La Junta Electoral Provincial de Badajoz ha determinado que los 124 electores afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de Correos en Fuente de Cantos (Badajoz) podrán emitir nuevamente su voto por correo, informa EFE. A pesar de las declaraciones de varios miembros del PP, los hechos han sido catalogados por la Guardia Civil de "delincuencia común", según El País.

Las oficinas de la empresa postal en los municipios pacenses de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía han sido objeto de robos esta madrugada. En las primera de ellas se ha sustraído la caja fuerte, que contenía 14.000 euros en efectivo y 124 votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas del próximo domingo, por lo que Correos lo puso en conocimiento de la Junta Electoral Provincial de Badajoz.

En una resolución, según ha informado la sociedad estatal en una nota, la Junta Electoral ha autorizado la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz "para procurar su entrega a los interesados y puedan emitir nuevamente su voto por correo".

En consecuencia, Correos se está comunicando con los electores afectados y ha organizado un dispositivo extraordinario para proceder a la entrega, "de manera inmediata", de la documentación original y la admisión de los votos emitidos a través de los carteros, según ha informado en una nota.

Ha señalado además que la Guardia Civil ha hallado, en las inmediaciones de Fuente de Cantos y "completamente calcinada", la caja fuerte robada. Según ha indicado, el dinero en efectivo se había sustraído en su totalidad mientras que los votos emitidos por correo "se encontraban esparcidos en sus alrededores".

Por su parte, el PP de Extremadura ha denunciado la existencia de una estrategia "organizada" para sustraer el voto por correo tras los sucesos de la madrugada de este jueves. "Nos están robando la democracia", ha afirmado este jueves el secretario general del partido, Abel Bautista, en declaraciones a los medios en Mérida, donde ha dado a conocer este suceso.

Según el secretario general del PP, Miguel Tellado, "alguien tiene mucho interés en reventar las reglas del juego para alterar el resultado" de las elecciones del próximo 21 de diciembre. El popular ha pedido al ministerio de Interior que despliegue "todos los medios necesarios" para investigar el robo del voto por correo y para evitar que vuelva a producirse.

En un mensaje a través de X, el secretario general del PP ha calificado lo sucedido como "un hecho de enorme gravedad". "Esos votos deben estar debidamente custodiados en las oficinas de Correos", ha reclamado. "En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida. La victoria en las urnas solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid", ha añadido.

Los secuestros han existido públicamente desde al menos el siglo XIX. El hecho de raptar a una persona y pedir un rescate económico ha sido una forma muy extendida de ganarse la vida para bandidos de toda índole. Y actualmente, como todo, este fenómeno criminal ha evolucionado. Ese cambio ha provocado que la sofisticación de quienes cometen este tipo de delitos haya llegado a su culmen.

Por ello, la principal preocupación de quien comete un secuestro es cobrar el rescate que solicita y, si es posible, que el pago sea imposible de rastrear por las autoridades policiales. El dinero efectivo es un buen método que lo permite, y ahora, también las criptomonedas. Por eso, organizaciones criminales se están centrando en estos últimos años en los secuestros de empresarios con algún tipo de relación con este último método de pago.

Lo hacen, en primer lugar, porque, según qué cartera de Crypto tenga la víctima, la disponibilidad del dinero en líquido puede ser instantánea, aunque hablemos de millones de euros. Si fueran transferencias bancarias ordinarias, cuando se ordenan ciertas cantidades deben pasarse unos controles extra que pueden bloquear la transacción.

Además, identificar una cuenta bancaria internacional es una tarea más sencilla, aunque se usen testaferros. En cambio, si se cobra un rescate con moneda virtual, el abanico de posibilidades para camuflar el origen del dinero es más amplio. Por eso se pagan ya en Cryptos importantes alijos de cocaína, así como de otras drogas sintéticas.

Desde principios de 2025 han aumentado exponencialmente en todo el mundo los secuestros o los robos a empresarios relacionados con criptomonedas, en los últimos años se han producido 231 hechos registrados: se han dado casos en España, en la mayoría de países Unión Europea, en Estados Unidos y en varios países asiáticos.

El último caso conocido, especialmente grave, ocurrió en la madrugada del 26 de noviembre. Las alarmas saltaron cuando se descubrió el cadáver de un chico ucraniano de 21 años dentro de un Mercedes calcinado en la calle Marlen-Haushofer-Weg en Viena (Austria). La policía austríaca resolvió este crimen indicando que el móvil del asesinato era el robo de criptoactivos.

La víctima era el hijo de un político ucraniano de Jerson y sus supuestos asesinos son también compatriotas. Conforme cometieron el crimen huyeron a su país, donde días después fueron detenidos. La víctima es el hijo del vicealcalde de Járkov. Se sabe por la autopsia que recibió bastantes agresiones antes de morir, por las heridas que le infligieron. Los ejecutores querían saber las contraseñas de las billeteras de criptomonedas. Se detectaron movimientos importantes, de miles de euros, el día del asesinato, y también le incautaron en Ucrania a los dos detenidos otros tantos miles de euros en efectivo.

Este es el último caso relevante europeo, pero ha habido otros llamativos en España. En uno de ellos se activó al GOES de la Policía Nacional. Fue el pasado 1 de febrero, con el objetivo de liberar a un británico que estaba siendo retenido en una vivienda de Estepona, y de detener al que un grupo de criminales que le exigía 30.000 euros para que fuera liberado. Después han llegado otros casos.

El pasado agosto, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Álvaro Romillo, más conocido como Cryptospain, denunció que su casa fue asaltada con él y su familia dentro. Según indicó en la denuncia, un comando armado penetró en su hogar y le robó 1,2 millones de euros en criptomonedas. Le obligaron a transferirlas, junto a relojes de lujo. Aquello parecía un aviso de algunas de las víctimas que habían perdido su dinero, ya que buscaban 40 millones de euros.

Toda la información habría que ponerla en cuarentena, porque ese empresario duerme en prisión por la estafa millonaria piramidal del caso Madeira Invest en la que se esfumaron más de 200 millones de euros, precisamente en todo tipo de criptomonedas. Y precisamente ahora está en prisión provisional porque la Guardia Civil descubrió que sólo por una de las cuentas en Singapur de Álvaro Romillo habían pasado 29 millones de euros. Una cantidad nada desdeñable.

Donde este tipo de secuestros ha pasado a ser un problema más que serio ha sido en Francia. En los últimos meses, la Gendarmería y la Policía francesa han tenido un duro trabajo para detener a varios comandos que han raptado o que han intentado secuestrar a personas que han logrado ser millonarias gracias a esta tecnología aplicada a los criptos.

Lo más reciente ocurrió el lunes de esta semana, cuando, en un pueblo del Valle del Oise, un comando abordó a un ejecutivo del sector sanitario francés y lo secuestró en plena calle. A las pocas horas lo liberaron. Resulta que su hijo vive en Dubái y es un reconocido inversor de criptomonedas.

A principios de año y en el mismo país sucedió algo similar con otro familiar de un inversor cripto. Por lo visto, son un objetivo más sencillo para las organizaciones criminales. Al último comando se le une el que el pasado 22 de noviembre fue detenido en Chalon-sur-Saône. Eran miembros de una banda que había intentado hasta cuatro veces secuestrar al mismo inversor de criptomonedas.

Hay que remontarse al verano, concretamente al 29 de agosto, para conocer la historia un chico suizo de 22 años que había sido secuestrado en Valence (Francia), lo que motivó la activación del GIGN (Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional). El equipo de operaciones especiales de la Gendarmería tuvo que intervenir porque se sabía que el comando podría estar fuertemente armado.

El resultado de la intervención fue la detención de siete personas que pretendían con hacerse con cientos de miles de euros que este chico poseía en cryptos. Le tendieron una trampa para que acudiera a un lugar con el pretexto de un negocio, pero el resultado fue fatal. Acabó retenido cuatro días y le realizaron 30 heridas con cúter para que les facilitase las contraseñas de sus monederos virtuales.

Pero aquella no era la primera intervención del GIGN francés en un caso de secuestro por un móvil económico de cryptos. La más importante ocurrió en enero, y se desarrolló para liberar a David Balland, cofundador del desarrollador de billeteras frías de criptomonedas Ledger y a su mujer, de la que no se detalló su identidad.

El objetivo principal de aquel secuestro era Balland, y las mejores unidades del GIGN se desplegaron para que la operación acabara bien. Las víctimas estuvieron retenidas más de 24 horas en dos lugares diferentes. A Balland le cortaron un dedo, y la prueba visual de ello la enviaron a los socios de su empresa para que viesen que iban en serio. Querían millones de euros, aunque acabaron detenidos. No se supo si realmente los secuestradores consiguieron algún botín, aunque la mayoría acabaron en prisión.

Desde agosto han ocurrido secuestros relacionados con el mundo de las criptomonedas en España, Filipinas, Francia, Noruega, Sri Lanka, Tailandia, Canadá, Israel, Estados Unidos, Suecia, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Austria y Rusia. Y la tendencia no va a cesar, porque muchas organizaciones criminales han puesto su ojo a este mundo crypto que ha generado nuevos millonarios, y sobre todo porque saben que pueden realizarse transferencias millonarias en segundos. Todo esto ya genera un aumento de la seguridad privada de muchos de estos millonarios que actualmente son anónimos.

El de la seguridad es uno de los campos de batalla de la extrema derecha desde hace décadas. Partidos como Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en Francia ya introdujeron ese marco en el país vecino en la década de los 80, estableciendo un vínculo directo entre inseguridad e inmigración de origen árabe. Otras extremas derechas siguieron la estela —no solo europeas, también americanas— y lo han utilizado como elemento de confrontación hasta la actualidad. Desde el presidente norteamericano, George Bush, y su declarada "guerra contra el Terror" hasta Donald Trump, desplegando a la Guardia Nacional en ciudades demócratas, pasando por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha utilizado la seguridad del país como pretexto para saltarse los derechos humanos. 

En el caso español, Vox también ha tratado de explotar este concepto, presentando a España como un país "inseguro" y vinculando esa supuesta inseguridad con la llegada de migrantes, pese a que los datos del Ministerio del Interior lo desmienten. La tasa de criminalidad se encuentra actualmente en 40,6 delitos por mil habitantes, la más baja de la serie histórica, según los datos del primer trimestre de 2025 del Ministerio de Interior. Sin embargo, no hay día en que las principales cuentas de la ultraderecha no suban contenido a redes sociales de peleas, robos o cualquier situación violenta para tratar de fabricar una situación del país que no es tal, asociándolo con los migrantes.

Y ahora es el Partido Popular el que sigue la estela de Vox. El pasado miércoles su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, presentó una serie de medidas en Toledo para combatir la supuesta inseguridad en su discurso en el congreso del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Aseguró que en caso de llegar a La Moncloa pondrá en marcha una "estrategia integral más ambiciosa" para frenar una delincuencia que "campa a sus anchas" gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que su formación gobierna en once comunidades autónomas y las competencias en materia de seguridad están compartidas entre varias administraciones, incluyendo las locales.

Así, el líder de los conservadores compraba el marco de la extrema derecha al relacionar inseguridad con delincuencia, robos y agresiones sexuales, y al poner como solución reforzar los cuerpos policiales o la protección civil. Una inseguridad que, sin embargo, no aplica a conceptos como la falta de vivienda, el mercado laboral o el salario mínimo interprofesional, aunque su impacto sobre la seguridad de la población es tan o más potente que el uso del Código Penal. Según explicaba a infoLibre el profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad Pompeu Fabra Jordi Mir, "la gente tiende a pensar que hay más violencia y delincuencia de la que realmente existe", lo que a su juicio "claramente tiene que ver con la realidad que se construye y no con la que es".

Eso es precisamente lo que hizo Feijóo el pasado miércoles. "Más de la mitad de los españoles cree que la seguridad está empeorando", dijo el líder de la oposición, amparándose en las encuestas pero no en los datos oficiales. Lo cierto es que la tasa de criminalidad —el número de crímenes por cada 1.000 habitantes— se ha mantenido prácticamente inalterable desde que hay registros, es más, lo que sí ha aumentado los últimos años son los delitos informáticos frente a la criminalidad convencional, que ha sufrido un descenso. Tampoco hay un vínculo directo entre la inmigración y la delincuencia, como insiste la derecha.

Eso puede verse en casos concretos como la tasa de homicidios dolosos y asesinatos consumados, que se redujo un 15% entre 2010 y 2024, pero también en casos menos graves como las okupaciones, cuyo número no se corresponde con la burbuja política y mediática creada por la derecha, ya que los datos muestran que solo una ínfima parte de las viviendas están ilegalmente ocupadas. "Hay mucha más gente que no puede acceder a una vivienda digna que personas a quienes se les ha ocupado una", subraya Mir.

El líder del PP presentó un decálogo con diez medidas entre las que incluyó "perseguir la captación de jóvenes con el objetivo de delinquir", reforzar las medidas "contra el crimen organizado" o mejorar la lucha contra la "ciberdelincuencia". También ahondó en la línea punitivista y antiinmigración que caracteriza a la derecha al hablar de endurecer las penas cuando se acumulen delitos leves, aumentar los supuestos prisión provisional y defender las expulsiones inmediatas en caso de que los delincuentes sean extranjeros.

El conservador también puso el foco en las agresiones que sufren las mujeres, que sí han experimentado una subida desde que hay registros y que el ministerio del Interior achaca a la mayor disposición de las víctimas a denunciar estos hechos ante la policía que hace más de una década. Así, Feijóo planteó derogar el "fracaso" de la Ley del solo sí es sí —aunque, en privado, en Génova no concretan si toda la ley o sólo algunos aspectos— y endurecer las penas para "disuadir" a los agresores porque las actuales "no son suficientes": "Hace falta penas más duras que disuadan a los agresores. Uno de cada cuatro delincuentes sexuales son reincidentes, lo que demuestra que las actuales penas no son suficientes", sostuvo el conservador.

El PP volvió a entrar en marco de Vox al presentar a los agresores sexuales como "multirreincidentes" que no se corresponde con la realidad. Un estudio de Instituciones Penitenciarias con datos entre 2009 y 2019 sobre la reincidencia de los presos, determinó que aquellos condenados por este tipo de delitos no tienden a reincidir cayendo en el mismo hecho delictivo. Mientras que la tasa más alta de reiteración en el mismo delito se da en los casos de robo y hurto (76,29%), contra la salud pública (42,48%) y en el ámbito de la violencia de género (41,6%), los delincuentes sexuales que reinciden cometiendo el mismo delito se instalan en el 22,2%.

Preguntada por este aumento, la secretaría de Estado de Seguridad, Aina Calvo, respondía así en la comisión del Congreso de Interior que se celebró el jueves. "El incremento de denuncias creo que señala que muchas mujeres han dicho que hasta aquí, y da igual quién sea el agresor, si pertenece a un partido político, pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es médico o no tiene formación”, fue su respuesta, al hilo de la pregunta del diputado del PP a colación el caso del exasesor socialista Francisco Salazar.

En esa misma comparecencia, Calvo ironizó ante el infierno presentado por los portavoces de la derecha respecto a la delincuencia generalizada, a la que vincularon con la inmigración. "España se hunde, España es un pozo de indecencia, de crimen organizado, de delincuencia descontrolada, de terrorismo que campa a sus anchas... En fin, todo mal", le espetó al portavoz de Vox, para después destacar la "diversidad de origen" en hospitales, hoteles, el campo, la industria y también la Guardia Civil, donde dijo hubo "28 nacionalidades" de origen en la última promoción. "Para ustedes serían poco más que predelincuentes", señaló.

La número dos de Fernando Grande-Marlaska también criticó las contradicciones de la derecha al presentar a España como un país invivible pero también como el destino perfecto para el turismo. "Cuando se sientan con la patronal turística, ¿ustedes les trasladan que tenemos un país con una criminalidad disparada?", le preguntó al diputado del PP, Alberto Sánchez Ojeda. "Un país que recibe a 90 millones de visitantes no parece que vengan a una bienvenida terrorífica", añadió, tras tachar de "alarmista" su alegato.

Pero el PP no es el único instalado en la misma retórica que Vox sobre la reincidencia. Junts Per Cataluña presentó el 12 de abril una proposición de ley en materia de multirreincidencia sobre hurto y estafa que fue rechazada por el Congreso, en referencia a la comisión de un mismo delito en repetidas ocasiones, la mayoría de las ocasiones pequeños robos o hurtos.

Lo que los catalanes proponen es modificar el Código Penal para endurecer las condenas por reincidencia en hurtos leves y acelerar los procesos contra delincuentes reincidentes y que comentan delitos de manera continuada. Una ley que el PSOE ha aceptado acelerar y que contará con el previsible voto a favor de la formación de Sánchez, de Feijóo y de Carles Puigdemont. La incógnita es qué hará Vox, que en 2022 ya presentó una iniciativa similar en la Cámara y entonces fue rechazada.

En la exposición de motivos de la ley, Junts hacía alusión a las quejas de alcaldes de su formación que denuncian una supuesta "alarma social "por la "oleada de delitos" por parte de un "reducidísimo grupo de personas" que el "sistema no era capaz de evitar", aunque trataba de desvincularlo de la inmigración. La Cámara Baja rechazó en ese momento la iniciativa, el PP la volvió a presentar el 26 del mismo mes, logrando, esta vez, que el Congreso la tomara en consideración el 18 de junio de este año.

El tema sobre el que trata no es casual, con la amenaza de Aliança Catalana ciñéndose sobre los independentistas catalanes —que según el último CEO se dispararía hasta los 19-20 diputados frente a un Junts que perdería quince escaños— y fue, precisamente, uno de los compromisos de Sánchez en una entrevista reciente para tratar de reconducir la relación con la formación de Puigdemont tras el anuncio de ruptura. De esa forma tanto el Gobierno como el PSOE entra de lleno en un asunto impulsado en el Congreso la extrema derecha y que ha usado habitualmente para vincular inmigración con delincuencia. 

Los homicidios en México cayeron un 37% en los primeros 13 meses de presidencia de Claudia Sheinbaum. El promedio diario de asesinatos descendió a 54,5 en octubre frente a los 86,9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 32 homicidios menos por día, según la información de Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La funcionaria, además, informó de que este octubre de 2025 fue el más bajo en homicidio doloso registrado desde el mismo mes en 2016. “En este periodo, los primeros 9 meses de cada año, este 2025 es el más bajo desde 2016″, dijo Figueroa en la conferencia diaria de la presidenta Sheinbaum.

La titular del SESNSP detalló que siete de los 32 estados en México concentran el 51% de los homicidios los primeros 10 meses del año: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó que desde que Sheinbaum llegó al poder del Gobierno detuvieron a 37.000 personas por delitos de alto impacto. En estos 13 meses también se requisaron 18.981 armas de fuego y casi 300 toneladas de droga, entre ellas más 4 millones de pastillas de fentanilo.

“El Ejército y la Marina desmantelaron 1.614 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de cientos de millones de pesos para la delincuencia organizada. También son millones de dosis de droga que no llegarán a las calles y no afectarán la salud y desarrollo de miles de jóvenes”, agregó.

García Harfuch resaltó algunos resultados de operativos de seguridad, como las detenciones en Tijuana, Baja California, de un responsable del tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos; y el arresto de Yahir Francisco ‘N’, en el Estado de México, quien era miembro de Cartel de los Beltrán Leyva y contaba con orden de aprehensión en EE.UU.

También destacó la incautación de 2,5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán, además de diversos operativos en Nayarit y Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Chiapas.

Por su parte, Sheinbaum defendió la estrategia de seguridad implementada en su gobierno. “¿Cómo se ha logrado? Fortaleciendo la estrategia de inteligencia e investigación y de coordinación. Son los dos, siempre lo planteamos así. Y particularmente cuatro ejes, atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que permite realizar detenciones dentro de la ley en nuestro marco jurídico y la coordinación”, apuntó.

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord de más de 196.000 asesinatos registrados en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mientras que los homicidios repuntaron un 1,2% anual en 2024 hasta los 30.057, según las estadísticas oficiales.

Ocurrió en el entorno de la ciudad de Saint-Étienne, al Sur de Lyon y a muchos kilómetros de la frontera entre Francia y España. Sin embargo, una vez más, un traficante de drogas procedente de la Península Ibérica no tuvo dudas a la hora de poner en riesgo la vida de los policías del país galo para intentar salvar el gran alijo de hachís que transportaba en su BMW. Pero la investigación fue más allá. Su resultado, que se conoce poco después de la relación de otros narcos españoles con el asesinato de un guardia en el río Guadiana, tiene un mayor alcance, pues desvela por primera vez la connivencia de trabajadores de una empresa dedicada al control de peajes de la autopista al servicio de los criminales.

En el marco de la fase de explotación de la operación, según informa la Police Nationale de Francia, se incautaron 450 kilos de hachís en posesión del sospechoso, que, a bordo de un automóvil de altísima gama y cilindrada, transportaba desde España.

La investigación, iniciada a finales del verano de 2025 por la delegación de la OFAST en Lyon y dirigida por la fiscalía de Saint-Étienne, tenía como objetivo frenar "la importación masiva de estupefacientes desde España", según detalla el Ministerio Público francés. El trabajo culminó con la detención del individuo que estaba al volante del BMW durante un operativo antidrogas el 4 de octubre.

El conductor, que actuaba de forma temeraria, lanzó clavos específicos para destrozar los neumáticos contra vehículos policiales. Contaba con ellos en su 'dotación' de narcotransportista. Sin embargo, pese a su resistencia, fue detenido gracias a la tenacidad de los agentes, que pusieron en riesgo su integridad física.

En paralelo, y en los días siguientes a la caída de la droga, también fueron detenidos tres cómplices, nada menos que operadores de cabinas de peaje en el tránsito entre España y Francia que, según parece, estaban a sueldo de los narcos para permitir el paso de los vehículos go-fast cargados de droga.

Ante tales evidencias, todos fueron llevados ante un juez, y tres de ellos, dos trabajadores de la empresa de peajes y el conductor del BMW, fueron ingresaron en prisión preventiva.

"Cinco narcotraficantes que exportaron más de 20 toneladas [de cocaína] a Europa fueron capturados, tres en España y dos en Colombia, en operación conjunta de la policía colombiana con la española. Entre ellos, Juan Pablo Prada, alias Black Jack, del Clan del Golfo". Así anunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el saldo definitivo de una operación internacional bautizada 'Gulupa' y que tenía como objetivo principal la detención de Pablo Felipe Prada Moriones, conocido por los alias de Black Jack o La Firma, que se encontraba en la isla de Ibiza, el mismo enclave del Mediterráneo en el que fueron detenidos varios capos de la 'Ndrangheta este mismo verano.

El operativo se desarrolló en el marco de la colaboración entre la Policía Nacional de Colombia y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, todo ello bajo el amparo de Europol y de Interpol. Alias Black Jack, según fuentes oficiales, sería no solo cabecilla de narcotráfico, sino también de blanqueo de capitales, al servicio del clan con base en el Golfo de Urabá. Se encargaría, además, de cerrar los tratos para el envío de cocaína con la principales redes criminales que operan entre Sudamérica y Europa, tales como la 'Ndrangheta, la Mocro Mafia o el Cártel de Los Balcanes, así como con las organizaciones mexicanas.

En España, además del citado líder de la organización, fueron capturados otros dos miembros de la misma, a saber, Santiago Prada y Carlos Zuloaga. De interés especial resultó el arresto de este último, que pudo ser localizado en Madrid tras hacer uso de una tarjeta de crédito, según cuentan varios medios de comunicación colombianos. Un error poco común por parte de los narcos en la actualidad. Cayó detenido en el barrio de Lavapiés.

En cuanto a Black Jack, recibe ese apodo por su capacidad para convertir el dinero físico en moneda virtual. Así, le fueron intervenidos 44 monederos de criptomoneda y le atribuyen el movimiento de al menos 700 millones de dólares por esta vía, blanqueando así ingentes beneficios del narcotráfico internacional.

En Colombia, por otra parte, fueron detenidas otras dos personas. La primera de ellas responde al nombre de Jimmy García, y fue arrestada en Pereira. Se encargaría de realizar pagos por orden del detenido en Ibiza. La segunda, una mujer, es Brenda Pineda, arrestada en el aeropuerto de Medellín, colaboradora en el sistema financiero, según la Policía.

Los informes del caso apuntan a que alias Black Jack tendría contacto directo con el máximo cabecilla del Clan del Golfo, alias Chiquito Malo, del que apenas se tienen noticias en los últimos meses por hallarse bien protegido en su refugio colombiano.

Las ramificaciones de la organización desmantelada se extendían por todo el mundo, desde el origen, en Colombia, pasando por España, lugar por el que entraba la cocaína –también por Holanda– y donde se encontraban algunas empresas vinculadas con la red criminal, y acabando en Dubái, donde, como se sabe, sigue afincada la cúpula de buena parte de los grandes clanes de la droga a nivel global.

Al día siguiente de la muerte en directo del streamer conocido como Jean Pormanove, el caso ya ha adquirido un cariz político en Francia. La ministra de Transformación Digital, Clara Chappaz, ha denunciado en X un “horror absoluto” y la fiscalía de Niza ha anunciado la apertura de una investigación y solicitado la autopsia del cadáver de Raphaël Graven, su verdadero nombre. La ministra también precisó que ha presentado una denuncia del portal Pharos, dedicado a contenidos ilícitos, y que ha remitido el caso a la autoridad de comunicación audiovisual y digital (Arcom).

Esta diligencia podría haber llegado antes.

A finales de 2024, cuando Mediapart reveló un auténtico negocio de maltrato en la plataforma Kick France, la ministra no reaccionó a nuestra solicitud. El miércoles 20 de agosto, tras la publicación de este artículo, la ministra respondió por escrito a nuestras nuevas solicitudes (ver el despiece al final del texto) .

Raphaël Graven, a lo largo de sus livestreams, llevaba meses sufriendo acoso, violencia y humillaciones por parte de otros dos hombres, conocidos con los apodos de Safine y Naruto. Al igual que Coudoux, un hombre discapacitado bajo tutela, que era golpeado regularmente o golpeaba a su vez a Pormanove (JP). Detrás de sus pantallas, los espectadores (viewers) pedían más, regocijándose o compadeciéndose de la suerte de los dos hombres mientras financiaban este espectáculo con donaciones.

Independientemente de las conclusiones de la justicia sobre las causas de la muerte de Raphaël Graven, ya se plantea una pregunta a las autoridades públicas: ¿cómo es posible que, tras nuestras revelaciones, la apertura de una investigación judicial y la reanudación de las retransmisiones en directo del canal, no se haya hecho nada?

“¡Ya es demasiado tarde!”, reacciona la Liga de Derechos Humanos (LDH), que había denunciado ante la Arcom en febrero “la moderación permisiva de Kick” y “actos de violencia que podrían constituir delitos penales”.

Una denuncia que ha quedado “sin respuesta”, lamenta Nathalie Tehio, presidenta de la LDH, contactada por Mediapart. “Era preocupante porque nos parecía un asunto extremadamente grave”, añade, estimando que sólo la Arcom tenía los medios para actuar. “Podrían haber intervenido sobre el hecho mismo de la difusión. Pero, evidentemente, no han hecho nada”, lamenta.

Contactada la Arcom, no nos precisó qué medidas se habían tomado tras la denuncia de la LDH. Solo indicó que había “tomado conocimiento del fallecimiento de Raphaël Graven” y afirmó que en el pasado “se había puesto en contacto con la Oficina de Lucha contra la Ciberdelincuencia (Ofac) para verificar si esta había solicitado en algún momento anterior la retirada de contenidos de Kick.com”. La autoridad reguladora confirma que ha remitido el caso a las instancias europeas, reconociendo así su impotencia para regular la plataforma desde el territorio nacional.

En Francia, la fiscalía de Niza abrió una investigación preliminar el 16 de diciembre contra los dos streamers Safine y Naruto con los tres cargos siguientes: “Provocación pública a través de un medio de comunicación electrónico al odio o a la violencia contra una persona o un grupo de personas por motivos de discapacidad, violencia voluntaria en reunión contra personas vulnerables [...] y difusión de grabaciones de imágenes relacionadas con la comisión de delitos de atentados voluntarios contra la integridad de la persona”.

Ambos fueron detenidos el 8 de enero y posteriormente puestos en libertad. Esta investigación judicial, anterior a la muerte de Raphaël Graven, sigue en curso. La fiscalía de Niza no ha respondido a nuestras preguntas sobre las medidas adoptadas desde la apertura de esta investigación preliminar hace ocho meses para limitar la difusión y la producción de esos contenidos.

Kick France, por su parte, nunca respondió a nuestras múltiples solicitudes de entrevista tras nuestra primera investigación, limitándose a hacer declaraciones muy generales. Tras la muerte de JP, la empresa nos envió rápidamente estas pocas líneas, en las que decía estar “profundamente apenada por la pérdida de Jean Pormanove” y concluía: “Actualmente estamos examinando las circunstancias con carácter urgente y colaborando con las partes interesadas para investigar la situación. Las directrices comunitarias de Kick están diseñadas para proteger a los creadores, y seguimos comprometidos con el cumplimiento de estas normas en toda nuestra plataforma”.

Tras nuestra investigación a mediados de diciembre, Kick prohibió durante una semana el canal en cuestión. Bajo la amenaza de un procedimiento judicial y con su material informático incautado por la justicia, el equipo de streamers se instaló durante un tiempo en la isla de Malta para producir y difundir contenidos en otra plataforma, pero regresó rápidamente a Francia... y a Kick. Y el canal volvió a su línea editorial inicial: la humillación.

La muerte del streamer JP en directo era, por cierto, un “tema” del que los propios streamers hablaban habitualmente, cuestionándose su responsabilidad en caso de fallecimiento de su víctima. “La gente va a arremeter contra nosotros”, dice Naruto en un vídeo fechado el 26 de julio de 2025, durante una conversación surrealista con su compinche Safine.

— “Imagínate, nos estamos riendo y todo y…”, dice este último.

— “La va a palmar”, responde Naruto.

— “En directo, estamos jodidos”.

Los dos streamers piden entonces a JP y a otros dos participantes en la retransmisión en directo, entre ellos Coudoux, que declaren ante la cámara que, si mueren “en directo”, será bajo su entera responsabilidad. Todos lo hacen, incluido JP, que en un primer momento se muestra reacio. “Si me pasa algo en directo... bueno... es mi responsabilidad... Pero ahora no”, dice el que momentos antes había precisado: “No tengo ganas de cascarla”.

Mediapart ha podido consultar varios cientos de extractos de vídeo del canal solo durante el mes de agosto de 2025. Los miembros de Le Lokal TV se lanzaron a un maratón de varios días en directo, salpicado de numerosas pruebas cuyas víctimas solían ser siempre las mismas. En ellos se ve cada día a Raphaël Graven siendo golpeado y humillado en numerosas ocasiones, al igual que Coudoux, por otros miembros, que se ríen a carcajadas. Los streamers también organizan con frecuencia concursos en los que Coudoux y JP tienen que pegarse.

El 10 de agosto, Coudoux y JP son filmados travestidos en la calle con carteles que dicen “mamadas gratis” y “felación y garganta profunda”. Al día siguiente, se muestra a JP limpiando los excrementos de uno de los miembros de Le Lokal en el baño. Unos días más tarde, vuelve a ser filmado en la calle con un cartel que dice “JP, eres feo, donar 1 euro”. Uno de los que graba las imágenes le pregunta: “¿Qué se siente al ser un sintecho?”.

El lunes por la noche, en una publicación en Instagram en la que se confirmaba la muerte de Raphaël Graven, Naruto dijo que “siempre había temido el día [en que tendría que escribir] estas palabras” y pidió a sus seguidores que “respetaran la memoria” del fallecido y no difundieran el vídeo “de su último soplo de vida mientras dormía”. A partir de ahí, Naruto ha bloqueado sus cuentas en las redes sociales y se declara víctima de ciberacoso.

En un comunicado, su abogado anuncia que en los próximos días presentará una denuncia “ante la unidad de lucha contra el odio en Internet de la fiscalía de París”, denunciando comportamientos que constituyen delitos penales “además de inmorales” cuando su cliente está “atravesando un periodo de duelo”. Naruto no ha respondido a las preguntas que le ha enviado Mediapart.

¿Quién puede controlar este tipo de contenidos, sobre todo cuando se difunden durante meses, durante horas, provocando cientos de miles de visitas, en directo y en diferido en redes sociales, y que también son vistos por menores? La pregunta, a la luz de la tragedia que se ha producido ante las cámaras, da vértigo. Y en más de un sentido.

El régimen jurídico que regula la responsabilidad de los alojamientos de contenidos, como Kick, deriva de la ley para la confianza en la economía digital de 2004, según la cual el proveedor de alojamiento tiene la obligación de moderar, o incluso prohibir, cualquier contenido contrario a la ley que le sea señalado. Esa moderación, que debe realizarse a posteriori, “en un plazo razonable”, se concibió para evitar que Internet se convirtiera en un lugar de censura.

El Ejecutivo ha realizado varios intentos, con mayor o menor éxito, para ampliar los límites de este marco. Otro texto, aprobado en 2024, otorga mayor libertad a la Administración para censurar directamente contenidos problemáticos que puedan estar relacionados con el terrorismo, la pornografía infantil o actos de tortura o barbarie. Pero numerosas asociaciones, entre ellas La Quadrature du Net, han criticado esas disposiciones, que hacen caso omiso de las instancias judiciales y que suponen por tanto un grave riesgo de debilitamiento de las libertades fundamentales.

“No estamos en contra de cerrar páginas web que difundan contenidos problemáticos, es incluso deseable, si es la autoridad judicial la que se encarga de ello”, recuerda Bastien Le Querrec, de La Quadrature du Net. “En el caso de Kick, se puede exigir responsabilidad penal a una plataforma: si un servicio digital está diseñado para permitir la proliferación de determinados contenidos ilícitos, el derecho penal ya permite sancionarlo.”

Y cita el ejemplo de Coco, una web de debate conocida por su falta de moderación y control y descrita por varias asociaciones como “un foco de depredadores” sexuales, cerrada en junio de 2024 por la justicia francesa tras un proceso penal. “Pero eso requiere investigaciones a fondo, quizá más medios para actuar con rapidez y magistrados y policías mejor formados en esas cuestiones. Pero el tiempo de la justicia no es el de Internet y la viralidad, lo cual es difícil de entender para las víctimas”.

En cuanto al tema de la “dignidad humana”, principio jurídico consagrado desde la famosa sentencia del Consejo de Estado francés de 1995 a favor de dos municipios que prohibieron lanzar enanos, es difícil saber si los representantes del Estado podrían y deberían haberlo invocado en este caso. Preguntada sobre este punto y sobre las medidas que ha podido adoptar desde enero y nuestras revelaciones, la prefectura de Alpes Marítimos no nos ha respondido.

En cuanto a la responsabilidad de quienes miran esos canales, agita directamente las aguas de la comunidad, hasta ahora muy unida, en torno al canal creado por Naruto y Safine. Una comunidad que hasta ahora había atacado, a veces violentamente, a los detractores. Así, unas semanas antes de la publicación de nuestra investigación en 2024, algunos fans del canal, informados de la inminente publicación del artículo, habían bombardeado con mensajes y amenazado a la redacción de Mediapart. Tras su publicación, nuestra investigación fue analizada, ridiculizada y cuestionada en múltiples ocasiones y, hasta hace poco, se convirtió en parte integrante del livestream y de los diferentes canales de debate sobre el tema.

El martes, en el foro Discord de los espectadores del canal Jean Pormanove, los espectadores se estuvieron moviendo durante todo el día entre mensajes de condolencia y la responsabilidad de los demás miembros del colectivo, así como sobre la suya propia. A título individual, algunos intentan hacer enmienda... y exculparse.

Sylvain (nombre ficticio), espectador que vive en el norte de Francia, conoció a Jean Pormanove en 2019, primero en YouTube, lo siguió en Twitch y luego en Kick. “Entonces lo veía menos, pero cuando empezaron los últimos retos, los coto-challenges [coto por Cotorep, institución de inserción de personas con discapacidad, ndr], me gustaba verlo, no para hacer donaciones, sino porque me entretenía”. Hasta el punto de pasar últimamente dos o tres horas al día, hasta su muerte y el cierre repentino del canal. “Dejamos que las cosas fueran demasiado lejos y me siento culpable por haber asistido a eso”, asegura el joven.

Otro, que se define como un “espectador en la sombra”, insiste a Mediapart en que quería a JP casi como a “un hermano” y habría querido “atravesar la pantalla para sacarlo de allí”, consciente del “control y la manipulación” que se ejercía sobre el hombre de 46 años. Pero se quedó al otro lado de su ordenador, esperando con avidez esos momentos en los que Raphaël Graven, alias JP, se rebelaba, “perdía los estribos”: “Ahí es donde me parecía más divertido”.

Traducción de Miguel López

La Policía Nacional ha bloqueado seis páginas web dedicadas a la difusión ilícita y comercialización de videojuegos y contenido audiovisual como series, películas y partidos de fútbol dirigidas desde Cartagena (Murcia), en una operación en la que han sido detenidas tres personas que blanqueaban en criptomonedas los beneficios de estas suscripciones ilegales.

Según informa este lunes la Dirección General de la Policía Nacional y ha recogido EFE, los arrestos se han practicado en Coria del Río (Sevilla), Móstoles (Madrid) y Cartagena (Murcia), donde residía el principal investigado que dirigía las webs y donde se han intervenido 72.000 euros, criptoactivos y multitud de equipos informáticos de alto rendimiento.

La investigación se inició en 2022 tras recibirse sendas denuncias de dos entidades del sector audiovisual y de entretenimiento, en las que se informaba de una serie de webs que podrían estar comercializando ilícitamente contenido videográfico que podría vulnerar derechos de propiedad intelectual.

Las indagaciones de los agentes permitieron comprobar la existencia de seis páginas web, dirigidas dese la ciudad murciana de Cartagena, que proporcionaban suscripciones de IPTV (películas, series y fútbol), así como videojuegos a más de 16.000 usuarios que abonaban diferentes tarifas por el servicio ilícito.

La investigación informática y bancaria permitió constatar que el líder de la red, dirigida por una persona desde Cartagena, contaba con un socio en Coria del Río y una ayudante en la localidad madrileña de Móstoles, consiguiendo el entramado ingresar más de 1.100.000 euros de beneficio.

La actividad criminal contra la propiedad intelectual permitía financiar y operar una “granja” de criptomonedas, es decir, un sistema de creación de criptoactivos. Esta actividad les permitía ingresar adicionalmente 6.000 euros mensuales y, al mismo tiempo, blanquear de esta forma los beneficios obtenidos ilícitamente con las plataformas web.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido la penúltima jornada del juicio contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que las acusaciones piden penas de entre 22 y 27 años de prisión, si bien se abren a una reducción en los casos de Alejandro Míguez y Catherine Katy Silva, si son considerados solo cómplices, de 13 y 14 años y 6 meses respectivamente. Las defensas, por su parte, han modificado sus conclusiones previas, excepto en el caso de Catherine Katy Silva, que ha mantenido la libre absolución como objetivo, informa EFE.

El abogado de Diego Montaña lo ve autor de un homicidio por imprudencia grave en concurso son lesiones o, alternativamente, un homicidio; el de Yumba ve delito de lesiones, abierto a lesiones con homicidio imprudente o, incluso, a homicidio; en el caso de Alejandro Míguez insiste en la libre absolución, aunque admite la posibilidad de lesiones; y para Kaio Amaral Silva espera una única condena por apropiación indebida de móvil de Samuel con una multa y una indemnización para los padres de la víctima de 859 euros, el valor del teléfono.

La fiscal, Olga Serrano, los ha considerado a todos culpables del asesinato al acusarlos de realizar "actos esenciales para su fallecimiento" con un sinfín de golpes en la cabeza, el mantenimiento de la unidad del grupo y la "intención de matar". El abogado de la acusación popular, Mario Pozzo-Citro, que representa a la asociación por los derechos LGTB Alas A Coruña ha incidido en los insultos homófobos. "Lo que te gritan cuando te matan es importante, a Samuel le gritaron maricón", ha dicho al jurado. Por otro lado, la abogada de la acusación particular, Esther Martínez, que representa a la familia de Samuel Luiz, ha dicho que "no existe ningún tipo de duda razonable que ponga en entredicho que los cinco se han ido incorporando sucesivamente a la agresión a Samuel, todos contra uno, y sin posibilidad de defender".

"Diego Montaña -pide 25 años de cárcel por asesinato con homofobia-, el macho alfa, el líder al que todos siguen, el ejemplo de fuerza bruta y violencia", ha valorado la fiscal Serrano y ha recordado que, además, existe ADN suyo en la cara de Samuel Luiz, lo que para la Policía Nacional implica un prolongado y fuerte contacto. A Alejandro Freire, Yumba -se enfrenta a 22 años-. lo ha calificado como "el lugarteniente del líder", que derribó a la víctima al inicio de la agresión y luego organizó "una quedada para mantener un pacto de silencio" tras lo ocurrido.

Para terminar, calificó a "la dulce niña Catherine (Silva) -para ella reclama 25 años por asesinato con homofobia-, que mantiene una tóxica, posesiva y celotípica relación con el macho alfa, con quien comparte el gusto por la violencia y posa con katanas en sus ratos libres". También ha relatado qué dijo a Diego Montaña al principio de la agresión, cuando señaló a Samuel Luiz justo antes del inicio del ataque, y ve demostrado que empujó a la amiga de la víctima, a la que dijo "lárgate de aquí que no pintas nada". Silva, minutos después de finalizar la agresión, a su entonces pareja, le dijo "vámonos, que viene la Policía" y, a pesar de su supuesto enfado, "luego se quedaron en el parque Europa como tortolitos".

Respecto a Kaio Amaral Silva -se enfrenta a 27 años al sumar el robo del móvil de Samuel Luiz-, ha dicho que es "el que se creía el primero de la clase yendo a la Policía delatando a sus amigos y exculpándose él", cuando ocultó el robo del móvil e incluso mintió sobre su ropa tras haber vuelto al punto de la agresión para comprobar si había cámaras. Para la fiscal, es evidente que solo lo exculpó su entonces pareja, para la que iniciará un procedimiento por un supuesto delito de falso testimonio, y lo sitúa como "un partícipe activo en la muerte de Samuel", hasta el punto de ver en un vídeo que lanza una patada. "Esa patada impactó en Samuel. Era una agresión brutal y Kaio Amaral lanzó una patada. Luego entra y sale varias veces del tumulto", ha rematado.

Alejandro Míguez -para él pide 22 años- lo ha calificado como "el mentiroso" porque él mismo reconoció que había mentido en al menos tres ocasiones, "por miedo", luego no declaró en su cuarta oportunidad, y en este juicio, "a la quinta, que tiene derecho a mentir", ha dado otra versión. Olga Serrano ha recordado que estuvo en todo momento en el grupo agresor, que "el único que dice que separaba es él mismo" y que incluso "inicia la persecución" a Samuel en uno de los puntos, además dijo aquella noche a un amigo que "no pude hacer nada porque me paró un negro", lo que para la fiscal implica que es evidente que fue a pegar a Samuel Luiz.

Joaquim Bosch, todo un magistrado y jurista –exportavoz de la prestigiosa organización ‘Juezas y jueces para la Democracia’– y cientos de miles de espectadores desde sus casas asisten estupefactos al razonamiento de Juan del Val en la tertulia política de La Roca, la versión de Hacendado de la tertulia política de El Hormiguero en La Sexta: “El novio de Ayuso ha confesado unos delitos, lo cual no quiere decir que sea un delincuente confeso”.

La única sorpresa es que el ex crítico taurino no saliera a hombros de su mujer, Nuria Roca, con las orejas y el rabo de su compañero magistrado de tertulia, después de esta faena digna de salir por la puerta grande del plató de La Roca.

Aunque el verdadero final del programa no desmereció en nada a esta fantasía y acabó con Nuria Roca despidiéndose con el estribillo de Alejandro Sanz: “Ya me cansé de vivir improvisando para ti”. Toda una declaración de intenciones.

Propongo desde aquí para las próximas ediciones de premios televisivos crear una nueva categoría que sustituya a los ya superados programas de entretenimiento. La verdadera competencia sería dar un premio al "mejor programa de adoctrinamiento”.

Las declaraciones del maridísimo se volvieron virales en Twitter, donde muchos le comparaban con el meme del cuñado apoyado en la barra, pero yo creo que Del Val es un artista de lo suyo, un artista incomprendido, un artista conceptual, quizás uno de los más importantes de nuestro país; el más celebrado discípulo de René Magritte en España y su frase era un homenaje anticipado al centenario de una de las obras míticas del artista belga. 

Magritte creó en 1929 una de sus obras más celebradas e influyentes: La Trahison des Images (La traición de las imágenes). Una obra de arte que muestra una imagen realista de una pipa y debajo una inscripción en francés: ‘Ceci nést pas une pipe’ (Esto no es una pipa).

Esta obra, precursora del arte conceptual, cuestiona la relación entre un objeto y su representación. Nos hace reflexionar sobre la manera en la que percibimos y entendemos las imágenes. Magritte ya nos enseñó con su arte que negar con palabras la realidad nos hace cuestionarnos dicha definición.

Del Val, a partir de ahora el Magritte castizo, nuestro Magro, da una vuelta de tuerca más y adapta esta obra a los nuevos tiempos, al siglo XXI. Está poniendo de manifiesto el abismo insalvable que separa la realidad de una tertulia política. 

Nos está haciendo evidente, mediante esta declaración que en el fondo es una obra de arte surrealista, el abismo que separa la realidad de una tertulia política televisada, el hábitat perfecto del cuñadismo iletrado.

Nuestro Magro no está negando lo evidente, va mucho más allá, nos dice claramente que toda frase que se dice en una tertulia política, especialmente si es televisada, se halla definitivamente separada de la realidad.

Es más, en su frase –su obra magna– niega que en una tertulia política exista incluso la realidad misma. Nos está explicitando, con esta obra de arte, que un tertuliano puede en la misma frase decir una cosa y la contraria sin afectar a la realidad misma. Son mundos completamente distintos. Nuestro Magro ha roto por fin la cuarta pared, es Truman descubriendo que vivimos en una simulación televisada.

El novio de Ayuso no es un delincuente confeso porque lo haya confesado su propio abogado: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.

El novio de Ayuso, con el que la Agencia Tributaria se reunió en 17 ocasiones antes de denunciarle por fraude fiscal, no es un delincuente fiscal. Todo lo que rodea al novio de Ayuso es una performance artística, si no, ¿cómo se explica que intentara deducirse ante Hacienda la compra de hilo dental, un Rolex de 8.000 euros, desodorante, pelotas de pádel, la reparación de un Porsche Panamera, los coches de alquiler en sus vacaciones o un saxofón? 

Estamos hablando de otra obra de arte del surrealismo. En sus obras de arte, Juan del Val, nuestro Magro, cuestiona cada uno de nuestros valores, cambia nuestra percepción de la realidad y utiliza su tribuna televisada ante cientos de miles de espectadores para hacernos replantearnos lo que es real y lo que no, poniendo interrogantes a nuestra realidad.

Un ARTISTA con mayúsculas. Por fin un programa de televisión en abierto apuesta por el arte contemporáneo y nos regala una obra de arte digna de convertirse en una videoinstalación en el Museo Reina Sofía o en el próximo premio Princesa de Asturias de las Artes.

"Ceci n´est pas un délinquant”. Declaraciones sobre programa, Juan del Val.

La criminalidad aumentó en el primer semestre del año un 3%, un alza impulsada por el incremento de los ciberdelitos, que suben un 9,2%, los homicidios y asesinatos, que crecen un 8,3% y las violaciones, que también suben un 6,9%. Así se desprende del balance de criminalidad publicado este lunes por el Ministerio del Interior, que señala que entre enero y junio se contabilizaron 1.224.084 infracciones penales frente a las 1.188.886 que se registraron en el primer semestre de 2023. Del total, un 80% fueron delitos convencionales y un 19,4% cometidos en el ámbito virtual, que aumentan un 9,2% respecto al primer semestre del pasado año.

En cuanto a la criminalidad convencional, el informe constata que los delitos de asesinato y homicidio consumados son lo que más aumentan -un 8,3%- al pasar de 180 perpetrados en el primer semestre de 2023 a los 195 cometidos en este año, lo que supone que cada mes de este periodo se cometieron una media de 32 homicidios.

También incrementan un 8,6% los delitos de lesiones y riña tumultuaria. Por detrás de estas subidas, también experimentan un alza en este semestre los delitos contra la libertad sexual, en concreto, suben un 4,8%, y, de ellos, son las denuncias de violación las que en esta más crecen, un 6,9%.

Las fuerzas de seguridad-Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales- han tramitado en estos seis primeros meses 2.465 denuncias de violación frente a las 2.305 del pasado año.

Interior insiste en que este incremento está relacionado con las políticas activas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos, que se traducen en una mayor disposición de las víctimas a acudir a los cuerpos policiales.

También aumentan un 3,5% los delitos de tráfico de drogas. De 10.639 hechos registrados en los primeros seis meses de 2023, a 11.009 en 2024, un incremento que en este caso el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska atribuye a la actuación policial.

Frente a estos incrementos, los delitos contra el patrimonio, que representan el 43,2% de la criminalidad convencional, han disminuido en conjunto un 1,3%.

Así, descienden los robos con violencia o intimidación (30.980) en un 0,1%; los robos con fuerza en domicilio, establecimientos y otras instalaciones un 3,7% y los hurtos un 1,1%. Solo aumentan en estas tipologías las sustracciones de vehículos (16.272 hechos frente a 15.869 en 2023), lo que supone un incremento del 2,5%.

Respecto a la cibercriminalidad (237.640 infracciones penales, el 19,4% del total) y que presenta un incremento del 9,2% sobre 2023, son las estafas informáticas (211.294) las que lideran este tipo de infracciones, con un incremento del 8% y que suponen el 17,3% de toda la delincuencia registrada de enero a junio.

El informe explica que en 2023 las estafas informáticas denunciadas ascendieron a 427.448. Siete años antes, en 2016, fueron 70.178 las registradas, por lo que en apenas ocho años, este tipo de estafas han crecido un 509,1%.

En todas las comunidades salvo en La Rioja -única región con descenso del 3,7%-, han aumentado los delitos cometidos en este primer semestre, especialmente en Aragón, con un alza del 8,2%, por delante de Canarias (7,5%) y Asturias (7,4%).

El siguiente cuadro recoge las infracciones penales registradas en entre enero y junio de 2023 y 2024, así como la variación entre ambos periodos:

El lunes 15 de abril de este año, Abdelkrim S., alias Krimo, subió en Marsella a un TGV, el tren alta velocidad francés, que le iba a llevar a Alemania. Su destino final era Múnich. El narcotraficante francés, encarcelado durante 10 años por su implicación en un doble asesinato en Marsella, no tiene ni idea de que todos sus movimientos están siendo grabados por agentes de los servicios de inteligencia alemanes. De que le observan cogiendo un taxi desde su hotel de Múnich el martes por la mañana hasta un barrio al este del río Isar. Allí, Abdelkrim resulta estar especialmente interesado en una calle donde viven algunos destacados residentes judíos que mantienen estrechos vínculos con Israel.

Krimo graba con detalle sus casas, y el acceso a ellas, con su smartphone. “Abdelkrim tenía constantemente su teléfono en la mano”, se lee en uno de los documentos de los servicios de inteligencia europeos e israelíes obtenidos por Mediapart y compartidos con la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre. Las fotos del informe muestran a Abdelkrim –barba negra, pelo rapado y una pequeña coleta negra– caminando por la calle con un teléfono móvil en la mano.

Dos semanas después, Abdelkrim S. y su esposa Sabrina son detenidos en Francia. Se les acusa de pertenecer a una organización terrorista.

Es más, los fiscales franceses creen que Abdelkrim, ayudado por su mujer, actuaba a las órdenes de Irán. Sospechan que ambos formaban parte de una célula terrorista de delincuentes comunes que preparaban asesinatos contra ciudadanos israelíes o miembros de la comunidad judía en Alemania y Francia. En un informe enviado a la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) francesa a principios de mayo, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), el principal servicio de inteligencia galo, explicaba que “la utilización de proxies [personas reclutadas por un servicio de inteligencia para llevar a cabo misiones que no desea ejecutar directamente] procedentes de la delincuencia organizada con fines operativos en suelo europeo es característica del terrorismo de Estado iraní”, con el objetivo de “golpear objetivos civiles y aumentar el sentimiento de inseguridad en el seno de la oposición y de la comunidad judía y/o israelí”.

Abdelkrim no llegó a atentar en Múnich, ni en Berlín, adonde también viajó, ni en París, donde los empleados de una empresa de seguridad israelí –que figuraba entre sus objetivos, según los documentos confidenciales a los que ha tenido acceso EIC– fueron alertados a tiempo.

Pero algunos de sus planes sí fueron ejecutados con éxito. Abdelkrim es sospechoso de estar detrás de cuatro ataques incendiarios contra empresas de propiedad israelí en el sur de Francia. El 28 de diciembre del año pasado, el incendio de una empresa de depuración de agua en Châteaurenard, tres días más tarde el de una empresa de lavado de camiones en Perpiñán, el 2 de enero un tercero en una empresa de regadíos en Toulouse y un día después otro más en una firma de software de Oytier-Saint-Oblas. No hubo víctimas en ninguno de los cuatro siniestros, pero los daños fueron cuantiosos.

Abdelkrim recibió órdenes de otro delincuente francés, Sedat K., actualmente en prisión preventiva. Ambos se conocieron en la cárcel de Bourg-en-Bresse, cerca de Lyon, donde habían coincidido en 2021. Krimo declaró a la fiscalía francesa que recibió 1.000 euros por las misiones de reconocimiento en Alemania. Según dijo, un amigo de Lyon que estaba con él en la cárcel le contó que había invertido en una empresa alemana y que le habían estafado: “Me pidió que fuera a hacer fotos y vídeos del lugar. No tenía que acercarme a la gente, nada. Sólo hacer fotos”. Las autoridades francesas sostienen que la célula terrorista iraní estaba dirigida por un narcotraficante de Lyon, Ümit Bülbül, que viaja con un pasaporte turco expedido bajo una identidad falsa. De origen kurdo, utilizaba tres números de teléfono iraníes y un número 06 holandés –un móvil–, según consta en los documentos analizados por EIC.

La revista alemana Focus publicó a finales de abril que las autoridades holandesas ya habían sido advertidas por el servicio secreto israelí Mossad sobre la amenaza de una célula iraní. Y fue ese artículo lo que llevó a las autoridades francesas a detener inmediatamente a Abdelkrim S., que era mencionado por Focus. Temían que huyera. Preguntado al respecto por NRC Handelsblad, también socio de EIC; el servicio de inteligencia holandés AIVD se limita a responer que no hace declaraciones sobre “el intercambio de inteligencia con otros servicios”. Tampoco ha querido comentar nada sobre el número 06 holandés supuestamente utilizado por Ümit Bülbül.

Sin embargo, la relación entre las redes criminales de los Países Bajos y el terrorismo iraní en Francia no es precisamente una novedad. Así lo demostró el atentado contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal-Quadras en Madrid el pasado 9 de noviembre. Un motorista le disparó a quemarropa en la cara mientras caminaba por la calle de Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca. El político sobrevivió al ataque y, ya en la ambulancia, señaló a Irán como responsable. Precisamente con dinero de la oposición al régimen de los ayatolás, Vidal-Quadras cofundó Vox en 2013. Profesor de Física nuclear, ha impartido conferencias sobre la amenaza nuclear iraní y es miembro del lobby Amigos Europeos de Israel. Lleva décadas encabezando grupos de apoyo a los opositores iraníes.

“El 26 de octubre de 2022 el régimen iraní publicó una lista negra. Yo era el número uno, junto con varios diputados del Parlamento Europeo”, aseguró Vidal-Quadras en la primera rueda de prensa que dio tras el ataque, tres meses después. Su abogada, Carmen Ladrón de Guevara, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, asegura a infoLibre que la investigación policial sobre el atentado “avanza”. “Aún quedan detenciones por hacer y hay varias comisiones rogatorias [enviadas a otros países] pendientes”, explica. En manos del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, el sumario se encuentra aún bajo secreto judicial.

En efecto, la investigación ha dado resultados con gran rapidez. Hasta el momento siete son los detenidos por el ataque a Vidal-Quadras, el último hace sólo tres días. Los primeros, apenas dos semanas después del disparo en la calle.

Y todos ellos han ido apuntalando la conexión del atentado con Teherán. La penúltima detención fue el pasado junio en Haarlem, cerca de Amsterdam. El refugiado y activista iraní Siamak Tahmasbi vivía allí entonces. Ante sus decenas de miles de seguidores en las redes sociales, Tahmasbi critica ferozmente al régimen iraní. Uno de sus últimos vídeos de Instagram muestra el cuerpo mutilado de un hombre, al parecer miembro de una minoría étnica, que, según los activistas, fue torturado hasta la muerte por la policía iraní. “Son unos bárbaros”, dice Tahmasbi del actual régimen en Teherán. Ahora se encuentra bajo protección policial, viajando de refugio en refugio.

Pero, por teléfono, se muestra dispuesto a explicar cómo apenas ha pegado ojo en las últimas semanas, temiendo un atentado contra su vida. “Sabía que iban a enviar a alguien. Ya habían detenido a mi primo en Irán. A través de él supe después que tenía que dejar mi activismo o me matarían. También me llegaron muchas amenazas a través de las redes sociales”, detalla Tahmasbi. No obstante, cree que la cobertura mediática de su caso, y de las amenazas de Irán en general, podrían aumentar su seguridad.

El jueves 2 de mayo alguien entró por primera vez en su piso de Haarlem. “A través de una cámara, vi en mi teléfono cómo un hombre saltaba al balcón y abría la puerta de mi piso. Yo no estaba en casa y llamé inmediatamente a la policía. Cuando llegó un helicóptero de la policía, el ladrón se marchó”, cuenta Tahmasbi.

“Después de eso, me quedé mirando las grabaciones del circuito cerrado de televisión todas las noches para ver si había alguien en la puerta. Cuando por fin aparecieron dos hombres el 6 de junio, pulsé inmediatamente el botón de alarma”, recuerda. En cuestión de minutos, la policía que se encontraba cerca de su residencia detuvo a dos hombres armados. Uno era un colombiano de 27 años. Según Tahmasbi, se trataba del mismo hombre que irrumpió en su casa el 2 de mayo. Un portavoz de la fiscalía no ha querido confirmarlo en interés de la investigación.

El otro detenido era Mehrez Ayari, un tunecino de 38 años a quien los agentes consideran el autor del disparo que a punto estuvo de costarle la vida a Alejo Vidal-Quadras. La policía francesa llevaba tiempo buscándolo por el asesinato, por encargo de la Mocro Maffia –la organización criminal integrada por marroquíes de segunda generación en los Países Bajos y Bélgica– de un narcotraficante de cannabis en agosto de 2022 en el departamento de Valle del Oise, cerca de París.

El hermano de Mehrez ha sido el último detenido hasta el momento, el pasado día 2. La policía francesa lo arrestó en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega emitida por España. Se considera que participó directamente en la “planificación y logística del atentado”.

Por el intento de asalto en Haarlem también fue detenida también Chahinez K, una mujer de 27 años de Bolduque, la capital de la provincia holandesa de Brabante. En realidad, Chahinez K. ya había sido arrestada en abril por su implicación en el atentado contra Vidal-Quadras en virtud de otra orden internacional emitida por las autoridades españolas.

NRC Handelsblad sólo ha encontrado una página de Facebook anónima de Chahinez K., con una bandera palestina y el texto Estoy con Palestina en la foto de perfil. Según las explicaciones que las autoridades españolas han dado a las holandesas para pedir su extradición, Chahinez K. tomó un vuelo al sur de España para reunirse con su exnovio Sami Bekal Bounouare, alias Pacho, unas semanas antes del ataque a Vidal-Quadras. También lo acompañó luego a Madrid, informa Efe.

Este español de origen marroquí, que vivió mucho tiempo en Rotterdam, es considerado el cerebro del atentado contra el político español. Según publicó El País, abandonó España el día antes del intento de asesinato de Vidal-Quadras, pero había cruzado mensajes con Naraya Gómez Mala, otro de los implicados, converso al islam chií y detenido en Lanjarón (Granada) en noviembre junto con su novia, Sasha B., una ciudadana británica. Tanto Mehrez Ayari como Sami Bekal Bounouare y Chahinez K. se reunieron en Lanjarón para preparar allí el atentado. La policía española sigue buscando a Sami Bekal, que pudo huir a Marruecos.

Ante el tribunal de Ámsterdam, Chahinez K., a la que se acusa de “financiar” el atentado, declaró a finales de junio que había sido utilizada por su expareja. “No pertenezco al grupo de personas que realizan actos tan inhumanos y horribles. Y esa parte económica [prestó 250 euros a su ex y 250 más salieron de su cuenta bancaria a la de otro de los cómplices], si hubiera sabido cuál era su finalidad, nunca lo habría hecho”, declaró ante el juez. Cuando concluya la investigación en los Países Bajos sobre el intento de asalto a Siamak Tahmasbi en Haarlem, Chahinez K. será entregada a España. El tribunal de Ámsterdam también ha aprobado la extradición del resto de los sospechosos del caso detenidos en los Países Bajos.

Pero los objetivos de la célula terrorista eran mucho más amplios. Como se desprende de los documentos a los que ha tenido acceso EIC, la DGSI francesa informó a la Fiscalía Nacional Antiterrorista en abril sobre una “amenaza de origen iraní que afecta a intereses israelíes”. En realidad, la contrainteligencia gala llevaba varios meses en el caso, tras ser alertada por el Mossad. A preguntas de EIC, el servicio de inteligencia israelí no ha querido confirmalo ni desmentirlo. Se limitó a responder que “existe un diálogo y una cooperación permanentes entre los servicios de inteligencia para eliminar amenazas”.

El pasado noviembre, Roy [nombre supuesto, el real no se revela para proteger su seguridad], antiguo asesor de una empresa de seguridad de Tel Aviv residente en Francia, fue advertido por las autoridades francesas de que una célula terrorista dirigida desde Irán planeaba atentar contra él. La DGSI explica en una nota que “en vista de la amenaza que pesa sobre su vida”, Roy ha sido “invitado en varias ocasiones a abandonar el territorio francés”, en noviembre y diciembre de 2023 y en abril de 2024. Su familia y él mismo han abandonado su domicilio en París y buscado alojamiento de alquiler en la capital francesa. Tres antiguos compañeros suyos de trabajo también estaban en el punto de mira de Teherán, según la DGSI.

El motivo del interés iraní en Roy no está claro: quizá porque trabajó durante 10 años para la embajada israelí en Francia, o porque se encargó de la seguridad de la línea aérea El Al en el aeropuerto de París, o por sus dos años de trabajo en la empresa privada de seguridad. Preguntado al respecto por Shomrim, socio israelí de EIC, el fundador y jefe de esa firma, además antiguo miembro del Shin Beth, el servicio de inteligencia interior de Israel, jura que no tenía “ni idea” de las amenazas que pesan sobre sus empleados. Y ningún funcionario francés le advirtió sobre ellas.

Los servicios de inteligencia franceses creen que, debido a “las medidas adoptadas para proteger a los objetivos” de este plan de asesinato, la célula terrorista pasó a otro tipo de acciones. A los cuatro incendios de empresas israelíes de finales de 2023. Cada uno de ellos se prendió en los días siguientes a las búsquedas de sus direcciones en internet que hizo Abdelkrim S. Pero el francoargelino no es más que un especialista en logística del crimen organizado. El jefe es Ümit Bübul. Los servicios de inteligencia europeos lo sitúan como el vínculo entre la delincuencia organizada y Al-Quds, la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica, al cargo de sus operaciones exteriores. EIC ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto com Bübul para preguntarle por estas acusaciones. Como persona de contacto entre el kurdo y el argelino los investigadores sitúan a Sedat K., el compañero de prisión de Abdelkrim y lugarteniente en las operaciones de tráfico de drogas de Bübul. Encarcelado en la prisión de Saint-Quentin-Fallavier, se le encontró un móvil entre cuyos contactos de Facebook Messenger apareció Ümit Bübul y Abdelkrim en los de Telegram. Pero no había mensajes entre ellos y Sedat K. no ha sido acusado.

Los documentos consultados por EIC también revelan que Abdelkrim no tiene precisamente el perfil de un asesino a sueldo. En la comisaría de Nimes, cuando fue detenido, sufrió un ataque de ansiedad y fue trasladado al hospital. “Soy claustrofóbico y tengo ataques de pánico cuando estoy encerrado. Los tengo desde que estuve en la cárcel”, explicó.

“¿Hezbolá? Eso es una enfermedad, ¿no?”, respondió a los policías cuando le preguntaron por la milicia chií libanesa. ¿Los ataques con drones de Irán contra Israel? “No sabía nada de eso. ¿Salió en la tele?”. También dijo que, cuando la policía le notificó los delitos de los que se le acusaba, se echó “a temblar”: “Me llaman ‘terrorista’. Es un gran problema. Es una palabra que da miedo”. Y, ante una pregunta inofensiva, el hombre acusado de planear asesinatos se preocupa: “No se lo dirá a mi mujer, ¿verdad?”.

En una sala contigua, su mujer, Sabrina, se entera por los investigadores de que el padre de sus hijos aprovechó un viaje a Berlín en febrero, supuestamente por San Valentín, para visitar el lugar de trabajo de una figura influyente de la comunidad judía. La embarazada enrojece de ira. “Si trajo a su familia para hacer esto, es repugnante. Fue un regalo envenenado. Me manipuló, sabía exactamente lo que hacía. Y yo le seguí la corriente como una idiota...”. Al mismo tiempo, le cuesta imaginar que su marido esté implicado en estos planes terroristas. “Abdelkrim nunca ha apoyado a Palestina, no le importa”.

Mediapart ha preguntado a una de las abogadas de Abdelkrim, Margaux van der Have, por las acusaciones contra su defendido. “Mi cliente se encuentra en un caso cuya gravedad va descubriendo a medida que se le presentan los elementos de la investigación”. “La falta de identificación y/o detención de los autores intelectuales o asesinos de la célula terrorista descrita por la Fiscalía Nacional Antiterrorista obliga a mi cliente a ponerse un traje demasiado grande para su papel y los objetivos criminales presuntamente establecidos”, insiste su abogada.

Por su parte, Camilla Quendolo y Melody Blanc, abogadas de Sabrina, señalan que su cliente “ha negado constante y firmemente haber participado en modo alguno en los actos que se le imputan, ni tener conocimiento de ellos”. La mujer “es desconocida para las autoridades policiales y judiciales, y no ha sido radicalizada”, subrayan.

El uso de delincuentes comunes para atacar objetivos en Europa no es una práctica iraní reciente. “Hasta los años 90, eran comandos de la Guardia Revolucionaria los que atentaban contra opositores al régimen, pero desde el asesinato de cuatro disidentes kurdos en el restaurante Mikonos en Berlín, en 1992, utilizan sicarios contratados”, asegura a infoLibre Alejo Vidal-Quadras. Cuatro años después, el Tribunal Supremo alemán ordenó la captura de Alí Fallahian, ministro encargado de los servicios secretos de Irán, por su presunta implicación en el ataque. La justicia alemana, por tanto, apuntaba directamente al Gobierno de Teherán.

Desde entonces, se han sucedido los encargos iraníes al crimen organizado europeo. En diciembre de 2015, Mohamed Reza Kolahi Samadi fue asesinado en la localidad holandesa de Almere. Más tarde se supo que había sido condenado a muerte en Irán por un atentado perpetrado en Teherán en 1981 en el que murieron decenas de altos cargos del Partido de la República Islámica. El jefe de la Mocro Maffia Naoual F. fue condenado a 23 años de prisión en 2022 por el asesinato.

Cuando otro opositor al régimen iraní fue asesinado en La Haya en 2017, los servicios de inteligencia holandeses tardaron dos años en identificar a Irán como responsable. El servicio de inteligencia dijo entonces que tenía “fuertes indicios” de que Irán estaba detrás de esos crímenes. El entonces jefe de la AIVD y actual primer ministro, Dick Schoof, fue más categórico. En 2019 hablaba sin ambages de “la implicación de Irán en los asesinatos”.

El pasado diciembre, un tribunal alemán dictaminó que Irán estaba detrás de un plan para atacar una sinagoga en Alemania. La orden procedía supuestamente de Ramin Yektaparast, un criminal germano-iraní, miembro de los Ángeles del Infierno de Mönchengladbach, que se había refugiado en Teherán tras ser acusado de un brutal asesinato en una pugna entre bandas. En Irán, según Der Spiegel, llevó una vida de lujo hasta su muerte esta pasada primavera. Posaba en internet delante de un Mercedes clase G y presumía de músculos en la piscina, con un tatuaje de un mapa de Irán en el pecho y otro de una esvástica en el brazo. A cambio de tanta hospitalidad, Yektaparast, organizó un ataque con cócteles molotov contra una escuela de Bochum, en el land de Renania del Norte-Westfalia, en noviembre de 2022. El objetivo, en realidad, parece que era la sinagoga de al lado. Esa misma noche alguien disparó contra la casa de un rabino en Essen, a sólo 16 kilómetros de Bochum.

En Suecia, los servicios de inteligencia locales acusaron a Irán el pasado mes de mayo de utilizar redes criminales locales para atentar contra objetivos judíos e israelíes. En enero alguien había lanzado una granada de mano contra la Embajada israelí en Estocolmo. En mayo también hubo disparos cerca de la legacion diplomática.

Según los expertos, Irán ha intensificado estas tácticas tras la condena en 2021 del diplomático iraní Assadollah Assadi en Amberes (Bélgica). Assadi trabajaba en la Embajada iraní en Viena. En 2018, fue sorprendido entregando una bolsa de explosivos a una pareja belga de origen iraní en un Pizza Hut de Luxemburgo. El objetivo era una reunión de decenas de miles de partidarios de la oposición iraní en París en 2018. Assadi fue condenado a 20 años de prisión, pero en 2023 fue canjeado por el trabajador de una ONG belga Olivier Vandecasteele, que había sido detenido en Irán en 2022 por un supuesto delito de espionaje que le valió una condena de 40 años de prisión y 74 latigazos.

“Las acusaciones de que Irán está implicado en orquestar o apoyar cualquier ataque en los Países Bajos o en cualquier otro lugar de Europa son totalmente infundadas y absurdas”, ha contestado la Embajada de Irán en Países Bajos a preguntas de NRC Handelsblad. Según destacan, las afirmaciones que se hacen contra Irán “no son más que parte de una campaña deliberada de desinformación destinada a socavar las relaciones entre Irán y las naciones europeas”.

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Ilustración: ©Photo montage Justine Vernier/Mediapart

Desde que tuvimos noticia a primera hora del domingo del asesinato a puñaladas de un niño en Mocejón (Toledo), la ultraderecha española ha protagonizado sus horas más atroces. Su comportamiento sólo se puede calificar como políticamente oportunista, socialmente irresponsable, humanamente miserable y moralmente inaceptable. Desde el primer minuto decidieron rentabilizar el crimen de forma carroñera asociándolo falsamente a la inmigración.

El juez decidió decretar el secreto de sumario, algo habitual para facilitar la investigación: cuanto menos sepa el individuo fugado qué se conoce sobre él, más posibilidades tienen los cuerpos policiales de atraparle. Esto valió para alentar la conspiranoia del “algo nos ocultan”, también para empezar a cuestionar la actuación de la Guardia Civil. En la tarde del lunes el autor fue detenido. Se trataba de un joven de 20 años vinculado a la propia localidad que, según las informaciones en la mañana del martes, ha alegado problemas psiquiátricos.

Un joven de nacionalidad española, nacido en España, de origen europeo. ¿Importan estos datos a la hora de informar sobre un asesinato? Dejemos algo claro antes de continuar: el racismo consiste en atribuir características negativas a todo un grupo humano por su país de origen, su religión o su color de piel, es decir, deducir que cuando una persona comete un delito la culpa es atribuible a su origen, no a su responsabilidad individual. Por eso el periodismo dejó de informar sobre la identidad racial del delincuente.

¿Dejar de hacerlo ha dado pábulo a la conspiranoia?¿No informar sobre si el delincuente es extranjero ha dejado el camino libre a las cábalas de los incendiarios digitales?¿Volver a hacerlo les pondría el camino más fácil? Este es un debate que la profesión debería volver a tener puesto que el contexto ha cambiado radicalmente desde principios del siglo. La respuesta no es sencilla.

Lo que sí está claro es que aunque nada se sabía del autor del apuñalamiento, centenares de cuentas ultras, entre ellas las de sus principales agitadores, se lanzaron a afirmar sin pruebas que el asesino era de origen magrebí o bien a vincular lo sucedido con inmigrantes alojados en Mocejón. A la ultraderecha no le importaba lo más mínimo la víctima ni su familia, tampoco la verdad o la seguridad en nuestro país. A la ultraderecha lo único que le importaba era sacar rédito al cuerpo de un crío.

A primera hora del sábado, en Otero, un pueblo de la misma provincia, un hombre asesinó a tiros a una chica de 17 años e hirió de gravedad a su madre, con quien mantenía una relación sentimental. La policía, que investiga el delito como un crimen machista, consiguió detener al hombre a las pocas horas. Sobre este suceso los ultras permanecieron callados, algo que debería dejarnos claro que la sangre sólo les vale si puede alimentar su máquina de rencor y mentiras.

El eurodiputado Alvise Pérez, líder de SALF, escribió a las 14:59 del domingo: “4 apuñalamientos en Cataluña, el asesinato de un niño de 10 años a puñaladas en Toledo, nuevos cayucos en Tenerife… ¿Habéis normalizado ya que os violen, asesinen y roben, o seguís siendo nazis?” Pasadas las seis de la tarde escribía, atribuyendo sus invenciones a los vecinos de Mocejón: “El pasado lunes 5 de Agosto llegaron al pueblo 50 africanos en un autobús que los dejó en el Hotel Pattaya. Somos menos de 5.000 personas y vivíamos tranquilos. Ahora hay violaciones, robos y el asesinato de este niño de 10 años”.

Los tuits de Pérez se difundieron ampliamente, igual que otro escrito por Unai Cano, un presunto periodista de La Gaceta, donde decía que “hace diez años, estas noticias hubiesen parado el país, ahora se empiezan a normalizar. Camino de un Estado fallido”. En el canal de Telegram de Pérez, sus seguidores captaron rápidamente el mensaje, hablando de deportaciones masivas, salir de cacería o incendiar mezquitas.

Cuentas de simpatizantes de Vox publicaron montajes donde se aludía a la regularización especial de inmigrantes que el Congreso aprobó a mediados de junio. Xavier García Albiol, alcalde de Badalona del PP, escribió un interesado tuit donde afirmaba haber visto en un ferry a varios jóvenes marroquíes camino de la península, “lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia antes que después” remató.

Una vez que se quebranta la ética, se pisotea la verdad y comienza la rapiña, caen hasta las normas más elementales. El portavoz de la familia, primo de la víctima, fue acosado tras pedir que no se criminalizara a nadie por “por la etnia, por la raza, por el color, por su creencia”. Incluso se llegaron a publicar fotos suyas con niños africanos, como si eso fuera algún tipo de prueba de cargo.

La ultraderecha ha utilizado desde siempre la inmigración como uno de sus principales ejes ideológicos. Hace unas décadas, sin demasiado éxito, afirmaba que los extranjeros quitaban el trabajo a los españoles, para años después pasar a vincular el fenómeno migratorio a la delincuencia. La diferencia es que hoy cuentan con una enorme potencia de difusión de su mensaje a través de lo digital.

Desde hace unos meses los ultras han recrudecido su campaña en torno a la inseguridad. Sus intoxicadores digitales publican sin descanso vídeos de robos, agresiones o cualquier situación violenta y chocante para atribuir su protagonismo a inmigrantes, especialmente menores magrebíes, sea o no cierta. La orgía de odio es tan intensa como continua.

Los tiempos políticos importan en esta historia. La intensificación del mensaje ultra sobre la inseguridad ha sucedido tras la aprobación de la ley de amnistía, también tras las elecciones europeas, es decir, cuando la legislatura tiene posibilidades de ser larga tras fracasar los intentos mediáticos y judiciales por hacer descarrilar al Gobierno surgido de las urnas hace un año.

Los ultras necesitan acrecentar la sensación de inseguridad para crear un clima de miedo y caos, de manera muy similar a lo que ha sucedido en Reino Unido este pasado julio, cuando tras el asesinato de tres niñas se desató una ola de disturbios. El primer ministro Keir Starmer afirmó que "esto no son protestas. Es matonismo organizado y violento, y no tiene cabida en nuestras calles ni en internet". Si en los últimos otoños la extrema derecha española intentó instrumentalizar a camioneros y agricultores para incendiar las calles, esta vez el epígrafe elegido es la inseguridad vinculada a la inmigración.

La red social X, antes conocida como Twitter, fue una de las principales herramientas utilizadas por la extrema derecha británica para difundir las mentiras racistas que precedieron a los disturbios. En España sucede lo mismo. Su dueño, Elon Musk, tomó posición sin ningún pudor al escribir que una guerra civil en Reino Unido era inevitable. Lo inevitable, sin duda, es que la agenda ultra consiga notoriedad cuando la red de Musk promociona mensajes de odio y desinformación constante mediante su algoritmo.

La situación es preocupante y debería ser tratada como un asunto prioritario a nivel europeo. Se está permitiendo sin mayor responsabilidad que una empresa de comunicación fomente campañas cuyo objetivo es la subversión del sistema democrático. Para los ultras, la migración o la seguridad no son asuntos de la agenda pública, sino maneras de crear conflicto para poder imponer un programa autoritario. Resulta paradójico que las autoridades de la UE tomen medidas frente a la amenaza de desestabilización rusa, pero sean incapaces de actuar contra quien anticipa una guerra civil.

Toda la manipulación que la extrema derecha realiza sobre la inseguridad nos puede llevar, sin embargo, a cometer un error grave. Que los ultras magnifiquen un problema no significa que ese problema sea inexistente. España es un país seguro, con respecto a lo que era hace unas décadas y en relación a los países de su entorno. Lo cuál no implica que sea igual de seguro en todas partes. Además, contradiciendo el lugar común, nuestro código penal es especialmente duro con los delitos más violentos.

La cuestión es que la izquierda no suele hablar sobre seguridad pública, dejando vía libre a las derechas para que acaparen el tema. La seguridad pública es un concepto eminentemente progresista, ya que marca que cualquier ciudadano, independientemente de su clase social, tiene derecho a llevar una vida tranquila que no se vea turbada por la delincuencia. Una relación confusa entre seguridad y conservadurismo provoca que la izquierda siempre actúe replegada en este tema.

Nos esperan meses difíciles. Tarde o temprano algún inmigrante cometerá un delito de gravedad. Será entonces cuando los ultras aprovechen para buscar su noche de los cristales rotos. En este artículo hay unas cuántas claves para evitarla. Se requiere, eso sí, decisión y firmeza. Por mucho menos, desde activistas a humoristas de izquierdas se sentaron en la Audiencia Nacional.

España es un país seguro, según los datos, pero las empresas relacionadas con la seguridad se han empeñado en convencernos de todo lo contrario. Ocupa el puesto 23 en el Índice de Paz Global, indicador con el que el Instituto para la Economía y la Paz (IEP por sus siglas en inglés) mide y compara la seguridad de 163 países. Tiene tasas de delito menores que otros países del entorno europeo como Francia, Alemania, o Suecia. Y, según el barómetro del pasado julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que existen en la actualidad únicamente para el 4% de los encuestados.

Los robos con fuerza en domicilios han sido en el primer trimestre del año 20.872, lo que supone un 3,4% menos que en el mismo periodo de 2023, según el Balance Trimestral de Criminalidad del Ministerio del Interior. Pero hay que tener en cuenta que el parque de vivienda de este país es de 26.902.443 pisos, a la luz de la última estimación llevada a cabo por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Entrecruzadas las cifras, la de robos no es desde luego una cifra desorbitada sino todo lo contrario. Y están en caída: tanto en el primer trimestre de 2022 como en el de 2023 se superaron las 21.000, mientras este ejercicio no se ha llegado a ese número.

Además, los casos de allanamiento o usurpación de inmuebles bajaron casi un 9% en 2023. Se anotaron 15.289 denuncias por parte de todos los cuerpos policiales, frente a las 16.765 de 2022. Cataluña, Andalucía, Comunitat Valenciana y Madrid se colocaron en la parte alta de la tabla comparativa por comunidades con 6.258, 2.331, 1.640 y 1.516, respectivamente, de acuerdo a la información reflejada en el portal Estadístico de Criminalidad de Interior. Este departamento no discrimina entre esos dos tipos penales que se vinculan a la okupación, el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia. Con todo, en la memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2022, se refleja que sólo el 0,16% de los delitos genéricos de okupación se refieren a delitos de allanamiento, así como que a lo largo de aquel ejercicio se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación y 96 por allanamiento.

De su lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabilizó 255 condenas por allanamiento en 2022, lo que son 25 menos que en 2021, y 72 menos que en 2017; frente a 4.067 por usurpación, 235 menos que en 2021 y 2.690 menos que cinco años atrás. 

El magistrado Joaquim Bosch explica que no todo es lo mismo: “El allanamiento afecta a la morada, es decir, a la primera vivienda y a la segunda residencia, siempre que se desarrollen actos de la vida personal; mientras la okupación se refiere a inmuebles vacíos”. Y ahonda: “Si en el primer caso se ataca a bienes jurídicos como el uso pacífico de tu vivienda, en el segundo se ataca sólo el derecho a la propiedad en el sentido del posible uso de un inmueble del que uno es titular. Son dos cosas diferentes y tienen penas y tratamientos jurídicos distintos. Mientras el allanamiento de morada es un delito que tiene pena de prisión hasta de dos años, la okupación de inmuebles vacíos es un delito leve y tiene pena de multa”, condensa.

Frente a la realidad numérica descrita hay otra: el 34% de los entrevistados para una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera la okupación un problema importante. Y el economista y profesor de Mondragon Unibertsitatea Julen Bollain ha hecho pública en sus redes otra comparativa significativa: según datos de la European Union Agency for Fundamental Rights, España está en el puesto 21 de la Unión Europea (UE) en robos en domicilio, sin embargo, es el segundo en el ranking por la preocupación en torno a ese asunto. 

¿Qué hay detrás del desajuste? Fuentes de sindicatos vinculados a la vivienda apuntan a “la lluvia fina de mensajes del tipo ‘tienes que proteger tu hogar de los okupas’ o es tal la inseguridad que puedes ‘salir a por el pan y quedarte sin casa’, que cala a través de los medios de comunicación por los anuncios sobre alarmas o seguros o informaciones de dudosa veracidad. La política de ventas y publicidad de las empresas, que a menudo son anunciantes de los medios que ofrecen continuamente reportajes de okupas, está enfocada en muchas ocasiones a generar miedo”, lamentan.

El propio Bollain traslada a infoLibre que “ha habido un descenso en los últimos años de las okupaciones, mientras las alarmas se incrementaban y las empresas batían récord de beneficios. Detrás hay un negocio que se alimenta de la política del miedo y de fijar un relato, que se ha instaurado en el imaginario colectivo, para que la gente se quede tranquila gracias a una alarma, cuando España es un país seguro”, defiende.

El parque de alarmas en España superó por primera vez los tres millones en 2023, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, que estima que el número de conexiones activas a centrales receptoras finalizó el ejercicio con alrededor de 3,1 millones, lo que supuso una elevación del 5,1% respecto al año anterior. En tres años se han acrecentado en 236.200 y el global de alarmas se distribuyó en torno a un 62% para clientes residenciales y un 38% para profesionales. La mayor parte se instalaron en Madrid y Cataluña, seguidas de Andalucía, País Vasco y Comunitat Valenciana.

A finales de 2022, las empresas autorizadas por el Ministerio del Interior y las administraciones autonómicas para operar en ese mercado de centrales receptoras de alarmas fueron 133, aunque, en diciembre de 2023, a tener de lo recogido por Informa, los cinco primeros operadores se hicieron con cerca del 85% del total. Entre las empresas grandes de este área de actividad se encuentran compañías como la filial española de la sueca Securitas Direct, que finalizó 2022 con ingresos de 725 millones, que se elevaron hasta los 800 en 2023, según fuentes del sector. O Movistar Prosegur Alarmas, que en el primer trimestre de 2024, ha engrosado su cartera de clientes, pasando de 454.000 a 505.000, lo que representa un alza del 11%.

Y hay otras empresas que se han sumado a este negocio en expansión, más allá de las que se dedican a los desalojos como Desokupa, del ultra Daniel Esteve: las aseguradoras. Marcas como Línea Directa, Mutua Madrileña, AXA o Caser ofrecen ahora seguros antiokupas. La primera cobra un cantidad fija de 10 euros al año, si se paga como cobertura extra a un seguro de hogar ya en vigor, o por 24, cuando se contrata de forma individual, por ejemplo. Fuentes del ámbito jurídico avisan de que “hay que tener cuidado con lo que ofertan. Si es barato, puede que no cubra todo lo que dicen y conviene leer la letra pequeña”.

La asociación de consumidores Asufin ha alertado de que la mayoría de las coberturas que ofrecen los seguros específicos para la okupación las proporcionan en general los de hogar, como las ligadas a vandalismo, robo, defensa de derechos de la vivienda… con lo que pueden ser redundantes; y de que, lo que ofrecen, es asesoramiento jurídico, "que no la reclamación judicial", que supone gastos de abogados, procurador y costas.

La asociación ha detectado, asimismo, otras "irregularidades" como la confusión sobre los conceptos allanamiento de morada, que “es un delito con muy poca incidencia”, y usurpación, que han visto en las condiciones generales de la contratación y la publicidad exhibida por productos de Línea Directa y Mutua Madrileña –la Dirección General de Consumo del ministerio del ramo no ha recibido hasta la fecha denuncias sobre este asunto–. “Puedes estar pagando 24 euros al año para que no te hagan algo que no te pueden hacer: nadie puede permanecer en tu vivienda habitual y privarte de ella”, señalan las fuentes judiciales sondeadas.

En ese sentido, el juez Joaquim Bosch es rotundo: “Es una leyenda urbana absolutamente falsa lo de que vas a comprar el pan y entran en tu casa. En más de 20 años como juez instructor no he tenido ni un sólo caso de ese tipo y en los foros judiciales, cuando estos temas generan polémica mediática o en las redes, todos los jueces se muestran perplejos”, reconoce. “Eso no ocurre en España –insiste–. Puede haber casos puntuales, pero que se resuelven inmediatamente, o sea que no te quedas sin casa, porque en el allanamiento de morada inmediatamente el juez de guardia ordena el desalojo y la detención de quienes han entrado. Eso lo puede hacer la Policía, si en el momento que entran los ve, pero si quieren curarse en salud, las fuerzas de seguridad saben que tienen que pedir el desalojo al juez de guardia y eso se debe resolver en unas horas”, indica.

El magistrado incide en la idea de que “no es lo mismo eso que un delito leve de usurpación, lo que popularmente se llama okupación de un inmueble vacío, que son propiedad en cerca de un 90% de los bancos, entidades privadas como fondos y en algunos casos de organismos públicos”. Relata que en su juzgado sí ha tenido que afrontar “bastantes casos de usurpaciones porque es un problema que existe, pero tampoco debe magnificarse. Los hay muchísimo más graves y que requieren de respuestas mucho más urgentes”. ¿Qué se hace en esos supuestos? “Se señala un juicio y, en función de la carga de trabajo del juzgado que sea, puede ser una cuestión de meses o incluso de años”, admite. Y apostilla: “Eso es lo que genera un malestar comprensible en los dueños de inmuebles vacíos, pero la mujer que no cobra la pensión del marido o quien ha sufrido una violación, también quieren que se resuelva todo en el acto. La Justicia tiene los medios que tiene y lo hace cuando puede”.

Con todo, insiste en que “los niveles de este delito son bajos y se han mantenido estables” en el tiempo, lo que “es comprensible, habiendo en España millones de inmuebles vacíos, ¿para que vas a entrar en uno habitado?”, se pregunta. A su juicio, “hay un interés en mezclarlo todo, incluso a quienes no pueden pagar el alquiler y se les llama inquiokupas, para generar alarmismo e inseguridad ciudadana, pero no es un problema nacional”, concluye.

En relación a esa espiral, el economista Julen Bollain plantea que “hay muchos intereses cruzados”. Alude a la órbita empresarial y económica, y también a la política. “Este discurso del miedo beneficia a las empresas de alarmas o de seguridad, y a la extrema derecha, con ese fascismo del siglo XXI del penúltimo contra el último que se está estableciendo”. Recurre a un recurso gráfico para hacer ver lo que quiere decir: “La imagen de una persona negra sin nada, un obrero con una galleta y un rico con diez, en la que este último le dice al obrero que el primero le va a quitar la galleta”. En su opinión, “el ver que puedes pisar o machacar a otro y que hay alguien que está peor que tú impulsa a algunos en la sociedad actual para querer seguir adelante y creciendo”.

Cree, asimismo, que “la extrema derecha usa muchas veces ese discurso para alimentar el relato racista que está marcando en toda Europa”, aunque en puntos como España “las tasas de migración estén por debajo de la media de muchos países de la UE y son necesarios”. “Es un relato interesado por parte de ciertos partidos que lo hacen muy bien, como el de las okupaciones, pero que no tiene reflejo en la realidad ni en los datos que ofrece el Gobierno de España”, finaliza.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llegado a aseverar: “Si me encuentro mi casa okupada a la vuelta de unas vacaciones, echo la puerta abajo”. Una frase espinosa que evoca a la selva, con su propia ley. 

Las ONG´s, empresas, administración pública y colegios profesionales podrán solicitar desde mañana directamente al Registro central de Delincuentes Sexuales, información sobre empleados que vayan a trabajar con menores de edad, una vez que entre en vigor la reforma aprobada por el Consejo de Ministros, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha recogido Europa Press.

Hasta ahora, el certificado negativo de antecedentes penales por delitos sexuales, requerimiento obligatorio para trabajar con niños y adolescentes, solo podía ser solicitado por el interesado. Esta posibilidad se extiende a partir de este jueves a los empleadores, aunque siempre con autorización del trabajador. En caso de que no exista dicha autorización, deberá ser el propio interesado quien se dirija al registro para solicitar el certificado.

La reforma incluye, asimismo, establecer mecanismos para "realizar la comprobación automatizada de la existencia de antecedentes por las administraciones, empresas u otras entidades", según recoge el decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Esta reforma se ha introducido al haber detectado el casos de delitos de índole sexual con fecha posterior a la petición del certificado y tiene como objetivo facilitar la información actualizada.

Asimismo, se suprime, en el nuevo decreto, la obligación de que el Registro Central de Penados y el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores remitan de forma automática sobre la cancelación de antecedentes penales. Esta comunicación ya no será necesaria al estar conectados los referidos registros y operan la cancelación de forma simultánea. Se procederá también a la equiparación del régimen de cancelación de antedentes penales de cualquier condena fuera de España.

Asimismo, el registro pasará a llamarse a partir de ahora Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos para incluir en él todas las personas condenadas por trata de seres humanos con independencia de la edad de la víctima. Asimismo, los menores que estén edad de trabajar -a partir de 16 años- podrán solicitar directamente el justificante que acredita que no tienen antecedentes penales por delitos sexuales, algo que hasta ahora solo podían efectuar sus padres o tutores.

Otra de las modificaciones hace alusión al régimen de certificación entre diferentes países de la Unión Europea para lo que se interconectará el registro de antecedentes penales europeo con el español, de tal manera que en un único acto se realiza tanto el trámite en España como en el país europeo que corresponda.

La declaración formal de que Ecuador vive un "conflicto armado interno", tal como decretó el martes el presidente Daniel Noboa, ha evidenciado hasta qué punto los grupos criminales han extendido su poder y su presencia, palpable tanto en el sistema penitenciario como en las calles de algunas ciudades como Guayaquil, y que se ha traducido en niveles de homicidios sin precedentes históricos, informa EFE.

La inestabilidad política y económica de los últimos años ha terminado de convertir a Ecuador, considerado en su día como un diamante en bruto de América Latina, en el país más violento de toda la región. El año 2023 cerró con unas 7.600 muertes violentas, lo que equivale a una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

La tasa se dispara en ciertas provincias y, de hecho, países como España recomiendan evitar los viajes a las regiones de Guayas y Esmeraldas, consideradas el epicentro de la criminalidad. En el barrio de Nueva Prosperina, en Guayaquil, el índice de homicidios asciende a 114 muertes por cada 100.000 habitantes, según fuentes oficiales citadas por el diario 'El Universo'.

Sólo el martes, ocho personas murieron asesinadas en la ciudad de Guayaquil, según un balance de las autoridades locales.

El expresidente Guillermo Lasso decretó más de una decena de estados de excepción durante su breve mandato, en el que promovió operaciones policiales y militares en algunas de las principales cárceles del país, escenario de masacres y que permanecían virtualmente al margen del control del Estado, en beneficio de las bandas.

Ecuador, no en vano, es un país clave en la ruta del narcotráfico en Estados Unidos y en los últimos años los grupos locales han estrechado lazos con cárteles de países como México y Colombia, sin que las fuerzas de seguridad ecuatorianas hayan logrado encontrar la fórmula de contener su constante expansión.

El domingo, las autoridades confirmaron la desaparición de la cárcel de uno de los grandes símbolos de esta red delincuencial. José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', líder de Los Choneros y señalado como posible autor intelectual del asesinato en agosto del candidato presidencial Fernando Villavivencio, desapareció de una cárcel de Guayaquil antes de ser trasladado a otro centro de máxima seguridad.

La fuga de quien estaba considerado el hombre más peligroso del país evidenció de nuevo las grietas del sistema y llevó a Noboa a declarar el lunes el estado de excepción. "Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer", proclamó, en un discurso a la nación en el que atribuyó una ola de motines en cárceles precisamente a la decisión de las actuales autoridades de hacerles frente.

El estado de excepción, en vigor durante 60 días, implica la movilización de la Policía y las Fuerzas Armadas y lleva aparejada un límite de ciertos derechos y libertades, por ejemplo con la imposición de un toque de queda que limita la movilidad de la ciudadanía entre las 23.00 y las 5.00 horas.

Con la mecha ya prendida, los incidentes violentos se sucedían. Al secuestro de un grupo de policías se sumaba el martes otra simbólica fuga de prisión, la de Fabricio Colón Pico, alias 'capitán Pico', detenido a finales de la semana pasada tras amenazar con asesinar a la fiscal general del país, Diana Salazar.

Sin embargo, lo que terminaría dando la vuelta al mundo serían las imágenes de un comando de encapuchados armados tomando la sede de la cadena TC Televisión, en el norte de Guayaquil, en plena emisión. La Fiscalía ha informado de que procesará a 13 personas por terrorismo por este asalto, que concluyó sin víctimas tras una intervención de la Policía.

Al menos diez personas han muerto, entre ellas dos policías, y unas 70 han sido detenidas en la espiral de violencia de las últimas horas, que llevó a Noboa a dar un paso más declarando que Ecuador vive un "conflicto armado interno". La orden implica identificar a más de una veintena de organizaciones como "grupos terroristas y actores no estatales beligerantes" y emplaza a las Fuerzas Armadas a adoptar las medidas que sean necesarias para "neutralizarlos".

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, ha advertido posteriormente de que "todo grupo terrorista mencionado en el decreto es un objetivo militar", en un mensaje a la nación que ha pronunciado acompañado de otros altos cargos de seguridad, incluidos los ministros de Gobierno y Defensa. Unos 47.000 uniformados están a disposición de la Presidencia.

En este escenario de caos, algunos comercios han optado por cerrar sus puertas e incluso el Ministerio de Educación ha emplazado a las escuelas situadas en las inmediaciones de las cárceles a dar clase de manera telemática. El Gobierno ordenó el martes la evacuación de los edificios públicos igualmente como medida de precaución.

El Balance de Criminalidad hasta el tercer trimestre de 2023 refleja que se mantiene el incremento de violaciones del 12% y los intentos de homicidios suben hasta el 20%, mientras que los homicidios y asesinatos consumados aumentan un 9,8%. La estadística del Ministerio del Interior hasta el mes de septiembre sólo refleja un descenso en el dato de robos con fuerza en domicilio (-2,6%), según informa Europa Press.

Las 1.826.911 infracciones penales registradas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023 representan un crecimiento de un 5% respecto del mismo periodo del año anterior, lo que para el Ministerio del Interior refleja "un frenazo" de su tendencia, ya que el crecimiento en el primer trimestre de este año fue de 7,2% y se redujo en el segundo semestre a un 5,8%.

En comparación con el mismo periodo del año pasado, la 'criminalidad convencional', que representa el 81,5% del total, apenas crece 1,9 puntos porcentuales. Por lo que respecta a la 'cibercriminalidad', que incluye el 18,5% de las infracciones penales registradas, crece 21,5%.

De acuerdo al Balance de Criminalidad, los delitos contra la libertad sexual suben un 12% al anotar 15.051 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad, incluyendo policías autonómicas y locales. Las agresiones sexuales con penetración aumentan un 12,3% (3.693 casos con datos hasta octubre) y el resto de delitos de esta índole contabilizan un incremento del 11,9%. Interior destaca que "este aumento debe ponerse, en parte, en relación con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos, que se traducen en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos".

Los homicidios dolosos y asesinatos consumados suben a 268 (+9,8%) y los anotados en grado de tentativa se disparan a 1.052 (+20,2%). También suben los delitos de lesiones y riña (+2,4%) y los secuestros un 62%, al pasar de 56 a 91 casos.

En el capítulo de robos con violencia e intimidación, aumentan un 2,2% y sólo bajan los que se realizan con fuerza en domicilios (-2,6%). También aumentan los hurtos (+4%), sustracciones de vehículos (+6,2%) y el tráfico de drogas (+8,9%). Este último dato Interior lo relaciona con la actividad policial, remitiéndose al Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

Interior destaca como indicador llamativo las estafas informáticas, al contabilizar 304.819 hechos en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 22,8%. "Esta modalidad delictiva representa el 90,4% de toda la cibercriminalidad y el 16,7% del total de la delincuencia registrada en el periodo", según señala el Ministerio.

En marzo de 2021 comenzó en Ámsterdam el primer gran juicio contra la Mocro Mafia, la banda de origen marroquí que domina el tráfico de drogas en los Países Bajos y Bélgica. El principal acusado era Ridouan Taghi, jefe del violentísimo grupo criminal. En el proceso, todo un acontecimiento mediático en el país, participaba un conocido periodista, Peter R. de Vries, en apoyo de un testigo que con su declaración podía acabar con la banda. Sólo unos meses más tarde, el 6 de julio, De Vries recibió un tiro en la cabeza, en plena calle, cuando acababa de abandonar un estudio de televisión. Murió nueve días después.

Dos fueron los atacantes: el pistolero, Delano G., un rapero holandés de origen antillano, y un taxista polaco, Kamil E., que le esperaba en el coche donde ambos se dieron a la fuga. Fueron detenidos apenas 45 minutos después del ataque. En el caso también estaban implicados otros dos polacos relacionados con los bajos fondos holandeses, Krystian M. y Konrad W [las autoridades holandesas no hacen públicos los apellidos de los detenidos].

Un año después, fue arrestado en San Feliu de Llobregat (Barcelona), un holandés de origen antillano, Gerower MC, de 26 años; otro más, Erickson O., fue capturado en Curaçao, una isla autónoma perteneciente a los Países Bajos, y un tercer antillano, Christopher W., en Helmond, cerca de Eindhoven. Finalmente, dos antillanos más cayeron en enero y abril de este año: Divainy K. y Ludgardo S.

Un total de nueve delincuentes de dos nacionalidades distintas se pusieron al servicio de la mafia marroquí para acabar con la vida del periodista que había amenazado la hasta entonces exitosa carrera criminal de Ridouan Taghi. Los dos primeros, Delano G. y Kamiml E., ya han sido juzgados y condenados a cadena perpetua. Los siete restantes, acusados de pertenencia a organización criminal, serán juzgados en enero de 2024.

Según la fiscalía holandesa, el detenido en Barcelona, Gerower, y el capturado en Curaçao, Erickson, grabaron a De Vries nada más recibir el disparo en la calle. Poco después, los vídeos fueron publicados en Twitter y luego compartidos masivamente a través de WhatsApp. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad recogidas por la policía muestran a ambos comiendo en un MacDonald’s próximo al estudio de televisión donde estaba el periodista aquella tarde. Cuando éste abandona el edificio, Gerower y Erickson salen del restaurante y se dirigen hacia donde acaba de ser tiroteado. Lo graban con sus móviles mientras otros transeúntes lo atienden. Se van, riendo, en cuanto llegan los servicios de emergencia.

La fiscalía sostiene que la intención de Gerower y Erickson al subir esos vídeos a las redes sociales no era otra que sembrar el terror en la ciudadanía. Por eso les acusan de formar parte de una organización criminal con fines terroristas. En una vista preliminar celebrada en octubre, las defensas de los dos antillanos, en cambio, alegan que los dos jóvenes ni siquiera sabían quién era Peter R. de Vries.

Según contó la Policía Nacional cuando capturó a Gerower, el holandés apenas salió de las casas donde se escondía –y que cambiaba periódicamente– en todo el tiempo que pasó en España: otras personas, también delincuentes, le llevaban la comida. A detenerle fueron también miembros de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), debido a la “alta peligrosidad” del antillano, que había adoptado “fuertes medidas de seguridad” para evitar su captura, incluida una puerta metálica antiocupación.

Este reportaje forma parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado coordinada por el consorcio de medios OCCRP, del que forma parte infoLibre, en cooperación con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), a partir de la filtración de millones de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana.

La Mocro Mafia es un grupo del crimen organizado que lleva años aterrorizando a Países Bajos y Bélgica desde los años 90. La base de su negocio es el tráfico de drogas desde Sudamérica y África, pero también ordena secuestros y asesinatos y se manejan con una violencia extrema. En marzo de 2016, alguien dejó la cabeza cortada de un traficante de drogas de 23 años frente a un bar de shishas en Ámsterdam. Es una advertencia de gángsters, como la cabeza del caballo en El padrino, explicó el periodista Peter R. de Vries en televisión. Toda una autoridad sobre el crimen organizado en los Países Bajos, De Vries era famoso por el libro que escribió sobre el secuestro del magnate cervecero Freddy Heineken en 1983 y por las investigaciones de su propio programa, Peter R. de Vries, misdaadverslaggever [periodista de sucesos]. 

En los últimos meses antes de su muerte, en julio de 2021, De Vries había decidido ayudar a la Justicia holandesa a obtener pruebas contra la Mocro Mafia. Unos años antes, en 2017, Nabil B., antiguo subordinado del capo Ridouan Taghi, había prestado un extenso testimonio de 1.500 páginas. Y pagó un alto precio por ello: una semana después de que se hiciera pública su declaración, su hermano fue tiroteado. Después, en 2019, la foto de Nabil B. fue incluida por error en los expedientes a los que tuvieron acceso los acusados en el proceso contra la Mocro Mafia. Su abogado, Derk Wiersum, fue asesinado al salir de su casa en Ámsterdam en la mañana del 18 de septiembre de 2019. 

Nabil B., que era un entusiasta seguidor del programa de Peter R. de Vries, invitó al periodista en 2020, según informó The Guardian, a formar parte de su equipo de abogados como asesor y persona de confianza. El periodista aceptó, lo que le puso en el punto de mira de Ridouan Taghi. 

Una semana antes de ser tiroteado, el periodista se reunió con la policía para pedir protección. Le ofrecieron 10 agentes armados, seguridad día y noche. De Vries creyó que era demasiado y se negó a aceptarla.

Ahora NarcoFiles desvela cómo se gestó el asesinato del reportero holandés. Delano G. recibe un mensaje del polaco Krystian M. con una foto de De Vries y un breve texto debajo. “Hay que matar a este perro”, escribe Krystian, de 27 años. El polaco, que procede de la ciudad polaca de Hrubieszów y llegó a los Países Bajos siendo adolescente, jugaba al fútbol en un club local y fue quien organizó el ataque al periodista. Un testigo de la fiscalía, conocido sólo como Eddy, otro polaco que conocía bien a Krystian M., lo denunció a la policía cuando se enteró del asesinato.

Según el periódico holandés Het Parool, Eddy y Krystian se conocieron en 2020 a través de un amigo en común, también polaco. Eddy ayudó a Krystian, por ejemplo, registrando coches a su nombre. ¿Cómo se ganó Krystian M. la confianza de la mafia marroquí? Eddy contó que su amigo ya había matado a alguien en nombre de la mafia marroquí. “Una vez me dijo que tenía pesadillas por ello”, declaró.

Un buen día, Krystian le contó a Eddy sus planes para matar a un periodista famoso: “Puedes conseguir 150.000 euros por el trabajo: 100.000 para el tirador, 50.000 para el conductor. La orden proviene de un hombre llamado Tío”. ¿Quién es? Basándose en los mensajes interceptados del teléfono de Krystian M., los investigadores determinan que ese Tío es Ridouan Taghi, el jefe de la Mocro Mafia.

Poco después del asesinato, Krystian M. viaja a Polonia para pasar un mes. A su regreso, sigue trabajando para el hampa: consigue armas, vigila envíos de dinero. Para cuando Eddy testifica sobre Krystian, en el otoño de 2021, el polaco ya está detenido por participar en sangrientas disputas entre gánsteres. Después, en las vistas del juicio, oculta su rostro tras una mascarilla; no quiere que los medios publiquen su imagen.

Además de contratar a Delano, Krystian busca un conductor, el polaco Kamil E. Alto, de complexión fuerte, barba de chivo y tatuajes en el cuello, es aficionado a las artes marciales. Vive con su pareja e hijos en un pueblo holandés de sólo 4.000 habitantes llamado Maurik. Sólo unos días antes del atentado contra De Vries, el polaco fue detenido mientras conducía. La policía sospechaba que podía haber un arma en el coche, pero no encontró nada y le dejó marchar. El 6 de julio fue Kamil quien llevó a Delano al lugar del asesinato.

“Yo no maté a nadie”, declaró el chófer durante su primera vista judicial. Cierto: sus instrucciones eran sacar al asesino del lugar lo más rápido posible, quemar el Renault Clio que conducía y deshacerse de las matrículas. Pero el plan fracasó: Delano y Kamil fueron detenidos en la autopista a las afueras de Ámsterdam menos de una hora después del ataque. Pudo ser incluso peor. Mientras Kamil estaba bajo custodia, la Mocro Mafia planea matar a su madre, que vive en la pequeña Tiel, en el centro de los Países Bajos, si decide testificar.

Las huellas polacas en el crimen de De Vries no terminan en Kamil. En septiembre de 2022 llegaron a la ciudad de Ostrów Wielkopolski dos policías con una orden de detención europea. Junto con tres uniformados polacos, arrestaron a Konrad W., que fue extraditado enseguida a los Países Bajos y juzgado por el asesinato de Peter R. de Vries. Fontanero de 31 años, cubierto de tatuajes y pillado con 79 gramos anfetamina en su casa, Konrad asegura que se enteró del ataque al periodista holandés por los medios de comunicación. El día que dispararon a De Vries, además, estaba en otra ciudad. No admite su culpa y no tiene idea de por qué le involucran los otros detenidos.

Pero la fiscalía holandesa no le cree, porque sabe que contactó con el asesino Delano y su chófer Kamil justo antes del crimen y les proporcionó información clave. Su misión era ayudarles a conseguir armas y un coche, e incluso se le consideraba como posible tirador. Además, hay otra pista que le conecta con el mundo criminal holandés: un polaco que colabora con el hampa trabaja cargando contenedores en el puerto de Róterdam, donde sólo en 2020 se incautaron 70 toneladas de cocaína.

¿Por qué se ordenó a los polacos matar a Peter R. de Vries? ¿Significa que en Países Bajos ocupan un lugar elevado en la jerarquía criminal? Un periodista holandés que conoce bien el hampa los describe más bien como “soldados dispuestos a apretar el gatillo”. 

Hoy, además de los tres polacos y del rapero Delano, en el banquillo se sientan otros dos holandeses que supuestamente ayudaron en el crimen. En el caso de Konrad, la fiscalía no hará pública su petición de penas hasta principios del próximo año. Pero Krystian, Kamil y Delano se enfrentan a cadena perpetua por asesinato y participación en un grupo terrorista.

Los países del Benelux son puntos clave en el mapa del contrabando mundial de cocaína operado por la Mocro Mafia. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y de Europol, sólo en 2020 se incautaron en Europa un total de 213 toneladas de cocaína. Principalmente en los puertos más occidentales de la UE, sobre todo en Países Bajos, Bélgica y España. Pero otro punto importante de distribución de cocaína en Europa son los puertos de los Balcanes orientales: Albania, Montenegro y Croacia.

Polonia es desde hace años un país de tránsito. Las drogas que han eludido los controles de aduanas de Bélgica, Países Bajos, España o Francia se transportan por mar a Gdynia, Gdańsk y Szczecin, los tres mayores puertos internacionales de Polonia, donde se confiscaron 3,8 toneladas en 2020. Este papel se ha reforzado después de que se hayan cerrado algunos puertos ucranianos, adonde en el pasado llegaban transportes procedentes de América del Sur que luego seguían la ruta de los Balcanes y finalmente llegaban a Alemania y más allá.

Según el último informe de Europol, Polonia también es un lugar donde los delincuentes compran los llamados precursores y otras sustancias para mezclar cocaína: “Hay indicios de que los productos químicos incautados en laboratorios de cocaína de los Países Bajos fueron comprados en otros países de la UE, incluidos Alemania, Polonia y España. Probablemente son de mayor calidad que los utilizados en los laboratorios de cocaína colombianos”, explica Mariusz Majewski, subdirector del Departamento de Lucha contra la Delincuencia Marítima de la Oficina de Aduanas e Impuestos de Pomerania.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

El exlíder del PP de Cataluña y exfundador y expresidente de Vox Alejo Vidal-Quadras, de 78 años, recibió este jueves a mediodía un disparo en la cara en la calle Núñez de Balboa, en el barrio madrileño de Salamanca. El político conservador sobrevivió y se encuentra consciente. Tras el ataque, fue trasladado a un hospital de Madrid. La Policía Nacional está investigando el suceso, todavía no esclarecido, mientras que la Policía Municipal mantenía en la tarde de este jueves acordonada la zona donde han ocurrido los hechos.

El ataque a Vidal-Quadras, que fue vicepresidente del Parlamento europeo, senador, diputado en el Parlamento de Cataluña y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, provocó una fuerte conmoción política y social, precisamente en un día tensionado por el acuerdo entre el PSOE y Junts. Mientras en círculos de extrema derecha, conspiranoicos y de difusión de bulos se abría paso la teoría del asesinato político –Calvo Sotelo, líder conservador cuyo asesinato en 1936 sirvió como catalizador del alzamiento contra la República, era el nombre más repetido en la red social X, antes Twitter–, el presidente de Vox, Santiago Abascal, mezcló ambas cuestiones al introducir, en sus palabras sobre el ataque, la siguiente petición sobre los autores: "Que nadie los amnistíe nunca".

La investigación apunta que el autor es un hombre que, tras detonar su arma, huyó del lugar montándose en una moto conducida por otra persona, de la que se sospecha que es una mujer cubierta también con un casco. Según las primeras pesquisas, el varón se acercó a Vidal-Quadras a pie y cubierto con un casco a la altura del número 40 de la calle de Núñez de Balboa y abrió fuego. El político resultó herido al recibir un único disparo en el rostro, a la altura de la barbilla.

Posteriormente, el autor del disparo abandonó a pie la escena hasta llegar a una moto donde lo esperaba su cómplice, según las citadas fuentes. Ambos lograron huir. Numerosos medios destacan que esta forma de actuar –disparar con un casco, sin intercambiar palabra, huir rápidamente– es propia de sicarios.

Las pesquisas sobre el suceso fueron asumidas por los investigadores del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, mientras que en la zona se desplegaron también especialistas de la policía científica para recabar posibles indicios. Los trabajos se centran en identificar al autor del disparo y al acompañante que colaboró en su huida.

La supervisora de guardia del Samur, Mariluz Sabín, explicó en un vídeo difundido por Emergencias Madrid que los efectivos médicos han comprobado que Vidal-Quadras presentaba una herida de bala en la cara, con entrada por el ángulo mandibular derecho y salida por el izquierdo. Además, detalló que estaba "estable hemodinámicamente". 

La investigación abierta por la Policía tras el disparo indaga sobre la posible relación con Irán, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. Según ha adelantado El País, el propio Vidal-Quadras, una vez estabilizado en el hospital, ha indicado que el ataque puede estar vinculado con sus relaciones con la oposición iraní. Las fuentes consultas por Europa Press han confirmado que se trabaja ya con esta hipótesis.

Según ha publicado el diario El Español, la policía halló después la moto calcinada en un lugar despoblado de la localidad madrileña de Fuenlabrada.

Alejo Vidal-Quadras fue presidente del PP de Cataluña desde 1991 a 1996 y fue apartado por la dirección nacional del partido tras el Pacto del Majestic con CiU. Su destino entonces fue el Parlamento Europeo, donde fue elegico europarlamentario en el periodo comprendido entre 1999 y 2014, llegando a ser vicepresidente de la Eurocámara. 

En enero 2014, descontento con la línea de Mariano Rajoy, a su juicio demasiado moderada, anunció que dejaba de militar en el PP, y estuvo entre los fundadores de Vox, donde donde ostentó la presidencia provisional y fue cabeza de lista a las elecciones europeas de ese año, sin obtener representación. En 2015 también se dio de baja de la formación dirigida por Santiago Abascal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), expresó su "solidaridad" y su "afecto" para la víctima y sus familiares. "Confiamos en que la investigación pueda esclarecer cuanto antes los hechos", dijo.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se mostró "conmocionada" por el ataque. "Conmocionada por la horrible noticia", escribió en español en un mensaje difundido en las redes sociales poco después de conocerse el ataque. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, condenó el disparo y reclamó una "pronta investigación" que esclarezca lo ocurrido y dé con los culpables. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), lamentó "el ataque" y solidarizó con la víctima. "Expreso toda mi solidaridad y el deseo de una rápida recuperación", dijo. La vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, afirmó que sigue "con preocupación" la noticia sobre "el estado de salud" de Vidal-Quadras. "Le deseo una pronta recuperación y le envío mucha fuerza a sus familiares". 

La Comisión Europea ha pedido que se revise la normativa sobre los denominados pasaportes oro, cuyos titulares pueden entrar en la UE sin visado. Al hacerlo, la Comisión reveló que cinco Estados del Caribe han vendido en conjunto unos 88.000 pasaportes. De ellos, la pequeña Dominica había vendido 34.500.

Entre los nuevos objetivos de la Comisión, propuestos al Parlamento Europeo y recogidos en un informe publicado el pasado miércoles, destacan los cambios que facilitarán a la UE suspender la exención de visado para los países que vendan la ciudadanía a extranjeros. En la actualidad, el denominado “mecanismo de suspensión” permite a los Estados miembros suspender temporalmente la exención de visado para un país determinado “en caso de aumento repentino y sustancial de la inmigración irregular o de los riesgos para la seguridad”.

Pero el nuevo informe establece que estos sistemas que conceden la ciudadanía a cambio de inversiones (CBI por sus siglas en inglés) pueden amenazar “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros, incluidos los relacionados con la infiltración de la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción”. Por ello, la Comisión quiere que el mecanismo de suspensión de visados sea más fácil de activar.

La comisaria de Asuntos de Interior de la UE, Ylva Johansson, advirtió el pasado jueves de que ciertas naciones están vendiendo pasaportes “bastante baratos a personas que suponen un riesgo potencial para la seguridad de la UE”.

La UE toma esta medida sólo unos días después de la publicación de Dominica: Pasaportes del Caribe, una investigación en la que han colaborado el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, el Government Accountability Project (Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno, una organización activista de EEUU) y otros medios asociados, que ha revelado cómo Dominica ha vendido durante años miles de pasaportes oro sin apenas sistemas de control y verificación de los solicitantes.

La investigación ha desvelado cómo la isla caribeña ha otorgado la ciudadanía a personas que previamente habían sido investigadas, acusadas de delitos o incluso condenadas a prisión. Mientras que otras se convirtieron más tarde en fugitivos de sus países de origen, tras haber recibido antes pasaportes de Dominica.

La última de las informaciones publicadas desvela que LaLiga española cobró de Irán a través de una empresa fantasma china que fue creada por un iraní que había comprado un pasaporte de oro, precisamente, en la isla de Dominica.

Además de a delincuentes, los documentos a los que ha tenido acceso OCCRP revelaron que la ciudadanía de Dominica también se concedió a funcionarios públicos que, aunque no estaban acusados de delitos, su condición de “personas políticamente expuestas” ameritaba un mayor escrutinio.

El programa de pasaportes oro de Dominica se disparó a partir de 2015, cuando se permitió a los ciudadanos de determinados Estados caribeños viajar a la mayoría de los Estados de la UE durante 90 días, sin necesidad de visado. Pero en su informe, la Comisión afirma que los programas caribeños no están haciendo un seguimiento adecuado de los solicitantes de su ciudadanía. Por ejemplo, señala que el intercambio de información con el país de origen de los solicitantes sólo se produce “hasta cierto punto”, pero “no de forma sistemática”. 

El informe destaca también que Antigua y Barbuda, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Dominica ofrecen a los solicitantes seleccionados “la posibilidad de cambiar de identidad tras haber obtenido la ciudadanía a cambio de inversiones”.

En total, según la Comisión, hasta la fecha se han expedido al menos 88.000 pasaportes mediante programas de CBI en los cinco Estados caribeños mencionados. Dominica ha expedido 34.500 de esos pasaportes. El informe añade que cuando cifras tan elevadas coinciden con una baja tasa de rechazo de entre el 3% y el 6% en los cinco países, así como con un tiempo de tramitación muy breve, se plantean claras dudas sobre “la minuciosidad del control de seguridad”.

Al pedir al Parlamento Europeo que apruebe una nueva legislación sobre protocolos de entrada sin visado, la Comisión Europa sostiene que el fácil acceso a la UE no debe ser utilizado por otros países como argumento para vender su ciudadanía a cambio de inversiones. Además, subraya que la UE debería “suspender la exención de visado para un tercer país que opte por aplicar un régimen de ciudadanía para inversores en virtud del cual se conceda la ciudadanía sin ningún vínculo genuino con el tercer país en cuestión”.

En el informe de la Comisión Europea no queda claro en qué plazo se expidieron los 34.500 pasaportes de Dominica; su programa CBI lleva abierto desde 1993. Sin embargo, OCCRP pudo encontrar 7.700 nombres, escudriñando los boletines oficiales de la isla, sólo para los años 2007 a 2022. Esas gacetas sirven de registro oficial de los nuevos titulares de pasaportes.

Los reporteros de OCCRP y de The Guardian, que participaron en la investigación, también descubrieron que las tasas de naturalización incluidas en los presupuestos nacionales de Dominica, que abarcaban desde mediados de 2016 hasta mediados de 2022, indican que Dominica ha recaudado tasas equivalentes a 19.000 nuevos pasaportes oro sólo en ese periodo. Ahora, las propias cifras de la UE parecen confirmar que Dominica no ha declarado miles de pasaportes concedidos.

Recientemente, el Reino Unido impuso la obligación de visado a los viajeros de Dominica, alegando que se estaba produciendo un “abuso claro y evidente” del sistema de ciudadanía a cambio de inversiones.

Ni el Gobierno de Dominica, ni su presidente, Roosevelt Skerrit, respondieron a las múltiples solicitudes de comentario que le enviaron OCCRP y sus socios antes de publicar Dominica: Pasaportes del Caribe. En su lugar, y después de enviarle una batería de preguntas detalladas, Skerrit celebró varias conferencias de prensa donde afirmó falsamente que los periodistas estaban siendo sobornados por la oposición dominiquesa. Llegó a comparar a los reporteros con “terroristas”.