El verano pasado estalló uno de los casos más sonados de la historia reciente de Luxemburgo. Marc Crochet, director general de Cáritas Luxemburgo, denunció el 16 de julio, tras volver de sus vacaciones, que la organización había sufrido un desfalco que había dejado sus cuentas a cero. Seis días después se detuvo como posible responsable a Stéphanie Friob, la directora financiera de la organización, que se presentó ante la policía como víctima de la conocida como 'estafa del CEO'. 

Friob aseguró haber recibido correos electrónicos que suplantaban a Crochet —y a un abogado que supuestamente representaría al director general— en los que se le ordenaba la realización de transferencias bancarias. En total, el fraude ascendió a 61,21 millones de euros, que salieron de las cuentas de Cáritas en más de un centenar de transferencias entre febrero y julio de 2024.

La estafa supuso la paralización de las actividades de Cáritas Luxemburgo. Friob sigue siendo investigada por su posible implicación en la trama, pero hay más detenidos y la justicia de Luxemburgo ha condenado ya a dos ciudadanos búlgaros. Se trata de los primeros sentenciados por este caso que ha sumido a la ONG de la Iglesia católica en Luxemburgo en una crisis financiera absoluta.

Con las transferencias se vació todo el dinero de las cuentas de Cáritas. Incluso decenas de esos millones provenían de préstamos que la ONG había solicitado a bancos de Luxemburgo. Gran parte de ese dinero acabó en cuentas del BBVA pertenecientes a empresas fantasma abiertas por esos dos ciudadanos búlgaros en España.

Tal y como ha adelantado el medio luxemburgués Reporter.lu —socio del consorcio de investigación OCCRP, al igual que infoLibre—, la Séptima Sala Penal del Tribunal de Distrito de Luxemburgo ha declarado culpables a Ivan Teofilov y Rafaelo Iliev, dos ciudadanos búlgaros que ejercieron como los testaferros de menor rango dentro de la trama. Ambos, que llevan en prisión preventiva desde su arresto el pasado mes de enero, han llegado a un acuerdo con la fiscalía y tras cooperar en la investigación, han aceptado el cargo de participación pasiva en una red de fraude. 

El tribunal les ha impuesto una pena de 18 meses de prisión y una multa de 3.000 euros. Debido a su cooperación y a que no tienen antecedentes penales en Luxemburgo ni en Bulgaria, 15 de esos meses han quedado suspendidos. Así que tras la sentencia, y después de haber llegado a un acuerdo, podrían ser puestos en libertad este mismo verano siempre y cuando no incurran en nuevas infracciones.

Entre el resto de detenidos, hay otros supuestos testaferros de la trama. En esos casos, no han llegado a un acuerdo y aún están pendientes de juicio. Todos ellos tenían a su nombre empresas fantasma a las que se les transferían fondos de Cáritas Luxemburgo. Tanto la sentencia contra Ivan como la dictada contra Rafaelo muestran los vínculos de la estafa con España.

El 15 de febrero de 2024, Rafaelo Iliev acudió, acompañado de una mujer, a una notaría en Granada para firmar la constitución de Koselig Partners SL. Cuatro días después hizo lo mismo en Málaga. Allí creó Mondaze Premium SL. Después abrió cuentas bancarias en el BBVA para ambas empresas. Así lo ha explicado el propio Rafaelo a la fiscalía de Luxemburgo. Esas dos sociedades servirían luego como empresas pantalla para desfalcar los fondos de Cáritas en el país europeo.

Aún así, Rafaelo ha asegurado no saber que esas empresas estaban siendo utilizadas para ese fin. Según su declaración, había acudido a España desde Bulgaria con una promesa de trabajo y por ello accedió a firmar los documentos de creación de las empresas y de apertura de las cuentas bancarias. Supuestamente recibió el soplo para ir a España de su amigo Ivan Teofilov, el otro ciudadano búlgaro que ha sido condenado por el caso. 

Ivan le puso en contacto con una persona que supuestamente podía conseguirle trabajo en nuestro país, pero según Rafaelo, tras no conseguir empleo, regresó a Bulgaria sin haber cobrado dinero alguno. El testaferro asegura, aunque el tribunal define parte de sus explicaciones como "inverosímiles", que nunca tuvo control de las cuentas abiertas y que le dijeron que las empresas y las cuentas se cerrarían porque finalmente la oferta laboral que le habían prometido no se había materializado.

Pero esto no fue así. El 22 de marzo de 2024 Rafaelo volvió a Bulgaria y entre finales de mayo y principios de junio algunas de las transferencias de Cáritas Luxemburgo se estaban realizando ya con destino a las cuentas de sus empresas españolas, que nunca habían sido cerradas. Parte de ese dinero se transfirió después a otras cuentas de las mismas empresas fantasma en otros bancos españoles y finalmente se le acabó perdiendo la pista. Otra parte del dinero se movió a cuentas de las empresas de otros testaferros.

Ivan hizo lo mismo que Rafaelo pero unos meses antes. En su caso, abrió tres empresas en España en noviembre de 2023 tras viajar a nuestro país procedente de Londres el 7 de ese mes y quedarse hasta el 15 de diciembre. Las sociedades tenían su supuesta sede en Boadilla del Monte, Madrid ciudad y Málaga. 

Tanto esas tres compañías que se registraron con Ivan como socio y administrador único de las mismas como las dos de Rafaelo constan con una sede social radicada en un lugar de coworking. Estos espacios ofrecen habitualmente a las compañías que les contratan la posibilidad de indicar su sede social en las instalaciones del coworking. En los casos de Ivan y Rafaelo las sentencias hablan directamente de "sociedades ficticias", mismo adjetivo con el que definen las sedes de las supuestas empresas.

A través de esas compañías fantasma, registradas a nombre de los dos ciudadanos búlgaros, salieron algo más de 20 millones de euros del desfalco a Cáritas: unos 14 a través de las de Ivan y otros 6,5 millones a través de las de Rafaelo, según las sentencias dictadas en contra de ambos a las que ha tenido acceso infoLibre. Ese dinero supone un tercio del que perdió la ONG de la Iglesia católica en Luxemburgo. 

"El objetivo era apropiarse, al menos parcialmente, de dichos fondos y redistribuirlos a través de innumerables cuentas en todo el mundo", concluye el tribunal luxemburgués, que también asegura que la labor de ambos "facilitó el movimiento de fondos ilícitos, ocultó su origen y blanqueó el dinero".

Aún así, no está claro aún qué ocurrió exactamente. La policía de Luxemburgo recopiló en un primer momento "indicios sólidos que respaldan la hipótesis de la 'estafa del CEO'", según recogen las sentencias. Pero la exdirectora financiera continúa siendo investigada. Se la acusa de fraude, falsificación, robo, fraude informático y abuso de confianza.

En cualquier caso, las consecuencias para la organización han sido totalmente devastadoras. Tras la denuncia del escándalo, el Gobierno luxemburgués cortó inmediatamente toda subvención pública a la organización y esta ha paralizado, al menos por el momento, sus actividades. Cáritas Luxemburgo se ha centrado, de hecho, en una etapa de reestructuración, auditoría y limpieza administrativa con la intención de volver a poder operar en el futuro.

Las actividades esenciales y las labores de servicios sociales que la organización realizaba en el país, como la atención a refugiados o grupos vulnerables, han sido transferidas a una nueva ONG, llamada Hëllef um Terrain (HUT). Organización a la que se le transfirieron la mayoría de empleados de Cáritas Luxemburgo. Otra parte de las actividades de la ONG ha sido asumida por la Fundación Partage Luxembourg, también católica.

Del mismo modo, los proyectos internacionales de la organización —con programas en países como Sudán del Sur, Ucrania, Moldavia, Laos, Turquía o Bangladesh— han sido asumidos por las divisiones de Cáritas en otros países o por otras organizaciones o, incluso, directamente suprimidos.

Al menos 60 programas en el extranjero han sido cancelados, según informó la propia Cáritas Luxemburgo. La organización también ha tenido que despedir a un centenar de trabajadores, entre empleados en Luxemburgo y en otros países en los que desarrollaban su labor.

Cáritas Luxemburgo, al igual que el resto de divisiones de Cáritas, actúa bajo el paraguas de Caritas Internationalis, una organización no gubernamental, perteneciente a la Iglesia católica y con sede en Roma, que sirve como alianza de las organizaciones de Cáritas existentes en más de 160 países. Las ONG a nivel nacional se dedican a labores humanitarias y de asistencia y servicios sociales. Según la propia organización, Cáritas se dedica a combatir la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación.

A pesar de esa alianza global, las organizaciones estatales cuentan con entidad jurídica propia. Actualmente, Cáritas Luxemburgo "se encuentra en un período de reorganización y estabilización", según indica su propia web. La organización explica que están intentando resolver sus deudas y pagar todas las cuentas que tienen pendientes: "La reanudación de las actividades benéficas, el núcleo de nuestra misión, solo podrá tener lugar una vez finalizada esta fase de consolidación". "Cáritas Luxemburgo mantiene su determinación de continuar su compromiso con los más vulnerables, tan pronto como las condiciones operativas y financieras lo permitan", reza la organización.

“Salven la Fundación Cáritas”, se leía el pasado jueves en un cartel colgado  en el exterior del palacio Gran Ducal, donde el papa Francisco era recibido por la familia real luxemburguesa como parte de su visita oficial. Mientras, las fiscalías de dos países investigan el desfalco de 61 millones de euros sufrido por Cáritas Luxemburgo, la organización católica que depende de los obispos. El ministerio público del Gran Ducado indaga si los bancos luxembugueses BGL-BNP y Spuerkeess infringieron las leyes contra el blanqueo de dinero con las 120 transferencias que vaciaron las cuentas de Cáritas entre febrero y julio de este año. Y la Fiscalía de Marbella cumple con la Orden Europea de Investigación (OEI) recibida desde el Gran Ducado: los 61 millones llegaron a 14 cuentas del BBVA en España y de allí partieron a rumbo desconocido.

Además, investigan el caso la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), el supervisor financiero luxemburgués, y el Banco Central Europeo (BCE).

Según ha informado el medio luxemburgués Reporter.lu, la fiscalía luxemburguesa investiga las condiciones en las que los bancos permitieron la salida de los fondos hacia España. Se trata de una investigación preliminar, la primera etapa antes de que se abra una investigación judicial y se remita el caso a un juez de instrucción.

“El objetivo principal es determinar si ha habido infracciones del artículo 9 de la ley de 2004 [incumplimiento de las obligaciones profesionales”, indicaron fuentes judiciales a Reporter.lu. Aunque las autoridades judiciales no los mencionan por sus nombres, las entidades investigadas son el BGL BNP Paribas y el Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) o Spuerkeess: el primero es propiedad del Estado luxemburgués en un 34% y el segundo, al 100%.

Además, según Reporter.lu, ambos bancos fueron registrados por la policía luxemburguesa el pasado mes de agosto. El Código Penal del Gran Ducado autoriza al fiscal a pedir al juez de instrucción que “ordene un registro, una incautación, la audiencia de un testigo o un peritaje sin que se haya abierto una investigación preparatoria”.

Al tiempo, la justicia luxemburguesa ha emitido una Orden Europea de Investigación dirigida a la Fiscalía de Málaga que, a su vez, la ha remitido a la Fiscalía de Marbella, según ha podido saber infoLibre.

Una Orden Europea de Investigación es un instrumento legal, creado por una directiva de la UE de 2014 y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico nacional en 2019. Con esa resolución judicial, la justicia luxemburguesa pide a la española que lleve a cabo medidas de investigación que permitan obtener pruebas. Esas medidas pueden incluir desde la declaración de testigos hasta la identificación de los titulares de un número de teléfono, la dirección IP de un ordenador o una cuenta bancaria. De hecho, la mayoría de las OEI que recibe la justicia española se refieren a fraudes. Y la petición más habitual es precisamente la información bancaria.

El pasado julio, Cáritas Luxemburgo denunció haber sido víctima del conocido como “fraude del CEO”: su directora financiera dijo haber recibido correos, supuestamente del director gerente de la institución, Marc Crochet, en los que éste le ordenaba que hiciera las transferencias urgentemente, en teoría para financiar una misteriosa inversión. Sin embargo, son muchas las sospechas que se ciernen sobre esa versión, mientras los medios luxemburgueses apuntan hacia un posible golpe desde dentro.

Según la información a la que ha tenido acceso Reporter.lu, la institución diocesana desembolsó 9,049 millones de euros desde BGL hasta tres cuentas de una falsa Caritas Internationalis en el BBVA. Las transferencias se hicieron en poco más de un mes, entre el 9 de febrero y el 12 de marzo.

Los días 5, 7 y 12 de marzo se efectuaron tres pagos diarios de casi 500.000 euros sin que el BGL se alarmara. Spuerkeess transfirió 52,15 millones de euros a la ONG turca ASAM, muy por encima de su capacidad de pago: el 27 de junio se firmaron cinco transferencias por importe de 2,49 millones de euros, cinco días después otras siete por 3,49 millones de euros y el 4 de julio seis transferencias más por 2,99 millones de euros.

Ni Caritas Internationalis, la matriz de la institución diocesana, ni ASAM tenían cuentas en España, sólo en El Vaticano y en Turquía, respectivamente. Las cantidades abonadas y el elevado ritmo al que se realizaron deberían haber activado los mecanismos de alerta con los que cuentan los bancos, tanto en España como en Luxemburgo, y haberles llevado a preguntar a sus clientes sobre la naturaleza de las operaciones. El BBVA alega que “con anterioridad a ser informado” del fraude, ya “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.

Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.

En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo.

El papel de los dos bancos luxemburgueses es doblemente complicado. No sólo hicieron las transferencias, sino que también concedieron préstamos y líneas de crédito a Cáritas por importe de 33 millones de euros. Spuerkeess aceptó un acuerdo para cubrir descubiertos por importe de 10 millones de euros con fecha de 25 de junio de 2024 y a un tipo de interés del 4% a tres meses, reembolsable el 25 de septiembre.

El documento consultado por Reporter.lu está redactado en nombre de la institución diocesana. Por parte de Cáritas figuran su presidenta, Marie-Josée Jacobs, que fue ministra de Familia, y Alphonse Wagner, uno de sus directores. Sin embargo, el acuerdo fue rubricado y firmado por la directora financiera y el director de Operaciones. Ese mismo día, Spuerkeess redactó un contrato de cesión de crédito en el que aparecen de nuevo los nombres de Marie-Josée Jacobs y Alphonse Wagner como representantes de Cáritas, pero esta vez firman la directora financiera y la directora de recursos humanos.

El contrato garantizaba el reembolso del préstamo mediante la devolución de las subvenciones que el Estado luxemburgués paga a Cáritas por los servicios asistenciales que le presta.

Según Reporter.lu, los dos bancos luxemburgueses aún no han recurrido a los tribunales para obligar a institución católica a devolverles los préstamos.

Al término de la visita del papa al Gran Ducado, el cardenal Jean-Claude Hollerich anunció que, tras una colecta en la diócesis, los fieles habían reunido 176.000 euros para donarlos a la organización benéfica internacional. Francisco decidió entonces donar esta suma a Cáritas Luxemburgo, quizá en un gesto para paliar la quiebra en que está sumida la institución desde este verano.

La justicia de Luxemburgo emitió el pasado martes una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a la Fiscalía de Málaga para pedirle su colaboración en el caso Cáritas, el desfalco de 61 millones de euros que ha dejado en la ruina a la institución benéfica. Según ha podido saber infoLibre de fuentes de la Fiscalía española, no ha sido hasta ese momento cuando Luxemburgo se ha puesto en contacto con España, pese a que la denuncia la presentó Cáritas el pasado 16 de julio.

El desfalco, que ha causado un enorme escándalo en el Gran Ducado por las numerosas subvenciones públicas que recibe Cáritas, se extiende hasta España porque el dinero robado a la institución diocesana se desvió a 14 cuentas del BBVA, de las que desapareció enseguida rumbo a un destino desconocido.

Además de la Fiscalía, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) y el Banco Central Europeo (BCE) están investigando el caso. También la propia Cáritas ha encargado una auditoría a un comité de crisis y a PriceWaterhouseCoopers. Ni el Banco de España, el supervisor financiero español, ni el Sepblac, que depende del Ministerio de Economía e investiga los casos de blanqueo de capitales, han querido confirmar a infoLibre si están indagando en las posibles ramificaciones españolas del desfalco luxemburgués.

Una Orden Europea de Investigación es un instrumento legal, creado por una directiva de la UE de 2014 y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico nacional en 2019. Con esa resolución judicial, la justicia luxemburguesa pide a la española que lleve a cabo medidas de investigación que permitan obtener pruebas. Esas medidas pueden incluir desde la declaración de testigos hasta la identificación de los titulares de un número de teléfono, la dirección IP de un ordenador o una cuenta bancaria.

Según explica la Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2023, recién publicada, el delito predominante en las OEI recibidas por España es el de estafa y, más concretamente, el fraude telemático, el 36%. En la mayoría de los casos “se solicita información bancaria, al haberse transferido las cantidades defraudadas a cuentas abiertas en entidades bancarias” abiertas en España, explican los fiscales. Además, han aumentado las suplantaciones de identidad en “la apertura fraudulenta de las cuentas, especialmente cuentas online, como consecuencia de la falta de adecuada supervisión de la aplicación de la normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales por parte de los responsables de las entidades bancarias”.

La investigación abierta por la Fiscalía del Gran Ducado es por fraude, abuso de confianza, falsificación y blanqueo de capitales.

A preguntas del medio Reporter.lu, que como infoLibre pertenece al consorcio de investigación OCCRP, la Fiscalía Europea (EPPO) y la OLAF, la autoridad anticorrupción de la UE, se han negado a revelar si están investigando el caso Cáritas, a pesar de que parte del dinero robado procedía de fondos europeos, por lo que el caso sería de su competencia.

Como se sabe, la Costa del Sol es una de las zonas favoritas de la delincuencia internacional para blanquear el dinero que obtiene de forma ilícita. Todas las grandes organizaciones del crimen organizado están presentes en esa área del sur de España. De ahí que la Fiscalía de Málaga sea la segunda fiscalía provincial con más volumen y la tercera, en términos absolutos, tras la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado (UCIF) en expedientes de cooperación internacional, según destaca la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Así, Málaga registró el año pasado un total de 1.000 expedientes de cooperación internacional, 137 más que en 2022 un 9,85% más. De esos expedientes, 413 fueron OEI, un 8,03% más que en 2022. La memoria, que considera a la Fiscalía de Málaga como “uno de los puntales y referencias en España en materia de cooperación internacional”, explica que las solicitudes ejecutadas suelen estar relacionadas con “investigaciones de delincuencia organizada compleja”.

Mientras, según informa Reporter.lu, el comité de crisis de Cáritas ha creado una organización sucesora para hacerse cargo de sus actividades Luxemburgo: Hëllef um Terrain [Ayuda sobre el terreno en luxemburgués] (HUT). A partir del 1 de octubre, HUT se encargará de la acogida de refugiados o la ayuda a los sin techo, que el Estado luxemburgués había confiado anteriormente a Cáritas. A los cerca de 350 empleados en estas actividades se les ha ofrecido la oportunidad de incorporarse a HUT.

Además, este lunes, la Archidiócesis de Luxemburgo se pronunció por primera vez sobre el caso. En un comunicado de prensa, el cardenal Jean-Claude Hollerich agradeció los esfuerzos de todos los implicados, que han permitido continuar gran parte de las actividades de la “antigua” Cáritas. La archidiócesis no estará representada en HUT y dice que respetará plenamente su independencia. Al tiempo, una treintena de empleados encargados de coordinar proyectos internacionales perderán su empleo. La misma suerte correrán 70 empleados que eran responsables de los proyectos sobre el terreno, así como cientos de socios y consultores de los países afectados, como Sudán del Sur y Laos. 

El caso estalló cuando el director general de Cáritas en Luxemburgo, Marc Crochet, denunció el desfalco y, seis días después, fue detenida la directora financiera de la institución católica, Stéphanie Friob, que se ha presentado ante la policía como víctima del conocido como fraude del CEO o timo del jefe: contó que había recibido un correo de alguien que se hizo pasar por su superior y que le ordenó hacer unas transferencias urgentes. Autorizó un total de 120 transferencias a lo largo de cinco meses, desde febrero hasta julio, que no sólo dejaron a cero las cuentas de Cáritas –28 millones de euros–, sino que también dejó en manos de los ladrones otros 33 millones de créditos que la institución pidió a dos bancos de Luxemburgo, con la excusa de que eran adelantos sobre las subvenciones que iba a recibir del Gobierno. Algunas de esas transferencias alcanzaron los 500.000 euros.

La directora financiera de Cáritas fue puesta bajo vigilancia judicial en su domicilio de Bélgica, tras ser interrogada y luego imputada a principios de agosto por el juez de instrucción.

Uno de los supuestos beneficiarios de esas transferencias es una ONG turca vinculada a Cáritas, ASAM (Asociación para la Solidaridad con Solicitantes de Asilo y Migrantes), y otro es Caritas Internationalis, la matriz con sede en Roma que coordina las 160 Cáritas repartidas por todo el mundo. Pero ni una ni otra recibieron el dinero. Según la radio pública luxemburguesa Radio 100.7, que destapó el escándalo, los números IBAN no coincidían con los titulares de las cuentas.

Según ha publicado el medio digital reporter.lu, las transferencias desde Luxemburgo se hicieron “a un ritmo frenético”. Hasta siete diarias, por valor de varios millones de euros. Entre principios de febrero y mediados de marzo, salieron nueve millones de euros en una veintena de transferencias desde una cuenta de BGL BNP Paribas hasta la supuesta cuenta de Caritas Internationalis en el BBVA. Otros 52 millones se desviaron supuestamente a la turca ASAM, una ONG cuyo presupuesto, sin embargo, no supera los dos millones de euros y sólo trabaja con bancos de su propio país.

El BBVA asegura que “con anterioridad a ser informado” del fraude, el banco “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.

Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.

En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo. 

El BBVA tampoco ha querido desvelar si la Fiscalía luxemburguesa, el CSSF, el BCE o el Banco de España le han incluido en sus investigaciones y pedido información sobre las transferencias sospechosas. Ni quiere revelar si llevó a cabo la preceptiva investigación conocida como Know Your Client (KYC) a los titulares de esas 14 cuentas a las que fue a parar el dinero de Cáritas Luxemburgo. Los bancos están obligados a identificar a quienes contratan con ellos, así como a “acreditar y documentar el origen de sus fondos y su actividad económica y financiera”, tal y como repite el BBVA en su propio Código de Conducta, en cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y el fraude.

Según los expertos consultados por este periódico, lo ocurrido en Cáritas Luxemburgo no se ajusta en absoluto al patrón del fraude del CEO, que suele ejecutarse con un par de transferencias a lo sumo en un periodo muy corto de tiempo, y no con más de un centenar a lo largo de cinco meses. De ahí que los medios luxemburgueses sospechen de un golpe desde dentro: alguien en Cáritas estaba compinchado con quien quiera que urdió el fraude, u otra persona suplantó a quien o quienes tenían poderes para ordenar las transferencias. No obstante, o al menos de momento, la Fiscalía del Gran Ducado mantiene la hipótesis del fraude del CEO para explicar el insólito robo en Cáritas Luxemburgo.

El pasado 3 de mayo, el fraude que ha arruinado a Cáritas en Luxemburgo podría haber sido desenmascarado y el importe del desfalco, 61 millones de euros, reducido por lo menos a la mitad. Ese viernes, justo cuando abrían las oficinas, un empleado de Grant Thornton, la empresa que audita las cuentas de Cáritas, llamó al departamento financiero de la institución benéfica para informar de unas transferencias realizadas sin justificantes. El mensaje sembró el pánico en el departamento financiero. El correo electrónico iba acompañado de un archivo adjunto en el que el auditor pedía explicaciones sobre una serie de transferencias realizadas entre finales de enero y finales de febrero de 2024, según las informaciones del medio luxemburgués Reporter.lu, socio de infoLibre en el consorcio de medios de investigación OCCRP.

Los fondos en cuestión salieron de una cuenta en el Spuerkeess con destino a la ONG turca ASAM a través de varias cuentas sospechosas del BBVA en España. Se trata de una anomalía, ya que la ONG, colaboradora de Cáritas en la ayuda a las víctimas del terremoto de Turquía de febrero de 2023 –50.000 muertos–, sólo trabaja con bancos de su país de origen. ASAM es una de las dos organizaciones humanitarias utilizadas, sin su conocimiento, en el desfalco; la otra fue Caritas Internationalis, la matriz con sede en Roma de la institución diocesana. Ninguna de ellas llegó a ver el dinero.

Ese 3 de mayo, dos meses antes de que se descubriera el fraude, el auditor pidió explicaciones sobre los cuantiosos pagos efectuados a la organización turca. A nadie en Cáritas parecía haberle extrañado que los fondos, que hasta ese momento siempre se habían ingresado en la cuenta turca de la organización, hubieran acabado ahora en un banco en España, donde ASAM no tenía actividad ni razón de ser.

Más de cinco millones de euros, divididos en 11 pagos, fueron cargados en la cuenta del BBVA en el espacio de unas pocas semanas. Y el ritmo de transferencias se aceleró a medida que el mes de febrero avanzaba. El 29 de febrero se hicieron cuatro transferencias de algo menos de 500.000 euros. Pero fue más tarde, en junio y julio, en ausencia del director general de Cáritas Luxemburgo, Marc Crochet, cuando se produjo el desfalco masivo.

A principios de mayo de 2024, Grant Thornton está finalizando la auditoría financiera del ejercicio de 2023 de Cáritas. Faltan dos semanas para que se aprueben las cuentas en la junta general de la fundación. El auditor debe asegurarse de que no se han producido hechos significativos con impacto en las cuentas después de la fecha de cierre del 31 de diciembre de 2023. Por este motivo, uno de los empleados pregunta a la organización diocesana sobre los pagos posteriores al cierre efectuados en los primeros meses de 2024. Se trata de algo rutinario.

Pero un asistente del departamento financiero y la directora financiera entran en pánico por la incursión de Grant Thornton. Esta agitación sin precedentes es un factor que pone en duda el fraude del CEO que esgrimió la Fiscalía de Luxemburgo en su primer comunicado sobre el caso, el pasado 6 agosto.

El asunto Cáritas comenzó el miércoles 7 de febrero de 2024, a las 16.48 horas, con un correo electrónico en el que la directora del departamento financiero de Cáritas Luxemburgo recibía instrucciones desde una dirección de correo electrónico, no profesional –@gmail.com– y desconocida hasta entonces, de una persona que se hacía pasar por el director general Marc Crochet.

El supuesto director gerente menciona la inminencia de una importante transacción financiera, que debe mantenerse en la más estricta confidencialidad hasta que se anuncie de forma oficial el 21 de febrero. Y pide a la directora financiera que no haga ninguna referencia al asunto en persona o por teléfono. A las 17.01 horas, sin alertar previamente a sus superiores ni comprobar la credibilidad de estos requerimientos, la directora financiera cae en la trampa: se apresura a responder que está esperando instrucciones de su supuesto jefe. Una usurpación de identidad que el verdadero Marc Crochet no descubriría hasta julio, a la vuelta de sus vacaciones, al mismo tiempo que el desfalco que ha arruinado a la institución.

En nombre de esta misteriosa inversión prevista por una organización caritativa que no se dedica a hacer negocios comprando empresas, las cuentas de Cáritas se vaciarán en el espacio de unos meses. Señalada por su nombre en la denuncia que presentó la institución diocesana inmediatamente después de descubrirse el desfalco, la directora financiera ha hecho saber a través de su abogado que ella no es ni la autora ni la beneficiaria del fraude.

En primavera ya se habían quedado a cero las reservas financieras de Cáritas, que sumaban 28 millones de euros. Así que se abrieron negociaciones con los bancos BGL BNP Paribas y Spuerkeess para obtener líneas de crédito que endeudarán a la institución benéfica en 33 millones de euros. La directora financiera dirigió en solitario las conversaciones con estas entidades financieras. Tiene la plena confianza del comité de dirección y poderes para gestionar las cuentas bancarias.

En mayo, el motivo de la agitación en el departamento financiero de Cáritas fue que Grant Thornton había enviado su correo electrónico no sólo a la directora financiera y a su asistente, sino también, en copia, a otra empleada de la institución. Y ella no tenía ni idea de las operaciones secretas que se estaban haciendo a sus espaldas.

Las transferencias de más de cinco millones de euros realizadas durante esas semanas a la ONG turca podrían desencadenar una reacción o, como mínimo, algunas preguntas incómodas. Porque la contribución financiera de Cáritas al presupuesto de la verdadera ASAM apenas superaba los dos millones anuales.

Así que, a continuación, se hicieron enormes maniobras para comprobar que la empleada no había hecho saltar ninguna alarma tras la recepción inesperada del correo electrónico de Grant Thornton. Una asistente de la directora financiera se encarga de apagar el fuego yendo a tranquilizar en su oficina a la destinataria por error del mensaje. Al auditor se le pide un recall del mensaje –que lo recupere– pero sin ponerla a ella en el bucle. La operación de desactivación fue un éxito. La empleada está sobrecargada de trabajo. No ha tenido tiempo de comprobar el contenido explosivo del archivo que documentaba las anómalas transferencias bancarias enviadas a España.

En un mensaje enviado de nuevo el 3 de mayo al falso Marc Crochet, la directora financiera le informaba de que había tenido que facilitar a Grant Thornton el balance general hasta finales de febrero. Le preocupaba que el auditor hubiera solicitado un justificante de pago a ASAM y sugería que no se accediera a esa petición. La directora financiera también dijo que quería hablar por el móvil con el auditor sobre las problemáticas transferencias a ASAM en España. En respuesta, el supuesto director general la felicitó por su trabajo y le aseguró que se pagarían primas a los empleados que lo merecieran y que hubieran contribuido al éxito de la operación.

Al ser contactada por Reporter.lu, Grant Thornton declinó hacer comentarios sobre el episodio del 3 de mayo: “En nuestra calidad de auditores autorizados de las asociaciones sin ánimo de lucro mencionadas, estamos obligados por las disposiciones legales vigentes al secreto profesional”, declaró el socio de Grant Thornton encargado de auditar a Cáritas. También declinó revelar si las transferencias españolas a ASAM habían suscitado o no dudas sobre su legalidad, lo que habría obligado a la auditora a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (CRF) luxemburguesa.

En abril, dos semanas antes del correo enviado por Grant Thornton, la directora financiera confiesa al director general falso su preocupación por la situación financiera de Cáritas, por las primeras facturas impagadas y los retrasos en la entrega de documentos a los auditores para cerrar el balance de 2023. La directora financiera sugiere que la misteriosa inversión está lastrando la tesorería de la institución y que también supone un riesgo financiero para acabar la auditoría en el plazo previsto.

La directora financiera añade que espera reunirse pronto con un abogado parisino, supuestamente encargado de llevar a cabo la transacción financiera secreta. La operación, que en principio debía haberse cerrado y estaba previsto anunciar el 21 de febrero, no dejaba de aplazarse por motivos caprichosos. Sin embargo, el dinero para esa compra seguía saliendo de las arcas de Cáritas.

Como ha publicado Reporter.lu, el abogado con el que la directora financiera pretende comunicarse por teléfono y correo electrónico es efectivamente miembro del Colegio de Abogados de París. Pero la dirección de correo electrónico de su bufete había sido manipulada. Contactado por el medio luxemburgués, el abogado insiste en que nunca ha tenido ningún contacto con Cáritas, ni ningún caso con la institución. También le es ajeno el nombre de la directora financiera de la institución diocesana. “Puedo confirmar que nunca he estado en contacto con Cáritas Luxemburgo, a la que no conozco. Tampocoa la directora financiera. Ni yo ni nuestra empresa estamos implicados en este fraude del que nos hablan”, contestó.

La directora financiera de Cáritas fue puesta bajo vigilancia judicial en su domicilio de Bélgica, tras ser interrogada y luego imputada a principios de agosto por el juez de instrucción. Aún no se ha hecho pública ninguna información sobre un posible registro de su domicilio. Según Reporter.lu, la directora financiera entregó su teléfono móvil de trabajo y su ordenador portátil a petición de los investigadores. Por tanto, estos dispositivos deberían ofrecer pistas sobre lo ocurrido.

Los testimonios de los dos empleados del departamento financiero que llevaron a cabo las órdenes de transferencia sospechosas sin encontrar nada de lo que informar, también serán decisivos para el avance de la investigación y para descubrir la verdad. Uno de los empleados ya ha sido citado por la policía judicial y el otro deberá comparecer ante los agentes en breve.

Jean-François Boulot, fiscal adjunto del Estado que trabaja en el caso mano a mano con Max Braun, su homólogo en la Unidad de Inteligencia Financiera, declaró a la cadena de radio RTL que la investigación sobre el desfalco en Cáritas es la prioridad de la fiscalía, que está haciendo todo lo posible para esclarecer el caso e intentar recuperar el dinero.

Según las informaciones de Reporter.lu, los investigadores luxemburgueses han recibido documentación de las autoridades españolas y del BBVA sobre las cuentas en España, algo que el banco no ha querido confirmar a infoLibre amparándose en la protección de datos de sus clientes. La consulta del registro nacional de cuentas IBAN puede aportar información valiosa sobre la identidad de quienes abrieron las cuentas en varias sucursales bancarias del BBVA y sobre la ruta seguida después por el dinero. Queda por ver si la fiscalía mantendrá la hipótesis del fraude del CEO, según la cual una red criminal abusó de la credulidad de la directora financiera de Cáritas, engañada por un un director gerenal ficticio.

El desfalco que ha vaciado las cuentas, y arruinado la reputación, de Cáritas en Luxemburgo tiene una significativa implicación española: los 61 millones robados pasaron por 14 cuentas del BBVA antes de perderse aún no se sabe dónde. El BCE y el supervisor financiero luxemburgués (CSSF) investigan el comportamiento de las dos entidades bancarias del Gran Ducado que permitieron las 120 transferencias realizadas a lo largo de cinco meses desde Cáritas hasta el BBVA en España. La Fiscalía luxemburguesa también indaga si se trata de un fraude, como denuncia la institución benéfica, o si, además, se puede hablar incluso de blanqueo de capitales.

“Desde luego no se ajusta al patrón del fraude del CEO”, apunta Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom) y abogado del despacho Écija Abogados. Ese es el fraude del que se han presentado como víctimas la directora financiera de Cáritas y la propia institución diocesana. “El mayor [fraude del CEO] que se ha dado en España no superó las cuatro transferencias y por importes no tan elevados”, explica. En el caso de Cáritas, las cuantías alcanzaron los 500.000 euros. Algunos días se hicieron hasta siete transferencias. Empezaron en febrero y no terminaron hasta julio de este año. De los 61 millones, 28 procedían de las reservas de la institución, pero el resto fueron préstamos que Spuerkessee y BGL BNP Paribas, los dos bancos que ordenador las transferencias, concedieron a Cáritas como adelanto de las subvenciones que ésta recibe del Gobierno del Gran Ducado.

Así que Alonso Hurtado, al igual que los medios luxemburgueses, sospecha de un golpe desde dentro: alguien en Cáritas estaba compinchado con quien quiera que urdió el fraude, u otra persona suplantó a quien o quienes tenían poderes para ordenar las transferencias. No se entiende, añade el abogado, que la directora financiera no preguntara, en persona y a lo largo de cinco meses, al superior que supuestamente le ordenaba –se supone que desde un despacho próximo– que hiciera esas operaciones, el director general de Cáritas, Marc Crochet, por el sentido de esas transferencias tan voluminosas mientras la tesorería se iba vaciando. Y que nadie en cinco meses revisara las cuentas de la institución. Fue Crochet quien interpuso la denuncia ante la policía.

“En un fraude descubierto en España, uno de los ladrones estuvo un año trabajando en la empresa víctima; por tanto conocía perfectamente cómo funcionaba, transfería cantidades más o menos habituales a otras empresas también habituales, no llamaban la atención”, recuerda Alonso Hurtado. Las salidas de fondos de Cáritas, en cambio, deberían haber hecho saltar las alarmas enseguida dentro de la institución.

En cualquier caso, es muy probable que los dos bancos luxemburgueses sean considerados responsables civiles del fraude, por no haber tomado las medidas de diligencia debida a la hora de identificar a los beneficiarios detrás de las cuentas del BBVA y no haberlas paralizado, asegura el experto en compliance. Así lo establece la directiva de servicios de pago de la UE, que sólo considera responsable al ordenante –Cáritas en este caso– si éste ha “actuado de manera fraudulenta” o ha “incumplido, deliberadamente o por negligencia grave, una o varias de las obligaciones” de seguridad.

Cuestión distinta es la posible responsabilidad del BBVA. Alonso Hurtado la considera más difícil de determinar. Así, el banco debe llevar a cabo un procedimiento conocido como Know Your Client (Conoce a tu cliente) antes de que cualquier particular o empresa contrate sus productos o servicios. Se trata de un protocolo estandarizado en todo el mundo que los bancos “cumplen siempre”, recalca el abogado.

Así que se trata de un proceso por el que debieron de pasar los clientes que abrieron las 14 cuentas adonde se desvió el dinero de Cáritas. De momento, sólo se ha hecho pública la identidad de dos: Caritas Internationalis, la matriz de la institución diocesa, con sede en Roma, y la ONG turca Asam, que tiene vínculos con Cáritas. Pero ni una ni otra recibieron el dinero, según han publicado los medios luxemburgueses.

Como establece el reglamento que desarrolla la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, los bancos deben “identificar y comprobar, mediante documentos fehacientes” quiénes son las personas físicas o jurídicas que van a ser sus clientes. Si se trata de un particular, basta con el DNI o el pasaporte, pero las sociedades, instituciones o empresas deben acreditar con documentos públicos su “denominación social, forma jurídica, domicilio, identidad de los administradores, estatutos y número de identificación fiscal”. Es decir, deben aportar documentación del Registro Mercantil. Es más, tienen que acreditar quiénes son sus titulares reales, aquellas personas físicas que poseen más del 25% del capital.

Pero el control no se queda ahí. El banco también debe pedir a sus futuros clientes información que acredite “la naturaleza de su actividad profesional o empresarial”. Incluido su volumen de negocio y el de las transacciones previas que han realizado. De forma que, si se hacen operaciones por importes mucho más elevadas, saltan las alarmas y la empresa debe explicar a qué se debe la anomalía. “En el procedimiento hay una parte automática y otra manual: todo lo que se sale de los patrones marcados, lo analizan personas físicas para comprobar si hay algo raro o no”, detalla. Además, los bancos están obligados a hacer “un seguimiento continuo” de las operaciones con su cliente, “un escrutinio” que el reglamento define como “integral”, con procedimientos de revisión periódicos.

E incluso exige medidas “reforzadas” en actividades o clientes con mayor riesgo de blanqueo de capitales, cuando, por ejemplo, las transferencias superen los 3.000 euros, los clientes no residan en España o las operaciones se realicen en “circunstancias inusuales”.

Alonso Hurtado no cree que Cáritas, por el hecho de ser una organización benéfica, ligada además a la Iglesia católica, pudiera haber recibido un trato más laxo que cualquier otra empresa o institución. Más bien al contrario. “Las ONG, fundaciones y asociaciones están sometidas a una vigilancia reforzada, porque suelen ser utilizadas para blanquear capitales: tienen menores controles regulatorios y es habitual que mantengan relaciones con países en desarrollo, con controles no tan estrictos”, advierte.

Alonso Hurtado cree que el BBVA ha cumplido con esos procedimientos. “Cuestión distinta”, precisa, “es si los autores del fraude les enviaron documentos falsos para abrir las cuentas”. O si se trataba de clientes antiguos, el banco se hubiera conformado con un KYC menos estricto del que se exige actualmente. La ONG turca Asam no ha contestado a las preguntas que sobre el caso le ha enviado infoLibre.

Además, los 61 millones de euros no estuvieron mucho tiempo en las 14 cuentas del BBVA. “Seguro que ya estaban programadas las transferencias para sacar el dinero antes incluso de recibirlo”, apunta. Los ingresos en cada cuenta debieron de salir fragmentados en transferencias más pequeñas a otras entidades. En otros casos de fraude del CEO, los receptores han sido personas físicas, mulas que se quedan con un porcentaje del dinero y transfieren el resto a los cerebros de la trama.

El BBVA asegura que tomó “medidas restrictivas” al detectar “anomalías” antes de haber sido informado desde Luxemburgo del fraude. Alonso Hurtado apuesta por el bloqueo de las cuentas. El banco no ha querido precisar a infoLibre en qué momento de los cinco meses que duró la operativa del desfalco adoptó esas medidas pero, si no lo hizo con rapidez, es difícil que haya conseguido impedir la desaparición de todos los fondos de Cáritas.

Ni el BCE ni el supervisor financiero luxemburgués (CSSF) ni el Banco de España ni el Sepblac, el organismo español contra el blanqueo de capitales, han querido confirmar a infoLibre si están investigando al BBVA por este caso o siquiera si le han pedido información.

Pero el banco que preside Carlos Torres Vila tiene su propio historial de incumplimientos. Según reconoce en su último informe anual, en 2023 resolvió 167.269 expedientes de investigación, que dieron lugar a 105.845 comunicaciones de operaciones sospechosas remitidas a las autoridades de México, Turquía, Argentina, Colombia y España. Los bancos están obligados por las leyes internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a informar a las autoridades de cualquier operación dudosa.

En ese mismo informe, el BBVA publica que el Sepblac le multó el año pasado con 4,83 millones de euros por carecer de un sistema protocolizado contra el blanqueo en sus filiales y sucursales en terceros países. Antes ya le había impuesto otra sanción de 13,12 millones por infracciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales. El banco ha recurrido ambas multas.

La mención a las filiales del banco no es casual. En 2019, su filial turca, Garanti BBVA, fue condenada en Francia con 33 millones de euros por infringir la normativa sobre blanqueo de capitales al ayudar a empresas implicadas en un fraude fiscal permitiéndoles utilizar sus servicios bancarios. Y ese mismo año, Garanti BBVA fue denunciado en Turquía por un grupo de inversores víctimas de la estafa piramidal montada por un británico que utilizó las cuentas de la entidad para robarles sus ahorros. A principios de este año, la oposición iraní denunció que la filial turca del BBVA mantenía relaciones de negocios con dos petroleras públicas del régimen de los ayatolás pese a que habían sido sancionadas por Estados Unidos. Como queda dicho más arriba, uno de los supuestos titulares de las cuentas receptoras de los fondos de Cáritas es una ONG turca.

El banco, por su parte, asegura que tiene “los protocolos y procedimientos que requiere la normativa de prevención del blanqueo de capitales y antifraude, y los aplica de manera continuada”. También destaca las “numerosas medidas de control” que implementa para asegurar que sus productos y servicios “no son utilizados con fines ilícitos”.

Nada más regresar de sus vacaciones, el pasado 16 de julio, el director general de Cáritas Luxemburgo, Marc Crochet, denunció ante la policía que la entidad diocesana había sufrido un desfalco que ha dejado sus cuentas a cero. La Fiscalía del Gran Ducado abrió inmediatamente una investigación por fraude, abuso de confianza, falsificación y blanqueo de capitales. Seis días después, fue detenida la directora financiera de Cáritas, Stéphanie Friob, que se ha presentado ante la policía como víctima del conocido como fraude del CEO o timo del jefe: recibió un correo de alquien que se hizo pasar por su superior y le ordenó hacer unas transferencias urgentes.

Pero las dudas han saltado enseguida a las portadas de los principales periódicos de Luxemburgo, donde el desfalco ha causado tal escándalo que ha hecho intervenir hasta al primer ministro. “No daremos ni un euro más a Cáritas hasta que se esclarezca la gestión de los fondos y hasta que tengamos una visión más clara de la gobernanza de la institución”, declaró Luc Frieden. “El Gobierno”, subrayó, “no confía en las estructuras actuales. Exigimos un administrador interino que sea nuestro contacto”.

La suspicacia del gobierno y de los medios luxemburgueses, que llevan días desnudando el caso, está más que justificada. Porque el robo no se ajusta en absoluto al manual del fraude del CEO. De hecho, el desfalco se llevó a cabo mediante 120 transferencias bancarias que se sucedieron entre febrero y julio de este año. Cinco meses. Por cuantías que difícilmente podían pasar inadvertidas, pues alcanzaron los 500.000 euros. Y la guinda era española: todas ellas tuvieron como destino 14 cuentas bancarias abiertas en el BBVA en España.

En algunos casos, el supuesto beneficiario era una ONG turca vinculada a Cáritas, ASAM (Asociación para la Solidaridad con Solicitantes de Asilo y Migrantes), y en otras Caritas Internationalis, la matriz con sede en Roma que coordina las 160 Cáritas repartidas por todo el mundo. Pero ni una ni otra recibieron el dinero. Según la radio pública luxemburguesa Radio 100.7, que destapó el escándalo, los números IBAN no coincidían con los titulares de las cuentas. Pero eso no fue obstáculo para que los dos bancos emisores, los luxemburgueses Spuerkeess y BGL BNP Paribas, hicieran las transferencias. Ni para que el BBVA, a su vez, permitiera a los beneficiarios de las 14 cuentas receptoras mover 61 millones de euros a no se sabe dónde.

Es más, de esa cantidad, 28 millones procedían de las reservas financieras de Cáritas Luxemburgo, pero el resto fueron préstamos, líneas de crédito que Spuerkeess y BGL BNP Paribas abrieron a la institución diocesana, supuestamente como adelanto de las subvenciones públicas que iba a recibir, pero que terminaron igualmente en las cuentas de los ladrones en España.

De forma que, además de la Fiscalía, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) y el Banco Central Europeo (BCE) están investigando el caso. También la propia Cáritas ha encargado una auditoría a un comité de crisis y a PriceWaterhouseCoopers.

A preguntas de infoLibre, el BBVA asegura que “con anterioridad a ser informado” del fraude, el banco “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.

Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.

En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo. Y se remite al Banco de España, que en su Memoria de Reclamaciones de 2022 establece que es el ordenante quien debe comprobar el IBAN. Además, la orden de pago no se puede revocar.

El BBVA tampoco quiere desvelar si la Fiscalía luxemburguesa, el CSSF, el BCE o el Banco de España le han incluido en sus investigaciones y pedido información sobre las transferencias sospechosas. Ni quiere revelar si llevó a cabo la preceptiva investigación conocida como Know Your Client (KYC) a los titulares de esas 14 cuentas a las que fue a parar el dinero de Cáritas Luxemburgo. Los bancos están obligados a identificar a quienes contratan con ellos, así como a “acreditar y documentar el origen de sus fondos y su actividad económica y financiera”, tal y como repite el BBVA en su propio Código de Conducta, en cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y el fraude.

Respecto a las medidas restrictivas que el BBVA podía adoptar sobre las 14 cuentas sospechosas, el Banco de España cita algunas de las posibles: cancelar la operación, cerrar la cuenta, bloquearla, ordenar “restricciones operativas” e incluso cancelar todas las posiciones del titular en el banco, añaden las fuentes bancarias consultadas. Según apuntan, incluso se está empezando a utilizar la Inteligencia Artificial para identificar posibles irregularidades, lo que permite detectarlas con mayor rapidez.

El banco que preside Carlos Torres Vila tampoco ha querido contestar si ha abierto algún tipo de investigación interna sobre este asunto y si sospecha de que los desfalcadores contaron con ayuda interna de algún empleado del banco para sortear los protocolos de seguridad. [En la caja negra al final de esta información infoLibre reproduce las preguntas que envió al BBVA y éste no ha respondido].

Según ha publicado el medio digital reporter.lu, las transferencias desde Luxemburgo se hicieron “a un ritmo frenético”. Hasta siete diarias, por valor de varios millones de euros. Entre principios de febrero y mediados de marzo, salieron nueve millones de euros en una veintena de transferencias desde una cuenta de BGL BNP Paribas hasta la supuesta cuenta de Caritas Internationalis en el BBVA. Otros 52 millones se desviaron supuestamente a la turca ASAM, una ONG cuyo presupuesto, sin embargo, no supera los dos millones de euros y sólo trabaja con bancos de su propio país.

Reporter.lu también revela que Caritas Luxemburgo consiguió que BGL BNP Paribas le ampliara al menos dos préstamos de emergencia por importe de 16 y siete millones de euros utilizando como garantía las subvenciones que le concede el Estado luxemburgués.

El primer ministro, Luc Frieden cifró en 45 millones de euros el dinero que Cáritas recibe cada año del Gran Ducado por servicios como la gestión de instalaciones de acogida para refugiados, personas sin hogar, mujeres y enfermos mentales. También lleva a cabo proyectos humanitarios en Siria, Ucrania, Mali, Sudán del Sur o Laos a cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores luxemburgués. “Cáritas emite facturas que pagamos una vez hemos comprobado que se han prestado los servicios. Desde principios de año se han pagado 21 millones de euros, y sólo por servicios que se han llevado a cabo”, explicó a los periodistas tras saltar el escándalo.

Ahora todos esos servicios corren peligro. También los salarios de los 500 trabajadores de Cáritas en Luxemburgo, que sólo están garantizados hasta este mes de agosto. El cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, se ha limitado hasta ahora a publicar un comunicado en el que expresa su “profunda indignación” por el “escandaloso desvío” de fondos que “afecta a una organización católica cuyo objetivo es ayudar a los necesitados en el Gran Ducado y en el extranjero”.

Mientras la policía y los supervisores financieros investigan, los medios luxemburgueses no dejan de destapar los problemas de gobernanza que sufren tanto la propia Cáritas como los bancos implicados. Una tara fundamental para una institución que depende para financiarse de donaciones de particulares y de empresas, subvenciones públicas e incluso fondos de la Unión Europea.

Radio 100.7 asegura que el departamento financiero de Cáritas ya tenía problemas antes de que estallara el escándalo, por lo que el año pasado se encargó una auditoría a un consultor externo. Varios empleados abandonaron el departamento, mientras la directora financiera restringía el acceso de otros a la contabilidad. Según reporter.lu, eran cuatro las personas del comité de gestión, incluida Stéphanie Friob, que tenían poderes para operar con las cuentas bancarias de Cáritas. Friob, que se entregó a la policía el 20 de julio, se encuentra desde entonces bajo arresto domiciliario. Pero los investigadores buscan otros coautores o cómplices, en Cáritas y en los bancos, que pudieran haber ayudado en el desvío de los 61 millones de euros.

El Gobierno de Luc Frieden se ha comprometido a presentar en septiembre un plan de crisis que garantice el mantenimiento de los servicios sociales hasta ahora cubiertos por Cáritas. Precisamente cuando el papa Francisco tiene previsto visitar Luxemburgo, concretamente el día 26.

Tres de cada diez hogares en España (el 31,5%, unas seis millones de familias) no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas, según el informe 'El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo', de Cáritas Española, que analiza la situación de las familias en medio de la crisis inflacionaria, según informa Europa Press.

El estudio, presentado este jueves, revela que estos 6 millones de familias en España viven con ingresos inferiores al 85% de su presupuesto de referencia. Ese porcentaje es superior a la tasa de pobreza relativa (20,7%) y a la tasa AROPE (25,3%), calculadas por el INE para el año 2019.

Para llegar a esta conclusión, el estudio propone la construcción del Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (PRCVD). Se trata de un sistema de medición complementario, que permite abordar la pobreza no solo a partir de los ingresos disponibles, sino que los asocia a las necesidades básicas de los hogares.

Según ha señalado la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, si antes de la crisis de la inflación, los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales destinaban a vivienda, alimentación y transporte 61 euros de cada 100 que ingresaban, al terminar el año estarán dedicando 80 de cada 100.

Por su parte, las familias en peor situación, con ingresos menores a los 1.000 euros, que antes de la crisis se veían obligados a dedicar casi el 70% de esa cantidad exclusivamente a vivienda y alimentación, al finalizar el año superarán los 80 euros de cada 100.

"La incertidumbre generada por la guerra en Ucrania, la evolución de los costes energéticos y las cifras de inflación observadas en los últimos meses han incrementado aún más el riesgo de enquistamiento o cronificación de estas situaciones de exclusión social", ha advertido la secretaria general de Cáritas Española.

Según ha señalado Peiro, todos los ciudadanos se han empobrecido como consumidores debido a los altos precios pero ha ha alertado de que, mientras muchos podrán hacer frente a esta situación, "ese 31,5 % no" lo podrá hacer. Por ello, ha apelado a la solidaridad de la sociedad.

Cáritas ha denunciado este miércoles, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, lo "gravemente desprotegidos" que están los derechos laborales de las más de 518.800 personas que trabajan como empleadas de hogar en España, ha informado Europa Press.

La entidad advierte de que, el pasado mes de enero, solo 378.805 trabajadoras estaban afiliadas en el Régimen de la Seguridad Social. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), por lo que, alrededor del 30% no tienen contrato.

A su juicio, estas "bajas cifras" de afiliación, unido a que se trata de un sector muy feminizado (el 95% son mujeres) y que la mayoría de origen extranjero, hace que se encuentren "en una situación de especial vulnerabilidad".

Frente a esta realidad, Cáritas reclama "un aumento de los niveles de protección de estas trabajadoras". En el marco del Plan de Respuesta ante los efectos socio-económicos derivados del conflicto en Ucrania, Cáritas ha pedido al Gobierno que la prestación por desempleo se aplique a las empleadas de hogar en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores.

Además, en línea con la OIT (Organización Internacional del Trabajo), también solicita más oportunidades de empleo, un reconocimiento de la relación laboral a través de contratos dignos, e igualdad en el trato: salarios, horas, vacaciones.

"El Gobierno ha planteado un compromiso de dotarlas de la prestación por desempleo, así como equiparar otros derechos y condiciones para el 2022. Esto unido a una campaña de inspección de trabajo contra los salarios por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) a empleadas de hogar, hace pensar que el 2022 pueda ser un año de cambios y mejoras para el sector", ha señalado Beatriz Iraeta, del equipo de Inclusión Social de Cáritas Española.

Desde la entidad denuncian que la actual vulneración de derechos laborales en el campo del empleo doméstico afecta a todas las facetas de la vida de la mujer y que, muchas veces, la falta de tiempo libre les impide cualquier tipo de conciliación familiar y personal, mientras que las elevadas tasas de temporalidad e irregularidad salarial aumentan la precariedad y restringe el acceso a las prestaciones.

"Esta pérdida de derechos provoca además indefensión en la mujer que, a menudo, no es consciente de sufrir explotación, normalizándola y pensando que es un paso necesario para conseguir un trabajo mejor", señala Cáritas.

Además, advierte de que, en el caso de las mujeres inmigrantes, al estar fuera de su país de origen, asumen que deben "aguantar" todo. Muchas de ellas, incluso, son conscientes de sufrir vulneraciones, pero no lo denuncian por miedo a perder el trabajo, por creer que no sirven para nada o por no sentirse legitimadas de hacerlo.

Cuando el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en junio de 2020, aseguró que 830.000 hogares eran potenciales beneficiarios de la ayuda, lo que se traducía en 2,2 millones de personas acogidas al paraguas de la prestación, pensada para proteger a quienes padecen pobreza severa. Sin embargo, con las últimas cifras facilitadas por el ministerio, un año y medio después de su puesta en marcha, sólo la han solicitado 1,52 millones de personas. No porque haya menos pobres de los que pensaban los técnicos de Escrivá sino porque el 67,8% de los posibles solicitantes ni se han acercado a una oficina pública para pedirlo y otros 6,2% lo han hecho, pero se han marchado antes de firmar o lo intentaron con un ordenador y no pudieron concluir el trámite. Son datos de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación Foessa, realizada a 7.000 hogares considerados población diana del IMV. Una muestra de los 5,3 millones de personas que viven en pobreza severa en España tras el covid-19.

“El IMV ha tocado techo”, resume José Antonio Noguera, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en políticas sociales, “se fue acelerando en 2021 pero en los últimos mese se ralentizó y ni de lejos se ha llegado a esos 2,2 millones de beneficiarios totales”. En efecto, según las cifras que publica el ministerio –sin periodicidad fija, sólo cada dos o tres meses– entre marzo y mayo de 2021 las solicitudes totales experimentaron un empujón que superó las 200.000, pero desde entonces el ritmo se ha frenado considerablemente. De mayo a octubre sólo se presentaron 10.473 nuevas peticiones, cuando lo normal era que cada dos meses hubiera más de 100.000. Los últimos datos que ha proporcionado Seguridad Social corresponden a diciembre, pero el ministerio no ha dado una cifra precisa. “Son más de millón y medio”, asegura a infoLibre, sin concretar más. La Fundación Civio aporta el dato de 1.525.247 solicitudes a “finales de 2021”, que le fue facilitado tras reclamarlo a través del Portal de Transparencia. De forma que, usando esa cifra, hubo un aumento de 71.595 nuevas solicitudes entre octubre y diciembre de 2021, un tercio de la que se presentaron entre marzo y mayo.

La misma evolución se observa al considerar los expedientes considerados válidos: entre marzo y mayo superaron los 170.000 nuevos, pero entre octubre y diciembre ya fueron sólo 52.096 los validados.

El fenómeno no es una peculiaridad nacional ni siquiera un defecto intrínseco del IMV. Más bien se trata de una constante en este tipo de ayudas “no automáticas” y “condicionadas”, explica Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos de EAPN, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España. De hecho, según un estudio de Eurofound, la Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, en cada uno de los estados de la UE hay al menos una ayuda que no reciben una tercera parte de sus potenciales beneficiarios. En Francia, en 2014, hasta el 64% de los posibles receptores del ingreso de solidaridad no lo habían solicitado y en Alemania entre el 33,8% y el 43% de quienes tienen derecho al Grundsicherung (prestación mínima), mientras que en los Países Bajos el 47% de los posibles perceptores de la ayuda especial de subsistencia tampoco la habían pedido.

Es lo que se conoce como non-take up, la no reclamación del derecho. Las personas para quienes está pensada la ayuda se excluyen por diferentes motivos. Es habitual que quien sufre pobreza extrema carezca de un ordenador o siquiera de acceso a internet, también de conocimientos y habilidades informáticas mínimas. O no tiene vivienda. O sufre enfermedades y adiciones. Todo ello dificulta su acceso a la Administración.

Pero también hay “desconfianza”, apunta Graciela Malgesini. “En poblaciones pequeñas, hay quien no quiere que se sepa que han pedido la ayuda”, explica, “o en algunas comunidades dudan si dejar la renta mínima autonómica por el IMV cuando tardan meses en contestar y no saben si te la van a dar, o saben que se la han denegado a otros y no se atreven a hacer el cambio”. Además, asegura que el régimen sancionador del IMV “asusta” y disuade a muchos.

Los inmigrantes irregulares, los menores de 23 años sin hijos, las personas que viven en instituciones o en viviendas compartidas, o cualquier que tenga problemas para empadronarse son algunos de los perfiles que han quedado excluidos del IMV. Para hacerse una idea de lo que representan estos grupos, basta con recordar que en España puede haber unas 30.000 personas sin techo, según EAPN, y que la tasa de pobreza severa entre los extranjeros –27,2% los comunitarios y 26,4% los extracomunitarios– cuadriplica la de los españoles –6,7%–. Unos y otros tienen dificultades adicionales para solicitar el IMV por sus carencias documentales.

Consciente de ello, el Ministerio de Seguridad Social ha pedido su colaboración a ONG y organizaciones del llamado tercer sector, para que sean ellas las que se acerquen a los potenciales beneficiarios y lleguen hasta donde ahora no ha sido capaz de alcanzar la administración. Ha creado un registro de mediadores donde deben inscribirse estas entidades para poder asesorar y acreditar –emitiendo certificados– la situación de vulnerabilidad de los posibles perceptores del IMV. Por ejemplo, podrán ayudar a quienes carezcan de domicilio.

Pero hasta el momento, sólo se ha registrado la Cruz Roja. Cáritas ya ha presentado la documentación necesaria para inscribirse, lo que hará una vez que cada una de las 70 organizaciones diocesanas haya aprobado el movimiento, explica Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política y Análisis Jurídico de la institución. Que la norma sólo permita el registro a organizaciones sin ánimo de lucro que dispongan de puntos de atención directos en todas las comunidades autónomas y lleven al menos tres años trabajando con personas en riesgo de exclusión social limita en gran medida el número de las entidades que pueden colaborar en la tarea. Así que, bajo el paraguas de la plataforma EAPN, van a registrarse entidades con menor implantación territorial, desde la ONCE y el Secretariado Gitano hasta Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y Plena Inclusión (Personas con Discapacidad Intelectual). Con la ayuda de estas organizaciones, el ministerio calcula que deberían incorporarse entre 20.000 y 40.000 nuevos beneficiarios.

“Cáritas ya tiene a una persona en cada diócesis encargada del IMV y en algunas, un equipo específico para tramitarlo”, destaca Ana Abril, quien no escatima críticas al diseño de la prestación. Que las entidades del tercer sector social asesoren y certifiquen “aportará algo”, apunta, pero será un “impacto menor”.

El ministerio también ha lanzado una campaña de detección de posibles beneficiarios del IMV, enviando SMS a personas que, según los registros de Hacienda, podrían solicitarlo. “Pero, de momento, su tasa de respuesta está siendo baja”, advierte José Antonio Noguera. Se trata de una encuesta en la que Seguridad Social les pregunta “por qué no han pedido el IMV”. Noguera asegura que es la primera campaña de detección del non-take up que conoce.

La respuesta a la pregunta de Escrivá la han dado ya las organizaciones que conocen la exclusión social. Según la encuesta de la Fundación Foessa, incluida en el informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos, el 56,8% de los hogares en pobreza severa, es decir, con ingresos por debajo del 40% de la mediana –6.417,35 euros–, no ha recibido información sobre el IMV. Otro 10,7% ha recibido información, pero no la suficiente para solicitarlo, y un 7,9% dice que tiene información, pero no necesita la ayuda. Un 6,2% ha intentado solicitarla, pero ha encontrado “barreras” para hacer el trámite: o ha acudido a la oficina correspondiente pero no ha conseguido cita o ha tratado de iniciarlo por ordenador y no lo ha podido finalizarlo. En resumen, sólo el 25% de los potenciales beneficiarios del IMV lo han solicitado.

Si a ese bajo alcance se le suma el alto porcentaje de denegaciones, la cobertura del IMV pierde más fuelle aún. Con las cifras de octubre de 2021, el 71,4% de las solicitudes tramitadas fueron rechazadas, un total de 888.458, mientras que otras 18.638 se encontraban pendientes de subsanación de errores. Casi la mitad de las denegaciones se deben a que los solicitantes superan el nivel de ingresos, “una de las barreras más excluyentes”, según el informe de Foessa.

Ana Abril dirige sus críticas a los “problemas de diseño” del IMV, que se mantienen pese a las mejoras aprobadas por el ministerio en el año y medio largo de vida de la prestación. “La cuantía es tan baja [484 euros al mes para un adulto solo y con un máximo de 1.064,84 euros por cada familiar adicional] que no cubre a todas las personas que se encuentran en situación de pobreza severa”, advierte para empezar. Y luego se producen los “errores de salto”: a veces por 10 o 20 euros una persona se queda fuera de los requisitos de renta, aunque no por ello deja de ser pobre severo. O por incumplir por seis meses el requisito de edad.

Un grupo que puede ser perfecta diana del IMV es la población gitana, cuyo porcentaje de pobreza severa es mayor que el promedio nacional. Pues bien, según las cifras del Secretariado Gitano, en 2020 ayudaron a tramitar 8.042 solicitudes del IMV, de las que fueron positivas sólo un 10%, por debajo del 14% que era el porcentaje de aprobación media nacional ese año.

Además, las trabas burocráticas se convierten en muchos casos en una “carrera de obstáculos en la que los solicitantes se quedan por el camino”, por lo difícil que resulta acreditar ciertos requisitos. Graciela Malgesini lo califica de “violencia administrativa”. Ana Abril también habla de una “administración ausente”, que está prescindiendo de servicios presenciales mientras quienes deben recurrir al IMV “no tienen ni un ordenador ni conexión a internet ni competencias digitales”.

Ausente, violenta y poco transparente. “No explican las razones de la denegación, o por qué se concede una cuantía y no otra, más que de forma genérica, lo que no permite recurrir”, protesta la responsable de EAPN. Además, los receptores del IMV deben someterse al año siguiente de que se les reconozca la prestación a una “regularización de las cuantías abonadas” hasta ese momento, que se comparan con el promedio mensual de sus ingresos y rentas. “Los sometidos a la regularización en diciembre aún no saben si deben devolver alguna cantidad que cobraron de forma indebida”, lamenta Ana Abril.

Por eso Graciela Malgesini reclama la “desburocratización” del procedimiento de solicitud del IMV, y la apertura de una ventanilla única que permita la atención personalizada de los potenciales beneficiarios. Incluso cree que debería irse más allá y apostar por la “automatización del acceso a los derechos sociales” en general. Ana Abril pide que las orientaciones de la Seguridad Social sean públicas, para que quienes ayudan a los solicitantes del IMV desde las organizaciones del tercer sector estén al tanto de los cambios normativos y se reduzca la incertidumbre que acompaña a la (larga) tramitación de la ayuda.

11 millones de personas en exclusión social, 2,5 millones más que en 2018. Más de 6 millones en exclusión severa, cerca de 2 millones más que hace tres años, lo que convierte a este grupo en el que más ha crecido durante la pandemia. Pone estos datos en la mesa Cáritas, que ve "una fuga imparable hacia una sociedad más desigual",u fenómeno facilitado por "un sistema de protección social incompleto e insuficiente". ¿Y no lo amortigua el Ingreso Mínimo Vital? No lo suficiente, según la principal ONG de la Iglesia católica, que en un informe presentado este miércoles sobre el impacto social de la pandemia alerta con dos datos de que la prestación se queda corta con los que más la necesitan: de los hogares en "pobreza severa", sólo un 26% ha logrado realizar el trámite y casi la mitad del total de solicitantes han recibido ya una denegación por respuesta.

Todo ello lo recoge el informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos. Análisis y perspectivas 2021, que lleva la firma de la Fundación Foessa, constituida en 1965 por Cáritas. El estudio apunta a un salto cualitativo en las consecuencias de la crisis: crece con fuerza el porcentaje de hogares en los que el clima de convivencia es problemático. La principal ONG de la Iglesia católica es expresiva en su diagnóstico. Algunas frases: "Una ola gigante está azotando al conjunto de la sociedad española". "La crisis nos deja un impacto desolador". "La pandemia ha golpeado con más fuerza a los que ya eran los perdedores, a los más frágiles, a los que tenían dificultades para mantenerse a flote, a los que no ha llegado el escudo social ni tenían el soporte de los mecanismos de protección propios, desgastados en la crisis anterior de 2008".

Son conclusiones soportadas por datos. La integración plena en 2021, es decir, la vida sin ningún rasgo de exclusión en áreas como vivienda, salud, educación, empleo y relaciones sociales, es disfrutada sólo por por algo más de 4 de cada 10 hogares de España, un 41,2%, mientras en 2018 eran el 49,3%. Se ha alcanzado la frontera de los 11 millones de personas en "exclusión social", después de "un ensanchamiento" de dicho espacio, con 2,5 millones más que en 2018. "Se trata de un empeoramiento generalizado de los niveles de integración", señala Cáritas.

Gráfico incluido en el informe de Cáritas.

Dentro de esos 11 millones de excluidos, más de 6, es decir, más de la mitad, se encuentran en "exclusión severa", según Cáritas. Son casi 2 millones más que en 2018. No se superaba esa barrera desde 2007, señala el informe. Y añade: "Este es el signo más claro de la gravedad de la crisis: el grupo que más ha crecido es precisamente el de la población que vive una situación de mayor desventaja [...] y, más grave todavía, que carece de elementos compensadores".

Entrega de alimentos en una asociación de vecinos de Madrid. 

Atención a esta alerta: "Las buenas relaciones existentes entre las personas que componen el hogar y con su entorno social más cercano eran las buenas noticias que nos brindaban los datos de nuestro informe anterior, pero las características de esta crisis lo cambian todo".

Cáritas, que en junio afirmaba haber apoyado ya a 2,8 millones de personas durante la pandemia, señala que una diferencia de la crisis del covid-19 es que "sí está erosionando con fuerza la calidad de las relaciones en los hogares, duplicándose el número de aquellos cuyo clima de convivencia presenta dificultades serias". El "conflicto social", la dimensión de exclusión que mide la calidad de las relaciones puertas adentro, ha pasado de afectar a un 5% en 2018 a casi un 10% en 2021.

Debilidad de la protección social

El estudio concluye que "se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social". "Una fuga imparable –añade– hacia una sociedad más desigual, donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos". Cáritas señala que la pobreza y exclusión social son "fenómenos estructurales", alimentados por "crisis sucesivas" y "débiles políticas sociales". Hay, señala Cáritas, "un sistema de protección social incompleto e insuficiente que deja atrás a un sector cada vez mayor de la población". Como demuestran los datos de Eurostat de 2018, últimos que permiten hacer comparaciones homogéneas, España queda por debajo del conjunto de la UE-27 en gasto en sanidad, discapacidad, tercera edad, familia, infancia, vivienda e inclusión. El Estado dedica a todas las áreas englobadas dentro de la "protección social" 3,6 puntos menos de PIB que la UE y 8,3 menos que Francia.

"Los más perjudicados por la actual crisis –señala Cáritas en el informe– son los mismos que cuando llegó la recuperación de la gran recesión en 2018 no recibieron el goteo de la recuperación económica". ¿Resultado de todo ello? Los más de 6 millones en situación de "exclusión severa" a los que alude el informe, personas expuestas en todo momento a "graves limitaciones" como el aislamiento la privación de lo más básico.

Un miembro de la Fundación Don Bosco entrega de alimentos del Proyecto Fraternitas. 

Cáritas insiste por ello en su apoyo al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Eso sí, anota la existencia, ya conocida, de "lagunas importantes". "Algo más de un año después de su aprobación, aún un altísimo porcentaje de los hogares en situación de pobreza severa no cuenta con suficiente información para la solicitud", denuncia Cáritas, que señala que tan sólo una cuarta parte de estos hogares ha recibido información "correcta y suficiente". En consecuencia, únicamente un 26% de los hogares en "pobreza severa" han conseguido realizar el trámite, anota Cáritas. Uno de los resultados es que sólo el 18,6% de los solicitantes del IMV en "pobreza severa" lo está cobrando o al menos lo tiene concedido.

Gráfico incluido en el informe de Cáritas.

Casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa, el 49%, ha recibido el no por respuesta. "Estos datos evidencian que aún hay colectivos que sufren situaciones de dificultad por circunstancias socioeconómicas que no son ni recogidas ni reconocidas por la actual normativa del IMV", señala Cáritas, que apunta entre las "principales barreras" la forma en que se calcula el nivel de ingresos y la definición de unidad de convivencia. Cáritas llama a todas las administraciones a "volcar esfuerzos" por el IMV.

Empleo y vivienda

El informe cita varios condicionantes que empeoran la situación, como los hijos a cargo, dada la "debilidad de los apoyos públicos" a las familias. Están en "riesgo de exclusión" el 27% de las parejas con hijos, frente al 18% de las que no tienen hijos. El país de origen también marca. La pandemia "ha intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante y ha cronificado una obvia posición de desventaja" que se evidencia en una clara "sobrerrepresentación" de este grupo en el espacio de la exclusión (38% del total) y más aún en el de la exclusión severa (65%).

Foessa no define en abstracto la exclusión o la inclusión social, ni tampoco la categoría severa, sino a través de un complejo sistema de indicadores que abarcan empleo, consumo, vivienda, educación, salud y conflicto o aislamiento social. La pandemia ha sido especialmente grave en lo referente a empleo y vivienda, señala Cáritas, que cifra en un 25% los hogares con "graves dificultades" en empleo, por ausencia o precariedad. El porcentaje de hogares con todas las personas activas desempleadas ha pasado del 5,9% en 2018 al 10,3% en 2021. El porcentaje de hogares cuya persona sustentadora principal está en "inestabilidad laboral grave" ha subido del 4,8% al 10,3% en el mismo periodo.

Pero no se trata sólo de contar o no con un empleo, sino de su calidad, recalca Cáritas, que insiste en un problema ya detectado: los trabajadores pobres. "El empleo no asegura la integración social", señala el estudio. En cuanto a la vivienda, el quid no reside únicamente en la renta o la hipoteca. "Vivienda, energía, agua e internet son derechos humanos sistemáticamente vulnerados", dice Cáritas. El 14% de los hogares quedan en pobreza tras cubrir los gastos del hogar, según la ONG de la Iglesia, que alerta de un incremento de situaciones "hacinamiento" e "insalubridad". La exclusión del consumo pasa del 14,5% en 2018 al 17,6% en 2021.

Cáritas Española ayudó a 1,77 millones de personas vulnerables en España durante el año 2020, en medio de la pandemia, lo que supone un incremento de un 26,1% (unas 366.000 personas más) con respecto a 2019. Del total de personas acompañadas en 2020, aproximadamente 500.000 acudieron por primera vez o después de mucho tiempo, según la Memoria de Cáritas 2020, según informa Europa Press. 

"Ya en marzo lo estimábamos y ahora confirmamos que aproximadamente 500.000 personas han sido nuevas, esto significa que han venido por primera vez a Cáritas o llevaban mucho tiempo sin venir", ha precisado el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas, Raúl Flores, este miércoles en rueda de prensa.

El mayor incremento de personas atendidas por Cáritas Española, que es la labor social de la Iglesia, se registró en sus programas de acogida y asistencia, dedicados principalmente a cubrir las necesidades más básicas como alimentación o vivienda.

En concreto, se incrementó en unas 406.000 el número de personas que acudieron a pedir ayuda a estos programas, ascendiendo hasta 1,4 millones, el 80,6% del total de personas atendidas por la organización en 2020.

Les siguen los proyectos de Familia, infancia y juventud, donde prestaron apoyo a 88.740 personas; Economía solidaria, con atención a 79.359 personas; Personas sin hogar (43.899); Personas inmigrantes, (42.411); Mayores (17.748) y Mujer (9.560).

En cuanto a la situación actual, desde Cáritas han precisado que aún no disponen de los datos de personas atendidas en estos momentos, aunque han indicado que "las cáritas diocesanas no han sentido la bajada en la presión asistencial".

En este sentido, la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha recordado que, durante la pandemia, "las demandas de ayuda a las Cáritas diocesanas se duplicaron, sobre todo las necesidades alimentación y vivienda" viéndose "con frecuencia desbordadas" y recibiendo a personas vulnerables que eran "derivadas directamente de los servicios sociales que se veían incapaces de dar una respuesta eficaz".

Más de 386 millones de euros invertidos

Según los datos aportados por Natalia Peiro, en el último año Caritas ha invertido 386,7 millones de euros en sus diferentes recursos y proyectos dentro de España y en acciones de cooperación internacional en terceros países, unos 50 millones más que en 2019.

Estos fondos provienen de miles de socios, donantes y colaboradores privados, que han aportado más de 273 millones, y de las distintas Administraciones públicas que, durante la pandemia, aportaron a los programas de Cáritas un total de 113,5 millones de euros.

Los apartados que han exigido mayor esfuerzo financiero durante 2020 son: los programas de Acogida y asistencia, donde se invirtieron 92,4 millones de euros, seguidos de los capítulos de Economía solidaria (empleo, economía social y comercio justo), con 85,6 millones; Mayores (36,2 millones); personas sin hogar (35,3 millones) y Salud –drogodependencia, VIH-sida, apoyo psicológico y salud mental–, con 11,8 millones.

Asimismo, Cáritas Española destinó más de 19 millones de euros a los proyectos y estrategias en Cooperación internacional, un ámbito en el que apoyó a 1 millón de personas. Así, si se suman las personas atendidas por la confederación en España y en otros países, se concluye que Cáritas apoyó en 2020 a 2,86 millones de personas, unas 460.000 personas más que en 2019.

Además, de la Memoria se desprende que, a pesar de que en el último año se multiplicaron a causa del covid las respuestas a las demandas de emergencia, la labor social de la Iglesia ha conseguido mantener el objetivo de "austeridad" en el apartado de Gestión y administración en las mismas cifras de años anteriores: un 6,4%.

81.182 voluntarios

La Memoria recoge también los datos de las personas que están detrás de toda esta actividad confederal, sostenida gracias a 81.182 personas voluntarias y a 5.324 trabajadores contratados.

"La pandemia ha situado a Cáritas ante un reto desconocido, al que hemos respondido con una flexibilidad y creatividad enormes. Esta crisis nos ha obligado a reinventarnos, a repensar nuestras actuaciones, acogida y acompañamiento para asegurar procesos integrales, centrados en las personas y en el acceso a sus derechos", ha enfatizado Natalia Peiro.

Entre las líneas de trabajo que tuvieron mayor relevancia durante 2020, destaca, además de la alimentación, la prevención y acompañamiento a los mayores en situación de soledad, así como la ayuda a las personas en situación administrativa irregular, "invisibilizadas" en la sociedad.

Además de la Memoria, Cáritas ha presentado el estudio Del tsunami al mar de fondo: salud mental y protección social que, tal y como ha desgranado Raúl Flores, analiza el impacto de esa "ola gigante" que ha supuesto el covid-19 y que "ha pasado por encima de toda la sociedad", pero fundamentalmente sobre "las familias más vulnerables".

95.000 personas que nunca logran un empleo

Con relación al empleo, el informe muestra cómo desde el periodo pre-crisis hasta el momento actual, la tasa de paro es más del triple entre la población atendida por Cáritas que en el conjunto de la población. Según señala, "solo el 23%" han logrado mantener su empleo durante todos estos meses, y hay "más de 95.000 personas acompañadas por Cáritas que, al margen de la situación y el contexto económico, nunca logran acceder a un empleo".

Además, el documento constata que cerca de 315.000 personas (21%) acompañadas por Cáritas viven en hogares que en ninguno de los meses en los que han sido consultados, ni antes de la pandemia ni a lo largo de la misma, han conseguido unos ingresos que les permitiera salir de situaciones de pobreza.

Por otro lado, Cáritas revela que alrededor de 26.000 personas (14%) viven en hogares que antes de la crisis no vivían en situación de pobreza y ahora sí lo están.

Además, la presencia de menores de edad en el hogar se muestra como un factor diferencial: la tasa promedio del 47% de pobreza se eleva al 55% en los hogares donde viven menores, una realidad que afecta al 59% de los hogares monoparentales y al 81% de las familias numerosas.

La vivienda, según precisa Cáritas, es otro de los grandes problemas agudizados con la pandemia. Desde que comenzara esta crisis una de cada cinco familias atendidas por la organización ha cambiado de vivienda, la mitad de ellas porque no podían seguir pagando la casa en la que residían. Además, Cáritas advierte de que hay más de 220.000 familias (45,8%), que no pueden hacer frente a los gastos de suministros básicos de agua, energía o Internet.

El informe también analiza las preocupaciones y el estado de salud de las familias y revela que, desde que comenzó la emergencia sanitaria, el 40% de las personas vulnerables han sufrido uno o más ataques de ansiedad o pánico, 2,5 veces más que en la población general, y sus niveles de estrés, preocupación y tristeza se duplican respecto al conjunto de la población en España.

Durante la presentación de la Memoria, también ha intervenido el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, que ha invitado a "ser más pueblo" y ha dado las gracias porque a pesar del "dolor y las dificultades" provocadas por la pandemia, "esta crisis ha sacado lo mejor de las personas y ha fortalecido la sociedad". En todo caso, ha advertido de que esto "aún no ha acabado" y por ello, ha subrayado que siguen necesitando ayuda.

Cáritas ha denunciado este lunes que, un año después de la declaración del estado de alarma por la pandemia de covid-19, las trabajadoras de hogar "siguen sin contar con el reconocimiento social que merece ni con unas condiciones laborales dignas", según informa Europa Press. 

En el marco de la celebración, este martes 30 de marzo, del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, Cáritas ha reafirmado su objetivo de dar visibilidad a un sector laboral que considera "esencial" y que, en pleno impacto del coronavirus, "siguió realizando su actividad pese a las difíciles condiciones de protección y distanciamiento, el miedo al contagio y, en muchos casos, la pérdida de empleos".

Desde la ONG recuerdan que "muchas mujeres empleadas de hogar no han podido trabajar durante el periodo de confinamiento", una situación que "las ha empujado a graves situaciones de precariedad", teniendo en cuenta que "el sector no cuenta con prestación por desempleo" y, por tanto, con "una eventual protección social ante situaciones de cese de actividad o circunstancias extraordinarias".

Es por eso que, desde el inicio de la actual crisis, Cáritas decidió poner el foco en la situación de "especial indefensión y vulnerabilidad" de estas trabajadoras, a la que, explican, "el Gobierno ha intentado dar respuesta mediante el establecimiento, hace justamente un año, de un subsidio extraordinario y temporal".

Solo 1 de cada 100 cobró el subsidio

Sin embargo, señala Cáritas, "esta medida no ha servido, en la práctica, para cubrir las necesidades más urgentes de la mayoría de trabajadoras del hogar". Esto se debe, según la organización, "a las dificultades de acceso creadas por los trámites administrativos, al retraso o impago de las ayudas", así como "al hecho de que una buena parte de ellas no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, por lo que no tienen derecho a solicitarlo".

"El hecho es que tres de cada cuatro trabajadoras del hogar no han solicitado este subsidio y sólo una de cada cien lo ha cobrado", lamenta la organización.

La situación de estas mujeres, indica Cáritas, se ha visto agravada, además, por la prolongación en el tiempo de la crisis del covid-19 que, según indican, ha provocado una caída muy importante en las contrataciones, que ya se habían visto afectadas a raíz de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En este sentido, precisa que, durante la pandemia se ha producido una caída importante de las afiliaciones a la Seguridad Social (21.365 menos que un año antes), que en la actualidad están en su nivel más bajo desde 2012.

Es por eso que, desde la organización, denuncian la situación de unas mujeres que "se están enfrentando, por un lado, a la pérdida de sus empleos y, por otro, a la necesidad de trabajar menos horas o las mismas, pero cotizando por menos" y, como reflejan los datos, a optar por trabajar en la economía informal. Desde Cáritas apuestan, frente a esto, por la sensibilización y por impulsar la dignificación de este sector, así como promover el pleno reconocimiento social y legal de la profesión.

El 96,4% de las familias atendidas por Cáritas no ha recibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y 4 de cada 10 familias han dejado de percibir la renta mínima autonómica, según ha informado Cáritas Española.

"El IMV a día de hoy solamente alcanza al 3,6% de las familias a las que acompañamos desde Cáritas, el dato es ese, no hay ningún error, surge de un estudio realizado en enero. A pesar de todos los meses transcurridos, el IMV no ha conseguido llegar a más personas", ha indicado el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española, Raúl Flores, este martes en una rueda de prensa recogida por Europa Press.

Asimismo, ha advertido de que a un 12,8% de las personas acompañadas por Cáritas les ha sido denegada esta prestación con la "dificultad" que esto supone para que "salgan adelante". Flores ha puntualizado que han tenido dificultades para saber los motivos de denegación y no han dispuesto de la suficiente información para reclamar.

Por otro lado, desde Cáritas Española también señalan que hay personas que han solicitado la prestación y aún están "esperando respuesta" porque desde la administración "no están siendo ágiles".

Igualmente, otro de los motivos de este bajo porcentaje, según Cáritas, es "la desinformación" que han tenido las familias vulnerables sobre cómo proceder y sobre los criterios y condiciones que tenían que cumplir para solicitarlo.

"Afortunadamente, las últimas reformas han creado condiciones más comprensivas pero aun así hay muchas personas que quedan fuera para ser perceptores del IMV", ha avisado Flores.

Además, según los datos de la organización, 4 de cada 10 familias a las que acompaña han dejado de cobrar la renta autonómica que percibían por diferentes motivos, entre ellos, la "descoordinación" ante la llegada del IMV estatal.

También se suman otras causas: multiplicidad, familias que dejan de cumplir las condiciones o rentas autonómicas que pasado un tiempo se suspenden "aunque la vulnerabilidad se mantenga". De esta forma, según ha indicado Flores, se han generado situaciones de "clara desprotección, muy graves".

Medio millón de personas han acudido por primera vez o después de mucho tiempo a Cáritas durante la pandemia

En torno a 500.000 personas han acudido a Cáritas por primera vez o después de mucho tiempo, durante la pandemia de covid-19, según un informe con datos sobre las acciones desarrolladas desde marzo de 2020 en todo el país.

Una de cada tres personas (33%) de las que han acudido a Cáritas durante este año de pandemia, es nueva o hacía más de un año que no acudía buscando ayuda.

La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha explicado que solo en los primeros meses de la pandemia las demandas de ayuda que recibieron en toda España las Cáritas se incrementaron un 57% y hubo periodos y determinados espacios territoriales en los que muchas Cáritas vieron cómo "se triplicaban las solicitudes de ayuda".

Cáritas Española ha alertado este lunes del "importante aumento" del número de personas en situación administrativa irregular, que son atendidas dentro de los programas de recursos para inmigrantes de todo el país.

Según explica la organización, este impacto se viene detectando en los últimos años y se está viendo incrementado como consecuencia de la pandemia, en la que, a causa de la masiva destrucción de empleo y de medios de vida, está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas de estas personas.

"Al dejar de tener un empleo fijo, se ven abocadas a una situación administrativa irregular, a la pérdida de derechos y a unas condiciones de gran vulnerabilidad e invisibilidad social", advierte Cáritas en un comunicado, recogido por Europa Press.

Según los últimos datos de actividad aportada por las Cáritas Diocesanas de toda España, un tercio de las personas acompañadas a través de sus programas y recursos para inmigrantes están en situación administrativa irregular. Se trata de unas 120.000 personas que, además, debido a su extrema precariedad, necesitan del apoyo de Caritas durante una media que oscila entre 1 y 2 años.

Personas invisibles para las políticas públicas 

Desde la entidad indican que es "una realidad invisible" sobre la que ahora quieren poner el foco dentro de una nueva fase de la camapaña Compartiendo el viaje y bajo el lema: 'Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos'.

Compartiendo el viaje, explica Cáritas, se puso en marcha en septiembre de 2017 a instancias del Papa Francisco para fomentar la cultura del encuentro y un mayor conocimiento de la realidad de las personas que se ven obligadas a migrar: hombres, mujeres, niños y niñas, cada uno con su nombre y su vivencia y un lugar de origen, tránsito y destino.

Uno de los ejes estratégicos de la acción de la organización en su lucha contra la pobreza es "el trabajo con miles de personas invisibles para las políticas públicas", como es el caso de estos inmigrantes para quienes "no existen nunca fondos oficiales, ni estatales ni europeos", puesto que se trata de personas en situación administrativa irregular y, por tanto, "no cuentan, no están, no existen".

"Hablamos de personas que hasta ayer mismo desarrollaban en nuestra sociedad un trabajo legal y remunerado en sectores de actividad económica muy relevantes, como la restauración y la hostelería, el cuidado de personas dependientes, el empleo del hogar o la mensajería", explican, para indicar que, al perder estas personas su empleo, han perdido también, según "lo establecido en la actual Ley de Extranjería, su estatus legal y, con ello, el acceso a derechos básicos".

Reforma de la Ley de Extranjería

"En muchos casos y dado que no pueden disponer de ninguna ayuda ni prestación social, estas personas tienen miedo y dejan de salir a la calle por temor a ser expulsados", advierte Cáritas.

Para la campaña, la entidad ha hecho un recorrido por distintas situaciones de irregularidad sobrevenida en las que se encuentran personas migrantes que "ponen en evidencia" cómo las leyes pueden no ser justas, como ocurre con la Ley de Extranjería.

En este sentido, explica la entidad, tanto Cáritas Española como Cáritas Europa, defienden un planteamiento alternativo del marco legal de migración, con objeto de que la puerta de acceso a los derechos de estas personas no dependa exclusivamente del mercado laboral.

A su juicio, en la situación económica actual dominada por la crisis social y económica causada por el covid-19, tener empleo fijo no está al alcance de la mayoría de las personas. Y en el caso de miles de personas de origen extranjero, advierte Cáritas, quedarse fuera del mercado laboral significa pasar a la invisibilidad y a la pérdida de derechos propios y de sus familiares.

"La Ley de Extranjería está orientada primordialmente a la regulación del flujo de mano de obra extranjera. Sin embargo, quienes llegan son, por encima de su condición de trabajadores, personas", apunta.

Ante esa situación, la organización propone una "integración social basada en los criterios del arraigo social", que ponga en valor "las raíces de estas personas en la comunidad donde trabajan y viven", y de "la vecindad, ordenada a través de la figura del empadronamiento".

"De esta forma, quedarían garantizar la renovación o el acceso de estas personas a una situación administrativa regular y, por tanto, al disfrute de derechos básicos: "queremos vecinos", ha concluido.

Más de mil niños, niñas y adolescentes viven en familias sin una vivienda habitual en España. Estos se encuentran entre las casi 40.000 personas sin hogar atendidas en todo el país por Cáritas, que pide ayuda a las administraciones porque están "a punto de desbordarse" en cuanto a capacidad de acogida de estas personas.

De esta forma, la cifra de personas en situación de sinhogarismo sería superior al dato oficial de 33.000 personas sin hogar, tal y como ha indicado este jueves en rueda de prensa Thomas Ubrich, del Equipo de Estudios de Cáritas.

El perfil de la persona sin hogar atendida por la labor social de la Iglesia es el de un varón de 45 a 64 años y español. Si bien, Ubrich ha precisado que el sinhogarismo afecta con especial "dureza" a 7.100 mujeres sin techo o sin vivienda, "muchas de las cuales se ven en la calle tras sufrir violencia".

Asimismo, Cáritas atiende a más de mil niños, niñas y adolescentes que viven en familias sin vivienda habitual, que son acogidos en pisos habilitados por la organización donde trabajan con ellos de manera integral; a 7.300 jóvenes de 18 a 29 años, "muchos de ellos extutelados sin una alternativa de alojamiento"; y a cerca de 2.000 mayores de 65 años.

Ante esta situación, que se ve agravada por la crisis del covid-19 y por la llegada del frío, Cáritas Española pide una respuesta por parte de las administraciones. "Estamos entrando casi en el invierno y la pandemia avanza con más virulencia, los hospitales están otra vez cerca del colapso y nuestros recursos en Cáritas están a punto de desbordarse. Necesitamos urgentemente nuevas medidas también a largo plazo", ha subrayado Ubrich.

Sobre si sería adecuado habilitar de nuevo IFEMA para la acogida de personas sin hogar, la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha advertido de que la pandemia ya no coge a las administraciones por sorpresa y "un IFEMA en el que cabe un número enorme de personas no es condición de vida para nadie".

Alemania ha puesto en marcha esta misma semana un proyecto piloto de renta básica e incondicional que sus promotores consideran el primero a largo plazo y que pretende desterrar los clichés que, dicen, dominan hasta ahora el debate mundial sobre este tipo de sistemas. Durante tres años, 120 personas recibirán 1.200 euros al mes, independientemente de su renta. No tienen por qué ser pobres. Al mismo seguimiento se someterá a otros 1.380 ciudadanos, que no percibirán ninguna cantidad y actuarán como grupo de control. Un millón de candidatos se han presentado al proyecto, de los que han sido preseleccionados 20.000. De ahí saldrán los 1.500 que finalmente se convertirán en los conejillos de Indias de este experimento social. La iniciativa corre a cargo del Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Instituto Alemán para la Investigación Económica) junto con la asociación Mein Grundeinkommen (Mi Ingreso Básico), en colaboración con investigadores de la Universidad de Colonia y del Instituto Max Planck. Para financiarlo han acudido a 140.000 donantes, que han puesto el dinero con que se pagará a los sujetos del estudio.

Tras las pruebas piloto llevadas a cabo en Finlandia y Berlín –y los tres millones de dólares que uno de los dueños de Twitter, Jack Dorsey, se va a gastar en proporcionar una renta básica garantizada a siete millones de estadounidenses en 14 ciudades–, la controversia en torno a estos modelos de seguridad social está lejos de decaer. Entretanto, en España, los primeros y problemáticos pasos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han dejado atrás el debate teórico para sacar a la luz las dificultades de su puesta en marcha. El IMV y la renta básica universal no son lo mismo, aunque ambos tengan como objetivo la lucha contra la pobreza, además de la cohesión social.

Mientras que la segunda no se ha llevado a la práctica aún en ningún país, la primera es una política en funcionamiento desde hace años en buena parte de los países europeos. Y que había comenzado a implantarse en España como rentas mínimas en las comunidades autónomas. La Comisión Europea lleva tiempo criticando la ausencia de ayudas para las personas con rentas más bajas. Incluso en sus recomendaciones del pasado mayo Bruselas destaca que España es el país europeo con el menor promedio de prestaciones por hijo y recuerda que las rentas mínimas autonómicas sólo llegan al 20% de sus posibles beneficiarios.

Ese hueco es el que está llamado a llenar el IMV, cuyo plazo de solicitud se abrió el pasado 15 de junio. Aprobado por un real decreto-ley de 29 de mayo, su tramitación como proyecto de ley se abre la próxima semana. Este miércoles 2 de septiembre se cierra el plazo para la presentación de enmiendas. Después se debatirán en la Comisión de Trabajo del Congreso. Como se tramitará por el procedimiento de urgencia, su paso por las Cortes debería durar la mitad que en un caso ordinario. Según las fuentes parlamentarias consultadas, los trabajos podrían prolongarse durante tres meses.

Al mismo tiempo que se desarrolla y corrige la norma en el Congreso, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social estará embarcado en una primera evaluación de cómo está gestionando la ayuda. Como prometió el ministro José Luis Escrivá, el 15 de septiembre se abrirá una segunda fase en la que deberían rectificarse los múltiples fallos cometidos en la primera: el déficit crónico de personal en la Seguridad Social, la complejidad de los requisitos exigidos a los posibles beneficiarios, la brecha digital que impide a muchos de ellos completar con éxito las solicitudes, los numerosos huecos que impiden a quienes lo necesitan acceder a la prestación...

Burocracia y brecha digital

“[Las ONG] estamos todas volcadas en ayudar a los que piden el Ingreso Mínimo Vital, por eso hay tantas solicitudes”, razona Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política de la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Según el ministerio, 750.000 personas han pedido el IMV, casi el mismo número de las que iban a beneficiarse de la prestación de acuerdo con los cálculos del departamento de Escrivá, 850.000. Con EAPN coinciden Cáritas y Cruz Roja. Forma parte de su trabajo diario asistir a los potenciales beneficiarios. Pese a que no hay “un acuerdo formal” con el ministerio, explica un portavoz de la organización diocesana, lo mismo se asesora en la pelea burocrática con el IMV que en la elección entre éste y las rentas mínimas autonómicas, que en algunas comunidades son incompatibles y en otras complementarias. Cruz Roja explica que ha llamado a más de 60.000 beneficiarios de sus propios programas para informarles de que también podían solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Y ofrece información sobre la ayuda en sus 1.400 oficinas.

La Seguridad Social pretende, además, que sean los trabajadores sociales de los ayuntamientos quienes terminen encargándose de ayudar a los interesados en pedir el IMV, al que le llueven críticas por sus espesez burocrática. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha pedido que se incluya en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley una dotación económica dotación económicaque permita a los consistorios formar y emplear a los trabajadores necesarios para gestionar la nueva ayuda.

También las ONG citadas han presentado sus propias enmiendas a los grupos parlamentarios, en un intento por solventar las múltiples incidencias de estos primeros meses y tapar las enormes lagunas que advierten en el decreto-ley. Para empezar, tanto EAPN como Cáritas piden que se sustituyan muchos de los requisitos por una declaración responsable del solicitante cuya comprobación se realice con posterioridad. “Los casos de fraude van a ser ínfimos”, recalca el portavoz de Cáritas. Ahora ya se exige la declaración responsable pero sólo de los ingresos y patrimonio. También hay que presentar el certificado del empadronamiento, el libro de familia, el documento de la demanda de empleo y la acreditación de que se reside legalmente en España –inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la UE o autorización de residencia–.

Y aquí es donde se abre la terrible brecha digital y formativa que ha revelado el IMV. “Las personas sin ingresos y en situación de pobreza a las que pretende proteger el Ingreso Mínimo Vital no sólo carecen de acceso a internet, sino también de nociones básicas de gestión y de habilidades digitales”, critica Graciela Malgesini. Para hacer los trámites necesitan, además de un ordenador y de una conexión a la Red, un certificado digital: “Los documentos deben llevar su firma digital, no la que se escribe en un papel”. Una dificultad a la que suele añadirse la exclusión financiera: muchos ni pueden abrir una cuenta bancaria, donde se les pueda hacer el ingreso, “porque no tienen un mínimo que ingresar o les falta documentación”, continúa la responsable de EAPN. Tampoco son los clientes que buscan los bancos con más ansia, ironiza.

El ministro Escrivá cifró en 143.000 las solicitudes tramitadas hasta el 17 de agosto, el 19% de las recibidas. A la vista de todo lo anterior, no es de extrañar que el 7,5% de ellas se hubieran mandado por duplicado y al 40% les faltara documentación. A un total de 28.500 la Seguridad Social les ha requerido el envío de más papeles.

Los agujeros del decreto-ley

Más allá de las ayudas solicitadas, las ONG alertan de los que ya han quedado excluidos por el diseño, a su juicio deficiente, de la prestación. La lista de agujeros por los que escapan potenciales beneficiarios es larga. Todos ellos han sido detectados por quienes están “en el día a día” de la atención a las capas más necesitadas de la sociedad. E introducidos en las enmiendas al proyecto de ley.

“Si decimos que el IMV es un derecho subjetivo de la ciudadanía y definimos la ciudadanía a la que se dirige la ayuda como la que se encuentra en situación de pobreza, luego no podemos añadirle todo un conjunto de requisitos, como que posea una vivienda, que esté afiliado a la Seguridad Social, que sea demandante de empleo o tenga un determinado número de años de residencia, porque excluyen a los que están peor”, detalla Malgesini. De esa manera, por ejemplo, no entran en el IMV las personas sin hogar, precisamente los más excluidos socialmente, subraya.

Pero hay muchos más que quedan fuera. Los hijos menores de padres que se encuentran en España en situación irregular, quienes comparten vivienda con más de dos familias –“es una estrategia de supervivencia de muchas personas”, advierte Cáritas–, las parejas de hecho no registradas, quienes residen en pisos tutelados o centros públicos de inclusión social, los que acaban de salir de la cárcel, las familias monoparentales que viven en la casa de los abuelos... Si se está pendiente de conseguir el estatuto de refugiado tampoco se puede recibir el IMV. Otro tanto ocurre con los jóvenes emancipados menores de 23 años, de los que hay unos 3.000, calcula Graciela Malgesini, y de ellos el 80% está en riesgo de pobreza. Con 23 años se puede percibir el IMV sólo si se ha vivido de forma independiente durante los tres años anteriores, una posibilidad bastante complicada en la España actual, donde los jóvenes no abandonan la casa paterna hasta los 32 años por culpa del abuso del empleo temporal y los elevados alquileres. “Los importes por hijo se han calculado sólo hasta el cuarto”, explica, “¿el quinto se queda fuera?”. Según dice, hay 110.000 familias con más de cuatro hijos en España, de las que el 58% están en riesgo de pobreza.

Uno de los fallos más criticados por las ONG es la vinculación de la ayuda con el empleo. Por un lado, destaca Cáritas, se excluye así a quienes padecen enfermedades crónicas y tienen dificultades para encontrar un trabajo. Además, tampoco se precisa en el decreto-ley qué importe se les reducirá de la prestación a quienes tengan un empleo. “Su determinación se deja a los reglamentos que desarrollen la ley”, indica Malgesini, al igual que muchos otros aspectos “importantes”, añade el portavoz de Cáritas. Lo que temen que se traduzca en un mayor retraso si cabe en la afinación de la ayuda.

La responsable de EAPN también tacha de “disparate” que se exija haber solicitado todas las prestaciones a las que se puede tener derecho antes de pedir el Ingreso Mínimo Vital, cuando no existe siquiera una catálogo –contributivas, no contributivas, municipales, autonómicas...– que las enumere.

Encaje autonómico

Finalmente, queda pendiente el encaje del IMV y las rentas mínimas autonómicas. El portavoz de Cáritas asegura que algunas comunidades están trabajando “a toda prisa” para cambiar sus leyes y hacer compatibles ambas ayudas. Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña, dice, ya lo han hecho. Porque algunos beneficiarios de estas rentas mínimas ya están recibiendo cartas donde se les informa de que pueden tener derecho al IMV. “En la Comunidad de Madrid te dan un plazo de 10 días para que les comuniques si renuncias a su renta mínima porque vas a solicitar el Ingreso Mínimo Vital”, asegura Graciela Malgesini. En Madrid la renta mínima es una de las más bajas de España, entre 400 y 735,9 euros, mientras el IMV puede quedar entre 461,5 y 1.015,3 euros. Si se renuncia a la autonómica en busca del IMV, se corre el riesgo de quedarse sin nada en caso de que este último no se conceda. Y con la lentitud con que se están resolviendo las solicitudes, la respuesta del ministerio puede demorarse meses. En otras comunidades, la renta mínima es muy superior al IMV, como en Navarra –entre 610,8 y 1.221 euros–, Cataluña –de 604 a 1.122 euros– y País Vasco –entre 644,49 y 915,47 euros–.

Al menos siete comunidades autónomas han pedido ya al Gobierno que les deje gestionar el IMV: Andalucía, Galicia, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria. El País Vasco y Navarra ya han negociado el traspaso. Cataluña

Lo que no hay aún, pese a que figura en el decreto-ley, es un consejo consultivo con el tercer sector –las ONG y organizaciones de la economía social– que debería asesorar al ministerio en materia de políticas de inclusión y hacerle propuestas legales sobre el IMV. “No hay un espacio formal de interlocución”, admite el portavoz de Cáritas, “pero sí que ha recibido [la Seguridad Social] todas las dudas, zonas grises y problemas que hemos detectado”.

Hasta el 17 de agosto, el ministerio sólo había sido capaz de aprobar 8.841 solicitudes –otras 75.000 fueron concedidas de oficio a personas que ya percibían la ayudas por menor a cargo–, un número mínimo. Afortunados de los que, además, no se sabe cuántos han cobrado ya. También ha denegado 36.800, cuatro veces más. El ministro de Inclusión ya advirtió de que la mitad de las solicitudes serían rechazadas por incumplir los requisitosla mitad de las solicitudes serían rechazadas por incumplir los requisitos. Una mala noticia para quienes afrontan en peor situación de partida la inesperada crisis provocada por el coronavirus. Según el último informe sobre Exclusión y Desarrollo Social de la Fundación Foessa, dependiente de Cáritas, en 2018, tras años de recuperación económica, las rentas mínimas autonómicas no alcanzaban ni al 33% de las personas que sufrían pobreza severa en España, quienes viven con menos del 30% de la mediana de ingresos, 370 euros al mes. Son 2,6 millones de personas. De ellas, hasta ahora, sólo recibían una ayuda, y ésta era autonómica, 679.000.

Ése es el ámbito en que debería desplegar su manto protector el IMV. Graciela Malgesini cree que habrá que esperar hasta 2021 para que la ayuda esté plenamente implantada y ver si lo consigue. El problema es que, a la espera de que el ministerio evalúe su gestión inicial, el Congreso tramite el proyecto de ley y se elaboren sus reglamentos, los ciudadanos no pueden comer “con carácter retroactivo”, como recordó hace sólo unos días el líder de UGT, Pepe Álvarez.

Las Corporaciones Nobiliarias, las Órdenes Militares, las cinco Reales Maestranzas, las Órdenes Internacionales con actividades en España, y otras Corporaciones nobiliarias y caballerescas han respondido a un llamamiento del rey Felipe y han comprado miles de litros de leche y de aceite de oliva virgen extra "de la mejor calidad" para contribuir al plan Cruz Roja responde frente al covid-19, infoma Europa Press.

La iniciativa ha consistido en adquirir 38.604 litros de leche de larga duración (UHT) –que suponen más de 193.000 desayunos– y alrededor de 25.000 litros de aceite de facilitar su distribución a familias necesitadas, ha informado el Palacio de la Zarzuela.

La entrega se ha hecho en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, tal y como ha solicitado Cruz Roja Española, que ha atendido ya a 2,1 millones de personas.

La iniciativa pretende también apoyar al campo español y sus productos, a través de diferentes cooperativas como COVAP, Dcoop y la Interprofesional de aceite de oliva de España.

Desde el comienzo de la pandemia, las instituciones nobiliarias han colaborado con CáritasCáritas, con comedores sociales y organizaciones benéficas; han entregado material de protección, equipos médicos, y medicamentos a hospitales y residencias y material didáctico (tablets) para que niños de familias sin recursos pudieran seguir sus clases.

Una Iglesia cansada, envejecida, con su histórico espacio de influencia carcomido por el avance de la secularización, encara la exigente crisis del coronavirus. No son días fáciles para la milenaria institución católica. Lejos ya los días en que era la protagonista y rectora de la vida española, aguanta el tipo aferrada a Cáritas, bastión de su obra social. El virus pone a prueba también a la Iglesia, que demuestra que, aunque mermadas seriamente en número, aún conserva unas bases dispuestas a arremangarse. Una Iglesia con los templos cerrados –lo que implica también unos cepillos vacíos, ojo– y con un clero en edad de jubilación, perfil de riesgo durante la pandemia, ofrece servicio en estos días penosos gracias a los restos de su histórica capilaridad, que ha menguado pero que aún la convierte en una de las pocas instituciones que llegan a casi todos los puntos de España. Con menos fuerza, pero la Iglesia aún está ahí.

¿Cómo está respondiendo esta Iglesia envejecida y en retroceso social a un virus que exige compromiso en primera línea? José Manuel Vidal, director de Religión Digital, cree que la institución cuenta con un valioso activo. "Los clérigos siguen siendo de los pocos que permanecen en la España vaciada. Cosa distinta es es la edad. El estamento clerical ronda los 70 años en algunas diócesis. Por lo tanto, está muy en riesgo. Hay un miedo lógico", señala Vidal, que cree que la Iglesia ha llegado "un poco tarde", pero cuando ha identificado claramente las dimensiones del problema "se ha puesto las pilas". Y destaca, como hacen todos los consultados, la tarea de la base social y de Cáritas.

La jerarquía, desde el recrudecimiento de la crisis, mantiene un perfil bajo. Ha suspendido su habitual campaña Xtantos, en la que gasta cada año el grueso de los casi 5 millones de euros que dedica a campañas de promoción. "Los plazos de la campaña de este año serán excepcionales, como la situación es excepcional", señala la Conferencia Episcopal Española (CEE) a preguntas de infoLibre, sin dar más detalles. Es una incógnita si habrá campaña después de Semana Santa. La jugada tendría riesgo reputacional.

La CEE no da publicidad a las bajas de sacerdotes, aunque las está habiendo. "Las diócesis no comunican sus sacerdotes fallecidos ni el motivo por el que han fallecido, pero efectivamente en todas las diócesis hay algunos sacerdotes y religiosos que han fallecido a causa de la pandemia", señala la CEE. Vidal cuenta que ha crecido el caudal de esquelas que llegan a su medio. Al contrario que en Italia, donde los clérigos fallecidos son objeto de numerosos artículos, en España el tema ha pasado casi desapercibido.

Juan José Omella, al que la crisis coge recién elegido presidente de la CEE, aparece poco. En medios próximos, concede entrevistas en las que exhibe su buen talante, con un tono alejado del radicalismo tridentino del sector ultra. Pero es un perfil bajo. Vidal lo atribuye al "pudor", típico de la Santa Madre, donde cunde ese viejo dicho de "que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha". Según Vidal, la Iglesia hace más de lo que dice, sobre todo a nivel parroquial. Esto tiene un riesgo: el desdibujamiento. Ángel Luis López Villaverde observa: "A la Iglesia oficial la veo perdida. No veo nada. No se escucha. Seguro que está haciendo cosas positivas, pero no veo que la institución esté ahí en una circunstancia en la que la religiosidad y la parte espiritual podría estar más a flor de piel". El teólogo Juan José Tamayo, crítico con la línea conservadora de la jerarquía católica, afirma: "Echo en falta una declaración colectiva del episcopado español. Echo en falta que pusieran todas sus instituciones al servicio del Ministerio de Sanidad. Veo a la jerarquía totalmente ausente. Y es una ausencia clamorosa y llamativa. ".

Tamayo cree que la jerarquía católica continúa "más preocupada por preservar el culto que por practicar la compasión", lo que deriva en estampas chocantes que dañan la imagen de la institución. Las visitas del obispo de Jerez a las hermandades, el cura que ahuyenta el coronavirus por las calles de un pueblo de Alicante, el que bendice en la calle el Domingo de Ramos, la misa interrumpida en Granada... "Si no hay compasión, el culto está vacío. Decía Epicuro que vana es la palabra del filósofo que no remedia ninguna dolencia del hombre. Yo pienso lo mismo del culto", añade Tamayo, que cree que le jerarquía española sigue sin acompasar su rumbo al marcado por el papa Francisco, con su defensa de "una Iglesia pobre y para los pobres".

Sin cepillo

Económicamente, esta crisis también es un golpe para la Iglesia. Con las parroquias cerradas, merma el cepillo, así como las entradas a los templos, otra fuente de ingresos de la Iglesia, tan opaca como lucrativa. No es baladí. Las aportaciones voluntarias de los fieles suponen 320,2 millones al año para la Iglesia, según su última memoria. El porcentaje que estas aportaciones representa ronda el 75% en las diócesis pequeñas. Las cuentas de muchas parroquias están tiritando.

Además, la Iglesia lleva años comprobando la dificultad de trasladar la tecnología al cepillo, con campañas de donación por Internet como donoamiglesia.es. “La situación es catastrófica”, ha declarado a Religión Digital el responsable de economía de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal. La Iglesia, lógicamente, no puede hacer ERTE.

Cáritas

Le queda su otro gran activo económico: el Estado. La Iglesia diocesana recibe más de 250 millones al año vía IRPF. El último ejercicio, su récord, fueron 284,4 millones, cantidad anunciada justo cuando el Tribunal de Cuentas ha destapado el descontrol del sistema de asignación, como desveló infoLibre [ver aquí]. Pero este año la CEE no ha lanzado su campaña de captación de equis. A cambio, ha centrado sus esfuerzos en reclamar fondos para Cáritas a través de la campaña “La caridad no cierra. Cada gesto cuenta". Un repaso de las acciones durante la pandemia publicitadas por la CEE evidencia el protagonismo casi absoluto de Cáritas [ver aquí]. Los voluntarios de Cáritas se multiplican estos días en atención telefónica o por videoconferencia, preparando bolsas de desayuno, llevando comida, ofreciendo refuerzo a los servicios sociales municipales... En Burgos, los sacerdotes han anunciado la donación de parte de su sueldo a Cáritas.

Es la voz que más alta se oye estos días en el seno de la Iglesia, alertando de la situación en las prisiones o en los campos de inmigrantes de Tenerife, Huelva y Almería. Su nombre aparece citado entre las organizaciones que más hacen los barrios más pobres. Con más de 5.000 contratados y casi 84.000 voluntarios, aunque lógicamente abundan los que ahora están desactivados, Cáritas maneja más de 350 millones al año, casi 100 de ellos públicos. Su tarea es innegable, aunque –como toda la Iglesia– recibe críticas por un enfoque de la pobreza más paliativo que transformador. A juicio de Juan José Tamayo, la ONG marca el rumbo de lo que debería ser la Iglesia: "Cáritas lleva ya mucho tiempo bien ubicada socialmente junto a los sectores emprobrecidos. Es el referente de lo que tiene que ser una iglesia, con una mayor presencia no en el poder, sino en la solidaridad. Pero no una solidaridad abstracta y barroca, sino de compromiso real".

En El Burgo, un pequeño pueblo de algo más de 1.800 habitantes en Málaga, se puede observar una forma de "compromiso real". Allí ofrecen su tiempo y esfuerzo estos días las ocho personas que Cáritas es capaz de movilizar. Con guantes y mascarillas, llevan comida para las familias más al límite a algunos comercios con los que se han coordinado, explica Paqui Gil, maestra de 51 años, directora de la Cáritas parroquial. Se coordinan mediante un grupo de whatsapp y sus teléfonos siempre están abiertos. No se pregunta por origen ni fe. Todo el pueblo sabe quiénes son los de Cáritas. Gil subraya cómo el cura del pueblo, que también lo es de Yunquera, atiende llamadas estos días y trabaja codo a codo con los voluntarios. El Borge permite verlo con claridad: la Iglesia que estos días aguanta el tipo está más cerca de la base de la cúpula.

La crisis permite observar a la Iglesia en su enorme complejidad. Porque la Iglesia es el Opus, las inmatriculaciones y los privilegios... Pero también, aunque ninguneado por la jerarquía, es Javier Baeza, el párroco de San Carlos Borromeo. Y Redes Cristianas, y las Comunidades Cristianas Populares, y las HOAC, y la corriente Somos Iglesia, y el Foro Gaspar García Laviana... Y los voluntarios de Cáritas atendiendo el teléfono.

Es la Iglesia sin oropeles la mantiene estos días en pie la vieja casa.

Poder por arriba

La institución atraviesa una depresión desde hace más de cien años, taponada sólo durante el franquismo por el chaparrón de prebendas del régimen. Entre finales del XVIII y finales del XIX, ya había pasado de 120.000 curas a 50.000, como cuenta Ángel Luis López Villaverde en El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata, 2013). El franquismo, tras el paréntesis republicano, devolvió todo su poder a la Iglesia, pero no arregló – no podía– la pérdida de religiosidad, un fenómeno que era occidental y contemporáneo y sigue siéndolo. Y que lógicamente volvió a emerger con la democracia, cuando al discrepancia dejó de estar perseguida. Desde entonces la Iglesia vive una contradicción, la de una institución que mantiene mucho poder mientras la sociedad, cada vez más, le da la espalda.

Hoy la Iglesia mantiene una posición privilegiada en los campos educativo, fiscal y simbólico, gracias a los acuerdos con la Santa Sede de 1976-1979, traducción del Concordato de 1953 a canon democrático. Es una Iglesia poderosa, con fuerte presencia en la enseñanza, en la universidad, en las business school... Es una Iglesia mimada por la gran empresa, que la ha convertido en una especie de administradora de su obra social... No en vano, Cáritas, al mismo tiempo que habla de cambio climático, pobreza y empleo, se financia con aportaciones de energéticas y gran banca, Facebook, JP Morgan e Inditex. Es además una Iglesia que mantiene firmes lazos con la élite, especialmente en Madrid, donde es indeleble el legado de Rouco Varela. Según una investigación de La Marea, publicada en abril de 2018, de los entonces 433 consejeros de las empresas del IBEX-35, al menos 170 han tenido relación en calidad de estudiantes, docentes o miembros de órganos de gobierno con una o varias universidades vinculadas a la Iglesia. La institución mantiene además su empaque en sectores clave de la cultura: los medios –siempre– y la edición, con la que alimenta a su vez la posición en el ámbito educativo.

"[...] La realidad de nuestra Iglesia en España está totalmente condicionada por la imagen de la Virgen del Pilar cubierta con el manto del banco de Santander, por las relaciones del cardenal Rouco con la cúpula empresarial, por la orientación ideológica de la COPE y 13TV [...]", escribía el sociólogo cristiano Alfonso Alcaide en Dignidad y esperanza en el mundo del trabajo (Edice, 2016).

Desgaste en la base

Pero esta Iglesia fuerte y poderosa por arriba es a la vez una Iglesia débil en sus anclajes. Algunos datos lo ilustran. Se erosiona el cuerpo clerical. Entre 2007 (19.121) y 2017 (17.754) el número de sacerdotes ha bajado en 1.367, un 7,14%. El relevo será complicado, ya que los seminaristas son sólo 1.263. De 2013 a 2017 la cantidad de monjas o monjes de clausura ha pasado de 10.899 a 9.202, perdiendo 1.697, un 18,44%. En conjunto, entre 2007 y 2017, en el periodo cubierto por las memorias de la Conferencia Epsicopal (CEE), los hombres y mujeres considerados religiosos por la Iglesia –curas, monjas, canónigos, frailes...– ha descendido desde 57.079 a 40.096, quedándose por el camino 16.983, un 29,75%. La labor evangelizadora también está en retroceso. En 2007 había más de 16.000 misioneros y ahora poco más de 11.000, siendo Perú y Venezuela los dos países con mayor número. Se trata además de un clero envejecido. 65 años y medio, con datos de 2018. El cardenal Juan José Omella, elegido presidente de la CEE en marzo, tiene 73, una edad que marca la media aproximada de los obispos. "Hay diócesis que tienen ya una media de edad en el clero de 75 años. Otras no andan muy lejos. ¿Diez menos? ¿Ocho menos? ¿Qué más da? [...] Seminarios mayores en los que este curso no han tenido ni un nuevo ingreso. Diócesis en las que no ha habido ni una sola ordenación", escribía en 2018 el cardenal Cañizares.

La desolación vocacional ha socavado uno de los pilares de la Iglesia: su condición de elemento vertebrador de la nación, con presencia en todos los rincones. Ya no hay curas suficientes para las más de 23.000 parroquias. Si miramos los números, la Iglesia tiene más historia que presente. Es verdad que aún un 68,7% de los españoles se definen como católicos, con datos del INE de 2018, pero son casi 10 puntos menos que diez años atrás. Además, de los que se declaran católicos, más de la mitad, un 56,2%, no van "nunca" a misa (sin contar bodas, bautizos y comuniones). En el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, el porcentaje de no religiosos asciende al 48,9%, casi 30 puntos más que en los mayores de 65 años. Cae además con con fuerza la actividad sacramental. Entre 2007 y 2017 los bautizos han pasado de 325.271 a 214.271 (-34,13%) y las primeras comuniones, de 256.587 a 229.602 (-10,5%). En cuanto a los matrimonios católicos, la caída es más vertiginosa: pasa de 113.187 a 46.556 (-58,86%). No obstante, para ver la dimensión del retroceso del matrimonio católico hay que ampliar el foco. El 79,3% de los matrimonios son civiles, frente a un 19,5% confesionales y un 1,2% que no aparecen determinados, según datos del INE. En 1992, la relación era la opuesta a la actual: 79,4% de matrimonios confesionales y 20,6% civiles. El porcentaje de hijos nacidos de madres no casadas ha crecido de forma espectacular. En 1975, cuando arranca la serie del INE, eran el 2,02%. En 2017, último año del que hay datos, fueron el 46,79%.

A las puertas de la campaña electoral del superdomingo, Cáritas ha puesto encima de la mesa un informe que sitúa a la sociedad española postcrisis frente al espejo. La imagen reflejada es la de un mercado laboral averiado, incapaz de garantizar la dignidad de los trabajadores. El índice de desempleo ha perdido fiabilidad como medidor del éxito socioeconómico porque el trabajador pobre es un sujeto protagonista del siglo XXI español. Se puede tener puesto de trabajo, horario y sueldo y, al mismo tiempo, atravesar auténticas penalidades.

1. Integración plena

El dossier La vulneración del derecho al trabajo decente: empleo y exclusión social, elaborado por la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, impulsada por Cáritas), señala que la tasa de hogares con algún miembro trabajando pero que no están en situación de "integración plena" asciende en España al 52%. La "integración plena" implica la capacidad de cubrir todas las necesidades del hogar.

Por encima de la media –es decir, por encima del 52% en el porcentaje de hogares sin "integración plena" pese a tener un miembro trabajando–, están Murcia (60,1%), Cataluña (60%), Baleares (60%), Canarias (59%), Galicia (58,9%).

Las que menor porcentaje de hogares en esta situación tienen son La Rioja (42,4%), País Vasco (45,3%) y Castilla y León (45,4%).

2. Vulnerabilidad laboral

La información publicada tiene como fuente la Encuesta sobre integración y necesidades sociales de la Fundación Foessa, una de las de mayor prestigio en el ámbito del diagnóstico social, que se basa en una muestra global de 11.655 hogares y 29.953 personas. La muestra de cada comunidad autónoma está compuesta por un mínimo de 650 hogares y 1.500 personas, lo que implica un margen de error del 5,5%.

El dossier hecho público este martes señala que la "vulnerabilidad en el empleo" es del 24,6%, 9,3 puntos más que la tasa de desempleo que arroja la EPA (15,3%). La "vulnerabilidad en el empleo" recoge no sólo a los desempleados registrados, sino también a las parados que ya no buscan empleo por desánimo, a los que realizan una jornada parcial por razones involuntarias, o a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en marcha.

La situación es más grave en Extremadura (35,4%), Andalucía (34,1%) y Canarias (29,2%).

3. Exclusión social

La tasa de exclusión social en España entre las personas que tienen trabajo es del 12,3%, que se reduce hasta el 4,6% en el caso de la exclusión severa. La exclusión entre trabajadores está por encima de la media (12,3%) en Canarias (19,5%), Extremadura (19,4%). Baleares (14,4%), Aragón (14,1%), Cataluña (13,6%) y Comunitat Valenciana (13,2%). Las que mejor paradas salen, con porcentajes por debajo del 10%, son La Rioja (5,6%), Asturias (5,8%), Cantabria (7,6%), Castilla La Mancha (8%).

El porcentaje medio de exclusión se eleva hasta el 32,8% (exclusión social) y el 14,1% (exclusión severa) en el caso de trabajadores con "jornada parcial indeseada", según el informe presentado por Cáritas. Un 45% de los trabajadores catalanes con jornada parcial indeseada están en situación de exclusión. No le van a la zaga en Baleares (39,4%), País Vasco (37,9%), Andalucía (37,5%), La Rioja (37,5%), Extremadura (37%) o Comunitat Valenciana (35,2%).

Los mayores porcentajes de trabajadores en situación de "exclusión severa" se encuentran entre aquellos que tienen jornada parcial indeseada en Cataluña (23,6%), País Vasco (23,1%), Galicia (21,8%) y Comunitat Valenciana (20,2%), según el dossier La vulneración del derecho al trabajo decente: empleo y exclusión social.

Un 23,6% de las personas con contrato temporal están en situación de "exclusión", un concepto definido a partir de los ingresos, la privación material y la escasa intensidad laboral. Están por encima de la media, según Foessa, la Comunitat Valenciana (35,1%), Baleares (30,2%), Extremadura (29,6%), Canarias (26,2%), Aragón (25,3%) y Andalucía (25,1%).

Este porcentaje del 23,6% baja hasta 9,5% entre trabajadores con contrato indefinido.

4. Pobreza severa

También se puede estar en situación de "pobreza severa" teniendo empleo. Ocurre en un 2,1% de los casos, aunque en algunas comunidades, como Canarias (4,5%) o Castilla y León (3,3%), el porcentaje sube notablemente.

Un 7,7% de la población con jornada parcial indeseada está en lo que la Fundacion Foessa considera "pobreza severa", con una renta disponible total equivalente inferior al 40% de la renta media. Es decir, si la media es 10, estarían en "pobreza severa" los que tienen menos de 4.

5. Petición de ayuda

Tener trabajo tampoco garantiza independencia económica. Entre los hogares en los que hay un sustentador trabajando, el 17,1% ha tenido que pedir dinero a instituciones, familiares o amigos. Tanto en Cataluña (24,7%) como en Baleares (23,7%), Canarias (20,9%) y Asturias (20,6%) el porcentaje supera el 20%.

La situación se agrava cuando el sustento principal es la mujer, debido a su posición más débil en el mercado laboral. Cuando eso ocurre, el 21,2% de las familias debe pedir ayuda para salir adelante.

6. Retrasos en el pago

Un 5,8% de los hogares con un sustentador trabajando ha tenido dos o más retrasos en el pago del alquiler, la hipoteca o los suministros básicos del hogar (luz, agua...). En Canarias son un 12,4%.

La situación se vuelve de nuevo más grave cuando el sustento depende de una mujer trabajadora. Entonces el problema de los retrasos ya no afecta al 5,8% de las familias, sino al 7,8%.

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha condenado a dos años de cárcel al extesorero de Cáritas Interparroquial de Úbeda (Jaén), de 58 años, por apropiarse de forma indebida de 137.124 euros, dinero que destinó a realizar pagos de la empresa privada en la que trabajaba. Además de devolver el dinero se lo condena al pago de una multa de 3.000 euros y a hacer frente a las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

El fallo de la sentencia establece la misma pena para el administrador único de la empresa de calzados a la que se dirigió el dinero sustraído para hacer frente al pago de proveedores e incluso de las nóminas. La pena impuesta es la que había solicitado el Ministerio Fiscal después de que en el transcurso del juicio celebrado el pasado 29 de octubre, el tesorero admitiera haberse apropiado de 137.124 euros y no de los 233.634 euros que le reclamaba Cáritas.

La diferencia de algo más de 96.000 euros entre lo que el extesorero reconocía haberse llevado y lo que mantenía Cáritas que se apropió, es lo que impidió cerrar un acuerdo entre las partes que hubiera llevado a una sentencia de conformidad. "Tengo voluntad de reponer el daño a Cáritas, pero no en esa cantidad", dijo el acusado ante el tribunal encargado de juzgar el caso. Reconoció que desde 2010 hasta 2017 había detraído diversas cantidades a Cáritas para "sanear" las cuentas privadas de la empresa en la que trabaja. Según su declaración se llevó 137.124 euros, dinero que estaría dispuesto a devolver y que ahora por sentencia se le obliga a restituir conjuntamente con el otro condenado.

Apuntó que en aquellos años en los que él era tesorero no se llevaba una contabilidad y que lo máximo que se hacía era informar de las cuentas en un boletín mensual con ingresos y gastos que se colgaba en el tablón de la parroquia. Señaló también en el juicio que de muchas cuestiones no había facturas, aunque todo estaba "justificado", otra cosa es que "sirva o no como justificación" a la acusación particular. Por su parte, el administrador de la empresa de calzados admitió también en el juicio que era conocedor de que había dinero que procedía de las cuentas Cáritas en Úbeda, pero ha señalado que "desconoce" a cuánto ha podido ascender ese dinero.

El director de Cáritas Diocesana en Jaén, Rafael López-Sidro, declaró como testigo que el caso comenzó a destaparse en 2015 cuando ya se había decidido centralizar la gestión de las nuevas Cáritas interparroquiales de la provincia de Jaén. Fue la de Úbeda "la única que dio problemas" a la hora de justificar gastos e ingresos. La auditoría de los últimos cinco años encargada desde Cáritas Diocesana reflejó las presuntas irregularidades y puso de manifiesto que se habían detraído fondos. Además, muchos de los gastos en este periodo de tiempo como 40.000 euros en pan para el dispositivo de inmigrantes temporeros no venía avalado por las facturas correspondientes.