Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha vuelto a señalar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como líder de "una organización criminal" dedicada "al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes". La operación reseñada esta vez no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra. Se trata de una mediación a favor de un grupo empresarial peruano con el expresidente de Bolivia Luis Arce para tratar de poner solución a un pleito millonario en ese país, por la que el exlíder del PSOE habría obtenido 200.000 euros. Fuentes del entorno de Zapatero han asegurado a infoLibre que esa actividad investigada por los agentes fue "una actividad de consultoría por completo legal". También señalan que "sería inaceptable hacer una investigación prospectiva sobre la actividad profesional del expresidente" y consideran "un escándalo sin precedentes" que se publiquen "agendas y conversaciones privadas de un presidente".

El documento policial señala muy detalladamente todos y cada uno de los trámites para que Zapatero llevara a cabo esa gestión. La petición partió de la sucursal en Bolivia de la consultora Kreab, en concreto de su asesora senior Carmen Almendras, que fue embajadora en España entre 2007 y 2015. La consultora, a través de su asesora, pidió ayuda al expresidente español el 8 de mayo de 2024 para que prestara auxilio al más alto nivel al Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano. Una de las empresas de ese grupo, Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), fue condenada en Bolivia por competencia desleal con la cementera Fancesa (Fábrica Nacional de Cemento SA), de la que Soboce era propietaria de un tercio del capital que luego fue expropiado por el Estado boliviano. Fancesa demandó a Soboce y el Tribunal Supremo del país andino condenó a esta última a pagarle 107 millones de dólares (94 millones de euros al cambio actual).

Para prestar ese servicio, Zapatero se desplazó el 15 de septiembre de 2024 a Bolivia, donde se entrevistó con el expresidente Luis Arce –actualmente en prisión preventiva tras su detención en diciembre acusado de varios delitos de corrupción– y con su ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Las gestiones del expresidente español en Bolivia para el Grupo Gloria siguieron produciéndose a lo largo de 2025, con nuevos contactos telefónicos con el expresidente Arce y con el entonces Procurador General (fiscal general) del país, Ricardo Condori, con el que habló el 6 de mayo de ese año. A finales de mes, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio la razón a Soboce, y suspendió provisionalmente el pago de la millonaria indemnización a Fancesa.

El informe contiene dos conexiones con la supuesta operativa ilícita detallada por Calama en el auto que dio inicio a la investigación contra Zapatero. La primera es que el dinero que obtuvo por sus gestiones se le transfirió a través de una empresa interpuesta. Se trata de Focus Social Research, una sociedad con la que el propio Zapatero firmó un contrato de prestación de servicios de asesoría. Fue esa firma, cuyo objeto social, según los agentes, es el marketing, la que canalizó supuestamente los tres pagos (uno de 100.000 y dos de 50.000 euros, respectivamente) que le habría abonado, en realidad, el grupo empresarial peruano Gloria. Focus Social Research, según el informe de la UDEF, "habría sido empleada como sociedad interpuesta". En el auto del instructor con el que imputó a Zapatero aparecían otras mercantiles que supuestamente actuarían como tapaderas: Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Grupo Aldesa...

La segunda conexión con los hechos que sirvieron a Calama para actuar contra Zapatero es la presencia de los hermanos Guillermo y Domingo Amaro Chacón, ambos empresarios venezolanos y titulares, precisamente, de Inteligencia Prospectiva. El instructor señala a esta sociedad sin actividad como canalizadora de fondos a la trama y una de las entidades con las que una empresa china habría intentado obtener cupos de petróleo en Venezuela gracias a la relación personal del expresidente español con la actual presidenta encargada y anterior ministra de Petróleos del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Uno de los pagos registrados a WhaTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero, procedió directamente de esta sociedad sin personal que justificaba el dinero que entregaba a través de ampliaciones de capital. Los hermanos Amaro Chacón fueron con Zapatero a Bolivia en el viaje en el que el expresidente hizo las gestiones a favor de Gloria con Arce.

En su declaración ante el juez Calama, Zapatero aseguró que había desarrollado "una intensa tarea de consultoría" con los hermanos Amaro Chacón, con los que, sin embargo, afirmó que no mantenía el contacto. "Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones, me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas, he viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos", declaró. El expresidente también negó haber mediado a favor de ninguna empresa china para que obtuviera petróleo. "No he tenido ninguna relación con ninguna empresa china más que mi actividad en China, que ha sido dar conferencias", aseguró.

José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional como supuesto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias, entre otros delitos, ha pedido al instructor del caso, José Luis Calama, que reclame a Estados Unidos información sobre las condiciones en las que el Homeland Security Investigations (HSI), cuerpo policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, obtuvo una prueba crucial en su caso. Se trata de la copia que esa agencia estadounidense obtuvo en 2021 del móvil de Rodolfo Reyes, el ex máximo accionista de Plus Ultra, en el que aparece el nombre del expresidente del Gobierno español en numerosas ocasiones señalándolo como una persona clave –"Nuestro pana Zapatero"– para que la aerolínea obtuviera el rescate de 53 millones de euros que finalmente le fue concedido por el Gobierno español.

El escrito del expresidente reclamando al juez que pida a Washington más información sobre esa prueba, apunta a que busca su nulidad, lo que haría caer como un castillo de naipes una parte importante de la investigación. HSI colabora estrechamente tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Su información, debidamente judicializada en España y utilizada con todas las garantías del proceso penal, ha servido para desarticular redes de narcotraficantes, o para detener a pederastas que distribuían pornografía infantil por internet. El HSI, que depende del ICE –desgraciadamente célebre por sus redadas contra migrantes alentadas por el Gobierno de Donald Trump– también ha colaborado en la investigación de otros graves delitos como la falsificación de moneda e incluso agresiones sexuales.

Pero, que su colaboración sea determinante en muchas ocasiones en el esclarecimiento de delitos transnacionales, no impide que, a menudo, sus actuaciones se cuestionen en los tribunales, como se intuye que el expresidente español imputado hará próximamente. En al menos dos casos, la anulación de las pruebas proporcionadas por la agencia de EEUU por supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y garantías del proceso han acabado con la absolución de los acusados, según el repertorio de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj).

Así ocurrió, por ejemplo el 5 de noviembre de 2018, cuando la sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a dos personas acusadas, con informaciones que nacieron del HSI, de formar parte de una organización internacional de narcotraficantes que estarían operando en Sudamérica y Europa dedicada a la introducción en España de importantes cantidades de cocaína. Su modus operandi consistiría en ocultar varios kilos en maletas y enviarlas a través de compañías aéreas con el objeto de que fueran recogidas en el aeropuerto, por lo que la banda estaba realizando intensas gestiones para localizar a una persona que tuviera acceso a las maletas en España. Los americanos reclamaron a la UCO de la Guardia Civil que utilizara un agente encubierto para infiltrarse en ella. Dos semanas después apareció una maleta sin identificar con 28 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Barajas. El caso terminó archivado por las sospechas del tribunal de que pudiera tratarse de un delito provocado, algo que está prohibido en España.

El 28 de marzo fue la sección 15 de esa misma Audiencia provincial la que archivó otro caso iniciado por una comunicación del HSI, esta vez con la Agencia de Vigilancia Aduanera. Sus agentes advirtieron de que habían detectado en el aeropuerto de Miami un paquete procedente de Haití con 1.600 gramos de cocaína en su interior, por lo que solicitaban una entrega controlada para cazar a su receptor, un haitiano residente en Madrid. Aduanas informó a la Fiscalía de Madrid, que autorizó la operación, y, tras llegar el paquete a Barajas, uno de sus agentes, disfrazado de repartidor, detuvo al destinatario en su domicilio de la capital después de que firmara haciéndose cargo del paquete, que contenía una bolsa de palos de golf. El tribunal anuló la prueba y absolvió al acusado al no quedar acreditada la cadena de custodia de la prueba desde EEUU. En el interior había una cantidad de droga muy superior a la indicada por el HSI.

Fuentes de la Audiencia Nacional, el tribunal que más en contacto está con esta agencia, aseguran que la información que sus agentes suelen facilitar a sus colegas de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad españolas suele ser muy parca. Y que normalmente rechazan facilitar datos sobre las investigaciones en las que intervienen para no revelar la identidad de sus agentes o confidentes. En el caso de Zapatero, las dudas que se plantean y que su letrado quiere conocer son, en primer lugar, si el teléfono de Rodolfo Reyes que apunta al expresidente se clonó con todas las garantías del proceso penal español y, especialmente, con la autorización judicial que se exige en España para hacerlo. Pero también el hecho de que HSI tardara cinco años en entregar esa prueba a la policía española (se la facilitó el pasado 18 de marzo) ¿Por qué no lo hizo cuando la obtuvo?

La imputación de un expresidente del Gobierno exige una arquitectura jurídica sólida. No obstante, no hay que olvidar que se trata de una garantía procesal para el investigado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha construido su instrucción sobre informes policiales que trazan un exhaustivo mapa de relaciones y flujos de dinero. El sumario del ‘caso Plus Ultra’ dibuja una estructura jerarquizada en la que José Luis Rodríguez Zapatero ocuparía, según los investigadores, el vértice, secundado por su amigo el empresario Julio Martínez Martínez.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha documentado transferencias millonarias y ha reconstruido la cronología del rescate a la aerolínea, pero la vinculación directa del expresidente se sostiene, hasta el momento, sobre referencias de terceros y secuencias temporales que los investigadores interpretan como instrucciones tácitas cuyo contenido y canal no ha sido demostrado.

La propia UDEF aborda esta particularidad en el informe remitido al juez el 14 de mayo, apenas cinco días antes de registrar la oficina del expresidente en la calle Ferraz. Los agentes solicitaron la entrada y registro argumentando la necesidad de determinar “los canales de comunicación a través de los cuales José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes”, ya que en el material intervenido hasta esa fecha no existían conversaciones directas en las que el expresidente impartiera directrices a la trama. 

Lo que los informes recogen son diálogos entre terceras personas donde su figura opera como un aval en la sombra. “Nuestro pana Zapatero detrás” o “Camilo estuvo hoy con Zp” son algunos de los mensajes intercambiados por los accionistas de Plus Ultra, Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, mientras esperaban los 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

El elemento documental que más se aproxima a una comunicación directa es un mensaje recibido por Julio Martínez el 31 de julio de 2021, tras lograr que el jefe de la aviación civil venezolana autorizara dos vuelos de la aerolínea. Un contacto guardado en su agenda como “Z” le escribió: “En tiempo y forma. Exitosa gestión…”. En varios de sus informes, la UDEF atribuye el mensaje a Zapatero, pero en otro documento remitido al juez expone que el registro de su oficina es crucial para confirmar su identidad en esta conversación. El auto del magistrado incorpora el mensaje sin asignarle explícitamente la autoría. 

Si las comunicaciones directas son esquivas, el rastro del dinero documentado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en febrero de 2026 ofrece una radiografía milimétrica. Hacienda cifra en 4.079.799 euros los ingresos familiares del matrimonio Zapatero-Espinosa entre 2020 y 2025, calculando que el 61% procede de mercantiles ahora bajo la lupa del instructor. 

La consultora Análisis Relevante, administrada por Julio Martínez y proveedora de Plus Ultra, transfirió 490.780 euros a las cuentas del expresidente y 239.755 euros a Whathefav, la agencia gestionada por sus hijas. A esto se suman los 352.980 euros enviados al exjefe del Ejecutivo y los 171.727 euros a Whathefav desde Gate Center, el think tank cuyo consejo asesor preside él mismo. El grupo Thinking Heads — ligado a Gate Center a través de su CEO, Daniel Romero Abreu— abonó 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a sus hijas.

El magistrado sitúa estos pagos como el posible retorno económico de las gestiones de influencia. La hipótesis policial se apoya también en el papel de Inteligencia Prospectiva, una sociedad sin actividad real conocida que, bajo la administración de los hermanos venezolanos Amaro Chacón, movió más de 2,6 millones de euros en cinco años. Esta mercantil inyectó 561.440 euros en Whathefav y 266.200 euros en Gate Center. La UDEF cuestiona la naturaleza de los trabajos realizados por la empresa de las hijas de Zapatero —en cuyas cuentas bancarias aparece como autorizado—, argumentando que sus labores de maquetación de informes poseían una “escasa entidad técnica” y podrían enmascarar una contraprestación.

Zapatero ha defendido ante la comisión del Senado que los cobros de Análisis Relevante correspondían respondían a servicios reales de consultoría, y Thinking Heads ha hecho lo mismo en un comunicado en el que afirma que los pagos al expresidente corresponden a una “prestación de servicios efectiva y acreditable”. La propia unidad policial aísla 1.569.502 euros recibidos por la familia Zapatero desde firmas como Kreab, Focus Social Research o ChinaLink Asia Holdings, vinculando estos ingresos concretos a actividades profesionales.

En una entrevista con Carlos Alsina, Zapatero aseguró el pasado marzo desconocer quiénes eran los clientes de Análisis Relevante “al no formar parte de la estructura de la empresa”. El sumario documenta que el 6 de julio de 2021 envió a Julio Martínez dos archivos con nombres y contactos de personas físicas y jurídicas. La UDEF emplea este envío para justificar la posición directiva del expresidente en el entramado, si bien el propio informe policial matiza que, con la información disponible, solo tres de las sociedades citadas mantienen vínculos contractuales probados con la sociedad.

La constitución de una sociedad offshore en Dubái, Landside Middle East FZCO, tensa aún más las inferencias de la investigación. La cronología que maneja el juez arranca el 19 de enero de 2021, cuando la sociedad alicantina Idella Consulenza Strategica firmó un contrato con Plus Ultra que le garantizaba una comisión del 1% del rescate público en caso de aprobarse, lo que equivale a 530.000 euros. Una semana después, la secretaria de Zapatero y uno de sus escoltas gestionaron una reserva a nombre de Julio en el restaurante madrileño Portonovo. Al día siguiente, el empresario recibió un correo de su interlocutor con instrucciones para abrir una empresa en Emiratos Árabes Unidos, que comenzaba así: "Siguiendo con lo conversado en el día de ayer…". No se señala que Zapatero o su secretaria estuvieran presentes en esa conversación. Pero, tal y como reveló infoLibre, ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara la inyección a la aerolínea, la sociedad quedó formalmente registrada en Dubái.

El magistrado Calama infiere de esta secuencia que las instrucciones para crear la sociedad instrumental “parten necesariamente” de Zapatero. Es una deducción fundamentada en la proximidad temporal de los hechos y en correos de terceros, no en un documento firmado o un audio intervenido al expresidente, ni en la titularidad o accionariado de la empresa de Dubái, que se desconoce. 

La arquitectura de influencias que describe el juez Calama no se limitaba a buscar los 53 millones de euros para la aerolínea. El descubrimiento fortuito del chat denominado “Danilo-España”, intervenido en octubre de 2024 en el despacho del abogado Miguel Palomero, abrió una vía paralela en la investigación. Las conversaciones exponen la presunta relación económica entre el empresario venezolano Danilo Díazgranados y un contacto identificado como “Zorro”, “Z” o “ZZZ”, que los investigadores asignan a Zapatero.

Según la Fiscalía Anticorrupción, tras la detención por falsedad documental de un hijo de Díazgranados en el aeropuerto de Barajas en mayo de 2019, la trama activó sus engranajes para limpiar el expediente policial y las bases de datos de la embajada estadounidense. El rastro documental incluye un pago de 7.000 euros en marzo de 2020 al entonces comisario jefe del aeropuerto, Jesús María Gómez Martín, quien fuera el máximo responsable policial en Barajas durante el conocido como ‘Delcygate’. Un mes después de ese pago, Díazgranados ordenó transferir 20.000 euros a Whathefav en concepto de “asesoría de mercadeo”. Para el Ministerio Público, estas transferencias hacia el entorno de Zapatero coinciden cronológicamente con la consecución de favores en España, incluyendo una supuesta intermediación ante ejecutivos de Repsol para lograr contratos de distribución en Venezuela, que la compañía niega. 

Calama ha abierto dos piezas separadas de la investigación en las que ha incluido los informes policiales que se centran en estos hechos. Las nuevas piezas son secretas y no se conoce su contenido —tampoco el de los informes— pero la secuencia, así como el hecho de que esta variante no se desarrolle en el auto del juez en el que imputa a Zapatero, apunta a que estos hechos se investigan en paralelo. 

El encaje penal de estos hechos recae sobre la figura del tráfico de influencias, un delito de mera actividad. El juez Calama recuerda que la infracción se consuma con el simple acto de intentar influir sobre un funcionario o autoridad para obtener un beneficio. No es necesario que la presión tenga éxito, ni que la resolución administrativa buscada sea injusta o ilegal.

Pese a ello, la legalidad del rescate es uno de los campos de batalla de la instrucción. El Tribunal de Cuentas auditó en septiembre de 2024 el expediente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y concluyó, basándose en informes externos, que el organismo cumplió las normas procedimentales. 

Sin embargo, un perito judicial independiente convocado en los compases iniciales de la causa apuntó a que la aerolínea ya se encontraba en situación de insolvencia antes de la pandemia, lo que la inhabilitaría para recibir la inyección. Para ocultar esas pérdidas, la compañía habría utilizado un préstamo de 6,3 millones de euros de la firma panameña Panacorp. La sospecha toma forma en un audio de diciembre de 2020 intervenido a Roberto Roselli, consejero delegado de Plus Ultra. Al comentar las dudas de la SEPI sobre esos fondos inmovilizados. El directivo aseguraba a sus socios que redactarían unos documentos para aplicar “un poco más de maquillaje” y que luego ya verían cómo lo hacían para mover el dinero.

Para la Audiencia Nacional, la legalidad de los 53 millones acaba siendo secundaria frente a la intencionalidad de las gestiones. La instrucción pasa en los próximos meses por el análisis de los correos y las agendas físicas incautadas en Ferraz 35, buscando mensajes o reuniones que transformen las deducciones en una prueba directa.

Esta búsqueda choca con un obstáculo que la propia Fiscalía Anticorrupción reconoció en su informe del 18 de mayo. Al oponerse al registro del domicilio particular de Zapatero —medida que la UDEF sí solicitaba—, el Ministerio Público argumentó que los meses de intensa cobertura mediática y la comparecencia del expresidente en el Senado habían destruido el factor sorpresa. Los investigadores asumen que ese ruido prolongado ha generado “la lógica alerta en su entorno más íntimo”, un aviso previo que, según los investigadores y la Fiscalía, podría haber dado a la presunta trama un margen temporal crucial para blindar sus comunicaciones antes de la llegada de los agentes.

*Se ha corregido el nombre de la consultora Thinking Heads, que aparecía nombrada como Talking Heads, tras el aviso de un socio.

El 24 de octubre de 2024, agentes de la Policía española registraron el despacho del abogado Miguel Palomero en Madrid a instancias de las autoridades judiciales de Francia y Suiza, que investigaban una red internacional de blanqueo de capitales. Entre el material intervenido había cinco años de conversaciones entre Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados Manglano, a quien un cable diplomático de la embajada de Estados Unidos en Caracas publicado por Wikileaks identificaba ya en 2006 como "facilitador principal" e intermediario entre el Gobierno venezolano e instituciones financieras internacionales. El chat se llamaba "Danilo España".

Lo que la Fiscalía Anticorrupción encontró en esas conversaciones no tenía que ver directamente con los 53 millones del rescate a Plus Ultra que se investigaban en paralelo. Era una trama de presuntos favores y gratificaciones en España que, según los investigadores, abarcaba desde el control de fronteras del aeropuerto de Barajas hasta contratos con Repsol en Venezuela, y que salpicaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía abrió diligencias de investigación propias en diciembre de 2025. En febrero de 2026, la jueza que instruía el asunto en Madrid, Esperanza Collazos, se inhibió en favor de la Audiencia Nacional citando que el chat ponía en evidencia "actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia". 

En ese mismo auto, Collazos identificaba a Díazgranados como alguien que mantiene una relación "personal y económica" con una persona denominada en el chat como "Zorro", "Z" o "ZZZZ", identificada por los investigadores como Zapatero. La propia Audiencia Nacional, al aceptar la inhibición, describió el chat como una "cadena de favores y gratificaciones" con conversaciones relacionadas con el tránsito aeroportuario, regalos a personas con posiciones de poder y contactos de alto nivel para obtener contratos empresariales.

El episodio más explícito que recoge el chat arranca el 27 de mayo de 2019, cuando Francisco Alfonso Díazgranados Salvatierra, hijo menor de Danilo y conocido familiarmente como Kiko, fue detenido por falsedad documental en el control de fronteras de Barajas al embarcar en un vuelo a Miami. A la detención le siguieron, según la Fiscalía Anticorrupción, una serie gestiones para paralizar el procedimiento penal, que habrían implicado a autoridades en "muy altos niveles del ámbito administrativo y del judicial", y acciones paralelas para eliminar el registro de la detención de las bases de datos de la embajada estadounidense, con el fin de que Kiko pudiera seguir viajando a ese país. Los documentos de la Fiscalía infieren que la causa acabó en absolución y que la información ante las autoridades de EEUU "quedó limpia".

En el centro de esas gestiones aparece Jesús María Gómez Martín, entonces comisario del puesto fronterizo del aeropuerto de Barajas. El 4 de noviembre de 2020, Palomero escribía a Díazgranados: "La reunión de hoy del comisario ha sido muy fructífera. Parece que ayer se aclaró todo y se ha limpiado el expediente de Kiko." Díazgranados respondió que "nosotros nos portamos también con él", a lo que Palomero confirmó: "La verdad es que sí nos portamos súper súper bien."

La recompensa aparece documentada en otra conversación, de marzo de 2020. "Si te parece voy a sacar los 7.000 euros para el amigo", escribe Palomero. Cuando Díazgranados pregunta de quién se trata, la respuesta es: “Para Jesús el comisario.” Horas más tarde Palomero añade que está comiendo con él, y esa tarde Díazgranados confirma: “Siii [sic], dale lo de Jesús.” La Fiscalía aprecia en el conjunto del chat indicios de un delito continuado de cohecho. Las gratificaciones más frecuentes que describen las conversaciones son botellas de vino de alta gama que Díazgranados encargaba a Palomero para distribuir entre sus contactos, entre ellos el propio comisario, Zapatero y el empresario alicantino Julio Martínez Martínez, el mismo que el juez Calama sitúa como lugarteniente principal en la trama de Plus Ultra.

Gómez Martín era el máximo responsable de la Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando tuvo lugar el escándalo conocido como Delcygate, en el que la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aterrizó en España a pesar de las sanciones europeas que se lo prohibían. El entonces ministro José Luis Ábalos, encargado de su recepción, ofreció múltiples versiones sobre lo ocurrido, desde el “saludo forzado sin pisar suelo español” hasta el “encuentro de 25 minutos”. Dos años después, en noviembre de 2022, Gómez Martín fue ascendido a jefe superior de Policía de Canarias, cargo en el que continúa. Su tarjeta de visita, con un número de teléfono manuscrito, apareció en el registro de la sede de Plus Ultra practicado por la UDEF en diciembre de 2025.

Los favores que el chat atribuye al comisario no se habrían limitado a Barajas. Según los investigadores, su control sobre el aeropuerto de Cuatro Vientos, destinado a vuelos privados, pudo haber servido para la realización de negocios de naturaleza ilícita aún por determinar, en relación con una conversación de mayo de 2021 en la que se sugieren negocios con la "mano derecha del ministro de Transportes", identificada por la Fiscalía con “toda probabilidad” como Koldo García Izaguirre. El mismo informe policial apunta que el comisario habría facilitado la llegada a España de personas del entorno de Díazgranados sorteando los controles de aduanas.

El chat recoge también transferencias de Díazgranados a sociedades del entorno de Zapatero. En abril de 2020, según los investigadores, Díazgranados ordenó a Palomero el envío de 20.000 euros a Whathefav, la agencia gestionada por las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa —"en persona te cuento de quién es", escribió el venezolano— con el concepto "asesoría de mercadeo". La Fiscalía señala que estos pagos “coinciden cronológicamente con la consecución de favores a intereses de Danilo en España”.

Entre los presuntos favores figura también la intermediación de Zapatero ante altos ejecutivos de Repsol para que Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de la compañía en Venezuela, una conducta que la Fiscalía Anticorrupción califica como posible corrupción en los negocios. A las preguntas de infoLibre, Repsol niega de manera rotunda cualquier relación comercial o de otro tipo con Danilo Díazgranados.

El 18 de mayo de 2026, el mismo día que imputó a Zapatero en la causa principal de Plus Ultra, el juez Calama formalizó la creación de dos piezas separadas de investigación a las que incorporó los informes policiales sobre esta trama. Son piezas independientes cuyo contenido no es público. Lo que sí consta es que la Audiencia Nacional las abrió con los mismos informes de la UDEF que describen la cadena de favores al comisario, los pagos a Whathefav y la presunta intermediación ante Repsol. 

Desde que el juez José Luis Calama imputó a José Luis Rodríguez Zapatero el 18 de mayo, ha circulado la idea de que el auto de 85 páginas era solo la punta del iceberg y que las pruebas de verdad estarían en el sumario. La revisión de los documentos disponibles apunta a una conclusión más matizada: lo más sustancial de lo que el juez tiene contra el expresidente ya estaba en el auto, que a su vez se apoya en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El sumario aporta más detalles sobre el funcionamiento del entramado societario investigado, pero no incorpora acusaciones nuevas de peso contra Zapatero. Lo que falta —sus comunicaciones, sus agendas, sus dispositivos— no estaba disponible porque la investigación no había accedido a ello hasta el día después de firmarse el auto.

La investigación no nació en la Audiencia Nacional. Sus raíces están en unas diligencias abiertas en 2021 ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Lo que la relanzó fueron dos peticiones de cooperación internacional llegadas en septiembre de 2024: una orden europea de investigación de la Fiscalía de Delitos Financieros de Francia y una comisión rogatoria de la Fiscalía de Ginebra, en las que aparecía Plus Ultra como presunta cliente de una organización de blanqueo. La magistrada Esperanza Collazos Chamorro, titular del Juzgado nº 15 de Madrid, envió el caso a la Audiencia Nacional en febrero de 2026 por su dimensión transnacional.

A eso se sumó el hallazgo, en el registro del despacho del abogado Miguel Palomero en octubre de 2024, de un chat denominado "Danilo-España" con conversaciones entre el venezolano Danilo Diazgranados y alguien al que la investigación identifica como Zapatero, que acabó de inclinar la balanza hacia la Audiencia Nacional.

La acusación de Calama contra Zapatero se apoya en indicios de distinta naturaleza, pero ninguno de ellos procedente de comunicaciones en las que aparezca directamente el expresidente.

Los investigadores le atribuyen haber enviado a su supuesto lugarteniente, Julio Martínez Martínez, dos archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante —la sociedad del entramado que más fondos recibió y que a su vez pagaba a Zapatero y a sus hijas— y haber convocado desde el correo de su oficina —y previa mediación de uno de sus escoltas— la reunión en el restaurante Portonovo donde, según el juez, se impartieron las instrucciones para crear una sociedad en Dubái, cuyo fin, según la investigación, era cobrar el 1% del rescate a Plus Ultra, en virtud de un contrato firmado entre la aerolínea y Julio Martínez. La empresa, como informó infoLibre en exclusiva, fue registrada el 17 de marzo de 2021 —ocho días después de la aprobación del rescate por el Consejo de Ministros— bajo uno de los dos nombres recogidos en el auto —el único permitido por la legislación dubaití—. Lo que no puede verificarse, de momento, son los titulares de esta sociedad ni, por tanto, su relación con Martínez ni con Zapatero. 

Hay también un mensaje recibido el 31 de julio de 2021 por Martínez Martínez desde un contacto guardado como "Z" en su teléfono: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...", enviado tras la aprobación de los vuelos de Plus Ultra por las autoridades venezolanas. La UDEF sí atribuye este mensaje a Zapatero, pero el juez lo recoge en el auto sin asignárselo de forma explícita.

A eso se suman los flujos financieros: los investigadores documentan 490.780 euros transferidos desde Análisis Relevante a una cuenta del matrimonio Zapatero-Espinosa, y otros 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas, en cuya cuenta bancaria consta el expresidente como firma autorizada. El resto del cuadro indiciario son referencias a su figura en conversaciones intervenidas a terceros —"nuestro pana Zapatero detrás", "lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Julio habló con ZP 11 min"— y la carta de intención de un grupo estatal chino dirigida a su oficina en octubre de 2023, incorporada a los informes policiales.

La Fiscalía Anticorrupción, en su informe del 18 de mayo, se muestra favorable a todas las medidas solicitadas por la UDEF salvo al registro del domicilio particular de Zapatero, al que se opone no por falta de indicios sino por razones de eficacia: los meses de cobertura mediática de la investigación y su comparecencia en el Senado, argumenta, habrían generado "la lógica alerta en su entorno más íntimo", restando utilidad a la medida.

Los elementos sobre Zapatero que aparecen en el sumario pero no estaban en el auto de Calama proceden del auto de inhibición de Collazos. La magistrada detalla el contenido del chat "Danilo-España": conversaciones en las que el empresario venezolano Danilo Diazgranados, estrechamente vinculado al régimen chavista, mantiene una relación económica con alguien identificado como "Zorro", "Z" o "ZZZZ" —Zapatero, según la investigación— con indicios de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios “a lo largo de varios años”. Como hecho separado, Collazos recoge que Zapatero habría influido ante altos ejecutivos de Repsol para que Diazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de la compañía española en Venezuela, conducta que califica indiciariamente como posible corrupción en los negocios. Ninguno de los dos elementos es desarrollado por Calama cuando el caso llega a la Audiencia Nacional.

El informe de la UDEF en la que se propone al juez autorizar los registros a —entre otros lugares— la oficina y el despacho de Zapatero, recoge que, en el momento de solicitar esas inspecciones, la investigación no había determinado "el modo y la transmisión de las instrucciones" del expresidente, y que estas podrían producirse "mediante comunicaciones electrónicas, telefónicas o a través de otros canales". Esa es la justificación que los investigadores utilizan para que se les permita buscar, entre otras cosas, "los canales de comunicación a través de los cuales José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes". Una circunstancia necesaria para la investigación porque en todo el material que tenían hasta el momento no se habían detectado apenas conversaciones directas entre el expresidente y otros investigados o implicados.

El pasado 19 de mayo los agentes practicaron cuatro registros simultáneos. En la oficina de Ferraz 35, según el acta levantada por el letrado de la Administración de Justicia, se descargaron el correo electrónico de Zapatero y los correos de su secretaria Gertrudis Alcázar, que incluían acceso a carpetas compartidas mediante VPN del PSOE. Una segunda empleada, Judith Wells, tenía en su ordenador correos corporativos del partido y acceso a un grupo compartido denominado "Portal Corporativo PSOE". 

Los agentes se llevaron también siete agendas físicas de Zapatero correspondientes a los años 2019 a 2025, siete agendas con inicial, carpetas con facturas y documentos de Análisis Relevante, Gate, Thinking Heads, ChinaLink, Kreab y Focus Social Research —empresas que según los informes policiales figuran entre los pagadores del expresidente—, dos pen drives y los teléfonos de ambas empleadas.

En la caja fuerte del despacho del jefe de gabinete se hallaron joyas que Alcázar identificó como pertenecientes a Zapatero y su esposa, cuyo valor se desconoce —a pesar de las especulaciones publicadas en algunos medios—, y que el entorno del expresidente valora entre los 30.000 y los 50.000 euros, situando su origen en “herencias y regalos”. El despacho personal de Zapatero, según el acta, no contenía nada de interés para la investigación.

En la sede de Whathefav, donde se personaron Alba y Laura Rodríguez Espinosa, los agentes recogieron facturas, contratos, nueve buzones de correo corporativo y, entre otros documentos, un contrato entre Huawei Technologies España y Whathefav fechado en octubre de 2020.

Todo el material está ahora pendiente de análisis. Mientras tanto, Zapatero tendrá ocasión de dar su versión: convocado inicialmente para el 2 de junio, su declaración como investigado ha sido aplazada al 18 de junio para darle tiempo a leer el extenso sumario.

Julio Martínez Martínez constituyó una sociedad en los Emiratos Árabes Unidos cuya función, según la investigación judicial en curso, era recibir fuera de España la comisión pactada a cambio de las gestiones realizadas para obtener el rescate público de 53 millones de euros que la SEPI concedió a Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021. 

La empresa se llama Landside Middle East FZCO e infoLibre ha podido comprobar su existencia en el registro de Dubái, con la colaboración de OCCRP, consorcio de investigación periodística del que es socio este medio. Pertenece a DAFZ, la zona económica especial del aeropuerto de Dubái, y quedó registrada el 17 de marzo de 2021 —ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate— con validez hasta 2041. La actividad declarada corresponde a servicios de consultoría, gestión, información y marketing.

La Dubai Airport Freezone, conocida como DAFZ, gestionada por la Dubai Airport Freezone Authority y ubicada junto al aeropuerto internacional del emirato, es una de las más de 20 “zonas especiales” que ofrecen los Emiratos Árabes a sus empresas. Entre sus ventajas se incluye la posibilidad de que la propiedad sea extranjera al 100% —sin necesidad de un socio emiratí—, la exención de impuestos corporativos, la repatriación total de beneficios y un proceso de constitución que puede completarse íntegramente de forma telemática. La DAFZ cuenta con más de 3.300 empresas registradas, a las que les exige un capital mínimo de un dírham —equivalente a algo más de 20 céntimos de euro—. Solo es necesario un accionista para la constitución, y se permite un máximo de 50.

Lo que DAFZ no ofrece, ni ningún otro registro público de Dubái, es información sobre los propietarios reales de las empresas inscritas en ella. El registro de accionistas, administradores o cuentas anuales no es público. La sigla FZCO responde a "Free Zone Company", la denominación estándar para empresas constituidas en una zona franca emiratí, diseñadas para operar internacionalmente y no en el mercado local de los Emiratos.

En los correos intervenidos por la investigación judicial, la empresa aparece referenciada de dos formas distintas: "Landside Dubai Fzco" y "Landside Middle East Fzco". El auto reproduce ambas denominaciones tal como figuran en las comunicaciones internas de la red. El nombre con el que la sociedad acabó siendo registrada es el segundo, y no es casualidad: las zonas francas emiratíes prohíben explícitamente el uso del término "Dubai" —junto a otros como "UAE", "Emirates" o nombres de la familia real— en la denominación de empresas privadas, por considerarlos términos protegidos. 

El auto del juez Calama reconstruye el origen de la sociedad a partir de los correos y mensajes intervenidos. El 19 de enero de 2021, la sociedad Idella Consulenza Strategica SL —controlada por Julio Martínez Martínez, identificado por el juez como lugarteniente principal de la red— había suscrito con Plus Ultra un contrato por el que percibiría el 1% más IVA de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate de la SEPI: con el rescate fijado en 53 millones de euros, esa comisión ascendía a 530.000 euros. 

En algún momento entre la firma del contrato y la aprobación del rescate, Zapatero convocó una reunión en el restaurante Portonovo de Madrid, a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco, director del Halal Trade and Marketing Centre, que se describe como un “centro de desarrollo de negocios global” centrado en la economía de productos halal. El centro está registrado en la Dubai Airport Freezone.

Al día siguiente de esta reunión, Guerrero Blanco envió a Julio Martínez Martínez la documentación para constituir la sociedad en los Emiratos, "según lo conversado ayer". El 3 de marzo, cuando el Consejo Gestor del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) ya había aprobado internamente el rescate —la supuesta trama tuvo conocimiento de esta aprobación antes de que se decidiera formalmente, según se desprende del auto—, Cristóbal Cano (gestor del entramado societario de Julio Martínez Martínez) enviaba a este un documento denominado "Landside Middle East FZCO Business Plan", un plan de negocio que preveía ganancias de tres millones de dólares en cinco años. Según el auto, esto “permite inferir de forma indiciaria la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado entre Plus Ultra e Idella en cuenta bancaria titulada por Landside en territorio extranjero”.

El Consejo de Ministros aprobó definitivamente la ayuda el 9 de marzo de 2021. La sociedad quedó constituida ocho días después, el 17 de marzo, participada al 100% por Idella Consultanza Strategica, según las comunicaciones intervenidas por la UDEF. Idella no presenta sus cuentas anuales al Registro Mercantil desde 2018 —tres años antes de la constitución de la offshore— por lo que no se puede comprobar si esta aparece en sus documentos financieros. 

De estos hechos, el juez concluye que "las instrucciones parten necesariamente" de Zapatero. Según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria recogidos en el auto con fecha de febrero de 2026, no consta que se haya efectuado en España pago alguno en ejecución del contrato con Plus Ultra. El auto señala que el patrón detectado "encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo", en particular en lo relativo a la "creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia" para impedir el rastreo de los fondos.

Esta vez sí. La derecha política y mediática, con el auxilio de organizaciones de ultraderecha que habitualmente actúan como palancas judiciales e intermedian entre el PP, Vox y sus medios afines, lleva años intentando hallar la manera de destruir al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahora está convencida de que lo ha conseguido.

El PP lo considera sentenciado. Y algunos de los pseudomedios que más tiempo llevan difundiendo sin pruebas graves acusaciones contra él lo han declarado este martes culpable de un largo historial de crímenes, incluido el de haber ganado las elecciones de 2004 de manera fraudulenta.

Hace apenas unos días, el propio Alberto Núñez Feijóo aseguraba: “Zapatero ha usado la Presidencia del Gobierno, al parecer, para llevarse dinero sucio”. Ese mismo día, elconfidencial.com anticipaba lo que se venía: “Nuevas investigaciones judiciales acorralan a Zapatero por blanqueo de capitales a gran escala. El expresidente socialista lavó presuntamente fondos procedentes del cobro de comisiones por mediar ante gobiernos y administraciones públicas para favorecer a personas de su entorno con ayudas y contratos”, publicaba este digital, el mismo que puso en el punto de mira a la esposa del presidente, Begoña Gómez.

Zapatero es, para la derecha, una pieza de caza mayor. Está en el punto de mira desde que hace 22 años batió a Mariano Rajoy en las elecciones que siguieron a los atentados del 11M y, muy especialmente, desde que se convirtió en un activo esencial del PSOE cuando se trata de movilizar a sus militantes en período electoral. Así que su imputación es, en principio, una buena noticia para los intereses electorales del PP y de Vox.

Lo cierto es que, hasta ahora, la legalidad del préstamo de 53 millones concedido por el Gobierno a la compañía aérea Plus Ultra, en el marco del mecanismo creado para paliar las dificultades económicas de las empresas que vieron afectada su actividad por el confinamiento provocado por la pandemia de la covid, nunca había sido puesta en cuestión, más allá de las acusaciones de Miguel Tellado o de las insinuaciones de algunos pseudomedios, que a menudo usan la expresión “turbios manejos”.

Pero el caso de la aerolínea, archivado en su día por un juzgado de Madrid, revivido por Anticorrupción y convertido finalmente en el primer caso de la democracia que lleva a un expresidente ante la Audiencia Nacional, lo ha cambiado todo. Ahora hay un juez que acusa a Zapatero de ser “el presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.

Mientras se empiezan a conocer las evidencias concretas en las que se basa el juez para acusar a Zapatero, lo que sí se puede reconstruir es el recorrido: cinco años en los que el mismo caso fue archivado, reabierto, trasladado de juzgado, amplificado por medios de la derecha, instrumentalizado en sede parlamentaria y, finalmente, reconducido hacia un nombre que la oposición llevaba tiempo queriendo situar en el centro de la trama.

El 9 de marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó un préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. La aerolínea, fundada en 2011 y con capital venezolano entre 2017 y 2025, fue considerada empresa estratégica en el marco de las ayudas a la aviación afectada por la pandemia.

La primera denuncia llegó en marzo de 2021. La presentó Manos Limpias, la organización de extrema derecha con larga trayectoria en querellas políticas, ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Los cargos eran amplios: malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y obtención fraudulenta de ayudas públicas. Después se sumaron el PP y Vox con sus propias querellas.

La jueza Esperanza Collazos declaró el sobreseimiento provisional de la causa en enero de 2023. Su razonamiento fue directo: no aparecía justificada la comisión de ningún delito, porque la ayuda se había concedido conforme al real decreto de medidas urgentes aprobado para sostener la economía durante la pandemia. La Audiencia Provincial de Madrid respaldó esta decisión. El caso, en sus términos originales, entraba en vía muerta.

Pero el interés por el asunto no ha sido solo judicial. Desde 2022, la cobertura en medios de la derecha —con libertaddigital.com, okdiario.com y eldebate.com como protagonistas habituales— ha mantenido viva la conexión entre Zapatero y Plus Ultra mucho antes de que hubiera elementos judiciales que la sustentaran.

En esa misma lógica, el PP utilizó su mayoría en el Senado para citar al expresidente ante la comisión que investiga el caso Koldo, argumentando que “podría estar implicado en la trama de corrupción” que ellos sitúan alrededor de Sánchez. La cita parlamentaria y la judicial han avanzado en paralelo, con una retroalimentación en la que no siempre ha sido posible distinguir los indicios de las conclusiones.

El mecanismo que ha dado lugar a la imputación de Zapatero, sin embargo, no nació, aparentemente, de una denuncia política, sino de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción —en manos de Alejandro Luzón, cuyo perfil suma tanto elogios de la derecha como críticas de la izquierda— y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

En 2024, ambas instancias concluyeron que el dinero del rescate podría haber servido para blanquear fondos procedentes de tramas de corrupción venezolana. Era un ángulo distinto al que habían esgrimido Manos Limpias, el PP o Vox: ya no se cuestionaba si la ayuda se había concedido mal, sino si fue utilizada para lavar dinero sucio.

La reapertura llegó. Y con ella, una operación que, en diciembre de 2025, se saldó con la detención —y posterior puesta en libertad— del presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado; y el empresario Julio Martínez. Agentes de la UDEF registraron las oficinas centrales de la aerolínea en busca de documentación fiscal.

La jueza del juzgado madrileño se inhibió entonces en favor de la Audiencia Nacional, al considerar que el caso tenía ramificaciones que superaban su competencia.

El salto a la Audiencia Nacional colocó el caso en manos del juez Calama. Y la instrucción, en la que otra vez se presentó Manos Limpias, empezó a acercarse a Zapatero al tiempo que algunos medios —en particular eldebate.com, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas— aireaban sin pruebas vínculos entre el expresidente y Julio Martínez, presentándolos siempre como evidencias de corrupción.

Zapatero siempre ha reconocido haber ingresado, junto a sus hijas, en torno a medio millón de euros a lo largo de varios años a cambio de la realización de informes y la prestación de servicios para la consultora de su amigo Julio Martínez. Una contraprestación económica que la derecha ha considerado un pago a cambio de la concesión de la ayuda a Plus Ultra y que Zapatero siempre ha negado, pero a la que ahora el juez da credibilidad.

La imputación de Zapatero, independientemente de que dé lugar a un procesamiento o quede en nada, es un hito formal que la oposición llevaba años intentando construir desde múltiples flancos —la denuncia de un sindicato ultraderechista, las querellas de los partidos, el goteo de filtraciones a medios afines, los interrogatorios parlamentarios— y que ahora tiene forma de citación judicial para el 2 de junio.

Lo que ocurra ese día, y lo que el juez Calama sea capaz de acreditar más allá de los registros de este martes, determinará si el hito tiene recorrido o si repite el ciclo de 2023: mucho ruido, archivo provisional y vuelta a empezar.

El Tribunal Correccional de París decidirá el próximo 9 de marzo si acepta la solicitud del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien pide no tener que llevar por segunda vez el brazalete electrónico por su última condena en firme de finales de 2025 debido a un caso de cuentas de la campaña de 2012, informa EFE.

Tras la vista de este lunes, que se celebró a puerta cerrada, el abogado del antiguo jefe de Estado, Vincent Desry, declinó hacer declaraciones a los medios. Sarkozy quiere que se aplique una 'unificación de penas' para evitar el brazalete electrónico por segunda vez.

Entre febrero y mayo de 2025, el ex jefe de Estado llevó este dispositivo de control por una condena en firme debido al llamado caso Bismuth, de corrupción y tráfico de influencias por hechos de 2014.

A finales de noviembre de 2025, el exmandatario vio confirmada una segunda sentencia en firme por el caso Bygmalion, sobre sus cuentas de campaña para las presidenciales de 2012. Entonces se le sentenció a seis meses de prisión conmutadas por arresto domiciliario por la financiación irregular de su campaña de 2012.

Para Sarkozy, si se aplica el principio de 'unificación de penas', no sería necesario portar de nuevo el brazalete, ya que ya lo llevó a comienzos de 2025. La decisión sobre el brazalete llegará una semana antes de que el expresidente se enfrente a un proceso en apelación por el caso más grave en su contra.

Se trata de su presunta implicación en una trama de financiación ilegal para la campaña que le permitió convertirse en presidente de Francia en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Por este proceso, Sarkozy fue condenado en primera instancia en septiembre de 2025 a cinco años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, de los que cumplió tres semanas (entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre) entre rejas.

Sin embargo, el exmandatario conservador logró finalmente ser liberado a la espera de que se resuelva su recurso en apelación, que se celebra entre el 16 de marzo y el 3 de junio.

Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por presuntamente maniobrar contra la Guardia Civil o la Fiscalía, le dijo el pasado mes de mayo al fiscal Ignacio Stampa que ella era la "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Esta afirmación aparece en la grabación que Stampa hizo del encuentro que mantuvo el pasado 7 de mayo con Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el también empresario Luis del Rivero, y que este fiscal ha entregado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde se investiga a la exmilitante del PSOE por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En el audio, al que ha tenido acceso EFE, se escucha a Stampa preguntar a Leire Díez si es la mano derecha de Santos Cerdán, a lo que esta responde que sí y después añade: "soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado". "Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", dice Díez en el encuentro, refiriéndose a supuestas irregularidades policiales y de la Fiscalía que dice que no comprendía y que por eso empezó a investigar.

En un punto, Stampa pregunta a Leire Díez si el fiscal general, Álvaro García Ortiz, sabe de su encuentro, a lo que esta responde que no, aunque posteriormente sostiene que "lo va a saber" y que también lo va a saber "el jefe de Álvaro" y preguntada si se refiere al ministro o al presidente dice: "a todos".

Pese a todo lo que mantuvo en este encuentro con Stampa, desde que estalló este caso Leire Díez ha negado ser "fontanera" del PSOE, tal como le acusaba Víctor de Aldama, sino que actuaba como periodista haciendo un trabajo de investigación y pidió la baja en su formación.

El pasado lunes el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García solicitaron personarse como acusación particular en el juicio. Díaz ha declarado supuestas reuniones con el exministro en las que "habría manifestado que encabezaría una operación de inteligencia paralela" con la que "modificar la línea de defensa" del exministro, para "llegar a un pacto de no agresión" con el PSOE. Ábalos ha declarado que se enteró de esas "reuniones" a través de los medios de comunicación.

Ábalos y Koldo se han sumado a la lista de acusaciones personadas en la causa contra Leire Díez, en la que ya están el presunto comisionista Víctor de Aldama -investigado como ellos en el Tribunal Supremo- y el magistrado jubilado Manuel García-Castellón.

En la grabación también se escucha cómo el empresario Pérez Dolset, también investigado, le dice a Stampa que tiene archivos en los que consta el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que cuando salió la imputación de su mujer, Begoña Gómez, Leire Díez le pidió los audios sobre estos espionajes.

Entonces, relata Pérez Dolset, "el presidente ya dijo que se limpie todo". "Límpiese", agrega en ese punto Leire Díez. "Límpiese, sin límite. Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial…", retoma el empresario.

En ese momento, Díez dice algo ininteligible y el fiscal Stampa apunta: "y los fiscales que trabajábamos sin respiro con esto, fuera", en alusión a cómo fue retirado del caso Tándem, en el que se investigaba los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo en octubre de 2020, cuando gobernaba el PSOE y Dolores Delgado era la fiscal general del Estado. Al respecto, sus interlocutores le dicen que él fue una "víctima más" y que ellos solo se reúnen con víctimas.

Leire Díez agrega que Baltasar, en alusión a Baltasar Garzón, "tenía un negocio de puñetera madre" con Villarejo y en otro momento apunta a que a Lola, en referencia a Dolores Delgado, no le interesaba que ella supiese "todo".

Díez expresa además sus discrepancias con la exministra de Justicia Dolores Delgado, detallando que en 2018 le ofrecieron ser su directora de comunicación pero lo rechazó porque no le gustó lo que vio, y añade que "todo el mundo sale en las agendas" de Villarejo y por eso "gente como Lola tiene que estar inquieta".

También apunta a que Villarejo tenía detrás una "estructura" y que en todas las causas siempre aparecían los fiscales José Grinda y Alejandro Luzón, de los que dice que actuaron sintiéndose "completamente impunes" porque tenían al juez Manuel García-Castellón "como dique". También apunta que a la Fiscalía Anticorrupción "le sobra el anti".

El juez que investiga a Leire Díez y Pérez Dolset parte de la premisa, compartida con la Fiscalía, de que la búsqueda de "información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales" tenía como meta "anular o malbaratar" investigaciones que afectan a políticos y empresarios.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha presentado varias demandas contra a políticos como Óscar Puente y los periodistas Antón Losada y Ernesto Ekaizer, al considerar que las críticas vertidas contra él han vulnerado su derecho al honor.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que ya se han programado varios actos de conciliación en diferentes juzgados de primera instancia, como primer paso a las demandas presentadas por el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

El diario El Confidencial ha adelantado este sábado la decisión del magistrado de llevar estas críticas ante la Justicia y cita entre los demandados al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Si los diferentes actos de conciliación acaban sin acuerdo entre el juez y los demandados -que no están obligados a asistir-, el magistrado podrá optar por continuar por la vía civil contra ellos, en defensa de su derecho al honor, o si decide actuar por la vía penal, por presuntos delitos de injurias y calumnias.

El juez Peinado dirige desde abril de 2024 la investigación contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Su investigación, acotada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid, ha sido duramente criticada dentro del procedimiento por la Fiscalía y las defensas, pero también fuera, donde diferentes cargos políticos han cuestionado la actuación del magistrado.

El juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha ordenado a las entidades bancarias en las que figuran cuentas a su nombre que entreguen a la Guardia Civil toda la información relativa en el período comprendido entre diciembre de 2019 y noviembre de 2024.

El juez ordena esta diligencia en una providencia fechada el pasado 12 de diciembre, y a la que ha tenido acceso EFE, que ha trascendido este viernes, poco después de la declaración de Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado como investigada, en la que ha negado cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense y ha asegurado que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés.

El magistrado ordena primero que se traslade a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) la información bancaria extraída del Punto Neutro judicial sobre las cuentas bancarias titularidad de la investigada, así como la comunicación recibida del BBVA, con el fin de que "se verifique el Fichero de Titularidades Financieras (FTF) para comprobar si son todas las que le constan a la investigada o pudiera existir alguna más".

Lo hace después de que el Punto Neutro Judicial remitiera al titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid un lista "incompleta" de 10 cuentas bancarias vinculadas a la esposa del presidente del Gobierno cuyo saldo total ascendía únicamente a 40 euros.

Además el juez ordena que, respecto de las cuentas bancarias ya identificadas, se solicite a cada una de las entidades bancarias "a fin de que informen y faciliten cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases relativa a las cuentas bancarias reseñadas durante el periodo comprendido entre el 01/12/2019 y 18/11/2024".

Con el objetivo de agilizar las investigaciones, toda la información requerida será remitida por las entidades financieras directamente a la UCO. Y el juez autoriza a los agentes de dicha unidad a que "puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas y que precisen para el esclarecimiento de los hechos investigados".

En otra providencia, fechada el 16 de diciembre, el magistrado advierte que no se ha cumplido lo que solicitó a la directora de Recursos Humanos del Instituto Empresa, que contrató a Gómez como directora del África Center, y requiere a la entidad a que en plazo de 10 días "aporte la justificación de todas las transferencias, con indicación concreta de la entidad bancaria y número de cuenta, a las que se realizan los pagos respecto del contrato realizado por Instituto de la Empresa con Begoña Gómez". EFE

El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles la condena por corrupción y tráfico de influencias contra el expresidente Nicolas Sarkozy, lo que convierte esa sentencia en definitiva.

El que fuera inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 deberá llevar un brazalete electrónico durante un año, lo que le convierte en el primer expresidente francés obligado a cumplir una condena de arresto, aunque sea domiciliario. Jacques Chirac también fue condenado, pero a una pena exenta de cumplimiento.

Los abogados de Sarkozy han dejado entrever que apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, pero eso no suspende la aplicación de la pena.

Sarkozy, de 69 años, deberá comparecer antes de un mes ante un juez de libertades y detención, que establecerá las modalidades en las que llevará el brazalete electrónico y otras condiciones de su arresto domiciliario. El expresidente sufre así un enorme revés jurídico, uno más de los que le está reservando la justicia desde su salida del Elíseo en 2012, derrotado por el socialista Farnçois Hollande.

Aunque apartado de la primera línea política, Sarkozy sigue teniendo una gran influencia en la derecha francesa y mantiene contactos regulares con el actual presidente, Emmanuel Macron. Además, es un habitual del palco del Parque de los Príncipes, sus libros se convierten en grandes éxitos de ventas y encadena las dedicatorias por todo el país, pese a la cargada agenda judicial que arrastra, que ha derivado en una primera condena final en el país.

Lo es por un caso de corrupción y tráfico de influencias, conocido en Francia como el caso Bismuth, en referencia al nombre falso que eligió Sarkozy para abrir una línea telefónica secundaria. Supuso la primera condena para el expresidente, dictada por el Correccional de París en marzo de 2021, pena confirmada en apelación en mayo de 2023, a tres años de cárcel, aunque solo uno efectivo, con la posibilidad de cumplirlo en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico, pena que ahora ha confirmado el Supremo.

Las pesquisas se abrieron cuando los investigadores, que tenían bajo escucha los teléfonos de Sarkozy en 2014 en el marco de otro caso, descubrieron que su abogado le había abierto una línea secundaria con la que mantenían comunicaciones y que también fue pinchado. En las escuchas descubrieron conversaciones que apuntaban a un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.

En concreto, Sarkozy y su abogado hablaban de contactos con un magistrado, Gilbert Azibert, al que pedían datos sobre la instrucción de otra de las acusaciones contra él a cambio de que el ya expresidente usara su influencia para conseguirle un puesto honorífico en Mónaco. Esas escuchas sirvieron para abrir una investigación que acabó por convertir a Sarkozy en el primer expresidente francés en sentarse en el banquillo de los acusados, ya que Chirac no lo hizo por razones médicas.

Sarkozy tiene por delante un largo rosario de cuentas pendientes con la justicia. La más inmediata llegará el próximo 6 de enero, cuando se abra el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, un proceso al que podría acudir ya con el brazalete electrónico. En ese juicio, previsto hasta el 10 de abril, se sentarán en el banquillo de los acusados dos de sus ex ministros del Interior, Claude Guéant y Brice Hortefeux.

Sarkozy, que ganó aquellas presidenciales frente a la socialista Ségolène Royal, afronta una pena de hasta diez años de cárcel. También colea el caso de la financiación ilegal de la campaña de 2012. En febrero pasado fue condenado en apelación a un año de cárcel, de los cuales solo la mitad con cumplimiento y también con un brazalete electrónico, que el presidente no lo lleva aun porque recurrió también ante el Supremo, que no se pronunciará hasta el segundo semestre de 2025.

En este escándalo, fue condenado por haber superado con creces, de 22,5 millones a casi 44 millones, los límites de gasto en su campaña, a través de un sistema de falsas facturas que le permitieron disimular la inversión en sus costosos mítines. 

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Policía Judicial que proceda a "consultar la numeración" de las cuentas corrientes de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha solicitado además al registro civil un certificado literal de matrimonio con sus "anotaciones marginales".

A través de una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acuerda también citar como investigado al exconsejero madrileño Juan José Güemes para el 18 de diciembre, el mismo día en que está citada a declarar Begoña Gómez.

Además, Peinado, a través de esta misma resolución, deduce testimonio de la declaración prestada por la responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Blanca Gil de Antuñano Fernández-Montes, por si hubiese cometido un delito de desobediencia.

El juez decidió este lunes imputar a Güemes, directivo en el Instituto de Empresa, tras haberle citado para tomarle declaración como testigo.

Peinado investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo, en una causa en la que por ahora estaban investigados Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

La acusación popular de Hazte Oír solicitó en junio al juez que se revisaran todas aquellas cuentas bancarias de las que sea o haya sido titular Begoña Gómez desde agosto de 2018 a mayo de 2024, tanto en España como en el extranjero. Hazte Oír hizo esta petición en relación a la actividad de Gómez como directora de consultoría del Grupo Inmark, puesto que dejó cuando fue fichada por el Instituto Empresa en agosto de 2018 para poner en marcha el IE Africa Center.

En su petición al juez, esta acusación se refería también a la relación entre Gómez y Leticia Lauffer, exconsejera delegada de la filial de Globalia Wakalua, que firmó un convenio, por valor de 40.000 euros, con el IE Africa Center cuando lo dirigía la mujer del presidente del Gobierno, si bien, según dijo cuando declaró como testigo, no llegó a ejecutarse por completo porque estalló la pandemia.

En cuanto a Juan José Güemes, Peinado le citó hace un mes, después de que la directora de recursos humanos del IE le señalara como la persona que dio la orden de contratar a la mujer del presidente del Gobierno como responsable del instituto África Center del IE. Finalmente, este lunes el magistrado optó por imputarle al apreciar contradicciones en su relato.

Explicó que conoció a Begoña Gómez en 2017, ella le llamó a él para darle su currículo, pero él vio que el mismo "no se ajustaba" al IE, a pesar de lo cual dio la orden de contratarla. El magistrado le ha preguntado si finalmente la contrató porque era la esposa del presidente, y él ha contestado que no, lo que ha motivado que el juez le haya anunciado que podría pedir un careo con la responsable de recursos humanos que declaró hace unas semanas, a lo que Güemes se opuso.

Peinado le preguntó entonces si consideraba que esa testigo había incurrido en falso testimonio y finalmente le comunicó que pasaba a estar investigado.

España ha dado esta semana el primer paso real para la eliminación de las visas oro, los permisos de residencia que desde 2013 se conceden a extranjeros a cambio de una inversión inmobiliaria. Y lo ha hecho siete meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el fin de las visas: la comisión de Justicia del Congreso aprobó el pasado lunes el informe sobre el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia en el que el PSOE ha colado la medida en una enmienda. La supresión de las visas había conseguido en la ponencia previa el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que no pidieron ningún cambio sobre el texto socialista. Finalmente, el informe sobre el conjunto del proyecto de ley –se pactaron 106 enmiendas transaccionales– sólo encontró el rechazo de Vox y el PP.

La eliminación de las visas oro tendrá que ser aprobada ahora por el pleno del Congreso, así que es posible que la abolición no entre en vigor hasta enero. Mientras, aprovechando la demora legislativa, se siguen concendiendo permisos a toda prisa. Hasta el punto de que a final de año podrían rozar las 4.788, de acuerdo con la estimación realizada por infoLibre, un 63% más de los concedidas en 2023. Los despachos de abogados consultados cifran en al menos un 25% el aumento de las visas tramitadas sólo desde abril, cuando el Gobierno hizo su anuncio.

Según los números del Ministerio de Vivienda, el 94% de las visas oro concedidas desde 2013, cuando se crearon, hasta diciembre de 2023 fueron a cambio de invertir en un inmueble: 14.576. Y de ellas, el mayor número las consiguieron ciudadanos chinos, el 22,8%. Es decir, 3.325 ricos asiáticos tienen permiso de residencia en España –y pueden viajar sin visado a los países del espacio Schengen– tras comprar un inmueble valorado en un mínimo de 500.000 euros.

Hay otras modalidades de visas oro: si la inversión es en deuda pública, ésta debe superar los dos millones de euros; si es en acciones, fondos o depósitos, el millón de euros. También puede obtenerse el permiso de residencia si se presenta un proyecto empresarial. Pero estas opciones han sido absolutamente marginales en la década de vida de estos incentivos a la inversión: Un 3% –371– se otorgaron a cambio de depósitos bancarios, pero sólo un 1% –114– por proyectos empresariales, otro 1% –167– a cambio de comprar acciones y un 1% más –214– a cambio de invertir en fondos. Sólo ocho visas se han concedido por adquirir deuda pública.

En la foto finish de las visas españolas, los chinos superan por poco a los rusos –3.175–, pero triplican a los británicos –1.098–, la medalla de bronce del podio. La mayoría de las propiedades adquiridas por estos extranjeros de oro se sitúan en Barcelona, un tercio, casi el doble que en Madrid –un 19%–. Aunque a nadie le sorprenderá que la zona favorita de inversión sea la costa, desde Cataluña hasta Málaga, pasando por la Comunidad Valenciana y Baleares.

A las visas oro les ha rodeado la polémica casi desde que nacieron. Y no sólo en España. De hecho, desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Así que Portugal e Irlanda eliminaron las visas oro en 2023 y Países Bajos, el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022. Además, Grecia ha subido el importe mínimo de inversión requerido, que inicialmente para un inmueble era de sólo 250.000 euros, la mitad que en España. Cuando creó sus visas oro en 2014, sólo se permitían inversiones inmobiliarias, pero en 2019 añadió las financieras y empresariales.

En cualquier caso, la mala fama de estos permisos de residencia selectivos va más más allá de los riesgos a la seguridad. Y de la presión que ejercen sobre el precio de la vivienda las compras de los millonarios extranjeros. Aunque tampoco es desdeñable. En Marbella las adquisiciones de inmuebles a cambio de visas oro supusieron el 7,1% en 2023, y el 5,3% en Barcelona, según las cuentas hechas por el Gobierno, que justifica así la necesidad de abolirlas en la “importante concentración geográfica, a nivel de municipio o distrito” de estas operaciones. “Localmente”, asegura el Ejecutivo sobre las visas, “están ejerciendo una presión anormal sobre la demanda y, por tanto, sobre el precio”.

Pero hay un factor adicional. Una investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia y del periódico portugués Expresso, socios de infoLibre en el consorcio internacional de medios OCCRP, revela que, en Portugal, Chipre y Malta, las visas oro se han visto envueltas en casos de corrupción, tráfico de influencias y clamorosas puertas giratorias, algunos de los cuales tienen como nexo común el grupo chino Delsk.

En Chipre, el exministro de Transportes Marios Demetriades es acusado de corrupción, soborno y blanqueo de capitales en una trama de pasaportes oro, un programa distinto al de las visas a cambio de inversiones que el Gobierno de la isla tuvo que cancelar en 2020 ante el cúmulo de irregularidades que lo rodeaban. Ese programa permitía obtener no la residencia, sino la ciudadanía chipriota. Demetriades y el dueño de Delsk, Jing Wang, están acusados de presentar facturas falsas a un banco de la isla para justificar una transacción de 3,6 millones de euros a JWP Pegasus, una sociedad chipriota propiedad del empresario chino. La fiscalía de Chipre sostiene que el exministro ayudó a acelerar la solicitud de ciudadanía de un ciudadano chino y a JWP le pagaron 2,5 millones para conseguirlo. Unos cargos que Delsk Cyprus negó a Times of Malta, el periódico que publicó parte de la investigación de la Fundación Daphne Caruana Galiza y OCCRP. Jing Wang tiene pasaporte chipriota e intentó, sin éxito, conseguir uno maltés.

En Malta, Delsk contrató como consultor al ex primer ministro del país Joseph Muscat, para que le asesorara sobre el programa nacional de visas oro en diciembre de 2020. Le pagaba un sueldo de 5.900 euros al mes. Según la investigación publicada por Times of Malta, los pagos de Delsk a Muscat fueron señalados como “sospechosos” por el proveedor de pagos maltés. Como se sabe, las empresas de servicios de pago, al igual que los bancos y otros agentes financieros, tienen la obligación de informar a las autoridades de cualquier operación sospechosa de blanqueo de dinero. Y en el caso de Muscat, al ser una persona políticamente expuesta (PEP), el proveedor de pagos levantó una bandera roja: Muscat podía haber aprovechado sus relaciones con funcionarios del Gobierno para “influir” en los programas de ciudadanía y residencia de Malta. Además, destacó la naturaleza “vaga” del contrato que había firmado con Delsk. Muscat ha negado cualquier irregularidad, mientras que la empresa china asegura que recurrió al ex primer ministro “por su experiencia en Europa” y que su actividad en Delsk se centró en “elaborar análisis sobre la economía maltesa, el mercado inmobiliario y otras oportunidades de negocio”.

La investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia también revela que el agente local de Jing Wang en Malta gestionó casi la mitad de las solicitudes de visa cursadas por ciudadanos chinos en la isla entre 2016 y 2021. Además, destapó que al menos siete personas políticamente expuestas (PEP), un presunto delincuente y un individuo bajo sanciones internacionales figuraron entre quienes solicitaron una visa de oro maltesa en esos años. Un patrón que ya se desveló en 2023 en Grecia: 45 ciudadanos iraquíes intentaron conseguir una visa oro con documentos falsificados.

A modo de presentación en su página web, Delsk sitúa su nacimiento en 2008 en la ciudad alemana de Colonia. Pero su dueño es el empresario chino Jing Wang, sus oficinas centrales están en Pekín y presume de ser “una de las primeras empresas en introducir en China el negocio europeo de la inversión inmobiliaria”. Según la investigación de la Fundación Daphne Caruana, la propiedad real de Delsk se sitúa en las islas Caimán, adonde Jing Wang transfirió sus acciones en 2017. Tiene filiales en más de 30 países de todo el mundo. También cuenta con una en España.

Se llama Immocompletisimo Spain SLU y tiene su sede en Barcelona. Durante un tiempo funcionó bajo la marca Hooli Home, que aún mantiene activa Delsk en el resto del mundo. Pero en España el negocio no fue muy exitoso. Al menos a la luz de las cuentas que Immocompletisimo Spain ha remitido al Registro Mercantil y ha consultado infoLibre. Creada en 2016, es propiedad al 100% de la filial portuguesa del grupo, Imocompletissimo Consultoria de Imóveis SA, y como administrador único figura el propio Jing Wang.

Delsk se define como “una plataforma global de servicios de inversión” que se ofrece a sus compatriotas no sólo para gestionar inversiones inmobiliarias e inversiones en fondos, sino también para proporcionar todo tipo de asesoramiento profesional a los que quieren emigrar invirtiendo más allá de sus fronteras. Un mercado sin duda muy tentador: China es el país del que más millonarios emigrarán este año, 15.200, según el último informe sobre migración de patrimonios privados que elabora la consultora británica Henley & Partners. Serán un 10% más que en 2023. El segundo país que más millonarios perderá este año es Reino Unido, sólo 9.500. El informe no menciona la riqueza que unos y otros se llevarán consigo, pero en 2017, el periódico especializado Investment Immigration Insider cifraba en 10.000 millones de dólares el mercado de los inversores chinos que querían salir del país con sus patrimonios. Para hacerse una idea de la altura que alcanza la ola de emigrantes ricos chinos en todo el mundo, basta con recordar que más del 70% de las 81.125 visas a inversores concedidas por EEUU entre 2010 y 2019 las recibieron ciudadanos del gigante asiático, según cifras oficiales. En 2018, el 59% de los solicitantes de visas oro en Portugal eran chinos, el doble que en España. En Malta, el 88%. En Irlanda, se elevaban al 91%.

Según han informado a infoLibre fuentes del sector y exempleados de Hooli Home en Barcelona, la empresa china aterrizó en esa ciudad con una gran inversión y la vista puesta en abrir hasta seis oficinas. Finalmente puso en marcha tres. Al principio contaban con una flota compuesta de media docena de vehículos de alta gama y los chóferes y traductores necesarios. A los clientes chinos se les ofrecían tours por Barcelona, también visitaban Port Aventura u otros lugares de Cataluña. Incluso contrataron a un comercial ruso para atender a los clientes de esa nacionalidad.

Pero el negocio fue decayendo poco a poco y entró en barrena con el covid. Hasta que hubo periodos en los que no se vendía nada, aseguran las fuentes consultadas. “Se derivaban muchos clientes a Grecia, donde el importe mínimo para comprar una vivienda era menor, de 250.000 euros, también a Malta y a Portugal”, precisan. Malta, de hecho, era la delegación que “más funcionaba”.

En sus dos mejores años, 2017 y 2018, Immocompletisimo Spain llegó a facturar más de 1,1 millones de euros. Y a contar con una plantilla 24 personas. La empresa estaba dividida en dos secciones bien diferenciadas: los jefes chinos y los comerciales españoles. Estos buscaban las propiedades, aquellos cerraban las operaciones. Pero la comunicación entre ambas era inexistente, lamentan las fuentes: “Eran impermeables, no compartían información, no sabíamos cómo cerraban las operaciones”. “Opaca” es el adjetivo que utilizan para describir a la empresa.

Los clientes, añaden, venían del fondo de inversión de Hong Kong que forma parte del grupo Delsk. De hecho, las únicas operaciones con partes vinculadas que Immocompletisimo declara al Registro Mercantil son las que realiza con Hong Kong Delsk Business Co, propiedad al 100% de Jing Wang. Al principio la empresa se llamaba Jing Wang Properties (JWP), el nombre de otras sociedades constituidas por el empresario chino en otros países, como Malta o Irlanda. En esta última isla, se presenta como “distribuidora de un fondo autorizado por el Banco Central llamado JWP, que invierte el dinero del programa [de visas oro] en residencias de ancianos”. Las residencias son una de las opciones de inversión del programa irlandés de visas.

Según fuentes del sector, cuando se trata de clientes chinos, lo usual es trabajar con agentes freelance, de esa misma nacionalidad. “El mercado viene a través de esas agencias”, apuntan. Que les venden a los millonarios asiáticos “paquetes cerrados, que incluyen el inmueble y los trámites legales de la visa”. De esa burocracia se encargaban en Hooli Home despachos de abogados externos. Pero a veces la forma de actuar de estos intermediarios ha despertado suspicacias. “Dejamos de trabajar con ellos porque cobraban comisiones muy elevadas por inmuebles que no valían el precio que ofrecían a sus clientes”, indica un abogado de Barcelona a infoLibre. Lo inflaban hasta el mínimo legal de los 500.000 euros o les ofrecían oficinas o locales comerciales con una rentabilidad exagerada, detalla.

Otras fuentes inmobiliarias advierten de que, como a los chinos no les gusta pagar intermediarios, “la comisión iba incluida en el precio de la vivienda”.

La Fundación Daphne Caruana Galizia también refiere casos de precios inflados en Grecia y de clientes chinos que fueron estafados y, cuando llegaron al país, la propiedad prometida sencillamente no existía.

La emigración de millonarios chinos plantea además no pocos problemas legales. El Gobierno chino prohíbe a sus nacionales sacar más de 50.000 dólares al año por persona. Por lo que quienes invierten cantidades millonarias en el extranjero deben saltarse al mismo tiempo sus propias restricciones nacionales y las cada vez más estrictas regulaciones de la banca internacional. “Sacan el dinero a través de Hong Kong”, confirman varias abogados. O bien utilizan “hasta 10 familiares” y cada uno de ellos saca 50.000 euros... “Los bancos españoles no aceptan esa forma de trabajar”, zanjan enseguida.

Transparencia Internacional publicó en 2023 un informe sobre las visas oro españolas en el que criticaba “la falta de controles sobre diversos intermediarios, agentes y facilitadores”. Y pedía “regular adecuadamente las empresas y agentes facilitadores e intermediarios que ofrecen servicios de gestión de los visados”, por los “elevados riesgos de corrupción, blanqueo de capitales y delitos financieros” que plantean. “Muchas de las empresas que ofrecen estos servicios operan incluso fuera de la jurisdicción española y los riesgos aumentan exponencialmente cuando estos intermediarios tienen políticas opacas y complejas estructuras de propiedad”, advertía.

No son los únicos. La OCDE y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) también alertaban el año pasado del mal uso que se hace en muchos países de los programas que regalan la residencia a cambio de inversiones. En concreto, ponían el foco en el “uso frecuente de intermediarios” y “el abuso por parte de facilitadores profesionales”, que “aumentan el riesgo de delitos financieros y corrupción, incluido el soborno en el extranjero”. Citan a los agentes inmobiliarios, los gestores de patrimonios, los abogados que tramitan las visas y las consultoras como posibles facilitadores del abuso de estos programas.

A fecha de diciembre de 2022, las últimas cuentas que ha presentado en el Registro Mercantil, Immocompletisimo Spain acumulaba pérdidas por importe de 1,47 millones de euros. No ha tenido beneficios en seis años y registra un patrimonio neto negativo de 1,64 millones. Es decir, está en causa de disolución, puesto que su capital social es el mínimo requerido para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La ley española establece que, si las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto a la mitad del capital social, una sociedad debe disolverse.

Immocompletisimo Spain ha quedado reducida ahora a una oficina en un bajo de Barcelona, donde ni siquiera figura en los buzones, según ha podido comprobar este periódico. En sus cuentas de 2022 consta que sólo tiene tres empleados fijos, una cifra de negocio de 53.696 euros y unas pérdidas de 202.156 euros. En la página web china de Hooli Home se pueden encontrar las ofertas de la empresa en Barcelona. Se limitan a alquileres en residencias de estudiantes universitarios, con precios entre 875 y 1.575 euros al mes. Lo mismo en Madrid. Hasta 2.000 euros al mes con todos los servicios incluidos.

Los números de su empresa matriz, la portuguesa Imócompletissimo Consultoria de Imóveis SA, tampoco son mucho mejores. Según las cuentas enviadas al Registro Mercantil, acumula 6,2 millones de euros de números rojos en sus 11 años de actividad. No tiene ni un solo empleado, pero en 2023 facturó 270.000 euros, no mucho pero por encima de los raquíticos 15.425 euros ingresados en 2019. Cerró el año pasado con unas pérdidas de 14.202 euros, lejos de los 2,35 millones que se dejó en 2019. A diferencia de su filial española, Hooli Home sí mantiene activa su página web portuguesa y tiene oficinas en el Parque de las Naciones de Lisboa.

En Portugal, según datos del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), entre 2012 y 2022, 29.666 personas consiguieron una visa oro, como inversores o familiares de inversores. Más de la mitad procedían de los 30 países con mayor riesgo de lavado de dinero. Hasta 2023, el programa generó casi 7.000 millones de euros en inversiones y 10,7 millones en adquisiciones de propiedades, pero creó sólo 22 puestos de trabajo.

En teoría, pues, un buen negocio: los compradores con visa oro aportaron cerca de una cuarta parte de la inversión extranjera en el sector inmobiliario portugués, por sólo un 1,5% en España, según los datos de la Fundación Daphne Caruana Galizia.

Hay razones que explicaban el atractivo de las visas oro portuguesas hasta su eliminación el año pasado. Por ejemplo, tras cinco años de residencia, durante los cuales los solicitantes sólo deben pasar 63 días en el país, pueden pedir un pasaporte portugués. Porque a los titulares de la visas oro lusas les basta permanecer siete días en el país durante el primer año y 14 los siguientes para ser considerados residentes.

Además, el programa fiscal de Residente No Habitual (RNH) ofrece tipos impositivos favorables sobre la renta extranjera durante 10 años. Y no existe impuesto sobre el patrimonio ni de sucesiones.

infoLibre ha intentado ponerse en contacto con Immocompletisimo Spain, su matriz portuguesa y el propio grupo Delsk, pero no ha obtenido respuesta.

La Audiencia Provincial de Madrid ha establecido que el juez Juan Carlos Peinado es el competente para decidir si investiga la querella que interpuso Hazte oír contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunta apropiación indebida de un software del máster de la cátedra universitaria que codirigía, según informa EFE.

Se trata de una querella que presentó la organización ultracatólica y que discurre al margen de la causa que investiga Peinado, titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez y otros dos imputados. Dicha querella recayó en un juzgado diferente, el 48, que se inhibió a favor del de Peinado al considerar que los hechos tenían conexión con lo que él ya estaba investigando.

Disconforme con esta tesis, la Fiscalía recurrió la inhibición y ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado su recurso, de modo que el juez Peinado debe decidir si acuerda quedarse con esa querella e investigarla.

Según explica en su auto, al que ha tenido acceso EFE este martes, la Audiencia "no tiene constancia documental de cuáles son los hechos que están siendo investigados" por Peinado. No obstante, conoce "como hechos notorios de la vida pública" que este magistrado investiga una querella, presentada por Manos Limpias, relacionada con hechos del máster de Transformación Social Competitiva, vinculado a la Complutense, del que era codirectora Gómez.

Hazte oír acusa a Begoña Gómez de apropiarse, a través de una empresa, del software que se desarrolló para dicho máster, razón por la que el tribunal entiende que "existe la conexidad" para que el asunto pueda recaer en el juzgado de Peinado, "sin perjuicio" de lo que este magistrado pueda resolver al respecto.

Al margen de esta querella de Hazte oír, el juez Peinado continúa con la causa que abrió contra Gómez, y en la que también están investigados el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés. El 30 de septiembre, otra sección de la Audiencia Provincial, la 23, decidirá si archiva o acota esta investigación a petición de la defensa de Begoña Gómez y de la Fiscalía. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias, al aducir que la labor del magistrado "contraviene la doctrina existente" y que supone una "injusticia intrínseca".

Según una información adelantada por El País y recogida por Europa Press, la Abogacía General del Estado presentó este pasado jueves, en representación del presidente del Gobierno, un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que solicitaba la ampliación de la querella por prevaricación interpuesta a finales de julio.

La reacción del líder del Ejecutivo se produce después de que el pasado 22 de agosto el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, acordase que las partes personadas en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pudiesen acceder al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como testigo, que tuvo lugar en el Palacio de La Moncloa el 30 de julio.

Fue ese día de julio cuando Sánchez se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que investiga a su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En concreto, se acogió al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que respalda que como cónyuge de la investigada está "dispensado de la obligación de declarar".

El juez Peinado rechazó la petición de la Fiscalía de no dar acceso a las partes -entre las que figuran Manos Limpias y Vox- a la declaración grabada del presidente al considerar que la grabación "carece de cualquier utilidad, material o procesal".

"A fin de evitar filtraciones y que la misma acabe divulgada de forma improcedente, entendemos que la entrega de copia de la grabación referida a las partes no debería producirse", reclamaba entonces el fiscal.

Asimismo, el magistrado sostuvo en su carta que del "silencio" de Sánchez se pueden extraer "conclusiones".

Ante este carrusel de acontecimientos, la Abogacía del Estado ha ahondado en el escrito presentado esta semana que "lo verdaderamente buscado con estas actuaciones en todo lo que atañe a la Presidencia del Gobierno es darle una publicidad que precisamente es incompatible con el régimen de toma de declaración en estos casos y no la eficacia procesal o investigación alguna, partiendo de inferencias donde no puede haberlas o haciendo interpretaciones forzadas o artificiosas de preceptos legales o principios procesales".

En esa línea, se ha incidido en que el juez Peinado lo hace "hasta el punto de convertir un derecho procesal de ciertos testigos en una fuente infundada de inferencias con efectos procesales, con mención indirecta para ello de una doctrina en absoluto aplicable al caso y que contraviene la de la institución de la dispensa de declaración".

La Abogacía del Estado ha remarcado que "el conjunto de decisiones y providencias que por acumulación si no contradicen abiertamente cualquier interpretación lógica de la ley, tienden a forzar la puesta a disposición de las partes de una grabación que no debió existir (porque la declaración debería ser escrita y de ser oral, no debería existir al ejercerse la dispensa, cuya prueba se hace por diligencia del secretario) no hacen sino refrendar la orientación de toda este intento de diligencia instructora hacia su difusión mediática, no hacia su eficacia procesal, refrendándose así el planteamiento de nuestra querella".

La Audiencia Provincial de Madrid decidirá el próximo 30 de septiembre si impide al juez Peinado seguir investigando la causa contra Begoña Gómez, tal y como ha reclamado la propia Gómez y la Fiscalía de Madrid, y en la que se investigan los lazos de la mujer del presidente del Gobierno con la Universidad Complutense de Madrid, en la que codirigió una cátedra, y el empresario Juan Carlos Barrabés y su conexión con Javier Hidalgo por su condición de consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa, que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia.

El juez Juan Carlos Peinado ha afirmado que con lo que "cualquiera de los intervinientes" en las diligencias ponga de manifiesto, "bien por lo que contesten o bien por su silencio, legítimo, pero que, como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado, o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal".

En este sentido, ha acordado que las partes personadas en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, puedan acceder al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como testigo, que tuvo lugar en el Palacio de La Moncloa.

Fue el pasado 30 de julio cuando el jefe del Ejecutivo se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que investiga a su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez se acogió al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que respalda que como cónyuge de la investigada está "dispensado de la obligación de declarar".

La Fiscalía había remitido al juez un escrito a principios de agostos en el que le advertía de que la entrega a las partes de copia de la declaración grabada de Sánchez "carece de cualquier utilidad, material o procesal". "A fin de evitar filtraciones y que la misma acabe divulgada de forma improcedente, entendemos que la entrega de copia de la grabación referida a las partes no debería producirse", reclamaba el fiscal.

Sin embargo, en una providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid señala que "no puede ser atendida la pretensión" de la Fiscalía. El juez responde que la petición del fiscal no indica "precepto legal alguno que justifique la denegación que se pretende" y subraya que los implicados "tienen derecho a disponer de copia de todos los documentos que se contienen en las diligencias previas", incluidos los contenidos digitales.

Así, acuerda "expedirse las copias del acta, y de los soportes digitales en los que se contiene la diligencia llevada a cabo el día 30 de julio, respecto del testigo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, previa aportación por las partes, del correspondiente soporte tecnológico, en el que facilitarles dichas copias".

La Audiencia Nacional ha acordado absolver al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, perteneciente a la trama, según ha recogido Europa Press. El exmandatario ha terminado de esta forma su periplo judicial sin haber sido condenado en ninguna de las diversas causas en las que ha sido investigado y juzgado.

En una sentencia de 232 folios, la Sala condena a los integrantes de la misma, entre ellos a su líder, Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, y al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, a 2 años y 3 meses de prisión por haberse conformado con el escrito de acusación de la Fiscalía.

Los magistrados también condenan a otros ocho acusados a penas de entre 10 meses de prisión, como la impuesta al jefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (SEPIVA) Enrique Bort, hasta los 8 años de cárcel, como la que ha recaído sobre la del gerente de Orange Market Cándido Herrero.

Por contra, el tribunal absuelve a varios consellers y funcionarios de la Generalitat valenciana por las contrataciones públicas que se extendieron durante los años 2004 a 2009, entre las que destacaban las contrataciones por el Open de Tenis y los contratos de los Grandes Eventos de la Generalitat Valencia para su exposición en FITUR.

En relación con la acusación contra Camps por su participación en las contrataciones de FITUR, la sentencia recoge que "no se ha acreditado por prueba alguna válida" que el expresidente "ejerciera presión, sugestión, recomendación o insinuación alguna en la conducta" de la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars o en los órganos de gestión de las sociedades expositoras en el stand de Grandes Eventos de la Feria de FITUR de 2009.

"Pero es más, no existe testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos en dicho periodo, lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal", indica, incidiendo en que no hay "registro alguno que acredite conversación alguna al respecto con Ibars -a quien el tribunal absuelve- o cualquier de los organismos y sociedades expositoras".

El fallo también se refiere a uno de los elementos nucleares del juicio: las relaciones de Pérez con Camps. En concreto, los magistrados señalan que "no puede deducirse en absoluto que Camps fuera responsable de todos los actos de Pérez o que favoreciera las actividades del mismo dentro del ámbito de la contratación pública".

Todo ello, continúan, "más allá de la opinión de terceras personas y de las escasas escuchas telefónicas entre ambos durante navidades, y que el propio Camps fuera a actos de celebración personales" de 'El Bigotes', como la boda de su hija. Tanto en el juicio como a la salida de las diferentes sesiones Camps negó en repetidas ocasiones que tuviese una relación de amistad con El Bigotes. "Todo esto es un montaje espectacular que no hay por donde cogerlo", llegó a asegurar en declaraciones a los medios.

En cuanto a la boda, Camps aseguró que acudió de manera "absolutamente cortés", y en relación a la felicitación que ambos intercambiaron en Navidad, cuando 'El Bigotes' le llamó "amiguito del alma", el expresidente aseguró: "Esa tarde la gente con tranquilidad y el absoluto relax del hogar puede decir este tipo de cosas".

Cabe recordar que el expresidente solo ha sido juzgado por esta pieza de Gürtel y por el conocido como caso de los trajes, por el que fue absuelto. A pesar de haber sido investigado en otras causas judiciales, como la visita del Papa a Valencia o la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia, la Justicia archivó para él en todos los casos.

En el fallo también se estudian otros hechos de la época de Camps, como el Open de Tenis. Así, la Sala distingue los contratos de patrocinio de la Generalitat con los titulares de los derechos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), de los contratos realizados directamente por los titulares de las empresas IMT y ESEDOS, como empresas privadas, de los realizados por la Generalitat con otras empresas.

Los magistrados también analizan igualmente en la sentencia las contrataciones por razón de la salida de la Volvo Ocean Race en el puerto de Alicante y concluyen que no se aprecia que la Generalitat sufriera perjuicio alguno.

Respecto a las otras contrataciones realizadas por las distintas consellerías, la resolución desgrana la responsabilidad en la contratación de los distintos consellers, de sus jefes de gabinete y de los respectivos directores generales, en las distintas contrataciones con Orange Market y las otras empresas de la Gürtel.

Por otro lado, la sentencia también absuelve a varios altos cargos del gobierno de Camps como Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, Mary Patricia Callaghan, Alicia de Miguel, María Auxiliadora Hernández, David Francisco Serra, Rafael Peset, María de la Paz Aviñó, Manuel Cervera, Luis Eduardo Rosado, Inmaculada García, Paula de Cubas, José Manuel Vidal y Aránzazu Vallés.

Así las cosas, la sentencia estudia uno a uno los contratos en los que participaron y su adaptación a la legislación de la época, recogiendo la forma de trabajo en las distintas consellerías y quiénes eran los responsables de la contratación, así como la forma en que se procedía posteriormente al pago de las distintas facturas, examinando la legislación de la época sobre contratos menores.

En lo relativo a Gürtel, a la macrocausa le restan dos juicios: el relativo a la supuesta evasión fiscal y blanqueo de la trama -todavía sin fecha- y el referente a los adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

El juez que abrió diligencias a raíz de la denuncia del pseudosindicatos Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de tráfico de influencias, ha citado como testigos al empresario Juan Carlos Barrabés y a otras cinco personas, entre ellas varios cargos de Red.es, según ha recogido Europa Press.

Fuentes jurídicas han confirmado que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41, Juan Carlos Peinado, ha citado el 7 de junio a partir de las 09.30 horas a Barrabés. El mismo figura en un informe aportado al juez por la organización ultra Manos Limpias en relación a cuatro contratos por importe de 10,2 millones de euros que presuntamente adjudicó el ente público Red.es a su mercantil, Innova Next SL.

El magistrado también ha llamado a sede judicial el próximo 6 de junio a partir de las 11.15 horas al CEO de Red.es, David Cerco, al que fuera director general de Red.es Alberto Martinez Lacambra, al economista y abogado de Innovanex, Luis Antonio Martín Bernardos; al director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y a Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es.

Cabe recordar que la decisión del juez de abrir diligencias contó con la oposición de la Fiscalía que, una vez que tuvo conocimiento de que se había abierto procedimiento, presentó un recurso ante la Audiencia de Madrid pidiendo que ordenase el archivo de la causa, según las fuentes fiscales consultadas.

Manos Limpias acusa a Gómez de actuar "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno: "Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

El sindicato apoyó su denuncia en lo publicado por varios diarios digitales y de papel, así como lo conocido por tertulias televisivas. En una nota de prensa, Miguel Bernad -secretario general de Manos Limpias- recalcó que se basaba en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no fueran ciertas debían ser "quienes las publicaron" quienes asuman "la falsedad".

Responsables de dos medios de comunicación que publicaron las noticias en las que se basó la denuncia han ratificado en sede judicial la "veracidad" de sus informaciones.

Les confieso que siempre he profesado una profunda admiración a los redactores del veterano programa Corazón de Televisión Española. La razón es la maravillosa forma que tienen de narrar las dichas y adversidades en las que se ven envueltos los famosos, ya saben, esas personas conocidas por su habilidad para vender su vida, no sus capacidades. Mientras que otros espacios de sociedad se deslizaron por la rocosa pendiente de la vulgaridad, Corazón siempre mantuvo las formas, creando todo un glosario de eufemismos que algún día merecerá la pena ser estudiado.

En este programa nunca hay separaciones sino “paréntesis". Los condes no se divorcian, sino que “distancian sus caminos”. Cuando una solista de la canción ligera se lía con un empresario de la noche mallorquina, “el amor le sonríe a orillas del Mediterráneo”. Lo mejor es cuando un vástago de famoso se monta cualquier chiringuito para justificar su alergia al trabajo, estilo confección de pulseras con piedras sagradas del Himalaya, 500 euros la pieza, que ahí la nena, o el nene, “emprenden un vibrante proyecto empresarial”.

Les cito Corazón porque me ha recordado a los titulares publicados estos días sobre “la aventura profesional” de Pablo Casado. Las noticias hablan de los “space cowboys” que acompañarán al antiguo líder del Partido Popular en el lanzamiento de un fondo de inversión centrado en la IA, lo aeroespacial y la defensa. Entre ellos se encuentra el sobrino de Ana Botín, lo que al menos nos ha proporcionado algo de seguridad en tiempos tan llenos de incertidumbre, al comprobar que la larga saga de banqueros tiene sucesores y a los botines no les da por, yo qué sé, meterse a reponedores de supermercado o ferrallistas.

Mientras que algunos medios nos contaban que el fondo de Casado iba a invertir en pymes españolas, en estas páginas, Ángel Munárriz nos aclaraba algunas interioridades del asunto, entre otras que estos aparatos societarios están diseñados para la elusión fiscal, también que Casado forma parte de este plantel de aventureros del parné en calidad de experto en geoestrategia y relaciones internacionales. Quizá la maestría le venga de cuando fue representante de Aznar para sus negocios en Libia. En 2010 el expresidente era comisionista de Abengoa tratando, debido a sus fluidas relaciones con Gadafi, la concesión de alguna desaladora.

Casado nos cuenta algunas cosas sobre los ricos. La primera es que aprecian el paso por la política no por demostrar capacidad de gestión o liderazgo, palabras vacías tan del gusto de la época, sino por los contactos que conserves. La otra es que siempre hay que tener a mano a alguien que provenga de una familia del mundo del dinero, porque a la hora de obtener esos 150 millones de capital inicial, lo mismo al que invierte le importa que el favor le revierta por otro lado.

En todo caso, lo relevante del negocio de Casado es la naturaleza del propio invento, de nombre Hyperion. Un fondo de inversión de capital riesgo utiliza el dinero que recibe para participar temporalmente en empresas que no coticen en las grandes bolsas, con la intención de aumentar su valor y vender luego sus acciones a un precio mayor al momento de su compra. Los manuales de negocios nos explicarán que ese aumento de valor se produce por la mejora de gestión que el fondo aporta a la empresa participada. Lo cierto es que en muchos casos ese aumento de valor no se produce porque el fondo racionalice el uso de la fotocopiadora, sino por lograr contratos para la sociedad, puede que reales, puede que no tanto, o simplemente porque la propia participación del fondo se considera un espaldarazo de confianza para la empresa, derivando en un aumento artificial de su valor. Es decir, una inversión especulativa.

El gran problema que tiene Europa es que sus ricos ya no invierten su dinero en economía productiva, es decir, en aquellas empresas que producen bienes o servicios, sino que llevan su dinero a todo tipo de fondos de inversión que les permiten, mediante maniobras de elusión fiscal e ilusión monetaria, conseguir mayores beneficios y de manera más rápida que con la inversión tradicional. Así, mientras que la economía que crea riqueza y trabajo sufre para encontrar financiación, descontando los programas públicos de ayuda post-pandémica de la propia UE, la economía especulativa crece de manera descontrolada haciendo más ricos a los que ya lo son.

¿Este era el modelo que el antiguo líder del Partido Popular quería para España cuando se presentó a presidente del Gobierno?¿Es este el modelo que defiende su sucesor, Alberto Núñez Feijóo? Este tipo de juegos de casino se mantienen en pie porque nadie se atreve a decir que los títulos y acciones que pasan de mano en mano aumentando de valor son, en su gran mayoría, una virtualidad, una simulación que ayuda a amasar grandes fortunas en muy poco tiempo. Cuando el juego se va de las manos, por centrarse en un sector con especial demencia y voracidad, nos puede costar un disgusto serio como la Gran Recesión. Al menos el invento de Casado es ecofriendly. Faltaría más.