Representantes de dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 han asegurado que no les mueve ni el "odio" ni la "venganza" sino la justicia por unas muertes creen "evitables", y han pedido al PP que deje de proteger al expresident de la Generalitat Carlos Mazón, informa EFE.

Así lo han afirmado las presidentas de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, y de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, Mariló Gradolí, en su comparecencia este martes ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las inundaciones.

La primera en comparecer ha sido Rosa Álvarez, quien ha afirmado que su organización no busca venganza sino justicia, y ha asegurado que 230 personas no murieron "por un hecho meteorológico imprevisible" sino por la "negligencia" del Gobierno valenciano, que "solo tenía que hacer su trabajo y, al menos, mandar la alerta a tiempo y con un contenido acorde al riesgo".

En la misma línea, Mariló Gradolí ha asegurado ante la comisión que "no habrá normalidad" mientras se siga "protegiendo al principal responsable de la muerte de 230 personas", Carlos Mazón, y ha asegurado no estar aquí "por odio", sino "por responsabilidad, porque detrás de cada cifra hay una familia y detrás de cada decisión no tomada hay una consecuencia".

Esta comparecencia ha tenido lugar el mismo día en el que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra el expresident valenciano, que es aforado por ser diputado en Les Corts Valencianes.

La reacción de la oposición no ha tardado en llegar. El PSPV-PSOE y Compromís han instado este martes al Partido Popular a reclamar el acta de diputado autonómico a Mazón y, si no la deja, expulsarle del grupo popular y del partido, al considerar que es "una vergüenza" que siga siendo diputado autonómico.

La secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha afirmado que "al PP se le acaban las excusas para seguir protegiendo" a Mazón y ha aseverado en un mensaje en X que ni manteniéndole como diputado "podrán tapar tanta negligencia" y cada día se está "más cerca de que se haga justicia".

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado en los pasillos de Les Corts que hoy se ha dado "un primer paso importante" hacia la imputación del expresident y parece que "ni el aforamiento" va a impedir que Mazón acuda los tribunales a declarar por su "inacción fundamental" el día de la dana.

Para Muñoz, "no tiene sentido que la democracia valenciana siga aguantando" a Mazón como diputado autonómico, y por ello el president de la Generalitat y presidente del PP, Juanfran Pérez Llorca, debe exigirle el acta, y si no la deja debe expulsarle del grupo y del partido, o seguirá siendo "el encubridor" de su antecesor. Además, ha conminado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a actuar.

El síndíc de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que la decisión de la jueza de Catarroja llega después de haber escuchado a 500 testigos y "ratifica lo que todo el pueblo entiende, y es que hay indicios suficientes para que Mazón esté imputado", por lo que la "única salida digna" que le queda es dejar el acta e irse de Les Corts.

El Gobierno de España también se ha sumado a la presión al PP para exigir el acta del expresident. Fuentes del Ejecutivo señalan a EFE que con el caso de Mazón y el del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual, se demuestra que al Partido Popular siempre le tiembla la mano cuando se trata de casos que afectan a sus dirigentes.

Desde el Congreso de los Diputados, otros portavoces políticos han coincidido en que la decisión de la jueza demuestra que Mazón debe dejar su escaño.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha señalado que "hacía muchísimo tiempo que debería haberlo dejado", mientras que el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha afirmado que "es lógico" que la jueza pida la imputación y que Mazón "debería dejar el escaño para que no hubiera otras competencias y facilitar la investigación".

"Parece que los hechos son más graves de lo que parecen, pero tengo que leerlo con detenimiento. ¿Tendría que dejar el escaño? Pues sí, posiblemente sí", ha asegurado la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha asegurado que el expresident "debe dejar el escaño le imputen o no, porque es una indignidad". "Feijóo puede decirle a los suyos que lo expulsen del Grupo Popular y se vaya al Grupo Mixto; no lo hará porque, en el fondo, al señor Feijóo ese día solo le preocupaba la comunicación", ha concluido Ibáñez.

Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha rechazado comentar u opinar la decisión de la jueza Catarroja de este martes.

En declaraciones a los periodistas en Les Corts, Pastor ha dicho que el PP no comenta las decisiones judiciales, ni las que le favorece ni las que no le favorecen. "No somos como ellos y además no queremos serlo", ha manifestado en referencia a los partidos de izquierdas.

"Siempre hemos huido de censurar o de aplaudir las decisiones judiciales según nos favorezcan o nos perjudiquen", ha manifestado Pastor, quien ha apuntado que no caerán ahora en ese error "porque sería renunciar" a uno de los principios del PP, que es "no opinar sobre las causas judiciales abiertas".

Ha afirmado que eso les diferencia de lo que hacen otros, y como ejemplo ha señalado que "cuando el juez Peinado instruye alguna cuestión que afecta a la mujer del presidente -del Gobierno-, salen tres ministros a decir que es un juez facha".

"Nosotros no somos iguales y no queremos serlo", ha indicado, y por eso ha añadido que no opinarán sobre la decisión de la Audiencia de Valencia de que se abra juicio contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor ni sobre lo que han leído esta mañana sobre la jueza de la dana y su marido.

Preguntado por si desde el PP se va pedir el acta a Mazón, Pastor ha pedido no hablar "de futuribles", pues todavía no se sabe ni siquiera lo que decidirá el Tribunal Superior de Justicia, y ha señalado que él no está en estos momentos para "para descartar o dejar de descartar".

La mayor apuesta para contener el problema de precios que sufre la vivienda en España es la promoción de vivienda pública. Construir más casas y hacerlo de forma que los precios se adapten a los ingresos de las personas perceptoras, es decir, sin les suponga más del 30% de los ingresos mensuales netos. En los primeros pasos que están dando las Administraciones para promover vivienda desde lo público, también se están produciendo algunos sucesos que despiertan el viejo fantasma de los “pelotazos inmobiliarios”. En concreto, un escándalo que atañe a la adjudicación de viviendas protegidas a algunos cargos del Ayuntamiento de Alicante (PP). Esta semana salió a la luz que la concejala de Urbanismo del PP, Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habían adquirido viviendas protegidas en la primera promoción que la ciudad construye en dos décadas. 

Además, este mismo martes se ha conocido que la Consellería de Vivienda valenciana ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario por adjudicar otra de las viviendas a su esposa “omitiendo datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él forma parte”. Todo este goteo de presuntas irregularidades ha llevado al grupo socialista municipal de Alicante a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por cinco delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa y fraude a la administración.

Una vivienda protegida es un inmueble sujeto a algún tipo de protección por parte de la Administración, ya sea el Gobierno o las Comunidades Autónomas y que se pone a la venta o en alquiler por debajo del precio de mercado. Estas viviendas pueden ser de titularidad pública o privada y hay varios tipos en función de las condiciones de acceso que establece cada Comunidad Autónoma. Las más conocidas son las Viviendas de Protección Oficial (VPO), una figura que data de los años 60 y que se utiliza para hablar de forma genérica de este concepto. A partir de aquí, las distintas comunidades tienen diferentes apelativos y categorías con condiciones de acceso independientes que establecen ellas mismas. En Madrid o la Comunitat Valenciana, por ejemplo, dentro de las VPO existen otros subtipos, como la Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB) y la Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL). En otras zonas, como Castilla-La Mancha hay otras figuras como las Viviendas de Precio Tasado (VPT). 

En el caso del bloque de Alicante, de titularidad privada, lo construyó y comercializó la cooperativa Residencial Les Naus sobre un suelo municipal adquirido en 6,6 millones. Un precio “muy por debajo del precio de mercado, pues el suelo era de titularidad municipal”, explica a infoLibre José Muñoz, portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas.

Lo llamativo del caso, que por el momento ha provocado la renuncia de la concejala de Urbanismo, es que, de acuerdo con un informe elaborado por la Generalitat a través de la Consellería de Vivienda, los propietarios de los pisos “cumplen los requisitos”. “Si, tal como señalan algunos, el procedimiento establecido para la promoción, gestión y adjudicación permite que se den estos casos, es para echarse a llorar”, señala el arquitecto y urbanista, Gerardo Roger. 

Por el momento el caso pasará a manos de Anticorrupción para determinar si hubo delitos tras la denuncia del PSOE valenciano. Porque más allá de la ilegalidad o no de las adjudicaciones, aún por determinar, el gesto es cuestionable. “Es terrible que, con a la emergencia social que supone el problema de la vivienda en España, puedan existir procedimientos espurios, reglados o aplicativos, que permitan estas lamentables y escandalosas prácticas”, concluye el arquitecto, quien además ha sido director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunitat Valenciana.

A los pisos de Alicante se les aplicaron unos precios tasados por la Administración de 2.200 euros el metro cuadrado, por lo que las viviendas oscilaban en torno a los 230.000 euros. Una búsqueda rápida en Idealista basta para ver que en esa ubicación (Playa de San Juan), los precios más habituales están entre el medio millón y los 700.000 euros. La promotora alega que han cumplido con los criterios y que la adjudicación se realizó por orden de antigüedad, es decir, se les otorgaron los pisos a las primeras personas solicitantes que cumplían con los criterios.

Sobre los mecanismos de supervisión que pueden operar en estos casos, desde el Ministerio de Vivienda señalan que las competencias de vivienda en esa materia son de las comunidades, por lo que a nivel nacional no existe ninguna herramienta. En el plano autonómico José Muñoz explica que existe una empresa pública de vivienda, pero al ser en este caso un inmueble de titularidad privada, la adjudicación no se supervisa, más allá de cumplir con los criterios que imponga la etiqueta de protección. En este caso, no poseer otra vivienda en propiedad y no superar un límite de ingresos que llega hasta los 66.000 euros en algunos casos, un tope que se elevó desde los 46.600 euros durante el Gobierno de Carlos Mazón. “El problema es el modelo de vivienda del PP”, reclama el portavoz del PSPV.

Otro de los asuntos que se investigarán es si la inmobiliaria pidió dinero en negro a los compradores interesados, tal y como ha adelantado el periódico Levante. En el artículo, dos personas cuentan que, al intentar comprar sendas viviendas en Les Neus ofertadas en portales inmobiliarios, les pidieron una parte del pago en B para esquivar los topes que impone la etiqueta de vivienda pública.

La primera pregunta que surge es cómo es posible que una vivienda que se supone protegida y, por tanto, destinada teóricamente a quienes no pueden acceder a una a precio de mercado pueda superar los 200.000 euros o tenga unos gastos de comunidad, por sus características, muy por encima de lo que podría asumir un salario bajo o medio. “Es una promoción de vivienda pública sin sentido, en una de las zonas más caras de Alicante y con unas características de lujo que conllevan, por ejemplo, gastos de comunidad muy altos”, afirma Muñoz. Poco orientada, a simple vista, a rentas bajas.

La segunda, es cómo pueden tener prioridad para acceder a ella personas que teóricamente tienen una renta por encima de la media de los trabajadores (unos 59.000 euros al año, en el caso de los concejales de Alicante). Algo que, tras la denuncia, investigará la Fiscalía Anticorrupción.

El Plan Vive de la Comunitat Valenciana es una iniciativa del Gobierno autonómico lanzada en 2024 para impulsar la construcción de unas 10.000 viviendas de protección pública hasta 2027 y que opera en colaboración público-privada entre empresas y Administración.

“El elemento fundamental es el modelo de vivienda del PP, que permite privatizar —o dejar en manos de cooperativas y empresas privadas— el proceso de asignación de viviendas públicas”, explica Muñoz. “La Generalitat Valenciana tendrá que revisar estas asignaciones, porque esto lo hemos sabido gracias a una noticia, si no, no hay un mecanismo para revisar todas las viviendas públicas que existen”, concluye.

La jueza que instruye la causa sobre la gestión de la dana ha pedido las grabaciones de las comparecencias del president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en las comisiones de investigación de Les Corts y el Congreso, ya que ha vertido "diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción".

El objetivo de estos requerimientos a las dos Cámaras para que las remitan "a la mayor brevedad" es incorporarlas al procedimiento penal, tal y como había solicitado la acusación que ejerce la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, según han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En su auto, la jueza Nuria Ruiz Tobarra alude a las aseveraciones de Mazón este lunes en la comisión de investigación el Congreso sobre las llamadas que no atendió de su consellera de Interior, Salomé Pradas, sobre la información que había de lo que estaba pasando y sobre el momento en el que supo que había fallecidos.

Sobre las llamadas que le hizo la tarde de la dana Pradas, una de las investigadas en la causa y que, según dijo Mazón en el Congreso, no atendió porque podía tener el móvil en la mochila, la instructora señala que "no es lo mismo llamadas canceladas", que son las que "el receptor no las admite, que llamadas perdidas".

La jueza recuerda que Pradas ha aportado a la causa las llamadas al president que fueron "canceladas" a las 16:29, 19:10 y las 19:36 horas el día de la dana.

Sobre el momento en que se supo que había fallecidos, que Mazón situó en el Congreso "bien entrada la madrugada", la jueza indica que "difícilmente se puede fijar a partir de la madrugada del 30 de octubre", y recuerda las declaraciones que hizo el propio president en el Centro de Emergencias a las 00:35 horas, cuando dijo que había víctimas.

Señala además que, antes de eso, se ha documentado que el Centro de Coordinación de Emergencias solicitó a las 20:35 horas la movilización de la UME en la totalidad de la provincia de Valencia, solicitud en la que "se hizo constar de forma expresa que ya existían fallecidos".

Añade que, en la documentación remitida por la Conselleria de Emergencias al Juzgado, consta una anotación de que en el Centro de Emergencias a las 00:31:37 horas se da preaviso a la directora del Instituto de Medicina Legal de la provincia de Valencia de la previsión de la activación del protocolo de múltiples víctimas" anotación que fue comunicada al grupo permanente de SMS a las 00:31:47 horas.

La jueza considera que la relevancia para la instrucción de la comparecencia de Mazón ante la comisión de Les Corts Valencianes "es ciertamente menor, pero se ha de admitir igualmente", en primer lugar porque la comparecencia en una comisión parlamentaria se sujeta a la obligación de decir verdad, y por tanto tiene una relevancia "claramente distinta" a las manifestaciones en declaraciones públicas o por entrevistas.

En segundo lugar, considera que la comparecencia en Les Corts se convierte en "elemento de prueba pertinente", atendiendo a las facultades que corresponden al president y las manifestaciones que hizo sobre la toma de decisiones en el Cecopi, "que expresó que le es ajeno, o el envío del mensaje Es-Alert a las 20:11 horas".

El president de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, ha afirmado este martes en Les Corts Valencianes que las "responsabilidades políticas" suyas y de su Consell sobre la dana del 29 de octubre de 2024 "ya han sido asumidas" y ha criticado que se ha usado su persona como "excusa" para que el Gobierno de España no asumiera las suyas, según ha informado EFE.

Mazón ha comparecido este martes en la comisión de investigación sobre la dana en el parlamento valenciano. En el exterior del edificio se han concentrado decenas de personas procedentes de colectivos sociales y familiares de víctimas para abuchear y pedir prisión para el presidente en funciones.

Por su parte, el PSPV y Compromís han reprochado a Mazón el no haber respondido a ninguna de las preguntas que le han formulado. También le han acusado de haber "repetido mentiras", lo que, según la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, van a estudiar la comparecencia de Mazón por si pueden iniciar alguna acción, pues estaba "obligado a decir la verdad".

En su intervención, que ha durado algo más de hora y media, el mandatario autonómico ha declarado que el día de la tragedia nadie le pidió "permiso para refrendar ni para refutar ninguna decisión" del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ni ningún aviso como el Es-Alert que se mandó a las 20.11 horas.

Mazón ha señalado que "nadie en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población", y si el mensaje Es-Alert no llegó a tiempo "no fue porque alguien lo parara o bloqueara", ni "mucho menos" porque la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, estuviera esperando "una autorización que ni pidió ni necesitaba".

"Para quienes tanta importancia prestan a esta cuestión conviene recordarles que no tengo responsabilidad operativa en la gestión de la emergencia", ha afirmado, y ha insistido en que la información que se tenía no hacía prever el desenlace posterior, ya que si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora, esa comida "desde luego no se habría producido" y su agenda "hubiera sido distinta".

Sobre su comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, el dirigente popular ha afirmado que estuvo "atento, haciendo llamadas para conocer la situación" de una emergencia que hasta entrada la tarde creía que estaba focalizada en una posible rotura "a 13 horas vista" de la presa de Forata.

Mazón ha declarado que "nadie ha dado más explicaciones" ni "ha asumido más responsabilidades" por la dana que él. Es más, el presidente en funciones asegura haber asumido "tal nivel de responsabilidad" que ha acabado renunciando a la Presidencia de la Generalitat.

Frente a eso, ha lamentado que nadie del Gobierno central haya dado explicaciones ni asumido responsabilidades por su actuación el día de la dana, y ha pedido a los parlamentarios que cumplan con el objeto de esta comisión, que es "analizar las causas" de lo ocurrido y proponer soluciones para que no vuelva a ocurrir. Según ha dicho, los valencianos merecen "estar preparados" y no pueden asumir que los cauces de sus barrancos "no estén monitorizados y mucho menos un año después de lo vivido".

El president se ha referido también a las víctimas para asegurar que siempre ha tenido "la mano abierta" hacia ellas y las ha querido escuchar, porque han sido siempre "prioritarias" para él y para su gobierno.

En cuanto a las intervenciones de los partidos, ha habido duros reproches por parte de las formaciones de la oposición: "No eres una víctima", le ha dicho a Mazón el síndic socialista, José Muñoz, mientras que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha tachado la intervención de "burla" a las víctimas, a Les Corts y al pueblo valenciano. Además, le ha preguntado cómo pudo desentenderse de la emergencia y "por qué cojones" se quedó "en un reservado del Ventorro".

Ambas formaciones han pedido al president en funciones que respondiera a varias preguntas, como por qué no canceló su agenda aquel día, si estuvo informado durante la comida o si tomó alguna decisión sobre la emergencia.

Por otro lado, tanto PP como Vox han enfatizado durante la comisión de investigación que Mazón ha declarado para dar explicaciones, mientras que el Gobierno central no da la cara.

El diputado popular Fernando Pastor ha lamentado que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni los ministros hayan comparecido este martes. Según él, las sillas vacías de los miembros del Gobierno "retratan a la perfección una ofensa a las víctimas, a los afectados" y son "una burla a Les Corts y una estafa al pueblo valenciano", además de "un acto cinismo y cobardía política sin precedentes".

Sobre Mazón, el político ha afirmado que ha comparecido en "un momento personal y político muy difícil" y lo ha hecho "con serenidad, con respeto, con valentía y con humildad".

Por su parte, el diputado de Vox José María Llanos ha denunciado "el falso y ruin relato de la izquierda", a la que ha acusado de querer convertir esta comisión de investigación "en una ejecución pública", y ha considerado que las víctimas "no merecen que se las utilice como está haciendo la izquierda".

"Se han cobrado la pieza, pero no tienen bastante porque quieren salvar al verdadero culpable, al que no ha hecho las obras que hubieran evitado la tragedia: Pedro Sánchez y su Gobierno", añade.

Desde media hora antes de que se inicie la comparecencia de Mazón en la comisión, varias decenas de personas se han concentrado ante la puerta principal del Parlamento valenciano con cuatro pancartas en las que abogan por la reconstrucción social y por levantar la voz por quien no puede, y llaman "asesino" y "criminal" al president en funciones.

Las personas concentradas han lanzado gritos contra Mazón junto con otros lemas como "No son muertos, son asesinados", en referencia a las 229 víctimas mortales de la dana de octubre del año pasado.

En la primera media hora se han proferido gritos de "Mazón a pressó, Consell dimissió", "Mientras él comía, la gente se ahogaba", "Açí està el poble valencià", "PP cupable, Vox responsable".

Una vez iniciada la comparecencia, han instalado un altavoz para escuchar en directo lo que se dice en la sala de comisiones, que han colocado en medio de la concentración. El portavoz de la asociación Horta Sud, Christian Lesaec, sí sigue la comparecencia de Mazón desde una sala de Les Corts.

Los síndics del PSPV y de Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, han acompañado a los colectivos y familiares antes de entrar a Les Corts. Dos participantes, una de ellas Rosa Álvarez, portavoz de una de las asociaciones de víctimas que ha dicho estar a título particular, han reclamado a Mazón que no se esconda "detrás del acta de diputado", renuncie a ella y vaya a declarar ante la jueza de Catarroja que investiga la causa penal por la dana.

Las dos principales asociaciones de víctimas han anunciado que protestarán a las puertas del Congreso de los Diputados durante la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación prevista para el próximo 17 de noviembre.

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha detallado este viernes en Les Corts, "con toda transparencia y documentando cada paso" según sus propias palabras, lo ocurrido no solo el 29 de octubre, día que la dana arrasó parte de la provincia de Valencia, sino también las jornadas previas y las siguientes.

"Se lo debemos a las víctimas y a los afectados", ha dicho en su primera comparecencia parlamentaria para dar explicaciones de esta tragedia, que deja hasta el momento 216 personas muertas y 16 desparecidas. Ha advertido de que iba a "ser prolijo en la descripción de la cronología de los hechos que debe conocerse, como no puede ser de otro modo, con todo el pormenor posible, el máximo nivel de exhaustividad y, en todo caso, con referencias concretas que han sido debidamente documentadas", ha dicho.

Entre las 17:35 y las 19:26 horas, el 112 Emergencias de la Generalitat difunde varios mensajes en los que avisa de que la Comunitat Valenciana se verá especialmente afectada la semana entrante por una dana y actualiza los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A las 12:11 horas, Emergencias lanza un aviso por los medios habituales en el que recomienda que ante el riesgo de lluvias y tormentas hay que mantener "limpias bajantes y terrazas para evitar inundaciones, se evite coger el coche si no es necesario y las zonas inundables como barrancos cauces o ríos".

Durante el resto del día, se informa de la reactivación de las lluvias intensas, se advierte de que la dana puede provocar crecidas de ramblas e inundaciones en zonas bajas, y se publican avisos y recomendaciones.

Entre las 6:36 y las 9:41 horas, se establece el nivel rojo por lluvias, y se informa en redes sociales de las alertas de fenómenos meteorológicos.

A las 9:30, se produce una reunión en la Delegación del Gobierno con presencia de responsables de Protección Civil, la Red de Carreteras del Estado, Adif, Renfe, la UME, Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la que no se convoca a ningún responsable de Emergencias de la Generalitat.

Al término de aquella reunión, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, asegura que la alerta roja por lluvias intensas "es hasta las seis de la tarde", una información de la que Mazón también se hace eco.

A las 11:06, llega el primer aviso del día emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) vía correo electrónico, en el que avisa de un caudal con un valor de 264 metros cúbicos por segundo en el barranco del Poyo y tendencia ascendente.

A las 12:20, Emergencias envía alerta hidrológica, avisa a todos los municipios por los que discurre el barranco del Poyo y les insta a constituir los Cecopal (los Centros de Coordinación de Emergencias Locales).

A las 11:38, la CHJ manda un correo a Emergencias referido al río Magro, avisando de un caudal de 350 metros cúbicos por segundo, pero no advierte de riesgo de desbordamiento.

A las 11:45, el Centro de Coordinación de Emergencias emite un aviso especial de alerta hidrológica en los municipios de la cuenca del Magro.

A las 13:42, la Confederación Hidrográfica comunica que el caudal del barranco del Poyo presenta una tendencia descendente y ha bajado a 120 metros cúbicos por segundo.

A las 15:00 horas, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, convoca la reunión del Cecopi en el Centro de Coordinación de Emergencias de L’Eliana para que se constituya a las 17:00 horas, al igual que el Puesto de Mando Avanzado.

A las 15:04, la CHJ notifica que el caudal del barranco del Poyo ha bajado a 55 metros cúbicos por segundo. Aun así, el Centro de Emergencias no desactiva la alerta a los municipios.

A las 16:13, la CHJ indica que el caudal ha bajado a 28,7 metros cúbicos por segundo, pero Emergencias sigue sin desactivar la alerta hidrológica.

De la situación del Barranco del Poyo, el Cecopi ya no recibirá esa tarde más información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta las 18:43 hora, según Mazón.

A las 18:33 horas, en Paiporta, la rambla ya se ha desbordado.

A las 18:43, la Confederación comunica al Centro de Coordinación de Emergencias, por correo electrónico, que el caudal en el Barranco del Poyo es de 1.686, pero no avisa del riesgo del desbordamiento.

A las 18:59 horas, la Confederación comparte en su cuenta de una red social la alerta hidrológica emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat.

A las 18:55 los vertidos en la presa de Forata son de 633 metros cúbicos por segundo y a las 19:45 horas, en el Cecopi, la Confederación informa que es posible que la situación en Forata empeore.

A las 20:00, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, desde Colombia, comunica por teléfono a la consellera de Justicia e Interior que no se puede garantizar que la presa de Forata vaya a resistir.

En ese contexto, y con esta información respecto al riesgo real en el embalse, el Cecopi decide enviar el mensaje masivo a través del ES-ALERT que llega a las 20:11 horas.

A las 21:01, el Cecopi envía el segundo aviso de alerta destinado a las localidades de las comarcas de la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Hoya de Buñol y L’Horta Sud.

Sobre las 21:00, Mazón habla por teléfono con la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, a la que le transmite que avise a los ministros del Interior y de Defensa para que pongan en alerta más efectivos por si fuera necesario. Montero, según el president, le responde que los tenía físicamente junto a ella y que les transmite el mensaje.

A las 21:30, la Confederación informa de que la presa de Forata ha resistido, y que el caudal del Magro se está laminando gracias al desagüe y que ya no hay riesgo de rotura.

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este viernes en rueda de prensa la nueva composición de su Consell, que irá en solitario tras la salida de Vox, con el que ha gobernado un año en coalición. En el nuevo gobierno, ya solo del PP, elimina una vicepresidencia, las consellerias pasan de diez a nueve y reorganiza el resto con reagrupaciones y dos nuevos nombramientos: el síndic conservador en Les Corts, Miguel Barrachina, será el titular de Agricultura y Vicente Martínez Mus asumirá Medio Ambiente, que deja Salomé Pradas para ser la nueva titular de Justicia, según informa Europa Press.

Así lo ha anunciado en su primera intervención tras el anuncio del presidente de Vox, Santiago Abascal, de dejar los cuatro gobiernos autonómicos desde los que formaba parte su formación tras las elecciones del 28 de mayo. Mazón ha cuestionado la decisión al haberse adoptado "ayer de manera unilateral, desde fuera de la Comunitat Valenciana, y sin priorizarla".

"Y yo decidí cumplir con mi obligación y el encargo de los ciudadanos de seguir liderando el encargo" recibido en las elecciones, ha dicho. Así, Mazón, que ha agradecido el trabajo de Vicente Barrera, José Luis Aguirre y Elisa Núñez, al igual que su responsabilidad y lealtad, ha dicho que han "acatado" la "decisión unilateral" adoptada "desde fuera de la Comunitat Valenciana".

Los nuevos cambios suponen que de diez consellerias se pasa a nueve para seguir "avanzando en la reducción del gasto político"; habrá una sola vicepresidenta que ostentará Susana Camarero -es actualmente la segunda-, que mantendrá sus competencias al frente de Servicios Sociales; Salomé Pradas deja Medio Ambiente para ser la nueva consellera de Justicia e Interior en sustitución de Núñez; en Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, el titular será Miguel Barrachina, el actual síndic del PP en Les Corts (sustituye a Aguirre) y el nuevo conseller de Medio Ambiente será Vicente Martínez Mus, director general de Costas.

Con la salida del vicepresidente Barrera, que era también titular de Cultura y Deportes, el área de Cultura quedará integrada en la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo dirigida por José Antonio Rovira mientras que Deportes quedará asumida en la Generalitat Valenciana.

El expresidente de la GeneralitatFrancisco Camps aseguró este lunes que en la gestión del accidente del metro de Valencia intentó hacer todo "de la mejor manera posible" y "todo lo que creía que podía y debía hacer hasta el límite de mis posibilidades políticas y personales", informa Europa Press.

"En mi vida he vetado nada ni a nadie", resaltó Camps durante su comparecencia en la comisión de las Corts Valencianes que investiga el accidente de la línea 1 de Metrovalencia, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, que empezó expresando su "más sentido pésame" a los familiares.

Los diputados le preguntaron por qué Cotino se reunió con las víctimas. Camps explicó que el exconseller fue también concejal de Policía, director general de Policía del Gobierno de España y delegado del Gobierno, por lo que "ha vivido, por su cargo y función, tragedias personales y familiares en un grado sumo, como posiblemente otras personas no han vivido".

Así, indicó que Cotino "dio un paso adelante y quiso colaborar con las familias que lo estaban pasando mal" y "necesitaban un apoyo y un cariño personal que la administración en todo momento intentó dar". "Cada persona hizo lo que podía hacer para ayudar a las familias", destacó, y dijo que no tiene "queja de ninguno de los miembros de la administración autonómica ni municipal".

Por otro lado, manifestó que si el entonces conseller de Infraestructuras y Transportes, el ya fallecido José Ramón García Antón, hubiera dimitido tras el siniestro "habría sido más cobarde que quedarse", porque "no habría tenido la posibilidad nadie de preguntarle".

"Los dos quedamos que cuando se viera el procedimiento judicial puesto en marcha y se viese qué responsabilidades podía haber tomaríamos la decisión que más conviniera a la administración y a los valencianos", dijo Camps, quien recordó que él dimitió "el día que me abrieron juicio oral, porque decidí que un presidente de la Generalitat no se sentaba en un banquillo, se sentaba Francisco Camps". "Por cierto, fui absuelto y no recibí disculpas de todos ustedes", dijo a los parlamentarios.

Durante su intervención, negó que hubiera un "apagón informativo" en Canal 9 en relación con la información sobre el accidente y manifestó que los medios de comunicación tienen "libertad absoluta". "Vivimos en una sociedad plural y lo del apagón informativo es propio de regímenes autoritarios de otra época", resaltó. Además, indicó que por parte del Consell no hubo "consignas mediáticas" ni "opacidad".

También dijo que no hubo "silencio ninguno", ya que "hubo una comisión de investigación, una moción de censura en Les Corts presentada por el PSPV que se discutió y se debatió y se contestó a todos requerimientos, preguntas y dudas que hubo en todo momento".

Durante su intervención y a preguntas de los diputados, destacó: "No encargué a nadie ninguna cosa extraña. Pedí a todos los miembros de la administración autonómica y a toda la gente que se acercaba intentar estar al lado de las familias y ayudar en todo lo que pidiesen y solicitase".

"Conciencia, responsabilidad y honor"

Así, dijo que querían que el "dolor" de las víctimas "fuese mitigado lo máximo posible con nuestro esfuerzo". "Si no se ha conseguido, es una circunstancia de disculpa absoluta, pero desde el primer momento no hubo otro objetivo", dijo el exjefe del Consell, quien resaltó que "la tragedia fue enorme y todos intentamos hacer lo mejor posible". Asimismo, afirmó que actuaron "con toda la conciencia, la responsabilidad y el honor que correspondía a una circunstancia tan grande".

A preguntas de los diputados, aseguró que "jamás nadie me dijo que había problemas seguridad" en la línea 1 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), y añadió: "Si me lo hubieran dicho, habría actuado de otra manera". "No tiene sentido que yo hubiera sabido algún tipo de merma en la inversión en cualquier aspecto y no hubiera actuado", resaltó.

Camps, quien destacó que "desde el primer minuto" lo más importante fueron las víctimas y los familiares, detalló que recibió llamadas del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; del rey; del líder de la oposición en aquel momento, Mariano Rajoy; y de presidentes de otras comunidades. No obstante, criticó que no le telefoneara de ningún representante de la sociedad valenciana.

Sin embargo, sí destacó que el Gobierno de España y el PSOE a nivel nacional sí se pusieron "a disposición del Gobierno valenciano". En este sentido, recordó que la vicepresidenta del Ejecutivo central, María Teresa Fernández de la Vega, viajó a Valencia y, añadió, que visitó a víctimas con ella y con el arzobispo "por si algunas personas quería tener atención directa y personal desde el punto de vista religioso".

Decreto de ayudas

También indicó que "los alcaldes de los distintos partidos políticos, mayoritariamente del PSOE, también desde el primer minuto al lado del Gobierno de la Generalitat". En cuanto a las ayudas, recordó que el viernes siguiente al accidente del metro se aprobó un decreto siguiendo el de la "tragedia de Biescas", con el objetivo de "llegar hasta al máximo de lo que la legalidad permitía".

Además, señaló que se intentó que el decreto de ayudas fuera lo menos burocrático y lo más rápido posible". También explicó que "formalmente" hubo dos oficinas de ayudas, pero "no formalmente toda la administración valenciana".

"Hay medios que no leo jamás"

Camps subrayó que instó al grupo popular a que se creara en Les Corts una comisión de investigación sobre el accidente "cuanto antes" para evitar "solapamientos" con la investigación judicial.

La diputada de Compromís le preguntó por las informaciones periodísticas que apuntan que HM Sanchis aleccionó a comparecientes en la anterior comisión de investigación sobre el accidente, pero Camps respondió: "Hay algunos medios de comunicación que no leo nunca jamás".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (C's), Alexis Marí, hizo referencia al que considera un "comportamiento infame" del Consell de Camps en la gestión del accidente, lo que provocó quejas del president. Posteriormente, en su turno de palabra ha criticado que Marí llame "infames a funcionarios y a una administración que tiene gente extraordinaria".

"No he venido con nada escrito, solo con el corazón"

Francisco Camps también dijo a Marí: "Sabe quién soy yo y yo no tengo ni idea de quién es usted". Del mismo modo, criticó que el diputado de C's llevara escritas las preguntas, mientras él, dijo, no acudió "con nada escrito, sólo con el corazón".

Casi al final de la comparecencia, la socialista Ana Barceló aseguró sentirse "decepcionada" con la intervención, porque "ha venido con el argumentario de hace diez años". "Lo que no ha cambiado en absoluto es el discurso de su partido", le replicó a Camps.

La cara de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al comienzo de la rueda de prensa que ofreció tras conocerse los resultados de las elecciones municpales y autonómicas del 24 de mayo, detallaba al milímetro la debacle del PP en una ciudad, y en una comunidad autónoma, donde su hegemonía había sido absoluta durante las últimas dos décadas. Los conservadores perdieron más de 10 ediles en el ayuntamiento de la capital y 24 asientos en Les Corts, mientras veían cómo las formaciones políticas situadas en el espectro de la izquierda sumaban más apoyos que el PP y Ciudadanos juntos. Por ello, la entrada de Barberá en aquella sala, acompañada de la expresión "¡Qué hostia!", dejaba constancia del cambio de ciclo político en la Comunidad Valenciana.

Un nuevo Gobierno que sellarían el PSPV, Compromís y Podemos tres semanas más tarde, después de un tira y afloja constante durante las negociaciones, a través de la firma del Acord del Botànic [consúltalo aquí en PDF], un pacto suscrito por Ximo Puig, Mònica Oltra y Antonio Montiel en el que se fijaban las bases programáticas para "acabar con la situación de emergencia social y poner los cimientos de un nuevo País Valenciano". El documento dejaba claro el cambio de rumbo en el feudo histórico del PP, duramente castigado por los diversos escándalos de corrupción que tocaban, incluso, a altos dirigentes conservadores: "El 24M ha supuesto un nuevo tiempo que pide una nueva política, que haga bandera del diálogo, la pluralidad, la participación y la visión de largo plazo", señala el documento.

Un Consell "mestizo"

Una vez que se habían establecido las líneas básicas de trabajo para los próximos cuatro años, era la hora de conformar el nuevo Ejecutivo, al que Podemos no entraría pero apoyaría en Les Corts. Para ello, recurrieron a una fórmula novedosa: el Consell –órgano de gobierno de la Generalitat– "mestizo". Se acordó que se conformarían 8 Consellerías: tres de ellas dirigidas por miembros del PSPV –Hacienda, Vivienda y Sanidad–, otras tres por gente de Compromís –Educación, Transparencia y Economía– y las dos restantes estarían encabezadas por dos independientes, una a propuesta de los socialistas valencianos –Justicia– y la otra a propuesta de la formación naranja –Agricultura–.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado establecía que el segundo al cargo en cada una de ellas, los secretarios autonómicos, debían pertenecer al partido contrario. Así, por ejemplo, la Consellería de Transparencia está dirigida por Manuel Alcaraz (Compromís), que tiene como número dos a Zumila Pérez (PSPV). Un mestizaje que también se acordó para los dos niveles más altos del organigrama de la Generalitat: el socialista Ximo Puig sería investido presidente autonómico, al ser el PSPV el partido con mayor número de votos, y Mònica Oltra sería la vicepresidenta.

Un acuerdo que funciona

"Queríamos un Gobierno plural, algo que implicaba esta fórmula. Es común que los repartos en las coaliciones se hagan en compartimentos estancos, en los que una cartera ministerial, por ejemplo, esté exclusivamente en manos de un partido", explica a infoLibre Mireia Mollà, diputada de Compromís en Les Corts. La parlamentaria considera que ese reparto tradicional "crea dinámicas peligrosas": "No existe esa tendencia perversa que ha sucedido en muchos Gobiernos de intentar poner zancadillas entre los socios", señala.

Mollà señala que es una fórmula que permite "mantener un mejor control" en una comunidad autónoma donde los escándalos de corrupción dentro de la Administración estaban a la orden del día. "La gente tenía que percibir cierta seguridad y confianza de que no se iban a repetir los mismos excesos y corruptelas. Esta fórmula de gobierno permite que los ojos de todos estén en las áreas de todos", detalla. Después de unos meses de funcionamiento, la dirigente de Compromís afirma que las impresiones son buenas: "Al final siempre te ves obligada a pensar en lo que podría haber sido. En mi opinión, un Gobierno de un único partido apoyado por los otros dos en el Parlamento autonómico hubiera sido un desastre", sentencia al respecto.

Desde el PSPV comparten las sensaciones de sus socios. "Todo está funcionando mucho mejor de lo que esperábamos", afirman los socialistas valencianos, que aseguran que la relación entre Oltra y Puig es "excepcional". Fuentes cercanas al presidente de la Generalitat confirman que el líder del Gobierno "está muy contento con el funcionamiento".

Podemos observa "disfunciones"

Una de las piezas clave en la sostenibilidad del Ejecutivo autonómico es Podemos. La formación morada decidió, tras suscribir el Acord del Botànic, mantenerse al margen y no entrar en el Consell. "Nosotros nos quedamos como un elemento crítico de apoyo parlamentario externo", relata a infoLibre Antonio Montiel, secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana. "Además, también queríamos ser la interfaz entre las instituciones y la sociedad civil, después de 20 años del PP en el que el Parlamento era una mera caja de resonancia, una cadena de transmisión del Ejecutivo", completa. 

A pesar de no formar parte del Gobierno, "Podemos tiene las puertas abiertas para entrar", afirma Mollà. "No hay nunca que descartar nada. Si la situación lo exige y fuera necesario, lo volveríamos a pensar y a valorar", responde Montiel, que considera que en esta primera fase están "cumpliendo bien su función" y le gustaría continuar en la misma posición en Les Corts.

Montiel valora como "muy saludable" la fórmula del mestizaje, pero afirma que todavía tiene algunas "disfunciones", algo que achaca a un "problema cultural" que nos impide tener una "política democrática suficientemente sólida" para "gestionar la pluralidad". Preguntado por los desarreglos en el funcionamiento del modelo, es concreto: "La forma en la que están estructurados los presupuestos de una administración pública es muy rígida y se establece una operativa que favorece el comportamiento en forma de reinos de taifas".

Roces puntuales

Sin embargo, a pesar de las buenas sensaciones que parece inspirar el nuevo modelo, fuentes de Compromís aseguran a este diario que en diferentes Consellerías se han producido algunos roces, aunque señalan que desde la celebración de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, "las tensiones se han rebajado". "Donde no había problemas, siguen como antes; mientras que en aquellas áreas donde sí que había, ahora están las aguas calmadas", relatan. En concreto señalan a Sanidad, aunque también afirman que se ha producido algún roce, "pero menor", en Agricultura. A pesar de ello, estos conflictos lo atribuyen al "carácter de las personas": "No se están produciendo diferencias entre ambos partidos. Por ejemplo, en Educación la relación es estupenda", concluyen.

Desde el PSPV insisten en desmentir que se hayan producido estas rencillas: "El PP está intentando vender mentiras. Apuntan a la Consellería que dejaron más destrozada", dicen. "Seguro que hay. Es lógico, son equipos divididos al 50% que no se conocen. Las dinámicas de trabajo son diferentes y se tienen que poner en común", señala Mireia Mollà. La diputada explica que si el conflicto llega a un punto insostenible, se tendría que tratar en la Comisión de Seguimiento, en la que están incluidos los tres partidos políticos que sostienen el Ejecutivo.

¿Extrapolable a nivel nacional?

La líder de Compromís, Mònica Oltra, afirmó a principios de enero que le gustaría para España "un Gobierno a la valenciana", en relación a las negociaciones tras los comicios del 20-D. "Estaría bien que se diera un pacto como el del Botànico", aseguró durante la rueda de prensa en la que se hizo un balance del cumplimiento del acuerdo firmado en junio. Una opinión que comparte Mireia Mollà: "Pensamos que es extrapolable y deseable, pero no empezando la casa por el tejado. Hay que ir paso a paso", dice la diputada autonómica.

Sin embargo, desde Podemos y el PSPV lo ven más difícil. "Aquí nos hemos arreglado, los números salían. Pero en Madrid es más complicado", señalan los socialistas. Antonio Montiel, por su parte, añade que el Ejecutivo del Estado es "mucho más complejo y tiene una serie de áreas que no existen a nivel autonómico, como Exteriores o Defensa". El secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana apunta que "en esos dos casos quizá no sería útil una fórmula tan sencilla como la planteada aquí" y explica que "habría que ver qué carteras ministeriales necesitan que todos los participantes estén alineados en la misma dirección y qué otras podrían albergar este mestizaje".

Nueve años y medio han tenido que esperar las víctimas del Metro de Valencia para que el parlamento valenciano confeccione una comisión de investigación con garantías. El 3 de julio de 2006, la unidad 3736 de la línea 1 del metro descarriló a 80 km/h poco antes de la estación de Jesús, dejando un rastro de 43 muertos y 47 heridos. A cinco días de la visita del Papa, el Partido Popular se apresuró a echar tierra sobre la tragedia con unos funerales exprés y con el bloqueo mediático de Canal 9. Y en solo cuatro días, entre el 27 de julio y el 1 de agosto, se celebró una comisión de investigación controlada al milímetro por el PP, que impuso 27 de los 32 comparecientes y vetó numerosas propuestas de la oposición. Mucha documentación llegó mutilada, como el caso de un informe interno de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), de septiembre de 2005, que se tramitó sin los anexos que denunciaban la obsolescencia de máquinas e instalaciones y la falta de seguridad. Y no se remitió un estudio del Ministerio de Fomento que dejaba a la valenciana, entre 2000 y 2002, a la cabeza de las autonomías con mayor índice, un 70%, de siniestralidad ferroviaria: 85 accidentes y una víctima trimestral. También se ocultó que la unidad fatídica ya había sufrido siniestros de gravedad en 1992, 1994 y 2003.

Con todo, la mayoría absoluta del PP impuso la versión de que se trató de “un accidente inevitable”. La misma mayoría que en años posteriores votó 20 veces en contra de la reapertura de la comisión hasta que fue derrotada en las pasadas autonómicas, en mayo, tras la conformación de un Gobierno de izquierdas entre socialistas y Compromís. El primer gesto del Ejecutivo entrante fue pedir perdón a las víctimas y constituir una nueva comisión de investigación que arrancó este viernes con la comparecencia de los portavoces de 2006. Una comisión que se alargará hasta octubre e interrogará a 70 participantes, entre ellos algunos de los rostros que más humillaron a las víctimas.

Francisco Camps. El president que agachaba la cabezapresident

Desde Presidencia partieron las primeras consignas para suavizar el impacto político del accidente. Nada, ni 43 muertos, debían empañar la visita de Benedicto XVI ni tampoco el inicio de un año preelectoral de excelentes y absolutas expectativas. El entonces jefe del Consell, Francisco Camps, impidió cualquier renuncia. Así ocurrió con el consejero de Infraestructuras, el ya fallecido José Ramón García Antón, de quien Camps no aceptó la dimisión. Era la mejor forma de no asumir responsabilidades políticas: colocar una concatenación de escudos humanos en línea ascendente hasta su despacho. Pero no fue el único gesto temeroso del president, ya que, pese a la insistencia de los familiares, jamás accedió a recibirlos. A lo máximo que llegó fue a acudir por sorpresa, en febrero de 2007, a una reunión entre su vicepresidente Víctor Campos y Enric Chulio, entonces portavoz de la asociación de víctimas, quien vivió aquella cita como “una trampa, una tomadura de pelo”. De hecho, Presidencia abusó de la confianza de las familias al emitir un comunicado en el que se hablaba de “buen clima” con los damnificados.

Camps dimitió en julio de 2011 acosado por la Gürtel en la conocida como causa de los trajes. Posteriormente sorteó investigaciones sobre financiación irregular del PP valenciano o fraude electoral. También se libró del caso Nóos, fundación que dejó un agujero de 3,6 millones por la celebración de tres jornadas deportivas en Valencia. Por este hecho acudirá como testigo, pero no como imputado, tal y como solicitó el juez José Castro en sus escritos. Finalmente, Camps acabó imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos en 2015 a causa de las irregularidades detectadas en la celebración de la Fórmula 1, que costó 250 millones a la Generalitat pese a que se publicitó como “coste cero”. Actualmente, Camps se beneficia del estatuto como expresidente y es miembro de Consell Jurídic Consultiu (equivalente al Consejo de Estado) con una retribución de 52.000 euros brutos anuales.

Juan Cotino. Un agregado del Opus Dei en casa de las víctimas

Juan Cotino, agregado del Opus Dei y mano derecha de Camps, fue el primer representante del Gobierno que se dejó ver en el tanatorio junto a las víctimas. En los días posteriores, visitó casa por casa ofreciendo su ayuda: un trabajo para el padre que había perdido un hijo, facilidades para estudiar en la Academia de la Policía Nacional (de la que había sido Director General) a algún hijo que había quedado sin padre o mayor diligencia en el cobro de las indemnizaciones. Unos propósitos bajo una sola cláusula: las familias debían renunciar por escrito a acudir a los tribunales. Algunos accedieron. Otros llegaron a echarlo de sus casas y vivieron con temor la insistencia telefónica de sus emisarios en semanas posteriores.

El clímax de la vida política de Cotino fue la visita del Papa, de la cual era su principal organizador. Aquel evento se saldó con 7,4 millones de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) adjudicados a dedo a Teconsa, una empresa pantalla de la Gürtel, para la sonorización de las misas. Un trabajo presupuestado en 3 millones y que dejó otros 3,4 a la trama. Por este hecho, Cotino está imputado por prevaricación, soborno, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Las investigaciones le apuntan como enlace de la red con la administración valenciana.

Serafín Castellano. Músculo del PP para frenar a la oposición

Castellano era el portavoz parlamentario del Partido Popular cuando ocurrió el accidente y actuó como dique de contención frente a las críticas de la izquierda. Bajo su control se celebró la comisión de investigación de julio de 2006, destinada a dar apariencia de debate a la consigna oficial del PP. Casi diez años después, Castellano compareció este viernes para repetir exactamente lo mismo que entonces: “no vetamos a nadie”, “siempre tuvimos buena predisposición”. “Veo que el tiempo no le ha cambiado”, le endilgó la diputada socialista Ana Barceló, quien criticó “su hilaridad y la forma de descafeinar absolutamente todo”. Y Joan Antoni Oltra, portavoz en 2006 de l'Entesa (coalición encabezada por Esquerra Unida), sintetizó el sentimiento de aquellos días: “Todo quedó controlado por el núcleo duro y lo que decía Castellano iba a misa (...) Quisiera pensar que algún diputado del PP estaba a disgusto, pero tengo dudas. Casi todo el mundo colaboró entusiásticamente”.

Durante los siete años que Castellano fue consejero de Gobernación, entre 2007 y 2014, cosió una tupida red clientelar. Es lo que viene a decir la investigación sobre Avialsa, empresa a la que adjudicó, de manera irregular, la extinción de incendios. Castellano fue detenido a finales de mayo y cesado como Delegado del Gobierno. Está imputado por prevaricación, malversación y soborno.

Marisa Gracia. La cocinera de la versión oficial

Desde el despacho de Marisa Gracia, en aquella época gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), se cocinaron las tesis y las voluntades de la versión oficial. Días antes del inicio de la comisión de 2006, trabajadores de la empresa H&M Sanchis aleccionaron a 18 operarios técnicos y cargos con un cuestionario de 66 posibles preguntas seguidas de respuestas con la prohibición de palabras como “tragedia”, “deficiencia” y “baliza”. De hecho, esta última era uno de los argumentos más sólidos de la izquierda. Una baliza de frenado en la curva del accidente, tal y como ya solicitaban desde hacía tiempo los sindicatos, lo hubiera evitado. Un dispositivo que apenas costaba 3.600 euros y de las que se colocaron, días después, cerca de 14 a lo largo de la línea 1 para evitar, según el PP, “la alarma social”. Sea como fuere, la falta de inversiones en FGV era patente, con 23,7 millones del Gobierno central en 2001 que se desviaron a otros asuntos. Los informes internos hablaban de piezas sin recambios, de sistemas de frenado antiguos, de incidencias casi diarias, de vagones desfasados o ventanas “prácticamente cogidas con alfileres”. De hecho, la rotura de los cristales al volcar la unidad fue el desencadenante de la mayoría de las muertes, ya que los pasajeros salieron despedidos al exterior y triturados por el vagón. Además, FGV realizó una pésima custodia de las pruebas: el libro de averías jamás se encontró y la caja negra fue borrada premeditadamente. La unidad estuvo meses accesible a cualquier trabajador y fue convertida en chatarra antes de que nadie la pudiera peritar.

Gracia fue obligada a dimitir por el expresident Alberto Fabra en octubre de 2012. Y desde 2013, la Guardia Civil investiga un aumento de su patrimonio asociado a la presunta adjudicación a dedo de 17 millones, a partir de 2007, a la empresa Med Seguridad.

Pedro García. Amigo de la Gürtel, enemigo de la verdad

El accidente del metro se produjo a las 13.00 horas y en su noticiero de las 14.00 Canal 9 apenas informó sobre este hecho a pesar de que la catástrofe era portada en todas las cadenas estatales. Pero en los despachos de Canal 9 era costumbre no mover pieza hasta recibir órdenes de Presidencia. El director general del ente era Pedro García, aupado a este puesto tras su paso como jefe de prensa de Camps. Aquella tarde, la televisión pública emitió un concurso y dos telenovelas. Mientras, el resto de cadenas realizaban especiales a pie de calle. Solo al día siguiente, con la consigna elaborada, Canal 9 empezó a emitir especiales. La correa de transmisión había quedado perfectamente engrasada con Francisco Camps, Nuria Romeral (secretaria Autonómica de Comunicación), Pedro García y Lluís Motes, jefe de Informativos. Posteriormente, el tema del metro sería tabú en la redacción. Jamás se cubrió ninguna de las concentración que cada 3 de mes organizaban los familiares. Y Beatriz Garrote, la portavoz de la asociación de víctimas, solo fue invitada a Canal 9 por primera y única vez la noche de su cierre.

Pedro García, amigo íntimo de Álvaro Pérez el bigotes (de hecho contaba con un 20% de las acciones de Orange Market, la sucursal de la Gürtel en Valencia) dimitió en agosto de 2009 dejando 900 millones de deuda en RTVV, según la Sindicatura de Cuentas, y tras cobrar una indemnización de 50.000 euros. Además, supuestamente, habría recibido medio millón por los amaños en la sonorización de la visita del Papa, un procedimiento en el que está imputado por soborno, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, destacó este viernes que tiene "mucha esperanza" en la nueva comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre el siniestro, en el que fallecieron 43 personas y resultaron heridas otras 47. Asimismo, espera que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exconseller Juan Cotino "den la cara", informa Europa Press.

Rosa Garrote se expresó en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la cámara autonómica, donde acudió para asistir como público a la primera jornada de comparecencias de la segunda comisión de investigación sobre el accidente del metro.

"Tenemos mucha esperanza. Por lo menos hay voluntad de investigar", dijo la presidenta de la asociación, quien criticó que el PP está haciendo "un uso partidista del accidente", porque "es el único que se niega a investigar para que no salgan a la luz las responsabilidades políticas de la mala gestión pública de FGV, que es la que permitió el accidente, y las responsabilidades políticas en cuanto a la gestión posterior del Gobierno valenciano que lo único que ha hecho durante estos nueve años es intentar silenciar el accidente e intentar obstaculizar la investigación".

Asimismo, entiende que "el resto de grupos está cumpliendo su obligación de ponerse al servicio del ciudadano, investigar una tragedia para depurar responsabilidades, para que se solucionen las deficiencias y evitar que una tragedia tan brutal pueda volver a suceder".

Preguntada por qué espera de las futuras comparecencias de Camps y Cotino, respondió que "por lo menos den la cara". A su juicio, "Camps ha estado ocultándose y negándose a respondernos" y, por ello, espera que el expresidente "responda y explique por qué ni investigó, ni permitió investigar y dio órdenes a RTVV para que no dieran publicidad al accidente y no entrevistaran a los familiares de las víctimas".

Rosa Garrote considera que en la comisión de investigación sobre el siniestro que se realizó en 2006 "se pudo llegar a la conclusión de que el accidente era inevitable e imprevisible porque se ocultaron informes y se negó que pudieran venir a comparecer técnicos que pudieran aportar conclusiones en esa vía". "Se ocultaron actas e informes de que los trenes eran viejos y de que el tren ya había descarrilado", denunció.

"Cerrar el duelo"

Para Garrote, "se están cumpliendo los pasos que son los necesarios para cerrar el duelo", como son "que haya una investigación, una repuesta de los políticos que son los que tienen que estar al servicio de los ciudadanos y tienen que vigilar que los derechos de los ciudadanos se cumplan y una reparación moral que ya nos la dio el nuevo Gobierno valenciano". Así considera que "con todos estos pasos después de diez años podremos cerrar el duelo".

Los 99 diputados de Les Corts Valencianes de la IX legislatura eligieron este jueves una Mesa que, por primera vez, estará compuesta por miembros de todos los grupos que componen la Cámara autonómica. Así, el socialista Francesc Colomer presidirá la Mesa, mientras que Enric Morera (Compromís) será vicepresidente primero; el conservador Alejandro Font de Mora, vicepresidente segundo, y Emilio Argüeso (Ciudadanos) secretario primero, y Marc Pallarés (Podemos), secretario segundo.

El acuerdo alcanzado entre PSPV, Compromís, Podemos permitió que las tres fuerzas de izquierda votaran en bloque al presidente de la Mesa, con el apoyo de Ciudadanos, que casi a última hora, cedió la vicepresidencia segunda al PP.

El proceso de elección se realizó mediante voto secreto en urna, primero sólo al presidente, seguido de las vicepresidencias y las secretarías. Así, para dirigir la Cámara, el socialista Francesc Colomer logró 68 apoyos –sumando los de PSPV, Podemos y Ciudadanos–, frente a los 31 del PP a su diputado Alejandro Font de Mora.

Para las vicepresidencias primera y segundo, Enric Morera obtuvo 55 apoyos –PSPV, Compromís y Podemos– y Font de Mora 31 votos –PP– y se contaron 13 votos en blanco, presumiblemente los de Ciudadanos. Para las secretarías, primera y segunda, el representante de Ciudadanos, Emilio Argüeso logró 36 votos (PSPV y Ciudadanos); y el diputado de Podemos Marc Pallarés obtuvo el apoyo de 32 diputados (Podemos y Compromís) y se escrutaron 31 votos en blanco, presumiblemente los del PP.

Dado que el voto es secreto, el cálculo se ha realizado en base a los resultados electorales: PP, 31 diputados; PSPV, 23 diputados; Compromís, 19 diputados; Podemos, 13 diputados; Ciudadanos, 13 diputados, y a las declaraciones sobre el acuerdo realizadas por dirigentes del PSPV y Compromís antes de que comenzara la sesión.

De esta manera, se sustanció el acuerdo que han alcanzado horas antes de la constitución de Les Corts las tres formaciones de izquierda, al que se sumó Ciudadanos para la composición de las Mesa del Parlamento valenciano, tras cerca de dos semanas de negociaciones, con cruces de declaraciones y de comunicados que, hasta este miércoles a última hora desmentían pactos y consensos para esta cuestión.

Abrazo de Puig y Oltra

El abrazo entre el candidato del PSPV a la Presidencia de la Generalitat, Ximo Puig, y la candidata de Compromís al Consell, Mònica Oltra, momentos antes de iniciarse este jueves la sesión de constitución de Les Corts centró la expectación de los numerosos medios gráficos que esperaban la entrada de los diputados en el hemiciclo.

El gesto se produjo después de las negociaciones que ambas formaciones, junto con Podemos, han mantenido tras los comicios para alcanzar un acuerdo de gobierno para la Generalitat; tras la suspensión de estos contactos entre socialistas y Compromís esta semana; y tras al pacto alcanzado para que el parlamentario socialista Francesc Colomer presida Les Corts y el diputado de la coalición de izquierdas Enric Morera sea su vicepresidente.

Los nuevos parlamentarios y los que repiten en el parlamento autonómico en esta nueva legislatura accedieron al hemiciclo minutos antes de que comenzara la sesión de constitución, a las 10.30 horas, entre saludos, sonrisas, intercambio de palabras y expectación de los medios de comunicación que esperaban a los representantes políticos.

Poco después de entrar en el hemiciclo, la candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Mònica Oltra, se dirigió desde su escaño al del diputado del PSPV Manuel Mata para saludarlo y hablar con él durante un momento. Tras ello, se acercó a Mata el diputado de Compromís Enric Morera, que también lo saludo e intercambiaron unas palabras.

Unos minutos después accedió al hemiciclo Ximo Puig, que fue rodeado por una gran cantidad de fotógrafos y cámaras de televisión. Tras sentarse en su escaño, Puig se levantó para saludar a Enric Morera y a Oltra. 

Fabra junto a diputados del PP

Antes de entrar Puig al hemiciclo, lo hizo el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat y jefe del Consell en funciones, Alberto Fabra. El dirigente conservador entró acompañado de diputados del PP.

En el mismo grupo iba el diputado y hasta ahora portavoz del PP en las Corts, Jordi Bellver. Minutos después llegó hasta ellos la parlamentaria del PP y alcaldesa de Valencia en funciones, Rita Barberá, que ocupó el escaño situado junto a Bellver y detrás de los que ocupan Fabra y Císcar.

Por otra parte, tras saludar a algunos diputados al entrar al hemiciclo, ocuparon sus respectivos escaños la candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Carolina Punset, y el candidato de Podemos, Antonio Montiel. Ambos entran a formar parte de las Corts Valencianes por primera vez tras la elecciones, dado que hasta ahora sus partidos no tenían representación en la Cámara autonómica.

Saludos al Consell en funciones

Tras emitir su voto para elegir al presidente del Parlamento valenciano, tanto Ximo Puig como Mónica Oltra se acercaron a los escaños del PP para saludar a los miembros del Consell en funciones encabezados por Alberto Fabra.

Una de las anécdotas de la votación ha sido el comentario hecho por la diputada del PSPV Carmen Amoraga al votar después de que no la nombraran al inicio de este proceso, al ser una de las primeras por orden alfabético, y la citaran casi al final. "Creía que no iba a jurar, pero juro", ironizó la parlamentaria.

Pero, como es mejor verlo que contarlo... esta es la triste historia de la parlamentaria que viste de Mango.

Podría ser una de esas comedias toscas en las que nadie sabe qué hacer con el muerto. O un film de ciencia ficción con agujero negro de 320.000 metros cuadrados y más de 300 millones dilapidados. La Ciudad de la Luz se concibió en el año 2000 como el gran Hollywood europeo y se ha convertido en un monstruoso disparate urbanístico sobre una loma con vistas al mar a siete quilómetros del centro de Alicante. Una mole vacía desde febrero de 2013 por la que se desangran 20.000 euros diarios de presupuesto público.

“Es una ruina. El único futuro es la venta”, sostiene Eva Martínez, diputada del PSPV, quien ha tenido acceso a los expedientes del complejo. Pero vender no es fácil. El pasado mes de diciembre saltó a los medios un supuesto interés del director Francis Ford Coppola, después desmentido y más tarde matizado a través de otra hipotética oferta de CineMar Partners LCC, cuyo productor, Fred Fuchs, está relacionado con la empresa American Zoetrope, fundada por Coppola. El Gobierno valenciano también habla de propuestas asiáticas e inglesas, pero sin concretar. “Todo es un bluf”, opina Martínez, quien cree que al PP le conviene “generar una expectativa inexistente para tapar su pésima gestión”.

De hecho, la Ciudad de la Luz es un auténtico manual de malas prácticas políticas y económicas. Un idea del director Luis García Berlanga y que Eduardo Zaplana, entonces presidente de la Generalitat, retorció y deformó hasta el límite. Berlanga quería unos estudios asequibles en las naves abandonadas de Sagunto y con el apoyo de la industria del cine español. Y Zaplana ideó una obra elefantiásica más orientada al ladrillo que al fotograma. Y la situó en Alicante, epicentro de su poder político y urbanístico.

En aquella operación entraron los Enrique Ortiz y Vicente Cotino, promotores de cabecera del PP y procesados en la Gürtel, y se expropiaron a toda prisa, a través de un PAI, centenares de miles de metros cuadrados divididos en dos zonas. La primera se destinó a las naves y estudios del centro cinematográfico. Y no se escatimó en gastos: 275 millones. Ni en lujos: la garita de entrada costó un millón y la rotonda de acceso casi dos.

La segunda zona quedó a la espera de un desarrollo posterior con hoteles de lujo, bungalows y campos de golf. Pero los terrenos fueron pagados a precios irrisorios y muchos propietarios litigaron. En 2013 el Tribunal Supremo sentenció en contra de la Generalitat y le obligó a abonar 42 millones por las expropiaciones. Y también a devolver las tierras a sus dueños originarios a cambio de que estos reintegraran el dinero que recibieron en su día. “Un galimatías jurídico aún sin resolver y poco atractivo para posibles compradores”, constata Martínez.

Frente abierto

La gestión del complejo se asignó a dedo a Aguamarga Gestión de Estudios SL, empresa de García Berlanga, a través de un vericueto legal que permite adjudicar directamente a personas de reconocido prestigio y solvencia profesional. Y en 2004 se inauguraron los estudios. En aquel tiempo también se inició la lucha interna del PP valenciano entre Zaplana, que quería blindar su herencia, y el recién nombrado jefe del Consell, Francisco Camps, deseoso de implantar su liderazgo, más aún en territorio enemigo alicantino. La Ciudad de la Luz se convirtió así en un frente de batalla más con la figura de García Berlanga en disputa. Y cuando este murió, en noviembre de 2010, las tensiones llegaron a su punto álgido al negarse la Generalitat a pagar 1,2 millones a Aguamarga, que en diciembre de 2011 entró en concurso de acreedores.

Pero la peor noticia estaba por llegar. En mayo de 2012, la Comisión Europea, a partir de una denuncia de 2007 de la productora inglesa Pinewood, sentenció que la administración valencia había incurrido en competencia desleal al destinar dinero público a unos estudios que deberían haber sido construidos desde el sector privado. Y además con presupuestos desorbitados e inasumibles para cualquier empresa del ramo. El fallo obligaba a la Ciudad de la Luz, es decir a la Generalitat, a reintegrarse los 275 millones iniciales así como las ayudas destinadas a las productoras.

Nepotismo

Herida de muerte, la Ciudad de la Luz promovió un ERE en agosto de 2012 que desveló buena parte de las miserias internas. Entre ellas el continuado despilfarro y nepotismo con la que había sido gestionada. Uno de sus directores, José María López Galant, cobraba 55.647 euros al año más 4.127 euros para dietas y desplazamientos. Rodríguez había sido concejal del PP y consejero del equipo de baloncesto Lucentum, que recibió un patrocinio de 300.000 euros de la Ciudad de la Luz. Y abonó 0,5 millones a Coppola por una conferencia. Su sustituta, Elsa Martínez, también fue concejal del PP. Asimismo Camps colocó a su profesor de tenis, José Luis Villanueva, y, anteriormente, Zaplana hizo lo propio con su preparador de pádel, Ignacio del Moral. También entraron a dedo Carmen Sánchez, cuñada de la entonces consejera Angélica Such, o Alejandro del Valle, exjefe de Policía de Valencia y hombre de confianza del expresidente de Les Corts, Juan Cotino.

Finalmente, en febrero de 2013 se celebró el último rodaje, el que hacía sesenta. Y en julio de 2014 Europa ratificó su dictamen. La Ciudad de la Luz ya era un cadáver. Un muerto que sigue generando pérdidas, ya que para este año se han presupuestado siete millones, uno menos que en el 2014. “Fabra no sabe cómo cumplir la sentencia y lleva dos años y medio paralizado, con la cabeza bajo el ala”, lamenta Eva Martínez, y se pregunta: “¿De dónde va a sacar los 275 millones?”. “Imposible”, se contesta Martínez, quien apuesta porque el PP ganará el tiempo suficiente para dejar “el marrón” para los que vengan tras la elecciones. Un legado putrefacto, en avanzada descomposición en el que la cerámica del Palacio de las Artes se cae a trozos, las naves de la Copa del América se derruyen para solares, el aeropuerto de Castellón sigue sin aviones o Terra Mítica se malvende por 67 millones tras una inversión inicial de 377. “Una autonomía de saldo”, resume Martínez. O el guión perfecto para una gran súper producción sobre la corrupción y el despilfarro.

“Las cosas que no se recuerdan es difícil recordarlas”. La obviedad pertenece a Francisco Camps. Así resumió su relación con Iñaki Urdangarin a preguntas del juez José Castro. Y en eso mismo se ha convertido el expresidente de la Generalitat para sus compañeros: un recuerdo difícil de recordar. Nadie habla, nadie sabe, nadie conoce. Y en sus escasas apariciones por Les Corts es precisamente eso, una fantasmagoría que muchos no ven o no quieren ven. Una ánima, entra la pena y el delirio, que ha visto agudizarse su rasgos hasta transmutar en una especie de fauno de cráneo puntiagudo, nariz afilada y sonrisa extasiada.

Y esa es la caricatura que ha quedado del president que se creyó eterno y que entre 2003 y 2011 construyó un Gobierno profundamente corrupto que ha ido desmoronándose durante los últimos años. Las piedras definitivas cayeron este viernes con la renuncia al escaño de los diputados Yolanda García y Ricardo Costa, ambos procesados por la rama de la Gürtel que investiga la financiación ilegal del PP valenciano. Eran ya los únicos imputados de una bancada que llegó a tener hasta once.

El primero en dimitir fue Pedro Hernández Mateo, en prisión por un delito de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del servicio municipal de la recogida de basuras en Torrevieja, localidad de la que era alcalde. Le siguieron las exconsejeras Alicia de Miguel, Angélica Such y Milagrosa Martínez, procesadas en la Gürtel. Y después Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, exalcaldes de Alicante imputados en el caso Brugal por manipular el PGOU de la capital en favor del empresario Enrique Ortiz. También fue sonada la renuncia del PP y del escaño de Rafael Blasco, condenado a ocho años de prisión por el saqueo de los presupuestos de Cooperación. Vicente Rambla y David Serra, procesados por delito electoral, fueron los siguientes. Y Juan Cotino, mano derecha de Camps, renunció a la presidencia de Les Corts el 13 de octubre pasado, un mes antes de ser imputado por el desvío de 3,4 millones de la televisión pública al bolsillo de la Gürtel durante la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006.

Resbaladizo

¿Y Camps? ¿Cómo es posible que quien controlaba al milímetro los resortes del poder valenciano no este imputado en nada? La respuesta es una mezcla de favores, coincidencias y lógica administrativa. De hecho, Camps fue de los primeros juzgados por la Gürtel en el que se conoció como caso de los trajes. Un apéndice de la trama por obra de Juan Luis de la Rúa, amigo reconocido de Camps y expresidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), que desgajó el asunto del grueso de la investigación para minimizar el posible impacto penal del Molt Honorable. Aquel juicio precipitó la dimisión de Camps y se convirtió en un capítulo turbio y rocambolesco para la judicatura valenciana. Se juzgó el regalo de prendas de ropa a cuatro altos cargos. Los dos primeros, Víctor Campos y Rafael Betoret, reconocieron las dádivas y fueron condenados sin ir a juicio. Y los otros dos, Francisco Camps y Ricardo Costa, decidieron sentarse en el banquillo y, por los mismos hechos, fueron absueltos por un jurado popular.

Desde entonces, Camps se refugió en los 52.000 euros anuales que cobra del Consejo Jurídico Consultivo, plaza a la que tiene derecho como expresidente. Y desde allí ha dio viendo caer a los suyos mientras su nombre iba escurriéndose de las distintas causas y procesos que han ido abriéndose. Entre ellas la del caso Nóos, de la que el TSJCV no encontró indicios para imputarlo ni a él ni a Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, por la concesión a dedo de 3,6 millones de euros a Urdangarin en la organización de tres Valencia Summit, unas intrascendentes jornadas sobre deporte y turismo. En este caso el tribual valenciano apuntó al segundo escalafón pese a que los autos del juez Castro y de la Audiencia de Palma siempre han sugerido la prevaricación al más alto nivel.

Tampoco se ha visto Camps involucrado en alguna de las seis ramas de la Gürtel investigadas en Valencia y de las cuales cuatro ya han superado la instrucción. Aunque su apellido sobrevuela las causas por financiación ilegal, fraude electoral y fraccionamiento de contratos para adjudicar a dedo a Orange Maket, filial aborigen de la trama, no se ha plasmado en ningún contrato. Las responsabilidades han escalado solo hasta los lugartenientes del partido y del Consell, Ricardo Costa y Vicente Rambla, respectivamente. Y nadie ha denunciado orden directa de Camps para contratar con Correa. Primero para evitar reconocer el delito y, segundo, porque esa consigna nunca hizo falta. Tal y como reconoció ante el juez el ex consejero Miguel Peralta, “Alvarito [Álvaro Pérez, El Bigotes, líder de la trama en Valencia] siempre estaba con Camps en la sede. Todos sabían que había que contratar con él”. Una proximidad que se escenificó durante la prueba documental del juicio de los trajes. “Te quiero un huevo”, “amiguito del alma” o “lo nuestro es muy bonito”, son algunas de las frases de Camps que interceptó la policía en las conversaciones telefónicas con El Bigotes.

Fórmula 1

Pero Camps no es del todo inmune. Este 19 de diciembre trascendió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en su contra por un agujero de 45 millones en la Fórmula 1. El auto del fiscal, pendiente de ser admitido por el juez, acusa a Camps de saltarse toda la normativa administrativa para favorecer a Valmor, en manos de su amigo Jorge Martínez, Aspar. Una empresa que debía organizar un gran premio urbano de automovilismo que no costaría “ni un euro a los valencianos”, según Camps, pero que se convirtió en tapadera de uno de los mayores despilfarros públicos. De hecho, la Generalitat acabó pagando el canon que fijó el magnate de la F1, Bernie Ecclestone: 26 millones de dólares en el 2008 y 24 millones de dólares en 2009 y 2010. Y en julio de 2011, según el escrito del fiscal, Francisco Camps avaló a Valmor “con consciente despreció de la legalidad vigente”. Fue el primer paso para que, en diciembre de ese año, la Generalitat condonara a Valmor 14 millones y asumiera otros 31 de pasivos frente a terceros.

Un caso, tan cristalino en los hechos, que deja a Camps al borde del delito de malversación de caudales públicos y prevaricación. Dos obstáculos demasiado contundentes en la huída del fauno hacia lo más profundo del olvido.

El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una sentencia contra la Mesa de Les Corts y ha otorgado amparo a la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, por la vulneración de derechos fundamentales ante la negativa de la Mesa a tramitar tres Proposiciones No de Ley presentadas por la diputada, según informó el partido en un comunicado emitido este sábado y recogido por Europa Press.

Una de ellas reclamaba la inmatriculación de los bienes públicos no registrados antes de que lo hiciera la Iglesia; otra proponía la retirada de títulos honoríficos a Sor Aurora y la Casa Cuna Santa Isabel; y una tercera, pedía la presentación de las Corts como acusación particular en el Caso Cooperación.

Según detalló Oltra, "esta es la séptima sentencia del Tribunal Constitucional contra la Mesa de Les Corts por vulnerar los derechos fundamentales de los diputados de Compromís por no tramitar iniciativas parlamentarias sin justificación" y "como en las anteriores considera que las proposiciones no de ley vetadas por la Mesa cumplen todos los requisitos que el Reglamento de Les Corts establece y, por tanto, no está justificada la no admisión".

El Tribunal señaló que el control de la Mesa no puede ser un control de oportunidad política, sino un control meramente formal de la iniciativa. "Estamos nuevamente ante un juicio de oportunidad política, que en esta ocasión no realizó el PP en solitario, ya que los representantes del grupo socialista en la Mesa también votaron, inexplicablemente, a favor de vetarnos estas iniciativas", agregó Oltra.

Con esta sentencia, el TC obliga a la Mesa de Les Corts a retrotraerse de su veto a estas tres proposiciones no de ley y resolver de nuevo sobre su admisión a trámite.

Se trata de tres iniciativas parlamentarias presentadas por el grupo Compromís en marzo del año 2012. En la primera de ellas la coalición instaba a la retirada del reconocimiento y el Premio de la Mujer Trabajadora de las Corts a Sor Aurora Gallego por los comportamientos de esta religiosa denunciados por las personas afectadas por robos de niños.

Asimismo, la proposición instaba al Gobierno Valenciano a retirar a la Casa Cuna Santa Isabel el reconocimiento y Premio Valenciano a la Solidaridad y el Voluntariado por actuar en contra del principio inspirador de dicho reconocimiento en el escándalo de las adopciones irregulares.

Con la segunda iniciativa planteaba medidas para combatir la problemática de las inmatriculaciones que realiza la Iglesia Católica e instaba al Consell a reclamar al Ministerio de Justicia una lista de las inmatriculaciones de bienes inmuebles efectuadas por el Arzobispado de Valencia desde 1998.

También instaba al Consell para que la Dirección General de Patrimonio realizara las gestiones adecuadas para inmatricular todos los bienes públicos sin registrar y los pusiera a nombre de la Generalitat, previa consulta al ayuntamiento pertinente.

Con la tercera de las iniciativas Compromís pedía que las Corts se presentara como acusación particular en el Caso Cooperación como parte afectada, ya que el Parlamento valenciano dio 40.000 euros para un programa de reconstrucción de Haití que la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía dirigida por Rafael Blasco adjudicó a la trama de la Fundación Hemisferio.

Por primera vez en la legislatura se encendieron las 89 luces verdes de Les Corts. Fue la imagen de la unanimidad máxima entre el Partido Popular y la oposición. Un consenso para tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de creación de una nueva radiotelevisión pública valenciana (RTVV), medida que cuenta con 90.000 firmas, casi el doble de las 50.000 que exige la ley para su debate parlamentario. Pero solo fue eso: una coincidencia en el color de la bombilla. El resto fue un debate de ásperos reproches y desprecios personales. El aplauso final ya reveló la diferencia. La imagen de la oposición, de pie y en sonora ovación, contrastó con el fofo movimiento de manos de los diputados populares hundidos en sus escaños.

De hecho, no fue el día del PP valenciano. A mitad del pleno trascendió que la Fiscalía se querellaba en contra del expresident Francisco Camps por las irregularidades en el contrato de la Fórmula 1. “No nos acostumbremos al escándalo”, recomendó Josep Moreno, diputado del PSPV-PSOE, quien acusó al PP de estar “instalado en el rincón de robar” y de no pisar la calle “por miedo”. Y recordó entonces la escatológica experiencia de Camps en el club de tenis de Valencia cuando uno de los socios introdujo un excremento en la taquilla del Molt Honorable. “Le dejaron una cosa, de clase media alta, pero una cosa”, ironizó Moreno.

No fue la única arremetida. Ignacio Blanco, diputado de Esquerra Unida, describió el cierre RTVV como “una decisión personal, autoritaria y antieconómica” del actual jefe del Consell, Alberto Fabra, ausente en la sesión. En noviembre de 2013, después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano declarara nulo el ERE que dejaba en la calle a 1.000 trabajadores, Fabra anunció el cierre del canal público. “Fue un pronto que nos fundió a negro”, lamentó Blanco. Y auguró hacia la bancada popular: “y negro será su futuro”. Un argumento coincidente con el de Moreno, quien bajo la bata de psiquiatra diagnosticó el comportamiento de Fabra como “florida ideación delirante de tipo megalómano”. Y sentenció: “nos gobierna el 'pequeño Nicolás' de las autonomías”.

En ese momento, el Partido Popular era ya un sparring sin demasiado fuelle. Su portavoz parlamentario, Jorge Bellver, buscaba aire entre la semántica. “Dicen que quieren reabrir Canal 9 y nosotros queremos un nuevo Canal 9”, retorció el concepto de sinónimo. Y acto seguido se recreó en la prosa de la ILP, que reivindica una televisión “plural, en valenciano y objetiva”. “Suena bien, son palabras que deberían llevarnos al consenso”, atajó Bellver y añadió: “pero tal y como están las cosas no va ser posible”. Un exceso de significantes y significados para colmar el reloj y el vacío. De hecho, una vez tramitada la ILP, el Consell dispone de seis meses para presentar en Les Corts un proyecto de ley. Un tiempo que juega a favor del PP, ya que a mediados de febrero se disolverá el parlamento autonómico y se convocarán elecciones en mayo. Bellver llenaba así el hueco de sus intervenciones sabiendo que la futura normativa de RTVV no llegaría viva a esta legislatura. “Es demasiado tarde para evitar la nostalgia, pero no para evitar la confianza”, concluyó su ofrenda a la paradoja y el pleonasmo.

La oposición, sin embargo, se decantó por la hipérbole. Es decir, el relato, a lo Bryce Echenique, de la exagerada vida de RTVV, con una hinchazón de 1.600 trabajadores y 1.300 millones de deuda en las semanas previas al cierre. Y una caída del 22 al 5% en la audiencia en los últimos años. Un cadáver de muchas corrupciones que saturan los juzgados valencianos, como el caso de abusos sexuales a trabajadoras por parte de Vicente Sanz, exsecretario general del ente, o el escándalo de las contrataciones irregulares y multimillonarias, fuera de presupuesto, para beneficiar a clubes de fútbol o productoras amigas. Por ejemplo, el director general que promovió los despidos, José López Jaraba, compró tres documentales de temática ultra por 0,5 millones a Triskel Audiovisual, productora de Fernando Lázaro Quintela, para quien trabajó López Jaraba al poco de cesar en Canal 9.

Un grumo de connivencias y sospechosas coincidencias que llevó a Pedro García de jefe de Prensa de Camps a director general de RTVV y a Lola Johnson de directora de Canal 9 a consejera de Cultura con Camps. Y después a Nuria Romeral de jefa de gabinete de Camps a directora de la radio pública. Unas rotaciones que han hecho confluir a García, Johnson y Romeral en los tribunales como imputados por la quiebra del ente público bajo los epígrafes penales de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos. Todo ello adornado con el gran colofón de la pieza de la Gürtel que investiga el desvío de 3,4 millones de Canal 9 a la red Correa con la excusa de instalar medio centenar de pantallas gigantes durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006.

Demasiadas muertes para un solo cadáver. De ahí la voluntad de nacimiento y reparación expresada por Josep Moreno: “Canal 9 será posible cuando los ladrones que la saquearon estén donde deben estar: en prisión”.

La pertenencia del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, entre 2007 y 2008, al consejo de administración de la empresa matriz de Sedesa, el grupo empresarial de la familia Cotino y que está siendo investigada en el caso Gürtel tanto en Valencia como en la Audiencia Nacional, ha movilizado a la oposición. 

Tras desvelar infoLibre ayer miércoles que Margallo fue consejero de Asedes Capital SL entre 2007 y 2008, PSOE e IU anunciaron sendas preguntas parlamentarias en el Congreso para que el jefe de la diplomacia española explique su relación con la familia de Juan Cotino, actual presidente de Les Corts Valencianes y vicepresidente entre 2007 y 2011 en el Gobierno de Francisco Camps. 

Los socialistas ya registraron ayer jueves la pregunta del diputado valenciano Antoni Such, confirmó él mismo a este diario. Su texto dice así: “¿Qué nivel de relaciones mantuvo el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, señor García-Margallo, con Asedes Capital SL y con el grupo mercantil Sedesa, cuyas operaciones investigan el Tribunal Superior de Valencia y la Audiencia Nacional y si en la actualidad mantiene algún tipo de relación o vinculación con dichas empresas?”.

Asedes Capital SL, a cuyo consejo perteneció Margallo entre febrero de 2007 –el anuncio fue publicado en marzo– y mayo de 2008, era y es la matriz del grupo Sedesa, uno de los principales adjudicatarios de contratos públicos de la Generalitat y cuyo máximo directivo, Vicente Cotino, permanece imputado en el caso de los papeles de Bárcenas así como en el de la presunta financiación ilegal del PP valenciano. Vicente Cotino Escribá es sobrino de Juan Cotino, quien durante su primer bienio como vicepresidente tercero de la Generalitat (2007-2009) desempeñó también el cargo de conseller de Bienestar Social.

"Consejero independiente"

Fuentes consultadas de nuevo ayer por infoLibre en el entorno de Margallo contestaron así a la pregunta de qué funciones específicas tenía el ministro como consejero independiente de Asedes Capital SL. “Era consejero independiente de la sociedad tal como consta en el Registro Mercantil”, fue la tautológica respuesta. 

Durante la etapa en que el titular de Exteriores perteneció al órgano de gobierno de Asedes Capital SL, compaginó su puesto de consejero con el de diputado al Parlamento Europeo. Entre 1994 y 2011, cuando se incorporó al Gobierno de Mariano Rajoy, Margallo ocupó un ininterrumpidamente un escaño en la Eurocámara.

Izquierda Unida, que registrará de forma inminente su propia iniciativa, ha puesto el foco en esa última faceta de Juan Cotino: la de conseller de Bienestar Social. A solicitud de la diputada autonómica Esther López Barceló, el diputado de IU Ricardo Sixto registrará una pregunta dirigida a conocer qué posición mantuvo García-Margallo como consejero de Asedes Capital SL cuando como conseller de Bienestar Social Juan Cotino aplicó ciertas modificaciones normativas, entre ellas el precio que la Generalitat se comprometía a pagar por cada plaza geriátrica concertada con cada residencia.

Y, según la federación, esas modificaciones tuvieron el siguiente efecto: propiciar un aumento “significativo” de los beneficios de las empresas del grupo Sedesa que gestionan en Valencia residencias geriátricas. Esta semana, EUPV (siglas de IU en la Comunitat Valenciana) presentó ante la Fiscalía valenciana una denuncia sobre el presunto trato de favor que Cotino habría dado a sociedades de su grupo familiar –Gerocentros del Mediterráneo y Centros Residenciales Savia–.

Un grupo bajo la lupa judicial desde 2009

El estallido del caso Gürtel en febrero de 2009 y la batida de registros que le acompañó destaparon literalmente la –presunta– contabilidad B del PP en Madrid y Valencia. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía ya cifraba en 150.000 euros, IVA incluido, los costes del PP valenciano asumidos por empresas del grupo Sedesa, que camuflaban la donación aceptando falturas falsas emitidas por Orange Market.

Es decir, la filial local de la trama Gürtel y a cuyo frente se situaba Álvaro Pérez, El Bigotes a quien, sin saber que la Policía escuchaba al otro lado del teléfono, Francisco Camps definió como “amiguito del alma”.

Fechado el 20 de julio de 2010, el mencionado informe policial dice esto sobre las cuatro facturas por 150.000 euros que Sedesa abonó a Orange Market en 2008: "Las facturas extendidas a nombre de distintas empresas del Grupo Sedesa no se corresponden con una contraprestación de servicios real entre Orange Market SL y las mismas sino que se crean para justificar una salida de fondos de empresas del Grupo Sedesa a OM [Orange Market] que se dedica a financiar la deuda del PP con dicha mercantil, teniendo estas por tanto el carácter de ficticias".

Si la investigación de la rama valenciana del caso Gürtel ya puso al holding de la familia Cotino en el centro del huracán político, la apertura, en la Audiencia Nacional, de la pieza separada de los papeles de Bárcenas empeoró su situación. O sea, la –supuesta– contabilidad B del PP que reflejan los manuscritos de Luis Bárcenas, extesorero del partido y hoy preso en Soto del Real, contienen una anotación a nombre de Sedesa. A tenor de esos documentos, cuyos indicios de veracidad crecen por días a tenor de las resoluciones que el juez Pablo Ruz va dictando, Sedesa hizo una donación opaca al PP de 200.000 euros.

Bárcenas anotó de su puño y letra esa entrega, también supuestamente realizada en persona por Juan Cotino el 11 de marzo de 2004, ya para siempre el 11-M, día de la masacre de Madrid. En su declaración como testigo ante el juez Ruz, Cotino admitió que esa jornada había estado en la capital y en la sede del PP de la calle de Génova. Pero negó tajante que le hubiera entregado un solo euro a Luis Bárcenas.

Ahora, el asunto de los geriátricos valencianos abre un nuevo frente para Sedesa y la familia Cotino. Acorralado tras la difusión de unas grabaciones cuyo contenido sugiere que pudo beneficiar a las empresas de su familia que gestionan geriátricos concertados, el presidente de Les Corts Valencianes ni se plantea dimitir: "¿Por qué tengo que dimitir, qué mal he hecho para que tenga que dimitir?", se preguntó Juan Cotino hace una semana.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, fue miembro entre 2007 y 2008 del consejo de administración de Asedes Capital SL, matriz del grupo Sedesa, el holding empresarial de la familia del presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, y cuyas operaciones están siendo investigadas en el caso Gürtel por partida doble: en la rama valenciana, centrada en la presunta financiación ilegal del PP, y en la pieza separada de los papeles de Bárcenas que instruye en Madrid el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, donde las pesquisas se dirigen a esclarecer si el PP recibió donaciones ilegales de empresas luego premiadas con contratos públicos.

Tras verificar la antigua vinculación societaria del jefe de la diplomacia española con la cabecera del grupo de la familia de Juan Cotino, que antes de dirigir el Parlamento valenciano fue vicepresidente de la Generalitat entre 2007 y 2011, fuentes cercanas a Margallo dijeron a infoLibre lo siguiente: que el ministro fue “consejero independiente” de Asedes Capital SL, aunque creen que el periodo de su mandato no coincide exactamente con el señalado el boletín oficial del Registro Mercantil –de marzo de 2007 a mayo de 2008–. Que perteneciera al consejo de Asedes en calidad de independiente significa que no actuaba en representación de ninguno de los accionistas.

Las mismas fuentes indicaron que el ministro declaró “en todas partes” su pertenencia al consejo de Asedes Capital. Es decir, que incluyó ese puesto en la declaración de intereses que deben presentar los eurodiputados ante la Cámara de Estrasburgo así como en su declaración de IRPF.

No figura en la lista de la sicav

Margallo, que no figura entre los más de 100 eurodiputados españoles de todo el arco parlamentario que suscribieron el fondo de pensiones gestionado en Luxemburgo por una sicav y financiado al 68,5% con dinero público de la Unión, ocupó sin interrupción un escaño por el PP en Estrasburgo entre 1994 y 2011. Tras la victoria electoral de Mariano Rajoy, se incorporó a su Gabinete como titular de Exteriores.

Convertida en una de las grandes adjudicatarias de contratos públicos en Valencia y señalada por la Policía como financiadora del PP mediante pagos encubiertos canalizados a través de empresas de la trama Gürtel en 2007 y 2008, el nombre de Sedesa figura en los papeles de Bárcenas –la supuesta contabilidad B del PP– junto a una donación de 200.000 euros que habría entregado Juan Cotino el 11 de marzo de 2004, el día de la matanza de Atocha, en la sede de Génova. Cotino negó la mayor en su declaración ante el juez Ruz.

El máximo responsable de Asedes, en 2007 un verdadero gigante con más de 80 filiales, es su sobrino Vicente Cotino Escribá –su apellido consta con "b" y no con "v" en los documentos oficiales de Asedes–, a quien el titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional mantiene imputado junto con otros empresarios bajo sospecha de haber efectuado donaciones en negro al PP. 

El nombramiento de José Manuel García-Margallo como consejero de Asedes Capital SL quedó plasmado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) del 6 de marzo de 2007, momento en que la empresa aún se denominaba Servicios de Excavaciones SA.

Ingresos por 30,45 millones

El Borme del 4 de junio de 2008 publicó su cese como consejero al tiempo que dejaba constancia del nombramiento de Vicente Cotino Escribá como administrador único de la sociedad, rebautizada cinco meses antes como Asedes Capital y transformada de sociedad anónima en sociedad limitada. En 2007, Asedes Capital reflejó en sus cuentas ingresos por 30,45 millones de euros. La memoria de ese año la presenta como “sociedad matriz” del Grupo Sedesa.

En 2010, la familia Cotino vendió Sedesa a Ezentis, a la que la operación le costó 30 millones de euros por la emisión de nuevas acciones. En 2012 y tras un accidentado camino que incluyó un preconcurso de acreedores, Vicente Cotino Escribá recuperó el control de Asedes Capital. 

Pero sus problemas van más allá. Si ya en 2010 la Policía y el Tribunal Superior valenciano investigaban a Sedesa en el contexto de la larga y abundante financiación irregular del PP valenciano, la publicación de los papeles de Bárcenas empeoró las cosas en 2013. En diciembre de ese año, el juez Pablo Ruz incluyó el nombre de Asedes Capital SL en la lista de empresas cuyos contratos públicos requirió a Hacienda.

Denuncia de EUPV

Y ahora se abre un tercer flanco para Sedesa y la familia Cotino. Izquierda Unida (EUPV) acaba de denunciar al hoy presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, ante la Fiscalía bajo la acusación de que sus decisiones políticas como miembro del Gobierno de Francisco Camps beneficiaron a dos filiales de Sedesa, Gerocentros del Mediterráneo SL y Centros Residenciales Savia.

Según la denuncia de EUPV, los conciertos de la Generalitat con esas empresas hicieron que el grupo Savia pasara de tener 13 centros concertados –esto es, subvencionados– en 2006 a contabilizar 21 en 2009. 

La denuncia añade un dato demoledor: “El hecho de aumentar las plazas y subir el precio de estas permitió triplicar el volumen de negocio de las empresas de las que participa la familia Cotino de 11 millones de euros en 2006 a más de 40 millones en 2009, por su concierto residencial con la Administración”.

El presidente de las Corts, Juan Cotino, argumentó este martes que, tanto en su etapa como conseller de Bienestar Social, como en los demás puestos de responsabilidad que ha ejercido en la administración pública, no ha adjudicado "nada", sino que se ha limitado a hacer lo que los técnicos de estos departamentos le han dicho que hiciera. "Yo nunca he metido la mano en ningún cajón, ni he favorecido a ninguna empresa, y mucho menos que esa empresa tuviera una cierta vinculación con un familiar mío", agregó.

Cotino se pronunció así en declaraciones a los medios en relación a la denuncia que EUPV ha presentado ante Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la adjudicación en 2009 de plazas residenciales de la tercera edad, cuando era conseller de Bienestar Social.

En opinión del presidente del Parlamento valenciano, "es bueno que se tramite cuando antes" esta denuncia para ir a declarar "cuanto antes mejor". De esta manera, se verá que "en todos los puestos en los que estado, he hecho las cosas en arreglo a lo que los informes técnicos y jurídicos de cada departamento han dicho que tenía que hacer", remarcó, según informa Europa Press.

"Si eso es bueno para la sociedad y para mi persona, que se investigue. El único tema es que cuando se investigue, tardará tiempo, daremos más trabajo a los juzgados, pero el mal de los titulares y las declaraciones de unos y de otros ya están sobre una persona", lamentó al respecto.

"Yo no he adjudicado nada. Yo, personalmente he hecho lo que los servicios técnicos de cada Conselleria, de cada Ministerio, y de cada puesto en el que he estado, me han dicho que tenía que hacer", subrayó Cotino, quien ha reconocido que durante su trayectoria política ha podido equivocarse en algunas de sus decisiones. Sin embargo, "yo nunca he metido la mano en ningún cajón, ni he favorecido a ninguna empresa, y mucho menos que esa empresa tuviera una cierta vinculación con un familiar mío. Como eso no lo he hecho nunca en mi vida, no tengo ningún problema en ir a decirlo donde haga falta", señaló.

"Nebulosas"

Cotino, en este sentido, recordó que EUPV, "los comunistas", intentaron involucrarle con Emarsa. En aquella ocasión, dijo, fue a declarar porque es "lo que tiene que hacer". "Y creo que en estas cosas, cuanto antes se hagan mejor para todos. Y se acabó Emarsa y se acabó". "Ahora, iré donde haga falta y lo que quisiera es hacerlo mañana mismo para acabar con estas cosas que se están creando de nebulosas sobre mi persona", insistió.

Inquirido por si esta situación afecta a su carrera política, el presidente de las Corts sostuvo que dentro de unos meses cumplirá 65 años y que la dejará "en momento determinado" porque considera que el resto de sus años puede "volver a hacer otras cosas en la vida que no es estar en primera línea política".

"Vergonzoso"

Posteriormente, en la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, la diputada de EUPV y denunciante, Esther López, dijo que si Cotino está "encantado" con poder ir a declarar, ellos también. En cuanto a los argumentos del presidente de las Corts, la parlamentaria de izquierdas, consideró que es "inmoral y vergonzoso" que se "excuse en que han sido los técnicos quienes le han asesorado y que son los técnicos los culpables si ha habido algún tipo de error".