El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha abierto juicio oral al expresidente de la Diputación y del PP de esta provincia Carlos Fabra y los otros nueve acusados en el marco del procedimiento penal sobre el origen y la posible ocultación del patrimonio del político, según informa Europa Press. 

El magistrado ha requerido a los diez encausados para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros a fin de asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El auto señala a la Audiencia Provincial de Castellón como órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho. El magistrado ha decretado también la apertura de juicio oral para seis mercantiles como personas jurídicas.

El pasado mes de abril el instructor dictó auto de procesamiento contra Fabra al entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero.

La causa está dirigida también contra la mujer del político, María Desamparados Fernández; dos de sus hijos (Borja y Claudia), un yerno (Fernando) y cinco empresarios, entre ellos, el presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, y su hijo, y Miguel Pérez Ferrer.

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada solicita 12 años de prisión para Fabra, al que acusa de insolvencia punible y de frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y delito continuado de cohecho. Además, el ministerio público pide para el exdirigente del PP multas que suman más de tres millones de euros, así como la suspensión para empleo o cargo público por el mismo periodo.

Màxim Huerta ha sido el último cargo político en dimitir por fraude fiscal. Pero antes que él la lista de los que fueron acusados, juzgados y condenados, de los que dimitieron y de los que no, es ésta:

  1. MIGUEL ARIAS CAÑETE

El comisario europeo y exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete simuló gastos en Ceuta en 2013 cuando en realidad trabajaba en Jerez de la Frontera (Cádiz). Consiguió así ahorrarse 14.451 euros. La Agencia Tributaria abrió una inspección y le obligó a pagar esa cantidad. Cañete presentó un recurso judicial, pero el tribunal le dio la razón al fisco. El comisario utilizaba una de sus empresas familiares, Petrolífera Dúcar, con sede en Ceuta y controlada desde Holanda, para deducirse ingresos por actividad en la ciudad autónoma, puesto que la ley del IRPF permite descontarse un 50% en las rentas obtenidas allí. En septiembre de 2014, poco antes de su nominación como miembro de la Comisión Europea, Cañete vendió las acciones que conservaba en Petrolífera Dúcar: un 2,5%.

Además, su esposa, Micaela Domecq Solís-Beaumont, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo del PP. La empresaria apareció en el listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP, en sus siglas en inglés) que la Agencia Tributaria remitió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ante la posibilidad de que Domecq obtuviera sus fondos de la actividad política de su marido. Domecq es miembro de una familia de terratenientes de Jerez de la Frontera. Junto a 12 miembros de su familia, fue apoderada de una compañía con sede fiscal en Panamá, según se desprende de la investigación de los papeles de Panamá, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

  2. JUAN CARLOS MONEDERO

Juan Carlos Monedero dimitió como secretario de Programa de Podemos en abril de 2015, tres meses después de revelarse que había cobrado 425.150 euros por trabajos de asesoría a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Una cantidad que percibió a través de su empresa, Caja de Resistencia Motiva2 Producciones SL. Esta sociedad, que carecía de empleados, facturó los trabajos tres años después de su realización. Profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, Monedero elaboró esos informes como parte de un proyecto para implantar una moneda común en Latinoamérica en 2013. El exdirigente de Podemos regularizó su deuda con Hacienda en febrero de 2015, pagando 200.000 euros por el IRPF no abonado dos años atrás.

  3. JOSÉ MANUEL SORIA

José Manuel Soria dimitió como ministro de Industria en abril de 2016. Su nombre había aparecido en los papeles de Panamá: fue administrador en 1992 de una sociedad registrada en Bahamas, tal y como constaba en documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca. La compañía offshore era una sociedad consignataria con la que había trabajado la empresa de su familia. “Desmiento total y rotundamente que tenga absolutamente nada que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá ni en ningún otro paraíso fiscal”, fue su primera declaración. Después se descubrió que también había sido administrador junto a su hermano Luis de una sociedad en la isla británica de Jersey, Mechanical Trading Limited. Cuando se disolvió, en 2002, “los dos administradores, que hasta ese momento permanecían camuflados bajo un entramado fiduciario, firman bajo su propio nombre”. La rúbrica de Soria aparece en la disolución, con fecha de 27 de noviembre de 2002. Por entonces, el titular de Industria era alcalde de Las Palmas.

Ya eran dos paraísos fiscales y Soria había mentido. El PP le retiró su apoyo y terminó renunciado a su cargo. Pero cinco meses después, el Gobierno intentó que fuera nombrado director ejecutivo del Banco Mundial, pero el escándalo subsiguiente le obligó a renunciar.

  4. JOSÉ MANUEL VILLEGAS

El número tres de Ciudadanos, José Manuel Villegas, fue embargado por Hacienda en 2014. El motivo fue el impago de unas cuotas del IVA de su empresa Mabex Gestión SL, de la que es administrador único y que fue contratada por Ciudadanos para hacer labores de asesoría. Además, la sociedad recibió una notificación de embargo de la Seguridad Social por una deuda de 1.027 euros, que luego pagó.

El nombre de la empresa apareció en un informe de la Sindicatura de Cuentas –el equivalente catalán del Tribunal de Cuentas–, que detectó facturas de Ciudadanos a favor de dos sociedades que tenían como administradores únicos a dos miembros del partido. Según el documento, se abonaron 32.200 euros en concepto de asesoría y consultoría “en el ámbito de la organización interna del partido” y 22.624 “en concepto de secretaría general”. Tal y como publicó entonces infoLibre, esas compañías pertenecían a dos personas de la máxima confianza de Albert Rivera: José Manuel Villegas y Matías Alonso, secretario general del partido.

  5. JORDI CAÑAS

Otro cargo de Ciudadanos, el exdiputado catalán Jordi Cañas, fue finalmente absuelto por un juzgado de Barcelona tras ser acusado por la Abogacía del Estado de un delito contra la Hacienda Pública. Aunque la Fiscalía retiró los cargos contra él, fue juzgado por una factura supuestamente falsa que la empresa de su excuñado le había girado por unos servicios de asesoría inmobiliaria inexistentes. La acusación argumentaba que la factura, de 100.000 euros, formaba parte de un entramado societario que había permitido a su familiar político defraudar 429.000 euros en 2005. La sentencia, sin embargo, le absolvió al considerar que esa factura no había sido utilizada en el fraude fiscal.

Sin embargo, el exdiputado ya había abandonado su escaño en la Cámara catalana tras ser imputado. Medio año después Ciudadanos lo recolocó como asesor del partido en el Parlamento Europeo.

  6. VICENTE ALBERO, mariano rubio, alejandro pedrós

El ministro de Agricultura Vicente Albero dimitió en 1994 cuando se supo que el banco Ibercorp, implicado en uno de los mayores escándalos de corrupción de los gobiernos de Felipe González, le había gestionado una cuenta. En ella había depositado la indemnización que le pagó la textil Marie Claire tras ser despedido. Con ese dinero, Albero compró a través de Ibercorp, propiedad del entonces síndico de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha, pagarés del Tesoro que no fueron declarados a Hacienda. La inversión alcanzaba los 222.369 euros, 37 millones de pesetas de la época.

El fraude se descubrió al investigar a De la Concha por su implicación en el caso que protagonizó el exgobernador del Banco de España Mariano Rubio, también acusado de fraude fiscal. Rubio, la primera autoridad monetaria de España entre 1984 y 1992, ocultó más de 10 millones de pesetas –60.000 euros— a Hacienda, mediante una cuenta en dinero negro también en el banco Ibercorp. Dimitió en 1992 y en 1994 permaneció dos semanas en prisión.

Igualmente abandonó su cargo el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 1999, Alejandro Pedrós Abelló, ya con el Gobierno de José María Aznar. La Fiscalía de Barcelona el imputó por haber ocultado a Hacienda las plusvalías obtenidas  por un empresario, Armando Lausaca, en la venta de la cadena de tiendas Massimo Dutti a Inditex. Pedrós Abelló, que era asesor fiscal de Lausaca, tiene en común con Màxim Huerta la brevedad de su cargo: presidió el ICO menos de una semana.

  7. CARLOS FABRA

De hasta cinco delitos fiscales fue acusado el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. En 2011 el Tribunal Supremo ordenó  reabrir estas causas contra quien también presidía el PP en esa provincia. La sentencia dejaba así sin efecto la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón, que había archivado el proceso por considerar prescritos cuatro de esos cinco delitos. El Alto Tribunal constató el “irregular incremento patrimonial” tanto de Fabra como de su esposa, hijos y las sociedades que todos ellos. Los delitos, además, afectaban al impuesto de sociedades, el IVA y el IRPF entre 1999 y 2004. Tres años después, la causa ya había vuelto al Supremo, que terminó condenando al político del PP a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales y a un año a su ya exmujer. En diciembre de 2014 ingresó en la prisión de Aranjuez (Madrid) por haber defraudado al fisco 693.000 euros. En 2017 dejó la cárcel tras acceder al tercer grado.

  8. JOSÉ MARÍA AZNAR

Aunque ya no se encontraba en activo, el expresidente del Gobierno José María Aznar fue multado por la Agencia Tributaria en abril de 2016 por utilizar una sociedad para pagar menos impuestos por sus ingresos. Quien fue su ministro, Cristóbal Montoro, abrió en 2014 una inspección a la sociedad Famaztella –creada con su mujer, Ana Botella– para facturar sus actividades profesionales. Con ella tributaba a través del impuesto de sociedades y no del IRPF. Éste tenía entonces un tipo máximo del 45%, pero el de sociedades no superaba el 25%.

Como consecuencia de la indagación en los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, Aznar tuvo que pagar una multa de 70.000 euros y abonar una liquidación complementaria de casi 200.000 euros. El expresidente, que es inspector de Hacienda, creó Famaztella en 2004, tras abandonar La Moncloa. A través de ella gestionaba los ingresos procedentes de sus libros y conferencias.

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra ha declarado este viernes que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le da "terror" porque le ha dejado "más tieso que un bacalao".

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, el exlíder del PP en Castellón ha afirmado que ha pasado "necesidad" y que si no fuera por sus hijos, "difícilmente" podría llegar a fin de mes.

"La casa donde vivo es del banco y mía, y el señor Montoro y sus secuaces me tienen retenido el 50% de mi jubiliación para ir pagando la multa", ha explicado Fabra.

Este jueves, Carlos Fabra, que estuvo prisión tras ser condenado por fraude fiscal, se pronunció sobre el expresidente de la Generalitat: "Conozco perfectamente a Camps y pondría la mano en el fuego 20 veces por él. Me parece que es la persona más honesta y más honrada que he conocido en mi vida".

Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y reo por fraude fiscal, se pronunció este jueves sobre el expresidente de la Generalitat y del PPCV: "Conozco perfectamente a Camps y pondría la mano en el fuego 20 veces por él. Me parece que es la persona más honesta y más honrada que he conocido en mi vida".

Así se pronunció Fabra en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Corts momentos antes de participar en la comisión de investigación de Feria de Valencia, informó Europa Press.

A Fabra se le preguntó por las declaraciones de Ricardo Costa, ex vicesecretario general del PPCV, quien señaló a Camps en la presunta financiación irregular del partido en las campañas de los años 2007 y 2008, dentro del caso Gürtel que se juzga en Madrid, y al respecto dijo que confía en el expresident.

"Yo pongo la mano en el fuego por Camps", aseveró, para agregar que "otra cosa son los modos de defensa que cada uno quiera llevar adelante en su legítima defensa. Cada uno puede decir lo que quiera", manifestó.

Interpelado al respecto por si considera que Costa ha mentido, respondió: "Yo no he dicho eso. Me parece legítimo que cada uno utilice las cosas en relación con su sistema de defensa. No he dicho que mienta o no. Digo simplemente que confío en Camps absolutamente", reiteró.

Asimismo, comentó que procura llamar a Camps por teléfono cada 15 ó 20 días para mandarle un abrazo "muy fuerte" y "muy bien". "Es de las pocas personas del PP con las que tengo relación", aseveró.

Fabra, preguntado por cómo ve al PP, dijo: "Regular tirando a peor". A su juicio, el partido "está haciendo mal muchas cosas como no resolver los temas cuando se tienen que resolver. Pero bueno, tienen tiempo para mejorar", afirmó. Sentenció que no había caja B en el PP de Castellón.

Ser rico no es un delito; robar, sí. Ganar dinero es legal; cobrarlo bajo cuerda y en negro, no. Tener una cuenta en el extranjero no vulnera la ley; evadir impuestos, sí. Hacer buenos negocios es un logro digno de aplauso; blanquear las ganancias, no, y echar a la calle a los obreros a la vez que los jefes se reparten los beneficios, tampoco… Podríamos continuar así hasta el infinito, pero si tres personas son una multitud, cuatro ejemplos deben ser bastantes para explicar cómo en esta Era del Cinismo que nos ha tocado vivir hay que perder, un día sí y otro también, todo el tiempo del mundo en demostrar lo evidente, entre otras cosas porque el juego de los tramposos consiste precisamente en eso, en que mientras unos discuten si el cuadro tras el que se oculta la caja fuerte es abstracto o figurativo, otros la vacían. Por si acaso, dejemos otra muestra: ¿hablamos en serio cuando se discute si tiene o no tiene razón ese cocinero famoso que ha alardeado de no pagar a sus aprendices y, de hecho, considera que a la vez que le limpian las sartenes deberían darle las gracias por dejarles fregar el suelo por donde pisa? O al chef se le ha ido la olla o a mí se me escapa algo, una clave con la que no consigo dar, el argumento que ponga en duda que enseñar a alguien un oficio es ser un maestro y que trabaje gratis en tu restaurante, es ser un

explotador.

Tan obvio como eso debería ser que alguien cuyo patrimonio crezca en la sombra, completamente al margen de toda lógica y de manera inexplicable, no pueda justificar la montaña de dinero con cualquier disculpa o artimaña, desde una fantasmagórica herencia familiar, como hace el clan Pujol, que sólo en Andorra tenía un botín de sesenta y nueve millones de euros; con la venta de unas obras de arte misteriosas, como el antiguo tesorero del PP, Luis Bárcenas; o con el décimo de lotería que le tocaba una y otra vez al presidente Fabra en las administraciones de Castellón, donde los votos de sus cómplices y los de sus víctimas lo atornillaron a la silla de mando durante cerca de veinte años. Todos ellos aseguran que sus fortunas no tienen nada que ver con su dedicación a la política, que no son fruto de desfalcos o comisión alguna obtenida a cambio de adjudicaciones ilícitas. ¿Cómo acumularon tanto, entonces? ¿En qué árboles les crecían los billetes? Si tienes diez latas, es una despensa; si tienes diez mil, es un hipermercado. Es así de fácil. Debería serlo, al menos.

En España, las dimensiones de la corrupción y el saqueo de los bienes comunes son tan escandalosos que resulta incomprensible que no se haya nunca seguido el consejo de las Naciones Unidas, cuya convención recomienda, en su artículo 20, que sea investigado y perseguido “el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él.” ¿Cómo se le pasó al Partido Popular incluir eso cuando redactó su nueva Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Cómo se le puede haber pasado por alto a todo el mundo en un país donde, según las estimaciones más fiables, se sustraen unos treinta mil millones de euros de dinero público cada año? Algún mal pensado deduciría que no es un olvido, sino un plan. Pobre Maragall, primero lo arrojaron a los pies de los caballos por decir que en Convergencia i Unió algunos se llevaban una mordida del tres por ciento de cada moneda que entraba en la Generalitat y después han usado sus palabras para ocultar que, en realidad, era del diez.

No se puede evitar que los ladrones metan la mano donde no deben, pero se puede colocar un candado. Se pueden poner alarmas. Se pueden contratar vigilantes. Y sobre todo, no se debe de mirar para otro lado, porque donde no se mira es donde algunos hunden sus palas para cavar de una sola vez el escondite de su tesoro y nuestra tumba. Ellos son los enemigos del sistema. Ellos son los envenenadores de la justicia. Ellos, los hipócritas que pueden sostener que lo mejor para la democracia es nombrarse a dedo. Los que pueden afirmar que nadie va a solucionar mejor los problemas que quienes los han creado. Los que venden prudencia y mediocridad, o lanzan proclamas contra cualquiera que intente avanzar en una dirección contraria a la suya, ponen el grito en el cielo si alguien habla de igualdad, pide cárcel para un banquero vampiro, protesta contra la brecha salarial que separa al mandamás que cobra treinta y cinco mil euros diarios de sus empleados con nóminas de novecientos al mes o trata de parar un desahucio exigido por las mismas entidades que llevaron a la ruina nuestra economía. En todos esos casos, se rasgan las vestiduras y acusan a quienes los señalan de romper las reglas del juego, pero se callan que en ese juego sólo pueden ganar ellos. Son los conservadores que todo lo destruyen, los que dicen que la única manera tolerable de pasarse de la raya es hacia atrás y cualquier otra cosa es insurgencia, desorden, revolución... Y son quienes les ceden el paso, quienes los consideran el mal conocido, quienes los jalean, quienes se escandalizan de que en un partido tengan que hacerse unas primarias y se les dé voz a los militantes, corriendo el riesgo de que el aparato sea derrotado, dónde vamos a ir a parar. Igual es que ellos confunden lo nunca visto con lo que no querían mirar. Igual es que nosotros deberíamos dar un paso al frente. La impunidad de unos pocos se construye entre todos.

El juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid ha acordado este viernes la libertad condicional del expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, al haber cumplido ya tres cuartas partes de la condena de cuatro años de cárcel que se le impuso en el caso Naranjax, han informado fuentes jurídicas.

Fabra ingresó en prisión para cumplir esta pena el 1 de diciembre de 2014 después de que el Gobierno acordara denegar la petición de indulto solicitada por el exdirigente conservador. Tras haber cumplido la mayor parte de su condena, Fabra sale en libertad condicional en cumplimiento de lo establecido en la Ley penitenciaria.

La Audiencia Provincial de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales. Unos meses más tarde, en julio de 2014 esta condena fue confirmada por el Tribunal Supremo.

Se pidieron 13 años, se condenó a 4

A la hora de condenar, la Audiencia apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La petición de cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros pero finalmente se le absolvió de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El ingreso en prisión del exmandatario puso fin a un auténtico maratón judicial cuya instrucción se prolongó a lo largo de una década y de multitud de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por el que pasaron hasta nueve jueces.

El que fue hombre fuerte del PP en Castellón durante décadas llegó al juicio con el único cargo de secretario general de la Cámara de Comercio, puesto que en junio de 2010 abandonó la presidencia de la Diputación Provincial tras 16 años al frente de la institución, mientras que en julio de 2012 dejó de dirigir el PP provincial. En 2013 también dimitió como presidente de la promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas), que él ideó y que aún no está en funcionamiento, tras el auto de apertura de juicio oral.

El origen del proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.

Durante todo este tiempo, la Audiencia Provincial de Castellón dictó algunas resoluciones que posteriormente fueron revocadas por el Tribunal Supremo. La primera de mayor calado fue en diciembre de 2010, cuando la sección segunda sobreseyó la causa por supuestos delitos fiscales cometidos entre los años 2000 a 2003 –cuatro de los cinco por los que estaba siendo investigado– al considerar que no se había producido un acto de interposición judicial que interrumpiera el plazo de prescripción de estas conductas.

El supremo revocó esta decisión al considerar que no podían declararse prescritos los delitos fiscales que se le imputaban inicialmente al expresidente del PP de Castellón, acogiendo así los recursos que habían presentado Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Unión de Consumidores.

La segunda de mayor relevancia fue cuando la sección primera declaró en mayo de 2012 la nulidad parcial del auto de apertura del juicio oral, tras haber resuelto previamente la sección segunda que los hechos imputados al expresidente de la Diputación no eran constitutivos de cohecho. Este hecho suponía que el caso pasaba a ser enjuiciado por un juzgado de lo Penal en lugar de la Audiencia, con una importante reducción en los años de condena aparejados a los delitos atribuidos.

Amparo ante el CGPJ

Esta decisión de la Audiencia provocó que el juez Jacobo Pin, que fue quien concluyó la instrucción, solicitase amparo ante el Consejo General del Poder Judicial, al creer que la sección primera había "perturbado" su independencia al "tratar de imponer indirectamente el sobreseimiento del delito de cohecho" imputado a Carlos Fabra.

El órgano de gobierno de los jueces archivó la petición después de que el alto tribunal diera la razón al juez, ya que acordó remitirle las actuaciones en relación con este caso para que "con absoluta libertad de criterio" dictase un nuevo auto de apertura de juicio oral, en el que se incluyó de nuevo la atribución de delito de cohecho.

Durante este proceso judicial, el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, Carlos Domínguez, decidió abstenerse de juzgar al ex dirigente del PP, tras alegar que tenía un "trato cordial y afable" con el expresidente conservador.

Finalmente, el Supremo decidió el pasado 23 de julio de 2014 confirmar la condena impuesta a Carlos Fabra aunque redujo de dos a un año de prisión la cárcel para su exmujer, María de los Desamparados Fernández, absuelta del delito contra la Hacienda Pública del año 2000.

Más delgado, con el pelo canoso y, sobre todo, sin sus habituales gafas negras, el siempre afortunado en los juegos de azar ha generado cientos de reacciones tuiteras:

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción una trama que podría haber facturado más de 25 millones de euros de forma irregular al Hospital Provincial de Castellón durante casi diez años, informa la Cadena Ser. Los datos a los que ha tenido acceso la emisora indican que las actuaciones pueden haber estado lideradas por la empresa Plaf, acusada de financiar irregularmente al PP en la trama Gürtel y cuyo propietario, Alejandro Pons, ha confesado los hechos. La compañía Telecso también habría estado implicada.

La denuncia, referente a la gestión del hospital de 2006 a 2015, incluye miles de facturas sospechosas de pertenecer a trabajos sin realizar, sin expediente de contratación o con pagos por encima de lo contratado. La Conselleria pretende analizar en una segunda fase la documentación relativa a la actividad del centro anterior a 2006.

La gestión del hospital en el periodo denunciado correspondía a consellers de Sanidad de la Generalitat como Vicente Rambla, Rafael Blasco, Manuel Cervera, Luis Rosado o Manuel Llombart. La Cadena Ser indica que la responsabilidad también recae sobre el actual presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y sobre todo, sobre su antecesor Carlos Fabra.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la decisión de la juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid de conceder la progresión al tercer grado del expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón Carlos Fabra porque debe a la Hacienda Pública "cantidades de dinero derivadas tanto de la responsabilidad civil como de la multa impuesta" en su condena.

En una nota de prensa, el Ministerio Público ha aclarado este lunes que ha presentado recurso en apelación directa ante la Audiencia Provincial de Castellón. Fabra consiguió el pasado lunes el tercer grado penitenciario, un año y casi cinco meses después de ingresar en la prisión madrileña de Aranjuez, tras la condena a cuatro años de cárcel por fraude a la Hacienda Pública en el  caso Naranjax y abandonó la prisión durante el fin de semana. En su recurso de apelación, la Fiscalía solicita al tribunal la revocación del tercer grado concedido al citado Carlos Fabra, quien actualmente cumple condena en la cárcel de Aranjuez.

La decisión de la jueza de vigilancia se produjo en contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se opuso al tercer grado que provoca que Fabra sólo tenga que acudir a la cárcel para pasar la noche. La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.

La sala apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La petición de cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Carlos Fabra ingresó en la prisión madrileña de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014, diez días después de que el Gobierno acordara denegar la petición de indulto solicitada por el exdirigente 'popular', quien presentó la petición a finales de agosto ante el Ministerio de Justicia tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenaba. Ingresó en prisión tras un juicio y una sentencia que en noviembre de 2013 puso fin a un auténtico 'maratón' judicial, cuya instrucción se prolongó a lo largo de una década y de multitud de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por el que pasaron hasta nueve jueces.

El origen del proceso se sitúa en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra abandonó pasadas las 17 horas de este viernes la cárcel madrileña de Aranjuez en la que cumple condena, confirmaron a Europa Press fuentes penitenciarias. Sale de permiso de fin de semana en el marco del tercer grado que le fue concedido por el juez de vigilancia penitenciaria en contra del criterio de Prisiones y de la Fiscalía, que ha recurrido la decisión.

Generalmente el tercer grado penitenciario permite a los presos acudir a la cárcel sólo para dormir y disfrutar de los fines de semana fuera de la prisión. No obstante, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Aranjuez todavía no ha establecido el régimen de vida en semilibertad ordenado por el juez que va a llevar Fabra. Eso no afecta a los fines de semana que siempre son fuera de prisión y por ello Fabra no regresará a la prisión hasta el lunes.

Tal y como recogió el magistrado de vigilancia en su resolución, la concesión del tercer grado era inmediata a pesar de que la Fiscalía decidió presentar un recurso contra esa decisión.

La Fiscalía Anticorrupción presentó este viernes un recurso en apelación directa ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid de conceder la progresión al tercer grado del expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.

Fabra consiguió el pasado lunes el tercer grado penitenciario, un año y casi cinco meses después de ingresar en la prisión madrileña de Aranjuez, tras la condena a cuatro años de cárcel por fraude a la Hacienda Pública en el 'caso Naranjax'.

La Fiscalía Anticorrupción presentó este viernes un recurso en apelación directa ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid de conceder el tercer grado al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra (PP).

Fabra consiguió el pasado lunes el tercer grado penitenciario tras haber pasado en la cárcel de Aranjuez casi un año y cinco meses, aunque fue condenado a cuatro por haber defraudado a la Hacienda Pública en el caso Naranjax. Su nueva situación le permite estar en libertad durante el día, teniendo que pasar las noches en su celda.

La decisión de la juez de vigilancia se produjo en contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se opuso a la concesión de este tercer grado. Además, tal y como se publicó este martes, esa misma jueza fue suspendida del Consejo General del poder Judicial (CGPJ) por ejercer presiones en favor de Mario Conde, un gesto que le valió una "falta disciplinaria muy grave".

La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013 a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.

La sala apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La petición de cárcel para Fabra por parte de la Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

La jueza de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid, María del Prado Torrecilla, quien decretó este lunes el tercer grado penitenciario al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra fue suspendida en sus funciones durante 7 meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2003.

Se le sancionó por las presiones que ejerció sobre su compañera Reyes Jimeno en favor de la concesión del tercer grado penitenciario al exbanquero Mario Conde, quien en esos momentos cumplía condena por el caso Banesto. No se aceptó la petición de la Fiscalía para que fuera expulsada de la carrera.

Al ser superior a 6 meses, la suspensión que se impuso a Torrecilla en 2003 le supuso la pérdida de destino como juez de vigilancia de la capital, puesto que recuperó más tarde, una vez que concursó de nuevo a la plaza cumplida la sanción.

La resolución que dictó este lunes en favor de Fabra se produjo en contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se opuso a la concesión de este tercer grado por la que Fabra sólo tendrá que acudir a pernoctar a la prisión.

El CGPJ acordó la suspensión de Torrecilla por unanimidad. Según informó el entonces portavoz del Consejo y actual magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López, se la encontró responsable de una falta disciplinaria muy grave, prevista en el artículo 417.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que sanciona "la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro Juez o Magistrado".

Sin embargo, la concreta sanción de siete meses de suspensión fue aprobada por 10 votos contra los de otros nueve vocales, pertenecientes al sector progresista del órgano, que querían que fuera suspendida durante dos años, como proponía el instructor del expediente disciplinario.

El instructor del expediente disciplinario a la juez Torrecilla, el magistrado Eduardo Calvo, pedía una segunda sanción de un año de suspensión por las supuestas presiones de la juez al director de la cárcel de Alcalá-Meco, donde está recluido Conde. Esta segunda sanción fue rechazada por el Consejo, informa Europa Press.

Pidió un trato especial para Conde en prisión

Según el instructor del expediente, Eduardo Calvo, Torrecilla intentó "de modo consciente y voluntario" conseguir un trato favorable a Mario Conde, entonces preso por el "caso Banesto", después de que el Tribunal elevase su condena a 20 años de prisión.

El informe del instructor consideró probado que la jueza Torrecilla trató de modificar la distribución de centros penitenciarios para obtener la competencia sobre Alcalá-Meco; que tuvo conocimiento anticipado del recurso de Conde contra su clasificación en segundo grado y que tenía preparada de antemano una providencia que le dio curso con celeridad, que firmó la jueza sustituta de Jimeno; y que los términos de esta providencia suponían un elemento de presión al director de la prisión.

Torrecilla fue denunciada en diciembre de 2002 ante el CGPJ por la juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid, Reyes Jimeno, quien había denegado el tercer grado penitenciario solicitado por Mario Conde, que cumplía entonces su condena de 18 de cárcel por los casos Banesto y Argentia Trust.

La juez de Vigilancia Penitenciaria del Juzgado número 3 de Madrid concedió este lunes el tercer grado penitenciario al ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

La decisión se produjo en contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se opuso a la concesión de este tercer grado por la que Fabra solo tendrá que acudir a pernoctar a la prisión.

Actualmente el preso se encuentra interno en la cárcel de Aranjuez y estaba clasificado en segundo grado, lo que le había permitido disfrutar de varios permisos ordinarios de salida de la cárcel.

El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP en esa provincia, Carlos Fabra, cumple condena de cuatro años de cárcel en la prisión de Aranjuez por defraudar 700.000 euros a Hacienda por el caso Naranjax, una vida entre rejas que dedica en parte a jugar al dominó, a ver la televisión, limpiar cuando le toca y prepararse su comida porque no suele comer el menú de la prisión. Fabra reniega del PP y anima a no votar a Rajoy.

Así lo refleja un reportaje fotográfico publicado en la revista Interviú, donde se ve a Fabra, al que según la publicación le llaman don Carlos o Señor F., en distintos momentos de su vida carcelaria como jugando al dominó con otros presos, tomando un refresco de una conocida marca mientras ve un partido de fútbol de reclusos, hablando por teléfono o en la comida, vestido con vaqueros y zapatillas deportivas.

De acuerdo con Interviú, el expresidente de la Diputación castellonense comparte espacio con otros 60 presos en el módulo tres de la cárcel, la mayoría muy veteranos y antiguos toxicómanos en rehabilitación, que afirman que recibe un trato "privilegiado", que "reniega" del PP y que anima a no votar por el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy.

La publicación cita fuentes del centro para asegurar que el Señor F "nunca dice que no a lo que le piden: tabaco, dinero para tarjetas de teléfono, patatas fritas. Invita sobre todo a quienes juegan la partida con él...'. Entre su rutina, incluyen llamadas a la familia todos los días hacia las nueve o nueve y media; jugar al dominó y preparase su comida porque "no suele comer el menú de la cárcel".

Según esta versión, "él prefiere tomar ensaladilla rusa, embutidos y alguna lata de mejillones o calamares", siempre con latas de refresco. Posteriormente, se queda en su celda, donde tiene un tablón con fotografías de sus nietos y ya por la tarde dedica un tiempo a leer la correspondencia.

A última hora debe barrer y fregar algunas zonas comunes cuando le toca y, ya por la noche, descansa en su celda. También pasa parte del tiempo viendo la televisión. El expresidente recibe visitas regulares de sus familiares y, según añade, algunos funcionarios le llaman de usted o don incluso por megafonía.

Francisco Granados, Carlos Fabra, José María del Nido o Gerardo Díaz Ferrán son algunos de los políticos y empresarios inmersos en causas por corrupción que estas fechas tendrán que conformarse con el menú especial que Instituciones Penitenciarias concede en las prisiones por Navidad.

Esta es la lista de los más destacados, en la que ya no figuran algunos nombres de relevancia como el del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, o el de la tonadillera Isabel Pantoja, que salieron en fechas recientes de la cárcel.

1. Francisco Granados

El que fuera secretario general del PP de Madrid se encuentra en prisión desde octubre de 2014, por lo que vivirá por segunda vez unas navidades en la cárcel. Fue detenido por los presuntos delitos cometidos como cabecilla de la desarticulada trama Púnica y los jueces determinaron que existía riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Estremera (Madrid), precisamente la cárcel que él mismo inauguró en julio de 2008 cuando ostentaba el cargo de Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Los presos tienen tres fechas especiales que se suelen reflejar con algún menú especial: Navidad, Año Nuevo y el día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, que se celebra cada 24 de septiembre.

2. Gerardo Díaz Ferrán

El que fuera presidente de la CEOE y el Grupo Marsans se enfrenta a sus cuartas navidades en prisión. Ingresó en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el 5 de diciembre de 2012. Sus segundas navidades en la cárcel estuvieron precedidas de la condena, en diciembre de 2013, de dos años y dos meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública por la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de las empresas Air Comet y Viajes Marsans.

La Audiencia Nacional, tras aceptarlo el propio empresario, le volvió a condenar este septiembre a cinco años y seis meses de cárcel por vaciar el patrimonio del Grupo Marsans. Díaz Ferrán, que el 27 de diciembre cumple 73 años, sigue inmerso en otros procesos judiciales por lo que previsiblemente no serán las últimas navidades que pase entre rejas.

La cárcel de Soto del Real, donde también estuvo Bárcenas, ha celebrado alguna vez la Navidad con un menú especial que constaba de embutidos, pollo asado con patatas y helado de postre, según informaron fuentes penitenciarias a Europa Press. Antes de la crisis económica eran habituales ciertas concesiones como, por ejemplo, entrecot de cerdo o incluso langostinos, según las mismas fuentes.

3. Maria Antònia Munar

La expresidenta del Parlamento de Baleares se enfrenta a sus terceras navidades en prisión, situación en la que se encuentra desde julio de 2013. Interna en la cárcel de Palma, tiene dos condenas firmes, una de seis años por adjudicación irregular de terrenos y otra de cinco años y medio por desvío de fondos públicos.

A partir del próximo 22 de febrero será juzgada también por desviar presuntamente 430.000 euros públicos en la contratación de trabajadores que en realidad se dedicaban a buscar votos para el partido que presidía, Unió Mallorquina. Piden para ella otros ocho años de cárcel. Además tiene pendiente otro juicio por un caso de soborno a cambio de terrenos por el que le piden otros cuatro años de prisión.

4. Juan Antonio Roca

El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga) denominada caso Malaya también sabe lo que es pasar la Navidad en la cárcel. Se encuentra preso desde marzo del año 2006, por lo que lleva casi una década recibiendo el nuevo año entre rejas.

Antes en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) y actualmente en la de Algeciras (Cádiz), no se le ha otorgado ni un solo permiso de salida en todo este tiempo en el que ha ido encadenando sentencias condenatorias. El pasado verano el Tribunal Supremo amplió de 11 a 17 años una condena contra él por fraude fiscal, cohecho y blanqueo de capitales.

Fuentes penitenciarias indican que en Nochevieja es habitual que la cena se sirva algo más tarde de las 20:30, que es el horario habitual. En el menú de ese día se incluye un paquete de uvas, si bien en el momento de las campanadas los presos ya están en sus celdas. Es ahí donde la mayoría se toma las uvas siguiendo los últimos minutos del año por la radio o la televisión.

Siempre según las fuentes consultadas, es habitual que al entrar en el nuevo año los reclusos griten por las ventanas de sus celdas o aporreen las puertas en señal de júbilo.

5. José María Del Nido

El caso Minutas por las irregularidades en los encargos realizados al abogado por parte del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) llevaron a prisión al letrado y expresidente del Sevilla Club de Fútbol en marzo de 2014. Primero estuvo internado en la prisión de Sevilla y actualmente cumple su pena en la prisión de Huelva.

Se enfrenta por tanto a sus segundas navidades en prisión, con el añadido de una segunda condena conocida este mismo lunes. La Sección Octava de la Audiencia de Málaga le ha condenado a dos años y tres meses de prisión por el caso Fergocon. Además, ha impuesto la misma pena al exalcalde marbellí Julián Muñoz.

6. Julián Muñoz

El exalcalde de Marbella es otro de los que va a pasar las navidades en prisión, concretamente en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga). Lleva entrando y saliendo de la cárcel desde el año 2006 y ha encadenado diversas condenas por delitos relacionados con la corrupción.

Este verano el juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Málaga le concedió el tercer grado para salir de prisión, misma situación de la que disfruta actualmente su expareja, la cantante Isabel Pantoja. No obstante, esta medida no llegó a hacerse efectiva porque le fue revocada por la Audiencia Provincial de Málaga, según la cual, "el interno padece varias patologías graves e incurables, si bien su estado no es en absoluto terminal".

7. Carlos Fabra

El expresidente de la Diputación de Castellón, de 70 años de edad, se dispone a pasar sus segundas fiestas navideñas en la cárcel madrileña de Aranjuez en la que ingresó el 30 de noviembre del año pasado. Salió con un permiso ordinario de unos días el pasado mes de octubre. Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel por varios delitos de fraude a la Hacienda pública tras defraudar 700.000 euros entre los años 199 y 2003.