Los presidentes de Francia y Corea del Sur han acordado trabajar juntos para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz con ocasión de la primera visita de Estado de Emmanuel Macron a ese país, el pasado 3 de abril. Al igual que para muchos otros países, este paso estratégico es esencial para Seúl: más del 70% del petróleo y el 20% del gas importados por el país proceden de Oriente Medio, y la mayor parte transita por este estrecho.

En el corazón del barrio de Cheongnyangni, en Seúl, Park Young-mi está ocupada ordenando paquetes de cigarrillos, agachada detrás de la caja registradora de su tienda K-Mart. Al lado, un joven anda por la sección de fruta fresca. Debajo de las fresas, manzanas y naranjas hay cajas de bolsas de plástico, verdes y transparentes. “La semana pasada se agotó todo nuestro stock de golpe. Los clientes venían a comprar a la vez, por miedo a que los precios se dispararan o a que se agotaran y ya no pudieran tirar la basura”, cuenta la gerente. Solo pudo conseguir una caja para reponer sus existencias, ya que su proveedor también racionaba a los supermercados. Desde entonces, solo permite una compra por persona, salvo en casos de extrema urgencia.

Esas bolsas, fabricadas a partir de nafta, un derivado del petróleo, son un elemento indispensable para las familias surcoreanas. Y con razón: para clasificar eficazmente los residuos domésticos, cada hogar debe comprar esas bolsas de un color concreto, que varía según el municipio, y que se suministran en las tiendas de barrio. Los impuestos recaudados por esas ventas constituyen una de las principales fuentes de financiación del sistema de reciclaje y recogida. El precio de las bolsas de basura se fija por ordenanza municipal en cada municipio del país. Por lo tanto, ni las empresas que las fabrican ni los comerciantes pueden subir los precios a su antojo. “No hay que dejarse engañar por esa información falsa que circula por YouTube o por otros sitios, según la cual van a subir los precios. Me gustaría que la gente dejara de preocuparse por eso”, concluye Park Young-mi con una sonrisa tranquilizadora.

Varias grandes cadenas han visto dispararse sus ventas de bolsas de basura, entre un 140% y un 325% en una semana, según la agencia Yonhap. Pero el Gobierno ha asegurado que la capacidad de suministro se mantiene estable, aunque ha señalado que se había visto afectada por las compras al por mayor.

Las bolsas de basura no son lo único que preocupa a la población. Los restauradores, en su mayoría muy dependientes de la comida para llevar, se enfrentan a un aumento de los precios de los envases de plástico.

Kim Young-min, director de la empresa PowerWrap, dedicada a los envases de plástico, tendrá que subir sus precios a mediados de abril. “Nuestros clientes necesitan cajas y film transparente para envasar sus alimentos, como carne o pescado, pero no conseguimos abastecernos a tiempo. Por supuesto, debido a esto, nuestra facturación va a disminuir. Hoy en día, ni siquiera utilizamos todas nuestras máquinas, producimos poco a poco, con las existencias de las que ya disponemos.”

El coste de las materias primas utilizadas para la fabricación de sus productos, entre ellas la nafta, ya ha aumentado casi un 40%, y espera que la subida continúe. Según Kim Young-min, aunque la guerra terminara hoy, el suministro podría seguir siendo irregular durante los próximos tres meses.

En Gyeonggi-do, no lejos de un afluente del río Han y sus alamedas de cerezos en flor, se amontonan en el restaurante de pollo frito de Ahn Jung-oh (nombre ficticio) montones y montones de bebidas, entregadas envueltas en vinilo (uno de los plásticos más extendidos del mundo, producido a partir del petróleo). “He comprado el doble de mis existencias habituales, por miedo a que los costes aumenten a causa de la guerra”, dice el restaurador. Este pedido, realizado a finales de marzo al precio habitual, incluye también los envases alimentarios que utiliza.

La industria médica de Corea del Sur también depende en gran medida de esos materiales derivados del petróleo para la fabricación de agujas, guantes esterilizados, frascos de jarabe, envases de desinfectantes o bolsas de solución intravenosa. Korea Vaccine, un proveedor de productos médicos, ya ha anunciado que aumentará entre un 15% y un 20% los precios de las jeringas desechables durante los dos próximos meses.

Pero las consecuencias de la guerra en Irán y en los países vecinos para Corea del Sur no se detienen ahí. Según los expertos, se espera una crisis energética ya para finales de abril. Para frenar la subida de los precios, ya se han puesto en marcha algunas medidas, como mayores reducciones de los impuestos sobre los combustibles o incluso un límite máximo para los precios de la gasolina, el primero en casi treinta años, que, desde su implantación a mediados de marzo, ya se ha revisado al alza.

Dada su dependencia del petróleo, el país también está reactivando otras fuentes de energía. Se preveía que dos centrales térmicas de carbón que producen electricidad cerraran en junio de 2026, pero su cierre podría posponerse. Algunos reactores nucleares en mantenimiento volverán a entrar en servicio antes de lo previsto, con el fin de cubrir posibles déficits en el suministro energético.

El Gobierno demócrata de Lee Jae-myung ha instado a la población a esforzarse por ahorrar energía al máximo: se invita a los surcoreanos a duchas rápidas, a cargar el teléfono durante el día y no dejarlo enchufado toda la noche, o a utilizar la aspiradora y la lavadora solo los fines de semana.

En cuanto a los conductores de vehículos de gasolina que trabajan en el sector público, deben abstenerse de conducir un día a la semana, según el último dígito de su matrícula. Se han adaptado los horarios de trabajo de las instituciones públicas para reducir la demanda de transporte y, a largo plazo, disminuir el consumo de petróleo.

Con el fin de alinearse con la política del Gobierno, las mayores empresas privadas, como el fabricante de automóviles Hyundai o el grupo siderúrgico Posco, están aplicando ya ciertas medidas de austeridad. Animan a sus empleados a subir por las escaleras en lugar de usar el ascensor, a utilizar el transporte público o a compartir coche.

Si las reservas de petróleo del sector privado caen por debajo de un determinado porcentaje, el Gobierno ya se ha mostrado dispuesto a intervenir, gracias a las reservas almacenadas en el territorio. Pero ante las dificultades de abastecimiento, Seúl está considerando actualmente la posibilidad de adquirir los preciados recursos a Moscú.

Traducción de Miguel López

El Gobierno prevé una reducción del 25% del consumo energético de las viviendas para 2030 y de un 33% para 2035, lo que supera los objetivos de reducción del 16% y del 20% para esos años fijados por la directiva europea, según ha apuntado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado que recoge EFE.

Para lograr estos objetivos, el Ministerio ha sacado este viernes a audiencia pública el Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE), que junto con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) guiarán esta transformación del parque edificatorio español, tanto público como privado, para lograr la neutralidad climática en 2050.

Entre los años 2020 y 2023 el consumo energético de las viviendas se redujo en un 10%, con una media de 540.000 rehabilitaciones al año en ese periodo, según datos del INE.

La reducción del consumo y las emisiones previstas por el Plan Nacional de Renovación de Edificios entre 2020 y 2030 equivalen a la rehabilitación integral de 1.567.986 viviendas, superando la previsión del PNIEC (1.377.000 viviendas).

Para alcanzar esos objetivos previstos, el plan de renovación edificatoria propone el despliegue de siete políticas con más de 200 actuaciones agrupadas en 57 medidas orientadas a la rehabilitación energética de edificios, la lucha contra la pobreza energética, la regeneración urbana y los barrios sostenibles, el impulso a la energía renovable o la innovación e industrialización.

Con la actualización de la Directiva de Eficiencia Energética, la Unión Europea solicita a los países miembros un plan de acción para cumplir los objetivos europeos de descarbonización para 2030 y contribuir a alcanzar un parque edificado de cero emisiones en 2050.

Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz --Iberdrola, Endesa y Naturgy-- han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica una carta abogando por ampliar la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027, según ha avanzado El País y han confirmado este viernes a EFE fuentes del sector.

Fuentes de Transición Ecológica aseguran hoy que ya han recibido la misiva, si bien aclaran que en ella las tres compañías "exclusivamente trasladan su 'disposición' para ampliar el calendario de cierre" de Almaraz, pero que "no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación".

Las mismas fuentes insisten en que el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, "no ha cambiado su posición" de que para estudiar cualquier posible prórroga, ésta debe garantizar la seguridad desde una perspectiva radiológica, no suponer un mayor coste para los ciudadanos y ser conveniente para la seguridad del suministro.

Este martes, en el marco de la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), ya se conoció que las titulares trabajaban en la "gobernanza" para elevar al Gobierno una petición conjunta de prórroga para esta planta.

Con motivo de esta cita, Iberdrola reiteró su compromiso con la extensión de la vida útil de esta central, en la misma línea de las posiciones manifestadas públicamente por Endesa y Naturgy. Esta última compañía insistió a comienzos de esta semana en plantear una 'miniprórroga' hasta 2030.

Desde el sector se valoró positivamente que Iberdrola diera un paso adelante y se posicionara a favor de una prórroga para Almaraz, de la que es el primer accionista con una participación cercana al 53%, por delante de Endesa (36%) y Naturgy (11, %).

Desde hace meses, especialmente después del inédito apagón peninsular del pasado 28 de abril, el debate sobre la vida útil de las nucleares se ha intensificado.

Fuentes de Iberdrola consultadas tras la reunión de la Junta de CNAT defendieron que la energía nuclear "es clave para la seguridad de suministro, la estabilidad de precios y la descarbonización".

La central de Almaraz cubre el 7% de la demanda eléctrica anual de España y genera, cada año, el equivalente al consumo de cuatro millones de hogares nacionales.

A tenor del documento de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), hasta el 31 de diciembre de 2024 la planta extremeña tenía una producción de energía eléctrica bruta acumulada desde origen de cerca de 630.000 gigavatios hora (GWh), siendo la instalación de "mayor aportación al sistema eléctrico nacional".

El cierre de su primer reactor está previsto para el 1 de noviembre de 2027, mientras que el del segundo, para el 31 de octubre de 2028.

En 2019, las compañías propietarias y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) acordaron un calendario de cierre en el que se prevé el cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en España en el horizonte temporal 2027-2035.

Si no se modifica, la primera en cerrar será Almaraz. Ya en 2030 se desmantelarán Ascó I y Cofrentes; en 2032, Ascó II, y en 2035, Vandellós II y Trillo. 

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea cancelar dos parques eólicos marinos en Massachusetts (EE.UU.) de una filial de Iberdrola en el país, según el Departamento de Interior y Justicia de Estados Unidos, según informa EFE. 

El Departamento de Justicia estaría preparándose para revocar los permisos otorgados por la Administración del expresidente Joe Biden a Avangrid, subsidiaria de la empresa española. 

El proyecto, conocido como New England Wind 1 y 2, iba a ser instalado frente a las costas de estado de Massachusetts, al noreste del país, y estaba previsto que abasteciera a unas 400.000 viviendas. 

Este es un nuevo ataque de la cruzada de la Administración de EE.UU. contra las energías limpias. 

El pasado viernes retiraron 679 millones de dólares en fondos federales para doce proyectos eólicos marítimos. 

El mayor de ellos, llamado Humboldt Bay Offshore Wind, iba a estar situado en el norte de California y estaba presupuestado en 427 millones de dólares. 

Unos días antes, el Gobierno ordenó también suspender la construcción de un parque eólico frente a la costa de Rhode Island completado en un 70 % y aprobado por el Gobierno de Biden, argumentando que debía ser revisado por "intereses de seguridad nacional".

En su última reunión de gabinete, celebrada el 26 de agosto, el mandatario aseguró que no permitirá "la construcción de ningún molino de viento" por ser poco estéticos y supuestamente tener un gran impacto ambiental, mientras que defendió el carbón y la energía nuclear. 

Según explicó Avangrid en un comunicado cuando se le adjudicó la licitación, el proyecto iba a crear miles de empleos en la zona. 

"Reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, equivalente a retirar 300.000 automóviles de gasolina cada año. El proyecto creará más de 4.400 empleos a tiempo completo y traerá 3.000 millones de dólares en inversión local", apuntó la compañía.

Los Certificados de Ahorro Energético (CAE), una de las principales herramientas del Gobierno para subvencionar las obras de eficiencia energética en edificios, acaba de cumplir un año. Este sistema permite a la industria, las oficinas y las viviendas recibir ayudas para costear reformas como mejorar la envolvente de la fachada o instalar paneles solares y bombas de calor. En sus primeros doce meses, expertos del sector afirman que su funcionamiento ha sido mucho mejor de lo esperado, aunque los hogares apenas están participando porque para ellos el incentivo económico es muy pequeño.

Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, los CAE han cubierto en 2024 obras que han ahorrado 1.600 gigavatios hora (GWh) de energía. Carlos Ballesteros, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (Anese), afirma que esa cifra es muy superior a lo que esperaba el sector. "El máximo que había fijado el Gobierno para este año eran 2.800 GWh de certificados, por lo que estamos en casi un 60% del tope. Es un resultado espectacular. Ni en la mejor de las estimaciones pensábamos que llegaríamos a 1.000 GWh, la verdad", reconoce Ballesteros.

Los Certificados de Ahorro Energético los puede solicitar cualquier persona o empresa que consiga ahorrar energía a través de una reforma, incluso con el pequeño gesto de comprarse una nevera de bajo consumo, aunque está pensado especialmente para grandes inversiones, como sustituir luminarias o modernizar maquinaria pesada. Por cada kilovatio hora de luz ahorrado (en un periodo de un año) con esa actuación, el beneficiario recibe un CAE, y ese certificado se puede vender a las empresas energéticas (eléctricas, petroleras y gasistas) que operan en España, debido a que estas compañías tienen la obligación de adquirir una cantidad de certificados de ahorro todos los años, en función de su tamaño. Es el sistema más eficaz para forzar a las grandes energéticas a subvencionar y promocionar el ahorro de energía en la sociedad.

La puesta en marcha de los CAE en 2024 ha sido un éxito, según los expertos, gracias al sector industrial, que recibe grandes ayudas para renovar maquinaria a través de estos certificados. Pero la otra pata que debería beneficiarse de este mecanismo, las viviendas, apenas se ha aprovechado de estas ayudas. A falta de cifras oficiales, el portavoz de Anese calcula que alrededor del 80% de los certificados los han solicitado empresas industriales, el 20% el sector servicios y el 20% los hogares.

"Lo que ocurre es que el sistema está diseñado para que encaje perfectamente con las necesidades de la industria. Como los certificados compensan el ahorro energético a corto plazo [un año], favorece las actuaciones de gran envergadura. Mientras que las reformas con una rentabilidad a largo plazo [como mejorar el aislante de una fachada] se ven penalizadas", añade Ballesteros.

Peio Mendia, del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, confirma que los hogares se están quedando al margen del sistema de certificados de ahorro. Cuando el ministerio lo presentó hace un año, lo vendió como la gran apuesta para lograr cumplir con la normativa europea, que marca que los edificios residenciales deben reducir 16% su consumo energético antes de 2030, y al menos un 20% de aquí a 2033. Pero este experto cree que los CAE son muy insuficientes para convencer a un vecindario de meterse en una obra de miles de euros.

"Las ayudas del plan Next Generation ya son prácticamente imposibles de conseguir y los CAE no van a ser su sustituto para incentivar la rehabilitación de viviendas. Los certificados son un pequeño extra para obras que disfruten de otras subvenciones, pero pensar que por sí mismos van a impulsar las reformas es irreal", sentencia Media.

Según los cálculos de Mendia, los fondos Next Generation —que durante los últimos años han incentivado la reforma de miles de fachas en España— cubren entre el 40% y el 80% de una intervención en un edificio, mientras que los CAE apenas subvencionan el 5%. "Si instalar un SATE (aislante térmico) en una fachada son 20.000 euros, los fondos europeos te cubren ahora 16.000 euros, frente a los 1.000 euros que puedes sacar en certificados CAE", concreta. 

Como las ayudas Next Generation están ya en la recta final —terminan en julio de 2026—, los expertos insisten en que hay que retocar los CAE para que den un incentivo real a los vecindarios y sean el sustituto de los fondos europeos. Carlos Ballesteros, de Anese, propone introducir un factor multiplicador para aumentar las ayudas en determinadas intervenciones de viviendas. Por ejemplo, si reformas la fachada e instalas ventanas aislantes, en vez de recibir los CAE equivalentes a ese ahorro, recibir el doble, o el triple. Para que la subvención sea lo suficientemente atractiva.

Otra fórmula podría ser copiar el sistema francés de certificados. Allí, donde funciona desde hace más de una década, calculan el ahorro energético de una intervención por la cantidad de kilovatios ahorrados a largo plazo (tres años), en lugar de un año, como en España. De esta manera, las obras que son más eficientes a largo plazo, como las intervenciones en viviendas, recibirían más CAE que en el mecanismo actual, y por lo tanto, más dinero.

El 20 de mayo, día número 141 del calendario en este año bisiesto 2024, es el día en el que habríamos agotado el saldo de biocapacidad que cada año nos ofrece el planeta Tierra si el conjunto de la humanidad produjera y consumiera como lo hacemos las gentes en España. Hoy entraríamos en tiempo de descuento, en una situación de sobrecapacidad o de deuda ecológica. En números rojos a efectos prácticos. 

Si el mundo fuera España, a partir de hoy viviríamos en deuda con la naturaleza, por haber sobrepasado su capacidad de regenerar, absorber y compensar nuestras extracciones, emisiones y residuos. Si el mundo fuera Catar, el 11 de febrero habríamos arrasado con todo. Como cada país tiene patrones de producción y de consumo diferentes —unos más depredadores y despreocupados, otros menos— y dispone de activos ecológicos de distinta calidad y dimensión, el día en el que el conjunto de los humanos comenzamos a vivir por encima de las capacidades naturales de las que disponía el planeta Tierra en 2023 fue el 25 de julio. La fecha correspondiente a 2024 será anunciada el próximo 5 de junio. 

El día de la deuda ecológica, de la sobrecapacidad o rebasamiento (overshoot, en inglés) es cada año más temprano. En 1971, primer año de la serie, fue el 25 de diciembre. Una década más tarde (1981) se adelantó al 20 de noviembre; transcurrida otra década (1991) no superamos el 20 de octubre. En 2001 fue el 13 de septiembre; en 2011 el 6 de agosto y desde entonces nos hemos mantenido aproximadamente en esas fechas, lo que arroja un mensaje positivo, algo estamos cambiando para bien. 

La huella ecológica es la métrica, probablemente la única, que mide cuánta naturaleza tenemos (oferta) y cuánta naturaleza usamos (demanda). Por el lado de la oferta, la biocapacidad de un país o región representa la productividad de sus activos ecológicos (tierras de cultivo, bosques, caladeros, tierras urbanizadas, las áreas forestales y la capacidad de absorción natural de dióxido de carbono, entre otros), expresado en hectáreas globales (gha), es decir, hectáreas biológicamente productivas comparables a nivel mundial (asignando una productividad media mundial). 

Por el lado de la demanda, la huella ecológica suma todas las áreas biológicamente productivas, los activos ecológicos que una población requiere para producir los recursos y servicios naturales que consume (alimentos, madera, suelo y espacio para la infraestructura urbana y de transporte, etc.) y para absorber sus residuos que genera, especialmente las emisiones de carbono, pero no solo. 

La contabilidad de la huella ecológica hace un seguimiento del uso de las superficies productivas y, si una población excede la biocapacidad de la región donde habita, esa región incurre en un déficit de biocapacidad o déficit ecológico, de tal modo que la demanda de los bienes y servicios que su tierra, sus mares y su aire pueden proporcionar supera lo que los ecosistemas de la región pueden regenerar. Una región con déficit ecológico satisface la demanda importando, liquidando sus propios activos ecológicos (como la sobrepesca, la deforestación, el agotamiento de los acuíferos o la calidad del aire) y acumulando residuos, especialmente dióxido de carbono en la atmósfera que más que demostrado está que es la principal causa del aumento de la temperatura media del planeta y, por tanto, del cambio climático. 

Más del 80% de la población mundial vive en países con déficits ecológicos, pero hay algunas regiones, como buena parte de América Latina, Canadá y Australia, cuya biocapacidad aún supera su huella ecológica y por tanto disponen de reservas. 

Comparar la huella ecológica de cada país (o ciudad, o región) con su propia biocapacidad (que, en España, en términos per cápita es de 1,70 gha), o con la del mundo (1,51 gha), permite conocer si estamos en déficit o si contamos con reservas de biocapacidad.

La huella ecológica de España fue de 3,92 gha por persona en 2022 (último dato disponible en las Cuentas Nacionales de Huella y Biocapacidad de 2023), por lo que se habrían necesitado 2,6 planetas Tierra (3,92 / 1,51) para sostener a la humanidad si todos los habitantes del planeta vivieran como lo hacemos en España. Como 2024 ha sido año bisiesto, el Overshoot Day de España es el día número 141 (366 días en 2024 x (1,51/3,92). O sea, después de 141 días (el 20 de mayo), el presupuesto anual de recursos regenerativos para el año se habría agotado por completo. 

La Unión Europea, cuyo Overshoot Day fue el pasado 3 de mayo, ha declarado su apoyo al desarrollo y uso de indicadores que complementan a los tradicionales (como el PIB) por tener la bondad de incorporar aspectos medioambientales y sociales y habilitar la adopción de una contabilidad de triple resultado (profits, people and planet). Espero que siga haciéndolo, y con más valentía e intensidad tras la renovación de su Parlamento fruto de las elecciones del 9 de junio.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Ecologistas en Acción ha reclamado al Gobierno una reforma del mercado eléctrico que no suponga "una estafa para muchas familias" y que garantice, entre otras medidas, una tarifa social justa y un abastecimiento mínimo de energía, según informa Europa Press.

La ONG ha presentado este martes un informe en el que plantea un nuevo sistema eléctrico que aborde de manera integral las crisis social, energética y climática con medidas a corto a medio y a largo plazo que ponga freno a la "estafa del mercado marginalista de fijación de precios" puesta de manifiesto por la subida del precio del gas durante 2022 y la subida del precio de la electricidad, que han generado "enormes beneficios caídos del cielo" a las grandes empresas y que ha "disparado" el precio a los consumidores.

Así, recuerda que en enero de 2021, con Filomena, el precio de la electricidad alcanzó los 70,28 €/MWh; pero a partir de abril de 2021 los precios comenzaron a subir, llegando en marzo de 2022 a un precio final medio de la demanda nacional de 300€/MWh y en agosto de ese mismo año, de 250€/MWh. Sin embargo, considera que la "excepción ibérica" ha sido "solo un parche" que ha reducido artificialmente el coste de la electricidad.

No obstante, Ecologistas insiste en que la propuesta de reforma del mercado eléctrico no puede abordar en exclusiva el sistema de fijación de precios diferenciado por fuentes, sino que es necesaria una reforma más amplia de todo el sistema eléctrico.

En su propuesta de nuevo sistema eléctrico plantea medidas como reducir el precio de la electricidad, impulsar una tarifa social que garantice el acceso a una tarifa social justa y un abastecimiento mínimo de energía, mientras se avanza en mecanismos de tarificación justos.

También reclama una auditoría de los costes reales de la electricidad y de la deuda adquirida durante años y lograr un suministro eléctrico más eficiente que esté adecuado a los límites del planeta, donde la gestión de la demanda ocupe un papel central.

El informe de la ONG considera necesario acercar la producción a los lugares de consumo y facilitar las iniciativas ciudadanas frente al modelo centralizado de las grandes industrias eléctricas a través de una alta penetración del autoconsumo.

Para lograrlo propone rescatar de forma inmediata a las poblaciones más vulnerables para lo que tendrían que destinarse 51.000 millones de euros, 5.000 de esos millones para subvenciones directas y los 46.000 restantes para una línea de crédito a bajo interés.

En definitiva exige una reforma integral del sistema eléctrico oligopólico con más de 20 años de existencia, "injusto y especulativo, basado en producción con tecnologías fósiles, para pasar a un modelo 100 por cien renovable, democrático y donde el autoconsumo, las comunidades energéticas y el sector público tengan un papel central".

La primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en 11 años, el pasado mes de julio, puso en boca de los analistas la palabra recesión. En septiembre, Estados Unidos la estrenó al encadenar dos trimestres consecutivos con cifras negativas de PIB: su economía se había contraído cinco décimas los primeros seis meses del año. Las bolsas mundiales se teñían de rojo. El encarecimiento de la energía, la inflación rampante y el precio del dinero en máximos desconocidos desde 2008 hacían presagiar tiempos oscuros para la economía mundial.

Así que, cuando en octubre BBVA Research predijo que España acabaría 2022 en recesión y en esa misma tónica empezaría 2023, parecía lógica la confirmación de que la profecía alcanzaba también a la economía española. Entonces el centro de estudios del segundo banco español preveía que el PIB español iba a caer un 0,3% en el cuarto trimestre y otro tanto en el primero del año que recién comienza. Lo que los economistas llaman “recesión técnica”. Eso sí, subrayaba que sería la más corta de los últimos 30 o 40 años. En cualquier caso, pronosticaba un crecimiento del PIB para todo el ejercicio que subía hasta el 4,4%, tres décimas más que en su anterior previsión, pero bajaba el de 2023 al 1%.

Poco después le acompañó en sus anuncios de “posible decrecimiento del PIB” Funcas, el centro de estudios de las cajas de ahorro. En concreto, auguraba una caída de la economía del 0,4% en el cuarto trimestre de 2022 y otro tanto en el primero de 2023. Unos días más tarde fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), a través de su presidenta, Cristina Herrero, la que no descartaba la recesión técnica, puesto que vaticinaba un retroceso del PIB del 0,2% o el 0,3% tanto en el cuarto trimestre de 2022 como en los tres primeros meses del nuevo año. Y como el deterioro del resto de los países europeos estaba siendo muy intenso, la AIReF no excluía una nueva revisión al alza de esas caídas de actividad. A las predicciones negativas se terminó sumando el banco británico Barclays, que avanzó una caída del PIB mucho mayor, del 1%, en el fin del año e incluso del 2,3% en el primer trimestre de 2023 y de un 1,3% en el segundo. De forma que España sólo remontaría a partir del verano y gracias al turismo.

Fue en noviembre también cuando la Comisión Europea calculó que toda la UE entraría en recesión técnica con una caída del PIB de cinco décimas antes de acabar 2022 y de otra décima más en el inicio de este año. Lo mismo predecía para la zona euro. Aunque dejaba fuera de la recesión a España, con una contracción del PIB del 0,3% de octubre a diciembre, pero con un primer trimestre de 2023 al 0%. En la misma línea se había pronunciado el BCE ya en octubre, cuando su jefe de Riesgos, Fernando Monar, advirtió del carácter “inevitable” de la recesión técnica en toda la eurozona, aunque “temporal” y no muy profunda. “No es descartable que la eurozona entre en recesión técnica en los próximos trimestres”, corroboró su vicepresidente, Luis de Guindos, “pero esta situación no supondría una recesión excesivamente intensa”.

Por su parte, el Banco de España nadaba y guarda la ropa: excluía la recesión “en su escenario central”, pero advertía de que habían aumentado las probabilidades de que la hubiera. Y revisaba sus previsiones de crecimiento económico para 2023, del 2,8% al 1,4%, por culpa de una inflación “más alta y persistente de lo esperado”.

El ánimo de las empresas reflejaba el mismo pesimismo. Al menos a tenor de las encuestas realizadas por KPMG y PwC esos mismos meses a altos ejecutivos, que veían en el horizonte una recesión, aunque “suave y breve” e incluso temían un comienzo de 2023 peor que el final de 2022.

Por entonces, la realidad de los números había devuelto el crecimiento a la economía de Estados Unidos, con un alza del PIB del 0,6%, pero las de Reino Unido y Países Bajos perdían un 0,2% y la de Bélgica un 0,1%. En el tercer trimestre también cayeron los PIB de Letonia, Eslovenia, Hungría, Chequia y Finlandia. Alemania creció tres décimas, Francia dos e Italia cinco. La economía de la Unión Europea mejoró sólo un 0,2%, la peor cifra desde el primer trimestre de 2021.

Entre julio y septiembre España apenas creció una décima, tras un segundo trimestre con una subida del 2%, pero revisó el comportamiento del PIB en tasa interanual y aumentándolo hasta el 4,4%, seis décimas. La bajada del precio del gas y el petróleo, un mercado de trabajo que resiste, a diferencia de crisis anteriores, y una inflación que va conteniéndose gracias a las caídas de los carburantes y la electricidad han impedido el desastre que se auguraba. “Se acabará el año mejor de lo que pensábamos porque la economía europea y la española han demostrado que son más resilientes de lo que esperábamos”, reconoció el pasado 20 de diciembre en una entrevista en Radio Euskadi el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Domenech.

Para entonces, el centro de estudios del banco ya había revisado su pronóstico: el PIB quedará estancado en el cuatro trimestre o igualará el crecimiento del tercero. Además, subió el de todo el año al 4,6%. También el de 2023, hasta el 1,2%. Aun así, insiste el BBVA en que no puede descartarse por completo que la economía caiga en tasas negativas en 2023, arrastrada por la recesión en la zona euro y el agotamiento de la recuperación del turismo, mientras la subida de precios impacta en el consumo, se sigue desacelerando la creación de empleo y aumentan los tipos de interés. Pero de nuevo con matices. “A eso no le llamaríamos recesión”, apuntaba Domenech en esa entrevista, “porque el escenario base es de crecimiento económico, ligera creación de empleo y mantenimiento de la tasa de paro”. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, repitió la predicción al comparecer en la Comisión de Presupuestos del Senado: el PIB en el cuarto trimestre puede experimentar un “leve crecimiento”, similar al del tercero. En consecuencia, el organismo supervisor aumenta su previsión de mejora del PIB para este año hasta el 4,6% “debido a un avance más intenso de lo esperado en la segunda mitad del año”, pero aun así recorta las de 2023 hasta el 1,3%, por el “empeoramiento del contexto exterior”.

En esas cifras se sitúan ahora la mayoría de las instituciones y analistas: un 4,5% de crecimiento para 2022 y un 1,1% para 2023.

No obstante, hubo muchos que fueron más optimistas. El Banco Sabadell rechazaba que España fuera a caer en recesión “ni este año [2022] ni en 2023”, según rebatió su consejero delegado, César González-Bueno. O Caixabank, que, si bien previó una “ligera” contracción en el cuarto trimestre de 2022, auguraba un primer trimestre de 2023 plano. Estancamiento sí, recesión no. También Mapfre Economics, Goldman Sachs, Deutsche Bank y S&P Global salvaban a España de la recesión que sí adivinan para el resto de la eurozona, con cifras negativas de PIB para este año. La confianza de los consumidores en España no ha caído tanto como en el resto de la UE, los fondos europeos deben sostener el repunte de 2023 y la economía nacional está menos expuesta a la crisis de la energía que Alemania o Italia, recuerdan. Todos ellos se situaron en octubre en sintonía con las previsiones del FMI, que citaba España como uno de los países que esquivarán la recesión en 2023 gracias a un crecimiento “fuerte”. Casi el doble que Francia y lejos de la recesión que vaticina para las economías alemana e italiana. El BCE, ya en diciembre, elevó su previsión para la zona euro hasta el 3,4% en 2022, al tiempo que la redujo a sólo el 0,5% para este año. “Los niveles de incertidumbre siguen en niveles muy elevados”, resumió su director general de Economía, Óscar Arce. 

Los precios empiezan dan una tregua a Europa, y particularmente a España, que este mes de noviembre ha presentado el mejor registro de toda la eurozona: un 6,6% frente una media del 10%. La excepción ibérica es uno de los principales motivos: la volatilidad del gas en el mercado no impacta en los precios de la electricidad. Pero de ser la única razón, Portugal también tendría una inflación baja, y sin embargo es superior a la media de la eurozona: 10,3%. Uno de los factores que diferencia a España y a Portugal es el tamaño de sus escudos antiinflación: el de España es un colchón mucho más mullido. 

Pero hay más. Las particularidades del sistema eléctrico español, que a finales de 2021 supusieron un quebradero de cabeza, ahora suponen una ventaja: “El mercado eléctrico español es de muy corto plazo, eso nos da una pista de lo que está pasando”, explica el profesor Antonio Sanabria, que imparte Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. 

“Las variaciones de precios en el mercado mayorista enseguida se trasladan a los consumidores. Por eso, cuando empezaron a subir los precios, España estaba en cabeza en inflación y ahora, que los precios han bajado, está en la cola”, señala el académico. Concretamente, en noviembre de 2021, la inflación española era del 5,5%, mientras que era más baja en Italia (3,9%) o Francia (3,4%). Este factor ahora hace que, en otros países donde predominan contratos eléctricos a largo plazo, las empresas eléctricas mantienen los precios altos, por el efecto retardado de los picos energéticos.

A este factor se le suma un efecto estadístico: el hecho de que el IPC, que es el índice que mide la variación de los precios, sea un dato interanual, es un viento a favor para España: “La inflación empezó a presionar al alza en octubre y noviembre del año pasado. El IPC compara el dato de un mes con el del mismo mes del año anterior, por lo que se está comparando una cifra que hace un año ya era alta en España, mientras que no tanto en otros países”, explica Sanabria. 

Este conjunto de motivos hace que España esté más resguardada de la inflación energética. “La contención de los precios energéticos en España compensa la subida de los alimentos”, señala el profesor Josep Maria Català, que imparte Economía y Empresa en la Universitat Oberta de Catalunya. Lo que sigue determinando la inflación europea en noviembre son los altos precios energéticos, que son un 34,9% más altos que el mismo mes del año anterior. Le sigue la alimentación, alcohol y tabaco (13,6%), los bienes industriales no energéticos (6,1%) y los servicios (4,2%). 

No obstante, como explicó este martes en infoLibre el analista financiero y experto en materias primas Juan Ignacio Crespo, los precios de la energía, aunque siguen más altos que hace un año, llevan varios meses cayendo: “Las materias primas energéticas y alimentarias hicieron varios máximos poco antes y después de la guerra, pero desde entonces están cayendo todas”. 

El petróleo, medido en el precio del barril de Brent, se encuentra a unos 86 dólares, un 22% superior a los de hace un año (en torno a los 70 dólares). Los precios del gas también están más altos. Este martes, el precio de referencia europeo era de unos 132 euros, frente los 93 del año pasado, un 41% más. No obstante, los valores actuales están muy por debajo de los picos que se alcanzaron en los momentos de mayor incertidumbre, de 123 dólares en el caso del petróleo y de 339 euros en el caso del gas europeo.

Como indica el profesor Antonio Sanabria, son los contratos energéticos a largo plazo, que predominan en el resto de Europa, los que hacen que, pese a que las materias primas energéticas caen, los precios aún se mantienen en la mayoría de países europeos.

Como explicó infoLibre en octubre de ese año, cuando la inflación empezó a escalar, países como Alemania y Bélgica defendieron mantener las reglas del mercado eléctrico, porque ambos países carecen de tarifa regulada, lo que les permitió amortiguar la subida. En ese momento, la mayor sensibilidad de las tarifas de los consumidores y empresas españolas al precio mayorista sí provocó un encarecimiento inmediato de la factura eléctrica. Y fue así, hasta que en junio entró en vigor el tope del gas.

“En el caso de España, mi previsión es que la inflación siga bajando. Se mantienen todos los motivos: la excepción ibérica, los precios más bajos, y el efecto estadístico. Las cifras de inflación que tuvimos en diciembre, enero, febrero, etc, eran también bastante más altas aquí, lo que hace que la variación interanual sea más pequeña”, señala el profesor Sanabria, que subraya la dificultad de hacer previsiones en un entorno de tanta incertidumbre.

Que España presente rasgos distintivos que le favorecen no quiere decir que el resto de Europa presente características homogéneas. De hecho, nada más lejos. La desaparición repentina del gas ruso de la economía europea ha tensionado las deficiencias de cada uno de los países, que se deben a factores diferentes, por ejemplo, relativas al mix energético que alimenta la actividad económica, a la exposición de las importaciones o incluso de la inestabilidad política que se viva en el país. 

Portugal es el país que presenta más similitudes con respecto a España: el gas tiene el mismo peso (en torno al 25% de su mix energético), la dependencia rusa es simular (alrededor del 10% del gas importado viene de ese país) y ambos países están amparados por la excepción ibérica, el desacople del gas del precio eléctrico. Sin embargo, la inflación portuguesa es del 10,3%, mientras que la española es del 6,6%. 

En primer lugar, el escudo social es diferente entre los países. Las medidas antiinflación de Portugal, según estima la consultora Bruegel, es de unos 7.000 millones de euros, un 3,3% de su PIB. En España es de 38.500 millones (3,2% del PIB). Un ejemplo ilustrativo de la capacidad de ambos países para afrontar la subida de precios es el subsidio al combustible: Portugal lo restringe a los transportistas, mientras que en España el descuento de 20 céntimos es universal. Esto provocó, como informaron algunos medios como La Voz de Galicia, de un efecto llamada de las gasolineras en la frontera. 

“Yo creo que en el caso de Portugal y España también tiene mucho que ver el efecto estadístico. En Portugal los precios del mercado mayorista no tuvieron un efecto tan inmediato como en España”, señala el profesor Sanabria. En noviembre de 2021, mientras la inflación de España alcanzó el 5,5%, en Portugal seguía en el 2,6%. 

En el caso de Francia, lo que más ha determinado su situación es su mayor inclinación por la energía nuclear: “Tienen menos dependencia externa, no les tendría que afectar tanto los vaivenes del mercado”, apunta el profesor Josep Maria Català. Sin embargo, aunque Francia se sigue alimentando en una proporción importante de la generación nuclear, lo que le supone un alivio, en los últimos meses, el sistema francés ha colapsado. La causa: la simultaneidad de revisiones y problemas que han afectado a 33 de sus 56 reactores. 

“Francia lo que ha hecho es socializar las pérdidas”, añade el profesor Sanabria. “Al nacionalizar EDF, Francia ha socializado las pérdidas de las energías nucleares y no ha trasladado estos costes a las tarifas. Lo está costeando mediante la emisión de deuda. Buena parte de los reactores están parados, Francia está importando energía”. Según los datos del IPC de octubre, los últimos que Eurostat desglosa por categorías, la variación de precios energéticos en Francia fue del 20%, muy por encima del dato español (7,9%), pero a la vez por debajo de la media de la eurozona (41,5%).  

Es llamativo el dato de inflación de Italia, de un 12,5%, superior incluso al de Alemania. Este dato refleja la enorme dependencia energética del exterior: “Italia no tiene centrales nucleares, al estar en zona sísmica. En cuanto a renovables, está peor que España. Aquí, los peores días hemos podido compensar con eólica y con fotovoltaica, es algo en lo que los italianos están más limitados”, señala Sanabria, que subraya la dependencia italiana del gas ruso, aunque recientemente ha estrechado lazos con Argelia, especialmente tras el enfriamiento diplomático que tuvo en primavera con España, tras el incidente sobre el Sahara. 

El profesor Josep Maria Català apunta otro posible factor, el aterrizaje de Meloni: “La inestabilidad política del país también juega a la contra. A las empresas debe estar contándoles más financiarse en el extranjero, y ese aumento de costes lo pueden llegar a precio”.  

Alemania, la locomotora europea, es la que se ve en mayores apuros. El dato del IPC de noviembre es del 11,3%, por encima de la media de la eurozona del 10%, aunque esta brecha puede ampliarse extensamente en los próximos meses: “Este año va a ser especialmente complicado para la economía alemana, especialmente si viene un invierno crudo”, señala el profesor Josep Maria Català. 

“Alemania tiene un problema. La industria alemana es electrointensiva y se le ha acabado el truco que la alimentaba: el gas ruso barato. Sustituir eso a corto plazo es imposible. Supondría una de dos opciones: o una transformación de su actividad industrial o la sustitución de un suministrador que supla la carencia de gas ruso. Alemania ahora mismo está quemando carbón, algo que, además de su impacto medioambiental, también es más caro que, por ejemplo, apoyarse en la energía eólica, como hace España”, subraya Antonio Sanabria. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando las trabas de las grandes energéticas para aplicar la Tarifa de Último Recurso (TUR) regulada por el Gobierno. En una entrevista para RNE, la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha declarado que se han detectado dificultades por parte de las energéticas para que los usuarios puedan pasarse de su tarifa de mercado libre a la TUR.

La secretaria de Estado explicó que las comercializadoras de último recurso han trasladado al Gobierno que se está produciendo una “avalancha de solicitudes”. A esta tarifa pueden acogerse clientes con un consumo de gas natural superior a 50.000 kilovatios hora de gas natural, es decir, a calderas comunitarias con una factura de gas que se reparte entre todo el vecindario. También pueden a acceder a ella las urbanizaciones muy grandes con un consumo que supere los 50 millones de kilovatios hora, aunque su contratación será más enrevesada porque su caso será evaluado de manera individual por el Ministerio de Transición Ecológica.

Aagesen declaró que cada vez llegan "más voces”, denunciando la “dificultad” para acogerse a la TUR . Además, aseguró que las energéticas son "conscientes de que la CNMC está “vigilando” y de que ha abierto dicho expediente informativo. En ese sentido, advirtió que puede llevar a sanciones ya que es una medida del Gobierno para que todos aquellos que quieran disfrutar de esta regulación de precios en la tarifa del gas puedan hacerlo.

Actualmente solo cuatro empresas energéticas pueden ofrecer la TUR: Naturgy, Iberdrola, Endesa y Totalenergies. Esta tarifa puede ser contratada por cualquier usuario con un consumo anual de gas igual o inferior a 50.000 kWh.

La asociación de consumidores Facua asegura que los usuarios con tarifas del mercado libre tienen pagan el kWh un 112% y 245% más elevado que lo que le cuesta a un usuario que tiene contratada la TUR. Esta tarifa puede contratarse con una llamada telefónica a cualquiera de las cuatro operadoras de referencia y su contrato no tiene permanencia. 

Hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una comparecencia la creación de una nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos con calderas centralizadas de gas natural. "La medida permite a 1,7 millones de hogares que su factura se reduzca a más de la mitad de lo que pagaría con las condiciones de mercado actuales", apuntó.

El precio de la tarifa de último recurso lo fija la Administración cada tres meses: en enero, abril, julio y octubre, y se publica días antes de que comience el mes en el BOE.

La TUR 4 no es exactamente una única tarifa, sino que está compuesta de ocho tramos diferentes, según el consumo que tenga la caldera compartida, partiendo de los 50.000 kilovatios hora hasta superar los 500 millones, por lo que habrá diferentes precios según el tamaño de la comunidad. Cada tramo de consumo tiene su coste fijo (a repartir entre todos los vecinos) y su coste variable (céntimos por cada kilovatio hora consumido).

La particularidad de la TUR es que su precio se fija a partir de una fórmula fija basada en los diferentes precios del gas en el mercado internacional, un abanico que evita que la subida de las materias primas se traslade rápidamente a la factura. Otra clave es que la TUR no pude encarecerse más de un 15% cada trimestre, según un real decreto que acaba de ser prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que evita grandes picos en el recibo de la luz, mientras que el mercado libre no tiene ese límite, informa Daniel Lara.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a las comercializadoras eléctricas evitar "comportamientos poco responsables y obstruccionistas" a la hora de facilitar el bono social a las familias que cumplan los requisitos y ha afirmado que el Gobierno lo vigilará "de cerca".

"Esto hay que vigilarlo de cerca, porque no queremos comportamientos poco responsables o comportamientos obstruccionistas por parte de estas compañías, que dificulten el acceso a estos beneficios", ha afirmado Ribera en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

La ministra ha instado a las familias que puedan beneficiarse del bono social a acudir a las comercializadoras, porque "no es algo que gestione el Gobierno", aunque "está pendiente". "Son las comercializadoras, las empresas que les venden la electricidad, las que tienen la obligación de explicar bien y facilitar", ha subrayado Ribera.

En este sentido, ha explicado que el objetivo del Ejecutivo es ampliar el total de electricidad bonificada, incrementar la dotación y ampliar la base de familias que se pueden beneficiar de descuentos. Asimismo, Ribera ha asegurado que, a pesar del escenario de incertidumbre a nivel europeo, España tiene garantizado el suministro de gas y el abastecimiento.

"Lo que estamos viendo es una caída muy importante del precio de la electricidad como consecuencia de una caída muy importante del precio del gas natural, porque tenemos los almacenes de gas llenos, tan llenos que hay que vaciarlos ligeramente porque si no no pueden llegar más barcos y no podemos recibir ese gas importante para el invierno", ha señalado.

Ribera ha insistido que España está "en buenas condiciones" y que no tiene problemas de suministro, lo que no significa que esté pendiente de lo que ocurre con el precio y adopte medidas para que dicho precio no afecte directamente al país.

"Hoy estamos en buenas condiciones, queremos que el invierno sea llevadero y poder anticipar y regular mejor la garantía de suministro de gas para todo el continente, pero también sabemos que, en función de la evolución del precio en otros Estados miembros de la UE, nos puede acabar afectando", ha afirmado.

En este contexto, Ribera ha subrayado que el Ejecutivo está realizando un análisis estratégico de la situación. "No podemos pensar que vivimos en una burbuja aislados del mundo, por eso necesitamos un plan de seguridad energética", ha señalado.

Respecto a la rebaja para las facturas de las calefacciones comunitarias, la ministra ha explicado que el Gobierno está trabajando con los administradores de fincas para divulgar la informacion sobre las condiciones para beneficiarse de la reducción.

Ribera ha explicado las razones por las que el Gobierno pide la instalación de contadores individuales en las comunidades de propietarios: "Los contadores individuales son importantes porque nos ayudan a entender dónde podemos ahorrar y mejorar nuestro comportamiento. Evita que en comunidades de propietarios que, por ejemplo, en el segundo piso tengan calor y abran las ventanas de par en par, en vez de cerrar radiadores. Que el del quinto, que está de vacaciones o se ha ido a vivir cuatro meses a otro sitio, no ha cerrado los radiadores y está pagando de más".

"Si tenemos contadores individuales mejoramos el comportamiento de cada uno de nosotros y el comportamiento del conjunto", ha sentenciado la ministra.

"Damos oportunidades de ser más eficientes e inteligentes en nuestro consumo, pero necesitamos tener los instrumentos para poder hacerlo y por ello es tan importante nuestro contador", ha explicado Ribera, quien ha argumentado además, sobre la petición de vaciar los radiadores, que es mejor hacerlo en verano.

"Ahora no es el mejor momento para contratar ese servicio por parte de las comunidades de propietarios, por ello se deben comprometer a hacerlo antes del 30 de septiembre, hay casi un año por delante", ha señalado.

Podemos ha planteado este lunes que la compensación a las centrales de generación de electricidad a partir del gas por el tope al precio de este combustible, la llamada 'excepción ibérica', no corra a cargo de los consumidores, sino que sea financiada con los beneficios extraordinarios de las eléctricas, según informa Europa Press.

En un análisis de la Secretaría de Economía y Modelo Productivo de Podemos que dirige Nacho Álvarez, también secretario de Estado de Derechos Sociales, la formación morada celebra el "significativo" ahorro logrado con este mecanismo, pero apunta que podría ser mayor si no fueran los consumidores los que financiaran la compensación.

En este sentido, Podemos propone que la asuman las centrales cuya retribución en el mercado marginal es muy superior al coste de generación, o financiarla con el futuro impuesto extraordinario a las eléctricas que actualmente tramita el Congreso.

De esta manera, esgrime, el ahorro conseguido en la factura sería mucho mayor –la tarifa regulada se limitaría al precio del mercado mayorista con el gas topado, sin la compensación posterior– e intensificaría la moderación de la inflación.

En su documento, Podemos esgrime que el diseño de la compensación, financiada con cargo a la propia factura de los consumidores, está impidiendo que la contención de los precios que propicia la llamada excepción ibérica sea aún mayor.

Todo ello subrayando que, aun con esta compensación, los consumidores se han beneficiado de un ahorro en la factura, que habría sido aún más cara de no haber contado con el tope al gas.

De hecho, entre julio y finales de agosto el precio del gas se ha multiplicado por tres, ante la caída del suministro del gas ruso, una espiral especulativa en los mercados y un aumento de la actividad de la generación de electricidad a través del gas (media mensual del 31% de todo el 'mix').

Frente a ello, el tope al gas ha logrado "un desacople parcial" del precio de la electricidad y el precio del gas, asegurando que, sin contar el coste de la compensación, el precio en el mercado mayorista ha llegado a ser un 70% más barato que en países como Francia, Italia y Alemania.

Contando la compensación, Podemos estima un ahorro medio del precio mayorista en el entorno del 19% (equivalente a 62 euros/MWh), mientras que para la OCU este ahorro medio se estima en el 13,5%. Para el Ministerio para la Transición Ecológica, el ahorro a los consumidores alcanza los 1.384 millones, dice la formación 'morada'.

Otras de las propuestas planteadas pasan por acelerar la tramitación del proyecto de ley para recortar la retribución de las centrales por el CO2 no emitido –afectaría principalmente a las centrales nucleares, hidroeléctricas y primeras renovables, que se benefician en el mercado del mayor coste de los derechos de emisión de CO2 sin tener que asumirlo–, así como la reforma del sector eléctrico.

En este sentido, desde Podemos abogan por que esta reforma acerque el precio que recibe cada tecnología en el mercado mayorista al coste de producción, permitiendo "unos beneficios razonables para favorecer la inversión en energías renovables".

Para ello, plantean el desarrollo de 'contratos por diferencias', específicos para centrales nucleares, hidroeléctricas y renovables para acercar su retribución a sus costes de generación, y aprovechar la oportunidad que supone el intento de reforma del mercado desde la Comisión Europea.

"Intransigencia energética", "improvisación", "ocurrencia" o "pobre chiste" son algunos de los adjetivos que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su número tres en el organigrama estatal de la formación y, como su líder, también senador por nombramiento del Parlamento de Galicia, Miguel Tellado, han dedicado estos últimos días al plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno de España. Tanto el líder conservador como otros de su partido han centrado los ataques en medidas como los nuevos límites para las temperaturas de la calefacción y el aire acondicionado que, según la Xunta de Galicia, apenas tendrán un "impacto real".

Estas consideraciones del también expresidente de la Xunta, de su sucesor, Alfonso Rueda, y de cargos como el del vicepresidente económico gallego, Francisco Conde, contrastan con los consejos que el propio Gobierno autonómico lleva ofreciendo a la ciudadanía desde hace años en términos de ahorro y eficiencia energética. Entre ellos, se encuentra limitar la calefacción a 19 grados y el aire acondicionado a 26 para ahorrar. Es decir, referencias con apenas un grado de diferencia con respecto a lo que prescribe ahora el Ejecutivo estatal, aunque con un matiz importante: las peticiones de ahorro de la Xunta también van dirigidas a los hogares, ámbito en el que no entra el decreto estatal.

Estas referencias para la limitación del consumo energético en climatización las difunde la Xunta de Galicia a través del Instituto Enerxético de Galicia (Inega) desde hace años, con manuales de buenas prácticas que se remontan a la época de Manuel Fraga y que el Ejecutivo de Feijóo asumió, actualizó y volvió a publicar. También lo hizo el actual gabinete presidido por Rueda, que este mismo verano, justo un mes antes del decreto estatal, reeditó decálogos energéticos para particulares, pequeñas empresas y administraciones públicas en los que pedía, por ejemplo, "que el termostato no baje de los 26 grados con aire acondicionado" o "no dejar las luces encendidas en habitaciones vacías".

Los límites de temperaturas varían ligeramente según la publicación y el ámbito. La Guía práctica de ahorro de energía que sigue divulgando la Xunta como vigente en la actualidad señala que, "en invierno", "una temperatura de entre 15 y 17 grados en los dormitorios y de 20 grados en el resto de la vivienda es suficiente para mantener el confort en toda la casa". "En verano evite bajar de los 25 grados", agrega, antes de advertir que "cada grado que aumente en invierno o disminuya en verano supondrá un incremento del consumo energético entre un 5 y un 7% de la calefacción o del aire acondicionado". Sobre la calefacción, promueve además que se "apague por la noche". En una presentación gráfica de estos consejos también añade una petición más directa: "No abuse de la calefacción".

Para los espacios de trabajo, que es el corazón del actual plan estatal, esta misma guía de la Xunta pide mantener la calefacción "entre 19 y 21 grados" en invierno. Es decir, parte de un umbral idéntico al que ahora fija el Estado. Para el aire acondicionado pide "mantener una temperatura de 25 grados" —dos menos que la nueva norma—. También incide en otro de los aspectos ahora censurados por los conservadores: "Evite las filtraciones de aire, no deje las puertas o las ventanas abiertas con la climatización encendida". Al contrario que la normativa estatal, no se remite a la legislación en materia de riesgos laborales para advertir de excepciones.

Esta edición de la guía, que sigue difundiendo la Xunta, fue publicada por el Gobierno gallego en 2012, cuando Feijóo llevaba tres años en la Presidencia. Los consejos, no obstante, se han repetido con escasos matices hasta la actualidad. Así, por ejemplo, de cara al invierno de 2014 volvió a resaltar que "una temperatura de entre 19 y 21 grados centígrados resulta suficiente para mantener el confort de una vivienda". 

En este 2022, ya con el expresidente Feijóo en la dirección del PP y Rueda al frente de la Xunta, el Gobierno gallego volvió a incidir en los mismos consejos con decálogos de "normas básicas para ahorrar en el consumo de energía" que fueron publicados en los primeros días de este mes de julio. En el destinado a las pequeñas y medianas empresas se pide "controlar el consumo de aire acondicionado" mediante esta limitación a 26 grados, teniendo en cuenta que "cada grado que se baja en el termostato supone un incremento y consumo energético aproximado del 8%" y agrega que es necesario "mantener las puertas y ventanas cerradas cuando esté funcionando el aire acondicionado". En cuanto a la iluminación, además de apagar las luces en las habitaciones no ocupadas, recomienda "aprovechar la luz natural" y otras medidas como los sensores de presencia.

Para los hogares, la recomendación de la Xunta es idéntica a la del Gobierno en cuanto a climatización e iluminación y lo mismo ocurre en la versión del decálogo destinada a los edificios administrativos públicos. En el momento de elaborar esta información, estos decálogos estaban accesibles en la página principal de la web de la Vicepresidencia Primera de la Xunta de Galicia, que dirige Conde. 

Como responsable de Economía, Industria e Innovación de la Xunta, el vicepresidente primero fue el encargado de participar el pasado lunes en la conferencia sectorial con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, centrada en la aplicación del real decreto. Tras esta reunión, consideró que las medidas del Gobierno de España son un "intento" de "desviar la atención hacia debates" que pueden "generar un impacto muy negativo en el tejido productivo", especialmente en "el comercio y el turismo". Aun así, confirmó que "en Galicia se acatarán" las normas, garantizando "su cumplimiento".

Aquí puedes leer el texto original en gallego.

Hasta un 75% de las familias vulnerables atendidas por Cruz Roja afirman no poder mantener la temperatura adecuada en su vivienda, especialmente en invierno. Además, un 23% de estas familias aseguran no disponer de calefacción frente al 10% que fija el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) entre el conjunto de la población nacional, según informa Europa Press

La zona climática con un mayor número de familias que afirman no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada en verano y/o en invierno es la que comprende Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco (82%), seguida por la Continental (76%) y por último la Mediterránea (72%).

Estos datos se desprenden del análisis de proyectos de Cruz Roja de lucha contra la pobreza energética en 2021 que se han hecho públicos este miércoles.

A nivel nacional, los últimos indicadores publicados correspondientes al año 2020 revelan que el 10,9% de la población no es capaz de mantener la temperatura adecuada en su hogar en invierno. Al tratarse de familias vulnerables, en la muestra de hogares atendidos por Cruz Roja este porcentaje es muy superior.

En cuanto al consumo eléctrico medio de las familias a lo largo del 2021 se ha situado en torno al 11% por debajo de la media nacional; y esto se produce a pesar de contar con viviendas y equipamientos menos eficientes, por lo que puede deducirse que las familias atendidas no alcanzan el grado de confort necesario y no disponen del mismo número de electrodomésticos que la media nacional.

Cruz Roja, además, constata la necesidad de formación y capacitación en materia energética, tanto para el ahorro y eficiencia en su consumo, como para comprender la propia factura de la luz, ya que el 88% de sus usuarios y usuarias aseguran no entenderla.

El ahorro potencial medio por familia atendida por Cruz Roja detectado es de 178 euros al año, correspondiente a un 24% de su factura; esta cifra, especialmente, se debe, según la entidad social, al alto número de familias con derecho al bono social que no lo están percibiendo, que alcanza el 69%, o a contratos no optimizados (17%). La automatización en la concesión del bono social por criterios de renta, reivindicación de muchas entidades sociales, acabaría en parte con esta situación.

El estudio de Cruz Roja también revela que el 40% de los hogares tienen un frigorífico en mal estado, y un 78% de las viviendas no cuentan con iluminación LED. Ambos factores, por ser tecnologías obsoletas y en mal estado, repercuten directamente en el consumo de las familias. A estas vulnerabilidades también se les suman las humedades en las viviendas, infiltraciones de aire en puertas y ventanas o la falta de agua caliente.

La entrega de material en los kits de eficiencia energética por parte de Cruz Roja y la sustitución de electrodomésticos tiene como objetivo la reducción del consumo y/o la mejora del confort. Se ha estimado que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se derivan de estas actuaciones, roza las 999 Toneladas de CO2.

Hacienda recaudó en 2021 más que nunca, 223.385 millones de euros. Las arcas públicas no sólo se recuperaron de la pandemia, con un aumento de los ingresos del 15,1% sobre 2020, sino que incluso superaron en un 5% la cifra de 2019. Sin embargo, no todos los impuestos vivieron esa euforia. Los llamados especiales –que gravan los hidrocarburos, el alcohol y el tabaco, la electricidad y el carbón– continuaron por debajo del nivel precovid, porque recaudaron un 7,7% menos que en 2019, pese a ingresar un 5% más que en el año precedente. El ejercicio pasado fueron los segundos, tras el Impuesto sobre Sociedades, que más cayeron por efecto de las restricciones a la actividad, un 12,1%. En 2021, Hacienda recaudó 19.728 millones de euros gracias a los Impuestos Especiales, una cifra inferior incluso a la de 2018, según el informe anual que acaba de publicar la Agencia Tributaria.

Dos son los motivos de este apático comportamiento. Primero, las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno a partir de junio para combatir el alza de los precios de la electricidad. Segundo, el freno al consumo que está suponiendo la subida desbocada de los hidrocarburos, que ya se dejó sentir mucho antes de que estallara la guerra en Ucrania.

Pese a que el consumo tanto de electricidad como de hidrocarburos y de alcohol creció a buen ritmo durante el año en que se recuperó la economía, no lo hizo con vigor suficiente como para regresar a los niveles de 2019. Los precios disparados de la luz, el gas y los combustibles terminaron retrayendo el gasto de los ciudadanos según iba transcurriendo el año, al tiempo que provocaron la actuación del Gobierno, un recorte de los tipos impositivos de la electricidad en la segunda mitad de 2021.

La bajada del tipo del Impuesto sobre la Electricidad del 5,11% al 0,5% a partir de septiembre se tradujo en una pérdida de ingresos de 336 millones de euros. Hay que sumar la supresión del tercer trimestre del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que menguó la recaudación en 760 millones. Y añadir el recorte del tipo del IVA del 21% al 10% desde junio, que tuvo un impacto de 509 millones más. En total, Hacienda dejó de ingresar 1.605 millones de euros en 2021 por estas tres medidas. Así que por el Impuesto sobre la Electricidad recaudó 1.086 millones, un 21% menos que en 2019. Gracias al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el fisco ingresó 1.107 millones de euros el ejercicio pasado, un 54,4% más que en 2019, pero sólo porque ese año el impuesto también estuvo suspendido, y durante más tiempo, seis meses.

Pese a la reactivación económica, estas rebajas fiscales no consiguieron tirar tanto del consumo eléctrico como para devolverlo a las cifras prepandemia. En 2021, se situó un 2,7% por encima del año del covid, pero se quedó un 3,1% por debajo de 2019.

Otro tanto ocurrió con los hidrocarburos. El año pasado su consumo se disparó un 11,4% respecto a 2020, pero no fue suficiente para igualar los tiempos anteriores al coronavirus. Los ciudadanos compraron 32.907 millones de litros de combustibles en 2021, aún un 5,2% menos que en 2019. La misma tendencia se observa en el gasto nacional de alcohol y tabaco: todavía no se ha recuperado la intensidad previa al covid. Tampoco la recaudación, que permanece nada menos que un 16% por debajo de 2019 en lo que al alcohol se refiere –un 6,3% la cerveza– y un 5,1% el tabaco.

A resultas de estos consumos, Hacienda ingresó por el Impuesto sobre Hidrocarburos un total de 11.492 millones de euros, un 11,3% más que en 2020, pero un 6,3% menos que antes de la pandemia. Según el informe de la Agencia Tributaria, el gasto en gasolina creció hasta casi rozar las cifras precovid, pero el consumo de gasóleo se hundió el año pasado hasta el nivel que tenía en 2014.

Además, este impuesto no ha dejado de perder capacidad recaudatoria, asegura la Agencia Tributaria. En 1995 representaba al 50,8% del precio de venta al público de los combustibles, pero ahora no supera el 28,9%. En 2012, en lo peor de la anterior crisis, alcanzó un mínimo del 22,9%. El organismo atribuye esta evolución a la “estabilidad” del tipo del impuesto, que apenas ha cambiado en los últimos años. La última vez, en 2019, cuando se integró la tarifa autonómica –el conocido como céntimo sanitario– en la estatal al tipo máximo. De ahí que el precio de los combustibles sea inferior en España respecto a otros países de la UE.

El tipo aplicado a la gasolina sin plomo en España es de 0,504 euros el litro, por debajo de los 0,554 euros de la media comunitaria y muy por debajo de los más de 0,8 euros de los Países Bajos, el más alto de la UE, o de los 0,7 de Italia. El mínimo europeo está en 0,359 euros por litro. El tipo español para el gasóleo es menor: 0,379 euros, mientras que la media de la UE se eleva hasta 0,435 euros. Italia, que aplica el máximo, supera los 0,6 euros el litro. El mínimo se queda en 0,330 euros.

De forma que el precio de venta al público de la gasolina sin plomo en España el año pasado fue un 5% inferior al promedio comunitario, y un 6% más barato el del gasóleo. Por consiguiente, destaca la Agencia Tributaria, la presión fiscal del Impuesto sobre Hidrocarburos en España es la sexta más baja de la UE, pese a que el consumo de carburantes se sitúa entre los más elevados del continente: la recaudación equivale sólo a un 1,1% del PIB, por debajo del 1,22% de promedio europeo. La mayor carga fiscal la sufre Grecia, un 2,22% de su PIB, y la menor, Irlanda, un 0,71%. Italia, Francia y Luxemburgo superan la presión fiscal española, pero en Alemania, Países Bajos, Suecia y Dinamarca es menor.

Hay una tercera vía para calentar las casas en el próximo invierno, que será duro, al menos en el ámbito geopolítico. Las instalaciones más comunes son los radiadores eléctricos, de instalación barata pero poco eficientes y bajo un mercado de la luz también tensionado, o bien las calderas de gas natural, más comunes en el centro y norte de la Península, que consumen un combustible contaminante, emisor y del que la Unión Europea quiere desengancharse. Las bombas de calor, que disfrutan solo el 5% de los españoles, son la gran alternativa, según autoridades europeas, internacionales y expertos: pero queda mucho camino por recorrer y no tenemos tanto tiempo.

Una bomba de calor se basa en una tecnología que, a partir de un uso reducido de la electricidad, consigue calentar estancias enteras, o enfriarlas, mediante el uso de la aerotermia y la geotermia: extrae aire caliente del exterior para introducirlo en el interior, cuando se utiliza de calefacción, y al contrario cuando se necesita para refrescar la estancia. Con un consumo, en condiciones óptimas, del 30% de la electricidad que necesita un radiador convencional y sin quemar gas natural. Suena bien, pero hay un gran pero, además del desconocimiento: sus costes iniciales.

La Comisión Europea, a través del plan RePowerEU para avanzar en la transición ecológica y desconectarse de Rusia, ha propuesto 2029 para el fin de la venta de calefactores basados en combustibles fósiles. Y la financiación pública (dentro de rehabilitaciones, por ejemplo) para instalar esas calderas estará prohibidas en 2025. Del mismo modo, el Ejecutivo comunitario ha puesto sobre la mesa un objetivo de eficiencia energética para 2030 del 13%, frente al anterior 9%, por lo que no servirá solamente prohibir, sino transformar lo existente. Países Bajos ha sido el primer Estado miembro que ha dado un paso adelante tras el impulso del Ejecutivo comunitario. Prohibirá la nueva calefacción a gas a partir de 2026 y obligará a la instalación de bombas de calor en su lugar. En España, por el momento, no se plantea nada similar.

"Donde actualmente estamos centrando los mayores esfuerzos es en la introducción de la bomba de calor en la rehabilitación de los edificios. Este es el sector que presenta mayores barreras y que más tenemos que trabajar", explica la jefa del departamento de Hidroeléctrica, Geotermia y Energía del Ambiente del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), Carmen López. "En la nueva construcción la bomba de calor está entrando fenomenal, la barrera es la rehabilitación", insiste la responsable del organismo, dependiente de Transición Ecológica.

Las ventajas son múltiples. "Principalmente, el ahorro económico y energético, pero también la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, la posibilidad de cancelar el contrato de gas y unificar en el de electricidad todos los consumos de una vivienda, el beneficio de ligar la bomba de calor a una instalación de autoconsumo con fotovoltaica...", enumera López. Pero son instalaciones muy costosas, que lleva tiempo amortizar. En el sector servicios, la amortización se consigue entre los seis y los ocho años. Pero para el consumo residencial la cifra se dispara. "Es cierto que puede resultar alta cuando los consumos son bajos, por ejemplo, en pisos individuales o unifamiliares", asegura la responsable del IDAE.

Con el objetivo de bajar el número, el IDAE ha puesto en marcha una línea de ayudas para la instalación de bombas de calor gracias a los Fondos de Recuperación. Sin embargo, hay dos principales carencias en el programa. La primera: no está destinado a individuos, sino a empresas. Tanto para hacer más eficiente el negocio como para que se incluyan en los servicios de reforma y rehabilitación que se ofrecen; sin embargo, no hay subvención para el consumidor de gas que por su cuenta y riesgo quiera descarbonizar la calefacción de su vivienda.

En segundo lugar, son las comunidades autónomas las que deben gestionar el programa. Y solo Andalucía, Galicia y Euskadi han publicado ya las ayudas en sus boletines autonómicos. El IDAE, de hecho, no tiene constancia de que Cataluña y Comunitat Valenciana hayan aceptado la subvención. En esta web se puede comprobar el acceso al dinero por parte de las comunidades que ya lo han puesto en marcha.

Las bombas de calor se encuentran con los mismos desafíos que otras herramientas de la transición ecológica, como el autoconsumo o la rehabilitación energética de viviendas: la clase baja, la que más necesita estas reformas, a la que le viene mejor ahorrar a largo plazo, carece en muchas ocasiones de la capacidad económica o el espacio mental necesario para afrontar las obras, que suelen ser incómodas y que requieren de papeleo. Así lo reconocía a este periódico Joan Groizard, el director general del IDAE. "Hay que llegar y todavía nos falta trabajo. Para eso, además, hay que trabajar mucho con el tercer sector, con gente que trabaja con familias en situaciones de vulnerabilidad, que conoce las dinámicas". 

El último decreto sobre eficiencia energética, que movilizaba 2.900 millones de euros para rehabilitación de viviendas, prevé la creación de ventanillas únicas: canales de interlocución burocrática en los que hacer todos los trámites en un solo lugar. Pero no basta. Lo admite Groizard: la administración tiene que ser proactiva. Los deberes energéticos de España están por hacer.

Durante 2021, 1,25 millones de consumidores eléctricos optaron por pasarse al mercado libre: con un precio pactado con la comercializadora y no tan dependiente del resultado de la subasta diaria como en la tarifa regulada. El trasvase duplica lo registrado en años anteriores: 575.000 clientes abandonaron el PVPC en 2020 y 660.000 lo hicieron en 2019. Los datos son de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que pone cifras a una tendencia evidente: las principales comercializadoras de electricidad, sobre todo las más grandes, llevan meses ofertando modalidades "estables", que permiten no estar pendientes de la evolución del mercado. Sin embargo, esas tarifas no son tan planas como parece: las eléctricas se reservan el derecho a subir los precios en la letra pequeña si la regulación del Gobierno les afecta, aunque las medidas no tengan como objetivo final el consumidor.

El lector puede comprobarlo rápidamente entrando en cualquier página web comercial de una gran empresa eléctrica: la estabilidad, el pagar lo mismo por cada kWh, es el principal reclamo, dada la coyuntura y las noticias prácticamente diarias sobre el mercado mayorista. "Paga lo mismo cada mes, sin tramos horarios", promociona Endesa. "Olvídate de las subidas del precio de la luz", promete Naturgy. "Paga lo mismo a cualquier hora, sin preocuparte del cambio de tarifas", asegura Iberdrola. Efectivamente, es cierto que estas modalidades son mucho menos variables que la tarifa regulada, al menos en base al diseño actual.

Además, pueden ofrecer precios más bajos que los que se registran en el pool. No solo porque no tienen que interiorizar el vaivén diario, sino porque las grandes empresas son a la vez generadoras (propietarias de las centrales) y comercializadoras, por lo que pueden establecer contratos bilaterales intragrupo y fijar el precio que quieran por lo generado, sin que el gas marque el coste. Pero no es oro todo lo que reduce.

Iberdrola y Naturgy hacen referencia directa a sus condiciones a una de las reformas que está tramitando el Congreso a iniciativa del Consejo de Ministros. Se trata de la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, abreviado por sus siglas: FNSSE. El Ejecutivo pretende, en esencia, que sean las eléctricas las que paguen por el desarrollo de renovables, en concreto de las acogidas al régimen de financiación especial conocido como RECORE, con 0,84€ por megavatio/hora. Y lo considera una de las patas de su reforma energética, para capear el escenario de altos precios. "El nuevo marco establece un reparto equitativo entre los diferentes vectores energéticos de los costes fijos vinculados a la transición energética", defendía el Gobierno en la exposición de motivos.

Sin embargo, ambas empresas son claras en su letra pequeña. Quieren que sean los consumidores los que lo paguen. También los que suscriben un "plan estable", como el de Iberdrola. "¿Quieres disfrutar de la tranquilidad de tener 5 años sin subidas de precio? Contrata el Plan Estable y despreocúpate de tu factura", promete la empresa en su propaganda. Sin embargo, en las condiciones aseguran que subirán los costes si el FNSSE sale adelante. "En el momento en que se realicen aportaciones al Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) por las unidades de energía suministradas al Cliente, se repercutirán los costes indirectos correspondientes", se puede leer.

Naturgy también lo pone negro sobre blanco; en este caso, en las condiciones generales del contrato, que afectan tanto a su tarifa por uso (el mismo precio del KWh a cualquier hora) como a su tarifa plana (lo mismo cada mes independientemente del consumo, en base a un estudio de los hábitos del cliente). "Olvídate de las subidas del precio de la luz", aseguran: salvo si el Gobierno aprueba la reforma, porque entonces sí podrán cambiarlas. Unilateralmente y sin avisar, aumentando el coste de manera "automática", ya que no se consideran "modificaciones contractuales", como se puede comprobar aquí.

Endesa no hace referencia explícita al FNSEE, pero deja abierta la puerta, en las condiciones generales del contrato aplicables a sus ofertas de precios "estables", a modificar el precio de manera unilateral y sin avisar si hay cambios regulatorios. Es decir, "cualquier tipo de variación del precio aplicable al suministro o cualquier modificación de los demás conceptos, actividades o componentes regulados que pudieran aprobarse por la Administración durante la vigencia del presente contrato". No especifica qué modificaciones son las sujetas en este punto y la empresa no ha contestado a las preguntas de infoLibre al respecto.

Iberdrola, por su parte, también se reserva el derecho a subir los precios o, incluso, a cancelar el contrato con su cliente si se ponen en marcha las subastas de energía a largo plazo, anunciadas por el Gobierno en septiembre pero sin fecha. Mediante esta medida, el Ejecutivo pretende asegurar que las comercializadoras de electricidad (más de 100 empresas, al margen de lo que se conoce como oligopolio, donde se incluyen pequeñas compañías y cooperativas) puedan adquirir la materia prima a las generadoras (Naturgy, Endesa, Iberdrola, Acciona, EDP, Repsol, u otras especializadas en renovables) a un precio asequible. Las compañías se defendieron argumentando que mucha de esa energía que les obligaban a subastar estaba ya vendida.

"En el caso de que esa "participación obligatoria" incremente "el coste de aprovisionamiento de energía" de la empresa, Iberdrola podrá "incrementar el precio de este contrato en la misma proporción en la que se incremente el coste medio de aprovisionamiento como consecuencia de esas medidas regulatorias". Y si no puede encontrar una fuente de "aprovisionamiento alternativa", Iberdrola podrá romper lo firmado con el preaviso de un mes, pero sin indemnización; lo que puede poner en problemas a buena parte de la industria electrointensiva o a negocios que no tengan tan fácil cambiar de suministrador.

Cada vez son más los clientes que desembarcan en el mercado libre huyendo de los precios y la volatilidad de la tarifa regulada. Pero hay que tener cuidado y no confiarse por la "estabilidad" que prometen las eléctricas, aseguran las organizaciones de consumidores. Los contratos suelen tener un año de duración y para subir el precio, el preaviso puede ser solo de un mes, en el caso de Endesa y de Naturgy. Por eso es importante revisar siempre el recibo y tener presente cuándo se firmó el contrato y cuándo caduca, puesto que lo probable es que se produzcan aumentos debido a la situación del pool.

Muchas de estas ofertas especifican que no tienen permanencia; otras no. Iberdrola, en las condiciones particulares del "plan estable", asegura que si el usuario de más de 10 kw de potencia contratada (generalmente, negocios) quiere abandonar antes del primer año, se deberá abonar "una penalización por importe equivalente al 5% del precio del contrato por la energía estimada pendiente de suministro".

Endesa, que fue señalada en 2019 por cortar el suministro por una avería al periodista aquejado de ELA Carlos Matallanas (fallecido el pasado año), que dependía de la electricidad para sobrevivir, incluye unas líneas en sus condiciones para especificar que es responsabilidad de los enfermos el mandar toda la documentación que demuestre que, en base a la ley del sector eléctrico de 2013, no les pueden cortar la luz así como así.

Este martes se reunieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los directivos de las principales compañías eléctricas: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Acciona y EDP. No ha salido del encuentro ningún compromiso concreto. El Ejecutivo coincide con las empresas en la necesidad de acelerar la implantación renovable. Las compañías insistieron, explicaron fuentes presentes en la reunión, en que cualquier tipo de detracción de "beneficios extraordinarios" o "caídos del cielo" no tiene sentido porque no se perciben, dado que los contratos bilaterales, que en teoría no indexan el precio del pool, son el 80%.

En rueda de prensa, la ministra ha vuelto a insistir en que es necesario que las grandes empresas hagan "un esfuerzo adicional" ante la crisis, un mensaje que repitió el jueves en París: "En una situación tan complicada, no puede haber solo un esfuerzo del consumidor, del contribuyente. Debe haber también un esfuerzo por parte de aquellas empresas que están en posición de hacerlo". Sin embargo, las compañías no parecen muy dispuestas a que el golpe no lo asuman los consumidores, a juzgar por las condiciones de sus tarifas.

Rehabilitación de viviendas para hacerlas más eficientes energéticamente. Es la segunda partida más grande de inversión que contemplan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno este jueves, pero pocos saben de qué se trata esta actuación y de su importancia para combatir el cambio climático, para aliviar la factura de luz y gas, para generar puestos de trabajo y para "vivir mejor". Una auténtica revolución silenciosa, en vista de que el Ejecutivo, gracias a los fondos europeos, va a quintuplicar la inyección de dinero en esta materia. De los 570 millones estimados en los PGE de 2021 a los casi 2.900 millones que plantea el proyecto de las cuentas públicas antes de pasar por el escrutinio parlamentario. 

Suena un poco aburrido. "Rehabilitación de viviendas" no es un buen eslogan para una buena pancarta revolucionaria. No conmueve a las masas. Pero no hay nadie que maneje mínimamente el asunto, desde los burócratas más comprometidos con la administración hasta los ecologistas más ecologistas, que niegue su potencial para la transformación. En esencia, se trata de la reforma masiva del parque de viviendas español para, sin consumir combustibles fósiles o pagar cientos de euros en el recibo de la luz, pasar menos frío en invierno y menos calor en verano.

Hace falta hacerlo por tres motivos principales. En primer lugar, por lo evidente: el confort térmico que no implique un gasto desorbitado en consumo energético es bienestar y calidad de vida. En segundo lugar, porque España tiene un compromiso de reducción de emisiones causantes del cambio climático y no todo va a ser instalar renovables: hace falta bajar la demanda y reducir el impacto del parque de viviendas. En tercer lugar, porque genera empleo. Hasta 100.000 nuevos puestos de trabajo al año, prevé el Ejecutivo en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, para mejorar un 32,5% la eficiencia energética hasta 2030. 

No será fácil. Al habla el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, el organismo dependiente de Transición Ecológica que hasta hace poco capitaneaba la rehabilitación energética de nuestras casas. "Hay que multiplicar por diez el ritmo actual. Estamos entre 20 y 30.000 viviendas rehabilitadas al año. Hay que llegar a 300.000 al año". Para el ingeniero, más allá de las metas climáticas, esto se trata de "mejor calidad de vida". De "vivir mejor". 

1.151 millones que se movilizan ya

Más cifras. El Gobierno gastará 2.900 millones de euros de los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas. En los presupuestos generales del Estado se plantearon 570 millones: se quintuplica la cifra. La medida irá destinada, sobre todo, al 80% de viviendas por debajo de la calificación energética A: es decir, que no son eficientes energéticamente. Cuando pega el sol, hace demasiado calor en la casa: y cuando fuera aprieta el frío, la vivienda es incapaz de mantenerse a una temperatura confortable sin calefacción. Además, el 40% fueron construidas antes de 1980. 

Los datos fueron ofrecidos por el Ejecutivo en los dos decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, fruto de la iniciativa del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana. El departamento antiguamente conocido como de Fomento relevará al IDAE en la gestión de la rehabilitación energética. Y mediante esas dos normas, se movilizan ya 1.151 millones de esos 2.900 planteados en los PGE, a cargo de los fondos Next Generation EU. Next Generation EU

El primero de los decretos ofrece deducciones en el Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) de hasta el 60% para las reformas, hasta un máximo de 15.000 euros. Cuanto más se avance en eficiencia energética gracias a la obra, mayor es el porcentaje, con ese tope como máximo. El segundo implanta, directamente, subvenciones: para comunidades autónomas, para ayuntamientos, para administraciones y para propietarios de la vivienda. 

En este último decreto se barajan tres actuaciones principales. La primera está dirigida a los llamados "Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP)". Es decir, barrios donde la administración identifique una necesidad urgente de reforma para que los vecinos vivan en casas más eficientes, ahorren en la factura y contribuyan a la acción climática. En esta primera línea de ayudas, el dinero se transfiere a las regiones y ésta, a su vez, lo pasan a los ayuntamientos para que identifiquen zonas susceptibles de rehabilitación y se pongan en contacto con los propietarios. 

"Se necesita de la actuación decidida del Ayuntamiento", aseguran fuentes del Ministerio de Agenda Urbana. Son los que tienen que dirigirse, proactivamente, a estos propietarios y convencerles para la obra. La subvención del Gobierno también está condicionada al ahorro final, del 40% hasta el 80%, ampliable al 100% si los propietarios o arrendatarios son vulnerables económica o socialmente. El extitular de la cartera José Luis Ábalos reconoció en junio su temor a que ese porcentaje que tendrían que pagar los vecinos como derrama disuadiera a los interesados, pero espera que el ahorro en la factura resultante amortice el esfuerzo en pocos años. 

La segunda de las medidas está dirigida a los propietarios que quieren abordar la reforma de su edificio o de su vivienda unifamiliar sin esperar a que el Ayuntamiento identifique su vivienda como parte de un barrio especialmente necesitado. Una vez más, la subvención puede alcanzar el 100% si los beneficiarios cumplen criterios de vulnerabilidad, y la ayuda puede alcanzar los 18.800 euros por vivienda. La última está dirigida a las viviendas que quieren mejorar la eficiencia sin abordar una transformación completa, con un monto máximo de 3.000 euros por casa y el 40% de la actuación. 

Todas estas posibilidades se suman a una línea de ayudas ya abierta y que aún gestiona el IDAE: el programa PREE 5000, destinado a los municipios de menos de 5.000 habitantes como parte del reto demográfico. Hay para todos. 

Los pequeños detalles

Pero las fuentes del Mitma ponen el foco en la letra pequeña, las pequeñas modificaciones de la normativa que pueden acelerar el proceso. En primer lugar, si recibes una ayuda para la rehabilitación energética, ya no tributará como ganancia patrimonial, lo que podía ser un problema a la hora de la declaración de la Renta. "Es una oportunidad para esos barrios socialmente abandonados", aseguran desde Agenda Urbana. En segundo lugar, se ha cambiado la Ley de Propiedad Horizontal para que solo sea necesaria la mayoría simple de los vecinos para que un edificio se lance a ser eficiente energéticamente. Y en tercer lugar, se instaura la tan ansiada ventanilla única: la creación de oficinas municipales de rehabilitación, que agrupen todo el papeleo necesario. 

Para Groizard, una de las claves de estas oficinas es que sean proactivas, no solo reactivas. Que no solo se encarguen de la burocracia, sino que den un paso adelante para buscar posibles beneficiarios. Es el gran problema de la eficiencia energética: la mayoría está muy ocupada de llegar a fin de mes y de sacar su casa adelante como para afrontar una reforma incómoda de beneficios poco tangibles. "Hay que llegar y todavía nos falta trabajo", reconoce el director del IDAE. "Para eso, además, hay que trabajar mucho con el tercer sector, con gente que trabaja con familias en situaciones de vulnerabilidad, que conoce las dinámicas". En términos de carga mental, no es lo mismo quien tiene un chalet unifamiliar que quien sobrevive hacinado en un pequeño piso de una gran ciudad masificada. Y esta revolución silenciosa va dirigida, sobre todo, a estos últimos. 

Todo esto está muy bien, pero... ¿qué se hace?

¿En qué consiste reformar energéticamente una vivienda? ¿Qué es lo que se hace exactamente? Una de las actuaciones más importantes es el aislamiento adecuado de paredes y ventanas para mantener el confort térmico en todo momento y no sea necesario conectar el aire acondicionado o la calefacción, con el consiguiente impacto ambiental. Pero no solo. También se aborda la iluminación, con bombillas que gasten menos y alumbren lo mismo (¡o mejor!). Y la calefacción, claro, para intentar jubilar antiquísimas calderas de carbón e incluso, si es posible, el gas natural, apostando por biomasa en zonas rurales o por bombas de calor, en ciudades, que pueden calentar una casa con el 70% menos de consumo. 

Parece accesorio, pero no lo es. Para cumplir con los objetivos climáticos es imprescindible abordar esta serie de reformas en las que, reconoce el Gobierno, España va muy retrasada con respecto a la media europea. La UE lo tiene claro en uno de sus principios para la acción medioambiental: "la eficiencia, primero". También, y sobre todo, en nuestras casas. 

La factura energética desbocada de los hogares se ha convertido en un asunto de primer orden en el Gobierno de coalición en pleno agosto, hasta el punto de generar cada día más fricciones en el seno del Ejecutivo. Y muchos quebraderos de cabeza a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Las hostilidades las abrió el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en la Cadena Ser: "Se podría limitar el precio del megavatio/hora con un Real Decreto Ley mañana". 

"Quien dice que esto se puede solucionar de un día para otro en el BOE, no tiene ni idea de lo que está hablando o bien está haciendo demagogia barata", respondió Ribera en Al Rojo Vivo (La Sexta), además de asegurar que para solucionar la problemática haría falta "una especie de 'brexit' del mercado europeo de la electricidad". Ya el viernes por la tarde, el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de UP, Nacho Álvarez, rebajó la tensión interna con un hilo en Twitter en el que apremiaba a la vicepresidenta a acelerar las medidas ya adoptadas (Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y recorte de parte de los beneficios caídos del cielo), insistía en la empresa pública hidroeléctrica y "una retribución fija al megavatio hora nuclear, similar al modelo francés". 

Más allá de las fricciones internas, Teresa Ribera ha hecho esta semana dos cosas inéditas: cargar contra el sistema de fijación de precios, o más concretamente contra el mercado de emisiones de la Unión Europea, y transigir con la creación de una empresa pública que se haría con la gestión de los embalses una vez caduquen las concesiones. La vicepresidenta ha apuntado también estos días a dos cuestiones: los derechos de emisión de CO2 y el aumento de los precios del gas. En una misma frase: "Podemos intentar convencer a Putin de que bombee más gas o a la Unión Europea de que cambie el modelo regulatorio del mercado, pero es poco realista". Una frase que, sin embargo, explica lo que está pasando.

¿Por qué el recibo de la luz no para de batir récords?

Lo venía avisando Teresa Ribera desde el inicio del verano. En España (y en la OCDE) funciona un sistema marginalista, que fija precios vía subasta casando la oferta (productoras) y la demanda (comercializadoras) -ahora más alta por la ola de calor- y que fija el último precio para las primeras en el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). El precio se conoce con un día de antelación. 

¿Este sistema explica los precios más caros de la historia por megavatio/hora?

No, de hecho la explicación más evidente está en la frase de Ribera sobre el presidente ruso y la UE: hay una fuerte demanda en Asia -el continente que mejor ha progresado en la crisis del coronavirus- de gas natural (unos 45 euros el megavatio/hora), amén de los problemas geopolíticos entre Rusia y Bruselas. Y los derechos de emisión del CO2 están igualmente por las nubes (55 euros mgv/h). 

¿Qué son los derechos de emisión?

Son una herramienta introducida paulatinamente vía directivas europeas a través de 2005 que persigue desincentivar la emisión de dióxido de carbono. Permite a las empresas emitir gases contaminantes si los han adquirido previamente. "Cubre", recuerda Transición Ecológica, "en los 27 Estados miembros  las emisiones de CO2 de las siguientes actividades: centrales térmicas, cogeneración, otras instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20MW (calderas, motores, compresores…), refinerías, coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y papeleras".

¿Y cómo se adquieren esos derechos?

Ahí está la madre del cordero: se compran y se venden en un mercado de emisiones que comercia con expectativas a futuro. Así definía recientemente este mercado Rosa Sanz, consejera independiente de Iberpapel en El Mundo:

"Las empresas manejan sus derechos de emisión como cualquier otro activo y, por tanto, pueden perfectamente especular con ellos. El problema es que aparentemente, un 75% de las compraventas tienen un fin especulativo coincidiendo con la aparición muy activa de bancos, brókeres y departamentos de tesorería de empresas que hacen su agosto en periodos como el actual. Son ellos los que han ayudado a impulsar que el coste del CO2 alcance niveles récord en Europa, originando una auténtica burbuja especulativa. Los derechos de emisión se han convertido en negocio para algunos, mientras que para otros son una obligación".

¿Qué dice Ribera sobre estos derechos para emitir dióxido?

Que hay compañías que no emiten ni pagan derechos de CO2 que, aprovechando el "coste de oportunidad" -precios altos- acercan a las que hacen los ciclos combinados de gas. El agua -centrales hidroeléctricas- están marcando estos días los precios finales de la energía, y la sospecha de Ribera es que aprovechan los precios altos del gas y de los derechos de contaminar con dióxido para hinchar la factura. Asñi lo ha indicado en una misiva enviada el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, a finales de julio. 

¿Hay alguna queja más de la ministra en las cartas que ha enviado a la Comisión Europea?

Sí. Ribera se indigna porque el espectacular salto que ha pegado España en la generación de energía mediante energías renovables no se traduce en beneficios para la población. La vicepresidenta suele recordar que la energía de combustibles fósiles ha pasado de ser el 25% de la energía generada a entre el 10% y el 12%. Las renovables alcanzaron el 43,6% de la generación eléctrica en 2020 en España, el porcentaje más alto de siempre. 

Pero ¿Ribera no se ha quejado también acaso del sistema de fijación de precios?

Concretamente del mercado marginalista, que "no permite aprovechar los menores costes de generación de electricidad con energías más baratas", según dijo hace un mes en el Congreso. Aquí la respuesta de Timmermans es contundente: "Es la forma más efectiva en coste para asegurar un suministro asequible y seguro". El ex presidente de Red Eléctrica de España y economista, Jorge Fabra Utray, un experto progresista que señala por teléfono que no ve con malos ojos la propuesta de Echenique -de limitar el precio vía decreto-ley- pero que habría que pensarla "detenidamente", defiende también el modelo marginalista de precios. La empresa pública que se baraja ahora, un modelo que existe en la mayor parte de países de la OCDE, viene a ser una respuesta a esa negativa bruselense de no tocar el sistema de precios.

Unidas Podemos se ha referido a Francia. ¿Es posible importar su modelo?

El modelo francés no tiene nada que ver y sería muy difícil importarlo. Cerca del 80% de la energía generada procede de centrales nucleares en Francia, frente a un 20% en España. Sin embargo, hay otras cuestiones más políticas que sí podrían acercarse. 

¿Cuáles?

Como recuerda el profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Palazuelos, "en Francia actúan fundamentalmente dos empresas cuasi monopolísticas: una es pública y otra de control estatal". España liberalizó sus compañías de energía, operación coronada en 1997 con la privatización de Endesa, perdiendo el Estado el control. "España podría intentar buscar la vía francesa con la hidráulica y la nuclear. Al fin y al cabo, se trata de muy pocas empresas, que podrían estar conectadas con las distribuidoras. Actualmente, el modelo español es un oligopolio cerrado y ventajista". 

¿Cómo se fija el precio para los hogares en Francia?

Hay dos opciones: o una tarifa fija general marcada por la empresa pública EDF a la que se acogen más del 70% de los hogares (con datos a comienzos de 2020) o en el mercado libre, como en España. Con una excepción: si una compañía pública ofrece un precio asequible, las privadas no van a ganar cuota de mercado si lo superan. Fabra Utray recuerda que el modelo del país vecino es "completamente distinto", alcanzando incluso a la potente industria militar. Sea lo que fuere, los franceses pagan bastante menos por la factura de la luz. 

Naturgy obtuvo un beneficio neto de 383 millones de euros en el primer trimestre del año, elevando así un 92,5% las ganancias de 199 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, ha informado la compañía y ha recogido Europa Press.

Este incremento se debió, principalmente, al cierre en marzo del acuerdo para resolver de manera amistosa las disputas que afectaban a Unión Fenosa Gas (UFG) desde 2012, mediante el recibo del pago en efectivo de unos 600 millones de dólares, así como la mayoría de los activos fuera de Egipto —excluidas las actividades comerciales de UFG en España—, que tuvo un impacto positivo no ordinario de 65 millones de euros en ganancias.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la energética presidida por Francisco Reynés a finales de marzo se situó en 982 millones de euros, un 9,8% más. Los resultados de la energética en este primer trimestre baten así la media del consenso de analistas, que estimó un Ebitda reportado de 943 millones y unas ganancias de 300 millones de euros.

Excluyendo los elementos no recurrentes, el beneficio neto ordinario del grupo ascendió a 323 millones de euros, un 3,5% más, mientras que su Ebitda ordinario alcanzó los 1.029 millones de euros a cierre de marzo, un 2% menos.

Impacto del covid-19 

El grupo ha destacado que, pesar de la mejora en el panorama económico y la recuperación gradual de los precios de las materias primas, el covid-19 ha continuado afectando negativamente al comportamiento operativo en forma de incertidumbre macroeconómica y una depreciación significativa de las divisas en Latinoamérica.

Así, Naturgy se encuentra inmersa en el despliegue de iniciativas de transformación que permitan recuperar la competitividad a pesar de los desafíos energéticos y macroeconómicos. "Todo ello en un contexto donde ya se comienzan a vislumbrar signos de mejora", ha indicado.

Durante el primer trimestre, las inversiones totales del grupo ascendieron a 196 millones, un 2,5% menos debido a una mayor optimización del mantenimiento y al efecto de las divisas. En lo que respecta a la deuda neta, a 31 de marzo ascendía a 13.597 millones de euros, en línea con los niveles de deuda neta a cierre de 2020. Este nivel de deuda todavía no refleja los ingresos antes de impuestos de 2.570 millones de euros previstos en la venta de la chilena CGE Electricidad.