El Tribunal Correccional de París decidirá el próximo 9 de marzo si acepta la solicitud del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien pide no tener que llevar por segunda vez el brazalete electrónico por su última condena en firme de finales de 2025 debido a un caso de cuentas de la campaña de 2012, informa EFE.

Tras la vista de este lunes, que se celebró a puerta cerrada, el abogado del antiguo jefe de Estado, Vincent Desry, declinó hacer declaraciones a los medios. Sarkozy quiere que se aplique una 'unificación de penas' para evitar el brazalete electrónico por segunda vez.

Entre febrero y mayo de 2025, el ex jefe de Estado llevó este dispositivo de control por una condena en firme debido al llamado caso Bismuth, de corrupción y tráfico de influencias por hechos de 2014.

A finales de noviembre de 2025, el exmandatario vio confirmada una segunda sentencia en firme por el caso Bygmalion, sobre sus cuentas de campaña para las presidenciales de 2012. Entonces se le sentenció a seis meses de prisión conmutadas por arresto domiciliario por la financiación irregular de su campaña de 2012.

Para Sarkozy, si se aplica el principio de 'unificación de penas', no sería necesario portar de nuevo el brazalete, ya que ya lo llevó a comienzos de 2025. La decisión sobre el brazalete llegará una semana antes de que el expresidente se enfrente a un proceso en apelación por el caso más grave en su contra.

Se trata de su presunta implicación en una trama de financiación ilegal para la campaña que le permitió convertirse en presidente de Francia en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Por este proceso, Sarkozy fue condenado en primera instancia en septiembre de 2025 a cinco años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, de los que cumplió tres semanas (entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre) entre rejas.

Sin embargo, el exmandatario conservador logró finalmente ser liberado a la espera de que se resuelva su recurso en apelación, que se celebra entre el 16 de marzo y el 3 de junio.

Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por presuntamente maniobrar contra la Guardia Civil o la Fiscalía, le dijo el pasado mes de mayo al fiscal Ignacio Stampa que ella era la "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Esta afirmación aparece en la grabación que Stampa hizo del encuentro que mantuvo el pasado 7 de mayo con Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el también empresario Luis del Rivero, y que este fiscal ha entregado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde se investiga a la exmilitante del PSOE por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En el audio, al que ha tenido acceso EFE, se escucha a Stampa preguntar a Leire Díez si es la mano derecha de Santos Cerdán, a lo que esta responde que sí y después añade: "soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado". "Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", dice Díez en el encuentro, refiriéndose a supuestas irregularidades policiales y de la Fiscalía que dice que no comprendía y que por eso empezó a investigar.

En un punto, Stampa pregunta a Leire Díez si el fiscal general, Álvaro García Ortiz, sabe de su encuentro, a lo que esta responde que no, aunque posteriormente sostiene que "lo va a saber" y que también lo va a saber "el jefe de Álvaro" y preguntada si se refiere al ministro o al presidente dice: "a todos".

Pese a todo lo que mantuvo en este encuentro con Stampa, desde que estalló este caso Leire Díez ha negado ser "fontanera" del PSOE, tal como le acusaba Víctor de Aldama, sino que actuaba como periodista haciendo un trabajo de investigación y pidió la baja en su formación.

El pasado lunes el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García solicitaron personarse como acusación particular en el juicio. Díaz ha declarado supuestas reuniones con el exministro en las que "habría manifestado que encabezaría una operación de inteligencia paralela" con la que "modificar la línea de defensa" del exministro, para "llegar a un pacto de no agresión" con el PSOE. Ábalos ha declarado que se enteró de esas "reuniones" a través de los medios de comunicación.

Ábalos y Koldo se han sumado a la lista de acusaciones personadas en la causa contra Leire Díez, en la que ya están el presunto comisionista Víctor de Aldama -investigado como ellos en el Tribunal Supremo- y el magistrado jubilado Manuel García-Castellón.

En la grabación también se escucha cómo el empresario Pérez Dolset, también investigado, le dice a Stampa que tiene archivos en los que consta el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que cuando salió la imputación de su mujer, Begoña Gómez, Leire Díez le pidió los audios sobre estos espionajes.

Entonces, relata Pérez Dolset, "el presidente ya dijo que se limpie todo". "Límpiese", agrega en ese punto Leire Díez. "Límpiese, sin límite. Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial…", retoma el empresario.

En ese momento, Díez dice algo ininteligible y el fiscal Stampa apunta: "y los fiscales que trabajábamos sin respiro con esto, fuera", en alusión a cómo fue retirado del caso Tándem, en el que se investigaba los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo en octubre de 2020, cuando gobernaba el PSOE y Dolores Delgado era la fiscal general del Estado. Al respecto, sus interlocutores le dicen que él fue una "víctima más" y que ellos solo se reúnen con víctimas.

Leire Díez agrega que Baltasar, en alusión a Baltasar Garzón, "tenía un negocio de puñetera madre" con Villarejo y en otro momento apunta a que a Lola, en referencia a Dolores Delgado, no le interesaba que ella supiese "todo".

Díez expresa además sus discrepancias con la exministra de Justicia Dolores Delgado, detallando que en 2018 le ofrecieron ser su directora de comunicación pero lo rechazó porque no le gustó lo que vio, y añade que "todo el mundo sale en las agendas" de Villarejo y por eso "gente como Lola tiene que estar inquieta".

También apunta a que Villarejo tenía detrás una "estructura" y que en todas las causas siempre aparecían los fiscales José Grinda y Alejandro Luzón, de los que dice que actuaron sintiéndose "completamente impunes" porque tenían al juez Manuel García-Castellón "como dique". También apunta que a la Fiscalía Anticorrupción "le sobra el anti".

El juez que investiga a Leire Díez y Pérez Dolset parte de la premisa, compartida con la Fiscalía, de que la búsqueda de "información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales" tenía como meta "anular o malbaratar" investigaciones que afectan a políticos y empresarios.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha presentado varias demandas contra a políticos como Óscar Puente y los periodistas Antón Losada y Ernesto Ekaizer, al considerar que las críticas vertidas contra él han vulnerado su derecho al honor.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que ya se han programado varios actos de conciliación en diferentes juzgados de primera instancia, como primer paso a las demandas presentadas por el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

El diario El Confidencial ha adelantado este sábado la decisión del magistrado de llevar estas críticas ante la Justicia y cita entre los demandados al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Si los diferentes actos de conciliación acaban sin acuerdo entre el juez y los demandados -que no están obligados a asistir-, el magistrado podrá optar por continuar por la vía civil contra ellos, en defensa de su derecho al honor, o si decide actuar por la vía penal, por presuntos delitos de injurias y calumnias.

El juez Peinado dirige desde abril de 2024 la investigación contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Su investigación, acotada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid, ha sido duramente criticada dentro del procedimiento por la Fiscalía y las defensas, pero también fuera, donde diferentes cargos políticos han cuestionado la actuación del magistrado.

El juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha ordenado a las entidades bancarias en las que figuran cuentas a su nombre que entreguen a la Guardia Civil toda la información relativa en el período comprendido entre diciembre de 2019 y noviembre de 2024.

El juez ordena esta diligencia en una providencia fechada el pasado 12 de diciembre, y a la que ha tenido acceso EFE, que ha trascendido este viernes, poco después de la declaración de Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado como investigada, en la que ha negado cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense y ha asegurado que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés.

El magistrado ordena primero que se traslade a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) la información bancaria extraída del Punto Neutro judicial sobre las cuentas bancarias titularidad de la investigada, así como la comunicación recibida del BBVA, con el fin de que "se verifique el Fichero de Titularidades Financieras (FTF) para comprobar si son todas las que le constan a la investigada o pudiera existir alguna más".

Lo hace después de que el Punto Neutro Judicial remitiera al titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid un lista "incompleta" de 10 cuentas bancarias vinculadas a la esposa del presidente del Gobierno cuyo saldo total ascendía únicamente a 40 euros.

Además el juez ordena que, respecto de las cuentas bancarias ya identificadas, se solicite a cada una de las entidades bancarias "a fin de que informen y faciliten cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases relativa a las cuentas bancarias reseñadas durante el periodo comprendido entre el 01/12/2019 y 18/11/2024".

Con el objetivo de agilizar las investigaciones, toda la información requerida será remitida por las entidades financieras directamente a la UCO. Y el juez autoriza a los agentes de dicha unidad a que "puedan solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas y que precisen para el esclarecimiento de los hechos investigados".

En otra providencia, fechada el 16 de diciembre, el magistrado advierte que no se ha cumplido lo que solicitó a la directora de Recursos Humanos del Instituto Empresa, que contrató a Gómez como directora del África Center, y requiere a la entidad a que en plazo de 10 días "aporte la justificación de todas las transferencias, con indicación concreta de la entidad bancaria y número de cuenta, a las que se realizan los pagos respecto del contrato realizado por Instituto de la Empresa con Begoña Gómez". EFE

El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles la condena por corrupción y tráfico de influencias contra el expresidente Nicolas Sarkozy, lo que convierte esa sentencia en definitiva.

El que fuera inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 deberá llevar un brazalete electrónico durante un año, lo que le convierte en el primer expresidente francés obligado a cumplir una condena de arresto, aunque sea domiciliario. Jacques Chirac también fue condenado, pero a una pena exenta de cumplimiento.

Los abogados de Sarkozy han dejado entrever que apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, pero eso no suspende la aplicación de la pena.

Sarkozy, de 69 años, deberá comparecer antes de un mes ante un juez de libertades y detención, que establecerá las modalidades en las que llevará el brazalete electrónico y otras condiciones de su arresto domiciliario. El expresidente sufre así un enorme revés jurídico, uno más de los que le está reservando la justicia desde su salida del Elíseo en 2012, derrotado por el socialista Farnçois Hollande.

Aunque apartado de la primera línea política, Sarkozy sigue teniendo una gran influencia en la derecha francesa y mantiene contactos regulares con el actual presidente, Emmanuel Macron. Además, es un habitual del palco del Parque de los Príncipes, sus libros se convierten en grandes éxitos de ventas y encadena las dedicatorias por todo el país, pese a la cargada agenda judicial que arrastra, que ha derivado en una primera condena final en el país.

Lo es por un caso de corrupción y tráfico de influencias, conocido en Francia como el caso Bismuth, en referencia al nombre falso que eligió Sarkozy para abrir una línea telefónica secundaria. Supuso la primera condena para el expresidente, dictada por el Correccional de París en marzo de 2021, pena confirmada en apelación en mayo de 2023, a tres años de cárcel, aunque solo uno efectivo, con la posibilidad de cumplirlo en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico, pena que ahora ha confirmado el Supremo.

Las pesquisas se abrieron cuando los investigadores, que tenían bajo escucha los teléfonos de Sarkozy en 2014 en el marco de otro caso, descubrieron que su abogado le había abierto una línea secundaria con la que mantenían comunicaciones y que también fue pinchado. En las escuchas descubrieron conversaciones que apuntaban a un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.

En concreto, Sarkozy y su abogado hablaban de contactos con un magistrado, Gilbert Azibert, al que pedían datos sobre la instrucción de otra de las acusaciones contra él a cambio de que el ya expresidente usara su influencia para conseguirle un puesto honorífico en Mónaco. Esas escuchas sirvieron para abrir una investigación que acabó por convertir a Sarkozy en el primer expresidente francés en sentarse en el banquillo de los acusados, ya que Chirac no lo hizo por razones médicas.

Sarkozy tiene por delante un largo rosario de cuentas pendientes con la justicia. La más inmediata llegará el próximo 6 de enero, cuando se abra el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, un proceso al que podría acudir ya con el brazalete electrónico. En ese juicio, previsto hasta el 10 de abril, se sentarán en el banquillo de los acusados dos de sus ex ministros del Interior, Claude Guéant y Brice Hortefeux.

Sarkozy, que ganó aquellas presidenciales frente a la socialista Ségolène Royal, afronta una pena de hasta diez años de cárcel. También colea el caso de la financiación ilegal de la campaña de 2012. En febrero pasado fue condenado en apelación a un año de cárcel, de los cuales solo la mitad con cumplimiento y también con un brazalete electrónico, que el presidente no lo lleva aun porque recurrió también ante el Supremo, que no se pronunciará hasta el segundo semestre de 2025.

En este escándalo, fue condenado por haber superado con creces, de 22,5 millones a casi 44 millones, los límites de gasto en su campaña, a través de un sistema de falsas facturas que le permitieron disimular la inversión en sus costosos mítines. 

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Policía Judicial que proceda a "consultar la numeración" de las cuentas corrientes de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha solicitado además al registro civil un certificado literal de matrimonio con sus "anotaciones marginales".

A través de una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acuerda también citar como investigado al exconsejero madrileño Juan José Güemes para el 18 de diciembre, el mismo día en que está citada a declarar Begoña Gómez.

Además, Peinado, a través de esta misma resolución, deduce testimonio de la declaración prestada por la responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Blanca Gil de Antuñano Fernández-Montes, por si hubiese cometido un delito de desobediencia.

El juez decidió este lunes imputar a Güemes, directivo en el Instituto de Empresa, tras haberle citado para tomarle declaración como testigo.

Peinado investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo, en una causa en la que por ahora estaban investigados Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

La acusación popular de Hazte Oír solicitó en junio al juez que se revisaran todas aquellas cuentas bancarias de las que sea o haya sido titular Begoña Gómez desde agosto de 2018 a mayo de 2024, tanto en España como en el extranjero. Hazte Oír hizo esta petición en relación a la actividad de Gómez como directora de consultoría del Grupo Inmark, puesto que dejó cuando fue fichada por el Instituto Empresa en agosto de 2018 para poner en marcha el IE Africa Center.

En su petición al juez, esta acusación se refería también a la relación entre Gómez y Leticia Lauffer, exconsejera delegada de la filial de Globalia Wakalua, que firmó un convenio, por valor de 40.000 euros, con el IE Africa Center cuando lo dirigía la mujer del presidente del Gobierno, si bien, según dijo cuando declaró como testigo, no llegó a ejecutarse por completo porque estalló la pandemia.

En cuanto a Juan José Güemes, Peinado le citó hace un mes, después de que la directora de recursos humanos del IE le señalara como la persona que dio la orden de contratar a la mujer del presidente del Gobierno como responsable del instituto África Center del IE. Finalmente, este lunes el magistrado optó por imputarle al apreciar contradicciones en su relato.

Explicó que conoció a Begoña Gómez en 2017, ella le llamó a él para darle su currículo, pero él vio que el mismo "no se ajustaba" al IE, a pesar de lo cual dio la orden de contratarla. El magistrado le ha preguntado si finalmente la contrató porque era la esposa del presidente, y él ha contestado que no, lo que ha motivado que el juez le haya anunciado que podría pedir un careo con la responsable de recursos humanos que declaró hace unas semanas, a lo que Güemes se opuso.

Peinado le preguntó entonces si consideraba que esa testigo había incurrido en falso testimonio y finalmente le comunicó que pasaba a estar investigado.

España ha dado esta semana el primer paso real para la eliminación de las visas oro, los permisos de residencia que desde 2013 se conceden a extranjeros a cambio de una inversión inmobiliaria. Y lo ha hecho siete meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el fin de las visas: la comisión de Justicia del Congreso aprobó el pasado lunes el informe sobre el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia en el que el PSOE ha colado la medida en una enmienda. La supresión de las visas había conseguido en la ponencia previa el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que no pidieron ningún cambio sobre el texto socialista. Finalmente, el informe sobre el conjunto del proyecto de ley –se pactaron 106 enmiendas transaccionales– sólo encontró el rechazo de Vox y el PP.

La eliminación de las visas oro tendrá que ser aprobada ahora por el pleno del Congreso, así que es posible que la abolición no entre en vigor hasta enero. Mientras, aprovechando la demora legislativa, se siguen concendiendo permisos a toda prisa. Hasta el punto de que a final de año podrían rozar las 4.788, de acuerdo con la estimación realizada por infoLibre, un 63% más de los concedidas en 2023. Los despachos de abogados consultados cifran en al menos un 25% el aumento de las visas tramitadas sólo desde abril, cuando el Gobierno hizo su anuncio.

Según los números del Ministerio de Vivienda, el 94% de las visas oro concedidas desde 2013, cuando se crearon, hasta diciembre de 2023 fueron a cambio de invertir en un inmueble: 14.576. Y de ellas, el mayor número las consiguieron ciudadanos chinos, el 22,8%. Es decir, 3.325 ricos asiáticos tienen permiso de residencia en España –y pueden viajar sin visado a los países del espacio Schengen– tras comprar un inmueble valorado en un mínimo de 500.000 euros.

Hay otras modalidades de visas oro: si la inversión es en deuda pública, ésta debe superar los dos millones de euros; si es en acciones, fondos o depósitos, el millón de euros. También puede obtenerse el permiso de residencia si se presenta un proyecto empresarial. Pero estas opciones han sido absolutamente marginales en la década de vida de estos incentivos a la inversión: Un 3% –371– se otorgaron a cambio de depósitos bancarios, pero sólo un 1% –114– por proyectos empresariales, otro 1% –167– a cambio de comprar acciones y un 1% más –214– a cambio de invertir en fondos. Sólo ocho visas se han concedido por adquirir deuda pública.

En la foto finish de las visas españolas, los chinos superan por poco a los rusos –3.175–, pero triplican a los británicos –1.098–, la medalla de bronce del podio. La mayoría de las propiedades adquiridas por estos extranjeros de oro se sitúan en Barcelona, un tercio, casi el doble que en Madrid –un 19%–. Aunque a nadie le sorprenderá que la zona favorita de inversión sea la costa, desde Cataluña hasta Málaga, pasando por la Comunidad Valenciana y Baleares.

A las visas oro les ha rodeado la polémica casi desde que nacieron. Y no sólo en España. De hecho, desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Así que Portugal e Irlanda eliminaron las visas oro en 2023 y Países Bajos, el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022. Además, Grecia ha subido el importe mínimo de inversión requerido, que inicialmente para un inmueble era de sólo 250.000 euros, la mitad que en España. Cuando creó sus visas oro en 2014, sólo se permitían inversiones inmobiliarias, pero en 2019 añadió las financieras y empresariales.

En cualquier caso, la mala fama de estos permisos de residencia selectivos va más más allá de los riesgos a la seguridad. Y de la presión que ejercen sobre el precio de la vivienda las compras de los millonarios extranjeros. Aunque tampoco es desdeñable. En Marbella las adquisiciones de inmuebles a cambio de visas oro supusieron el 7,1% en 2023, y el 5,3% en Barcelona, según las cuentas hechas por el Gobierno, que justifica así la necesidad de abolirlas en la “importante concentración geográfica, a nivel de municipio o distrito” de estas operaciones. “Localmente”, asegura el Ejecutivo sobre las visas, “están ejerciendo una presión anormal sobre la demanda y, por tanto, sobre el precio”.

Pero hay un factor adicional. Una investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia y del periódico portugués Expresso, socios de infoLibre en el consorcio internacional de medios OCCRP, revela que, en Portugal, Chipre y Malta, las visas oro se han visto envueltas en casos de corrupción, tráfico de influencias y clamorosas puertas giratorias, algunos de los cuales tienen como nexo común el grupo chino Delsk.

En Chipre, el exministro de Transportes Marios Demetriades es acusado de corrupción, soborno y blanqueo de capitales en una trama de pasaportes oro, un programa distinto al de las visas a cambio de inversiones que el Gobierno de la isla tuvo que cancelar en 2020 ante el cúmulo de irregularidades que lo rodeaban. Ese programa permitía obtener no la residencia, sino la ciudadanía chipriota. Demetriades y el dueño de Delsk, Jing Wang, están acusados de presentar facturas falsas a un banco de la isla para justificar una transacción de 3,6 millones de euros a JWP Pegasus, una sociedad chipriota propiedad del empresario chino. La fiscalía de Chipre sostiene que el exministro ayudó a acelerar la solicitud de ciudadanía de un ciudadano chino y a JWP le pagaron 2,5 millones para conseguirlo. Unos cargos que Delsk Cyprus negó a Times of Malta, el periódico que publicó parte de la investigación de la Fundación Daphne Caruana Galiza y OCCRP. Jing Wang tiene pasaporte chipriota e intentó, sin éxito, conseguir uno maltés.

En Malta, Delsk contrató como consultor al ex primer ministro del país Joseph Muscat, para que le asesorara sobre el programa nacional de visas oro en diciembre de 2020. Le pagaba un sueldo de 5.900 euros al mes. Según la investigación publicada por Times of Malta, los pagos de Delsk a Muscat fueron señalados como “sospechosos” por el proveedor de pagos maltés. Como se sabe, las empresas de servicios de pago, al igual que los bancos y otros agentes financieros, tienen la obligación de informar a las autoridades de cualquier operación sospechosa de blanqueo de dinero. Y en el caso de Muscat, al ser una persona políticamente expuesta (PEP), el proveedor de pagos levantó una bandera roja: Muscat podía haber aprovechado sus relaciones con funcionarios del Gobierno para “influir” en los programas de ciudadanía y residencia de Malta. Además, destacó la naturaleza “vaga” del contrato que había firmado con Delsk. Muscat ha negado cualquier irregularidad, mientras que la empresa china asegura que recurrió al ex primer ministro “por su experiencia en Europa” y que su actividad en Delsk se centró en “elaborar análisis sobre la economía maltesa, el mercado inmobiliario y otras oportunidades de negocio”.

La investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia también revela que el agente local de Jing Wang en Malta gestionó casi la mitad de las solicitudes de visa cursadas por ciudadanos chinos en la isla entre 2016 y 2021. Además, destapó que al menos siete personas políticamente expuestas (PEP), un presunto delincuente y un individuo bajo sanciones internacionales figuraron entre quienes solicitaron una visa de oro maltesa en esos años. Un patrón que ya se desveló en 2023 en Grecia: 45 ciudadanos iraquíes intentaron conseguir una visa oro con documentos falsificados.

A modo de presentación en su página web, Delsk sitúa su nacimiento en 2008 en la ciudad alemana de Colonia. Pero su dueño es el empresario chino Jing Wang, sus oficinas centrales están en Pekín y presume de ser “una de las primeras empresas en introducir en China el negocio europeo de la inversión inmobiliaria”. Según la investigación de la Fundación Daphne Caruana, la propiedad real de Delsk se sitúa en las islas Caimán, adonde Jing Wang transfirió sus acciones en 2017. Tiene filiales en más de 30 países de todo el mundo. También cuenta con una en España.

Se llama Immocompletisimo Spain SLU y tiene su sede en Barcelona. Durante un tiempo funcionó bajo la marca Hooli Home, que aún mantiene activa Delsk en el resto del mundo. Pero en España el negocio no fue muy exitoso. Al menos a la luz de las cuentas que Immocompletisimo Spain ha remitido al Registro Mercantil y ha consultado infoLibre. Creada en 2016, es propiedad al 100% de la filial portuguesa del grupo, Imocompletissimo Consultoria de Imóveis SA, y como administrador único figura el propio Jing Wang.

Delsk se define como “una plataforma global de servicios de inversión” que se ofrece a sus compatriotas no sólo para gestionar inversiones inmobiliarias e inversiones en fondos, sino también para proporcionar todo tipo de asesoramiento profesional a los que quieren emigrar invirtiendo más allá de sus fronteras. Un mercado sin duda muy tentador: China es el país del que más millonarios emigrarán este año, 15.200, según el último informe sobre migración de patrimonios privados que elabora la consultora británica Henley & Partners. Serán un 10% más que en 2023. El segundo país que más millonarios perderá este año es Reino Unido, sólo 9.500. El informe no menciona la riqueza que unos y otros se llevarán consigo, pero en 2017, el periódico especializado Investment Immigration Insider cifraba en 10.000 millones de dólares el mercado de los inversores chinos que querían salir del país con sus patrimonios. Para hacerse una idea de la altura que alcanza la ola de emigrantes ricos chinos en todo el mundo, basta con recordar que más del 70% de las 81.125 visas a inversores concedidas por EEUU entre 2010 y 2019 las recibieron ciudadanos del gigante asiático, según cifras oficiales. En 2018, el 59% de los solicitantes de visas oro en Portugal eran chinos, el doble que en España. En Malta, el 88%. En Irlanda, se elevaban al 91%.

Según han informado a infoLibre fuentes del sector y exempleados de Hooli Home en Barcelona, la empresa china aterrizó en esa ciudad con una gran inversión y la vista puesta en abrir hasta seis oficinas. Finalmente puso en marcha tres. Al principio contaban con una flota compuesta de media docena de vehículos de alta gama y los chóferes y traductores necesarios. A los clientes chinos se les ofrecían tours por Barcelona, también visitaban Port Aventura u otros lugares de Cataluña. Incluso contrataron a un comercial ruso para atender a los clientes de esa nacionalidad.

Pero el negocio fue decayendo poco a poco y entró en barrena con el covid. Hasta que hubo periodos en los que no se vendía nada, aseguran las fuentes consultadas. “Se derivaban muchos clientes a Grecia, donde el importe mínimo para comprar una vivienda era menor, de 250.000 euros, también a Malta y a Portugal”, precisan. Malta, de hecho, era la delegación que “más funcionaba”.

En sus dos mejores años, 2017 y 2018, Immocompletisimo Spain llegó a facturar más de 1,1 millones de euros. Y a contar con una plantilla 24 personas. La empresa estaba dividida en dos secciones bien diferenciadas: los jefes chinos y los comerciales españoles. Estos buscaban las propiedades, aquellos cerraban las operaciones. Pero la comunicación entre ambas era inexistente, lamentan las fuentes: “Eran impermeables, no compartían información, no sabíamos cómo cerraban las operaciones”. “Opaca” es el adjetivo que utilizan para describir a la empresa.

Los clientes, añaden, venían del fondo de inversión de Hong Kong que forma parte del grupo Delsk. De hecho, las únicas operaciones con partes vinculadas que Immocompletisimo declara al Registro Mercantil son las que realiza con Hong Kong Delsk Business Co, propiedad al 100% de Jing Wang. Al principio la empresa se llamaba Jing Wang Properties (JWP), el nombre de otras sociedades constituidas por el empresario chino en otros países, como Malta o Irlanda. En esta última isla, se presenta como “distribuidora de un fondo autorizado por el Banco Central llamado JWP, que invierte el dinero del programa [de visas oro] en residencias de ancianos”. Las residencias son una de las opciones de inversión del programa irlandés de visas.

Según fuentes del sector, cuando se trata de clientes chinos, lo usual es trabajar con agentes freelance, de esa misma nacionalidad. “El mercado viene a través de esas agencias”, apuntan. Que les venden a los millonarios asiáticos “paquetes cerrados, que incluyen el inmueble y los trámites legales de la visa”. De esa burocracia se encargaban en Hooli Home despachos de abogados externos. Pero a veces la forma de actuar de estos intermediarios ha despertado suspicacias. “Dejamos de trabajar con ellos porque cobraban comisiones muy elevadas por inmuebles que no valían el precio que ofrecían a sus clientes”, indica un abogado de Barcelona a infoLibre. Lo inflaban hasta el mínimo legal de los 500.000 euros o les ofrecían oficinas o locales comerciales con una rentabilidad exagerada, detalla.

Otras fuentes inmobiliarias advierten de que, como a los chinos no les gusta pagar intermediarios, “la comisión iba incluida en el precio de la vivienda”.

La Fundación Daphne Caruana Galizia también refiere casos de precios inflados en Grecia y de clientes chinos que fueron estafados y, cuando llegaron al país, la propiedad prometida sencillamente no existía.

La emigración de millonarios chinos plantea además no pocos problemas legales. El Gobierno chino prohíbe a sus nacionales sacar más de 50.000 dólares al año por persona. Por lo que quienes invierten cantidades millonarias en el extranjero deben saltarse al mismo tiempo sus propias restricciones nacionales y las cada vez más estrictas regulaciones de la banca internacional. “Sacan el dinero a través de Hong Kong”, confirman varias abogados. O bien utilizan “hasta 10 familiares” y cada uno de ellos saca 50.000 euros... “Los bancos españoles no aceptan esa forma de trabajar”, zanjan enseguida.

Transparencia Internacional publicó en 2023 un informe sobre las visas oro españolas en el que criticaba “la falta de controles sobre diversos intermediarios, agentes y facilitadores”. Y pedía “regular adecuadamente las empresas y agentes facilitadores e intermediarios que ofrecen servicios de gestión de los visados”, por los “elevados riesgos de corrupción, blanqueo de capitales y delitos financieros” que plantean. “Muchas de las empresas que ofrecen estos servicios operan incluso fuera de la jurisdicción española y los riesgos aumentan exponencialmente cuando estos intermediarios tienen políticas opacas y complejas estructuras de propiedad”, advertía.

No son los únicos. La OCDE y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) también alertaban el año pasado del mal uso que se hace en muchos países de los programas que regalan la residencia a cambio de inversiones. En concreto, ponían el foco en el “uso frecuente de intermediarios” y “el abuso por parte de facilitadores profesionales”, que “aumentan el riesgo de delitos financieros y corrupción, incluido el soborno en el extranjero”. Citan a los agentes inmobiliarios, los gestores de patrimonios, los abogados que tramitan las visas y las consultoras como posibles facilitadores del abuso de estos programas.

A fecha de diciembre de 2022, las últimas cuentas que ha presentado en el Registro Mercantil, Immocompletisimo Spain acumulaba pérdidas por importe de 1,47 millones de euros. No ha tenido beneficios en seis años y registra un patrimonio neto negativo de 1,64 millones. Es decir, está en causa de disolución, puesto que su capital social es el mínimo requerido para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La ley española establece que, si las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto a la mitad del capital social, una sociedad debe disolverse.

Immocompletisimo Spain ha quedado reducida ahora a una oficina en un bajo de Barcelona, donde ni siquiera figura en los buzones, según ha podido comprobar este periódico. En sus cuentas de 2022 consta que sólo tiene tres empleados fijos, una cifra de negocio de 53.696 euros y unas pérdidas de 202.156 euros. En la página web china de Hooli Home se pueden encontrar las ofertas de la empresa en Barcelona. Se limitan a alquileres en residencias de estudiantes universitarios, con precios entre 875 y 1.575 euros al mes. Lo mismo en Madrid. Hasta 2.000 euros al mes con todos los servicios incluidos.

Los números de su empresa matriz, la portuguesa Imócompletissimo Consultoria de Imóveis SA, tampoco son mucho mejores. Según las cuentas enviadas al Registro Mercantil, acumula 6,2 millones de euros de números rojos en sus 11 años de actividad. No tiene ni un solo empleado, pero en 2023 facturó 270.000 euros, no mucho pero por encima de los raquíticos 15.425 euros ingresados en 2019. Cerró el año pasado con unas pérdidas de 14.202 euros, lejos de los 2,35 millones que se dejó en 2019. A diferencia de su filial española, Hooli Home sí mantiene activa su página web portuguesa y tiene oficinas en el Parque de las Naciones de Lisboa.

En Portugal, según datos del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), entre 2012 y 2022, 29.666 personas consiguieron una visa oro, como inversores o familiares de inversores. Más de la mitad procedían de los 30 países con mayor riesgo de lavado de dinero. Hasta 2023, el programa generó casi 7.000 millones de euros en inversiones y 10,7 millones en adquisiciones de propiedades, pero creó sólo 22 puestos de trabajo.

En teoría, pues, un buen negocio: los compradores con visa oro aportaron cerca de una cuarta parte de la inversión extranjera en el sector inmobiliario portugués, por sólo un 1,5% en España, según los datos de la Fundación Daphne Caruana Galizia.

Hay razones que explicaban el atractivo de las visas oro portuguesas hasta su eliminación el año pasado. Por ejemplo, tras cinco años de residencia, durante los cuales los solicitantes sólo deben pasar 63 días en el país, pueden pedir un pasaporte portugués. Porque a los titulares de la visas oro lusas les basta permanecer siete días en el país durante el primer año y 14 los siguientes para ser considerados residentes.

Además, el programa fiscal de Residente No Habitual (RNH) ofrece tipos impositivos favorables sobre la renta extranjera durante 10 años. Y no existe impuesto sobre el patrimonio ni de sucesiones.

infoLibre ha intentado ponerse en contacto con Immocompletisimo Spain, su matriz portuguesa y el propio grupo Delsk, pero no ha obtenido respuesta.

La Audiencia Provincial de Madrid ha establecido que el juez Juan Carlos Peinado es el competente para decidir si investiga la querella que interpuso Hazte oír contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunta apropiación indebida de un software del máster de la cátedra universitaria que codirigía, según informa EFE.

Se trata de una querella que presentó la organización ultracatólica y que discurre al margen de la causa que investiga Peinado, titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez y otros dos imputados. Dicha querella recayó en un juzgado diferente, el 48, que se inhibió a favor del de Peinado al considerar que los hechos tenían conexión con lo que él ya estaba investigando.

Disconforme con esta tesis, la Fiscalía recurrió la inhibición y ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado su recurso, de modo que el juez Peinado debe decidir si acuerda quedarse con esa querella e investigarla.

Según explica en su auto, al que ha tenido acceso EFE este martes, la Audiencia "no tiene constancia documental de cuáles son los hechos que están siendo investigados" por Peinado. No obstante, conoce "como hechos notorios de la vida pública" que este magistrado investiga una querella, presentada por Manos Limpias, relacionada con hechos del máster de Transformación Social Competitiva, vinculado a la Complutense, del que era codirectora Gómez.

Hazte oír acusa a Begoña Gómez de apropiarse, a través de una empresa, del software que se desarrolló para dicho máster, razón por la que el tribunal entiende que "existe la conexidad" para que el asunto pueda recaer en el juzgado de Peinado, "sin perjuicio" de lo que este magistrado pueda resolver al respecto.

Al margen de esta querella de Hazte oír, el juez Peinado continúa con la causa que abrió contra Gómez, y en la que también están investigados el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés. El 30 de septiembre, otra sección de la Audiencia Provincial, la 23, decidirá si archiva o acota esta investigación a petición de la defensa de Begoña Gómez y de la Fiscalía. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra su mujer, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias, al aducir que la labor del magistrado "contraviene la doctrina existente" y que supone una "injusticia intrínseca".

Según una información adelantada por El País y recogida por Europa Press, la Abogacía General del Estado presentó este pasado jueves, en representación del presidente del Gobierno, un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que solicitaba la ampliación de la querella por prevaricación interpuesta a finales de julio.

La reacción del líder del Ejecutivo se produce después de que el pasado 22 de agosto el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, acordase que las partes personadas en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pudiesen acceder al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como testigo, que tuvo lugar en el Palacio de La Moncloa el 30 de julio.

Fue ese día de julio cuando Sánchez se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que investiga a su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En concreto, se acogió al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que respalda que como cónyuge de la investigada está "dispensado de la obligación de declarar".

El juez Peinado rechazó la petición de la Fiscalía de no dar acceso a las partes -entre las que figuran Manos Limpias y Vox- a la declaración grabada del presidente al considerar que la grabación "carece de cualquier utilidad, material o procesal".

"A fin de evitar filtraciones y que la misma acabe divulgada de forma improcedente, entendemos que la entrega de copia de la grabación referida a las partes no debería producirse", reclamaba entonces el fiscal.

Asimismo, el magistrado sostuvo en su carta que del "silencio" de Sánchez se pueden extraer "conclusiones".

Ante este carrusel de acontecimientos, la Abogacía del Estado ha ahondado en el escrito presentado esta semana que "lo verdaderamente buscado con estas actuaciones en todo lo que atañe a la Presidencia del Gobierno es darle una publicidad que precisamente es incompatible con el régimen de toma de declaración en estos casos y no la eficacia procesal o investigación alguna, partiendo de inferencias donde no puede haberlas o haciendo interpretaciones forzadas o artificiosas de preceptos legales o principios procesales".

En esa línea, se ha incidido en que el juez Peinado lo hace "hasta el punto de convertir un derecho procesal de ciertos testigos en una fuente infundada de inferencias con efectos procesales, con mención indirecta para ello de una doctrina en absoluto aplicable al caso y que contraviene la de la institución de la dispensa de declaración".

La Abogacía del Estado ha remarcado que "el conjunto de decisiones y providencias que por acumulación si no contradicen abiertamente cualquier interpretación lógica de la ley, tienden a forzar la puesta a disposición de las partes de una grabación que no debió existir (porque la declaración debería ser escrita y de ser oral, no debería existir al ejercerse la dispensa, cuya prueba se hace por diligencia del secretario) no hacen sino refrendar la orientación de toda este intento de diligencia instructora hacia su difusión mediática, no hacia su eficacia procesal, refrendándose así el planteamiento de nuestra querella".

La Audiencia Provincial de Madrid decidirá el próximo 30 de septiembre si impide al juez Peinado seguir investigando la causa contra Begoña Gómez, tal y como ha reclamado la propia Gómez y la Fiscalía de Madrid, y en la que se investigan los lazos de la mujer del presidente del Gobierno con la Universidad Complutense de Madrid, en la que codirigió una cátedra, y el empresario Juan Carlos Barrabés y su conexión con Javier Hidalgo por su condición de consejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa, que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia.

El juez Juan Carlos Peinado ha afirmado que con lo que "cualquiera de los intervinientes" en las diligencias ponga de manifiesto, "bien por lo que contesten o bien por su silencio, legítimo, pero que, como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado, o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal".

En este sentido, ha acordado que las partes personadas en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, puedan acceder al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como testigo, que tuvo lugar en el Palacio de La Moncloa.

Fue el pasado 30 de julio cuando el jefe del Ejecutivo se acogió a su derecho a no declarar ante el juez que investiga a su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez se acogió al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que respalda que como cónyuge de la investigada está "dispensado de la obligación de declarar".

La Fiscalía había remitido al juez un escrito a principios de agostos en el que le advertía de que la entrega a las partes de copia de la declaración grabada de Sánchez "carece de cualquier utilidad, material o procesal". "A fin de evitar filtraciones y que la misma acabe divulgada de forma improcedente, entendemos que la entrega de copia de la grabación referida a las partes no debería producirse", reclamaba el fiscal.

Sin embargo, en una providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid señala que "no puede ser atendida la pretensión" de la Fiscalía. El juez responde que la petición del fiscal no indica "precepto legal alguno que justifique la denegación que se pretende" y subraya que los implicados "tienen derecho a disponer de copia de todos los documentos que se contienen en las diligencias previas", incluidos los contenidos digitales.

Así, acuerda "expedirse las copias del acta, y de los soportes digitales en los que se contiene la diligencia llevada a cabo el día 30 de julio, respecto del testigo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, previa aportación por las partes, del correspondiente soporte tecnológico, en el que facilitarles dichas copias".

La Audiencia Nacional ha acordado absolver al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, perteneciente a la trama, según ha recogido Europa Press. El exmandatario ha terminado de esta forma su periplo judicial sin haber sido condenado en ninguna de las diversas causas en las que ha sido investigado y juzgado.

En una sentencia de 232 folios, la Sala condena a los integrantes de la misma, entre ellos a su líder, Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, y al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, a 2 años y 3 meses de prisión por haberse conformado con el escrito de acusación de la Fiscalía.

Los magistrados también condenan a otros ocho acusados a penas de entre 10 meses de prisión, como la impuesta al jefe del gabinete técnico de la Sociedad de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (SEPIVA) Enrique Bort, hasta los 8 años de cárcel, como la que ha recaído sobre la del gerente de Orange Market Cándido Herrero.

Por contra, el tribunal absuelve a varios consellers y funcionarios de la Generalitat valenciana por las contrataciones públicas que se extendieron durante los años 2004 a 2009, entre las que destacaban las contrataciones por el Open de Tenis y los contratos de los Grandes Eventos de la Generalitat Valencia para su exposición en FITUR.

En relación con la acusación contra Camps por su participación en las contrataciones de FITUR, la sentencia recoge que "no se ha acreditado por prueba alguna válida" que el expresidente "ejerciera presión, sugestión, recomendación o insinuación alguna en la conducta" de la ex directora general de Promoción Institucional Dora Ibars o en los órganos de gestión de las sociedades expositoras en el stand de Grandes Eventos de la Feria de FITUR de 2009.

"Pero es más, no existe testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos en dicho periodo, lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal", indica, incidiendo en que no hay "registro alguno que acredite conversación alguna al respecto con Ibars -a quien el tribunal absuelve- o cualquier de los organismos y sociedades expositoras".

El fallo también se refiere a uno de los elementos nucleares del juicio: las relaciones de Pérez con Camps. En concreto, los magistrados señalan que "no puede deducirse en absoluto que Camps fuera responsable de todos los actos de Pérez o que favoreciera las actividades del mismo dentro del ámbito de la contratación pública".

Todo ello, continúan, "más allá de la opinión de terceras personas y de las escasas escuchas telefónicas entre ambos durante navidades, y que el propio Camps fuera a actos de celebración personales" de 'El Bigotes', como la boda de su hija. Tanto en el juicio como a la salida de las diferentes sesiones Camps negó en repetidas ocasiones que tuviese una relación de amistad con El Bigotes. "Todo esto es un montaje espectacular que no hay por donde cogerlo", llegó a asegurar en declaraciones a los medios.

En cuanto a la boda, Camps aseguró que acudió de manera "absolutamente cortés", y en relación a la felicitación que ambos intercambiaron en Navidad, cuando 'El Bigotes' le llamó "amiguito del alma", el expresidente aseguró: "Esa tarde la gente con tranquilidad y el absoluto relax del hogar puede decir este tipo de cosas".

Cabe recordar que el expresidente solo ha sido juzgado por esta pieza de Gürtel y por el conocido como caso de los trajes, por el que fue absuelto. A pesar de haber sido investigado en otras causas judiciales, como la visita del Papa a Valencia o la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia, la Justicia archivó para él en todos los casos.

En el fallo también se estudian otros hechos de la época de Camps, como el Open de Tenis. Así, la Sala distingue los contratos de patrocinio de la Generalitat con los titulares de los derechos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), de los contratos realizados directamente por los titulares de las empresas IMT y ESEDOS, como empresas privadas, de los realizados por la Generalitat con otras empresas.

Los magistrados también analizan igualmente en la sentencia las contrataciones por razón de la salida de la Volvo Ocean Race en el puerto de Alicante y concluyen que no se aprecia que la Generalitat sufriera perjuicio alguno.

Respecto a las otras contrataciones realizadas por las distintas consellerías, la resolución desgrana la responsabilidad en la contratación de los distintos consellers, de sus jefes de gabinete y de los respectivos directores generales, en las distintas contrataciones con Orange Market y las otras empresas de la Gürtel.

Por otro lado, la sentencia también absuelve a varios altos cargos del gobierno de Camps como Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, Mary Patricia Callaghan, Alicia de Miguel, María Auxiliadora Hernández, David Francisco Serra, Rafael Peset, María de la Paz Aviñó, Manuel Cervera, Luis Eduardo Rosado, Inmaculada García, Paula de Cubas, José Manuel Vidal y Aránzazu Vallés.

Así las cosas, la sentencia estudia uno a uno los contratos en los que participaron y su adaptación a la legislación de la época, recogiendo la forma de trabajo en las distintas consellerías y quiénes eran los responsables de la contratación, así como la forma en que se procedía posteriormente al pago de las distintas facturas, examinando la legislación de la época sobre contratos menores.

En lo relativo a Gürtel, a la macrocausa le restan dos juicios: el relativo a la supuesta evasión fiscal y blanqueo de la trama -todavía sin fecha- y el referente a los adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

El juez que abrió diligencias a raíz de la denuncia del pseudosindicatos Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de tráfico de influencias, ha citado como testigos al empresario Juan Carlos Barrabés y a otras cinco personas, entre ellas varios cargos de Red.es, según ha recogido Europa Press.

Fuentes jurídicas han confirmado que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41, Juan Carlos Peinado, ha citado el 7 de junio a partir de las 09.30 horas a Barrabés. El mismo figura en un informe aportado al juez por la organización ultra Manos Limpias en relación a cuatro contratos por importe de 10,2 millones de euros que presuntamente adjudicó el ente público Red.es a su mercantil, Innova Next SL.

El magistrado también ha llamado a sede judicial el próximo 6 de junio a partir de las 11.15 horas al CEO de Red.es, David Cerco, al que fuera director general de Red.es Alberto Martinez Lacambra, al economista y abogado de Innovanex, Luis Antonio Martín Bernardos; al director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y a Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es.

Cabe recordar que la decisión del juez de abrir diligencias contó con la oposición de la Fiscalía que, una vez que tuvo conocimiento de que se había abierto procedimiento, presentó un recurso ante la Audiencia de Madrid pidiendo que ordenase el archivo de la causa, según las fuentes fiscales consultadas.

Manos Limpias acusa a Gómez de actuar "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno: "Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

El sindicato apoyó su denuncia en lo publicado por varios diarios digitales y de papel, así como lo conocido por tertulias televisivas. En una nota de prensa, Miguel Bernad -secretario general de Manos Limpias- recalcó que se basaba en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no fueran ciertas debían ser "quienes las publicaron" quienes asuman "la falsedad".

Responsables de dos medios de comunicación que publicaron las noticias en las que se basó la denuncia han ratificado en sede judicial la "veracidad" de sus informaciones.

Les confieso que siempre he profesado una profunda admiración a los redactores del veterano programa Corazón de Televisión Española. La razón es la maravillosa forma que tienen de narrar las dichas y adversidades en las que se ven envueltos los famosos, ya saben, esas personas conocidas por su habilidad para vender su vida, no sus capacidades. Mientras que otros espacios de sociedad se deslizaron por la rocosa pendiente de la vulgaridad, Corazón siempre mantuvo las formas, creando todo un glosario de eufemismos que algún día merecerá la pena ser estudiado.

En este programa nunca hay separaciones sino “paréntesis". Los condes no se divorcian, sino que “distancian sus caminos”. Cuando una solista de la canción ligera se lía con un empresario de la noche mallorquina, “el amor le sonríe a orillas del Mediterráneo”. Lo mejor es cuando un vástago de famoso se monta cualquier chiringuito para justificar su alergia al trabajo, estilo confección de pulseras con piedras sagradas del Himalaya, 500 euros la pieza, que ahí la nena, o el nene, “emprenden un vibrante proyecto empresarial”.

Les cito Corazón porque me ha recordado a los titulares publicados estos días sobre “la aventura profesional” de Pablo Casado. Las noticias hablan de los “space cowboys” que acompañarán al antiguo líder del Partido Popular en el lanzamiento de un fondo de inversión centrado en la IA, lo aeroespacial y la defensa. Entre ellos se encuentra el sobrino de Ana Botín, lo que al menos nos ha proporcionado algo de seguridad en tiempos tan llenos de incertidumbre, al comprobar que la larga saga de banqueros tiene sucesores y a los botines no les da por, yo qué sé, meterse a reponedores de supermercado o ferrallistas.

Mientras que algunos medios nos contaban que el fondo de Casado iba a invertir en pymes españolas, en estas páginas, Ángel Munárriz nos aclaraba algunas interioridades del asunto, entre otras que estos aparatos societarios están diseñados para la elusión fiscal, también que Casado forma parte de este plantel de aventureros del parné en calidad de experto en geoestrategia y relaciones internacionales. Quizá la maestría le venga de cuando fue representante de Aznar para sus negocios en Libia. En 2010 el expresidente era comisionista de Abengoa tratando, debido a sus fluidas relaciones con Gadafi, la concesión de alguna desaladora.

Casado nos cuenta algunas cosas sobre los ricos. La primera es que aprecian el paso por la política no por demostrar capacidad de gestión o liderazgo, palabras vacías tan del gusto de la época, sino por los contactos que conserves. La otra es que siempre hay que tener a mano a alguien que provenga de una familia del mundo del dinero, porque a la hora de obtener esos 150 millones de capital inicial, lo mismo al que invierte le importa que el favor le revierta por otro lado.

En todo caso, lo relevante del negocio de Casado es la naturaleza del propio invento, de nombre Hyperion. Un fondo de inversión de capital riesgo utiliza el dinero que recibe para participar temporalmente en empresas que no coticen en las grandes bolsas, con la intención de aumentar su valor y vender luego sus acciones a un precio mayor al momento de su compra. Los manuales de negocios nos explicarán que ese aumento de valor se produce por la mejora de gestión que el fondo aporta a la empresa participada. Lo cierto es que en muchos casos ese aumento de valor no se produce porque el fondo racionalice el uso de la fotocopiadora, sino por lograr contratos para la sociedad, puede que reales, puede que no tanto, o simplemente porque la propia participación del fondo se considera un espaldarazo de confianza para la empresa, derivando en un aumento artificial de su valor. Es decir, una inversión especulativa.

El gran problema que tiene Europa es que sus ricos ya no invierten su dinero en economía productiva, es decir, en aquellas empresas que producen bienes o servicios, sino que llevan su dinero a todo tipo de fondos de inversión que les permiten, mediante maniobras de elusión fiscal e ilusión monetaria, conseguir mayores beneficios y de manera más rápida que con la inversión tradicional. Así, mientras que la economía que crea riqueza y trabajo sufre para encontrar financiación, descontando los programas públicos de ayuda post-pandémica de la propia UE, la economía especulativa crece de manera descontrolada haciendo más ricos a los que ya lo son.

¿Este era el modelo que el antiguo líder del Partido Popular quería para España cuando se presentó a presidente del Gobierno?¿Es este el modelo que defiende su sucesor, Alberto Núñez Feijóo? Este tipo de juegos de casino se mantienen en pie porque nadie se atreve a decir que los títulos y acciones que pasan de mano en mano aumentando de valor son, en su gran mayoría, una virtualidad, una simulación que ayuda a amasar grandes fortunas en muy poco tiempo. Cuando el juego se va de las manos, por centrarse en un sector con especial demencia y voracidad, nos puede costar un disgusto serio como la Gran Recesión. Al menos el invento de Casado es ecofriendly. Faltaría más.

La revelación de que el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP) medió en la operación quirúrgica de un familiar del secretario general de su partido y hombre fuerte de los conservadores en la comunidad, Teodoro García Egea, puso este martes en el centro de todas las miradas al número dos de Pablo Casado.

Las portavoces de los partidos se volvieron inmediatamente hacia él. Algunos para exigir explicaciones, que no llegaron. Otros para pedir la dimisión de la mano derecha de Casado, al que Unidas Podemos, basándose en la información publicada por infoLibre, planea acusar en los tribunales de un delito de cohecho.

El PP, sin embargo, no atendió ninguna de las preguntas de este diario para que Egea y López Miras diesen explicaciones. Ni el lunes previo a la publicación de la información ni este martes, cuando ya estaba en boca de todos. Tampoco fue posible preguntar en la única rueda de prensa que la dirección nacional del partido convocó a lo largo del día, la de la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

La estrategia del silencio se ha convertido en una práctica habitual del PP para no hablar de las vicisitudes judiciales de sus exaltos cargos ni de cualquier asunto de los muchos que el partido tiene pendientes en los tribunales. Y ahora también la aplica a la mediación de López Miras en la operación quirúrgica del familiar de García Egea.

Génova se limitó a facilitar a este diario el comunicado difundido por el PP de Murcia en el que este partido desmiente “tajantemente” la información y acusa a infoLibre de“ hacer caso omiso” a la verdad y de haber decidido “publicar esta información falsa” a pesar de que, según la citada nota, en este caso se habían seguido “los protocolos médicos establecidos”. Al mismo tiempo, aseguran que lo que publicó este diario es una conversación “privada descontextualizada”, aunque en ningún momento precisan cuál era el contexto en el que según esta formación debería interpretarse el intercambio de mensajes entre López Miras y García Egea.

infoLibre se puso en contacto este lunes por escrito y por teléfono con responsables de comunicación y dirigentes del PP para conocer de primera mano cuál es su versión y darles la oportunidad de explicar la conversación por WhatsApp entre López Miras y García Egea. Todos los interlocutores contactados se negaron a entrar en el fondo de la cuestión: la mediación del presidente murciano en la intervención quirúrgica de un familiar del número dos de Casado. Y rechazaron responder preguntas.

Tal y como había anunciado el PP murciano, García Egea y López Miras presentaron una denuncia contra infoLibre en la que acusan a este diario de un delito de “descubrimiento y revelación de secretos” pero en ningún momento cuestionan que la información sea cierta. En ella el partido que preside López Miras solicita al juzgado de guardia “como medida cautelar” que “se proceda a la inmediata supresión y eliminación” de la información, antes incluso de escuchar a la parte demandada.

Cohecho

La querella del PP de López Miras no es la única que se ha dado a conocer en las últimas horas. Unidas Podemos denunciará al presidente de Murcia “por mediar en la operación quirúrgica de un familiar del número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea” en la que le va a acusar de cometer “un delito de cohecho, tal y como recoge el Artículo 419 del Código Penal.

Este artículo señala como delito que una “autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase”.

El portavoz parlamentario de esta formación, Pablo Echenique, explicó que su formación pretende que “la justicia investigue si en esa mediación, por llamarla utilizando un sustantivo suave, que ha ejercido el señor López Miras para un familiar del secretario general del PP, se puede haber cometido cohecho”.

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, no tiene dudas. “Si se prueba que hubo trato de favor, Teodoro García Egea tiene que dimitir”, porque “la Sanidad debe ser igual para todos”, escribió en Twitter.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, citó el caso López Miras como un ejemplo más de la corrupción sistémica que según ella no sólo forma parte del pasado del PP sino de su presente. “La corrupción en el PP”, señaló en rueda de prensa, “sigue siendo noticia y el señor Casado es incapaz de romper con ella. Y tiene que rendir cuentas de una corrupción que fue diseñada desde al dirección de un partido que hoy preside”.

En Murcia, prosiguió, “donde el PP se salto los grupos de edad para vacunar a sus amigos, ahora Teodoro García Egea se salta las listas de espera para adelantar la operación de un familiar. La corrupción no es el pasado, es el presente del PP y exigimos a Pablo Casado y a Teodoro García Egea que asuman sus responsabilidades y que den explicaciones”.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, no entró en el fondo de la cuestión. Pero sí pidió al número dos del PP que dé explicaciones: “Habrá que preguntar a Teodoro García Egea y que él dé explicaciones”. Mucho menos contundente, en todo caso, que la coordinadora autonómica de su propio partido en la Región de Murcia, Ana Martínez Vidal, según la cual la información de infoLibre demuestra, “una vez más, que el PP” murciano “utiliza las instituciones como si fueran su cortijo”. O que su compañero de partido y diputado por Málaga Guillermo Díaz, que emplazó al secretario general del PP a explicar “hoy mismo” lo ocurrido. “Esto debe aclararlo hoy mismo García Egea. Lo que hizo el PSOE con Andalucía lo van a hacer otros en Murcia. Convertir un territorio en sinónimo de corrupción. Es normal que quieran eliminar a Cs. Con nosotros en el Gobierno, esto sería imposible”, proclamó.

Las críticas al comportamiento del número dos de Casado arrecieran desde distintos frentes. El diputado de Compromís Joan Baldoví calificó lo ocurrido de “hecho muy grave” que debería obligar a dimitir a Egea y López Miras, a los que ha instado a “no escudarse en la intimidad” y a “aclarar punto por punto si se cumplieron todos los protocolos, si se respetaron las listas de espera o si hubo trato de favor”. “Es absolutamente inmoral”, sentenció.

Aina Vidal (En Comú Podem), consideró “absolutamente verosímil” la información de infoLibre, sobre todo teniendo en cuenta que Egea está denunciado “por presunto cohecho y soborno en la operación de transfuguismo de Murcia”. "Egea debe dar explicaciones igual que Casado, que no puede fingir que todo lo que está pasando no va con él”.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, aseguró por su parte que la mediación protagonizada por López Miras “es perseguible moral, ética y políticamente”.

La segunda fase de la operación Azud, una presunta trama de corrupción urbanística, sigue en marcha: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sigue efectuando registros, uno de ellos en la Concejalía de Urbanismo del consistorio valenciano, y se han cursado diferentes comisiones rogatorias para buscar dinero en el extranjero.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, la UCO continúa este lunes los registros en busca de más pruebas y documentación después de que el pasado jueves arrestara a un total de 14 personas en el marco de esta causa, entre ellas, al exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio (PSPV) y al exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau (PP). Además, se han tramitado diferentes comisiones rogatorias puesto que se sospecha que algunos de los arrestados pudieron esconder dinero en el extranjero.

Precisamente este último indicio es uno por los que el Juzgado de Instrucción número 13 de València, encargado de la causa, decretó el sábado la prisión provisional para cinco de los 14 detenidos: Rubio, Grau y tres empresarios, entre ellos, Jaime Febrer. Otro argumento que justificó el ingreso en la cárcel fue la destrucción de pruebas o el riesgo de fuga.

Los otros ocho detenidos que pasaron a disposición judicial el sábado —solo uno de ellos, la exalcaldesa de Xixona, no lo hizo— quedaron en libertad con retirada de pasaportes, prohibición de salir del país y comparecencias semanales en sede judicial. Ninguno los arrestados quiso declarar ante la jueza, según ha podido saber Europa Press. Únicamente el responsable jurídico de Divalterra, José Luis Vera, quiso declarar ante la Guardia Civil, pero a mitad testimonio lo interrumpió y se acogió a su derecho de no decir nada más.

Sobre los registros, la vicealcaldesa de València y edil de Desarrollo y Renovación Urbana en la ciudad, Sandra Gómez, ha confirmado en rueda de prensa que se ha producido uno en dependencias del servicio de urbanismo del consistorio valenciano ubicadas en el edificio municipal de Tabacalera. "Sí, va en la línea de las operaciones" que se investigan en el caso Azudcaso Azud, ha expuesto, a la vez que ha recordado que en el consistorio había ya documentación precintada tras iniciarse la primera de esta causa. "Hay que recordar que ya en 2018 nos precintaron documentación por la operación Azud. Reitero, esto se conocía que estaba en marcha y hay documentación precintada en el Ayuntamiento de València desde hace tres años. Supongo que habrá sido lo que se han llevado", ha afirmado.

Grupo criminal e investigados 

En la causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Hasta el momento se han practicado 46 registros en empresas, despachos profesionales y domicilios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid. Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados.

Rubio (PSPV), quien también fue diputado provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, y Grau (PP), están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, Grau pudo haberse llevado un millón de euros y Rubio otros 300.000. A Rubio y a Grau le constan otros procedimientos judiciales. El socialista está procesado en una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.

Por su parte, Alfonso Grau, de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel —una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)— por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.

Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011. En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.

Unidas Podemos ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una nueva petición de comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades y posibles delitos fiscales cometidos por el rey Juan Carlos I, en relación con la contratación y el abono a cargo de la Fundación Zagatka, que dirige su primo Álvaro de Orleans, de vuelos privados posteriores a su abdicación, según recoge Europa Press. Como no tiene diputados suficientes para presentarla en solitario, la propuesta de Unidas Podemos cuenta también con la firma de ERC, PNV, JxCat, PDeCat, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, que ya habían registrado su propia iniciativa hace unos días.

La nueva solicitud de comisión de investigación basa su argumentación jurídica en el "indudable interés público" que tiene la decisión del rey emérito de solicitar, por "segunda vez en pocos meses", una regularización tributaria "millonaria" (superior a los 4,3 millones) y la obligación que tiene el Congreso "de arrojar luz sobre cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas".

Para el grupo confederal, estas iniciativas de regularización fiscal llevadas a cabo por Juan Carlos I una vez que los medios de comunicación ya habían publicado la existencia de presuntos "fondos opacos", sobre todo las que traen causa de actuaciones posteriores a la abdicación, "podrían implicar la confesión de delitos contra la Hacienda Pública que no están cubiertos por el privilegio de la inviolabilidad".

Si lo hizo para librarse de delitos, incurrió en otro más grave

"Las informaciones publicadas sobre el caso de los vuelos privados no descartan que los intentos de regularización 'voluntaria' se hayan producido, al igual que en el caso de las tarjetas opacas, porque el rey emérito sabía que existía una investigación en marcha. Si fuera el caso, no sólo no quedaría libre de delito, sino que podría incurrir en otros más graves".

Álvaro de Orleans Borbón negó recientemente ser el "testaferro" o "fiduciario" de Juan Carlos y rechaza que Zagatka sea una sociedad pantalla. Además, afirmó que esta Fundación no está siendo objeto de "ningún procedimiento penal en Suiza, España o cualquier otro país".

Unidas Podemos ya avanzó el pasado martes que no descartaba plantear en la Cámara Baja una comisión de investigación sobre el patrimonio del rey emérito, habida cuenta de su segunda regularización ante Hacienda. Su diputado y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, insistió en que hay un "clamor" para aclarar el origen de esas actividades que "el propio presidente Pedro Sánchez ha calificado de perturbadoras".

Ya avanzó que no descartaba presentarla

Las formaciones independentistas, junto con el PNV, Más País, Compromís y el BNG, ya habían planteado otra comisión de investigación, que los morados eran partidarios de apoyar su tramitación en la Mesa del Congreso, pero también advirtió que era "genérica" y, por tanto, para asegurarse que se superan los escollos legales, era recomendable acotarla al patrimonio del rey Juan Carlos desde su abdicación, dado que los letrados ya avisaron de que era inviolable cuando era jefe de Estado.

El grupo parlamentario ya registró en diciembre, con apoyo de la mayoría de estas formaciones, otra comisión de investigación sobre Juan Carlos I, en este caso centrada en el uso de las tarjetas opacas del rey emérito, tras haber abonado 678.393,72 euros para regularizar su situación fiscal en la primera declaración voluntaria.

La Mesa del Congreso, como en otros casos anteriores, vetó en enero la iniciativa, pese a que esta vez la iniciativa contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Cámara. Era la primera vez que los letrados no informaban en contra de dar trámite a una comisión de investigación relativa a Juan Carlos I.

Tras tres meses de deliberaciones, la sala 32 de lo penal, del Tribunal de Justicia de París, condenaba este lunes 1 de marzo a Nicolas Sarkozy a tres años de prisión, uno de ellos firme, por corrupción activa y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas o caso Paul Bismuth [identidad tras la que se ocultaba el propio Sarkozy]. Se trata de la primera vez en la historia judicial francesa que un exmandatario de la República Francesa resulta condenado por delitos tan graves, que pueden suponer penas de hasta 10 años de prisión.

El abogado del ex jefe francés del Estado, Thierry Herzog, también encausado, y el magistrado Gilbert Azibert han sido condenados igualmente a tres años de prisión (dos de condena suspendida, o lo que es lo mismo, deberán cumplir un año de prisión firme). La parte firme de la condena tendrán que cumplirla en arresto domiciliario, bajo vigilancia electrónica, según precisa la sentencia. Asimismo, el letrado Herzog tampoco podrá ejercer la abogacía durante un periodo de cinco años.

Los tres condenados han anunciado su intención de recurrir el fallo.

Por tanto, el expresidente de la República ha sido declarado culpable de haber utilizado en 2014 a su abogado y amigo, Thierry Herzog, y a un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert, para obtener ilegalmente información sobre las investigaciones judiciales en curso, y de haber apoyado, a cambio, la candidatura del mismo Azibert a un puesto bajo el sol de Mónaco.

En aquel momento, Gilbert Azibert les informó, por un lado, de la marcha del caso Bettencourt, en el que Nicolas Sarkozy obtuvo el sobreseimiento y exigía -mediante un recurso de casación- la restitución de las agendas, apelando a la inmunidad presidencial. Pero el magistrado también les informó del gran interés de la comisión de investigación de la Corte de Justicia de la República (CJR) en la explotación del contenido de estos valiosos diarios en el proceso contra Christine Lagarde en el caso del arbitraje de Tapie.

"La prueba del pacto de corrupción procede de un cúmulo de indicios graves, precisos y concordantes resultantes de los estrechos lazos de amistad entre los protagonistas, de las relaciones de negocios que refuerzan estos lazos (al ser Thierry Herzog abogado de Nicolas Sarkozy), de los intereses comunes que persiguen el mismo objetivo, el de obtener una decisión favorable a los intereses de Nicolas Sarkozy, y de las escuchas telefónicas que demuestran los actos realizados y las contraprestaciones ofrecidas", señala la presidenta del tribunal, Christine Mée.

"Ha quedado demostrado que se transmitieron informaciones privilegiadas y confidenciales de forma secreta, violando los derechos de las demás partes y la deontología de los magistrados, y que esta transmisión se vio facilitada gracias a las funciones del primer abogado general en el Tribunal de Casación de don Gilbert Azibert, quien era perfectamente consciente de que estaba faltando a su deber de probidad. Don Thierry Herzog y don Nicolas Sarkozy eran conscientes de la ilegalidad de los actos realizados por don Gilbert Azibert y del carácter confidencial de la información recibida", dictamina el tribunal.

"Los delitos de los que han sido declarados culpables los acusados socavaron gravemente la confianza de los ciudadanos al inculcar en la opinión pública la idea de que los procedimientos ante el Tribunal de Casación no siempre emanan de un debate contradictorio ante magistrados independientes, sino que pueden ser objeto de acuerdos secretos destinados a satisfacer intereses privados", continúa el tribunal.

"Este tipo de comportamientos sólo pueden socavar gravemente la confianza legítima que todo ciudadano tiene derecho a tener en el sistema de Justicia. Este uso indebido, que atenta gravemente contra el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, requiere una respuesta penal firme con sanciones en consonancia a este atentado contra la confianza de los ciudadanos". 

"Los hechos de los que es culpable don Nicolas Sarkozy revisten una especial gravedad al haber sido cometidos por un expresidente de la República que era garante de la independencia de la Justicia", destaca la sentencia.

"Se valió de su condición de expresidente de la República y de las relaciones políticas y diplomáticas que fraguó durante su mandato para premiar a un magistrado que sirvió a sus intereses personales. Además, don Nicolas Sarkozy tiene la condición de abogado y, por tanto, conocía perfectamente las obligaciones éticas de esta profesión".

"La gravedad de las infracciones cometidas, que han minado gravemente la confianza pública y la personalidad del autor, hacen indispensable la imposición de una condena firme y cualquier otra sanción penal es manifiestamente inadecuada".

El 8 de diciembre, la Fiscalía Nacional Financiera (PNF, por sus siglas en francés) pedía una condena de cuatro años de prisión, dos de ellos para el ex jefe francés del Estado Nicolas Sarkozy y el ex alto magistrado Gilbert Azibert, y la misma pena, junto con la prohibición de ejercer la abogacía durante cinco años, contra el abogado Thierry Herzog.

Los representantes de la Fiscalía insistieron en el carácter condenatorio de las escuchas telefónicas, que prueban la interferencia en el curso de la Justicia y el "entrismo" en el Tribunal de Casación. "Una Justicia que no cumple su función es una fuente de males que no se pueden borrar", había advertido el fiscal Jean-Luc Blachon, quien añadió: "No podemos aceptar que un expresidente olvide la República".

Los abogados de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog y Gilbert Azibert, reclamaban la absolución de aquél, al denunciar una causa "vacía", basada únicamente en "suposiciones" y también en escuchas ilegales. El ex jefe de Estado se presentó como víctima de un juicio político y atacó las "mentiras" de la acusación.

El predecesor de Nicolas Sarkozy en el Elíseo también fue sancionado por la Justicia, pero por delitos menos graves. El 15 de diciembre de 2011, Jacques Chirac era condenado a dos años de prisión suspendida en el marco del caso de los empleos ficticios en el Ayuntamiento de Paríscaso de los empleos ficticios en el Ayuntamiento de París. El expresidente de la República, de 79 años, fue declarado culpable de abuso de confianza, malversación de fondos públicos y apropiación ilegal de intereses, por hacer recaer sobre los contribuyentes parisinos los sueldos de varios cargos de confianza, que trabajaban en la sede del partido (RPR) o para el candidato gaullista en las elecciones presidenciales.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La misma funcionaria del Servicio de Finanzas de Lisboa 5, al que el Benfica regalaba habitualmente un paquete de entradas para sus partidos en casa, también pidió entradas adicionales para sí misma en otras ocasiones, según los documentos de Football Leaks que la alemana Der Spiegel ha compartido con el portugués Expresso y otros socios, como infoLibre, del consorcio European Investigative Collaborations (EIC).

En noviembre de ese año esta funcionaria de Hacienda pidió tres entradas para un partido con el Nápoles, en enero de 2017 solicitó entradas para el partido que el Benfica iba a disputar con el Borussia Dortmund, y en marzo lo hizo de nuevo para un partido en el Estádio da Luz contra el FC do Porto.

Esas peticiones recorrían la jerarquía del Benfica hasta el director general, Domingos Soares de Oliveira, y el director financiero, Miguel Moreira, que era el encargado de validar las ofertas. Expresso preguntó al Benfica por qué el club ofrecía regularmente entradas a los funcionarios de Hacienda y si siguió haciéndolo hasta que la pandemia impidió al público asistir a los estadios. El club lisboeta no ha contestado.

En febrero de 2018, la revista portuguesa Sábado ya había revelado que la funcionaria del Servicio de Finanzas había solicitado una entrada para el partido contra el Nápoles. La revista también publicó que el jefe de gabinete del entonces ministro de Administración Interna, Miguel Macedo, había hecho su propio pedido. Dos casos que se suman a otro episodio ya conocido: en 2017, un asesor del entonces ministro de Hacienda, Mário Centeno, solicitó para su jefe dos invitaciones para un Benfica-Oporto, lo que se tradujo en una investigación de la Fiscalía. Fue archivada a principios de 2018 después de que el ministerio público argumentara que no se había “verificado el delito de obtención de una ventaja indebida o cualquier otro, ya que las circunstancias concretas eran susceptibles de configurar la adecuación social y política propia de la la disposición legal”. Pero el caso del Servicio de Finanzas de Lisboa 5 es diferente.

Las reiteradas solicitudes de entradas ponen en tela de juicio el código de conducta de la Administración Tributaria, donde se establece que “los trabajadores no deben pedir ni aceptar regalos, atenciones o cualquier beneficio que, de forma real, potencial o meramente aparente, pueda influir en el ejercicio de sus funciones o les haga contraer obligaciones frente al donante”. Este código también determina que “la aceptación de regalos o atenciones de valor reducido (artículos promocionales, recuerdos...) no es objetable si es infrecuente, está dentro de los patrones normales de cortesía, hospitalidad o protocolo y no es susceptible de comprometer, de alguna manera, aunque sea aparente, la integridad del empleado o del servicio”.

Medidas disciplinarias

Expresso ha preguntado por la funcionaria aficionada del Benfica a la Autoridad Fiscal, a través de la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda. Que comenzó por admitir que la oficina del subsecretario de Estado y Asuntos Fiscales sólo se había enterado del caso a través de la consulta que le había enviado el semanario, y que “inmediatamente” éste había preguntado por ello a la Autoridad Fiscal.

“En este caso concreto, la Administración Tributaria ha iniciado una investigación disciplinaria”, informó entonces el Ministerio de Hacienda, reconociendo que “el código de conducta de los trabajadores de Hacienda y Aduanas establece expresamente que sus trabajadores no deben solicitar ni aceptar regalos, beneficios u otras ventajas de cualquier tipo que puedan ponerles en una situación de disminución real o aparente de su exención, equidistancia o imparcialidad hacia el donante”.

“Cualquier comportamiento como el mencionado es censurable y justifica la adopción de medidas disciplinarias y la posible apertura de un proceso de investigación o disciplinario, en función de lo que se demuestre más adecuado. Cuando hay indicios susceptibles de valoración en materia penal, también se informa a la Fiscalía”, explica el Ministerio de Hacienda portugués.

Políticos, magistrados, policías y banqueros

Aunque la distribución de invitaciones es una práctica habitual en los clubes de fútbol, en los últimos años se han hecho públicos detalles sobre la forma en que el Benfica, en particular, repartía entradas para sus partidos a importantes personalidades de Portugal.

El pasado mes de diciembre, Sábado reveló que un anexo de la Operación Lex identificaba una serie de nombres de políticos, magistrados, policías y banqueros a los que el Benfica invitaba regularmente a sus partidos en casa. Y describe, por ejemplo, cómo en un Benfica-Moreirense a finales de 2016 el palco presidencial llegó a albergar a 10 jueces y un fiscal. La Operación Lex, que implica a 17 personas en casos de corrupción y recepción indebida de ventaja, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude fiscal, supuso la imputación del presidente del Benfica, Luis Filipe Vieira, por beneficiarse de la ayuda de un juez a cambio de invitaciones y un cargo en la fundación del club.

Según la revista, la Policía Judicial recopiló en el Apéndice de búsqueda 18 de la Operación Lex una lista de invitados del club a los partidos de fútbol del Benfica que abarca el periodo de 2011 a 2018. La investigación también proporcionaba información sobre quiénes viajaron a ver partidos del Benfica en el extranjero durante la temporada 2017/2018.

Sábado asegura que, durante varios años, la lista de invitados del Benfica incluía a miembros de la Policía de Seguridad Pública (PSP), la Guardia Nacional Republicana (el equivalente luso a la Guardia Civil), el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) y la Policía Judicial.

En un escrito que firma la teniente fiscal Belén Suárez Pantín y al que ha tenido acceso infoLibre, el ministerio público descarta la existencia de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias en el aval de 400.000 euros que Avalmadrid concedió a la citada empresa, propiedad de los padres de Díaz Ayuso y de otros tres matrimonios, tampoco en el hecho de que la sociedad de garantías no actuara para reclamar su devolución cuando quedó impagado ni en las gestiones que la hoy presidenta madrileña hizo ante la entidad semipública, primero para que fuera aprobado el préstamo y después para obtener información sobre los socios de sus progenitores. Al tiempo,  rechaza que las donaciones y ventas de inmuebles llevadas a cabo los dueños de MC Infortécnica SL constituyan un delito de alzamiento de bienes.

La teniente fiscal sustenta el archivo en que las donaciones de los padres de Díaz Ayuso se realizaron “dos meses antes” de que se produjera el impago del préstamo, el 15 de diciembre de 2011. El aval había sido concedido el 15 de marzo de ese año. Según argumenta, la jurisprudencia requiere que el crédito sea “vencido, líquido y exigible”, pero lo cierto es que el Tribunal Supremo deja claro en un buen número de sentencias que “es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad, porque nada impide que, ante la perspectiva de una deuda, ya nacida pero todavía no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes”, como consta, por ejemplo, en tres de sus pronunciamientos de 2002, 2005 y 2019. Además, asegura la Fiscalía que para que se produzca ese delito no deben “quedar bienes, o sean insuficientes, en el patrimonio del deudor para hacer frente al crédito”.

Y ése es precisamente el caso de MC Infortécnica SL, que sigue debiendo a Avalmadrid 270.000 euros de los 400.000 que le aprobaron porque la sociedad de garantías sólo pudo ejecutar la garantía hipotecaria de una nave situada en Sotillo de la Adrada (Ávila), pero no consiguió embargar los inmuebles propiedad de los avalistas –los padres de Díaz Ayuso y otros tres matrimonios– porque éstos ya los habían cedido a sus hijos o vendido a terceros.

Siete años sin actuar no es administración desleal

A su vez, no pudieron embargar estas propiedades porque Avalmadrid tardó demasiado tiempo en actuar. La teniente fiscal desecha también que esa falta de diligencia de la sociedad de garantías constituya un delito de administración desleal, porque hubo “acuerdos” para “ejecutar el crédito debido”, se cedió la ejecución a Cobralia y esta empresa subcontratada por Avalmadrid presentó una demanda para embargar la nave de Sotillo de la Adrada. Según el ministerio público, para que exista administración desleal la empresa semipública debería haber actuado “en beneficio propio o de un tercero” y haber causado un “perjuicio patrimonial”. Igualmente esgrime que no puede hablarse de que exista una “voluntad” de la sociedad de garantías de abandonar el cobro de la deuda de MC Infortécnica, puesto que aún tiene pendiente su reclamación a los avalistas.

Sin embargo, lo cierto es que Avalmadrid fue de todo menos diligente en el recobro de la deuda de MC Infortécnica SL. De hecho, lleva más de siete años incumpliendo el acuerdo de su comité de morosidad, que decidió en abril de 2012 embargar los bienes de los ocho socios de esta empresa. Tenía 15 días para judicializar el asunto, pero tardó siete meses en hacerlo. Hasta el 26 de noviembre de 2012 no entregó el expediente a Cobralia, la empresa de cobros a la que tenía subcontratada, que finalmente inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave abulense. Ya en ese momento, siete de los 14 inmuebles presentados por éstos para garantizar su solvencia cuando solicitaron el aval habían cambiado de titular a través de donaciones o ventas. No quedan más bienes que embargar. Como queda dicho, la entidad semipública sólo pudo quedarse con la nave de Sotillo de la Adrada, por lo que la deuda aún vigente es de 270.000 euros. Y como una parte fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por CersaCersa, la sociedad pública de reafianzamiento, esa cantidad terminará siendo abonada por los contribuyentes. Es decir, sí se ha producido un daño patrimonial.

La fecha de los correos de Ayuso

Por último, la Fiscalía rechaza que las gestiones realizadas por Isabel Díaz Ayuso constituyan un delito de tráfico de influencias porque los correos electrónicos aportados por Más Madrid en su denuncia son “todos ellos anteriores” a la fecha en que la hoy presidenta de la Comunidad consiguió su escaño como diputada de la Asamblea de Madrid, el 15 de julio de 2011. Sólo en ese momento Díaz Ayuso pasa a tener la consideración de “autoridad” para el Código Penal y puede cometer un delito de tráfico de influencias de acuerdo con su artículo 428. Sin embargo, también hay correos posteriores, al menos hasta el 14 de septiembre también hay correos posteriores, al menos hasta el 14 de septiembrede ese año. En ellos, Díaz Ayuso pedía a un directivo de Avalmadrid, cuyo contacto le había proporcionado Eva Piera, viceconsejera de Economía y expresidenta de la sociedad de garantías, información confidencial sobre las empresas propiedad de los socios de sus padres en MC Infortécnica SL. Para la teniente fiscal, los datos solicitados por Díaz Ayuso no son “información privilegiada” puesto que “no se encuentran en un ámbito reservado cuyo conocimiento se tenga por el cargo o puesto de trabajo”, sino que se pueden obtener a través de internet o en el Registro Mercantil.

En realidad, la entonces diputada autonómica del PP sí pidió información que no puede encontrarse ni en la Red ni en el Registro: además de la facturación y la deuda, que sí pueden conseguirse en internet y en el Registro Mercantil, preguntó quiénes eran los clientes de las empresas de esos tres matrimonios –información confidencial–,de los que sospechaba que estaban vaciando MC Infortécnica SL y desviando activos a otras empresas suyas y de sus hijos.

La Fiscalía asegura también que de los correos aportados no puede concluirse que Díaz Ayuso ejerciera “presión o sugestión” alguna sobre sus interlocutores. Sin embargo, los correos electrónicos muestran que la sociedad de garantías trató el asunto como si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madridcomo si fuera un encargo de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Además, la teniente fiscal dice desconocer la identidad del “influido”, del directivo de Avalmadrid. Una identidad que ha decidido dejar sin investigar.

Una vez archivada la denuncia, Belén Suárez Pantín informa a Más Madrid de que puede recurrir a los tribunales para interponer una querella. Además, está a punto de emprender sus trabajos en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre este caso y el resto de las irregularidades descubiertas en Avalmadrid por una inspección del Banco de España y las informaciones publicadas por infoLibre [que se pueden consultar aquí y aquí]. ________________________________

A continuación puedes consultar el texto íntegro de la Fiscalía mediante el cual archiva la denuncia:

  Escrito de la Fiscalía que archiva la denuncia de Más Madrid contra Díaz Ayuso y Avalmadrid by infoLibre on Scribd

Más Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción donde le pide que abra diligencias y ejercite acciones penales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y los socios de la empresa MC Infortécnica SL, así como contra la exviceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid Eva Piera y directivos y altos cargos de Avalmadrid, por los delitos de alzamiento de bienes, tráfico de influencias, trato de favor y administración desleal. El partido que encabeza Íñigo Errejón solicita así que se nombre un fiscal especial para dirigir la investigación sobre las irregularidades en la concesión de avales que ya fueron descubiertas por el Banco de España en su inspección a Avalmadrid, la sociedad de garantía recíproca participada por la Comunidad de Madrid, así como sobre el trato de favor dispensado por esta firma semipública a la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso, tal y como ha publicado infoLibre.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, el delito de alzamiento de bienes lo pueden haber cometido no sólo Díaz Ayuso, sino también sus progenitores y los otros tres matrimonios propietarios de MC Infortécnica SL, una empresa de suministros médicos que consiguió un aval de 400.000 euros para pedir un préstamo a Caja España. Nunca lo devolvió y Avalmadrid tampoco reclamó después los bienes personales que los socios pusieron de garantía, por lo que éstos aprovecharon para donarlos a sus hijos –la presidenta de la Comunidad madrileña y su hermano– o transmitirlos a terceros e impedir así que les fueran embargados para cubrir la deuda.

El escrito aprecia la existencia de “indicios muy consistentes” de la “clara voluntad de perjuicio” a Avalmadrid por parte de los socios de MC Infortécnica, mediante un “plan orquestado”. De hecho, destaca Más Madrid que si bien las primeras transmisiones de estos bienes se realizaron en 2011, “el delito no se perfecciona hasta el último hecho de alzamiento”, que se produjo en 2016, cuando se terminó de vender el último inmueble. También cometen el delito de alzamiento de bienes quienes, como Díaz Ayuso y su hermano, aceptan la donación que puso fuera del alcance de Avalmadrid los bienes utilizados como garantía. En este caso se trató de dos pisos situados en Madrid y en Sotillo de la Adrada (Ávila), respectivamente. Además, destaca la denuncia, la participación de Isabel Díaz Ayuso en el delito sería aún mayor porque la información “privilegiada y confidencial” que obtuvo en razón de su pertenencia al PP permitió a sus padres “adelantarse al resto de los socios” en la desaparición de los bienes personales en juego y hacerlo con los propios “en menos de cuatro meses”.

Precisamente por haber obtenido esa información confidencial “prevaliéndose de sus relaciones personales”, apunta Más Madrid, Isabel Díaz Ayuso también puede haber cometido un delito de tráfico de influencias. La hoy presidenta de la Comunidad madrileña solicitó a un directivo de Avalmadrid datos sobre la solvencia, facturación y clientes de las empresas de los socios de sus padres, una información protegida por el deber de confidencialidad, señala el escrito. El contacto del directivo se lo había facilitado a Díaz Ayuso previamente Eva Piera Rojo, entonces viceconsejera de Economía y miembro del consejo de administración de Avalmadrid. Y lo hizo sólo un día antes de que la primera fuera nombrada diputada de la Asamblea de Madrid. Hasta ese momento era la responsable de las redes sociales de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

En contra de la opinión del analista de riesgos

Respecto al trato de favor, la denuncia apunta también hacia los directivos y altos cargos de la entidad que primero concedieron el aval a MC Infortécnica SL y luego fueron negligentes en el proceso de recuperación de la deuda. Así, relata Más Madrid, el aval fue aprobado a pesar de la cautela expresada por el analista de riesgos, quien advirtió al entonces director general, Juan Luis Fernández Rubíes, de que el valor de tasación del inmueble utilizado como garantía –la nave de Sotillo de la Adrada– era “manifiestamente inferior al importe del crédito solicitado” por la empresa. Además, le avisó de que la nave podía ser demolida. Pese a ello, Fernández Rubíes le contestó en un correo electrónico con un lacónico y explícito “Ok. Adelante”. La operación se firmó en marzo de 2011. La empresa no llegó a pagar ni el primer plazo de devolución, fijado para el mes de noviembre de ese año. Pero, como queda dicho, Avalmadrid no ejerció acción alguna para hacerse con los bienes utilizados como garantía.

Pese a que su comité de morosidad decidió en abril de 2012 y, de nuevo, en noviembre de ese año cancelar el préstamo y ejecutar la citada nave y los bienes personales de los socios, Avalmadrid no movió un dedo, pese a que sus propias normas le obligan a actuar en un plazo de 15 días. En realidad, tardó siete meses en encargar a Cobralia, su empresa de recobro, que reclamara el inmueble en el juzgado. Casi tres años después, en 2015, Avalmadrid no respondió cuando Cobralia le preguntó si actuaba contra los socios de MC Infortécnica SL. Y no fue hasta abril de 2018 cuando el juzgado adjudicó la nave a Avalmadrid. Mientras, los otros tres matrimonios habían vendido ya sus inmuebles a familiares y terceros, relata la denuncia.

Para Más Madrid, los directivos de la sociedad de garantías favorecieron a unos acreedores frente a otros y mostraron un “temerario desprecio” por sus propios protocolos internos, “desoyendo a los órganos de control de la morosidad, incumpliendo los plazos de judicialización de la deuda y no colaborando en su reclamación al traspasar su recobro a un tercero”.

Pregunta al Servicio Vasco de Salud

Es más, el partido destaca que Avalmadrid no contestó ni reaccionó a los burofaxes que uno de sus diputados, Eduardo Gutiérrez, envió tanto a la presidenta, Rosario Rey, como al director general, Pedro Embid, instándoles a emprender acciones legales para recuperar la deuda. De ahí que considere a los responsables de Avalmadrid culpables de un delito de administración desleal, tras recordar que el trato de favor a empresas vinculadas a su cúpula ya ha sido descubierto por el Banco de España e incluso por la propiedad sociedad de garantías en una denuncia ante la Fiscalía que ésta archivó por considerar prescritas las operaciones.

La denuncia de Más Madrid también pide a la Fiscalía Anticorrupción que pregunte al Servicio Vasco de Salud si realmente le adjudicó a la empresa de los padres de Ayuso el suministro de equipos médicos cuya compra MC Infortécnica SL esgrimió como destino del préstamo de 400.000 euros que quería solicitar a Caja España. El partido quiere comprobar así si ha existido o no una posible “simulación” de operación comercial para obtener el aval. Además, hace una segunda petición: que solicite a Telecinco la grabación de la entrevista que le concedió Isabel Díaz Ayuso el pasado 26 de agosto, donde “reconoció tanto el posible tráfico de influencias como la finalidad perseguida con la donación de bienes por sus padres, que no era otra que evitar que acreedores pudieran satisfacer su crédito”, sostienen los denunciantes.

Finalmente, Más Madrid resalta el carácter público de la sociedad de garantías madrileña, rechazado por el PP, asegurando que entre la Comunidad de Madrid y Bankia –propiedad del FROB en un 61,7%– poseen seis de los 10 miembros del consejo de administración, así como un 80% del capital si se excluyen las acciones en manos de los socios partícipes. Éstos son los clientes de Avalmadrid, los empresarios y autónomos que deben adquirirlas cuando consiguen un aval y cuyo número e identidad varían según son afianzados o cancelan su deuda. Incluidos los partícipes, la Comunidad de Madrid cuenta con un 26,1% del capital y Bankia, con un 25,3%. Pero llegaron a tener el 31% y 30,1%%, respectivamente, en 2013.