La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha iniciado acciones legales contra Víctor de Aldama, comisionista del 'caso Koldo'. Según ha confirmado la Agencia EFE, Rodríguez ha interpuesto una demanda de conciliación exigiendo a Aldama que se retracte de sus recientes afirmaciones. El comisionista la había señalado como la persona que le entregó un sobre, presuntamente vinculado a la petrolera estatal venezolana PDVSA, que habría servido para financiar de manera irregular al PSOE y a la Internacional Socialista.

La noticia, adelantada por el diario El Mundo y ratificada a EFE por fuentes de ILOCAD —el despacho del exjuez Baltasar Garzón que representa a la dirigente venezolana—, supone el paso legal previo antes de la interposición de una querella formal por injurias o calumnias.

El acto de conciliación ha quedado fijado para el próximo 16 de julio en los juzgados de Madrid. No será necesaria la presencia física de los implicados, bastando con la comparecencia de sus respectivos equipos legales. En caso de que Aldama se niegue a rectificar sus manifestaciones, Delcy Rodríguez tomará la decisión definitiva sobre la presentación de la querella.

El centro de esta disputa legal es un sobre que el propio Aldama entregó el pasado mes de marzo al juez Ismael Moreno. El magistrado investiga actualmente, dentro de una pieza secreta del 'caso Koldo', los pagos en efectivo realizados en el entorno del PSOE entre los años 2017 y 2024. La justicia trata de dirimir si los fondos percibidos por diversos dirigentes, entre ellos el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, son constitutivos de delitos de blanqueo de capitales o financiación irregular.

El comisionista ya había hecho alusión pública a la existencia de este sobre, el cual estaba bajo la custodia de su socio, Luis Alberto Escolano. En el ámbito judicial, Aldama habló por primera vez del asunto el pasado mes de febrero a instancias del fiscal, durante su declaración como imputado por el fraude del IVA de hidrocarburos relacionado con la empresa Villafuel.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había puesto el foco sobre este elemento en sus primeros informes del caso hidrocarburos. Los investigadores hacían referencia a la imagen de un "sobre de color marrón" en el que figuraba como remitente Manuel Quevedo, expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y como destinataria la propia Delcy Rodríguez.

Escolano, que guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama, llegó a remitir fotos de este documento a petición del comisionista el 7 de octubre de 2024, apenas dos meses antes de su detención.

Aunque en un primer momento los investigadores de la UCO no pudieron verificar el contenido exacto del sobre, sospechaban que la documentación estaba estrechamente ligada al sector de los hidrocarburos. Para la Guardia Civil, resulta clave la supuesta "intermediación" de Delcy Rodríguez, quien habría recibido los documentos para posteriormente entregárselos a Víctor de Aldama el 4 de febrero de 2020.

La UCO destaca como un dato "significativo" que esta presunta entrega se produjera en una fecha muy cercana a la polémica escala de Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas, ocurrida el 20 de enero de ese mismo año.

He visitado el nido durante unos días. Por mi modesta notoriedad pública no han llegado a paralizarme. No merezco tanto. Pero las víboras se han lanzado a mis pantorrillas sin piedad. Han publicado mis datos personales completos, han señalado mi domicilio y han difundido un viejo vídeo en el que trataba de encender la luz de la biblioteca del Ateneo que nos tenían apagada los delincuentes que destruyeron nuestro restaurante. Agua pasada y podrida que las serpientes han reutilizado. Ninguno de los reptiles se hizo eco de mi versión cuando traté de defenderme. Han tratado de manchar la prestigiosa institución que presido y que hemos logrado revitalizar durante un lustro. Estas serpientes no distinguen la cualidad de su presa: si te interpones en su camino, te morderán, seas quien seas. 

El motivo para el ensañamiento (ante el que no me arredro en absoluto), ha sido que he transmitido con honestidad la información que el presidente Zapatero quería ofrecer mientras estaba obligado a mantener un prudente silencio procesal. Siendo muy menor mi participación en el guion de esta historia, puedo entender mejor el dolor que se inflige a quien siendo inocente (Begoña Gómez, David Sánchez, y sí, también José Luis Rodríguez Zapatero) se ve acosado por estos seres violentos y desalmados. Sus actividades profesionales paralizadas, su vida social impedida, encerrados en sus casas, incluso sus agendas y sus conversaciones publicadas ilegalmente.

Esta brutalidad con las personas más cercanas al presidente del Gobierno ya sería grave si sólo fuera el resultado de la acción de la extrema derecha: las organizaciones querulantes que se dedican a ir cagando por los juzgados para ver si sus heces generan gusanos; los policías sin control preparados para componer con una jerga criminal y grandilocuente relatos sólidos a partir de meras conjeturas (sólo un dato: el 50 por ciento de los policías y los militares votan a la extrema derecha, Vox y Alvise); los muchos jueces y fiscales ávidos de erosionar al Gobierno que por otra vía no se logra tumbar; los panfletos pagados por la élite religiosa y empresarial.

Pero sucede que toda esta cacería está alimentada con fervor por los dos líderes de la “respetable” derecha española, la que se ofrece como alternativa de gobierno. Uno de esos dos es Isabel Díaz Ayuso, que presume de haber inhabilitado al fiscal general del Estado (cinco votos a dos en el Supremo para vergüenza de ese Tribunal), mientras el novio que le paga la vivienda se embolsa millones en comisiones de mascarillas con el principal proveedor de la Comunidad de Madrid, y luego defrauda las ganancias. El otro, tutelado por ella, es Alberto Núñez Feijóo. Patxi López el miércoles le llamó ruin. Ya había mentado antes el líder del PP al suegro de Sánchez, y a su esposa y a su hermano, para el que Feijóo pide –qué gran corazón el del jefe de la oposición– ni más ni menos que seis años de cárcel.  

En el rifirrafe con Patxi López, el socialista dio con la frase que puso en pie a todos sus compañeros, y que sintetizó bien lo que puede pasar cuando toquen elecciones: que los progresistas planten cara y se levanten ante tanta indignidad. Que logren alertar del peligro de que todas esas serpientes hambrientas controlen nuestras vidas, en un país que es ahora mismo un modelo de convivencia, desarrollo y progreso.

Estos torpes del PP ya no pueden controlar a los reptiles que liberaron. Están abocados a convertir su “quien pueda hacer que haga”, en un “quien pueda votar que vote”. Y lo mismo tenemos de nuevo una sorpresa, que ya pasó en 1993, en 2004 y en 2023. Sigamos.

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Luis Arroyo es sociólogo, profesor, consultor político, columnista de infoLibre y presidente del Ateneo de Madrid.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha planteado la posible nulidad de algunas pruebas del caso Plus Ultra si no se acredita qué resolución judicial autorizó a analizar una serie de conversaciones que motivaron la "imputación" al exlíder socialista "de actos penalmente reprochables".

La defensa de Zapatero ha remitido un escrito al juez José Luis Calama, al que ha tenido acceso EFE, en el que advierte de que, si no existe tal autorización, dichas conversaciones "tienen que ser excluidas del procedimiento", "con las consecuencias procesales que ello conlleva" y ello comprendería, "en su caso, promover un incidente de nulidad".

El abogado Víctor Moreno Catena se refiere a un disco duro denominado "crucial" que contiene conversaciones de un abogado imputado en el caso, Miguel Palomero, y "otras conversaciones privadas de terceros afectados por las entradas y registros" que se practicaron en 24 de octubre de 2024 en atención a unas solicitudes de cooperación jurídica internacional de Francia y Suiza.

Dichas conversaciones, explica el abogado, han sido analizadas en informes policiales de la UDEF, figuran en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en noviembre de 2025 y dio lugar a la apertura de una pieza separada en el juzgado de Madrid que comenzó investigando el caso Plus Ultra y que después lo derivó a la Audiencia Nacional.

De hecho, el abogado subraya que la resolución que remitía el caso a la Audiencia Nacional tenía "base" en un chat denominado "Danilo-España" y en ella la jueza consideró "que podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países".

La defensa apunta también que las conversaciones fueron analizadas en unas diligencias de investigación preprocesales que abrió Anticorrupción en diciembre de 2025, cuando el asunto estaba en el juzgado de Madrid.

El abogado subraya en definitiva que el material digital fue intervenido "con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero" (Francia y Suiza), si bien ha sido "utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto".

Y eso requiere "una habilitación judicial" que ahora solicita en su escrito, en el que pide "que se depure si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron regularmente obtenidas".

"La eventual irregularidad en el origen se proyecta, por la vía de la prueba refleja, sobre todo el material derivado que se emplee frente a él (Zapatero)", indica.

Por ello, reclama que la Fiscalía indique qué resolución judicial autorizó "a las fuerzas policiales el análisis de las comunicaciones privadas aludidas, así como el lugar de esta compleja instrucción, de ida y vuelta, donde esa autorización se encuentra" para que "se pueda asumir como una diligencia que fue regularmente obtenida".

Y advierte de que, si no se hubiese obtenido dicha autorización, "las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas porque las actuaciones policiales se habrían producido sin la habilitación legal exigida por la Constitución, y habrían quedado irremediablemente vulnerados el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, el derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales".

Zapatero está investigado como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra y a cambio de supuestas comisiones, en la que también están imputadas sus hijas.

La Fiscalía Anticorrupción da la batalla en la Audiencia de Tarragona para evitar que se envíe a Madrid el llamado caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama en torno a Equipo Económico –ahora Global Afteli– dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos. En un escrito fechado a finales de mayo, al que ha tenido acceso infoLibre, la fiscala Carmen García Cerdá defiende la competencia del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona para investigar el asunto. Se apoya en el impacto económico que los cambios normativos conseguidos habría tenido sobre las arcas catalanas. Y también en que una de las gasistas bajo la lupa está asentada en suelo tarraconense. "El delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo [penal]", sostiene.

La causa en la que figura como investigado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha avanzado lentamente desde el levantamiento del secreto de sumario. Entre otras cosas, por el aluvión de escritos y recursos. Las defensas, que buscan la nulidad de todo lo actuado, han alegado desde el inicio indefensión o falta de competencia objetiva y territorial del instructor, Rubén Rus. En este sentido, Equipo Económico planteó a finales de marzo una cuestión de competencia ante la Audiencia de Tarragona. La resolución definitiva de esta cuestión, contra la que no cabe recurso, resulta clave para la continuidad de la investigación. Este viernes, sin ir más lejos, cuatro de los investigados se han acogido a su derecho a no declarar hasta que se resuelva la competencia territorial, según fuentes conocedoras del contenido de la comparecencia.

La consultora, en su escrito, defiende que la causa debe estar en un juzgado de la capital. ¿Por qué? Porque allí es donde se habrían cometido los supuestos delitos. Es en Madrid donde se encuentra la sede de Equipo Económico o la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim). Y también donde se ubica el Ministerio de Hacienda, que es donde "desempeñaban su cometido los funcionarios y autoridades partícipes en los hechos investigados". "En ningún momento habría intervenido ningún funcionario o autoridad ubicado [...] en Tarragona", resaltaba el despacho fundado hace dos décadas por el exministro de Hacienda conservador.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, defiende que el llamado caso Montoro continúe donde está. "La jurisprudencia tiene establecido que el lugar de comisión de las infracciones a los efectos de dilucidar cuestiones de competencia ha de entenderse en un sentido predominantemente naturalístico: donde se llevan a cabo las acciones o acaecen los resultados tipificados como delito", sostiene la fiscala en su escrito. En este sentido, apunta que "los hallazgos delictivos se localizan en Tarragona". Y recuerda la "vigencia" de la "teoría de la ubicuidad", que proclama que el delito se comete "en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo".

Para defender su postura se agarra, sobre todo, al papel jugado por la gasística Messer. Fue en el registro que se hizo de esta empresa –con domicilio social en la provincia catalana– en el marco de una investigación que salpicaba también al Ayuntamiento del Morell cuando aparecieron los correos electrónicos que provocaron la apertura de esta causa. Entre otros, uno fechado el 5 de diciembre de 2013 en el que Rubén Folgado, director técnico de la compañía, decía a su entonces director general, Karl Hauck, que la "vía más directa" para las pretensiones de algunas gasistas en materia tributaria pasaba por pagar a Equipo Económico, que tenía "contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro".

Anticorrupción considera que, hasta el momento, "la investigación ha evidenciado" que las empresas investigadas habrían conseguido previo pago a Equipo Económico tres reformas legislativas con importante beneficio: dos relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad (IE) –cedido a las comunidades autónomas– y otra al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) –cedido a los municipios–. Parte de los elementos probatorios sobre las maniobras relacionadas con la última modificación fiscal, fueron localizados en el registro de Carburos Metálicos, ubicada en Barcelona. "Aunque no tiene su domicilio en Tarragona, tampoco lo tenía en Madrid", apunta la fiscala.

El informe del Ministerio Público, por otro lado, sostiene que aunque las gasistas "se coordinaban" a través de la patronal Afgim, con sede en Madrid, "las reuniones donde se gestaba cada actuación del plan concertado por cada reforma se realizaban mediante el sistema digital de teleconferencia". Una videollamada a la que "se unían" los directivos de las compañías, entre los que se encontraban Folgado, Hauck y otros trabajadores de Messer, "todos ellos conectados desde Tarragona". Una provincia en la que, en alguna ocasión, también se celebraron encuentros presenciales. Así consta, por ejemplo, en un acta de 5 de abril de 2017, donde figura que la Comisión Técnica de Afgim se ha reunido en las "oficinas de Messer".

"Desde dicho puesto de trabajo en Tarragona los investigados Rubén Folgado y Karl Hauck, y otros trabajadores de la empresa Messer, contactaron con Equipo Económico; aceptaron cada petición de indiciarias comisiones que le realizaban los socios de aquel despacho, para poner en marcha el tráfico de influencias; mantuvieron reuniones por teleconferencia, que tuvieron por objeto el urdir la estrategia convenida en cada reforma buscada; formaron parte del grupo de trabajo de expertos de Afgim que realizaría el verdadero trabajo, que haría valer Equipo Económico ante la administración, presentándolo como propio, para la reforma del IAE e, incluso, habrían confeccionado el texto de dicha reforma", resume Anticorrupción.

Del mismo modo, el escrito de la fiscala destaca que "las actuaciones concertadas" por los representantes de las gasistas "habría maltrecho" no solo las arcas catalanas –en relación al Impuesto sobre la Electricidad–, sino también las del Ayuntamiento de Tarragona –en referencia al Impuesto de Actividades Económicas–. "Expuesto lo anterior, consideramos que debe desestimarse la cuestión de competencia interpuesta por la representación procesal de Equipo Económico y determinarse competente para instruir la causa el Juzgado de Instancia Sección de Instrucción, plaza 2 de Tarragona", concluye Anticorrupción.

El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, abre una nueva pieza separada dentro de la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea. Lo hace a raíz de un oficio remitido por la Fiscalía comunitaria, en el que se ponen de manifiesto sospechas en relación a la adjudicación de un contrato a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por la consultora KPMG e Innova, la empresa del empresario Juan Carlos Barrabés. Una licitación que querían investigar por su cuenta las fiscales europeas pero que, sin embargo, la Audiencia Nacional ha ordenado que se remita al juzgado de instrucción.

En un providencia fechada este jueves, Peinado ha abierto una pieza separada con la documentación remitida "para la investigación de los hechos" y ha pedido a la Fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre si los mismos son o no delictivos. Sobre la mesa del juez se ha puesto, en concreto, el auto de la Audiencia Nacional dejando sin efecto la avocación de las fiscales europeas –es decir, la decisión de asumir directamente las pesquisas– y el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que hizo saltar todas las alarmas entre las representantes del Ministerio Público.

Según consta en un decreto de la Fiscalía Europea fechado el pasado 8 de junio, al que ha tenido acceso infoLibre, aquel informe giraba en torno a las comunicaciones electrónicas intervenidas a 13 personas en lo relativo a la tramitación de dos expedientes de adjudicación de la entidad pública Red.es que en esos momentos estaban bajo la lupa. Sin embargo, el atestado mencionaba también otro expediente que no era en esos momentos objeto de investigación: el 044/20-ED, que tenía por objeto "Servicios de oficina Acelera Pyme-Servicios de apoyo y asesoramiento".

En este expediente aparecería como UTE adjudicataria Innova Next y KPMG. Y la financiación correría a cargo de los fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). "Del informe policial se desprende que en la adjudicación del 044/20 el informe de valoración habría obviado deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar en el criterio 3, del que dependen los juicios de valor en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota, resultando adjudicataria", explica la Fiscalía Europea en su decreto.

El informe policial resalta que al analizar los borradores de el informe de valoración intercambiado por los evaluadores se encontraron un comentario que aludía al hecho de que la unión temporal de empresas no hubiera incluido dicho "libro blanco": "Hecho que habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores".

Habrá que ver, no obstante, el alcance de esta línea de investigación. Si bien en el resto de licitaciones que en su día se pusieron bajo sospecha existían cartas firmadas por la propia Gómez que daban respaldo a las adjudicatarias, en este caso no constan –al menos por el momento– misivas similares, por lo que, en principio, todo giraría alrededor de Barrabés y Red.es.

La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pagó por la sociedad Círculo Belleza –ahora Masterman & Whitaker– 25 veces más de lo que había abonado tres meses antes la mujer del directivo de Quirón Prevención para hacerse con el control de la firma. Así consta en un oficio que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió el pasado 19 de diciembre al Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, que ha puesto bajo la lupa esta operación al sospechar que detrás de la misma puede haber una comisión encubierta. El informe, al que ha tenido acceso infoLibre, hace un análisis de la compraventa apoyándose en los documentos que obran en el procedimiento. Y ha servido de base al instructor, Antonio Viejo, para solicitar información bancaria.

Los hechos se centran en la compra de la sociedad a la farmacéutica Gloria Carrasco. Círculo Belleza se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con otro 20%. Este último es, desde hace años, directivo de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario que fue durante años principal cliente del empresario Alberto González Amador. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en la operación de compraventa de mascarillas con FCS que le reportó 1,97 millones de euros.

El 11 de septiembre de 2020, según consta en el atestado de la UCO, Carrasco se hizo con el control absoluto de la sociedad adquiriendo a su hermano y a su pareja el 40% de las participaciones por 8.000 euros. "Teniendo en cuenta estos datos, el precio abonado por cada una de las participaciones ascendería a 60,60 euros", resaltan los investigadores. Solo tres meses después, el 4 de diciembre, Maxwell –de González Amador– se hizo con toda la empresa por 499.836 euros, lo que equivale a un precio unitario de 1.514,65 euros. Es decir, la pareja de Ayuso pagó a Carrasco por cada acción 25 veces más que lo que ella había abonado para controlar la sociedad. "Se considera significativo las importantes diferencias entre los precios abonados [...] en un corto periodo de tiempo", apunta la Guardia Civil.

Los investigadores, además, apuntan que en el documento notarial para la formalización de la compraventa "no se ha localizado" referencia alguna "a la valoración efectuada" de Círculo Belleza. Ni tampoco "al método o los motivos" por los que se establece un importe de compraventa cercano al medio millón para una mercantil cuyo importe neto de cifra de negocio se había situado en los 31.288 euros en 2018 y en los 29.745 euros en 2019. Sobre los medios personales, la UCO destaca que en esos mismos años no constaba ningún trabajador vinculado a la sociedad. Y en lo relativo a recursos materiales, la empresa solo disponía de "máquinas de tratamientos de belleza y estética" y "un ordenador portátil que habría sido adquirido en el ejercicio de 2009".

La Fiscalía sospecha que esa operación oculta el pago de una comisión. Es más, en alguno de los escritos emitidos durante la investigación ha llegado a utilizar el término "sobornos". "Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas", sostenía el representante del Ministerio Público en el escrito que provocó la activación de la unidad de élite de la Guardia Civil en el caso.

A partir de su adquisición por González Amador, la mercantil experimenta un "notable incremento" de su cifra de negocios, pasando de los 58.862 euros en 2020 a 327.320 euros en 2021. Los investigadores señalan que este último dato guarda relación con la factura que la renombrada Masterman & Whitaker emitió a Quirón Prevención por 396.057,20 euros –los 372.320 euros más el IVA– en relación con los trabajos relativos a su expansión en Latinoamérica. La empresa, sin embargo, carecía de "medios" para la prestación de dichos servicios de consultoría. "Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría", señalan los investigadores, que se apoyan en todo momento en los informes de la Agencia Tributaria.

Con ese primer informe, la Unidad Central Operativa solicitó al instructor una serie de medidas de investigación. "Se considera necesario contar con información bancaria y tributaria de los diferentes intervinientes, tanto personas físicas como jurídicas, que permita determinar los movimientos de fondos que habrían tenido lugar", apuntaban los investigadores. No solo actual, sino de los últimos 12 años. Una petición a la que el magistrado Viejo ha tardado medio año en responder. Y dando luz verde solo a una parte de las diligencias pedidas. En un auto fechado la pasada semana, el instructor autoriza únicamente a los investigadores a recabar información financiera de González Amador, Carrasco, Camino y sus empresas. Y guarda en un cajón, al menos de momento, la reclamación de datos a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Desde la jubilación de la anterior instructora, la investigación se ha ralentizado. Aunque se activó a la UCO hace un año, lo cierto es que los investigadores no recibieron hasta principios de noviembre toda la documentación obrante en la causa. Una información que, no obstante, estaba incompleta. En el informe de diciembre, la Guardia Civil pide al magistrado que le haga llegar también las declaraciones como investigados en la causa de González Amador y Carrasco, quienes en sede judicial negaron el soborno y defendieron el precio que pagó la pareja de la presidenta madrileña por la sociedad.

El juez que investiga a la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón ha ordenado que sea detenida y puesta a disposición judicial, tras no comparecer el lunes por tercera vez, estando ya advertida de que podría ser arrestada.

En un auto dictado este martes, el juez Arturo Zamarriego recuerda que ha citado en tres ocasiones a la actriz, quien ha demostrado "una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia, por lo que procede acordar su detención" y puesta a disposición del juzgado para ser oída en declaración.

Luego Mouliaá quedaría en libertad, salvo que estuviera privada de la misma "por otra causa o motivo legal", dice el auto, que precisa que la orden de busca y captura estará vigente durante cinco años.

Además, el juez pide que se investigue "si la reiterada incomparecencia de la investigada pudiera constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial", mediante lo que se denomina deducción de testimonio, que se remite al Decanato de los juzgados de Plaza de Castilla para su reparto.

La actriz está siendo investigada por supuestas calumnias contra el exdiputado Íñigo Errejón, quien denunció que ella le había acusado de extorsionar a dos testigos de la causa abierta en 2024 contra él después de que ella le denunciara por presunta agresión sexual.

A la puerta de los juzgados, este lunes, la abogada de Mouliaá, Yurena Carrillo, reveló que habían solicitado el viernes al juez que su clienta pudiera declarar por videollamada, pero que no ha recibido respuesta: "O sea, no lo ha considerado", afirmó.

La actriz, en la red social X, explicó, un día antes de la declaración, que está trabajando en el extranjero.

"El que está procesado por abuso sexual es Errejón (denunciado por muchas mujeres más) Yo tengo que declarar por haber denunciado que pactó con dos testigos. Mientras tanto, me encuentro trabajando en el Mar Rojo y he acreditado documentalmente que estaré en zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas", escribió la actriz.

Aun así, agregó que intentaría comparecer por videollamada si "técnicamente" era posible. "Curioso país aquel en el que la atención mediática se centra en la denunciante mientras la causa principal sigue pendiente de resolverse. Venga", criticó en su mensaje en X.

En el auto, Zamarriego que expone que "la citación para ser oído es una resolución judicial con un marcado carácter coercitivo", según expone el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que "la orden de comparecencia se podrá convertir en una causa de detención si el citado no comparece, ni justifica causa legítima que se lo impida".

"En el presente caso, la investigada ha manifestado reiteradamente su voluntad de no comparecer en los distintos llamamientos que se le han efectuado. Tal hecho supone una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia, por lo que procede acordar su detención y puesta a disposición de este Tribunal de Instancia", concluye.

La letrada de Mouliaá en esta causa, Yurena Carrillo recurrió la decisión del juez de obligarla a declarar en persona, bajo medidas cohercitivas, primero ante el propio juzgado y luego ante la Audiencia de Madrid, y hoy ha trascendido que el magistrado ha admitido a trámite este segundo recurso y lo ha trasladado a las partes para que aleguen lo que consideren antes de enviarlo a la Audiencia.

No hace falta ser jurista para leer tres autos del mismo juez y notar que uno de ellos está construido de otra manera. Hace falta, eso sí, tomarse el trabajo de leerlos. He leído íntegramente el auto del 18 de mayo de 2026 por el que el magistrado José Luis Calama imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra,[1] y lo he comparado con otros dos autos suyos: el del caso Banco Popular, de 2024, y el de una trama de fraude de hidrocarburos, de 2021.[2][3] Los tres investigan delitos económicos complejos. Los tres son obra del mismo instructor. Pero solo uno de ellos hace tres cosas que los otros dos evitan cuidadosamente. Este artículo trata de esas tres diferencias, y de la única pregunta que importa: por qué.

Conviene decir desde el principio qué no sostengo. No sostengo que Zapatero sea inocente ni culpable: eso corresponde a los tribunales, y la causa tiene recorrido. No sostengo que el documento sea falso: tiene Código Seguro de Verificación válido en la sede de la Administración de Justicia y está firmado electrónicamente por el juez y la letrada. Tampoco afirmaré que lo redactó una máquina, porque no puedo probarlo. Sostengo algo más limitado y, creo, más difícil de rebatir: que este auto se aparta del método que el propio Calama aplica cuando construye una imputación sólida, y que esa diferencia merece una explicación que el expediente público no ofrece.

Un auto de instrucción razona hacia adelante: expone los indicios y, a partir de ellos, concluye. El auto de 2021 lo hace de manera de manual. Antes de afirmar nada sobre nadie, enumera su base probatoria: los informes periciales de la Agencia Tributaria con sus fechas exactas y veinte atestados de la Guardia Civil identificados uno por uno con su número.[4] Solo después, sobre ese cimiento, construye las conclusiones.

El auto del Banco Popular, de 2024, es aún más escrupuloso. Es un documento de 83 páginas sobre una de las materias más técnicas que existen: la contabilidad de una entidad financiera bajo supervisión del Banco Central Europeo; y dedica sus primeras páginas íntegramente a explicar la normativa aplicable antes de entrar en un solo hecho. Su primer fundamento se titula, literalmente, «breve exordio», y habla con prudencia de «una certeza provisional».[5] Es la voz de un juez que sabe que las conclusiones se ganan, no se anuncian.

El auto de Zapatero hace lo contrario. Su primer párrafo de fundamentos jurídicos (la primera frase, antes de cualquier indicio) ya contiene la conclusión:

«Las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha [...] permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias.»[6]

Lo que sigue durante las siguientes cincuenta páginas no son los indicios de los que se deduce esa conclusión: son la ilustración de una conclusión ya tomada. La diferencia parece sutil y no lo es. Un instructor que concluye primero y busca después no está investigando: está sosteniendo una tesis. Y un juez que en 2021 y en 2024 colocó las pruebas antes que el veredicto sabe perfectamente cuál de las dos cosas está haciendo.

Hay en el auto una frase que, a mi juicio, es la más reveladora de todas. Al llegar al punto en que debe explicar en qué consiste exactamente el liderazgo de Zapatero sobre la supuesta trama, el instructor escribe:

«José Luis Rodríguez Zapatero se erige como el núcleo decisor y estratégico de la red. Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas.»[7]

Léase despacio, porque el mecanismo es notable. El auto reconoce que no hay prueba formal ni pública del liderazgo, y a continuación convierte esa misma ausencia de prueba en confirmación de la astucia del investigado: no aparece porque es lo bastante hábil para no aparecer. Es un razonamiento que se blinda contra cualquier refutación posible. Si no hay rastro, es porque el líder sabía borrarlo. Cuanto menos se encuentra, más se confirma la hipótesis.

Eso no es un indicio. Es lo que en lógica se llama una petición de principio: dar por probado lo que había que probar. Y no es el modo en que Calama trabaja en sus otros autos. En el de 2021, cuando describe al segundo de la organización, no deduce su papel de la ausencia de pruebas: lo ancla en sus cargos societarios concretos, en las órdenes que transmitió y en los atestados que las documentan. La ley penal exige precisamente eso, indicios plurales, concluyentes y razonados,[8] no la deducción de que alguien es culpable porque es demasiado listo para parecerlo. No soy el único que lo ha advertido: la misma observación la hizo, desde la lectura periodística, el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña.[9]

La tercera diferencia es la más fácil de medir, porque se cuenta. El caso Plus Ultra investiga si hubo tráfico de influencias en el rescate de una aerolínea. El caso Koldo es un procedimiento distinto, instruido por un tribunal distinto, el Tribunal Supremo. Son dos causas separadas.

En el auto de Zapatero, sin embargo, el caso Koldo aparece por todas partes. El nombre de Ábalos figura quince veces; el de Koldo, siete; hay referencias al «Delcygate» y una sección dedicada a un comisario cuya tarjeta de visita se encontró en las oficinas de Plus Ultra. Nada de esto se conecta causalmente con Zapatero ni con el rescate. Simplemente está ahí, mezclado con el objeto de la causa.

Para que se vea la magnitud de la anomalía, basta contar lo mismo en los otros dos autos:

En 2021, una trama con más de veinte investigados y siete sociedades: ninguna mención a causas ajenas. En 2024, la contabilidad del Banco Popular con todo el aparato del Banco Central Europeo: ninguna.[10] En 2026, un auto saturado de material de otro procedimiento. El mismo juez que durante años mantuvo herméticamente separados los objetos de sus causas, en esta los mezcla.

A las tres diferencias de método se añade un problema que no es de estilo sino de aritmética. El indicio económico más concreto del auto, el que conectaría el dinero con la influencia, es un presunto pago al director del fondo público que gestionó el rescate. El rescate de Plus Ultra se aprobó el 9 de marzo de 2021. El director de ese fondo fue nombrado el 17 de agosto de 2021, cinco meses después.[11] No se puede influir sobre quien decide un rescate a través de alguien que aún no ocupaba el cargo cuando el rescate se decidió. La secuencia temporal, comprobable en registros públicos, invalida el indicio. El auto no la aborda.

Conviene recordar, además, que ese rescate ya había pasado por dos filtros que no encontraron irregularidad: el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.[12] No es terreno virgen: es una decisión administrativa examinada y avalada, sobre la que ahora se construye una hipótesis de organización criminal liderada por un expresidente.

Llegamos a lo esencial. Las tres diferencias no son interpretables: están en los documentos y se pueden verificar. Lo que sí admite interpretación es su causa. Caben, razonablemente, tres explicaciones, y conviene examinarlas sin descartar ninguna de antemano.

Podría pensarse que Plus Ultra es sencillamente más complicado y que eso explica las costuras. No se sostiene. El auto del Banco Popular es, técnicamente, mucho más complejo (contabilidad bancaria, normativa europea, estructuras en Luxemburgo) y es justamente el más cuidadoso de los tres. Si la complejidad produjera anomalías, el Banco Popular debería ser el peor, no el mejor. Es al revés.

Calama recibió el caso por inhibición en marzo de 2026 y dictó el auto en mayo.[13] Dos meses para un asunto que llevaba años en otro juzgado. La prisa explicaría bien algunas cosas: tomar el informe policial y volcarlo sin depurarlo, lo que arrastraría el material del caso Koldo, anteponer la conclusión, no detectar la contradicción de fechas. Es la explicación más benévola y probablemente recoge una parte de verdad. Pero deja intacta una pregunta incómoda: ¿por qué un juez que en 2021 dedicó tres años a levantar un auto sólido sobre una trama equivalente se conformó esta vez con dos meses y un resultado mucho más débil, tratándose nada menos que de la primera imputación a un expresidente del Gobierno en democracia? La prisa, cuando es elegida, también es una decisión.

La tercera explicación no la afirmo; la dejo formulada, porque los hechos la hacen pertinente y ocultarla sería deshonesto. El auto se dicta en una semana muy concreta: la misma en que un informe de la Guardia Civil vacía de contenido el caso contra Begoña Gómez, la misma en que arranca en Badajoz un juicio donde la propia Fiscalía pide la absolución del hermano del presidente, los mismos días de un resultado electoral incómodo para la oposición. Que el auto más débil metodológicamente de los tres aparezca con ese encaje de calendario es un hecho. Que ese hecho pruebe una intención es algo que no afirmo y que, con la información pública disponible, nadie puede afirmar. Pero la coincidencia existe, y un análisis honesto la nombra en lugar de esconderla.

La firma electrónica del juez convierte estas tres anomalías en responsabilidad suya, con independencia de cómo se redactara el documento o de qué herramientas se emplearan en su confección. Quien firma, responde. Y lo que ha firmado se aparta de su propio método en las tres dimensiones que distinguen una imputación fundada de una afirmación de culpabilidad anticipada.

No pido que se crea mi conclusión. Pido algo más modesto y más exigente: que cualquiera coja los tres autos (los dos de CENDOJ son públicos y el tercero ha circulado en la prensa) y los lea en paralelo. La diferencia salta a la vista en la primera página de los fundamentos de cada uno. A partir de ahí, la pregunta de por qué este auto no se parece a los suyos deja de ser una opinión y se convierte en lo que de verdad es: una cuestión que el instructor, o el tribunal que revise su decisión, tendrá que responder. Mientras tanto, la presunción de inocencia no es un tecnicismo que proteja a un expresidente: es lo que nos protege a todos de que la ausencia de pruebas pueda presentarse, algún día, como la prueba más concluyente.

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Daniel Valverde Ríos es ingeniero técnico por la Universidad de La Laguna (ULL) y Project Manager por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

[1]Auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional (mag. José Luis Calama Teixeira), Diligencias Previas 0000077/2024, 18 de mayo de 2026, 85 páginas. Firmado electrónicamente por el magistrado (17:46) y la letrada de la Administración de Justicia, Ana Isabel Meras Santiago (17:54). Dos copias contrastadas para este análisis: la difundida por The Objective y la difundida por El País (esta última precedida de la cédula de citación, que por su naturaleza administrativa firma solo la letrada). El contenido y las firmas del auto coinciden en ambas. El documento tiene Código Seguro de Verificación válido en administraciondejusticia.gob.es.

[2]Auto AAN 3685/2021 (ECLI:ES:AN:2021:3685A), Juzgado Central de Instrucción n.º 4, Diligencias Previas 0000051/2018, 7 de junio de 2021. Ponente: José Luis Calama Teixeira. Causa por organización criminal, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo (trama de hidrocarburos). Fuente: CENDOJ. 36 páginas.

[3]Auto AAN 2395/2024 (ECLI:ES:AN:2024:2395A), Juzgado Central de Instrucción n.º 4, Diligencias Previas 000042/2017, 4 de marzo de 2024. Ponente: José Luis Calama Teixeira. Causa por falsedades societarias y administración desleal (caso Banco Popular). Fuente: CENDOJ. 83 páginas.

[4]Auto AAN 3685/2021, Antecedente de Hecho SEGUNDO: la base probatoria se enumera antes de cualquier conclusión, citando los informes periciales de la AEAT (de fechas 10.10.2020 y 6.11.2020) y veinte atestados de la UCO identificados por número (142/2018, 56/2019, 59/2019, 63/2019, 67/2019, 72/2019, 95/2019, 139/2019, 153/2019, 192/2019, 223/2019, 14/2020, 43/2020, 29/2020, 63/2020, 97/2020, 103/2020, 104/2020, 105/2020 y 112/2020).

[5]Auto AAN 2395/2024 (Banco Popular), Fundamento de Derecho PRIMERO: «Breve exordio sobre el contenido de esta resolución. Tras una laboriosa y compleja instrucción, hemos alcanzado una certeza provisional sobre cómo ocurrieron los hechos sujetos a nuestra investigación». El Fundamento SEGUNDO dedica siete páginas a la normativa contable aplicable (Circulares 4/2004, 2/2012 y 6/2012 del Banco de España) antes de analizar hecho alguno.

[6]Auto de 18 de mayo de 2026, p. 7, primer párrafo de los Fundamentos de Derecho. La cita es literal.

[7]Ibíd., p. 56, sección de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. La cita es literal.

[8]Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 779.1.4.ª: la transformación en procedimiento abreviado exige que existan «indicios racionales de criminalidad». La jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, STS 234/2017) exige que los indicios sean «plurales, concluyentes y debidamente razonados».

[9]Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, llegó a una conclusión equivalente desde la lectura periodística del auto el 20 de mayo de 2026: el instructor «ya da por demostrado el liderazgo del imputado en la organización criminal sin aportar indicio alguno», y reitera la conclusión «con una frecuencia impropia».

[10]Recuento de menciones a elementos del caso Koldo (procedimiento independiente instruido por el Tribunal Supremo) en cada auto: auto de 2021, cero; auto de 2024, cero (la única coincidencia textual, «Informe Aldama», se refiere al informe británico de gobierno corporativo de 1998, sin relación con Víctor de Aldama); auto Zapatero de 2026: «Koldo» 7 veces, «Ábalos» 15 veces, «Delcygate» 2 veces, además de una sección entera dedicada a un comisario cuya tarjeta se halló en Plus Ultra.

[11]El Consejo de Ministros aprobó el rescate de Plus Ultra (53 millones de euros, fondo FASEE de la SEPI) el 9 de marzo de 2021. Julián Mateos-Aparicio fue nombrado director del FASEE el 17 de agosto de 2021 (Europa Press). El indicio que el informe policial vincula a un presunto pago a ese director se refiere a una decisión —el rescate— adoptada cinco meses antes de que el cargo existiera.

[12]El rescate de Plus Ultra superó el control del Tribunal de Cuentas (archivo de la denuncia de Ciudadanos en 2021, sin apreciar responsabilidad contable) y el aval del TJUE sobre el fondo FASEE (sentencia de junio de 2024).

[13]Calama asumió la instrucción del caso Plus Ultra en marzo de 2026, tras la inhibición del Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid. El secreto de las actuaciones se levantó el 19 de mayo de 2026, un día después de la fecha del auto. La declaración de Zapatero, inicialmente fijada para el 2 de junio, se pospuso al 17 y 18 de junio de 2026.

El juez de Majadahonda (Madrid) a quien le correspondió la denuncia de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contra el agitador Vito Quiles por el incidente registrado el pasado 30 de mayo en un restaurante de Las Rozas ha decidido sobreseerla provisionalmente al no encontrar indicios de delito.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, el titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Majadahonda considera que tras el visionado de las imágenes aportadas a la causa "no se han podido acreditar hechos que posean relevancia penal" ya que "en las grabaciones no se aprecian las conductas denunciadas".

La denuncia fue presentada por Begoña Gómez después de que Quiles le impidiera salir de un restaurante, donde la había localizado, y donde, sostenían fuentes del entorno de Gómez, la acosó con preguntas de manera agresiva, impidiéndole la salida del local mientras la grababa.

"El visionado aportado no ha acreditado que haya existido tal zarandeo o que haya rodeado a la denunciante con el brazo", como denunciaba la mujer del presidente, sino que entra en el local con la intención de dirigirse a ella "con multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona de inmediato el local y es B.M. —su amiga— quien aparta al denunciado".

Respecto a la denuncia de esa amiga sobre unas lesiones que habría sufrido a manos del denunciado, "tras el visionado de las grabaciones" remitidas por la Policía "no se ha podido acreditar la existencia objetiva de tales lesiones", indica el magistrado en el auto.

El propio Quiles colgó en sus redes un vídeo editado en el que no se veía nada de lo ocurrido en el interior del establecimiento hostelero, sino solo del altercado que protagonizó posteriormente cuando Gómez finalmente logró abandonar el local.

En este vídeo se ve cómo el agitador no deja de hacerle preguntas en voz alta sobre su asesora en Moncloa al tiempo que la persigue sin descanso, pese a que ella trata de evitarle mientras habla por teléfono.

Dos mujeres y un hombre que acompañan a Gómez intentan que deje de grabar y, según se aprecia en el vídeo editado por Quiles, finalmente una de ellas le insta a quitar "esa mierda" en referencia a la cámara que está usando para finalmente sujetarle el cuello por la espalda, a lo que él responde "que no me pegues" y "para".

El abogado Juan Gonzalo Ospina, que representa a Quiles, ha celebrado en declaraciones a EFE el archivo de la causa.

Alcasec, el hacker investigado junto al ex secretario de Estado Francisco Martínez en el marco de la operación Borraska, seguirá por el momento en prisión. La titular del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, rechazó a finales de marzo una nueva petición de libertad de José Luis Huertas alegando que la Policía aún no ha sido capaz de asegurar todas las fuentes de prueba. En un auto, fechado a finales de marzo y al que ha tenido acceso infoLibre, la magistrada resalta que los investigadores, pertenecientes a la Comisaría General de Información, todavía no han logrado acceder a todos los dispositivos intervenidos a Alcasec. Una denegación que la defensa de Huertas ha recurrido, insistiendo en la colaboración de su cliente.

Huertas, un joven de poco más de veinte años, lleva en prisión provisional desde mayo del año pasado. De hecho, es el único de los cuatro detenidos en la operación que casi un año después sigue entre rejas. En los últimos meses, la defensa del hacker ha solicitado hasta en dos ocasiones su puesta en libertad. La primera fue rechazada tanto por la instructora como por la Sala de lo Penal al entender que existía un "elevado" riesgo de fuga atendiendo a la "alta disponibilidad de criptoactivos". Y la segunda, cursada a finales de marzo, ha vuelto a toparse con la negativa de la magistrada que investiga el asunto.

El Ministerio Público, a través de un fiscal diferente al que hasta ahora ha llevado el caso, había interesado que se desestimara la petición de libertad formulada. Y Tardón así lo hace. En su resolución, la instructora considera que aún persisten "en la actualidad" las "razones" por las que apreciaba riesgo de fuga en el auto inicial de prisión. Esto es: la gravedad del horizonte penal al que se enfrenta el joven, la disponibilidad de criptoactivos o los conocimientos informáticos y el acceso a infraestructuras tecnológicas avanzadas de Huertas, con la facilidad que estos recursos podrían proporcionarle para ocultar su paradero.

En su solicitud de puesta en libertad, el abogado del joven también hacía alusión a la supuesta colaboración del investigado facilitando, entre otras cosas, códigos de acceso a los dispositivos móviles. "En el día de ayer José Luis ha prestado su colaboración para el desbloqueo de su teléfono móvil, aunque por el momento, a pesar de los esfuerzos de mi mandante, no se ha podido tener acceso, quedando los dispositivos a falta de dos oportunidades para poder desbloquearlos", señalaba su abogado en el escrito de solicitud de puesta en libertad.

Sobre esta supuesta colaboración, la magistrada hace referencia en su resolución a un auto del pasado 10 de diciembre: "Recientemente se ha informado por la Policía que siguen sin poder acceder al ordenador portátil del investigado porque ha utilizado un sistema de cifrado que siguen sin poder vulnerar. Y lo mismo ocurre con el teléfono móvil, que dispone de un sistema operativo que detecta intrusiones de terceros y destruye su contenido. Por ello, la Policía persiste en su intento de asegurar las pruebas que pueda haber en algún otro repositorio que se halle oculto".

"Se alega ahora que el día de ayer (...) se dieron nuevas claves. Sin embargo, se omite que en esta pretendida colaboración no fue posible en ningún caso el acceso a los dispositivos, aportando como último recurso una referencia o unas claves que ya habían sido aportadas por escrito. Con lo que no solo no existe la menor constancia de que puedan permitir su acceso, sino que existe el evidente riesgo de bloquear de manera definitiva los dispositivos implicados", completa la magistrada.

Una negativa que la defensa del joven ha recurrido en reforma, lo que obligará a pronunciarse de nuevo tanto a la jueza como al Ministerio Público. Según ha podido saber este diario, los abogados de Huertas insisten en que su cliente está colaborando con la investigación. Así, recuerdan, por ejemplo, que el joven volvió a comparecer a petición propia en la Audiencia Nacional a comienzos de febrero, respondiendo a todas las preguntas planteadas por la instructora y reconociendo parte de los hechos.

Una colaboración que, según los argumentos plasmados en su escrito, también se habría producido en relación con los dispositivos electrónicos intervenidos. Sobre la clave aportada para el desbloqueo del ordenador, explican que la misma era buena y que si los agentes no lograban acceder era, simplemente, porque la configuración de los teclados con los que ellos trabajan es distinta a la utilizada por el hacker. No obstante, con el código aportado la Policía ha podido finalmente acceder al dispositivo mediante un ataque por fuerza bruta, sistema que prueba distintas combinaciones hasta que da con la clave.

A lo que aún no se ha podido acceder es, sin embargo, al dispositivo móvil de Huertas. Ninguna de las claves aportadas hasta la fecha por el investigado eran correctas. No obstante, según los argumentos expuestos en el escrito por la defensa no se puede supeditar la libertad de su cliente a que sea capaz de recordar la contraseña.

Las pesquisas se iniciaron a finales del pasado año, a raíz del ciberataque a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y la exfiltración masiva de miles de datos correspondientes a usuarios de líneas de telefonía móviles. Y fueron asumidas por el Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional. Durante meses, la investigación se fue desarrollando con la participación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como con la colaboración internacional de las autoridades de Andorra o Suiza, clave para el seguimiento de flujos económicos o la actuación operativa.

A finales de mayo, Borraska estalló. La Policía detuvo a Francisco Martínez, quien fuera secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior y uno de los principales acusados por la Kitchen –la operación parapolicial para hacerse en plena Gürtel con documentos comprometedores para el PP que pudiera tener su extesorero Luis Bárcenas–. Y junto a él, al hacker José Luis Huertas y a dos de sus socios. Un joven para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel en relación con otro ciberataque, en este caso al Punto Neutro Judicial, en el que se robaron datos bancarios de medio millón de contribuyentes.

Uno de los elementos "clave" del entramado, según se exponía en los primeros autos de ingreso en prisión, era su "capacidad" para "almacenar, organizar y cruzar" grandes volúmenes de datos sustraídos ilícitamente a través de ciberataques a "organismos públicos y privados" ejecutados "de forma sostenida durante años". Con ellos, continuaba, se construían "perfiles detallados" de "personas e instituciones" con el objetivo de "maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible". Toda una "red de inteligencia criminal privada y transnacional" con capacidad de intervenir en sectores estratégicos.

El hacker Alcasec era quien gestionaba y supervisaba la infraestructura tecnológica y operativa, incluyendo, entre otras cosas, la "aplicación de medidas de protección contra intervenciones policiales". En cuanto a la infraestructura digital, su núcleo estaba constituido por un servidor ubicado en Suiza, "contratado mediante criptomonedas y correos electrónicos temporales anonimizados" y cuya "administración remota" se realizaba desde múltiples lugares, incluyendo el "domicilio particular" de Huertas.

Dicho servidor integraba un motor de búsqueda, Elasticsearch, que almacenaba millones de registros obtenidos de un gran número de fuentes –Dirección General de Tráfico, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Registro Civil, Puertos del Estado, empresas energéticas, registros mercantiles u otras bases de Andorra, Bolivia o República Dominicana– y que permite consultas cruzadas por DNI, matrícula o teléfono, entre otros parámetros. O un bot de Telegram que bebía, precisamente, de esa información acumulada.

En cuanto al ex secretario de Estado, la jueza lo acusaba de ser "el coordinador jurídico-operativo y arquitecto del blindaje estructural de la organización criminal". En su declaración ante la instructora, Martínez reconoció que, primero como abogado y luego como "referente", trató de ayudar a Huertas a entrar en entornos profesionales y alejarse de la ciberdelincuencia. Y que en el marco del asesoramiento legal que le presta, probó la herramienta que estaba desarrollando Huertas para ver que todo se ajustaba a la legalidad. En cuanto a la constitución de sociedades, aseguró que de tal actividad no puede desprenderse que conociera la evolución posterior y el uso que se hizo de las mismas.

Miércoles, 8 de abril. El despertador de José Manuel Parceiro rompe el silencio nocturno cuando aún ni siquiera se han colocado las calles. Son las 5.00 horas. Y al abogado aún le espera un largo viaje. Tiene por delante casi 500 kilómetros. La distancia que separa Alicante de la localidad madrileña de Collado Villalba. Se ha cogido el día libre en el trabajo para hacer este viaje exprés de ida y vuelta. Pero el motivo merece el esfuerzo. En un juzgado de este municipio anclado a los pies de la Sierra de Guadarrama están llamados a declarar como investigados varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por la muerte de su padre en lo peor de la pandemia. Y él, José Manuel, quiere estar presente.

Manuel Parceiro tenía 82 años. Y llevaba casi medio año viviendo en el Hospital de La Fuenfría. Fue en este centro de media y larga estancia perteneciente al Servicio Madrileño de Salud, más parecido ya a una residencia que a un hospital, donde le pilló el estallido de la pandemia. Y allí murió el 20 de marzo. Cuenta su hijo que intentaron que se le trasladara al Ramón y Cajal o al Puerta de Hierro, pero la derivación no fue autorizada en aplicación, continúa, de unos Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre, que ya estaban en manos de hospitales y residencias. "Solo necesitaba un respirador para salir adelante", lamenta Parceiro hijo al otro lado del teléfono.

Tras cinco largas horas de viaje, el abogado llega en tiempo y forma al juzgado. Por delante, le espera una mañana intensa. Está previsto que comparezcan como investigados ante el juez instructor el firmante y el considerado autor intelectual de los protocolos –Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, respectivamente–, así como el doctor Antonio Burgueño, quien asesoró al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sobre cómo afrontar la emergencia sanitaria con un Plan de Choque que incluía, entre otras cosas, la medicalización de las residencias. Pero en menos de una hora Parceiro vuelve a estar fuera, en la calle. Las declaraciones llevaban suspendidas desde finales de marzo. Nadie les había avisado. Y al abogado no le queda más remedio que emprender, resignado, el viaje de vuelta.

Fueron mil kilómetros, 110 euros de gasolina y un día libre gastado solo para escuchar a Burgueño –que tampoco se había enterado de la suspensión– decir que si quería buscar un culpable, mirase a Fernando Simón, el epidemiólogo que había dirigido desde el Ministerio de Sanidad la respuesta a la pandemia. No es la primera vez que viene para nada. Le ocurrió lo mismo en febrero, cuando de todos los citados solo compareció una médica de La Fuenfría. "Esto no puede suceder", se queja amargamente Parceiro, quien asegura que el día antes de subir a Madrid trató de ponerse en contacto sin éxito con el juzgado: "Nadie respondió al teléfono".

Su caso ejemplifica a la perfección la dura batalla judicial por los Protocolos de la Vergüenza, una serie de órdenes nacidas en el seno del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que restringían al máximo la posibilidad de trasladar a enfermos desde los geriátricos a los hospitales en plena pandemia. Seis años de lucha marcados por el abandono y el desprecio institucional y los continuos retrasos judiciales. "No es lógico que llevemos año y medio con nuestro caso y no se haya avanzado nada", explica Parceiro. Además de en Collado Villalba, esta semana también se han suspendido declaraciones clave en Arganda del Rey. En concreto, la de María Teresa Vidán, la doctora a la que Mur también situó en la elaboración de los protocolos. En este caso, por un error en su apellido que impidió la notificación.

"En la primera denuncia nos pasó lo mismo: gente que no se presentaba, notificaciones que no llegaban. No queremos pensar mal, pero...", desliza en conversación con este diario Clemente, hijo de Marcela Eras, fallecida el 2 de abril de 2020 en la residencia Isla Taray de Morata de Tajuña. Esta familia, como tantas otras, inició su batalla con una primera denuncia por homicidio imprudente u omisión del socorro, unas acusaciones que exigen demostrar fuera de toda duda que los residentes se habrían salvado de haber sido hospitalizados –un reto probatorio–. Modificaron la estrategia en octubre de 2024, cuando tras varios archivos aparcaron esos tipos penales y centraron su ofensiva en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria y en los niveles intermedios del organigrama –es decir, en lugar de ir contra Ayuso, comenzar por el director general de Coordinación Sociosanitaria–.

"Fíjate si hay retrasos que la primera querella que yo puse en 2020 aún está parada en un juzgado de Leganés, sin que nadie nos haya comunicado ningún archivo, mientras que la que puse a finales de 2024 está en otro. Es decir, mi caso está en dos juzgados distintos", explica Carmen López. Su madre, Carmen, falleció en un hospital tras estar cuatro días agonizando en la residencia Parque Los Frailes, en Leganés. Ella, en principio, estaba dentro del grupo de residentes a los que se impedía la derivación –iba en silla de ruedas–, pero un error de la médica del centro, que pensaba que la mujer caminaba, permitió el traslado.

El futuro del caso residencias también depende de lo que pueda determinar la Audiencia de Madrid sobre la conformación de una posible macrocausa. Tanto la Fiscalía como las víctimas solicitaron hace algunos meses unir en una sola carpeta varias denuncias instruidas en Madrid, Leganés, Navalcarnero o Collado Villalba, pero el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital, el primero que imputó a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias, rechazó absorberlas todas. Una decisión de la jueza María Isabel Durántez que fue recurrida ante el órgano superior, cuya Sección Primera estudiará el asunto la próxima semana.

No será la primera vez que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre esta cuestión. A finales de diciembre, la Sección Decimosexta ya lo hizo sobre el intento del Juzgado de Instrucción nº5 de enviar al Juzgado de Instrucción nº3 el caso de una mujer fallecida en un geriátrico. La jueza Carmen Valcarce alegaba que "de no acumularse los procedimientos, tales personas (los imputados) deberán declarar sobre los mismos hechos en incontables ocasiones y que podrían producirse resoluciones dispares". Sin embargo, los magistrados consideraron que la diseminación en varios procedimientos tiene sentido porque hay que analizar de forma independiente las circunstancias concurrentes en cada caso. Habrá que ver ahora si sus compañeros de la Sección Primera mantienen dicho criterio.

Otro punto de interés del caso se encuentra en el Tribunal Constitucional. Allí, en el órgano de garantías, se han ido acumulando decenas de recursos de amparo cuya resolución, según eldiario.es, se encuentra congelada para no interferir en las causas penales que están vivas. En medio de esta espera continua, además, un juzgado de Getafe ha decidido ampliar también el listado de delitos por los que están siendo investigados Mur y Peromingo, incluyendo en el mismo la prevaricación, si bien solo circunscrita a las órdenes que pudieron dar en relación con el hospital y la residencia sobre la que gira la causa.

Las familias no esconden que seis años de pelea pasan factura. "Es una lucha ardua en la que parece que no hay interés institucional", remarca López, que lamenta que las muertes en las residencias durante la pandemia se hayan convertido en la "patata caliente que nadie quiere coger". Sin embargo, aseguran que no se rendirán. "El cansancio se acumula, pero respiramos y volvemos a la carga. Somos resistentes ante los palos y seguiremos peleando", expone la mujer. Y ni la lentitud ni los continuos problemas en los juzgados les harán apartarse de su objetivo final: conseguir la justicia para sus seres queridos. "Si piensan que por venir desde Alicante voy a cejar en el empeño, están equivocados. Era mi padre", sentencia Parceiro.

Es un cambio revolucionario. Y como todo cambio de este tipo, conlleva disfunciones y problemas de adaptación. Sobre todo en la Justicia, un campo en el que juegan múltiples Administraciones. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por otro, el Gobierno, que además de sus iniciativas normativas aporta, a través del Ministerio de Presidencia y Justicia, los medios personales y materiales a los órganos judiciales de cinco comunidades y las ciudades autónomas (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). Por último, el resto de comunidades autónomas (12) que sí tienen asumidas las competencias de justicia y que deben dotar de material y personal a los tribunales en cada uno de sus territorios.

Sin embargo, la reorganización de los órganos judiciales unipersonales –en funcionamiento desde 1834, hace 192 años– y su reagrupación en tribunales de instancia puesta en marcha por el Gobierno con la ley de eficiencia ha comenzado a dar sus frutos un año largo después de su aprobación. Los casos pendientes, cuya reducción era uno de los objetivos de la norma, aunque de forma muy ligera, han comenzado a reducirse, según fuentes del ministerio, rompiendo con la tendencia al alza que cada año, desde 2016, reflejaban las estadísticas (con la excepción del período de la pandemia). Mientras que en 2024 la pendencia creció un 13,7%, en 2025, primer año con la ley de eficiencia en vigor, se redujo un 0,67% en los territorios competencia del ministerio. El descenso es mayor en el orden civil, donde los casos por resolver bajaron un 4,5%.

La mejora es más acentuada en esta última jurisdicción —la que se ocupa los pleitos económicos, de familia o empresariales— y afecta a las secciones de lo civil y lo mercantil de los nuevos tribunales de instancia. Este avance se debe también a la obligación de recurrir a lo que el Ejecutivo denomina "medios adecuados de solución de controversias" (MASC) antes de acudir a los tribunales. El deber de intentar un acuerdo a través de figuras como la mediación, la conciliación o la negociación ha supuesto una reducción de los asuntos ingresados en estos órganos del 20,4% en las comunidades que administra el ministerio. El dato global de litigiosidad –en el que se incluye también las causas penales, sociales y contencioso-administrativas– presenta, desde abril de 2025, una reducción del 9,9%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4%, según los datos del CGPJ.

Otro de los datos positivos constatados por el Gobierno y que confirma el órgano de gobierno de los jueces es que, pese al supuesto caos denunciado por las asociaciones judiciales más conservadoras, la reforma no ha provocado demoras o suspensiones de juicios. En los últimos tres meses –el período en que los tribunales de instancia ya se han desplegado por todo el territorio– las vistas celebradas han crecido un 3% y los señalamientos de nuevos juicios (la fijación de su fecha de celebración), el doble, alrededor del 6%, según fuentes de Presidencia y Justicia.

Esos datos de reducción de ese atasco secular que han aparecido con la entrada en vigor de la ley de eficiencia, pueden ser solo el principio. Porque la nueva organización permite al Ejecutivo incrementar las plazas judiciales sin tener que crear nuevos juzgados, como hasta ahora. Con el sistema anterior, aumentar la planta judicial en una unidad costaba unos 500.000 euros porque, además del juez, había que crear el juzgado completo con toda su oficina judicial, su letrado de la administración de justicia y sus funcionarios. Con el nuevo modelo, basta generar una plaza más de juez –o de letrado o asignar nuevos funcionarios– de manera independiente. Ahora crear una plaza más en un tribunal de instancia cuesta mucho menos: unos 100.000 euros.

Esa flexibilidad es la que ha permitido al departamento que dirige Félix Bolaños anunciar la mayor creación de unidades judiciales de la democracia, con 500 nuevas plazas para este mismo año. También se dispondrán otras 200 plazas para fiscales, lo que supondrá un incremento del 8,5% y del 7,1% en la plantilla de cada cuerpo. El Gobierno y el CGPJ ya han acordado una macroconvocatoria de empleo público de 700 plazas –500 para jueces y 200 para fiscales– para cubrir las vacantes de nueva creación. Los nuevos tribunales de instancia, según fuentes del ministerio, permiten detectar en qué cuerpo concreto están las carencias (jueces, letrados, funcionarios) para, en cada caso, actuar quirúrgicamente sin tener que crear un órgano completo, con el consiguiente ahorro de dinero público.

El Gobierno, sin embargo, sí admite algunos de los desajustes que algunos de los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico comunicaron hace semanas al CGPJ. Pero los engloba en los problemas que suelen dar cambios tan drásticos en las dinámicas de trabajo como los que impone la ley. Por ejemplo, la adaptación de los funcionarios (más de 20.000 en todo el país) a sus nuevos puestos y funciones. También la interinidad de muchos de ellos, que el ministerio pretende reducir a una tasa inferior del 8% antes del verano. Respecto a las incidencias informáticas, cada comunidad con competencias tiene sus herramientas y es responsable de su puesta en marcha. Fuentes de Justicia aseguran que en las que presta el ministerio a las cinco comunidades de su territorio no se han detectado problemas graves. Justicia ha firmado convenios con otras autonomías con competencias propias para cederles gratis las aplicaciones tecnológicas que necesiten.

La reforma ha sido muy criticada por las asociaciones judiciales de derechas, las mayoritarias en la judicatura. En un artículo escrito apenas tres meses después de la entrada en vigor de la ley, la presidenta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) María Jesús del Barco, puso en duda que la norma pudiera incrementar la eficiencia del sistema judicial. “Si el legislador entiende que el sistema judicial español puede ser eficiente sin poner un euro sobre la mesa, habremos cambiado la cartelería y habremos alejado al juez del procedimiento, pero seguiremos sin tener un sistema judicial eficiente”, afirmaba Del Barco en la revista del Consejo General de la Abogacía.

La falta de inversión, sin embargo, no es más que una patraña, según fuentes de Presidencia y Justicia. El ministerio ha dedicado esta legislatura 1.121 millones de euros para el despliegue de la ley. Más de 91 se dedican anualmente a los costes de los nuevos puestos que se crean con la norma –como los presidentes de los tribunales o los responsables de los nuevos servicios y áreas de cada oficina judicial, entre otros– y que fueron acordados con los sindicatos más representativos de funcionarios de justicia, las asociaciones de letrados de la administración de justicia y las de jueces y fiscales. Todas estos nuevos mandos intermedios comportan una mejora salarial.

Ese dinero también ha servido para la creación de las 500 nuevas plazas judiciales y las 200 para fiscales. 850 millones –de los que 350 proceden de fondos europeos– han ido a las comunidades autónomas competentes para la digitalización de sus sistemas procesales y, en las que las competencias pertenecen al Estado, el dinero correspondiente se ha dedicado a crear lo que en el ministerio denominan “hubs de interoperabilidad”, es decir, nodos para que los distintos sistemas procesales del Estado y las comunidades puedan entenderse entre ellos. Otros 80 millones de euros han ido a los inmuebles de los órganos judiciales para transformar el espacio físico de los antiguos juzgados en los nuevos tribunales de instancia, algo en lo que, según fuentes del Ejecutivo, ya se venía trabajando desde 2010.

Pese a las quejas y las acusaciones de improvisación al Gobierno desde la derecha judicial y política, lo cierto es que los tribunales de instancia han sido defendidos por Gobiernos del PSOE y del PP. Desde que se planteó su creación por primera vez con el Pacto de Estado de la Justicia de 2001 –durante la presidencia de José María Aznar– se presentaron sucesivos proyectos por los exministros Francisco Caamaño, Alberto Ruiz-Gallardón o Juan Carlos Campo, hasta el actual de Félix Bolaños, el que finalmente fue aprobado por las Cortes. El consenso sobre la necesidad de estos nuevos órganos también surge de las asociaciones de derecha e izquierda que en 2017 los reclamaron en un comunicado conjunto.   

Martes, 9 de abril de 2024. El colectivo ultra Manos Limpias interpone en los juzgados de la capital una denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hace tras una semana de informaciones sobre las actividades privadas de Begoña Gómez. Un conjunto de noticias que Miguel Bernard, viejo militante de Fuerza Nueva, usa como base. En circunstancias normales, aquel escrito hubiera acabado en un cajón. Al fin y al cabo, el Tribunal Supremo tiene dicho que los recortes de prensa no son suficientes para abrir una investigación. Pero la denuncia, en este caso, es acogida por el juez Juan Carlos Peinado, quien dos años después busca a toda costa poner esta causa plagada de correcciones y anulaciones sobre la mesa de un jurado popular.

El caso ha generado en todo momento un enorme interés político –prueba de ello es la gran cantidad de colectivos y partidos que ejercen la acción popular– y ha marcado, desde que nació, la agenda mediática nacional. Y el modo de proceder del titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid no ha ayudado a alejar la investigación de la batalla partidista. Peinado, por ejemplo, ha metido la causa en periodos elctorales. O ha usado sus escritos para responder abiertamente a las críticas políticas y mediáticas recibidas. Una guerra a cara de perro con el Gobierno de la que el instructor ha salido, por el momento, indemne, esquivando todas las querellas interpuestas contra él por prevaricación.

La Fiscalía ha repetido una y otra vez a lo largo de estos dos años que no había caso y que lo que se estaba haciendo era una "investigación prospectiva". "No hay elemento objetivo ninguno en las actuaciones que conduzca de forma indiciaria a la afirmación de que la investigada en cuestión se ofreciera a ejercer su influencia y desplegar eficazmente su ascendencia sobre terceros", apuntaba José Manuel San Baldomero, fiscal del caso, en un escrito del pasado mes de octubre. Pero la Audiencia de Madrid dejó desde el primer momento un amplio margen a Peinado para llevar a cabo una instrucción flexible y cambiante que no quedase anclada a los hechos inicialmente denunciados.

Esta carta blanca ha permitido que la causa empezase centrándose en un puñado de contratos adjudicados por la entidad estatal Red.es a Innova Next, firma del empresario Juan Carlos Barrabés, y se extendiese a la actividad privada de la mujer del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense, a un software puesto en marcha por la cátedra que codirigía, a un pliego de condiciones que firmó en una adjudicación o a las labores desarrolladas por su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Incluso, Peiando ha intentado meter en la misma el rescate de Air Europa en base a la relación de Gómez con empresarios vinculados a la aerolínea, pero sus superiores se negaron –entendían que eran simples "conjeturas"–.

Han sido dos años de insólita instrucción. Veinticuatro meses en los que el juez ha caminado en no pocas ocasiones sobre el alambre. En algunos casos, haciendo caso omiso a las líneas rojas fijadas por la Audiencia de Madrid, que hasta en cuatro ocasiones le ha tenido que decir que deje fuera del procedimiento el tema de la aerolínea. En otros, adoptando decisiones sin una motivación sólida. "La ausencia de exposición y motivación ha generado confusión y, en ciertos momentos y supuestos indefensión", recogía el Ministerio Público en un escrito reciente. En él, se quejaba de "imputaciones sin motivar con defensas imposibles", cambios de estatus de testigos sin demasiada justificación o resoluciones "restrictivas de derechos fundamentales".

Unos excesos que han derivado en más de una decena de varapalos de la Audiencia de Madrid. El órgano superior, por ejemplo, anuló los registros de las oficinas y el domicilio de Barrabés porque no veían justificada la urgencia alegada por Peinado para llevar a cabo las entradas mientras el investigado estaba en el hospital. "No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad", le llegaron a reprochar. O ha tumbado las imputaciones del delegado del Gobierno, Francisco Martín; del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; o del exconsejero madrileño y alto cargo del Instituto de Empresa, Juan José Güemes. Los dos últimos, al igual que Álvarez o Barrabés, fueron citados como investigados una vez que se les había escuchado como testigos, condición que lleva aparejada la obligación de decir la verdad.

El levantamiento de imputaciones se produjo al entender los magistrados que las mismas carecían de fundamento. En el caso de Güemes, quedó confirmado que el instructor había retorcido su testifical para dirigir el procedimiento contra él en base a una supuesta contradicción con la que fuera directora de recursos humanos del centro que, realmente, nunca existió. La responsable solo dijo que cuando se contrató a Gómez en el Instituto de Empresa se firmó una cláusula especial de conflicto de interés porque era la mujer del presidente del Gobierno. Lo que realmente no chocaba con la afirmación de Güemes en sede judicial, que negó que se la fichara por ser la esposa del líder del Ejecutivo.

Algo similar ocurrió tras la tensa declaración como testigo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. En junio, el instructor elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo –que la acabaría rechazando– en la que pedía que se investigara a Bolaños en relación con la actividad de la asistenta de Gómez en Moncloa. Por malversación y por falso testimonio. Sobre esto último, alegaba que el ministro había señalado al responsable de coordinación de personal de Moncloa como "la persona que había realizado el nombramiento" de Álvarez, algo que este último había negado. Sin embargo, lo único que dijo Bolaños era que esa persona era el jefe directo de la asistenta, no que la hubiese nombrado.

Uno de los últimos varapalos llegó el pasado mes de enero, cuando la Audiencia de Madrid anuló la decisión del instructor de transformar la causa en un proceso con jurado popular. Los magistrados le reprochaban "falta de fundamentación", que hubiera dado el paso sin realizar un "mínimo esfuerzo argumentativo". Ahora, a fin de corregir ese defecto, Peinado ha emitido un extenso auto acumulando todas las derivadas de la causa y exponiendo todos los indicios recabados a lo largo de estos dos años. Una resolución, recurrida de nuevo por las defensas, en la que el juez realiza un extenso relato de hechos en el que, sin embargo, evita mencionar algunos contraindicios con los que se ha ido encontrando.

Así, hace alusión a los contratos adjudicados a Innova Next o a las cartas de apoyo de Gómez con las que concurrió la compañía pero sin mencionar que otras muchas empresas o instituciones habían emitido escritos similares. O habla de la supuesta apropiación indebida del software de la Complutense, pero omitiendo que si la investigada registró a su nombre un dominio web relacionado con la herramienta fue porque así se lo indicó el centro. El objetivo, dejar listo para juicio el que ha sido su caso estrella antes de su jubilación el próximo mes de septiembre. De lo que tarde la Audiencia de Madrid en resolver los nuevos recursos contra este último auto dependerá si lo logra o si se marcha dejando el caso inacabado y en manos de un sustituto.

Un retiro inminente que complica, eso sí, cualquier sanción disciplinaria. A finales de marzo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó archivar cuatro diligencias informativas abiertas contra Peinado por varias denuncias particulares. Ahora bien, ordenó continuar investigando la queja del ministro Bolaños por el interrogatorio al que le sometió el instructor, a fin de decidir si finalmente se abre o no un expediente disciplinario. Un asunto que, en caso de no cerrarse antes del verano, quedaría archivado automáticamente tras la jubilación del juez.

Las más de 120 plazas vacantes que dejó el bloqueo por el PP de la renovación del anterior Consejo General del Poder Judicial ya están cubiertas. El Gobierno se ha comprometido a crear 500 nuevas unidades judiciales (a las que se sumarán otras 500 el año próximo), el mayor incremento jamás registrado, y se ha puesto de acuerdo con el Consejo para convocar las oposiciones y los concursos de méritos necesarios para seleccionar al nuevo personal –jueces de carrera y juristas de reconocido prestigio– que las ocupen. Una vez puestas en marcha esas dos empresas, el órgano de gobierno de los jueces pretende abordar la que se intuye como más delicada: regular la carga mínima de trabajo que cada miembro de la judicatura debe cumplir y medirla con criterios objetivos.

El único instrumento del que el Consejo dispone para requerir un rendimiento mínimo a los miembros de la judicatura es el disciplinario. Desde 2010 existe un indicador cuyo cumplimiento por los jueces y magistrados corresponde, en teoría, a 1.650 horas de trabajo anuales, lo que equivale a una jornada semanal de 37,5 horas. Dependiendo de la carga de trabajo de cada destino, esa es la cifra que sirve de guía para abrir expedientes disciplinarios y aplicar la correspondiente sanción en caso de bajo rendimiento del titular de cada plaza, como ocurrió recientemente con el presidente del Tribunal de Instancia de Palma y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Alejandro González Mariscal de Gante. También es la medida para, por ejemplo, nombrar jueces de refuerzo o autorizar a los titulares otras actividades (como la docencia, los seminarios, la preparación de opositores...).

Sin embargo, la medición del número de asuntos que soporta cada juez es equívoca, según fuentes del Consejo. En primer lugar porque el procedimiento de entrada de nuevos asuntos (demandas, denuncias, querellas, recursos...) incumple sistemáticamente las normas de registro, provocando que, en ocasiones se apliquen tres o cuatro números a un mismo procedimiento, según esas mismas fuentes, que aseguran que muchos órganos no recurren a las herramientas de las que disponen (de acumulación de procesos, por ejemplo) para aliviar la litigiosidad masiva. Pero, además, en algunas jurisdicciones como la civil o la social, gran número de casos acaban en desistimiento o en conciliaciones previas al proceso. La prueba es que de los 7,2 millones de asuntos resueltos en 2024, solo 1,8 millones terminaron en sentencia.

Uno de los retos que se plantea el Consejo es medir con exactitud el número de asuntos. Porque las estadísticas que maneja el órgano de gobierno de los jueces, procedentes de cada órgano judicial, no cuadran. Según esas cifras, el 75% de los 5.200 jueces que hay en España eleva el rendimiento de todo el cuerpo al 166%. Si este ultimo dato fuera cierto, según las fuentes consultadas, el número de causas pendientes tendría que descender necesariamente y no lo hace, al contrario: 2024 terminó con 4,5 millones de asuntos por concluir mientras que 2025 lo hizo con 4,6 millones. La "sobrecarga de trabajo", sin embargo, es una queja recurrente de la carrera. En los últimos años, al menos dos jueces han logrado que el Consejo les indemnice con varias decenas de miles de euros (más de 200.000 en uno de los casos) tras alegar patologías psiquiátricas derivadas del exceso de papel.

El primer paso hacia la regulación de las cargas de trabajo conforme a criterios objetivos se dio en el Pleno del Consejo del pasado 25 de marzo. Los 10 vocales del sector conservador, la presidenta Isabel Perelló y ocho de los 10 consejeros progresistas (otros dos se opusieron) sacaron adelante una reforma del Reglamento de la Carrera Judicial que permite al órgano de gobierno de los jueces establecer "indicadores mínimos de rendimiento saludable y de alerta" relacionados con factores como "carga de trabajo, presión organizativa, tiempos de respuesta, complejidad [de los asuntos] y demás elementos relevantes". El objetivo es que esos umbrales mínimos de trabajo, inicialmente previstos para asegurar la salud de los jueces, sirvan también como orientación para otras finalidades como refuerzos, responsabilidad disciplinaria e incluso la retribución por objetivos. El plan ya ha sido comunicado a las asociaciones judiciales.

Está por ver cómo aceptará la carrera ese nuevo sistema de medición del desempeño. Porque la función judicial da una extraordinaria libertad a sus miembros para decidir el trabajo que asumen, la cantidad de juicios y demás señalamientos que celebran e incluso el tiempo que pasan presencialmente en su órgano de destino. Muchos lo compatibilizan con actividades formativas (autorizadas o no) que les proporcionan algunos ingresos extra. En el Consejo dan por seguro que el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial con estos cambios, cuando esté definitivamente aprobado, se recurrirá. Así que será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que tendrá la última palabra.

En cualquier caso, fuentes del Consejo aseguran que, tanto conservadores como la mayoría de los progresistas y la presidenta, consideran que estas medidas, junto con el gran incremento de plantilla –500 unidades judiciales, el mayor en democracia– que aprobará el Gobierno en las próximas semanas, ayudará a aliviar el sobreesfuerzo que, según los últimos datos, afecta a 1.369 juzgados y tribunales (de los 4.223 que hay en España) y que se da de manera especialmente intensa en 452, la mayoría situados en las grandes capitales. También el secular atasco judicial. Según las estadísticas del CGPJ, uno de cada tres órganos recibe más trabajo del que debería, pero solo en uno de cada 10 la situación es especialmente grave.

Un juzgado de Getafe admite por primera vez incluir el delito de prevaricación en una investigación por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe nº3 ha admitido parcialmente una ampliación de denuncia en la que el PSOE ponía sobre la mesa dicho tipo penal en relación con la emisión por parte de las autoridades regionales de los llamados Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre. Una causa en la que están siendo investigados el ex director general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur y su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo.

Los socialistas pusieron sobre la mesa en su escrito el artículo 404 del Código Penal: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años". Un tipo penal que sumaban, de esta manera, al delito de discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria sobre el que están girando, en estos momentos, todas las causas abiertas por muertes en los geríatricos.

En su auto, fechado el pasado jueves y al que ha tenido acceso este diario, el magistrado expone que "la investigación general del delito de prevaricación" que se pretende en relación con las órdenes que se dieron respecto a la no derivación de personas con discapacidad o enfermos a los hospitales o con la medicalización que nunca llegó de los geriátricos "excede claramente de la competencia" del tribunal. No obstante, completa, sí tiene cabida respecto del municipio del sur de Madrid en el que se ubicaba la residencia en la que vivía la persona fallecida: "[La ampliación de la denuncia] puede solo admitirse respecto del posible delito de prevaricación con orden directa en Getafe".

"Se admite parcialmente la ampliación de la denuncia formulada en cuanto se refiere a la prevaricación del investigado Carlos Mur de Viu en relación a la orden que hubiera transmitido al Hospital de Getafe y Residencia Geriátrica Los Ángeles y a la participación que en ello hubiera tenido el otro investigado Francisco Javier Martínez Peromingo", completa el magistrado.

El caso gira en torno al fallecimiento de Petra Gadea, de 88 años. Murió tan sólo seis días después de presentar los primeros síntomas de covid. Lo hizo en la residencia Los Ángeles de Getafe (Madrid) y sin posibilidad de ser trasladada al hospital. "Me reconocieron por teléfono que no lo hacían porque lo tenían prohibido. Me llegaron a decir que no iba a ir ninguna ambulancia, pero yo no entendía nada. No sabía qué hacer. Cuando me llamaron y me dijeron que había fallecido, empezó un duelo que todavía no ha acabado", recordaba hace algunos meses a este periódico su hija Maite.

El caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama que gira alrededor de Equipo Económico –despacho de asesoría fiscal y financiera fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro– y que, previo pago, se habría dedicado a intervenir en el proceso legislativo, avanza lentamente entre una montaña de recursos y respuestas de las partes personadas. Entre ellas, la Fiscalía Anticorrupción, que en uno de sus últimos escritos, al que ha tenido acceso infoLibre, critica las maniobras de los investigados para torpedear la investigación y la falta de movimientos desde que se levantó el secreto de sumario. "Han transcurrido más de siete meses y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación", expone.

El Ministerio Público lleva meses dando respuesta a la multitud de recursos interpuestos por los investigados contra el auto de 2 de agosto del Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona declarando el secreto de la causa y los sucesivos que lo prorrogaron, así como a "los escritos de adhesiones y las adhesiones a las adhesiones, que incorporaban nueva documentación". Apelaciones en las que, en síntesis, los investigados alegaban falta de motivación y, por ende, causación de indefensión a las que, aún a día de hoy, siguen contestando. Así acaba de hacer la fiscala Carmen García Cerdá en varios escritos fechados el pasado mes de febrero, en los que defiende la legalidad del manto de silencio que durante siete años se desplegó sobre toda la causa.

Uno de ellos, al que ha accedido este diario, da respuesta al recurso de apelación interpuesto por Carlos Romero, quien fuera secretario general de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim), y Covadonga Gómez, trabajadora de Equipo Económico. En él, la fiscala explica que el secreto resulta necesario para prevenir una situación que pueda "comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso". Algo que viene reconociendo el propio Tribunal Constitucional, que confirma la utilidad del mismo cuando "el conocimiento e intervención del acusado" en las actuaciones judiciales "pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación".

"Es claramente apreciable que, en esta causa, además, vistas las actuaciones de los investigados en estos momentos, el secreto ha conseguido evitar esas manipulaciones que parece que se están utilizando ahora, levantado el secreto, por las partes para cargarse la investigación", apunta Anticorrupción. Habla de los intentos de "impedir" la actuación de los Mossos d'Esquadra como Policía Judicial, de la interposición de "recursos masivos pidiendo la nulidad por indefensión, sin concretar cual sea ésta", de la impugnación de la incorporación de informes de análisis del equipo multidisciplinar o de los intentos de cerrar la causa "oponiéndose a la prórroga de la instrucción" cuando ni siquiera se ha tomado declaración a los investigados.

"Fíjese la Sala que casa mal el argumentar la causación de indefensión con la oposición a la prórroga de la instrucción, que permitirá a las partes declarar cuantas veces tengan por conveniente, asistir a las declaraciones de testigos, proponer prueba", apunta el escrito. Y continúa: "Han transcurrido más de siete meses desde que se levantó el secreto y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación alguna".

La fiscala señala que se dan "todas las circunstancias" que "legitiman" la declaración de secreto y que la argumentación contenida en los autos recurridos era "más que suficiente". Además, insiste en que en ningún momento se ha privado a las partes de "ningún medio de defensa". "Los recurrentes no son capaces de señalar qué indefensión les ha producido la declaración de secreto", apunta. Es más, continúa el escrito, ni siquiera concretan "qué diligencias habría pedido" que el secreto "haya impedido su práctica".

El instructor del caso Begoña, el magistrado Juan Carlos Peinado, rechazó el pasado mes de febrero que se investigase si se filtró desde su juzgado al digital Okdiario información de la causa. El titular del antiguo Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid –hoy Tribunal de Instancia– tomó esta decisión, según consta en un auto al que ha tenido acceso infoLibre, apoyándose en el criterio de la Fiscalía, que consideraba que lo sucedido encajaba más en el ámbito disciplinario que penal. Unos hechos por los que ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas –paso previo a la apertura o no de un expediente– contra el magistrado.

La defensa de Cristina Álvarez, asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, solicitó a mediados de enero a Peinado la apertura de una pieza separada para investigar quién filtró al digital una providencia en la que se solicitaba ayuda a la Policía para recabar los pasaportes de ambas investigadas. Una fuga de la que se culpaba directamente al propio órgano judicial: "Es metafísicamente imposible que [...] haya sido cometida por alguien ajeno al juzgado, porque la publicación de la noticia se produjo quince horas antes del envío de la providencia a LexNet –plataforma electrónica judicial– para su notificación a las partes".

El escrito recogía una detallada cronología de hechos. El 13 de enero, a las 5.46 horas, Okdiario publicaba una primera versión de la noticia en la que señalaba que el juez había pedido "en una providencia dictada" el "lunes 12 de enero" a la Unidad Adscrita de Policía Judicial que recabase el pasaporte de Álvarez y Gómez. Unas horas después, a las 13.15, el digital "editó" la información, cambiando tiempos verbales –"ha pedido" por "pedirá"– y eliminando la referencia a la "providencia". En aquel momento, dicho escrito judicial ni siquiera había sido notificado a las partes. El juzgado no lo envió para su notificación hasta las 20.20 horas de aquel 13 de enero.

"Alguien –con toda seguridad el autor de la filtración– avisó asustado al medio de la metedura de pata y le pidió eliminar de la noticia la mención a la providencia, ya que aún no había sido notificada a las partes (desconocemos si en aquel momento estaba redactada y/o firmada siquiera) y había peligro de que se descubriera que el origen de la filtración era el propio juzgado", completaba el escrito, que pedía que se identificara a las personas del órgano que habían tenido conocimiento antes de las 5.46 horas de aquel día de que el magistrado dictaría la providencia y que el asunto se remitiera a otro juzgado distinto para su continuación.

Peinado, sin embargo, rechazó tres semanas después la apertura de pieza separada para investigar el posible delito de descubrimiento y revelación de secretos –paso que sí que dio, sin embargo, cuando en mayo de 2024 se filtró al diario El País uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso–. Lo hizo a través de un auto de tres páginas en el que apenas argumentaba. Solo recogía la opinión dada por la Fiscalía. Y decía que estaba "conforme" con la misma. Un informe cuyo contenido plasma de manera literal Peinado en su auto, lo que permite acceder al razonamiento del Ministerio Público.

La Fiscalía comenzaba señalando en su escrito la "fatiga" que causaba el "año y nueve meses" de "constante conocimiento de resoluciones judiciales" por los "medios de comunicación" antes que por el "propio juzgado". Y dicho esto, sostenía que, efectivamente, en caso de estimarse los hechos como "constitutivos de delito", los mismos debían remitirse al decanato para que fueran instruidos por otro juzgado. Aquello fue, precisamente, lo que se hizo con la filtración a El País de aquel primer informe de la Guardia Civil que no apreciaba ningún indicio de delito en los contratos que, por aquel entonces, centraban la causa.

Ahora bien, el Ministerio Público consideraba incomparables ambos casos. "En este momento no está declarado secreto de sumario, como sí ocurría en aquellas fechas. Por otro lado, tampoco se determina ni invoca precepto penal sustantivo en el que incardinar esta conducta. [...] Si bien es cierto que se trata de una información que no debe ser revelada, ponderando la naturaleza, alcance, contenido y efectos de divulgación, es dudoso que la misma pueda subsumirse en el citado precepto, quedando más bien en el ámbito de una infracción administrativa cometida por la autoridad o funcionario", apuntaba el escrito.

La Fiscalía tildaba de "ciertamente lamentable y lesivo" tanto la "vulneración del deber legal y profesional" del filtrador como el "juicio mediático paralelo que puede llegar a realizarse". Decía que casos así podían afectar a los derechos de los investigados y a la "reputación" de la Administración de Justicia. Y reprochaba que esta causa hubiera sido un "exponente" de tal "degradación", con la filtración de informes, declaraciones, vídeos, "anticipos de resoluciones", "actuaciones policiales": "Nada ha quedado al margen".

Ahora bien, no veía que se pudiera aplicar en este caso el precedente que marcó la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Así, concluía que "la conducta concreta" que se exponía no colmaba, en su opinión, las "exigencias" de "antijuridicidad material" a las que hacía mención el fallo del Alto Tribunal. Y consideraba que los hechos relatados parecían tener más encaje en una "cuestión de ámbito de corrección disciplinaria y sanción administrativa". Un rechazo a investigar que, sin embargo, no ha sido recurrido por Álvarez, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario. Ahora, todo está en manos del Poder Judicial.

Un juzgado ha requerido al líder de Se Acabó la Fiesta y eurodiputado, Alvise Pérez, a que elimine de sus redes sociales contenidos que publicó amenazando al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, con difundir informaciones sobre supuestos acosos sexuales cometidos por él si no dimitía y a que cese de publicar nuevos contenidos de la misma índole.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Algeciras número 4 estima parcialmente la petición de medidas cautelares que Landaluce incluyó en la demanda que interpuso contra Pérez el pasado mes de diciembre, después de que éste amenazara en mensajes de Telegram con difundir informaciones contra el alcalde si éste no dimitía.

Alvise fue también quien, en ese mismo canal, difundió un año antes pantallazos de conversaciones de WhatsApp en los que dos concejalas de su equipo comentaban que les había "tocado el culo" o "metido mano" debajo de la mesa.

Esas mismas conversaciones fueron la base con la que el PSOE de Algeciras denunció el pasado mes de diciembre a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó el asunto al considerar que los pantallazos no pueden servir de base para investigar tales delitos.

En tanto se resuelve la demanda principal del alcalde contra Alvise Pérez, el juzgado ha aceptado una parte de las medidas cautelares solicitadas por Landaluce.

Así acuerda requerir al líder de SALF para que "cese de forma inmediata y provisional en la publicación, difusión o reproducción de nuevos contenidos, mensajes o manifestaciones" relacionados con el alcalde de Algeciras que guarden relación con el objeto de la demanda, hasta que recaiga resolución firme en el proceso principal o se acuerde el alzamiento de las medidas cautelares.

Además, le impone la eliminación de las publicaciones difundidas en su canal de Telegram los pasados 17 y 18 de diciembre ya que contienen "imputaciones directas y reiteradas" de "conductas de agresiones o acoso sexual y otros delitos", aludiendo a que tenía "material probatorio de agresiones sexuales cometidas por el actor, incluso contra familiares de personas del entorno político de éste, de irregularidades relacionadas con la gestión del dinero público del consistorio e incluso de un homicidio cometido durante la construcción de una vivienda".

"Tales imputaciones, que se difunden en un canal público en la red social Telegram que cuenta con más de 650.000 seguidores, suponen un evidente menoscabo en el derecho al honor del actor, y se realizan sin base en hechos objetivamente contrastados o en resolución judicial alguna, con el único fin de atentar contra la reputación de un rival político", apunta el auto.

El juez entiende que de no adoptarse la medida cautelar solicitada "el transcurso del tiempo hasta la finalización del procedimiento, en caso de dictarse sentencia estimatoria, podría hacer inútil el reconocimiento judicial del derecho al honor" del alcalde "ante la continua difusión de mensajes por el demandado como los que son objeto de autos".

El Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido este martes tras conocerse que ha sido citado en calidad de querellado por un delito de agresión sexual, según ha podido confirmar infoLibre. El número dos de la Policía está citado el próximo 17 de marzo en el juzgado.

Fuentes del Ministerio del Interior informan de que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía ha comunicado al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, su decisión de renunciar al cargo que ostenta, lo que hará efectivo en las próximas horas, asegura EFE.

Su cargo lo asumirá temporalmente la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso, tal y como establece el artículo 4 de la orden por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía.

Dicho artículo señala que en "los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa, corresponde la suplencia a las personas titulares de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, de la Subdirección General de Logística e Innovación y del Gabinete Técnico"

Su dimisión se produce apenas unas horas después de conocerse que el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid le ha citado a declarar tras una querella de una agente. Ese mismo día también está citada la mujer para escuchar su relato.

En un auto fechado el 12 de febrero, al que ha tenido acceso EFE este martes, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid emplaza también ese día a la agente denunciante para escuchar su relato. Lo hace después de incoar diligencias previas y admitir a trámite la querella en una resolución en la que el magistrado afirma que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

Según ha informado el abogado Jorge Piedrafita, que representa a la querellante, esta también pide investigar presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

Una jueza ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, y ha citado también como investigada a la exdirectora del CNI, Paz Esteban que acumula con esta cinco imputaciones.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha acordado imputar a los exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario Joan Matamala.

La magistrada Miriam de Rosa Palacio cita asimismo en el auto como investigados a Paz Esteban, a directivos de NSO Group (Pegasus) y, por primera vez en España, a directivos de Saito Tech Ltd (Candiru).

El pasado mes de septiembre, la juez admitió a trámite la querella presentada por estos cinco afectados, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La querella de estos cinco afectados se dirigía contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020, Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023, María Gámez -en la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo-, así como contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban -ya imputada en otras cuatro causas- y directivos de las empresas israelís NSO y Saito Tech, que comercializan los softwares maliciosos.

Se trataba además de la primera denuncia por el uso del programario espía Candiru, un software que los querellantes aseguran fue utilizado por la Guardia Civil para infectar sus móviles, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que convocó las protestas contra la sentencia del 'procés'.

Esa infección, mantienen los querellantes, fue acreditada por análisis llevados a cabo por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso del espionaje masivo en el independentismo que ha dado pie a múltiples investigaciones en juzgados de Barcelona.

De hecho, los querellantes -empresarios y desarrolladores tecnológicos agrupados en la asociación internacional Sentinel Alliance- presentaron inicialmente su denuncia ante la Audiencia Nacional, que rechazó investigarla por falta de competencia, lo que motivó que la llevaran ante los juzgados de Barcelona.

Puesto que en la querella no figuran los domicilios de algunos de los querellados, residentes en Israel, la jueza requiere en su providencia a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía que realice las gestiones necesarias para conocer la dirección de los mismos.

En un comunicado, Sentinel Alliance sostiene que los cinco querellantes -Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives-, todos ellos empresarios y desarrolladores de código abierto, fueron espiados por su actividad profesional.

Según este grupo, durante dos años, desde 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru, software espía de grado militar capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara, y cifra en 78 los ataques contra los querellantes y su entorno, incluidos familiares.