La Audiencia Provincial de Lugo ha acordado imponer este lunes penas de prisión inferiores a los tres años para cada uno de los 11 imputados en la pieza original de la Operación Pokémon, la mayor macrocausa de corrupción política investigada en Galicia, tras haber alcanzado el Ministerio Fiscal un acuerdo de conformidad con las defensas de cada procesado y que estos hayan reconocido ante la jueza su autoría de los hechos.

Unos casos relacionados con la adjudicación de manera fraudulenta del servicio de la grúa municipal de Lugo a la empresa Cechalva—entre los años 2004 y 2006— cuando el principal imputado en la pieza, el exconcejal del Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares, se encontraba al frente del área de Economía.

De acuerdo a lo recogido en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el exedil, quien también llegó a desempeñar el puesto de teniente de alcalde durante el mandato del socialista José López Orozco, aprovechó su posición de poder y su cargo público para favorecer la concesión de la adjudicación a Cechalva, obteniendo por ello contraprestaciones económicas.

Además de Liñares, que ha comparecido por videoconferencia desde la prisión de Monterroso, donde cumple condena por otros delitos, este lunes se han sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial lucense diez procesados más: Javier Reguera y Manuel Santiso como parte del accionariado de la empresa por sus vínculos directos con Liñares; así como ocho empresarios relacionados con la compañía o procesados como parte del sistema de doble contabilidad con caja B que esta mantuvo durante el periodo investigado en el marco de la causa.

Tras la lectura del escrito de acusación, que se ha prolongado durante más de una hora, y de las modificaciones realizadas por parte de la Fiscalía como consecuencia de los acuerdos alcanzados, los once imputados han reconocido uno a uno su autoría de los hechos y han aceptado las nuevas penas impuestas.

Unas condenas que, en ninguno de los casos, exceden los tres años de prisión. La mayor rebaja ha recaído sobre el principal acusado, Francisco Fernández Liñares, para quien la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena acumulada de nueve años y medio y que ahora deberá cumplir dos y medio como autor confeso de los delitos de violación de secretos por funcionario público, cohecho en concurso con negociaciones prohibidas, prevaricación y blanqueo de capitales. Además, deberá abonar una multa ligeramente superior a los 100.000 euros.

Reguera y Santiso, por su parte, que se enfrentaban a penas de prisión cercanas a los ocho años, han sido condenados finalmente a dos años y cinco meses y dos años y un mes de cárcel, respectivamente, por los delitos de aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, falsedad en documento mercantil y delito contable continuado.

El resto de los acusados han sido castigados con penas de menor duración de entre dos meses y un año y cuatro meses de cárcel por cohecho, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y blanqueo de capitales.

La investigación de la pieza original juzgada este lunes en Lugo fue la que inauguró las diligencias que acabarían derivando en la macrocausa Pokémon, instruida inicialmente desde el Juzgado número uno de Lugo por la jueza Pilar de Lara y fragmentada desde el año 2012 en múltiples causas y archivos judiciales.

Un larguísimo proceso de instrucción que ha motivado la aplicación para los once procesados este lunes de un atenuante de dilaciones indebidas considerado por la sala como muy cualificado y responsable, en parte, de la notable rebaja de las penas.

"Después de más de una decena de años, nos encontramos con la posibilidad de cerrar este asunto con un acuerdo de conformidad entre las partes que hemos entendido que es lo más beneficioso tanto para la Administración de Justicia como para nuestros clientes", ha manifestado, en relación al acuerdo alcanzado y frente a la sede de la Audiencia Provincial, Emilio Cortés, abogado de Francisco Fernández Liñares.

Un pacto entre defensas y Fiscalía que el propio letrado ha calificado después como agridulce. "Los acuerdos siempre son agridulces porque en los acuerdos todas las partes están contentas y descontentas a la vez. Siempre quedará la sensación de que podríamos haber llegado a una sentencia más favorable para nuestro cliente, igual que la acusación pensará que podría haber conseguido una condena más contundente. Pero la conformidad consiste en eso", ha precisado.

En una línea muy similar, se ha pronunciado el abogado de José Luis Álvarez, otro de los imputados en la causa. "Han sido muchos años en el Juzgado de Instrucción y al final todos hemos llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Se ha alargado mucho el procedimiento pero también es cierto que se está aplicando el atenuante de dilaciones indebidas y el transcurso del tiempo ha jugado a favor del reo en este caso", ha finalizado.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por el exedil popular de Santiago Albino Vázquez Aldrey contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de esta ciudad y ha confirmado la condena a siete años de inhabilitación absoluta para ejercicio de cualquier cargo o función pública por un delito de prevaricación en el caso vinculado a la denuncia presentada por un policía local a raíz de un nombramiento.

El exconcejal había pedido la anulación de la sentencia basándose en una alegada nulidad de las intervenciones telefónicas incluidas en la causa, así como por no existir "prueba de cargo suficiente", por error en la valoración de la prueba, por falta de motivación y por vulneración de la presunción de inocencia, cuestiones que han sido rechazadas en su totalidad por la Audiencia Provincial.

En este sentido, el fallo considera que la jueza inicial resolvió desfavorablemente la petición de nulidad de las escuchas telefónicas, que también son respaldadas en esta ocasión, ya que no fueron el origen del "descubrimiento" del delito, que "ya había sido investigado" con anterioridad.

De hecho, el propio agente había llevado ante la justicia el caso, aunque posteriormente su versión fue respaldada por unas escuchas derivadas de la investigación de la Operación Pokémon.

Con "plena conciencia" de algo "injusto"

Del mismo modo, la Audiencia de A Coruña "comparte" el criterio de la sentencia de que Albino Vázquez "actuó con plena conciencia y voluntad de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasionaba un resultado materialmente injusto".

"Ello se infiere del hecho de haber asumido una competencia claramente ilegal y con respecto a un funcionario con el que mantenía claros desencuentros", indica el fallo, que confirma la sentencia original. Informa Europa Press.

Nombramiento

El fallo judicial del Penal 2 de Santiago consideró probado que Albino Vázquez, en su condición de concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Servicio de Grúa y ORA del Ayuntamiento –por lo que también está imputado en la Operación Pokémon que investiga la jueza Pilar de Lara desde Lugo–, realizó una sustitución en el cuerpo de seguridad "a sabiendas" de que la designación tenía que recaer en el funcionario de la misma categoría, que en ese caso era el policía que denunció. Sin embargo, se adjudicó ese puesto a otra persona.

Durante el juicio, Fiscalía y acusación particular defendieron que existía un "plan" cuyo objetivo era "apartar" al ya exagente policial de su puesto, afirmaciones que la defensa del exedil negó. Albino Vázquez aseguró que "en absoluto" trató de perjudicar al exmando de la Policía y defendió que el trato entre ambos era "correcto" y "profesional", algo que fue descartado en la sentencia.

El juez gallego Fidel del Río tildó, en conversaciones telefónicas intervenidas por orden judicial con un empresario imputado por blanqueo, a la magistrada Pilar de Lara de "loca perdida, torpe e incompetente" y aseguró que "le va a caer un carallazo porque lo tiene bien merecido"carallazo, según informa la Cadena Ser. La jueza a la que se refiere ha iniciado instrucciones que han afectado a guardias civiles, policías nacionales, alcaldes o diputados dentro de numerosas causas que intentan cercar la corrupción en Galicia, desde la Carioca hasta la Cóndor, pasando por la operación Pokémon. De Lara, en una de sus últimas actuaciones, ha elevado una exposición razonada al Supremo para imputar al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, por supuesto cohecho al recibir botellas de vino Vega Sicilia por valor de 2.300 euros de parte de la empresa Monbus.

En las mismas conversaciones intervenidas a las que ha tenido acceso la emisora, otro magistrado, el juez Juan Carlos Carballal, descalifica ante el mismo interlocutor la actuación de un jefe de Vigilancia Aduanera –organismo dependiente de la Agencia Tributaria– en relación a la investigación del caso Pokémon, en el que los agentes lo señalan como mediador para intentar que una UTE formada por las empresas OHL y Únika consiguiera una gran obra en Galicia. La operación está dirigida por De Lara.

Al publicarse el informe, explica la Cadena Ser, los protagonistas de estas conversaciones intercambiaron impresiones sin saber que serían leídos por la propia Vigilancia Aduanera, que elaboró un segundo informe. En él, acusa a Juan Carlos Carballal y Fidel del Río de contactar "con terceras personas de los que recibieron información sobre determinadas denuncias existentes con el fin de reactivarlas o formular nuevas denuncias contra funcionarios de vigilancia aduanera y también contra la jueza Pilar de Lara, que instruye la causa". Esas denuncias, explican los agentes, serían falsas y solo buscarían dañar la imagen pública de los funcionarios y de la magistrada.

Otras frases que se pueden leer en la transcripción de las conversaciones telefónicas pinchadas son las del juez Carballal, que afirma que "hay que darse cuenta de que los demás también sabemos muchas cosas" o "a cada cerdo le llega su San Martín", en referencia a un funcionario de Vigilancia Aduanera. Del Río, por su parte, acusa a la magistrada anticorrupción de destilar "maldad por todos los poros". "Y además… siempre en vísperas de elecciones", agrega. Fidel del Río es titular del juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Galicia. Juan Carlos Carballal es titular del juzgado de Primera Instancia número 11 de Vigo.

Agentes de la Policía Judicial se han personado este miércoles en el Ayuntamiento de A Coruña para recabar documentación sobre contratos vinculados con el área de Cultura durante la etapa de gobierno del PP, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

En virtud de lo acordado por una diligencia del Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, se autorizó a funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal a recabar el expediente de contratación, del año 2011, relativo al suministro y gestión de material bibliográfico con destino a la sala de adultos de la biblioteca Ágora, adjudicado a la empresa Xestión Bibliotecaria e Documental.

Además, se han llevado también la totalidad del expediente relativo a los servicios bibliotecarios complementarios para el sistema municipal de bibliotecas de A Coruña adjudicado en 2012, por importe de 2,3 millones de euros, a la empresa Eulen. Los agentes llegaron sobre las 11,00 horas al Palacio Municipal de María Pita, donde permanecieron durante casi una hora. Posteriormente, se dirigieron hasta Casa Paredes, sede de la Concejalía de Cultura, donde estuvieron en torno a media hora hasta obtener toda la información requerida por el juzgado.

La documentación ha sido intervenida tras una denuncia por supuesto tráfico de influencias y que, en el marco de la investigación, ha llevado a solicitar ambos expedientes, con contrataciones adjudicadas durante la etapa de gobierno del exalcalde, Carlos Negreira.

La denuncia partió del responsable de una de las empresas que concurrió a la adjudicación de estos servicios y que, en concreto, recurrió ante los juzgados de lo Contencioso la contratación de Eulen como adjudicataria de los servicios de bibliotecas complementarios. Sin embargo, a mediados del mes pasado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña descartó "arbitrariedad" en la contratación de Eulen y rechazó los argumentos esgrimidos por LTM Servicios Bibliotecarios.

Ésta no es la primera vez que se recaba documentación en el Ayuntamiento de A Coruña por la adjudicación de contratos. Con anterioridad, se hizo en relación a la investigación de la jueza Pilar de Lara en el marco de la Operación Pokémon, que investiga una supuesta trama relacionada con contratos públicos adjudicados a la empresa Vendex y sus filiales.

En la investigación de A Coruña, denominada Pikachu, fueron imputadas varios empleados de la Concejalía de Cultura, entre ellos una asesora de esta área durante la etapa de gobierno popular; la jefa de Servicio y la exdirectora de los Museos Científicos Coruñeses, entre otros.

Agentes de Aduanas registraron la mañana del miércoles el Ayuntamiento de Pontevedra, donde han requerido a los funcionarios municipales de los servicios de Intervención y de Contratación expedientes, contratos y facturas relacionados con la empresa Aquagest, actualmente denominada Viaqua, concesionaria del servicio municipal de aguas, según ha informado Europa Press.

La firma Aquagest es investigada en el marco de la Operación Pokémon, que instruye la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara. Vigilancia Aduanera actúa como Policía Judicial en esta operación que estalló en septiembre de 2012 y que supera el centenar de implicados en una instrucción judicial que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.

Pero Aquagest también se vio salpicada por otra investigación judicial sobre corrupción, la Patos, puesto que el juzgado de instrucción número 7 de Vigo también indaga los contratos que obtuvo en el Ayuntamiento de Ponteareas.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió este viernes apartar definitivamente a los jueces Enrique López y Concepción Espejel del tribunal que se encargará de juzgar la Época I del caso Gürtelcaso Gürtel al aceptar –por 14 votos a 4 en el primer caso y 10 a 8 en el segundo– las peticiones de recusación planteadas por el PSOE y la Asociación de Abogados de Demócratas por Europa (ADADE). Un acuerdo adoptado que no deja posibilidad a recurso.

Sin embargo, no es la primera vez que se aparta a un magistrado al ser interpuesta una recusación atendiendo a alguna de las 16 causas recogidas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). infoLibre recopila otros casos que saltaron a la palestra en los últimos años.

Tribunal Constitucional

Desde el año 1988, y hasta el 2008, se interpusieron casi una veintena de recusaciones contra magistrados del Tribunal ConstitucionalTribunal Constitucional. Aunque la práctica totalidad fueron desestimadas, el 5 de febrero de 2005 quedó marcado en el calendario como el día en el que por primera vez se aceptó una de estas peticiones en el Alto Tribunal.

La decisión del TC –por seis votos a favor contra cinco en contra– se produjo al calor de la reforma del Estatut de Cataluña, aprobada en referéndum en junio de 2006. Un mes después, el 31 de julio de ese mismo año, el PP presentó un recurso de recusación contra el magistrado Pablo Pérez-Tremps por haber participado en los análisis previos a la redacción de lo que los conservadores consideraban "una Constitución paralela". Era la segunda vez que la formación, ya presidida por Mariano Rajoy, trataba de apartarle –el primer intento fue rechazado en enero de ese mismo año–. Sin embargo, en esta ocasión el Alto Tribunal consideró que concurría una de las causas recogidas en la LOPJ: "Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".

La ofensiva conservadora continuó. El PP pidió también, en este sentido, la recusación de otros tres magistrados: Roberto García-Calvo, por considerar que existía una falta de "imparcialidad"; la entonces presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, porque su esposo elaboró bajo encargo de la Generalitat catalana un dictámen utilizado como base en la redacción del Estatut; y Jorge Rodríguez Zapata, que elaboró un estudio en la misma línea. Todas ellas fueron rechazadas.

Tribunal Supremo

En junio del año 2011, el Tribunal Supremo decidió apartar, por 13 votos a favor contra 2 en contra, a cinco de los seis jueces encargados de juzgar al exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Era la primera vez que el TS apartaba a varios jueces por falta de imparcialidad. En concreto, fueron retirados del proceso el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra; el ponente inicial, Adolfo Prego; y los jueces Juan Ramón Berdugo, Joaquín Giménez García y Francisco Monterde. 

El exjuez de la Audiencia Nacional también consiguió, a finales de ese mismo año y con el mismo resultado, que otros cinco magistrados encargados de juzgarle por su investigación del caso Gürtel caso Gürtelfuesen apartados al considerarse que estaban contaminados para celebrar el juicio al haber formado parte de la sala que admitió a trámite la querella presentada contra Garzón.

Audiencia Nacional

En enero de 2005, la Sala de Justicia de la Audiencia Nacional aceptó la recusación presentada contra el juez Javier Gómez-Bermúdez, impidiendo así que pudiese presidir el tribunal que iba a juzgar al entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y a los exconsejeros Ángel Corcóstegui y José María Amusátegui, por el caso de las jubilaciones millonarias de 43,7 y 108 millones de euros, respectivamente, que cobraron estos últimos al abandonar la entidad financiera.

Así, la Audiencia Nacional adoptó esta decisión al considerar que Gómez-Bermúdez tenía "interés directo en la causa". "Al haberse modificado la composición de los magistrados que integraban la Sección Tercera, sin justificación inicial alguna, y luego con una justificación ulterior insuficiente, se ha podido crear una apariencia de falta de imparcialidad", según señalaron en su resolución.

Audiencias provinciales

A nivel provincial también se han producido algunos casos sonados de peticiones de recusación que han terminado con jueces apartados. Se puede destacar el de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, que en octubre de 2013 fue apartada parcialmente de la instrucción de la operación Pokémon. En concreto, aunque la magistrada se mantuvo como instructora de la causa principal, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo aceptó la petición de recusación interpuesta por Miguel García Gesto –empresario implicado en el caso que alegó "enemistad manifiesta" entre el juez instructor y el imputado– y prohibió que De Lara se ocupase de todas aquellas diligencias que hiciesen referencia al industrial.

La Audiencia Provincial consideró que el haberse dado un enfrentamiento personal "puede proyectar o provocar un estado anímico de confrontación pública, (...) no cabe duda puede afectar a la apariencia de imparcialidad que debe mantener la magistrada de instrucción frente a las partes procesales".

Otro caso sonado a nivel provincial se produjo en febrero de 2008 a raíz del juicio por el accidente del avión Yak-42 en Turquía, en el que murieron 62 militares españoles. En este caso, la Audiencia Provincial de Zaragoza estimó el escrito de recusación presentado por Chapman Freeborn Airmarketing, contratista de la aeronave, contra el juez Ángel Dolado, encargado de seguir el juicio civil en el que se esclarecerían las responsabilidades económicas del siniestro. 

La empresa alegaba en la petición de recusación "carencia de imparcialidad" del juez, mientras que el tribunal, en la resolución, no atribuyó al magistrado "relación o vínculo con alguna de las partes", sino "un interés, una inclinación o predisposición en su contra".

Edu, Gürtel o Púnica son sólo algunos de los términos que sirvieron para bautizar investigaciones policiales que han marcado buena parte de la actualidad de los últimos años. No obstante, el modo en el que se pone nombre a estas pesquisas no obedece a requisitos específicos.

"Al final el nombre lo pone el primero que pasa por allí", admite sin tapujos a Europa Press un miembro de la Guardia Civil acostumbrado a dirigir numerosas operaciones. El honor de bautizar una investigación corresponde al grupo encargado de iniciar las primeras diligencias en torno a un caso.

"El primero que abre la carpeta del caso es el que pone el nombre", coincide otro miembro, en este caso de la Policía Nacional. Es decir, en el momento en el que se tiene conocimiento de los primeros datos sospechosos y se inicia la investigación operativa, se le pone un nombre.

Aunque no es un requisito obligatorio, la palabra elegida suele guardar relación más o menos directa con el hecho investigado. Alguno de los casos más claros y conocidos es el de la operación Gürtel, que destapó una trama corrupta a gran escala que afectó a numerosos cargos del PP.

Manejo de idiomas

Cuando los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional optaron por Gürtel estaban jugando con el nombre del presunto cabecilla de la trama, el empresario Francisco Correa. Gürtel significa Correa en alemán.Gürtel

Jugar con el nombre del principal investigado se repitió también a la hora de bautizar el caso Púnica en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmanteló una trama de presuntos contratos fraudulentos en diversos ayuntamientos. En este caso, el origen del nombre también estaba en los idiomas, concretamente en el latín.

Los agentes del Instituto Armado usaron el nombre científico del granado, el árbol de la granada: Punica granatum. Se trató de un simple juego de palabras con el principal detenido, el ex secretario General del PP de Madrid, Francisco Granados, al se sitúa en el centro de la trama.

Otras son menos elaboradas como la operación Edu sobre el presunto fraude en los cursos de formación y educación en Andalucía. A su vez, esta operación ha tenido varias derivadas como la operación Edu Costa (porque afectaba a las provincias costeras de Andalucía), la operación Edu Centro (las provincias andaluzas de interior) o la última fase llamada operación EDUende.

También está la operación Brugal, relacionada con la concesión presuntamente fraudulenta de contratos públicos relacionados con la gestión de residuos en Alicante. Brugal eran las iniciales de "Basuras RUrales Gestión ALicante".

Las fuentes policiales consultadas indican que no existe un criterio fijado para poner estos nombres. "No hay límites, tan sólo el respeto y la educación. No faltar a ningún grupo ni etnia", apuntan los investigadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

'Operación Neptuno'

Aún así, hay ocasiones en las que los nombres de las operaciones generan malestar. Sucedió recientemente con la operación Neptuno desplegada tras el asesinato del ultra del Deportivo de la Coruña, 'Jimmy' a manos de seguidores radicales del Frente Atlético.

La fuente de Neptuno (en la plaza de Cánovas del Castillo de Madrid) es el lugar en el que los seguidores del Atlético de Madrid celebran sus títulos y al trascender a la opinión pública el nombre de aquella operación policial, las redes sociales se llenaron de críticas por haber vinculado una investigación por asesinato a uno de los símbolos de la afición rojiblanca.

Hay otros casos en los que los investigadores juegan con el nombre de las operaciones para formar una secuencia. La Guardia Civil bautizó como operación Mate el operativo a gran escala contra el colectivo de abogados de ETA en el que el pasado enero fueron detenidas 16 personas en el País Vasco, Navarra y Madrid.

Este nombre fue elegido un año después de la denominada operación Jaque operación Jaquellevada a cabo también contra el entramado de abogados de ETA y en el que fue detenida la que entonces era su principal responsable, Arantza Zulueta.

También la Guardia Civil ha desarrollado en el último año varias operaciones con detenidos acusados de enaltecer el terrorismo en la red de redes, Internet. A todas esas operaciones se les ha denominado Araña.

Tigris, Dátil o Farewell

En la lucha contra terrorismo islamista hay diversos nombres de operaciones que evocan inevitablemente la materia que investigan. La operación Dátil o la operación Tigrisoperación Dátiloperación Tigris fueron algunas de las primeras que pusieron en marcha las fuerzas de seguridad contra esta lacra criminal. Y los cambios experimentados en los últimos años en el proceder de las células yihadistas también se nota en los nombres de las operaciones.

La mayoría de las células desarticuladas en España en los últimos dos años se dedicaban al envió de terroristas a Siria e Irak para hacer la yihad. Por ese motivo los investigadores de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional bautizaron como Farewell (despedida en inglés) Farewellel operativo en el que arrestaron a nueve personas en setiembre de 2014. Operación Jardín u operación Chacal, son otros de los nombres usados en este campo recientemente.

La relación directa entre los nombres de los casos y el motivo de la investigación se aprecia significativamente en las operaciones contra la camorra napolitana presente en España. En la operación Calzone, desplegada por la Guardia Civil en 2009 fueron detenidas siete personas acusadas de crear un entramado de empresas dedicadas a la distribución de alimentos italianos, una pizzería y una cafetería para blanquear dinero procedente de sus actividades criminales.

También la operación Laurel, que hace referencia a la corona de laurel que portaban los antiguos romanos en la cabeza. Otro nombre es el de la operación Pozzaro llamada así por el nombre que se le daba a las personas que bajaban a la Nápoles subterránea a limpiar la suciedad.

El alcalde de Lugo desde 1999, José López Orozco, anunció este jueves su decisión "estrictamente personal" de renunciar al acta de concejal, con la finalidad de facilitar un Gobierno de izquierda en esta ciudad.

La retirada de Orozco, imputado en la operación Pokémon, allana el camino para un pacto del PSdeG (ocho concejales) con fuerzas de izquierda para evitar que acceda a la Alcaldía de Lugo el PP, que el 24 de mayo fue la lista más votada, con nueve concejales. La condición que desde un principio impusieron Lugonovo (tres ediles) y el BNG (dos ediles) para entablar negociaciones fue precisamente la renuncia del regidor lucense.

En una rueda de prensa convocada esta mañana, Orozco confesó que se trata de una decisión "difícil, pero muy meditada". Quien fue el primer regidor socialista de la historia de Lugo ha avanzado que quiere dar el relevo a "una alcaldesa socialista".

La confirmación de su marcha se produce después de que este miércoles Orozco mantuviese una reunión de más de cuatro horas con el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien en 1999 empezó su andadura en la gestión política como concejal con el veterano profesor de filosofía. Hace menos de 24 horas, tras ese cara a cara y preguntado si seguía siendo candidato a la Alcaldía de Lugo, Orozco había proclamado: "Por supuesto que sí, a pesar de algunos".

El presidente del Grupo Monbus, Raúl López, y otras nueve personas, incluido su yerno, han sido detenidos este jueves en el marco de una nueva investigación judicial impulsada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, que toca una de las principales empresas gallegas, que es líder del transporte de pasajeros.

En esta instrucción, bautizada como Operación Cóndor, se investigan delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad, delito contable, tráfico de influencias y cohecho.

Además de Raúl López, arrestado en Lugo, entre los detenidos se encuentran el yerno del presidente del grupo empresarial Monbus, Rafael C.; y el responsable financiero de la compañía, Jesús U.; que se suman a otras siete personas –entre ellas, Gustavo F. e Isolina G.–. De los diez detenidos, cuatro fueron arrestados en Madrid y seis en Galicia.

Por su parte, los registros en el marco de la operación han alcanzado los 28 y se han extendido por todas las provincias gallegas y fuera de la comunidad, donde Monbus también presta servicios. Así, la operación ha incluido ocho registros en Madrid –dos en Alcalá de Henares, uno en Paracuellos del Jarama, uno en Aravaca, uno en San Cristóbal y tres en la capital madrileña–; uno en Santander; y otro más en Córdoba.

En Galicia, desde primera hora de la mañana de este jueves, agentes de Vigilancia Aduanera se desplazaron a distintos puntos, uno de ellos, Sanxenxo, donde el entramado de empresas vinculadas con Raúl López tiene firmas vinculadas al sector turístico.

Concretamente, se practicaron cuatro actuaciones en Lugo, una de ellas en una entidad bancaria, además de la sede matriz de Monbus, a donde la jueza llegó a las 15.00 horas y que se ha prolongado varias horas con la incautación de numerosas cajas. Asimismo, los investigadores acudieron a Sanxenxo, donde efecturaron seis diligencias; a Pontevedra, donde realizaron una; y a O Grove, donde hicieron otra actuación más.

Al margen de un registro en Nogueira de Ramuín (Ourense) y otro en Arteixo (A Coruña), se produjeron otros dos en Santiago de Compostela, uno en el Palacio de Congreso y otro en las instalaciones del club de baloncesto Obradoiro, que se ubican en el Multiusos do Sar.

De hecho, el entramado de empresas vinculadas con Raúl López cuenta con establecimientos turísticos, incluidos hoteleros, y concesiones públicas, como el recinto de Amio –en Santiago– y los autobuses urbanos de la capital gallega.

Además, Raúl López es presidente del club de Baloncesto de la ciudad compostelana, el Obradoiro, un equipo cuyo nombre ya había aparecido en las conversaciones de la Operación Pokémon, cuando todavía era concejal de Deportes Adrián Varela –imputado en esa macrocausa que tiene a Vendex como una de las principales empresas investigadas–.

De hecho, una de las cuestiones investigadas por Pilar de Lara en la Pokémon es la donación de dinero a los clubes deportivos, entre ellos, el Obradoiro, una cuestión por la que la jueza preguntó en sus interrogatorios a los imputados compostelanos, que quiso indagar si había vinculación de la participación de las empresas privadas en los equipos con la renovación de concesiones públicas.

El registro en las dependencias del Obradoiro, que juega en la ACB, se prolongó durante cuatro horas y, de allí, los agentes de vigilancia aduanera se llevaron más de una veintena de archivadores.

La actuación coincidió con el entrenamiento del equipo de básquet y la rueda de prensa de su entrenador, Moncho Fernández, quien ha sido preguntado por la detención del presidente del club. "Cuando son situaciones que no me atañen, intento derivarlo a la persona y foro" que le corresponde, ha manifestado el técnico, quien rechazó entrar a valorar la situación y defendió que su equipo está centrado en el próximo partido.

"Estoy totalmente tranquilo"

"Estoy totalmente tranquilo", ha declarado tras salir de las dependencias bancarias en Lugo Raúl López, que además de ser uno de los empresarios más importantes de Galicia es miembro del Consello Social de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), elegido en 2008 por parte del Parlamento de Galicia a propuesta del PPdeG.

La empresa Monbus también emitió este jueves un comunicado para asegurar que comparte la "tranquilidad y seguridad" mostrada por su presidente tras ser detenido.

"Aunque en estos momentos desconocemos el contenido de la investigación judicial, el cuerpo directivo y los trabajadores de la empresa compartimos la tranquilidad y la seguridad manifestada por nuestro presidente, y queremos transmitir esta tranquilidad a nuestros usuarios y amigos", señala la empresa en un comunicado.

Además, la empresa Monbus ha manifestado que "todos los servicios de transporte de viajeros que presta actualmente están funcionando con normalidad y seguirán haciéndolo para garantizar la totalidad de nuestros servicios".

Asimismo, la empresa insiste en que "está prestando y seguirá prestando una total colaboración con la investigación judicial" a fin de que "en el menor tiempo posible se pueda resolver esta situación".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no aprecia indicios suficientes que justifiquen la apertura en este órgano de un procedimiento contra el portavoz del PP en el Senado y presidente de este partido en Lugo, José Manuel Barreiro, sobre quien la jueza instructora de la operación Pokémon remitió una exposición razonada en la que solicitaba que el alto tribunal le investigase sobre supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

En un auto notificado este viernes, el alto tribunal acuerda que no ha lugar a asumir el conocimiento de la causa "sin perjuicio de que la investigación pueda continuarse y arrojar nuevos datos". Los hechos presuntamente delictivos que le atribuye la juez de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar Lara, "aparecen de momento muy desvaídos", añade la resolución.

En este sentido, el Tribunal coincide con lo informado a principios de este mes por la Fiscalía, cuyo informe señalaba que es preferible que las actuaciones sean devueltas la juez De Lara, para que prosiga con sus averiguaciones en relación con Barreiro porque por el momento no se justifica una investigación del aforado en el alto tribunal.

El expresidente del PP de Ourense y de la Diputación, José Luis Baltar Pumar, declaró ante la instructora de la operación Pokémon, Pilar de Lara, que las donaciones al partido –hablando de aportaciones 'legales'– "normalmente se entregaban en metálico" a la figura del gerente.

No obstante, Baltar afirmó que no sabe si se firmaban recibís y negó que a él le hubiesen entregado aportaciones dinerarias en metálico. En todo caso, admitió que "normalmente sí" él mismo, como presidente de los conservadores ourensanos, era informado de esos donativos.

En la declaración del pasado mes de julio, la jueza le preguntó quién era el gerente del PP de Ourense en mayo de 2011 –mes en el que se celebraron elecciones municipales– en relación a un informe de Vigilancia Aduanera en el que apuntó que Baltar Pumar habría recibido 6.000 euros en metálico del Grupo Vendex.

José Luis Baltar, tras dudar sobre el apellido de la persona, afirmó que este puesto lo ocupaba en esa fecha Luis Vergara, que es el actual gerente del partido. Ya después, y en general, señaló que cuando había donaciones al partido, hablando de aportaciones legales, era la figura del "gerente" la que las tramitaba, aunque en ningún momento nombró al que fue gerente desde 1983 hasta 2010, Emilio Pascual.

Baltar Pumar acudió a declarar, en el marco de la operación Pokémon –que investiga una supuesta trama de pago de sobornos a políticos a cambio de concesiones públicas– el pasado 7 de julio a los juzgados de Lugo en calidad de imputado por supuestos delitos de cohecho. El expresidente del PP de Ourente y de la Diputación podría haber sido receptor de, además de los 6.000 euros señalados, diversos regalos por parte del delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor Lemos, el responsable de la empresa en Ourense, Adrián Cordero, y el grupo empresarial en general.

Baltar, maestro de profesión ya jubilado, se sentó en el banquillo de los acusados también en el mes de junio por la contratación irregular de 104 personas en la Diputación de Ourensecontratación irregular de 104 personas en la Diputación de Ourense, que gobernó durante 22 años y que ahora preside su hijo, José Manuel Baltar Blanco.

El exbarón popular, que ahora ya está retirado de la política, fue condenado a 9 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación, por el centenar de contrataciones que se hicieron en vísperas del congreso que llevó a Baltar Blanco a la Presidencia del PP de Ourense.

En su declaración ante Pilar de Lara en julio pasado, que ha sido entregada en formato de audio este martes a las partes personadas en la operación Pokémon, y a la que ha tenido acceso Europa Press, apenas se hace mención al funcionamiento del partido en lo que respecta a las donaciones, aunque la jueza sí se interesa por conocer quién gestionaba la economía del partido.

Niega contactos con los directivos de Vendex

En su declaración ante la jueza, Baltar Pumar negó varias veces haber tenido contactos telefónicos con los directivos de Vendex, así como haber recibido regalos de estas empresa. En concreto, la jueza le preguntó por una pluma y por dos relojes que, según los apuntes requisados en los registros a las sedes del grupo, se entregaron entre los años 2008 y 2010.

Pilar de Lara, a lo largo de la media hora que dura la declaración, le hace escuchar los pinchazos de una conversación entre José María Tutor y Adrián Cordero, en la que hablan de una reunión concertada con Baltar Pumar, por intermediación del concejal Pepe Araújo, e incluso de una llamada del presidente del PP ourensano al responsable de Vendex en Ourense.

Baltar negó haber telefoneado a Adrián Cordero, ni "directa ni indirectamente", afirmó que desconocía si 'El Viejo' es un apodo que se corresponde con él, y atribuyó esa conversación a que Adrián Cordero querría "venderle a su jefe gestiones que hace". "Pero yo no tengo nada que ver", sentenció ante la jueza.

"Yo no he recibido ningún dinero" o "por supuesto que no" son algunas de las frases que, durante la declaración, utilizó Baltar Pumar para negar haber tenido contactos con la empresa Vendex en mayo de 2011, en el entorno a la cita electoral municipal que se celebró ese año.

El PP de Ourense recopila los datos y pruebas para avalar la petición de expulsión de Emilio Pascual, el exgerente que reveló ante la instructora de la operación Pokémonoperación Pokémon, Pilar de Lara, la existencia de supuestas operaciones de financiación ilícita en la formación provincial y afirmó que "lo sabía todo el mundo", incluido el actual presidente del PP ourensano y de la Diputación provincial, Manuel Baltar.

Fuentes consultadas por Europa Press ratificaron que en esta jornada se han articulado los datos y que la previsión es que este miércoles la petición acordada por unanimidad por la cúpula del PP ourensano se traslade al Comité de Dereitos e Garantías del PP de Galicia, que preside el diputado en el Congreso Celso Delgado. Una vez que este órgano reciba la propuesta formal designará un instructor para el caso y se procederá analizar la documentación remitida para aclarar si procede o no. En el partido no hay plazos reglados para la resolución de un expediente de este tipo

La cúpula del PP ourensano atribuye al exgerente "una infracción muy grave" tipificada en un artículo del capítulo tercero del régimen disciplinario de los Estatutos del PP en el que se contempla la expulsión por "manifiesta deslealtad al partido, a sus órganos de gobierno y representación, entendida ésta como toda acción u omisión voluntaria encaminada a perjudicar el interés general del partido".

Por ello, acordó de forma unánime este lunes proponer su expulsión y también facultar a Manuel Baltar para "el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan", civiles y penales, en defensa de los intereses del PP de Ourense.

El que fue gerente del PP de Ourense entre los años 1983 y 2010, Emilio Pascual Vázquez, decidió "romper el pacto de silencio" este viernes y destapar ante la jueza instructora de la operación Pokémon, Pilar de Lara, irregularidades en la financiación de este partido para defenderse de las acusaciones que había hecho contra él José Luis Baltar Pumar en sede judicial. Además, afirma que el actual presidente del PP de Ourense e hijo de su predecesor en el cargo, José Manuel Baltar Blanco, sabía que había "contabilidad B". En declaraciones a Europa Press, Emilio Pascual explicó que en la declaración ante Pilar de Lara como imputado, el exbarón ourensano dijo que todas las donaciones figuraban en la contabilidad oficial, pero que si hubiera otras, quien sabría de ellas sería el que fue gerente del PP de Ourense hasta 2010.

El exgerente del PP recuerda que cuando su nombre apareció en un listado de uno de los hombres de Francisco Correa en la red Gürtel, José Luis Baltar declaró públicamente que Emilio Pascual "no es responsable absolutamente de nada, porque lo único que hace es cumplir órdenes del partido". En 2009, el entonces presidente del PP ourensano había dicho que Emilio Pascual "no es la persona que maneja los fondos del PP". "El gerente hace lo que se le ordena", agregó.

"Baltar Pumar tendrá que aclarar porqué dijo eso en un momento dado, y más tarde dijo que yo era el único que podía saber de donaciones en negro, lo que da a entender que si no aparecen, y sólo las conozco yo, me quedaría con el dinero, y eso no es así", argumenta Emilio Pascual.

Por consiguiente, dijo que rompe el "pacto de silencio" que hizo con Baltar antes de abandonar la gerencia del PP de Ourense, para defenderse de sus acusaciones ante la jueza De Lara y rechazó que pueda tratarse de una venganza. "Llevo cuatro años callado y seguiría así, pero no puedo dejar que se piense que yo me quedé con nada, porque no soy rico y otros sí", subraya.

"Que diga qué motivos tengo para vengarme, salvo querer defenderme de sus acusaciones, porque en este tiempo yo no me hice rico pero otros sí, y fui llamado por la jueza como testigo después de que él dijese lo que dijo como imputado", agregó el exgerente.

Donaciones irregulares

Asimismo, frente a la afirmación del actual presidente del PP de Ourense en la que sostuvo que las donaciones que pudieran existir "son tramitadas legalmente", el exgerente se reafirmó en que las aportaciones no incluidas en la contabilidad oficial –el "dinero negro", le llama– "eran gestionadas por Baltar Pumar" y por él mismo.

"Nunca vi a Baltar Pumar recibir dinero, pero sí contarlo, y tanto su hijo (José Manuel Baltar Blanco) como toda la ejecutiva sabían cómo estaba todo esto, aunque les puede gustar o no que se diga", afirmó. Según Pascual, la "contabilidad B" del PP de Ourense la llevaban entre el expresidente y él "y lo sabía todo el partido y todo el mundo en Ourense".

Despido o abandono

El exgerente también rebate la afirmación de Baltar Blanco acerca de que una de sus primeras decisiones al asumir, en enero de 2010, la Presidencia del PP de Ourense fue prescindir de sus servicios como gerente por el "pésimo concepto" que tenía de "su profesionalidad y por la pérdida de confianza en su persona". "Miente y sigue mintiendo", acusa.

Según su versión, negoció su salida con el ya expresidente Baltar Pumar y se cogió la jubilación un año antes de lo que le correspondía "porque, además, así había beneficios fiscales para el partido al poder contratar un nuevo gerente por jubilación del anterior".

"Yo soy funcionario del PP de Madrid y sólo me puede echar el secretario o el presidente nacional, pero en este caso, decidí pedir la baja e irme al llegar Baltar Blanco a la presidencia, porque no nos aguantábamos, y así se lo dije a su padre", aseveró.

Por ello, Pascual Vázquez retó al presidente del PP de Ourense a que "demuestre" que habría sido despedido y enseñe la supuesta carta de despido. También aludió a la afirmación de falta de profesionalidad para recordar que "nunca nadie dudó de ella durante los 28 años" que ocupó la gerencia del PP provincial.

Al respecto, relató que trabajó con los expresidentes Emilio Nogueira, Antonio Tabarés, Ángel Mario Carreño, Jaime Tejada, Antonio Pol, Manuel Montero, Tomás Pérez Vidal y el propio José Luis Baltar Pumar. "Yo sí tengo cartas de agradecimiento por mi trabajo, firmadas por secretarios y presidentes nacionales del PP, y su padre me tuvo con él durante 19 años, después de hacer lo mismo con otros siete presidentes del partido en la provincia", concluyó.

La diputada y exportavoz del PP de Galicia, Paula Prado, imputada en el marco de la operación Pokémon, abandonó este viernes la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) "satisfecha" por haber podido dar su "versión", y con la convicción de que "demostró" al juez que actuó como edil en Santiago "conforme a Derecho y a la ley".

Su declaración llega después de que en septiembre la Sala de lo Civil y Penal del TSXG, órgano competente al tratarse de una aforada, notificase un auto en el que comunicaba la decisión de investigarla por los supuestos delitos de fraude y tráfico de influencias a raíz de la exposición razonada remitida por el juzgado instructor de la operación Pokémon, del que es titular Pilar de Lara Cifuentes.

Aunque llegó a la sede del Tribunal Superior sobre las 9:30 horas y salió poco antes de las 15:00 horas, Prado señaló que declaró durante "una hora y pico", ya que se produjo "un retraso" sobre el horario previsto, debido a que antes comparecieron dos testigos. Dichos testigos están ligados con el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que firma los informes que avalan en su mayor parte las sospechas de De Lara sobre la diputada.

A su salida, la que fuera portavoz del PP en Galicia antendió a los medios y, preguntada acerca de si confía en que su causa sea archivada, proclamó que se iba "satisfecha". "Porque no he hecho nada que no se ajuste a Derecho y he demostrado que todas mis actuaciones han sido conforme a Derecho y a la ley", aseveró.

"Las explicaciones que quería dar"

"Por fin he dado las explicaciones que, durante tiempo, quería dar", aseguró la dirigente conservadora, que también aseguró que contestó a todas las preguntas que le formuló el juez, de forma que "aclaró todas aquellas cuestiones" sobre las que "podía haberse generado alguna duda" relativas a su etapa de concejal.

Tras defender su actuación y sin entrar en las explicaciones que dio ante el juez "por respeto" al tribunal, Prado afirmó que confía en que haya una resolución "rápida" de su caso.

Al margen de la mencionada "satisfacción" por haber podido declarar, explicó que ahora se queda a la espera de ver si se piden "más pruebas" o si el tribunal ve "suficientes" sus explicaciones y las dadas "por los testigos".

La diputada y exportavoz del Partido Popular de Galicia Paula Prado ha se ha presentado este viernes  en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), para declarar en calidad de imputada de un delito de tráfico de influencias.

"No voy a hacer declaraciones ahora", ha afirmado únicamente la parlamentaria popular a los medios a su llegada al TSXG, acompañada de dos personas.

La declaración de la parlamentaria popular se produce después de que el pasado mes de septiembre la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia notificase un auto en el que comunicaba la decisión de investigar a la diputada popular por los supuestos delitos de fraude y tráfico de influencias a raíz de la exposición razonada remitida por el juzgado instructor de la Operación Pokémon.Operación Pokémon

Así, el TSXG aceptó la competencia para conocer los hechos expuestos en tres de los apartados de la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo en relación a la diputada Paula Prado. De este modo, los magistrados del TSXG señalaban que los hechos relatados "pudieran incardinarse, al menos de forma indiciaria, en los delitos de fraude a la administración pública y tráfico de influencias".

En concreto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acordó investigar la autorización del pago de una factura municipal con un sobrecoste de 3.000 euros con motivo de la representación del espectáculo de La Abeja Maya en 2012.La Abeja Maya

También la influencia en la contratación de personas en empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago cuando era responsable de la agencia de colocación de empleo, así como la intervención en la resolución de dos expedientes de un local de ocio.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recibió a finales de junio la exposición razonada dictada por la instructora de laOperación Pokémon en la que justificaba la remisión de la pieza "por si los hechos investigados" en relación a la diputada pudiesen ser "constitutivos de infracción legal".

La exposición motivada remitida por la instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara Cifuentes, al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre Prado evidencia sus sospechas de que ésta pudo haber cometido supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y cohecho durante su etapa de concejal en el Ayuntamiento de Santiago.

El documento judicial, con fecha del 17 de junio, está conformado por 48 folios. En él la magistrada expone los argumentos por los que, a su juicio, el órgano judicial competente debe investigar a la exportavoz popular. La Fiscalía, siguiendo el trámite judicial, ha analizado la documentación y ha recomendado que se investigase para comprobar si incurrió en algún ilícito penal.

Entre las cuestiones que plantea De Lara, se pretende aclarar la participación de la exportavoz cuando era concejala en el Ayuntamiento de Santiago en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo La Abeja Maya, para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira,, implicado también en "adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest.

Asimismo, se indaga sobre la "influencia" de Paula Prado en la contratación de determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo".

La instructora de la Pokémon entiende que, "independientemente de otros supuestos, revelados en los informes presentados, habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de la escuela infantil de Salgueiriños".

Considera, además, que "podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de terceros y en la resolución de un expediente de un local llamado Moon, probablemente de apertura o cierre por ruidos".

Del mismo modo, De Lara abogaba por investigar "influencias supuestamente ilícitas" en las que Prado habría intervenido junto con otros concejales, así como con Ángel Espadas, exjefe de gabinete del exalcalde Gerardo Conde Roa, para "beneficiar económicamente" a su marido, Francisco Antonio O.I., en su actividad de venta de materiales textiles, entre ellos, a los Ayuntamientos de Santiago y Boqueixón.

Según la exposición motivada, para tal fin podría haber empleado "a terceros intermediarios" a fin de "no involucrar su nombre como proveedor". Además, conforme hace constar la jueza, "éste habría utilizado estratagemas como la de facturar por medio de personas interpuestas". "Así, como persona física, por un lado a Servicios y Materiales, del grupo Vendex, y a través de otra empresa de su propiedad, a Aquagest y Servicios y Materiales", apostilla.

Paula Prado dimitió a principios de junio de su cargo como portavoz del PP gallego, aunque se mantiene como diputada autonómica, lo que le permite conservar su condición de aforada.

Fue precisamente a raíz de los pinchazos telefónicos y los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) cuando la jueza Pilar de Lara Cifuentes decidió abrir una pieza separada al hallar en el comportamiento de la diputada "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal".

La empresa pública Tragsa ha encontrado finalmente dónde ubicar a su exgerente en Madrid Javier de Miguel, que fue alcalde del PP en El Escorial y gastó 172.700 euros con su tarjeta B de Caja Madrid. Tras aparecer su nombre en la lista de los 82 directivos y consejeros que utilizaron las tarjetas opacas al fisco, De Miguel fue destituido, pero no despedido. Se le preparó un despacho en la séptima planta de la sede madrileña de Tragsa, la misma donde se ubica la presidencia del grupo. Ahora se le envía a Brasil, como jefe de grupo de obra de la filial que allí creó Tragsa en 2013.

El de jefe de grupo de obra es un puesto de mando intermedio, sujeto a convenio colectivo, a diferencia del que ocupaba antes. Según fuentes sindicales, el exgerente cobrará un máximo de 40.000 euros al año por su desplazamiento internacional. Su salario como gerente de zona ascendía a 73.000 euros, sin incluir la remuneración por objetivos. Al tratarse de un titulado medio del nivel dos, le corresponde un salario base de 24.000 euros anuales, de acuerdo con el convenio colectivo.

En Brasil, Tragsa ha formado a brigadas forestales de ocho municipios en el estado de Tocantins. También se encarga de las redes de abastecimiento y tratamiento de agua de otros tres municipios, según publicita en su página web. En Palmas, la capital de Tocantins, en la Amazonia, se encuentra la sede del grupo español. Según su informe anual, Tragsa Brasil se apuntó unos beneficios de 38.169 euros en 2013.

Javier de Miguel fue alcalde de El Escorial por el PP entre 1995 y 2003. En la comisión de control de Caja Madrid permaneció hasta el 23 de marzo de 2010. En Tragsa entró a trabajar como apoderado en septiembre de 2012, hasta que el 1 de noviembre de 2013 fue nombrado gerente de zona de la Comunidad de Madrid. En ese momento, la empresa pública se encontraba en plena negociación del ERE que debía suponer el despido de 1.336 trabajadores.

Cascada de dimisiones tras el escándalo

El escándalo de las tarjetas B de Caja Madrid provocó una cascada de ceses y dimisiones de cargos políticos y en empresas públicas y privadasen empresas públicas y privadas. El último cuya renuncia se ha conocido es el expresidente de Renfe Miguel Corsini, que ha abandonado el consejo de Mutua Madrileña. Antes dimitieron Luis Gabarda, de la presidencia de Inversis; Javier Astorqui, de la vicepresidencia de Burson- Masteller; Elena Gil, como consejera de Jazztel; Juan Emilio Iranzo, como consejero de la pública Red Eléctrica; Manuel José Rodríguez, gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte, y Rodrigo Rato como consejero de Servihabitat, la inmobiliaria de La Caixa.

A la lista hay que sumar cargos políticos como los de Rafael Spottorno, consejero de Juan Carlos I; el exdirector general de Economía Pablo Abejas; el exjefe del gabinete del secretario de Estado de Hacienda, José María Buenaventura; el vocal del Tribunal Económico y Administrativo de Madrid Fernando Serrano; el presidente del PP de Arganzuela, José Nieto Antolinos, y el exasesor de Ana Botella Beltrán Gutiérrez Moliner. En la Fundación Caja Madrid dimitieron su presidenta, Carmen Cafranga, y quien fue secretario personal de José María Aznar, Antonio Cámara. En el PSOE fueron 16 los afiliados que hicieron uso de las tarjetas B, de los que siete resultaron expulsados y los nueve restantes se dieron de baja. En IU fueron expulsados los tres militantes implicados.

Finalmente, terminó presentando su renuncia el presidente de la patronal madrileña y vicepresidenta de la CEOE, Arturo Fernández. Y en los sindicatos, cesaron el secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, y el presidente de la Fundación Primero de Mayo de CCOO, Rodolfo Benito.

Refugio de exalcaldes del PP

La permanencia de Javier de Miguel en la empresa, después de conocerse su uso de las tarjetas negras de Caja Madrid, suscitó las protestas de los sindicatos y la plantilla, espoleadas poco después por la noticia de que otro exalcalde del PP, en este caso imputado por corrupción, iba a ser nombrado delegado de Tragsa en Galicia. Ángel Currás, exregidor de Santiago e imputado por tráfico de influencias en la Operación Pokémon, cedió el bastón de mando en junio pero no entregó el acta de concejal. Su presencia en un gobierno municipal del que tuvieron que dimitir nueve concejales constituía una imagen muy incómoda para el PP gallego.

La solución fue darle ese cargo en Tragsa, que finalmente no ocupará tras el escándalo suscitado. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tuvo que salir al paso de las críticas en el Parlamento gallego y anunciar solapadamente que el nombramiento no se haría efectivo. Currás dimitó como concejal el pasado lunes y volverá a su cátedra de Biología en un instituto de Santiago. El cargo en Tragsa sigue vacante. Hasta el pasado verano ejerció como delegado del grupo en Galicia otro exalcalde del PP, el de Viveiro (Lugo), César Aja.

Cúpula con  antiguos cargos políticos

Durante las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el que se encuentra inmersa Tragsa desde hace un año, los sindicatos denunciaron que el grupo público se ha convertido en un “cementerio de elefantes” de cargos políticoscargos políticos. También que ese cementerio había conformado una cúpula directiva “inflada” con sueldos muy altos: más de 200 ejecutivos, aseguraba CCOO, cobran más que el presidente del Gobierno.

Mientras la empresa discutía las condiciones del despido de 1.336 trabajadores, el mayor ERE público, ésta se negaba a reducir los sueldos de los altos cargos. El ERE fue anulado por la Audiencia Nacional el pasado mes de abril, pero la empresa lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Los 300 trabajadores que fueron despedidos hasta entonces han sido readmitidos, aunque a muchos de ellos no se les ha asignado un puesto de trabajo.

El exalcalde de Santiago de Compostela Ángel Currás (PP) ha presentado su renuncia como concejal de Relacións Institucionais y se reincorporará a su cátedra de Biología en el Instituto Arzobispo Xelmírez número 1 de la capital gallega, según ha confirmado él mismo a Europa Press Galicia.

En declaraciones a Europa Press, Ángel Currás ha asegurado que adopta esta decisión "libremente" y "sin presión" de su partido, después de que el pasado mes de junio fuese forzado a dimitir como regidor tras la profunda crisis que provocó en el Gobierno compostelano del PP la inhabilitación de siete concejales, que se sumó a la dimisión de otros dos ediles imputados.

Aunque insiste en que no fue presionado "por nadie" del PP para dimitir como concejal, censura el "apaleamiento público y el escarnio" al cual cree que fue sometido y evita clarificar qué fue lo que en realidad sucedió con su frustrado nombramiento como delegado en Galicia del grupo Tragsa.

"Es un episodio que es mejor olvidar y no recordar algunas falsedades que se han dicho. Quiero pasar página", afirma después de que fuesen muchas las críticas políticas, e incluso del comité de empresa de Tragsa, a su posible nombramiento al frente de esta empresa pública.

En cualquier caso, su presencia en el ayuntamiento compostelano, al frente del área de Relacións Institucionais, sin competencias reales y con despacho en el Teatro Principal, apartado del Pazo de Raxoi, era incómoda para la imagen de nueva etapa que pretende proyectar su sucesor en la alcaldía, Agustín Hernández, una persona de la máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo.

Currás asegura que, tras hacer un viaje en los próximos días, luego se centrará en su cátedra de Biología en el referido instituto compostelano, aunque no cierra del todo la puerta al ser preguntado si este paso supone un adiós definitivo a la política. "Mis responsabilidades en el ayuntamiento finalizan. Después ya veremos. La vida es cambio, pero por ahora no hay nada previsto en política", responde.

Ángel Currás, que está imputado en la Operación Pokémon, Operación Pokémonvincula que ahora haya dado el paso de renunciar como concejal en Santiago de Compostela al sobreseimiento, la semana pasada, de su imputación por prevaricación y acoso moral sobre el exsubjefe de la Policía Local de Santiago José Antonio Carril, que interpreta que supone "un apoyo importante" para él.

Asegura, además, que abandonar el ayuntamiento compostelano era "una decisión que ya tenía tomada hace tiempo" y puntualiza que la fecha para materializarla "es indiferente". Así, expone que "las circunstancia aconsejaban dar ese paso" porque hay "un nuevo equipo" con Agustín Hernández al frente y ya "se produjo todo el traspaso de documentación", tras su dimisión el pasado mes de junio.

Ángel Currás llevaba siete años en el Ayuntamiento de Santiago, cinco como concejal y dos como alcalde, donde relevó a Gerardo Conde Roa, que fue forzado a dimitir a raíz de su imputación por un fraude fiscal por el cual acabó por ser condenado. "Me siento satisfecho por haber aportado a Santiago lo mejor, con luces y con sombras, pero con un trabajo comprometido y honrado", ha reivindicado.

Con el abandono de Ángel Currás, en el ayuntamiento compostelano sólo queda desde principios del actual mandato la concejal Reyes Leis, a quien el exalcalde también informó de su renuncia como concejal tras habérsela comunicado a su sucesor en la alcaldía, Agustín Hernández.

Acerca de la cobertura de la plaza que deja vacante en el ayuntamiento de Santiago, Ángel Currás indicó que es una decisión que corresponde a Agustín Hernández "con una persona de su confianza", que deberá volver a buscar fuera de la candidatura de 2011, que ya está agotada. En la actualidad, de los 13 ediles que integran el grupo municipal del PP, la mayoría, un total de siete, son no electos.

Ya sin su predecesor en el ayuntamiento compostelano,el actual alcalde, Agustín Hernández, cuenta con medio año hasta las municipales para intentar borrar de los compostelanos la imagen de una legislatura convulsa, que ha ido de escándalo en escándalo, al contar con tres alcaldes en tan sólo tres años. El exconselleiro de Feijóo y número tres del PP ya oficializó la semana pasada en una reunión de la gestora local del partido su disposición a liderar "la regeneración democrática" en Santiago y se da por hecho que será el candidato en los comicios locales del próximo mes de mayo.

UGT ha pedido al presidente de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, una auditoría interna “profunda” de los contratos que ha firmado el grupo público con la empresa Cofely, filial de la empresa francesa GDF Suez y centro de la trama corrupta desmantelada en la Operación Púnica. En los últimos tres años Tragsa ha adjudicado contratos a Cofely por importe superior a tres millones de euros, según recuerda UGT en su carta a Giménez de Córdoba.

Se trata sobre todo de “obras singulares de edificación” en la Comunidad de Madrid, asegura el sindicato, que también habla de la existencia de “facturas sin licitación” con Cofely. Si el presupuesto de las obras no supera los 10.000 euros, no hace falta sacarlas a concruso. “Esperamos que todas estas licitaciones y pagos de facturas sin licitación sean absolutamente pulcras, éticas y legales”, advierte la sección sindical al presidente del grupo público.

Entre las adjudicaciones figuran cinco, por un importe conjunto que roza los dos millones de euros, para instalar los equipos eléctricos y de frío, así como adecuar el edificio común del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y Cardiovasculares (CNIO-CNIC). Son contratos que van desde 2011 hasta 2013.

Además, Tragsa encargó a Cofely parte de la labor de desmontaje de la reforma que el Ministerio de Ciencia e Innovación del Ejecutivo socialista llevó a cabo en el edificio Merrimack II, donde instaló su sede tras gastarse en las obras 5,5 millones de euros. Como el arrendador obligaba al arredantario a devolver las oficinas en el mismo estado en que se las alquiló, el Gobierno del PP tuvo que deshacer esa costosa reforma, que también había llevado a cabo Tragsa. La factura del desmontaje que hizo Cofely en 2012 ascendió a 107.467,87 euros.

La filial de GDF Suez trabajó además para el grupo público en las instalaciones eléctricas de la nueva sede de la Agencia Efe en Madrid, el edificio Génesis, por importe de 14.574 euros. E instaló la fontanería del polideportivo de Leganés por otros 42.676 euros en 2012. 

Fichaje del exalcalde imputado

Tragsa también se ha situado estos días en el centro de la polémica por otro caso de corrupción: la Operación Pokémon. Todo el gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Santiago está imputado y ha tenido que dejar sus puestos como consecuencia de las investigaciones de una juez de Lugo sobre los sobornos que una empresa de servicios, Véndex, repartió entre concejales y alcaldes de toda Galicia para conseguir contratos. Al exalcalde compostelano, Ángel Curras, imputado por tráfico de influencias y prevaricación, se le ha designado como delegado de Tragsa en Galicia.

Y la noticia se ha sabido sólo unos días después de que tuviera que dimitir como gerente de la empresa pública en la Comunidad de Madrid Javier de Miguel Sánchez, exalcalde del PP de El Escorial y miembro de la comisión de control de Caja Madrid hasta 2010. Gastó 172.700 euros con su tarjeta opaca al fisco. Sin embargo, De Miguel no ha sido despedido y sigue en Tragsa, en concreto en un despacho de la séptima planta de la sede madrileña del grupo, la planta donde se ubica la presidencia.

Estos dos hechos han provocado la indignación de la plantilla, sobre la que pende un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 1.336 trabajadores, el mayor de una empresa pública. El despido colectivo fue anulado el pasado mes de abril por la Audiencia Nacional, cuando el grupo ya había puesto en la calle a 300 personas. El ERE se encuentra en suspenso desde entonces, a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre el recurso interpuesto por la empresa.

Durante su negociación, los sindicatos denunciaron una y otra vez que Tragsa se había convertido en una especie de “cementerio de elefantes” de antiguos cargos políticos. También revelaron que unos 200 directivos del grupo tienen sueldos superiores a los del presidente del Gobierno. La dirección de la empresa se negó durante las conversaciones a rebajar ni los sueldos de los directivos ni su elevado número.

De producirse el nombramiento en Galicia, Currás sucederá en el puesto a otro exalcalde del PP, César Aja, de Viveiro (Lugo). No obstante, el escándalo levantado por el anuncio, en medio de una semana negra para el PP por los casos de corrupción, puede haber hecho mella. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en el Parlamento gallego que no cree que “se produzca ningún nombramiento en esa empresa pública”.

En cualquier caso, los antecedentes son numerosos. En abril Tragsa fichó como delegada en Canarias a Luz Reverón, exdirectora de la Administración Central del Estado en La Gomera. Y, en plena negociación del ERE, entraron en la plantilla del grupo público otras tres personas, además del ya citado exalcalde de El Escorial, con vínculos con el PP: Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche; Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Arias Cañete, y Adolfo Díaz-Ambroma Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura.

El Sergas, 11 millones de euros

Pero no será Tragsa la única instancia pública que deberá revisar en los próximos días sus relaciones con la filial de GDF Suez. El gerente del Servicio Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández-Campa, entregará en el juzgado que instruye la Operación Púnica el contrato de 11 millones de euros que adjudicó a Cofely en agosto de 2013, para “revisarlo o auditarlo”.

Se trata de un contrato de suministro energético prestacional y mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones de centros sanitarios, que incluía redacción de proyectos, dirección facultativa de obras y coordinación de seguridad y salud. Fue cofinanciado por la Unión Europea a través del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, informa Europa Press. A este concurso se presentaron tres empresas, de las cuales una fue excluida, Altair Ingeniería. Aplicaciones SA Cofely ganó el concurso con 40,4 puntos, mientras Ferroser sólo puntuó 27,51.

En Navarra Cofely gestiona la central de energía de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. El consejero portavoz del Gobierno foral, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha afirmado que con la empresa “se ha actuado con transparencia, objetividad y cumpliendo la ley”. “No incurría en ninguna cláusula de exclusión y, por tanto, la adjudicación se realizó con toda la objetividad y fue sometida a todos los controles y fiscalizaciones, incluido el de la Cámara de Comptos”, explica. Cofely también ha patrocinado la Feria de la Biomasa en Navarra.

Del País Vasco a Alcalá de Henares

Además, EH Bildu ha pedido en el Parlamento vasco toda la documentación y el expediente completo del contrato que el Departamento de Justicia del Gobierno vasco firmó con Cofely cuando la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, dirigía esta consejería.

La coalición soberanista ha expresado su “sospecha” de que el actual Ejecutivo “podría tener la tentación de dejar esta cuestión sin investigar”, por lo que ha reclamado una indagación “a fondo”. Según EH Bildu, Justicia adjudicó a Cofely en 2010 el mantenimiento de los edificios judiciales de Vizcaya con una rebaja sustancial del precio inicial.

Más allá ha ido el alcalde de Alcalá de Henares (Madrid), Javier Bello, va a suspender de forma cautelar el contrato que firmó con Cofely. Bello, que ha convocado un pleno extraordinario para crear una comisión de investigación, avanza que, “si hay sospechas”, pondrá “luz y taquígrafos”. Así, presentará hoy toda la documentación a la Junta de Portavoces y la pondrá a disposición de “quien la requiera”.

El contrato es el que adjudicó la gestión energética y mantenimiento de las instalaciones térmicas e iluminación de las dependencias municipales. El Ayuntamiento también firmó con Cofely otro contrato para el mantenimiento de calderas en varios centros educativos, por importe de 24.000 euros, que finaliza el próximo día 31.

Las fiestas de Madrid y otros seis municipios

Además, el Grupo Municipal Socialista ha pedido al alcalde que entregue todos los expedientes de los contratos firmados con la empresa Waiter Music SL, cuyo administrador, José Luis Huerta Valbuena, ha sido detenido también en la Operación Púnica.

A esta misma empresa adjudicó el Ayuntamiento de Madrid las fiestas de La Paloma de este año. por 58.8000 euros. Waiter Music también organizó las fiestas de Aranjuez, Leganés, Pinto, Valdemoro, Getafe y Móstoles, asegura el PSOE madrileño.

Según ha explicado el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento madrileño, David Ortega, Cofely consiguió ocho contratos del consistorio que dirige Ana Botella, por un importe aproximado de medio millón de euros.

Un alcalde de una gran ciudad española se inclinó, hace unos años, sobre el mapa del Plan General de Urbanismo, lo miró y espetó a uno de sus colaboradores: “Si movemos un centímetro esta línea en el plano son 400 millones de pesetas (casi dos millones y medio de euros)”. No hay noticias de que nada se moviera, pero la anécdota ilustra la fragilidad del poder municipal en un país en el que el 84% de los 8.116 municipios tiene menos de 5.000 habitantes. Gobernar en ellos, y más aún en las ciudades, puede ser una bicoca para los bolsillos de los corruptos y, por lo que apuntan las investigaciones judiciales, para las arcas de los partidos que se financian con dinero sucio.

La multiplicación de cargos locales, regionales y autonómicos dificulta la tarea de inspección por parte de los organismos del Estado, como la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, que además de carecer de personal y medios suficientes están políticamente en manos de los partidos que deberían investigar.

Rodolfo Serrano, periodista y antiguo asesor de dos alcaldes de izquierda, sostiene que una de las claves de la fragilidad ética de los municipios es la escasez de presupuesto. “Sé que la ley de los tres tercios es una utopía: uno para el Estado, uno para las comunidades autónomas y el restante para los ayuntamientos”. Un alcalde que necesita dinero para llevar a cabo sus proyectos, los que dan votos, depende del crédito de los bancos y de empresarios locales relacionados con la construcción.

Serrano argumenta que con las tasas de basura, los impuestos y el IBI resulta imposible equilibrar las cuentas, y más ahora tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que era una fuente de ingresos a través de licencias de obras y otros gravámenes. La caída de los ingresos no se compensa con los recortes. Madrid es el ayuntamiento más endeudado de España: 6.923 millones de euros frente a los 1.011 millones de Barcelona, la segunda ciudad del país en tamaño y actividad.

Ana Botella antes de un pleno municipal./PP

Los recortes impulsados por Ana Botella afectan a la recogida de basuras (el centro es un estercolero) y al mantenimientos de los jardines, entre otros. La caída de árboles es una metáfora del deterioro. Alberto Ruiz Gallardón emprendió obras faraónicas, como el enterramiento de la M30 que, junto al estallido de la crisis, terminaron por hundir las cuentas. Quien gane los comicios de mayo de 2015 llegará con las manos atadas. La imaginación deberá sustituir a la ostentación.

El socialista Ricard Pérez Casado, alcalde de Valencia entre 1979 y 1988, dimitió por diferencias con su partido, el PSOE. Fue un caso insólito en un país en el que la dimisión no forma parte del lenguaje político. Coincide con Serrano al afirmar que el principal problema pasa por la vulnerabilidad de los ayuntamientos y cree que es muy difícil luchar contra la corrupción local. En una conversación telefónica, califica la gestión municipal de apasionante porque “es la más cercana al ciudadano, que no te pasa una”. “Uno de los grandes errores de la izquierda durante la Transición fue aceptar el aplazamiento de las elecciones municipales de 1977 a 1979 porque se permitió el rearme de la derecha y que muchos alcaldes franquistas siguieran en sus puestos bajo otras siglas. (…) La derecha temía las elecciones de 1977 porque en su memoria estaban las de 1931, que trajeron la II República”.

Casi 40 años después, otras elecciones vuelven a ser el centro de la batalla. El PP maneja encuestas que le anuncian un fuerte castigo después de tres años en el Gobierno y unas políticas de ajuste que contradicen sus promesas electorales. La excusa de la herencia y una recuperación económica que pocos sienten en sus bolsillos son motores insuficientes. El éxito en los comicios europeos de Podemos, una formación que nace del magma del 15-M, y la multiplicación de opciones ciudadanas de izquierdas inquieta al PP que teme perder muchos ayuntamientos. El éxito de la izquierda en las locales de 1979 fue la antesala de la victoria del PSOE en las generales de 1982 por aplastante mayoría (202 diputados).

La debilitada situación del PSOE

Esta vez el Gobierno conservador tiene un aliado inesperado: el PSOE, que maneja también unos sondeos que le auguran un descalabro similar o mayor que el del PP. No hay beneficio en el desgaste del Gobierno. El problema del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es que no puede pactar con el PP sin terminar de hundir su debilitada estructura política. Sánchez debe buscar en la ejemplaridad el perdón de los ciudadanos que han dejado de confiar en su formación.

El miedo a perder ayuntamientos (y a su fuente de financiación) ha empujado al PP a desempolvar un proyecto, que en su día fue del PSOE, para que gobierne la lista más votada e impedir pactos poselectorales entre dos o más partidos de izquierda en lugares emblemáticos como Madrid, Sevilla o Valencia. El proyecto, del que se sabe poco, ni siquiera si está definitivamente en el congelador, pretende que una lista con el 40% de los votos obtenga la mayoría absoluta de concejales. El PSOE y el resto de la oposición se han negado a pactar una reforma de ese calado a pocos meses de las elecciones, algo que sería visto por una ciudadanía como una trampa.

Impunidad de la corrupción

Una de las más entusiastas defensoras de la reforma es Rita Barberá, alcaldesa de Valencia desde hace 23 años, que se prodigó en declaraciones, algo habitual en ella. Olvida que logró el puesto sin encabezar la lista más votada. Otra tara de la cultura política española es la ausencia colectiva de memoria.

La escasez de instrumentos del Estado en la lucha contra la corrupción beneficia a los corruptos en ayuntamientos y diputaciones, que se personifican en la figura del cacique rodeado de clanes que se reparten obras y contrataciones de manera abusiva; es su forma de fidelizar el voto de la familia beneficiada. El enchufismo es una corrupción de perfil bajo. Los partidos se han transformado en agencias de colocación para sus adeptos. La debilidad de la cultura democrática en España ayuda a que la ciudadanía considere normales este tipo de situaciones y no las sancione en las urnas.

Un estudio de los investigadores Jorge Araña, Carmelo León y Javier de León, que publicó recientemente la Universidad de Las Palmas, cuantifica en 40.000 millones de euros al año (en precios constantes de 2008) el coste de la corrupción en España, cuatro veces los recortes en Sanidad y Educación. No toda esa corrupción es municipal, pero el problema general es el mismo: la impunidad. Según el estudio uno de los obstáculos para luchar contra la corrupción son las dificultades que hay para cuantificarla.

El historiador Santos Juliá sostiene que las denuncias de los medios de comunicación resultan útiles, pero insuficientes. En su opinión sólo hay un camino: una fiscalía general del Estado independiente que haga su trabajo y que los corruptos entren en prisión. El Ministerio de Justicia incrementó en 2012 en 10 millones de euros la dotación de los juzgados para la lucha contra la corrupción. No parece que vayamos en la buena dirección. No es una prioridad de Gobierno.

Según informó la agencia Europa Press de fuentes del Poder Judicial, en España hay abiertas 1.661 causas y más de 500 imputados pero sólo una veintena cumple penas de cárcel. Algunos nombres son llamativos: Jaume Matas, Luis Bárcenas, Julián Muñoz, María Antònia Munar, Pedro Pacheco, José María Del Nido y el expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán.

Delitos de cohecho, fraude fiscal y prevaricación

La mayoría de los delitos que son cohecho, fraude fiscal, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, revelación de secretos, etc. Condenan por no pagar a Hacienda, pero la ley no llega al origen delictivo del dinero obtenido.

El desastre del petrolero Prestige, en noviembre de 2002, y la gestión del Gobierno de José María Aznar, empeñado en negar la gravedad del vertido, impulsó un gran movimiento de protesta ciudadana. Aunque Nunca Mais fue una creación del Bloque Nacionalista Galego (BNG), la movilización superó al ámbito del BNG y se convirtió en un clamor en toda Galicia. Fue un precedente del 15-M.

El PP gallego se ha dividido tradicionalmente en dos sectores, el de la boina y el del birrete, que tan bien representaba Manuel Fraga, capaz de pasar del discurso académico al populismo localista. El PP siempre supo manejar los dos registros hasta que el Prestige amenazó su poder municipal en las elecciones de 2003. La mayoría de los alcaldes salieron reelegidos, como el de Bueu que se echó al mar con su barca a recoger chapapote. El sistema de control y la actuación de algunos alcaldes habían funcionado.

Un representante de ese PP caciquil se mofó de un alcalde del PSOE de un pueblo de menos de 5.000 habitantes en la provincia de Lugo: “No tenéis ni idea”, le dijo. “No puedes dar electricidad a todo el pueblo. Van a creer que es nuestra obligación. El sistema es simple: ganas las elecciones y esperas a que llegue don Miguel, por decir un nombre, con sus problemas al salir de casa porque la calle está oscura. Entonces le pones electricidad en la puerta de su casa. Vuelves a tu sillón y esperas a que venga uno por uno cada vecino. Al final todos tienen electricidad, pero todos te la deben”. La anécdota, narrada por el alcalde afectado, explica un mundo que no ha cambiado demasiado. La gran novedad es que el PSOE ha entrado en el juego.

“Galicia no es el lugar de España con mayor caciquismo, pero sí donde hay más población rural”, asegura un periodista gallego que domina la política autonómica y prefiere el anonimato. “La compra de votos es sencilla: se da trabajo (temporal) a un miembro de la familia y después te votan todos. Son contratos cortos para llegar a mucha gente. Es una corrupción muy difícil de combatir. Un ejemplo es Ourense y el cacique José Luis Baltar. Su poder desde la diputación provincial consistió en crear una red de poder municipal. Baltar era el intermediario ante la Xunta. Un miembro del PP le definió como un gerente de inversiones”. Baltar llegó a utilizar su sistema de compra de votos en el Congreso del PP que le permitió dejar el poder a su hijo.

La trama del bipartidismo

Se habla en Galicia de las siete ciudades: A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense y Santiago. En la capital estalló el llamado caso Pokémon, que afecta al PP y a los socialistas y tangencialmente al BNG. La jueza que investiga este caso de mafia empresarial ha imputado a tres alcaldes (Santiago, que va por el tercero tras la dimisión de los dos primeros; Lugo y O Carballiño; y cinco ex alcaldes). Uno de cada nueve alcaldes gallegos está imputado, la mayoría del PP.

El alcalde de Ourense (PSOE). Francisco Rodríguez, fue detenido por corrupción. El de Lugo, José López Orozco, también PSOE, está imputado pero no dimite. En Ferrol, en manos del PP, está imputado el alcalde. Están limpios Pontevedra y Vigo, en manos del PSOE. El caso de A Coruña, donde está imputado el teniente alcalde, simboliza la putrefacción del sistema: el PP heredó la trama corrupta del PSOE y la mantuvo en su beneficio. Pokémon es un ejemplo clásico: manipulación de la concesión de servicios, sean de agua, la grúa municipal, la construcción de polideportivos o la contratación de decenas de personas en las contratas, que al ser privadas carecen de procedimientos objetivos de selección de personal. El sumario acumula 88 imputados y tiene algunas ramificaciones en Asturias y en Cataluña.

Ahora todos se rasgan las vestiduras con el caso de Jordi Pujol y su familia. Los periodistas que alabaron su labor al frente de la Generalitat y de su partido en numerosos ayuntamientos catalanes se sienten traicionados. Pero todo el mundo sabía cómo funcionaba: con comisiones del 3 o el 5% y los concursos amañados. La investigación de las cuentas de Luis Bárcenas, y por extensión las del PP que tiene a tres tesoreros imputados, apunta a que ese sistema tiene implantación nacional: empresas que pagan por lograr contratas en concursos no transparentes en los que el adjudicatario está decidido de antemano.

Empresas que redactaban las condiciones de los concursos

“En las grabaciones de la operación Pokémon”, prosigue el periodista gallego, “hay casos de empresas que redactaban ellas mismas los pliegos de las condiciones de los concursos o que pedían técnicos favorables. Al detenido alcalde de Ourense le incautaron una lista de personas a colocar. En la noche electoral, las empresas que se dedican a este negocio empezaron a tantear a los nuevos. En Pokémon está implicada la empresa Vendex, con sede en Madrid, que facilitó interventores al PSOE durante las elecciones ante la falta de militantes”.

No hay diferencia entre el PP y el PSOE, al menos en las excusas para defenderse: ambos hablan de Estado policial (por las escuchas), atacan a los jueces y juezas, reclaman la presunción de inocencia, denuncian maniobras políticas de sus rivales, sostienen que las cantidades denunciadas son pequeñas y que ayudar a quien lo necesita no es un delito. Entre ellos no suele haber críticas, todo guante blanco, hoy por ti, mañana por mi. “El hartazgo ciudadano es patente en las áreas metropolitanas”, dice el periodista gallego; “en los pueblos está por ver”. Existe un espacio político enorme para Podemos y las Mareas (como se llama en Galicia al movimiento Ganemos; Guanyem en Barcelona).

Protestas ciudadanas en Gamonal./ RODRIGO MENA (CC BY FLICKR)Alfredo Sánchez Monteseirín

fue alcalde de Sevilla, quizá el más odiado por el PP, al que ganó tres elecciones seguidas, y por un sector del PSOE, su partido, que jamás le perdonó que venciera en las primarias al candidato oficial, José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía. En sus tres legislaturas (1999-2011) al frente de la ciudad hispalense sufrió el acoso constante de sus enemigos que ridiculizaron cada una de sus decisiones, como la de cerrar el centro al tráfico para preservar la catedral y otras joyas arquitectónicas, símbolos de la ciudad y del turismo, abrir una línea de tranvía, la rehabilitación de la Alameda y de la plaza de la Encarnación, conocida como la de las setas, y la creación de un carril-bici, una necesidad en una ciudad tan llana como Sevilla.

Monteseirín es posiblemente el alcalde que ha movido más cosas en una ciudad en la que no se mueve casi nada desde hace siglos, asegura una periodista sevillana. La gestión de su equipo tampoco se libró de las salpicaduras de la corrupción, pero él salió indemne. El partido logró desgastarle tanto que al final arrojó la toalla. En las elecciones de 2011, ganó el PP. El nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido, suavizó las restricciones al tráfico devolviendo a la ciudad a sus atascos, ruido y coches mal aparcados. El carril-bici, emblema de las campañas anti-Monteisirín, no se tocó.

Si Galicia se lleva la fama, la Comunidad Valenciana carda la lana, parodiando el célebre dicho. El PP gobierna la Generalitat desde 1995 y la ciudad de Valencia desde 1991. Es una ocupación total del poder: ayuntamientos, diputaciones y Generalitat. Para defenderse de los procesos judiciales en marcha, como en el caso de Carlos Fabra en Castellón, los afectados tratan de dilatar al máximo los procesos con triquiñuelas legales, recursos, para forzar el cambio de jueces; algunos por ascensos llegaron en el momento procesal oportuno. El único objetivo apunta a alargar la instrucción con la esperanza de que alguien se equivoque y sus abogados puedan pedir la nulidad, o que se extinga la responsabilidad penal. La instrucción de Carlos Fabra ha durado 10 años. Él es un ejemplo de la ocupación caciquil y hereditaria del poder: su abuelo y su padre también fueron presidentes de la diputación. Es un émulo de Baltar en Galicia, pero con más tradición.

La mano derecha de Fabra en Castellón, Francisco Martínez, alias Sadam Husein, por su parecido físico con el difunto dictador iraquí, es alcalde de La Vall d'Alba desde 1991. En este tiempo ha amasado una fortuna de 1,5 millones de euros. En su pueblo, además de las recalificaciones y edificaciones, se produce un hecho insólito: el número de ancianas sin herederos legales que dejan sus bienes en herencia al ayuntamiento o a su alcalde.Husein ha dimitido como vicepresidente de la Diputación, pero sigue como alcalde.

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia desde hace 23 años, es una superviviente nata. Ha estado con Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y ahora con Alberto Fabra. Apenas sale del perímetro de la ciudad, que gobierna con mano de hierro. Está muy bien relacionada con Madrid; primero con Aznar, quien quiso casarla en el entusiasmo de un mitin, y con Mariano Rajoy, con quien estuvo reunida tres horas hace unas semanas, un privilegio destinado a los elegidos. No hay casos de corrupción contra ella, pero todos sus amigos están implicados en alguno. No es ajena a los fastos de la Fórmula Uno, al viaje del papa Benedicto XVI organizado por la red Gürtel, a la Ciudad de las Artes, de Calatrava, y al caso de Feria Valencia.

El PP puede perder la Comunidad Valenciana

Es posible que no repita como alcaldesa y que el PP intente con ella mantener la Generalitat. En su contra juega su desconocimiento de la comunidad autónoma, el desgaste del partido, la foto del Ferrari de Cheste con Camps y esa manía de reír siempre, haya crisis o no haya crisis. El PP puede perder la Generalitat porque no tendrá mayoría absoluta. La irrupción de Podemos, o Ganemos, complicará el pacto en la izquierda que pasaría a tener tres o más formaciones políticas.

En Alicante hay una alcaldesa popular imputada dos veces que tampoco dimite: Sonia Castedo, que ya ha anunciado a su partido que “morirá matando”. El exalcalde de Valencia Pérez Casado ironiza con la amenaza: “De momento muere recalificando”.

En España nadie dimite, como denuncia una célebre pintada callejera: “Dimitir no es un nombre ruso”. Tampoco dimite el regidor de Brunete, cerca de Madrid, pese a que existen grabaciones que le inculpan en un supuesto intento de compra de una edil de UPyD. En los escaños de las Cortes Valencianas llegaron a sentarse 12 imputados. En los últimos meses han ido dimitiendo con cuentagotas; no porque Alberto Fabra se lo exija, el partido lo demande o su conciencia se lo recomiende, sino para complicar la instrucción. Cada vez que dimite uno hay que sacarle del sumario y pasar la causa a un juzgado ordinario porque ha dejado de ser aforado.

Un ejemplo paradigmático en Valencia es Rafael Blasco. Fue corrupto con el PSOE que le permitió excesos porque controlaba los votos de la comarca de La Ribera -una de las de mayor afiliación del PSPV-PSOE- y lo ha sido con el PP. Acaba de ser condenado por malversación de la ayuda humanitaria a Nicaragua. Es un símbolo de todo lo que no funciona en el bipartidismo. Los que le conocen dicen que tiene la capacidad de mentir sin pestañear a su interlocutor, mirándole a los ojos, a sabiendas de que el otro sabe que es mentira. No como Rajoy, al que se le disparan los tics cada vez que dice algo que es falso.tics

Quedan lejos los tiempos y la figura de Julio Anguita, alcalde en Córdoba entre 1979 y 1986, elegido en las listas del PCE con apoyo del PSOE. No es una ciudad especialmente comunista que le reconoció su excelente gestión. Entre sus muchas batallas políticas en un momento en el que el aire aún rezumaba franquismo destaca la que mantuvo con el obispo Infantes Florido, que le criticó su decisión de prohibir a los concejales acudir a las procesiones en nombre del Ayuntamiento, sí a título personal, y la cesión de dos pequeños espacios para el culto musulmán. Tras un primer cruce de misivas en los diarios, Anguita zanjó el asunto con un recordatorio de quién manda en democracia: “Usted no es mi obispo, pero yo soy su alcalde”.

El alcalde de Santiago, Agustín Hernández (PP), ha rechazado este lunes hacer comentarios sobre la elección de su antecesor en el cargo y todavía concejal de la corporación, Ángel Currás, como delegado de la empresa pública Tragsa en Galicia. No obstante ha asegurado que, como "profesional" que es, tiene "todo el derecho del mundo" a aceptar el puesto.

"No hago ninguna valoración sobre una decisión personal. Él hizo la transferencia de la Alcaldía hacia mi persona y, a partir de eso, toma las decisiones que considera convenientes", ha zanjado ante las preguntas de los periodistas durante una visita a un barrio de la ciudad.

Cuestionado sobre si, como número tres del PP en Galicia, cree que la sociedad entiende que se elija para dirigir una empresa pública a una persona sobre la que pesan dos imputaciones por tráfico de influencias en la Operación Pokémon y por prevaricación y acoso moral a un policía local, ha asegurado que esa "es una cuestión que no voy a valorar".

Así, lo único que ha dicho es que Currás "es un profesional que tiene todo el derecho del mundo a encontrar su mejor dedicación profesional" y ha dejado en manos de los ciudadanos de la capital gallega el análisis de esta decisión en las próximas elecciones.

A renglón seguido, Agustín Hernández ha apelado a la necesidad de "respetar la presunción de inocencia de todo el mundo", tanto de los miembros del PP como "del resto de los partidos". "Yo lo hice y pienso hacerlo siempre", ha sostenido.

En cuanto a las críticas de la oposición a la recolocación del exalcalde de Santiago en un puesto público en el que podría cobrar más de 100.000 euros anuales, Hernández tampoco ha querido responder. "Es lo que dice la oposición, lo que yo tenía que decir ya lo dije", ha apostillado.

De igual modo, preguntado sobre si su marcha supone para él quitarse un peso de encima, ha dicho que "no" se quita "ningún peso de ningún sitio", pues Currás "es concejal y trabaja dentro del equipo de Gobierno"; y también ha respondido que "no" entiende su nombramiento "como nada", al ser inquirido sobre si se trata de un premio por parte del PP.

Y, después de que el vicepresidente de la Xunta y secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, aseverase que la salida de Currás del Pazo de Raxoi supone "el cierre de una etapa", el regidor ha optado por reivindicar su gestión desde que asumió el bastón de mando, el pasado mes de julio.

"Mi primera obligación cuando llegué al ayuntamiento fue intentar introducir normalidad en la gestión, y creo que eso está conseguido en un porcentaje importante", ha resaltado Agustín Hernández, antes de opinar que a los compostelanos les tocará "valorar esa gestión" en la próxima cita con las urnas, en mayo del año próximo.

En este punto, acerca de si concurrirá como candidato a las elecciones municipales, ha vuelto a decir que será su partido el que decida "de acuerdo con sus estatutos y con los tiempos que maneja para las grandes ciudades". "Yo estuve y estaré a disposición del PP", ha remarcado.

En cuanto a los plazos para la marcha de Currás del consistorio, ha explicado que el exalcalde —quien le trasladó la "posibilidad" de asumir ese cargo "hace unos días"— no le informó del "día concreto" en que se produciría. "Supongo que será dentro de un breve plazo, pero no tengo fecha", ha añadido.

Sobre su sustituto, que tendrá que ser otro concejal no electo —y serían ocho de 13—, ha asegurado que todavía "no" considera ningún nombre. "Me dedico a gestionar la ciudad (...). Cuando tenga la renuncia de Currás adoptaré la decisión, como hice en su día", ha indicado el primer edil de Santiago.

"Estoy preocupado por los temas de la ciudad; cuando llegue el momento adoptaré la decisión lo más rápido posible, intentando acertar y buscar a la persona adecuada", ha señalado, antes de avanzar que busca alguien con "vocación de servicio a la ciudad", al igual que el resto de integrantes de su equipo.