstante probado que la diputada fue reconocida por agentes a los que insultó y arrojó "objetos contundentes". No precisa qué tipo de objetos eran pero al detallar los delitos por los que se la condena incluye el artículo 551.1 en su inciso segundo. Ese precepto del Código Penal se aplica a quienes cometan atentado a la autoridad valiéndose de "objetos peligrosos" distintos de las armas. Dado que la reconocieron, la entrada en escena de la "masa de acoso" constituye una incógnita jurídica según expertos que prefieren no identificarse. 

Acuñado en 1960 por el ensayista Elías Canetti tomando como base su experiencia bajo el nazismo antes del exilio, el concepto "masa de acoso" sirvió al Supremo para trazar una línea cuyo punto de arranque se sitúa en 2008. Se caracteriza –dice aquella resolución, la 811/2008– "por la consecución de una meta constituida por acometer a una persona definida como objetivo a cuyo fin todos los integrantes que conforman la masa quieren contribuir y de hecho contribuyen con actos tendentes a tal fin. La víctima es la meta, no hay peligro porque la superioridad de la masa es total. Como el verdugo es la masa, a cualquier persona que probadamente forma parte de la masa se le puede atribuir el resultado causado".

Recibida con estupefacción por Unidas Podemos, la sentencia provocó la reacción del líder de Unidas Podemos, el vicepresidente Pablo Iglesias. "Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso". La sentencia del TSJM inhabilita a Serra para cargo público, aunque no ingresará en prisión al tratarse de una condena inferior a dos años. Su defensa ya ha anunciado que recurrirá ante el Supremo.

La crítica de Iglesias obtuvo de inmediato una áspera queja del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que apenas 48 horas después de su nombramiento gubernamental ya le había reprochado que cuestionase la acción de los tribunales en el caso del procés catalán. Controlado por el sector conservador de la judicatura desde la etapa de Mariano Rajoy, el mandato del CGPJ expiró en diciembre de 2018. Ese mismo año, el órgano de gobierno de los jueces declinó salir en defensa del juez José Ricardo de Prada, que había participado en la sentencia del caso Gürtel y a quien el portavoz parlamentaro del PP –entonces recién desbancado del Gobierno– acusó de estar "en sintonía con el mundo proetarra"

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha concluido la investigación que tenía abierta contra la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, para llevarla a juicio por delitos de desórdenes públicos, atentado y daños en relación a su participación en una protesta para tratar de evitar un desahucio en 2014.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Sala de lo Civil y Penal transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado contra la diputada regional. Con este auto, se inicia la fase intermedia del procedimiento en el que algunas de las partes podría solicitar su archivo.

Los altercados a los que se refiere la causa se produjeron con motivo de un desahucio de una persona discapacitada en la calle Tribulete, situado en Lavapiés. Cuatro personas fueron detenidas entonces por desobediencia y resistencia a la autoridad.

En la resolución, se da traslado a las acusaciones personadas para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o la práctica de nuevas diligencias.

Con este auto, los magistrados dan por concluida la investigación por los citados delitos, argumentando su decisión en la testifical de varios agentes de la Policía Municipal de Madrid. Los agentes se ratificaron en el reconocimiento fotográfico de la investigada y la identificaron como partícipe de los insultos y lanzamientos de objetos que se realizaron.

Los hechos se remontan a la mañana del 31 de enero de 2014, coincidiendo con un procedimiento de ejecución forzosa. Ese día, Isa Serra se encontraba junto con otras personas de la plataforma Stop Desahucios en las inmediaciones del cordón de seguridad que establecieron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado entre las calles Mesón de Paredes y Tribulete con la intención de contener a quienes impedían el desalojo.

Acabada la diligencia policial, y cuando los vehículos policiales se disponían a marcharse, personas presentes se enfrentaron a los agentes profiriendo insultos y lanzando objetos contundentes contra policías y furgonetas policiales.

Resultado del lanzamiento de objetos, varios agentes fueron heridos y algunas furgonetas dañadas. Entre otros implicados en estos hechos, Isabel Serra Sánchez fue identificada como una de las personas que insultaba y lanzaba objetos contundentes, así como por llevar la voz cantante de un modo particularmente agresivo, animando a otros a que increpasen a los agentes.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid se mostró en julio, tras conocer que se le investigaba por este asunto, "orgullosa" de su lucha juvenil antidesahucios y ha negado los hechos que se le imputan en el desalojo de un persona de su vivienda de alquiler en el madrileño barrio de Lavapiés en 2014.

Aseguró que ella no cometió los delitos ni los hechos que les imputa el informe policial, y que ya la Fiscalía le ha quitado la imputación de atentado a la autoridad. "Yo no me increpé ni agredí a nadie. Estuve un rato en el desahucio y me fui", indicó.

Una decena de activistas de Stop Desahucios ha irrumpido en un acto de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el distrito de Moratalaz donde estaba manteniendo un desayuno con vecinos al grito de "No toleramos ni un desahucio más", según informa Europa Press.

Los activistas portaban carteles sobre el caso de los desahucios en el número 11 de la calle Argumosa o censuraban que se hayan producido 60.000 lanzamientos durante el año pasado en el conjunto del país, a la par que proferían pitos y gritos como "Botella desahuciaba, Carmena también". Además, llevaban una pancarta de grandes dimensiones con el lema "Carmena, cómplice de los desahucios" y otros carteles que recriminaba la presencia de agentes de Policía Municipal de Madrid o que "Un albergue no es una alternativa habitacional".

Ante la movilización de los activistas, la propia alcaldesa se ha levantado a conversar con los manifestantes y pedirles que le dejaran hacer el acto y emplazarles a mantener una reunión para atender sus reivindicaciones. Uno de los miembros del colectivo Stop Desahucios le ha dicho que no quieren palabras sino acciones para evitar los desahucios, manteniendo el grupo su actitud de protesta. "Queremos que se paren los desahucios", ha remachado.

Carmena ha emplazado a estas personas que, como "buenos demócratas", le permitieran continuar con el evento y les ha recordado que ha mantenido anteriormente reuniones con estos colectivos para hablar de sus peticiones. "He escuchado vuestros planteamientos", ha enfatizado la alcaldesa para recalcar que la "democracia es escuchar a unos y a otros". Ante la negativa a desistir de su protesta, Carmena se ha dirigido a los presentes para decir que "siempre" va a haber gente a la que no le guste su gestión y resaltar que "lo importante en democracia" es que "nunca se impida escuchar". "Nunca dispuestos en democracia a romper actos", ha apostillado.

Los asistentes al encuentro con Manuela Carmena han aplaudido su intervención y le han dado su apoyo al grito de "alcaldesa". En el lugar se encontraban cinco agentes de Policía Municipal de Madrid, pendientes de que no se produjeran altercados.

Uno de los portavoces de los activistas que han irrumpido en un acto de la alcaldesa en el distrito de Moratalaz ha señalado que no pertenecen a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y que querían trasladar que, a su juicio, la regidora "no ha hecho nada" contra los lanzamientos durante la legislatura. Así lo ha detallado a los medios de comunicación Jorge Jiménez, que pertenece al colectivo Distrito 14 y ha recalcado que esta protesta surge por un grupo de vecinos que exigen la paralización de los desahucios en Madrid y que entiende que Carmena es "cómplice" de esta situación.

A su juicio, Carmena simplemente se ha dedicado a dar alternativas temporales por "poco tiempo" y que eso "no es una alternativa ni es nada", para censurar el papel del Consistorio en los desalojos de Argumosa 11 así como las declaraciones de la regidora en las que, en su opinión, restaba responsabilidad a las entidades financieras en los desahucios. "En cuatro años no ha ofrecido ninguna alternativa ni ninguna solución", ha remachado Jiménez para opinar también que Carmena "ha negado la realidad" de los desahucios durante esta legislatura y ha desplegado medidas, como la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que "no han servido para nada".

Este mismo miércoles, los candidatos de Ciudadanos y PP, Begoña Villacís y José Luis Martínez Almeida, padecieron en la Pradera de San Isidro un escrache por medio de activistas antidesahucios. Villacís acusó a "los amigos de Carmena y Colau" de organizar esta protesta que, según la líder municipal naranja ha sido un "acoso". "Si creen que nos vamos a amedrentar, no es así", ha aseverado la portavoz municipal. Además, ha recordado a este colectivo que en Madrid ha habido 12.000 desahucios, y "se han producido en una ciudad gobernada por Manuela Carmena". "A ver si van a una caseta más adelante y se lo recuerdan", ha lanzado la líder municipal de la formación naranja.

Las plataformas antidesahucios reivindican el escrache al Partido Popular y Ciudadanos realizado el miércoles en la pradera de San Isidro (Madrid). La Coordinadora de Vivienda, la PAH, el Sindicato de Inquilinas, Stop Desahucios y otras asociaciones de barrio llamaron a la ciudadanía a participar en la acción contra los partidos conservadores. El motivo tiene que ver con su falta de compromiso a la hora de impulsar la Ley Integral de Vivienda a la Asamblea de Madrid. Precisamente a raíz de ello, las plataformas antidesahucios ya anunciaron la convocatoria de escraches a lo largo de la campaña electoral. 

El miércoles las organizaciones realizaron, confirman en un comunicado, "un señalamiento de estos dos partidos políticos por su responsabilidad en que la Comunidad de Madrid no disponga todavía de una Ley Integral de Vivienda". Y aprovechan también para dar respuesta a una polémica surgida a raíz de la acción. Entre las personas señaladas estaba Begoña Villacís, candidata por la formación naranja a la Alcaldía de Madrid y embarazada de más de ocho meses. "La señora Begoña Villacís, por razones que sin duda son perfectamente legítimas, ha decidido ampliar su presencia en la campaña electoral, y por lo tanto su exposición pública, hasta el último día de su embarazo", subraya la plataforma. "Dicha exposición pública supone, naturalmente, exponerse también a que sea increpada por las posiciones de su partido, igual que lo son otros candidatos políticos", zanja. 

"Por supuesto que la PAH ha hecho el escrache y lo reivindica, otra cosa es que ahora sólo se esté poniendo el foco en una señora embarazada que realmente es una candidata que ha salido a hacer campaña a la pradera de Madrid, a encontrarse con los ciudadanos", confirman fuentes de la PAH consultadas por infoLibre. Parte de la ciudadanía, agregan las mismas fuentes, "no está de acuerdo con que su partido no haya firmado la ley que tanto necesita Madrid", de manera que Ciudadanos debe "atenerse a las consecuencias de un grupo de presión" como la plataforma antidesahucios.

Y recuerdan que, desde que Ciudadanos –junto al Partido Popular– "decidió que Madrid no se merecía siquiera debatir una Ley de Vivienda", en la comunidad "se han desahuciado centenares de familias entre las que se incluyen mujeres embarazadas así como menores de todas las edades". La Coordinadora de Vivienda rechaza, por tanto, "la hipocresía del partido Ciudadanos" y de los medios de comunicación, de quienes critica haber "afeado el señalamiento de una embarazada sin haberse molestado jamás en afear a los grandes propietarios de la vivienda de Madrid el desahucio de mujeres embarazadas".

Las familias de Pepi, Juani, Mayra y Rosi han sido desalojadas este viernes de sus viviendas de la calle Argumosa 11, en Lavapiés (Madrid), por la Policía Nacional. A las puertas del edificio se concentraban cientos de activistas de diversas plataformas antidesahucios (PAH, Sindicato de Inquilinas e Inquilinos), que llegaron de madrugada para intentar parar de forma pacífica el desalojo de estas cuatro familias. 

La Policía llegó a las 2:30 de la madrugada y montó un cordón policial de más de ocho furgones, según fuentes consultadas por infoLibre que se encontraban dentro del edificio. En torno a las 9:30 de la mañana, las autoridades entraban al portal y echaban por la fuerza a quienes oponían resistencia pacífica. Los agentes detuvieron a seis activistas, que fueron trasladados a la comisaría de Moratalaz.

Se trata de unos desahucios sin precedentes, según ha destacdo Alejandra Jacinto, abogada de Pepi y Juani, ya que son cuatro desalojos en el mismo edificio programados a la misma hora: las 9:30 de la mañana. Además, las órdenes judiciales han sido presentadas por tres juzgados diferentes que han ofrecido la misma resolución con el mismo auto y las mismas particularidades, entre ellas, el requerimiento al delegado del Gobierno para asegurar la ejecución. Asimismo, las órdenes de desalojo llegaban con tan sólo 48 y 24 horas de antelación para que los vecinos y activistas no consiguiesen organizarse y ayudar a que Pepi, Juani, Mayra y Rosi se quedasen en sus casas. Y es que incluso desde Naciones Unidas han advertido a través de una resolución que ni Juani ni Mayra pueden ser desahuciadas porque no cuentan con alternativa habitacional, y de hecho ninguna de ellas tiene un lugar en donde vivir después de que las hayan echado de sus hogares.

También resulta llamativo que cuando se iban a producir los desahucios, la comisión judicial no haya permitido entrar al inmueble a Alejandra Jacinto para que estuviese con sus defendidas. Sin embargo, sí han autorizado la entrada de los abogados de Pro indiviso, empresa propietaria del edificio. La propia abogada de Pepi y Juani ha asegurado que se trata de una empresa que cuenta con más de 70 inmuebles en todo el Estado español y desde la Plataforma Bloques en Lucha ahn advertido de que el objetivo de esta empresa es construir un bloque turístico en el que el precio de las casas sea un 300% más alto de lo que es ahora. Y es que según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pro indiviso ha contactado en varias ocasiones con Rosi para subirle el alquiler de 400 a 1.700 euros, cantidad que saben de sobra que ninguna de las vecinas pueden pagar.

Las víctimas de desahucio son familias con menores de edad. Uno de ellos es un bebé de apenas un mes y también hay personas con discapacidad del 85% y con pensiones no contributivas. Dos de las familias se irán a una pensión, otra a una plaza hotelera y una cuarta se instalará con familiares, han informado a Europa Press fuentes municipales. El Ayuntamiento de Madrid ha otorgado este recurso de emergencia habitacional a las cuatro familias "a la espera de tener una alternativa más estable", según ha explicado la portavoz del Gobierno municipal de Ahora Madrid, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda y presidente del distrito Centro, Jorge García Castaño, ante los medios de comunicación.

Exigen la expropiación del edificio

La multitud que se encontraba en el edificio para tratar de parar los desahucios ha destacado que han ofrecido resistencia pacífica y que a pesar de ello los policías han entrado con mazos “rompiendo los cristales sin mirar quien había por delante”.  El resultado ha sido la detención de seis activistas de la PAH de Vallecas.

Una inmobiliaria se hizo con el bloque y subió el alquiler de los vecinos un 300%

Entre las reivindicaciones de las plataformas y sindicatos antidesahucios hay una muy clara y es que el Ayuntamiento de Manuela Carmena expropie el edificio, para que así pueden ofrecerles a estas vecinas un alquiler social. Pues como dicen "quieren pagar y vivir en sus casas; no quieren vivir en mansiones, sino vivir y ya". Esta exigencia se debe a que el consistorio sí que ha expropiado varios edificios para salvarlos de fondos buitres y darles una nueva vida como centros sociales, por eso los activistas piden que se haga lo mismo con las viviendas que corren el peligro de ser compradas por estos empresarios para luego ser alquiladas a precios desorbitados. No sin antes echar a los vecinos de toda la vida de sus casas. 

El desahucio múltiple de esta mañana ha llegado a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha lamentado que la política "no ha llegado a tiempo" de evitarlo. "La policía ha cumplido su deber, pero la política no ha llegado a tiempo para evitar este nuevo desahucio que afecta a personas humildes, a gente que espera de nosotros una respuesta ante la ruina y los recortes provocados por la crisis", ha dicho Celaá. La portavoz del Ejecutivo ha recordado el rechazo en el Congreso de los Diputados del real decreto ley sobre alquileres presentado por el Ministerio de Fomento que incluía medidas como la obligación de comunicar al ciudadano con suficiente antelación y de pedir a los servicios sociales un informe sobre la vulnerabilidad social.

Un matrimonio de jubilados de Parla, Nani y Mariano, de 62 y 78 años respectivamente, han sido desahuciado de la casa en la que han residido durante casi 50 años en el número 42 de la calle Juan XXIII, a pesar de que desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca habían alegado en el juzgado la resolución del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que pide paralizar desahucios de manera cautelar.

El matrimonio, tal y como ha informado la PAH, ha pagado siempre su alquiler, una cantidad baja debido a que se trata de una renta antigua; pero recientemente su casero, una particular, quiso acabar con el contrato según la plataforma para "especular", ya que les exigía un pago de más de 700 euros, la misma cantidad que la pareja ingresa como pensión de jubilación.

La familia además está formada por un hijo de la pareja con una discapacidad de más del 80 por ciento y habitualmente se hacen cargo del cuidado de una de sus nietas, según han explicado en la Plataforma cuyos miembros se han concentrado a las puertas de la residencia para intentar paralizar el desalojo.

Según la PAH, tras tres intentos de desahucio aplazados en esta ocasión el juzgado ha denegado las alegaciones presentadas, por lo que a juicio de Ricardo Rosado, portavoz de la plataforma, el juez "no ha considerado oportuno acatar el mandamiento de Naciones Unidas que es completamente vinculante en el Estado español".

Rosado ha recordado que "no es la primera vez" que un juzgado no asume la resolución de la ONU y continúa con la ejecución del lanzamiento, por lo que trasladarán una queja a la oficina internacional y cree que "tarde o temprano" deberían sancionar al Estado.

Por su parte fuentes municipales han explicado que la vecina desahuciada fue atendida en la Oficina Municipal de Vivienda el 9 de enero de 2017 y entonces se le ofreció una vivienda del Plan municipal "que rechazó el día 30 de enero porque le pareció pequeña", si bien el 9 de febrero de 2017 "se intentó inscribirla en la Lista de Espera de Bankia para conseguir un alquiler social", un trámite que debe realizarse personalmente, "pero no se presentó desde esa fecha para continuar la tramitación".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) anunció que esta semana convocará manifestaciones ante las sedes de Ciudadanos para presionar al partido naranja con el fin de que no permita en el Congreso que el Gobierno acabe vetando la tramitación de la Ley de Vivienda que promueve el movimiento antidesahucios, según informó Europa Press.

La PAH sostiene que este viernes por la tarde acaba el plazo que tiene el Gobierno para pronunciarse sobre la tramitación de su Ley de Vivienda y se teme que sea vetada por el Ejecutivo haciendo uso de la capacidad que le otorga la Constitución para bloquear iniciativas legislativas que alteren el escenario presupuestario, sea por aumento de gasto o por disminución de ingresos.

Este movimiento, que en su día tuvo como portavoces a la hoy alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el diputado de Podemos Rafael Mayoral, quiere que el previsible veto que presente el Gobierno no sea tenido en cuenta por la Mesa del Congreso, donde el PP está en minoría.

Por ello, y dando por hecho que su ley tiene el respaldo del PSOE y de Unidos Podemos, quiere presionar a Ciudadanos para que sus dos votos en la Mesa del Congreso inclinen la balanza en contra del escrito de disconformidad del Gobierno.

Hasta ahora todos los vetos del Gobierno fueron asumidos por el órgano de gobierno de la Cámara baja salvo dos, que la ser desoídos han acabado en el Tribunal Constitucional donde el Ejecutivo ha planteado un conflicto de competencias contra el Congreso.

La campaña de movilizaciones se iniciará el jueves al mediodía ante la sede de Ciudadanos de Barcelona y el viernes se extenderá a otras capitales como Madrid o Logroño.

Facua-Consumidores en Acción pide a los jueces que paralicen de oficio todos los desahucios de hipotecas que hayan sido titulizadas, esto es, cuyas deudas han sido vendidas a fondos de inversión por parte de las entidades financieras. Numerosas sentencias de primera instancia están reconociendo que una vez que venden la deuda, los bancos no tienen derecho a reclamarla, aunque mantengan la titularidad del crédito hipotecario en cuestión.

Así lo recoge una sentencia del juzgado de primera instancia número 2 de Olot del pasado mes de junio, que dice textualmente que "quien ha transmitido un derecho no tiene ya ninguna disposición sobre el mismo". Numerosas sentencias similares se han dictado en juzgados de Barcelona, Torrevieja, Málaga, Picassent, Villacarrillo, Herrera del Duque, Granollers, Arganda del Rey, Collado Villalba, Benidorm, Moncada, Sevilla, Gijón, Orihuela, Valencia, Castellón o Fuenlabrada, entre otros, sólo desde 2015.

La asociación lamenta que la mayoría de los jueces sólo actúen a iniciativa de parte y no de oficio, a pesar de las numerosas sentencias que ya hay en este sentido cuando las hipotecas están titulizadas al 100%, que son la mayoría, dado que se trata de una práctica habitual de las entidades bancarias.

Facua respalda así las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en este sentido.

La asociación recuerda que el Banco de España indica, en su respuesta a la consulta planteada por el abogado colaborador de la PAH Óscar Luis Viera, que "la titulización de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por ley la titularidad registral".

Facua reclama asimismo que el Banco de España exija mayor transparencia a las entidades bancarias para conocer si las hipotecas están titulizadas, dado que en la actualidad, los usuarios no pueden reclamar dicha información directamente. En la práctica resulta casi imposible conocer qué hipotecas están titulizadas para poder determinar quién posee los derechos de cobro del préstamo.

La asociación denuncia que a pesar de las numerosas sentencias en este sentido, las entidades bancarias sigan llevando a cabo ejecuciones sobre hipotecas que están titulizadas, con conocimiento de que estas actuaciones pueden ser paralizadas en un juzgado. Además, critica la actuación de mala fe de los bancos que, pese a tener sentencias en contra, siguen iniciando los desahucios de personas que se encuentran en una situación de desamparo económico y que no pueden sufragar los costes que conlleva un proceso judicial.