Que Carlos Hugo Preciado, vocal díscolo de la cuota progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesto por Sumar, se convierta en magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es algo, por ahora, incierto. Pero su candidatura a la Corte de Estrasburgo –la más alta instancia en derechos humanos en el ordenamiento jurídico español, por encima incluso del Tribunal Constitucional– en caso de prosperar, pondría en peligro el precario equilibrio entre progresistas y conservadores para entregar el poder interno del órgano de gobierno de los jueces a los consejeros propuestos por el PP. Su hipotética salida la cubriría el magistrado almeriense David Villagrá Álvarez, delegado en esa provincia de la mayoritaria y derechista Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Para convertirse en magistrado, Preciado debe primero superar con éxito varios filtros. El primero, el de la comisión de selección española, integrada por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera; la vocal conservadora del CGPJ Gema Espinosa, y la catedrática de Derecho Internacional Público Paz Andrés. Ese órgano seleccionará la terna de candidatos que, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, se enviará al Consejo de Europa. El segundo filtro se produce en la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional que debe seleccionar al magistrado español para los próximos nueve años por mayoría absoluta.

En el incierto caso de que el vocal propuesto por Sumar superara todo ese proceso, la consecuencia para el CGPJ sería la alteración de su juego de mayorías, que pasaría de un empate a diez vocales entre conservadores y progresistas a una mayoría de derechas de once miembros frente a los nueve propuestos por la izquierda y la presidenta, Isabel Perelló, con etiqueta progresista pero casi siempre alineada con los conservadores. Así lo establece el acuerdo del Pleno del Senado del 24 de julio de 2024 que, además de elegir a Preciado como uno de los seis vocales judiciales correspondientes a esa Cámara, seleccionó como primer suplente a David Villagrá Álvarez, actual presidente del Tribunal de Instancia de Almería, de la conservadora APM. La lista la completan como segundo suplente el progresista Ignacio Martín Verona, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y la también conservadora Isabel Serrano Frías (APM).

La última renovación del Consejo vino acompañada de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) relativa, precisamente, a la elección de los suplentes. En lugar de establecer, como hasta entonces, una lista de tres nombres en el orden elegido por el Congreso o el Senado para cada uno de los seis vocales judiciales y cuatro seleccionados entre juristas de reconocido prestigio que tocan a cada Cámara, se estableció que cada uno de los consejeros titulares tuviera su propio sustituto para el caso de que dejara el cargo anticipadamente. Esta nueva regulación, sin embargo, no es de aplicación al actual CGPJ, cuya renovación se hizo con el sistema anterior.

La salida de Preciado es solo una hipótesis de futuro, pero en el sector progresista hay otro vocal judicial que sí tendrá que ser sustituido dentro de dos años. Se trata del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Arozamena que, en agosto de 2028, alcanzará la edad de jubilación (72 años) y, al formar parte de la cuota de consejeros procedentes de la carrera, tendrá que dejar el Consejo. A diferencia de lo que ocurriría con Preciado, en este caso, la sustituta será, al igual que el vocal saliente, de sensibilidad progresista. Arozamena fue elegido por acuerdo del Pleno del Congreso el 23 de julio de 2024. En ese mismo acuerdo, como primera suplente aparece Adoración Jiménez Hidalgo, titular de la plaza 3 de lo Social del Tribunal de Instancia de Terrassa (Barcelona), miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y de JJpD.

"Tenemos un grave déficit de jueces y así lo ha advertido de forma reiterada el Consejo General del Poder Judicial", dijo la presidenta de ese órgano, Isabel Perelló, el pasado 3 de febrero durante la entrega de despachos a la última promoción de nuevos integrantes de la carrera. "La media de jueces por habitante está muy por debajo de la europea", añadió. Después saltó a las consecuencias de esa carencia: "Este déficit provoca un sobreesfuerzo y una sobrecarga de trabajo sobre los jueces actuales", dijo. "También retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, que muchas veces son inasumibles para los profesionales del derecho y los ciudadanos". El Gobierno ha asumido la queja y acaba de anunciar 500 nuevas plazas judiciales y planea crear otras 500 más en 2027, además de aprobar una macroconvocatoria de oposiciones y concursos de méritos para asumir a los nuevos jueces y magistrados que las cubran.

El discurso de Perelló, sostenido por gran parte de los jueces y magistrados españoles y que les permite –tanto al CGPJ como a muchos jueces y magistrados– eximirse de cualquier responsabilidad en el atasco secular de la justicia para centrarlo en el Gobierno –que debe contratar más jueces y funcionarios, y dotar a los órganos de varias autonomías– o en los ejecutivos autonómicos con las competencias de Justicia transferidas –que deben proporcionar los medios a los de sus territorios– no se compadece con los datos que arrojan las estadísticas del propio órgano de gobierno de los jueces. Solo tres de cada 10 juzgados (ahora integrados en tribunales de instancia) y secciones de tribunales sufren una sobrecarga "no razonable" de trabajo. O al contrario, siete de cada diez órganos judiciales reciben cada año un número de asuntos que se considera asumible.

El Consejo tiene establecido el número de asuntos que cada juzgado o sección debe asumir. Hay órganos judiciales que, por baja demanda, no lo cubren, y otros que lo superan al tener una mayor litigiosidad. El servicio de Inspección del Consejo, que se encarga de supervisar el funcionamiento de todos ellos, considera que, cuando se supera en un 50% esa cifra de entrada, el juzgado o sección correspondiente sufre una sobrecarga no razonable de trabajo. Los últimos datos correspondientes al anuario La justicia dato a dato, correspondiente a 2024, indica que el 32,44% de los órganos judiciales se encuentran en esa situación. De este último porcentaje, el 10,71% se encuentran en un estado especialmente grave, al duplicar el número de causas que les debería corresponder según las estimaciones del Consejo.

Según los datos estadísticos de 2024, los últimos disponibles, ese año había en España 3.910 juzgados unipersonales (ahora integrados en tribunales de instancia) y 313 secciones de tribunales colegiados (audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). De todos esos órganos –4.223 en total– 1.369, es decir, aproximadamente un tercio, soportan más trabajo del que deberían, mientras que los que se encuentran en una situación especialmente penosa por la excesiva carga de asuntos serían 452, apenas uno de cada 10. Es decir que la "sobrecarga" y el "sobreesfuerzo" del que se queja Perelló en sus discursos no son generalizados, pese a que esa sensación la comparta gran parte de la carrera.

Sí es cierto que los 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes que tiene España, la colocan en la parte más baja de la tabla facilitada por la Comisión para la Eficiencia Judicial y el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, dos organismos pertenecientes al Consejo de Europa. El dato español se sitúa, sin embargo, por encima del de otros países de nuestro entorno, como Francia, Suecia, Noruega, Malta o Dinamarca, y a muy poca distancia del de Italia, Bélgica o Países Bajos. Muy por encima de la cifra española se encuentra la de Grecia (37,3 jueces por cada 100.000 habitantes) o Croacia (42,4 jueces).

Sin embargo, los datos indican que la ratio de jueces por habitante no es crucial para la calidad de este servicio público. Grecia o Croacia triplican en número de jueces a España en relación a su población, pero el atasco judicial en esos países es mucho peor. En ambos, el tiempo medio de resolución de los casos civiles y penales supera ampliamente al de España pese a contar con una plantilla proporcionalmente mucho mayor. Una demanda civil en España tarda unos 359 días en resolverse, mientras que en Grecia se sustancian en más del doble de tiempo. Los tiempos de resolución de España también son mejores que los de esos dos países en las causas criminales. Así que, el número de jueces o magistrados por cada 100.000 habitantes de cada país no determina por sí mismo la eficacia del sistema judicial.

Si la comparación se hace con los otros seis países más ricos de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Bélgica), todos ellos, salvo Francia, con más jueces por habitante que España, los tiempos medios de los procesos en nuestro país son similares a los de Italia y Francia.

Otra de las variables que a menudo se utilizan desde la judicatura para echar la culpa a otros del mal funcionamiento de los órganos judiciales es la falta de medios. La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) percibe un caos y desorganización generalizados en la implantación de los nuevos tribunales de instancia que sustituyen en cada partido judicial a los tradicionales juzgados unipersonales. Ese caos, afirma esa asociación junto a otras, se debería, en gran parte, a que la ley que los ha implantado (la ley de eficiencia) no vino con los fondos necesarios para hacerlos funcionar.

Sin embargo, al contrario que en el índice de jueces por habitante, en el de inversión en Justicia por habitante, España se encuentra entre los primeros del Consejo de Europa, con 96,8€ por persona (en el puesto 16 de los 48 Estados miembros). En esta tabla concreta, sí se encuentra una relación directa entre la inversión por contribuyente y la duración media de los procesos, que se reducen cuanto más dinero se gaste cada país. En febrero de este año, en España había 5.809 jueces y magistrados en activo y otros 423 en excedencia o servicios especiales, según los datos del CGPJ.

La última edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich ha dejado al descubierto algo más profundo que las habituales declaraciones diplomáticas o los rituales de reafirmación atlántica. Lo que se ha escenificado en Múnich es la constatación de que Europa atraviesa un momento de inflexión estratégica sin precedentes desde el final de la Guerra Fría. El seísmo geopolítico provocado por la invasión rusa de Ucrania y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca han terminado de desordenar un marco de seguridad que ya estaba tensionado. Sin embargo, más allá del diagnóstico compartido, lo que emerge es una Unión Europea que sigue debatiéndose entre la conciencia del cambio estructural y una respuesta política aún tímida, fragmentada y crecientemente conservadora.

La invasión a gran escala de Ucrania supuso la ruptura definitiva de la arquitectura de seguridad europea construida tras 1989. La confianza en la interdependencia como garantía de estabilidad se evaporó con los tanques rusos cruzando la frontera. La autonomía estratégica —hasta entonces un concepto debatido en círculos académicos y diplomáticos— pasó a convertirse en una urgencia. Ahora la sensación es que la UE ha reaccionado más por acumulación de decisiones coyunturales que por un rediseño estratégico coherente.

La Conferencia de Múnich ha confirmado esta paradoja. Por un lado, la narrativa europea insiste en la unidad frente a Moscú y en el compromiso con Ucrania, al tiempo que la realidad sobre el terreno empieza a tener ecos que ya aparecen y que plantean la necesidad de abrir los cauces de diálogo con Moscú si los europeos quieren tener algo que decir en un futuro plan de paz. Por otro, la realidad política interna muestra fracturas cada vez más visibles. La derechización institucional y social que recorre buena parte del continente condiciona las prioridades. La agenda securitaria gana peso, mientras que la agenda social y verde retrocede o se redefine en términos más pragmáticos y menos transformadores.

De este modo la UE se enfrenta a un triple desafío. Primero, un retroceso geopolítico relativo frente a potencias como Estados Unidos y China. Segundo, una indefinición estratégica que oscila entre el atlantismo clásico y la aspiración a una autonomía difícil de materializar. Tercero, la necesidad urgente de avanzar hacia un modelo de economía productiva capaz de sostener su competitividad en un entorno de rivalidad sistémica.

La llegada de Trump introduce un elemento adicional de incertidumbre. Su visión transaccional de las alianzas y su cuestionamiento recurrente del compromiso estadounidense con la seguridad europea obligan a los Estados miembros a contemplar escenarios hasta hace poco impensables. Pero la respuesta europea no está siendo una profundización automática de la integración, sino, por el momento, un refuerzo de lo intergubernamental.

En este sentido, Alemania ocupa un lugar central. El giro hacia políticas de corte neokeynesiano —con mayor inversión pública, especialmente en defensa e infraestructuras— marca una ruptura respecto a la ortodoxia fiscal que caracterizó su liderazgo durante la crisis del euro. Sin embargo, este impulso inversor viene acompañado de una propuesta desregulatoria que apunta a flexibilizar normas ambientales y de competencia para favorecer la reindustrialización. El resultado es una combinación ambivalente donde entramos más Estado en términos de inversión, pero donde se busca menos regulación en ámbitos sociales y verdes.

La llamada “pausa” en la agenda climática no es anecdótica. Refleja un cambio de prioridades en un contexto donde la seguridad energética, la defensa y la competitividad industrial se imponen sobre los compromisos de transición ecológica. La Conferencia de Múnich ha mostrado hasta qué punto el discurso sobre la resiliencia europea se articula ahora en clave de poder duro y capacidad industrial, más que en términos de liderazgo normativo o transformación sostenible.

Pero el verdadero debate subyacente es institucional. Lo intergubernamental gana terreno como método preferido para avanzar en el proceso reindustrializador y en la política de defensa. Las decisiones clave se toman en el Consejo Europeo, con protagonismo de las grandes capitales, mientras que la Comisión y el Parlamento ven limitado su margen de iniciativa. Esta dinámica responde a la urgencia y a la sensibilidad soberanista de muchos gobiernos, pero también profundiza las asimetrías internas.

Frente a esta vía, resurgen las voces que abogan por una respuesta más integracionista a través de la emisión de eurobonos como instrumento para financiar la transición industrial y tecnológica de forma solidaria. La experiencia del Next Generation EU ha demostrado que la mutualización parcial de deuda es políticamente posible en situaciones excepcionales. La cuestión es si el actual contexto —marcado por la guerra y la rivalidad global— no constituye precisamente una de esas situaciones.

El debate no es meramente técnico. Se trata de definir qué tipo de Unión Europea se quiere construir. Una UE basada en coaliciones flexibles de Estados que avanzan según intereses nacionales convergentes, o una UE que profundiza en la integración fiscal y política para reforzar su posición global. La primera opción ofrece rapidez y control nacional; la segunda, mayor cohesión y potencial estructural.

Sin embargo, cualquier estrategia que aspire a reforzar la posición europea debe abordar también la dimensión social. La derechización del espacio político no es solo el resultado de dinámicas externas, sino de malestares internos acumulados sostenidos sobre desigualdad, precarización, percepción de pérdida de control. Si la respuesta al seísmo geopolítico se limita a la securitización y a la competitividad, sin un proyecto social inclusivo, el riesgo es alimentar aún más las fracturas que debilitan a la Unión desde dentro.

La Conferencia de Múnich ha puesto sobre la mesa la necesidad de asumir que el mundo post-2022 es estructuralmente distinto y que esa tendencia se profundiza con el segundo mandato de Trump. La guerra en Ucrania fue solo el primero de una serie de episodios de un orden internacional en transformación. La pregunta es si Europa quiere ser sujeto o objeto de esa transformación.

Reforzar la posición de la UE en el actual contexto implica, en primer lugar, claridad estratégica. Eso exige definir prioridades realistas: defensa común, autonomía tecnológica, seguridad energética. Pero también implica coherencia entre discurso y recursos. Sin instrumentos financieros adecuados, la retórica sobre autonomía queda vacía. En segundo lugar, requiere superar las fracturas internas mediante mecanismos de solidaridad efectiva. La integración fiscal —incluida la posibilidad de eurobonos— no es solo una cuestión económica sino política, ya que simboliza la voluntad de compartir riesgos y destino. Y, en tercer lugar, demanda reequilibrar la agenda para que la competitividad no se construya a costa del contrato social europeo. La fortaleza geopolítica no puede desligarse de la legitimidad interna.

El debate está abierto. Múnich ha sido un espejo incómodo en el que Europa se ha visto tal y como es, consciente del cambio de era, pero aún indecisa sobre cómo responder. Entre el repliegue nacional y el salto integrador, entre la desregulación competitiva y la inversión solidaria, entre la seguridad y la cohesión social, la Unión Europea se juega algo más que su influencia externa, se juega su propia razón de ser.

La pregunta, por tanto, no es solo cuál es la mejor manera de reforzar la posición de la UE en el contexto actual. La pregunta es si los europeos están dispuestos a asumir el coste político de una integración más profunda que les permita no solo resistir el seísmo geopolítico, sino redefinir su lugar en el mundo.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Los elevados estándares de protección migratoria de Europa en comparación con otras regiones del planeta han recibido en los últimos días varios torpedos que rebajan el nivel garantista de su línea de flotación. En la UE, solo España se opuso a la creación de centros de deportación fuera de las fronteras comunitarias. En Estrasburgo, en el Consejo de Europa, las tesis de Italia y Dinamarca se han impuesto para que la Convención de los Derechos Humanos sea “equilibrada” a la hora de reaccionar a la expulsión de extranjeros que hayan delinquido.

Existe en la Unión Europea una corriente de fondo desde el inicio de la nueva legislatura comunitaria en 2024 que busca rebajar los estándares migratorios, en línea con las tesis de Viktor Orbán en Hungría o de Giorgia Meloni en Italia. En Bélgica, la llegada de una nueva coalición de Gobierno endureció las condiciones de asilo. Checos, eslovacos, austríacos o polacos viajan en el mismo barco. Ahora, en este final del curso político, esta corriente emerge en toda su dimensión.

Paso a paso, con la aprobación de reglamentos temáticos, está en marcha una reforma de gran calado en el sistema de asilo común, lejos de los grandes titulares. Ya está aprobada, y entrará en vigor en pocos días, la norma para crear el mecanismo para que desde España, Grecia, Italia y Chipre se distribuyan a otros países unos 21.000 demandantes de asilo. El resto de Estados miembros que no los quieran acoger podrán contribuir con dinero a un "pool de solidaridad".

La migración será protagonista también en la Cumbre Europea del próximo jueves. Antes de su inicio, en Bruselas, Giorgia Meloni mantendrá con la danesa Mette Frederiksen y el neerlandés Dick Schoof un almuerzo que empieza a ser recurrente para tratar cuestiones migratorias. Los tres dirigentes acostumbran a verse para intercambiar ideas sobre la gestión fronteriza o las medidas en los sistemas de asilo. La declaración aprobada en Estrasburgo “no habría ocurrido” sin el empuje de estos líderes, en palabras de un diplomático de estos países.

En una capital comunitaria como Copenhague se destaca la aceleración que están experimentando estos debates migratorios a nivel europeo. La primera ministra Frederiksen celebra que una mayoría de países apostase en Estrasburgo por “asegurar que los condenados extranjeros por serios crímenes puedan ser expulsados”. La declaración en el Consejo de Europa, organismo cuyo núcleo de trabajo son los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Europa, denuncia que las sociedades del continente “son desafiadas por personas que se aprovechan de nuestra hospitalidad”. Un texto impulsado por Dinamarca e Italia, firmado por 27 países, pero no por España, Francia o Alemania, sobre el que Giorgia Meloni afirmó sentirse “muy contenta” por lanzar “un debate fructífero con soluciones innovadoras” a nivel migratorio.

Esta mayoría de países permitirá una revisión del mandato y las competencias de la Corte Europea de Derecho Humanos, proceso que empezará ya en 2026, para que el tribunal no interfiera en las deportaciones de criminales extranjeros aunque sus familias residan en alguno de los Estados partícipes. Mette Frederiksen lo califica como “un ajuste en el equilibrio entre los importantes intereses públicos en la defensa de la libertad y la seguridad de nuestras sociedades y los derechos de individuos criminales extranjeros”. 

En paralelo a la celebración de la primera ministra danesa por aprobar su iniciativa con su homóloga italiana, en Bruselas sus diplomáticos han exprimido estos últimos días de la presidencia de Dinamarca en el Consejo de la UE para sacar adelante los últimos reglamentos migratorios, antes de que Chipre asuma el mandato semestral con el cambio del nuevo año.

La presidencia rotatoria danesa ha estado últimamente muy involucrada en aprobar los reglamentos migratorios. Cuatro que salieron fueron aprobados en la reunión de los ministros europeos de Interior y Justicia en la que el Gobierno español decidió ser la única voz discordante. Sobre el reglamento que establece una lista europea única de países extranjeros considerados seguros, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, denunció que “rompe” con la integridad del Pacto Migratorio “antes de que haya echado a andar, manifestó". Marruecos, Túnez, Egipto, Colombia, Kosovo, la India o Bangladesh están en ese listado.

España se opuso también al reglamento que diseña la base jurídica de la controvertida medida de los centros de expulsión, propuesta lanzada hace meses por la Comisión. El ministro Marlaska manifestó “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los calificados como hubs de retorno. España se queda fuera mientras que socios como Países Bajos confirman un proyecto para deportar demandantes de asilo a Uganda, y Grecia y Alemania estudian centros similares también en África. 

La postura de Madrid se desmarca de la senda iniciada por Roma y que ya se impone como mayoritaria en la capital comunitaria. El homólogo de Marlaska, Matteo Piantedosi, adelantó en Bruselas que las instalaciones financiadas por su país en Albania servirán para poner en marcha “procesos fronterizos acelerados y convertirse en el primer ejemplo de los hubs de retorno”. El espejo innovador al que miran muchos socios de los 27.

Con las victorias bajo el brazo entre los ministros europeos de Interior y también en el Consejo de Europa de Estrasburgo, Meloni saca pecho. Acaba de ser la protagonista de una conferencia de alto nivel presidida por Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión, para la Alianza Global contra el Tráfico Migratorio. La externalización del control de las fronteras fuera de la UE es, dijo durante su intervención, el “modelo” y la “senda a seguir a nivel europeo”. La posfascista constató una realidad: “Las soluciones innovadoras” a nivel migratorio “son vistas con interés creciente y se están convirtiendo en una práctica común”.

En X, la antigua Twitter, tras el nombre de usuario de @MagistraThor se encuentra el magistrado de la Audiencia de Madrid Luis Sanz. El juez decano de los juzgados de Melilla y presidente de la asociación judicial Foro Judicial Independiente –considerada conservadora, aunque sus directivos lo nieguen– Fernando Portillo, actúa en esa misma red social como @JudgeTheZipper. Estos dos miembros de la judicatura, como otros muchos, expresan continuamente sus opiniones políticas, casi siempre contrarias al Gobierno, en esa red social. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado este lunes esa actividad en una sentencia que restringe, todavía más, las facultades de los Consejos Judiciales de los Estados miembros para investigar a estos y otros jueces que vierten mensajes de gran contenido ideológico en esta red social y, a menudo, provocan sospechas en amplios sectores sociales.

La resolución anula una sanción disciplinaria impuesta por el equivalente rumano al CGPJ a un juez de ese país. El magistrado publicó en Facebook acusaciones contra su Gobierno por sus supuestos "intentos de atacar y desacreditar" a instituciones como las fuerzas de seguridad o la magistratura. También reposteó una entrevista publicada por un medio digital a un fiscal que se quejaba de las dificultades que el Ejecutivo generaba a los representantes del Ministerio Público para desarrollar sus investigaciones. "Este fiscal sí que tiene sangre en las venas", dijo de él. El Consejo rumano lo sancionó por una falta disciplinaria consistente en "dañar el honor, la integridad profesional o la imagen del sistema judicial ejerciendo sus labores profesionales o fuera de ellas". Casi siete años después, la máxima instancia de protección de los derechos humanos ha concluido que esa sanción vulneró la libertad de expresión del juez.

Uno de los pocos motivos que el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece en su artículo 10 para limitar a través de la ley el derecho fundamental a la libertad de expresión es que se haga "para garantizar la autoridad y la imparcialidad" de los jueces y magistrados. La sentencia establece los criterios a seguir por las autoridades de los Estados firmantes de ese Convenio a la hora de enjuiciar la actividad de los miembros de la judicatura y del Ministerio Fiscal que publican este tipo de opiniones en sus redes.

En primer lugar, los magistrados se refieren al contenido que los miembros de la magistratura podrían publicar por esta vía. El tribunal de Estrasburgo parte de que los jueces y fiscales, en las materias de interés general, gozan de una mayor protección de su libertad de expresión, especialmente si se refieren al funcionamiento del sistema judicial o a las reformas legales en este campo. En España, han sido múltiples los jueces que han cargado contra el Ejecutivo en redes por las reformas puestas en marcha para democratizar el acceso a la carrera judicial, dejar la instrucción de los delitos en manos de la Fiscalía o reforzar el estatuto de esta última para blindarla en su autonomía. Incluso han utilizado estas plataformas para convocar una huelga ilegal contra ellas.

Esa libertad de expresión especialmente reforzada, tiene mayor importancia, según el TEDH, "cuando la democracia o el Estado de derecho está bajo seria amenaza". "Los jueces deben manifestarse en defensa de la independencia, del orden constitucional y de la restauración de la democracia tanto a nivel nacional como internacional", explica la resolución. Las asociaciones judiciales y fiscales más conservadoras y muchos de los jueces y fiscales tuiteros recurren, precisamente, a esos riesgos sistémicos para atacar al Ejecutivo. Esas han sido las quejas tradicionales en nuestro país cuando el presidente o algún ministro han cuestionado algunas actuaciones judiciales o ante iniciativas como la ley de amnistía: que se estaba atacando la separación de poderes y la independencia judicial pese a que España se encuentra entre los Estados más garantistas, según los principales índices e indicadores internacionales.

Estrasburgo avisa de que expresar esas opiniones, sin embargo, puede comprometer la imparcialidad y la independencia de los jueces que deben estar "en equilibrio" con su libertad de expresión. "La pregunta que hay que hacerse es si en se contexto particular y ante los ojos de un observador razonable e informado, el juez ha podido poner en peligro su imparcialidad o independencia". Otro de los límites al derecho fundamental a expresar sus ideas es el "deber de discreción". "Incluso las apariencias pueden tener cierta importancia", sostiene el tribunal. "En otras palabras, la justicia no solo debe hacerse sino que se debe poder ver cómo se hace".

Ese "deber de discreción", prosiguen los magistrados, implica otro frecuentemente incumplido por algunos de estos jueces en España. "El de ser circunspectos y prudentes en el tono y en el lenguaje y tener en cuenta, respecto a cada una de las publicaciones que se hagan en redes sociales y otra interacción con los usuarios en dichas plataformas, las posibles consecuencias para la dignidad judicial". Es decir, que la libertad de expresión, en principio, no ampararía, expresiones como "psicópata sin límites éticos" para referirse al presidente del Gobierno o "Barbigoña" para hablar sobre su esposa, como hizo en X el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara. Tampoco referirse a una exministra de Igualdad como "cajera del Mercadona", como dijo el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de Irene Montero.

El TEDH asegura, además, que algunos cargos judiciales, como los presidentes de tribunales, el fiscal general del Estado, el portavoz de un tribunal, los representantes de las asociaciones judiciales o los vocales del CGPJ, por ejemplo, "disfrutan de una mayor protección de su libertad de expresión dado que sus manifestaciones públicas muy a menudo buscan preservar el sistema judicial".

La sentencia llama también a la restricción de la actividad en redes sociales cuando se trate de casos sub iudice, es decir, en tramitación. "Esto implica abstenerse de cualquier comentario que razonablemente pueda ser entendido como un intento de influir o comprometer los procedimientos", señala. Varios jueces y fiscales españoles cargaron contra la ley de amnistía en redes sociales como X mientras se encontraban abiertos múltiples procesos judiciales en los que se analizaba si esa norma debía aplicarse o no. Algunos, incluso difundieron formularios para que los diferentes juzgados y tribunales pudieran cuestionar la disposición ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la UE y así dilatar su aplicación. Lo mismo ha ocurrido durante el juicio en el Supremo al fiscal general.

Los jueces de este tribunal dependiente del Consejo de Europa recuerdan que publicar en redes sociales implica determinados riesgos que no tienen las publicaciones en papel y que se derivan de la interacción que puede desarrollar el resto de usuarios. Por eso, cuando las autoridades de un país analicen este tipo de publicaciones por parte de un juez o un fiscal, deben tener en cuenta si se lanzaron en redes abiertas abiertas a todos, otras reservadas un grupo reducido de miembros –"amigos", los llama– o cerradas al público general y solo abiertas a profesionales del derecho.

La sentencia concluye que las críticas en Facebook del juez rumano a su Gobierno y el apoyo al fiscal que denunciaba los obstáculos que el Ejecutivo ponía a sus investigaciones, buscaban "defender el orden constitucional y preservar la independencia de las instituciones del Estado". También consideraba que sus opiniones "estaban relacionadas con asuntos de interés general sobre los que el público en general tenía un derecho interés en ser informado". Sus posts, según Estrasburgo, "no causaron disrupción en el buen funcionamiento de la justicia ni afectaron al honor o la confianza de los ciudadanos en ella". Así que su sanción, vulneró su derecho fundamental a expresarse libremente.

La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles la creación del Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, un organismo de inteligencia dentro del Ejecutivo comunitario destinado a contrarrestar las campañas de desinformación de países como Rusia, y con la colaboración voluntaria de las agencias de espionaje de los Estados miembros, según informa EFE.

La iniciativa forma parte de una propuesta más amplia que hoy presentó el Ejecutivo comunitario bajo el nombre de "Escudo democrático", con una serie de medidas para combatir la manipulación de terceros países, principalmente en internet, la mayoría de las cuales ya se están llevando a cabo.

En concreto, el organismo coordinará "las redes y estructuras existentes" en los países de la UE y los países candidatos "que trabajan en la prevención, detección, análisis y respuesta a los patrones de amenazas en el espacio de la información", según el documento que publicó la Comisión.

La propuesta de crear un organismo de inteligencia europeo la planteó por primera vez el año pasado el exprimer ministro finlandés, Sauli Niinistö, en un informe que le pidió la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para que formulase propuestas con las que combatir la desinformación.

Los Estados miembros son reacios a compartir su información de inteligencia con el resto de socios europeos, por lo que Bruselas dejó claro que la participación será voluntaria y "respetará completamente" las competencias nacionales.

"La democracia está bajo presión y ataque tras casi cuatro años de guerra en Ucrania", dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Digital, Henna Virkkunen, en la rueda de prensa en la que presentó la propuesta.

También el comisario de Interior, Michael McGrath, señaló a "regímenes autoritarios que utilizan técnicas híbridas" y que han estado invirtiendo en medidas para manipular la información, "con el objetivo de minar la confianza de los ciudadanos, aprovechar nuestras divisiones, ejercer influencia en las elecciones y desestabilizar nuestra democracia".

En este sentido, Bruselas señaló "el completo arsenal de amenazas híbridas que se desplegaron" durante las elecciones de Moldavia del pasado mes de septiembre, dijeron fuentes europeas en referencia a Rusia.

La creación de un "Escudo democrático" fue una de las propuestas que Von der Leyen planteó el año pasado ante el Parlamento Europeo, cuando buscaba el visto bueno de los eurodiputados a su segundo mandato.

La propuesta cuenta con toda una serie de medidas que ya se están llevando a cabo o que ya se han anunciado en el pasado, como la ley de servicios digitales, que obliga a las grandes plataformas a combatir la desinformación.

También la ley de inteligencia artificial, que obliga a los modelos de inteligencia artificial generativa a una mayor transparencia, avisando a los usuarios cada vez que un contenido lo haya generado una máquina.

Bruselas también pide más responsabilidad a los "influencers" cuando participen en campañas electorales. No se trata de "controlar su contenido" sino de "tener más claridad sobre su papel en campañas políticas", dijeron las citadas fuentes europeas.

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) ha admitido a trámite una demanda del Foro Europeo de la Discapacidad por la discriminación que considera que sufren las personas a las que representan en el acceso a la vivienda, informa EFE.

En una decisión publicada este viernes, el CEDS indicó que en la sesión que se había celebrado la semana pasada consideró por unanimidad admisible esa demanda.

En su queja, esta organización considera que España presenta una serie de carencias legislativas, administrativas y financieras eficaces y coordinadas para garantizar ese acceso, en particular en los edificios residenciales sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal, e incumple varios artículos de la Carta Europea de Derechos Humanos.

Según su lectura, España perpetúa un marco jurídico que genera discriminación indirecta contra las personas con discapacidad, las personas en situación de pobreza o exclusión y aquellas que están en riesgo de sufrirlas. Los expertos del CEDS deberían abordar esta demanda en los próximos meses para emitir un dictamen.

Las comparaciones con la Polonia ultraderechista del PiS, que trató de poner el Poder Judicial de ese país al servicio del Gobierno de Varsovia, han desaparecido. La versión final del informe de la Comisión de Venecia sobre las propuestas del CGPJ sobre la renovación de 12 de sus 20 vocales no contiene en su texto definitivo ningún parangón con la reforma judicial del ex primer ministro Mateusz Morawiecki (del ultranacionalista PiS) que, en 2017, provocó la intervención de la Comisión Europea al considerarla un "riesgo sistémico" para el Estado de derecho. El Gobierno quita peso a las referencias a ese país y subraya que el órgano consultivo del Consejo de Europa ha advertido sobre el riesgo de politización del CGPJ a través de las asociaciones judiciales en caso de que fueran los jueces los que eligieran a los 12 vocales procedentes de la carrera judicial, como defiende el dictamen. El Ejecutivo sigue apostando porque el Parlamento tenga la última palabra.

El borrador previo al informe definitivo contenía al menos tres referencias a la Polonia del anterior Gobierno de extrema derecha y ultracatólico, que puso en marcha una serie de reformas judiciales sin precedentes que buscaban la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. La gravedad de la iniciativa fue tal que la propia UE decidió actuar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para paralizarlas, lo que logró en una decisión histórica. La crisis creció tanto que el Ejecutivo europeo de Ursula von der Leyen amenazó, además, a Varsovia con la congelación de las ayudas millonarias a la recuperación tras la pandemia de covid. Las asociaciones judiciales españolas más conservadoras y corporativas reclamaron al unísono a Bruselas que actuara de la misma forma contra el Gobierno de Sánchez por "poner en riesgo la independencia judicial". El organismo comunitario jamás las creyó ni tomó una decisión semejante hacia España.

El documento final de la Comisión de Venecia sobre el sistema de renovación del Consejo, hecho público este lunes, omite en su texto cualquier referencia a Polonia. Sí contiene, sin embargo, las sentencias y dictámenes previos que citaba textualmente el anterior borrador, pero los traslada a referencias a pie de página. La comparación con uno de los mayores ataques a la separación de poderes en un Estado miembro de la UE había causado sorpresa y asombro en el sector progresista del CGPJ. Porque la Comisión Europea jamás ha mostrado con España una preocupación semejante por un método de nombramiento de vocales que, con algunas modificaciones puntuales, está vigente desde 1985. Las únicas observaciones se produjeron gracias al bloqueo de más de cinco años y medio que provocó el PP al negarse a sentarse a negociar con el PSOE y el resto de partidos que apoyan al Gobierno.

Fuentes del Ejecutivo quitaron importancia a la comparación que incluía el borrador y aseguraron que estaba completamente "fuera de lugar". Para el Gobierno, lo importante es que la Comisión de Venecia reconoce que "no existe un modelo estándar que un país democrático esté obligado a seguir al establecer su Consejo". No existe una norma que imponga un modelo y, en democracias consolidadas como Alemania y Austria, por ejemplo, ni siquiera existe un órgano de gobierno de los jueces. El dictamen, recoge la posición tradicional de ese órgano, que prefiere que sean los propios jueces los que elijan a los 12 vocales procedentes de la magistratura, pero fuentes del Ministerio de Presidencia y Justicia, recalcan que introduce, por primera vez, "los grandes riesgos de interferencia política a través de las asociaciones judiciales" que tiene ese modelo, el preferido también por la derecha judicial.

"El riesgo de politización interna no debería pasarse por alto, especialmente cuando las asociaciones judiciales pueden ejercer una influencia significativa sobre las nominaciones y las campañas electorales", sostiene la Comisión de Venecia sobre la propuesta conservadora que defiende que sean los jueces los que elijan y no el Parlamento, como ahora. "El proceso de elección debe ser protegido no solo de interferencias [políticas] externas sino también de las politización interna ya que las dos pueden socavar la independencia judicial". El informe también advierte del riesgo de corporativismo.

Los foros en los que todo el cuerpo judicial puede ejercer su voto en España –esencialmente las elecciones a Salas de Gobierno y las que sirven para seleccionar a los miembros de la Comisión de Ética del Consejo– muestran, convocatoria tras convocatoria, que las asociaciones más de derechas y más críticas con el Ejecutivo actual, copan casi hegemónicamente los puestos en liza. Sin embargo, la Comisión de Venecia sostiene que carece de elementos fácticos para sostener que la judicatura española es un estamento conservador.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces recuerdan que fueron precisamente los vocales de esa sensibilidad los que impusieron al CGPJ que reclamara la opinión del órgano consultivo del Consejo de Europa porque sabían que defendería su propuesta frente a la de los progresistas, que quieren que la última palabra sobre los 12 vocales jueces la siga teniendo el Parlamento "para garantizar el pluralismo de la sociedad". La reforma legal que acompañó a la última renovación del órgano de gobierno de los jueces, en junio de 2025, obligó al Consejo a redactar una propuesta de reforma que pudiera ser valorada positivamente por el informe sobre el Estado de derecho de la UE, que redacta cada año la Comisión Europea. La opinión del Ejecutivo europeo –y no la de la Comisión de Venecia– es la realmente vinculante en este proceso.

Con Polonia o sin ella, el dictamen de la Comisión de Venecia no ha hecho cambiar de opinión al Ejecutivo, que sigue defendiendo el modelo actual de elección Parlamentaria. Consideran que el sistema vigente desde hace cuatro décadas ha asegurado la independencia judicial y ha evitado "que una sensibilidad corporativa o partidista pueda capturar el CGPJ". Fuentes del Gobierno recuerdan, además que en 2001, durante el segundo mandato de José María Aznar, los principales partidos con representación en el Congreso revalidaron su apuesta por el sistema actual en el Pacto de Estado por la Justicia firmado ese año. Las fuentes consultadas advierten, además, del riesgo de que, en caso de que el Gobierno pasara en un futuro al PP y a Vox y estas formaciones decidieran modificar unilateralmente el sistema de renovación de los vocales, se abriera la vía a que, con cada nuevo gabinete se modificara el sistema de elección de vocales judiciales, lo que supondría "un enorme riesgo para la estabilidad del Poder Judicial".

Que la Comisión de Venecia acabaría decantándose por la propuesta de reforma del sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defendida por el sector conservador de ese órgano era más que previsible. De hecho fueron los 10 vocales a propuesta del PP los que exigieron a la presidenta, Isabel Perelló, que reclamara un informe a ese órgano consultivo del Consejo de Europa sabiendo que ratificaría su iniciativa –que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales procedentes de la carrera– frente a la de los vocales a propuesta del PSOE y Sumar –que siga siendo el Parlamento quien tenga la última palabra para garantizar la pluralidad ante un cuerpo muy escorado a la derecha–. Esa ha sido la posición tradicional de este organismo, pero lo verdaderamente relevante es la que asuma la Comisión Europea cuando la modificación legal salga adelante.

A la espera de que este lunes 13 de octubre ese organismo envíe su informe definitivo, el borrador adelantado a las autoridades españolas ha causado indignación en el sector progresista del Poder Judicial. La razón no es que prefieran el sistema de renovación propuesto por los conservadores, algo que se daba por descontado, sino el hecho de que el único país con el que la Comisión de Venecia compara a España es la Polonia ultraderechista y populista del PiS que, al tratar de dar la vuelta como un calcetín al sistema judicial para ponerlo al servicio del Gobierno en 2017, provocó la intervención de la Comisión Europea, al apreciar que estaba en riesgo el Estado de derecho en ese país. Su presidenta, Ursula von der Leyen, llegó a amenazar a Varsovia con la congelación de las ayudas millonarias europeas a la recuperación postcovid si no se revertían las reformas.

No hay duda de que el anterior Gobierno polaco del PiS puso en peligro la democracia, de la misma forma que ha hecho el prorruso Viktor Orbán, que denomina "iliberal" el sistema impuesto por él y su partido, el Fidesz, lo que le ha provocado la apertura de un procedimiento de sanción por parte de Bruselas. Ambas situaciones fueron consideradas en Europa como un "riesgo sistémico" para el sistema democrático, un temor que jamás se ha planteado en la UE respecto a España. Entre las múltiples medidas regresivas que aprobó Varsovia, una de ellas fue dar al Parlamento la elección de los vocales jueces de su Consejo, algo que hasta entonces hacían los propios jueces.

El España, el sistema parlamentario de elección de todos los miembros del Consejo –los 12 procedentes de la magistratura y los ocho juristas– es el mismo desde hace 40 años. En todo ese tiempo apenas ha suscitado críticas desde organismos internacionales, que solo se fijaron en él cuando el PP decidió bloquear unilateralmente la renovación del órgano durante más de cinco años provocando una crisis judicial sin precedentes. Desde la creación del CGPJ en 1980, todos los retrasos en el nombramiento de nuevos vocales se han debido a los cálculos estratégicos sobre intereses políticos del partido que ahora dirige Alberto Núñez Feijóo.

El borrador de informe de la Comisión de Venecia –cuyo texto no es definitivo– recuerda que ese organismo ya advirtió contra la politización del proceso de elección de los miembros jueces de carrera de los consejos judiciales. Es ahí donde compara por primera vez el caso español con el polaco. "Cuando se produjeron las reformas judiciales de 2017 en Polonia, se transfirió la facultad de elegir a los miembros judiciales del Consejo General al Parlamento", dice el documento provisional. "La Comisión [de Venecia] consideró que este cambio, sumado a la sustitución inmediata de los miembros en ejercicio, conduciría a una profunda politización del órgano. La Comisión recomendó volver a la elección de los miembros judiciales por sus pares", prosigue.

El informe provisional también se refiere a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2019 (caso A. K.) que concluyó que la elección de los miembros judiciales por el Parlamento que introdujo la reforma del anterior Gobierno populista polaco "era uno de los factores que ponían en cuestión la independencia del Consejo" de ese país. Se trata de un caso muy menor, porque el retroceso democrático del Gobierno del PíS fue tan grave que provocó que fuera la propia Comisión Europea la que, un año antes, instara ante el TJUE para que la máxima instancia judicial europea frenara todas estas reformas judiciales involutivas. El TJUE dio la razón al Ejecutivo comunitario en un fallo histórico sobre la autonomía de un Estado miembro para modelar sus instituciones. Algo tan grave jamás se ha planteado respecto a España, y mucho menos respecto del sistema de renovación de su CGPJ.

El órgano consultivo del Consejo de Europa también pone como ejemplo de la falta de adecuación a los estándares de esa organización internacional del Consejo español un caso seguido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también contra Polonia (Reczkowicz contra Polonia). En esa ocasión, el tribunal de Estrasburgo concluyó que gracias a la reforma del Consejo polaco, "los poderes Legislativo y Ejecutivo lograron una influencia decisiva en su composición. La ley prácticamente eliminó no solo el sistema representativo anterior, sino también las garantías de independencia del Poder Judicial". El CGPJ español es el órgano administrativo de gobierno de los jueces y, como tal, no juzga ni ejerce ningún tipo de función judicial, y sus decisiones, en última instancia, pueden ser objeto de recurso ante los tribunales. Además, su sistema de elección no es fruto de una reforma reciente, sorpresiva y regresiva en derechos, como la polaca, sino que lleva en vigor cuatro décadas.

Una de las razones del Gobierno español y del sector progresista del Poder Judicial para defender que a los 12 vocales judiciales los elija el Parlamento es el conservadurismo generalizado del cuerpo. Si los eligieran sus propios compañeros, el Consejo no reflejaría el pluralismo político y estaría perpetuamente dominado por la derecha. Las dos elecciones en las que participa toda la plantilla judicial –la relativa a los puestos electivos de las Salas de gobierno de los principales tribunales y la que selecciona a los miembros de la Comisión de Ética– dan sistemáticamente la victoria a los candidatos más conservadores. La Comisión de Venecia, sin embargo, desdeña ese argumento en su informe al sostener que "no puede discernir la base sobre la que se podría caracterizar al sistema judicial español en su conjunto como conservador".

El borrador ha generado malestar en el sector progresista del Consejo, que ha visto cómo el organismo del Consejo de Europa apuesta por la propuesta de reforma de los conservadores. Sin embargo, nueve de los diez vocales a propuesta del PSOE y Sumar recordaron este jueves que el organismo que debe evaluar el sistema que finalmente se adopte no es la Comisión de Venecia, sino la UE en su informe sobre el Estado de derecho (elaborado por la Comisión Europea). Señalan también que, pese a su posición, el texto provisional identifica un doble riesgo en la propuesta de los conservadores de que sean los jueces los que elijan a los 12 vocales procedentes de la carrera: por un lado, el corporativismo y, por otro, la politización a través de las asociaciones judiciales.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre creen que las comparaciones con Polonia están "fuera de lugar". En cualquier caso, recuerdan, se trata únicamente de un órgano asesor; "lo importante es lo que sostenga la Comisión Europea, que no ha planteado ninguna objeción", afirman. Como los vocales progresistas, esas mismas fuentes consideran que el documento también advierte de la posible "politización interna" y el corporativismo a través de las asociaciones en el caso de que sean los jueces los que elijan. Pese a los riesgos de "politización externa" por parte de los partidos que la Comisión de Venecia ve en la actual elección parlamentaria, el Gobierno defiende que esa opción es la única "con enganche constitucional y democrático". Las fuentes consultadas recuerdan además que "no hay estándares obligatorios" porque hay países como Alemania, por ejemplo, que ni siquiera tienen Consejo. "Cada Estado elige una manera de garantizar la independencia de los jueces", recuerdan desde el Gobierno.

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, afirmó este viernes que los países europeos del flanco oriental de la OTAN acordaron que el "muro antidrones" sea una prioridad inmediata para poner disponer de él cuanto antes a la vista de las provocaciones rusas y que forme parte de una arquitectura de defensa más amplia al que se podrán sumar otros Estados Miembros, según recoge EFE.

"Acordamos pasar del concepto a la acción concreta. Coincidimos en el punto más importante: la 'Vigilancia del Flanco Oriental', con el 'muro de drones' como núcleo, servirá a toda Europa", señaló el lituano en una rueda de prensa tras mantener una videoconferencia con los ministros de Defensa de Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, además de con los de Hungría y Eslovaquia.

Kubilius señaló que la nueva estrategia europea de defensa estará basada en cuatro pilares: el "muro antidrones", con capacidades avanzadas de detección, seguimiento e interceptación; las defensas terrestres, entre ellas los sistemas antimovilidad; la seguridad marítima para los mares Báltico y Negro; y la vigilancia desde el espacio.

El comisario europeo se comprometió a asegurar que esta iniciativa cuenta con el "impulso político" necesario en Bruselas y entre los socios comunitarios de cara al Consejo Europeo informal que se celebrará en octubre en Copenhague.

Kubilius insistió en que es necesario desarrollar capacidades adicionales en materia de drones y afirmó que definirá una hoja de ruta técnica detallada con la ayuda de expertos nacionales y el asesoramiento de Ucrania, país que cuenta con una gran experiencia en la lucha contra los drones rusos.

De hecho, en una sesión aparte este viernes, el ministro ucraniano de Defensa, Denís Shmigal, compartió con sus homólogos de la UE la experiencia práctica de Ucrania en el campo de batalla.

Asimismo, el comisario europeo señaló que tratará de movilizar a la industria europea de defensa y creará un conjunto completo de instrumentos financieros de la UE para hacer realidad este escudo.

Indicó que los expertos afirman que el "muro antidrones" podría estar listo en el plazo de un año.

"Las repetidas violaciones de nuestro espacio aéreo son inaceptables. El mensaje es claro: Rusia está poniendo a prueba a la UE y a la OTAN y nuestra respuesta debe ser firme, unida e inmediata", afirmó tras la reunión virtual con los ministros de Defensa, en la que también participó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la estonia Kaja Kallas.

Kubilius subrayó que la "principal prioridad" en estos momentos es desarrollar un sistema de detección eficaz, porque Europa dispone de una alta capacidad para detectar aeronaves y misiles, pero no para localizar pequeños drones volando a baja altura.

"Necesitamos radares, sensores acústicos y todo tipo de equipos tecnológicos de vigilancia", afirmó.

A su juicio, además de crear una red de detectores integrada en los sistemas de vigilancia, Europa necesita medios eficaces para destruir los drones que sobrevuelen su espacio aéreo, como interceptadores electrónicos de drones o sistemas tradicionales de artillería como los que usa Ucrania.

Respecto a la financiación del "muro antidrones", el comisario europeo señaló que es un tema que debe ser acordado por los líderes de los Estados comunitarios, aunque recordó que hay varios instrumentos disponibles a los que se puede recurrir.

Entre ellos, mencionó el programa SAFE para las adquisiciones conjuntas de equipos de defensa, que otorga préstamos de hasta 150.000 millones de euros, o el nuevo Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP), que prevé proporcionar un apoyo financiero de 1.500 millones procedentes del presupuesto comunitario entre 2025 y 2027.

Kubilius puntualizó además que, pese a estar especialmente diseñado para defender el flanco oriental europeo de las amenazas rusas, este proyecto forma parte de una estrategia de defensa más amplia al que se podrán sumar otros Estados miembros.

"Cuando hablamos de la 'Vigilancia del Flanco Oriental' y (..) del muro de drones, en mi opinión, también puede haber interés de otros países en unirse porque, al fin y al cabo, nadie sabe realmente qué es lo que viene después en términos de posibles provocaciones", señaló.

La coalición de partidos liderada por los socialistas que gobierna España desde 2018 está causando un grave daño a la democracia que afecta a principios básicos como la separación de poderes y la independencia judicial. Pero este mantra, que repiten desde hace años las tres asociaciones judiciales conservadoras –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente– tiene, según esos colectivos, una suerte de solución mágica: cambiar el sistema de elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial que proceden de la judicatura para que sean elegidos directamente por sus compañeros. Sin que el Parlamento, en el que están representados todos los ciudadanos, legitime democráticamente su designación, como hace ahora. Se trata de una propuesta a la que la izquierda judicial y política se opone. Porque considera que supondría una cesión perpetua a la derecha del órgano, que además dejaría de guiarse por intereses generales para centrarse en los más corporativos.

Este debate eterno, que se inició con la elaboración de la Constitución hace casi 40 años, tuvo su último hito el pasado febrero. El CGPJ aprobó por unanimidad un informe con dos propuestas opuestas para elegir a estos vocales de extracción judicial. La de los progresistas propugnaba que fueran las Cortes –como hasta ahora– las que los eligieran de entre una nómina de candidatos elegida por la judicatura. Los conservadores, sin embargo, defendieron que fueran los propios jueces los que los seleccionaran. El informe era un mandato recogido en la ley que acompañó a la última renovación del órgano, en junio de 2024, que obligaba al órgano de gobierno de los jueces a elaborarlo con el objetivo de que pudiera "ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea". Es decir, que fuera la UE la que examinara si esa propuesta se acomodaba a "los mejores estándares europeos".

Tras semanas de negociación, los vocales a propuesta del PSOE y Sumar y los promocionados por el PP no se pusieron de acuerdo. Para sacar adelante un solo informe con dos propuestas opuestas, los conservadores exigieron a los progresistas que aceptaran que las dos iniciativas no solo fueran analizadas por la Comisión Europea como establecía la ley aprobada con el pacto de renovación. También por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho –más conocida como Comisión de Venecia– el organismo consultivo y de supervisión del Consejo de Europa. Esa Comisión, como el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), también dependiente de esa misma organización internacional, son los que más recurrentemente han recomendado al Gobierno la propuesta que defienden los conservadores: la elección por sus compañeros de los 12 vocales jueces. La condición impuesta por la derecha del Poder Judicial también afecta al Gobierno, que tendrá que defender ante la delegación de esa Comisión su apuesta por la elección parlamentaria, la prevista en la ley con algunas variaciones desde 1985.

La delegación permanecerá en Madrid este lunes y el martes y está formada por la exministra de Justicia y expresidenta del Tribunal Constitucional italiano Marta Cartabia, la jurista y profesora universitaria suiza Regina Kiener y el magistrado del Tribunal Constitucional francés François Séners. Además de con los vocales, los miembros del organismo internacional mantendrán un encuentro con representantes de las cuatro asociaciones judiciales, tres de las cuales –APM, Francisco de Vitoria y Foro– reclaman que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales judiciales. Representantes de esas tres asociaciones han llegado a comparar la situación de la independencia judicial en España a la de Polonia bajo los populistas del PiS o la Hungría de Víktor Orbán, y han reclamado a la Comisión Europea la apertura de un expediente sancionador contra España como el que se inició contra esos dos países del este de Europa. Esos expedientes pueden llegar a cortar el flujo millonario de fondos europeos, como ha ocurrido ya con Budapest. Solo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, se aleja de esa visión catastrofista, y reclama que se mantenga un sistema como el actual con algunas mejoras.

Tras las asociaciones, la Comisión de Venecia tiene previsto reunirse con lo que el programa de la visita denomina "representantes de la sociedad civil". Los conservadores del Consejo han incluido entre estos al catedrático de Derecho Constitucional y exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón. Aragón, propuesto para el tribunal de garantías por el PSOE, votó sin embargo con los conservadores en el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña presentado por el PP. La sentencia, de 2010, supuso el punto de partida del proceso independentista que culminó con el referéndum de 2017 y la fugaz declaración de independencia. Los vocales a propuesta del PP también han seleccionado como experto al notario Segismundo Álvarez, patrono de la fundación de tinte conservador Hay Derecho. El sector progresista ha propuesto al exministro de Justicia con Felipe González, ex presidente del Consejo de Estado y catedrático de Derecho Administrativo Tomás de la Quadra-Salcedo. También a la politóloga, exconsejera de Justicia de la Generalitat de Catalunya en el último Gobierno de Pere Aragonès (ERC) y exdirigente de Podemos Gemma Ubasart.

Junto a todos ellos, la Comisión de Venecia ha propuesto también para este bloque a uno de los jueces conservadores que más activismo contra el Gobierno ha practicado en los últimos años. Se trata de Jesús Manuel Villegas, secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Ese colectivo, cuyo presidente es el exeurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner, fue la que se dedicó a repartir entre los jueces y magistrados un manual para presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la ley de amnistía. Villegas también se ha mostrado muy activo durante la última huelga ilegal de jueces y fiscales convocada el pasado 1 de julio en contra de las reformas judiciales anunciadas por el Gobierno. En su discurso, muy catastrofista, el Estado de derecho en España se encuentra en perpetuo peligro, algo que ni la UE ni el propio Consejo de Europa han detectado en ninguno de sus informes. De esa plataforma también forma parte el juez Manuel Ruiz de Lara, investigado reiteradamente en el Consejo por sus insultos al presidente del Gobierno –psicópata sin límites éticos, lo llamó–, varios ministros, el fiscal general o el presidente del Constitucional.

La visita incluye también un encuentro con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuyo departamento defiende la elección parlamentaria de los vocales procedentes de la magistratura. El encuentro se producirá en un momento de extraordinaria conflictividad del Gobierno con la derecha judicial. Los 10 vocales del Consejo a propuesta del PP, en clara alineación con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la mayoritaria y conservadora APM, reclamaron el pasado 4 de julio a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, que el fiscal general del Estado no fuera invitado al acto de apertura del año judicial que presidió el rey. También le pidieron que Bolaños no se sentara en el estrado presidencial. El motivo fue una entrevista del presidente del Gobierno en la que aseguró que "una minoría de jueces hacen política" y con ello causan "un daño enorme a la democracia".

España continúa incumpliendo, total o parcialmente, las 19 recomendaciones para luchar contra la corrupción que le viene haciendo desde 2019 el Consejo de Europa, que aunque reconoce algunos avances, en particular con proyectos legislativos que se han esbozado, lamenta que no se hayan materializado, según informa EFE.

En un informe publicado este viernes que actualiza la evaluación de esas recomendaciones respecto a otro relativo a 2023, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) considera que el incumplimiento sigue siendo total para 3 de esas 19 recomendaciones, frente a seis anteriormente.

El GRECO insiste en que esas evoluciones no son suficientes a la vista de lo que viene reclamando desde hace ya seis años y, por eso, ha pedido a España que le entregue un informe de aquí al 30 de junio de 2026 en el que le detalle los progresos que haya hecho.

Mientras tanto, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha destacado este viernes los avances logrados por España en estas recomendaciones.

En un comunicado, el ministerio que dirige Félix Bolaños destaca cómo el primer informe de la actual ronda de evaluación, iniciada en 2017, certificaba la mala situación en la que se encontraba España en la lucha contra la corrupción "tras dos legislaturas de inacción".

Sin embargo -subraya-, desde ese primer informe, las evaluaciones realizadas por el Greco han mejorado "constantemente".

En este nuevo informe, indica Justicia, se reconocen los esfuerzos realizados durante el último año gracias a iniciativas como el Plan de Acción por la Democracia, el proyecto de ley que regula la actividad de los lobbies, o el anteproyecto de ley de administración abierta, que refuerza el cumplimiento en materia de transparencia e integridad institucional.

El Greco insiste en que esas evoluciones no son suficientes a la vista de lo que viene reclamando desde hace ya seis años y, por eso, ha pedido a España que le entregue un informe de aquí al 30 de junio de 2026 en el que le detalle los progresos que haya hecho.

El informe de hoy se centra en la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad respecto de los miembros de los gobiernos centrales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En lo referido al primer bloque -explica Justicia- el Greco considera parcialmente cumplidas 8 de 10 recomendaciones. Valora positivamente avances como la aprobación del proyecto de ley de Transparencia e Integridad de los grupos de interés y celebra la futura limitación de las denominadas puertas giratorias para que los cargos públicos no puedan ejercer determinadas actividades privadas poco después de abandonar la política.

Asimismo, el informe valora positivamente los avances recogidos en el borrador del anteproyecto de ley de Administración Abierta y que el Plan de Acción por la Democracia prevea la aprobación de un real decreto que incluirá una estrategia global de integridad.

En cuanto a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el informe -detalla Justicia- "constata avances y da por parcialmente cumplidas 8 de sus 9 recomendaciones". 

Por su parte, el PP ha calificado de "demoledor" el informe sobre España del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y ha acusado al Gobierno, al que ve "hasta las cejas de corrupción", de no querer "mover un dedo" para erradicarla.

"Somos conscientes de que la única medida verdaderamente útil para luchar contra la corrupción es que Sánchez dimita y convoque elecciones", subraya el PP en un comunicado difundido tras publicarse el informe.

El PP acusa al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar lo contrario que pide Europa: "desvalorizar" la función pública, una menor vigilancia contra la corrupción y "menos independencia de la Administración".

Los populares creen que el Gobierno ha intentado retrasar el informe para que pase desapercibido el 1 de agosto, cuando ha comenzado el periodo vacacional, y cargan contra un Ejecutivo que ven "carcomido por los casos de corrupción", algo que, a su juicio, verifica el estudio del Consejo de Europa.

Ellos se comprometen a cumplir con las exigencias del informe del GRECO en los 100 primeros días de un eventual gobierno suyo y afirman que "la regeneración no es una opción, es una urgencia".

En un mensaje en X, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha considerado imposible que luche contra la corrupción un gobierno "que ha metido a una organización criminal dentro y que defiende a un fiscal general procesado y juzgado".

En la misma red social, la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra, ha acusado también a Sánchez de "presionar" para retrasar o tapar le informe, pero, ha advertido, "toda Europa sabe que está rodeado de corrupción".

"Su política anticorrupción no existe: son más de corromperse", afirma Gamarra.

El Consejo de la Unión Europea adoptó este jueves que se rebaje la protección al lobo en la Unión Europea, pasando de "estrictamente protegido" a sólo "protegido", si bien los Estados miembros tendrán libertad para preservar un estatus del canis lupus más restringido en su legislación doméstica. La modificación legislativa salió adelante con el voto a favor de todos los Estados miembros salvo por las abstenciones de España y Bélgica, a la que se sumó también Polonia, país que hace de árbitro porque ostenta la presidencia del Consejo de la UE, según informa EFE

La decisión de este jueves es un paso formal para actualizar la Directiva Hábitats, pues los Veintisiete -con la abstención de España, Polonia y Bélgica- ya se pronunciaron a favor de reducir la protección de ese gran carnívoro, como propuso la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, y también el Parlamento Europeo, que avaló el plan con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones.

El cambio normativo busca alinear la legislación europea con el nuevo estatus adoptado en el Convenio de Berna, modificado a petición de la propia UE, que solicitó y consiguió que el estatus de protección del lobo pasara del Anexo II al III. Bajo el régimen del Anexo II está prohibida cualquier forma de captura intencional o de muerte intencional -lo que incluye la caza-, así como la destrucción o el deterioro de los espacios de reproducción o de las áreas de descanso. También está proscrito el comercio y la detención de estos animales. Pero con el Anexo III se permiten algunas de esas prácticas, a condición de "mantener la existencia de esas poblaciones fuera de peligro", con lo que otorga más flexibilidad a los países en la gestión de las poblaciones.

No obstante, cada país seguirá teniendo la posibilidad de mantener un nivel de protección más alto si así lo considera necesario. España, junto a otros países como Irlanda o Eslovenia, lideró la campaña para mantener la protección, pese a que varias comunidades autónomas, las llamadas "comunidades loberas" (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León), habían presionado política y judicialmente para que al norte del río Duero se permitiera abatir lobos, dado el creciente número de ataques al ganado.

Finalmente, España también rebajará el estatus de protección de lobo en su legislación interna, después de que el Congreso aprobara en marzo que el canis lupus saliera del listado de especies protegidas mediante una enmienda del PP a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que salió adelante con el apoyo de Vox, Junts y PNV. La revisión de la normativa, criticada por organizaciones ecologistas, simboliza en parte el cambio de rumbo de la Comisión Europea en materia medioambiental, y en particular el acercamiento de su presidenta, Ursula von der Leyen, a los agricultores tras las protestas del año pasado del sector agrario contra Bruselas.

En pleno debate sobre la medida, con la Comisión preparando el terreno para revisar la protección al carnívoro, trascendió que un lobo había matado a un poni de Von der Leyen, llamado Dolly. "Las manadas de lobos en algunas regiones de Europa se han convertido en un peligro real, especialmente para el ganado. Para gestionar de manera más activa estas concentraciones críticas, las autoridades locales llevan tiempo pidiendo mayor flexibilidad", declaró la presidenta en un comunicado al presentar la propuesta.

El cambio de categoría del lobo ha sido aplaudido por la plataforma que defiende a las grandes explotaciones agrarias europeas, Copa-Cogeca, por la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) y la Organización Europea de Propietarios de Tierras (ELO), pero ha recibido críticas de organizaciones ecologistas como WWF UE, BirdLife Europe, ClientEarth y la Oficina Europea de Medio Ambiente.

El acuerdo al que PSOE y PP llegaron hace casi un año para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluía la obligación para los nuevos vocales de redactar una propuesta para reformar el sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Esa obligación, contenida en una ley, se cumplió el pasado 5 de febrero, cuando el Consejo aprobó un acuerdo con dos propuestas: la defendida por los progresistas, muy similar al modelo vigente en el que el Parlamento nombra a los 20 vocales; y la de los conservadores, que plantea que los jueces elijan directamente a 12 de sus miembros.

Así pues, ahora son el Gobierno y las Cortes quienes tienen que elaborar una reforma del sistema actual. Sin embargo, el sector conservador del Poder Judicial ha aprovechado un informe del Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa para reclamar que sea su propuesta –que los jueces elijan a la mayoría de los consejeros sin intervención del Parlamento– la que salga adelante.

El informe del Greco, cuya publicación retrasó el Gobierno hasta el pasado 16 de abril pero fue elaborado en 2023, no decía nada nuevo respecto a otros anteriores. Que España no había cumplido la recomendación de ese organismo de que los miembros del Consejo General del Poder Judicial procedentes de la magistratura –12 de los 20– fueran elegidos directamente por sus pares sin intervención del Parlamento.

Pero el documento, redactado en uno de los momentos más críticos para la judicatura desde la llegada de la democracia, mostraba su preocupación por el bloqueo al que el PP sometió a la institución durante un lustro y por el hecho de que ese bloqueo impedía los nombramientos. Greco hablaba de un "problema crítico" en la selección de los miembros del Consejo por "la percepción de su politización" que forzaba el principal partido de la oposición. "La renovación del CGPJ lleva más de cinco años bloqueada. Esta situación es sumamente preocupante por lo que se insta a las autoridades a tomar medidas", añadía.

El documento del Greco contrasta con el último informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, el organismo que deberá evaluar el sistema de elección de los vocales que finalmente aprueben las Cortes. Dicho informe fue aprobado tras el acuerdo de renovación del Consejo, hecho que calificaba como "un gran avance hacia el cumplimiento de la recomendación efectuada en años anteriores".

Casi un año después del acuerdo de nombramiento de nuevos vocales, el nuevo Consejo ha nombrado a más de cien cargos de la cúpula judicial que permanecían vacantes u ocupados en funciones por la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces, lo que constituía la base de la principal preocupación expresada tanto por la Comisión Europea como por el Greco. El informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión también valoraba el hecho de que la renovación viniera acompañada de una obligación para los nuevos vocales de elaborar una propuesta sobre el sistema de renovación.

Esa propuesta –en realidad, dos– ya está cerrada y aprobada por unanimidad en el Pleno del Consejo. El órgano la ha enviado al Ejecutivo, al Congreso y al Senado, tal y como ordenaba la ley. El documento elaborado en el Consejo también se enviará a la Comisión de Venecia (perteneciente al Consejo de Europa, al igual que el Greco) y a la Comisión Europea. La reforma judicial que acompañó la renovación establece que esa propuesta del CGPJ sobre el nombramiento de sus miembros pudiera "ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho" de la Comisión. Su edición para 2025 se encuentra en este momento en plena elaboración. Tanto el CGPJ como el Ministerio de Justicia y otros organismos han enviado a Bruselas cuestionarios y se han entrevistado con algunos de sus miembros para aportar información.

Pese a que el Consejo ya ha hablado y corresponde ahora al Gobierno y a las Cámaras hacer un proyecto o una proposición de ley para decidir qué sistema de renovación del órgano de gobierno de los jueces se establece, el sector conservador del Poder Judicial se apoya en el informe (obsoleto) del Greco para tratar de forzar que el sistema que defienden sea el que finalmente se adopte. Debido a la aplastante mayoría de las asociaciones conservadoras en la judicatura, ese procedimiento provocaría que el CGPJ siempre estuviera escorado a la derecha. En las últimas elecciones a Salas de Gobierno, a las que están llamados todos los jueces, 104 de las 118 plazas en juego fueron ocupadas por candidaturas conservadoras y solo dos por progresistas.

El momento elegido para reabrir el debate no es casual porque el próximo martes visitará España el comisario de Justicia y Estado de Derecho de la UE, Michael McGrath, que se entrevistará con un grupo de vocales, además de mantener un encuentro con el Gobierno y con otros organismos.

McGrath viene, precisamente, para conocer de primera mano las reformas judiciales en marcha y su grado de implantación. Entre los temas que, según fuentes del Consejo abordará, se encuentran todos los relacionados con el estado de derecho y, en concreto, la propuesta del Consejo para reformar su propio sistema de renovación. Fuentes del sector progresista creen que los vocales a propuesta del PP aprovecharán la visita para hacer valer el informe del Greco, pese a que se elaboró en el momento más crítico del Consejo, tras cinco años de bloqueo forzado por el PP y con un Tribunal Supremo con decenas de vacantes por la imposibilidad de aprobar nuevos nombramientos.

España incumple, o lo hace de manera insatisfactoria, las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa lleva haciéndole desde junio de 2019 para luchar contra la corrupción de los altos cargos del Gobierno central y de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, ha informado EFE.

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Estado (GRECO) anunció este miércoles que, en su sesión plenaria que celebrará del 2 al 5 de junio, examinará el informe que le reclamó a España para antes del 31 de diciembre de 2024 ante esos incumplimientos (13 parciales y seis totales), y en función del resultado podría tomar diferentes medidas de presión.

Además, se ha enviado una carta al representante español ante este organismo de defensa de la democracia y de los derechos humanos para llamarle la atención sobre esos incumplimientos y para que tome "medidas decididas con vistas a lograr progresos tangibles lo antes posible". En caso de persistencia de esos incumplimientos, el GRECO puede activar otros mecanismos de presión, como enviar una misión al país o pedir al secretario general del Consejo de Europa que escriba una carta al ministro de Exteriores para advertirle sobre la situación. Hay que tener en cuenta que la organización no dispone de capacidades reales de sanción.

Aunque se hayan hecho públicas este miércoles, las conclusiones del GRECO se adoptaron en diciembre de 2023 y fueron acompañadas de la petición de una respuesta a las autoridades españolas en el plazo de un año, cuyo contenido todavía no se conoce.

Lo que sí se sabe desde hace casi seis años es lo que sus expertos vienen recomendando, entre lo que está la necesidad de reglas sobre los contactos de los altos cargos con grupos de presión, lo que incluye la divulgación de informaciones sobre esos contactos, como la identidad de esas personas o los temas abordados. A ese respecto, el GRECO lamenta que ante la convocatoria de elecciones anticipadas en el verano de 2023 no saliera adelante el proyecto de ley sobre la transparencia y la integridad de las actividades de los grupos de interés, porque al menos hubiera supuesto la creación de un registro de 'lobistas'.

Los expertos del Consejo de Europa también preconizaban la adopción de un código de conducta destinado a los altos cargos del ejecutivo, con medidas prácticas, consignas por escrito, consejos dados con carácter confidencial e informaciones especializadas. Aunque ese código ya existe, lo que objetan es que los cursos de formación que los acompañan van más dirigidos a los funcionarios que a los altos cargos.

Igualmente habían recomendado que la normativa sobre las restricciones que se imponen a los altos cargos una vez que dejan sus funciones fuera objeto de examen por un organismo independiente y que se reforzara cuando fuera pertinente.

El proyecto de ley sobre la transparencia y la integridad les iba a impedir ejercer actividades en grupos de presión durante dos años, pero quedó enterrado con las elecciones generales de 2023. El Consejo de Europa también propugnaba ampliar las obligaciones de publicación de informaciones financieras de forma detallada de los activos, los intereses, los empleos exteriores de los altos cargos, reducir los plazos de declaración e incluir también las declaraciones de las parejas y familiares, aunque no tendrían que hacerse públicas forzosamente.

Una preconización polémica es que se modificara el procedimiento de aforamiento del que se benefician los miembros del Gobierno sospechosos de corrupción para que eso no interfiriera con la acción de la Justicia penal. Una demanda a la que las autoridades españolas habían respondido que era un asunto "delicado", porque esa modificación requeriría una reforma constitucional, y también que no es que los aforados estén exentos de responsabilidad, sino que esa cuestión en su caso queda en manos de la sala penal del Tribunal Supremo.

Los informes previos del GRECO incorporaban también recomendaciones en dirección de la Policía Nacional y la Guardia Civil, como una evaluación estratégica de los riesgos de corrupción de sus agentes, códigos de conducta públicos con unas líneas directrices prácticas, estudios de los posibles conflictos de interés o mecanismos de denuncias internas. 

El crimen es ahora tan global como la economía. Bien lo saben los cárteles de la droga, delincuentes arquetípicos del siglo XX, y los ciberestafadores, una nueva generación de bandidos de guante blanquísimo. Desde la pandemia, el fraude online se ha desbocado, advierten las fuerzas de seguridad: internet proporciona a los criminales 2.0 un campo de operaciones planetario y el camuflaje perfecto. La red Sapir, dirigida desde ese edificio del distrito de Tel Aviv y destapada por Scam Empire, es un magnífico ejemplo. Gestionada desde Israel –la tecnología–, y Chipre –la sede financiera–, ha abierto sus centros operativos en países como Bulgaria, Macedonia del Norte y –hasta la guerra– Ucrania, donde los controles administrativos son mínimos y la corrupción política funciona como catalizador del delito. La trama también ha aprovechado la flexible regulación financiera de Lituania y Estonia, hacia donde canalizan el dinero robado a los estafados.

Pues bien, en España la red criminal levantó un sistema único para mover el dinero desde las cuentas bancarias de las víctimas hasta los bolsillos de su secreta cúpula directiva. Las enormes cantidades que manejan cada día cientos de teleoperadores en sus respectivos departamentos lingüísticos no pueden ingresarse directamente en las cuentas de los estafadores, sino que es necesaria una cortina de humo lo bastante densa para dificultar el rastreo, en caso de que las autoridades lleguen siquiera a sospechar del fraude.

Así que en España los estafadores crearon un entramado de 61 empresas fantasma, al menos desde marzo de 2022, que sirvieron para abrir cuentas en los grandes bancos españoles. Banco Santander, BBVA y Sabadell fueron sus favoritos, aunque no los únicos que aparecen en los documentos de la filtración que ha dado lugar a Scam Empire, obtenida por la televisión pública sueca SVT y coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Esas cuentas no sólo les han servido para ingresar el dinero de las víctimas, incluso pagando facturas falsas, también para hacer devoluciones de pequeñas cantidades –no más de 500 euros– a algunas de ellas y hacerles creer que podían retirar sus supuestas ganancias en cualquier momento, e incluso para contratar informáticos ucranianos como controladores de calidad de los sistemas empleados en sus call-centers. Además, las han utilizado para firmar contratos con empresas de marketing afiliado, que proporcionan a la red Sapir falsos anuncios en internet para atraer a sus víctimas.

Según ha podido comprobar Scam Empire, el dinero salió de estas cuentas españolas en dirección a empresas de Reino Unido, Hungría, Estonia, Macedonia del Norte y Bulgaria. Sólo en nueve cuentas del Santander y el Sabadell, entre el 20 de octubre de 2022 y el 10 de mayo de 2024, entraron 1,28 millones de euros. De esa cantidad, casi 1,1 millones salieron rápidamente hacia empresas del Reino Unido en 163.000 transferencias. Otra buena parte del dinero se ha movido en círculos entre las empresas españolas de la red.

Además, para recibir depósitos de sus víctimas, empresas de Sapir ubicadas en Estonia –Asterisk Media OU, Linerum OU–, Lituania –Venidicta SRO–, Hungría –Mediana Group KFT– o Reino Unido –Intellivision Ltd– abrieron sus propias cuentas en Easy Payment and Finance EP, una entidad española de pago autorizada y supervisada por el Banco de España, que ofrece “una plataforma de pagos rápidos y costes bajos”, según puede leerse en su página web. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, Easy Payment and Finance procesó un total de 2,4 millones de euros para las empresas de la red de ciberfraude destapada por Scam Empire.

Easy Payment And Finance EP no ha contestado a las preguntas al respecto que le ha enviado OCCRP.

Las entradas y salidas de dinero en las cuentas bancarias de estas empresas han sido numerosas y muy rápidas. Con la información obtenida por Scam Empire resulta imposible calcular la cantidad total que han movido las 61 empresas de la trama criminal en los principales bancos españoles.

Pero, tomando una muestra de seis empresas con cuentas en BBVA, cinco en el Santander y tres en el Sabadell, resulta que las empresas fantasma de la trama de ciberestafas movieron un poco más de dos millones de euros entre septiembre de 2023 y mayo de 2024: ingresaron 2,07 millones de euros y sacaron 2,06, prácticamente la misma cantidad. Aunque ese cálculo sólo es completo y abarca los ocho meses para el Santander: 935.435 euros en depósitos y 931.867 euros en salidas. El BBVA, sólo entre enero y abril de 2024, ingresó 998.329 euros y transfirió 987.057 euros. El Sabadell, entre febrero y mayo de 2024, dio entrada a 142.541 euros y sacó 142.513.

Hay que tener en cuenta que, de las 61 empresas pantalla, 31 tenían cuentas en el BBVA, 20 las abrieron en el Santander y 12 en el Sabadell –algunas tenían cuenta en más de uno de estos bancos–.

Tanto el Banco Santander como el BBVA y el Sabadell se han negado a confirmar a OCCRP siquiera que las empresas sean clientes suyos. Tampoco desvelan si las autoridades les han solicitado datos para alguna investigación policial o judicial, amparándose en razones de confidencialidad. “La normativa bancaria nos obliga a mantener confidencialidad sobre posibles análisis de operaciones sospechosas realizadas, de su comunicación o no a las autoridades, de la recepción o no de requerimientos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o estamentos judiciales, y sobre si determinadas personas o sociedades son o no clientes de nuestra entidad”, detalla el banco presididio por Josep Oliu. Los tres grandes bancos coinciden en poner de relieve la bondad y cantidad de sus protocolos antiblanqueo y antifraude. “Los aplicamos de forma continuada tanto en la captación de clientes como a lo largo de toda la relación ellos”, asegura el BBVA.

El Sabadell describe su sistema de scoring de riesgo y explica que utiliza “programas informáticos desarrollados en colaboración con una empresa especializada” para detectar “operaciones sospechosas”.

Todas estas empresas figuran en el Registro Mercantil a nombre de ciudadanos extranjeros. Son a la vez administradores y dueños del 100% del capital, siempre la cantidad mínima necesaria para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La mayoría tiene domicilio social en Alicante –donde reside una nutrida comunidad extranjera–, pero también en Madrid y apenas un par de ellas en Barcelona. Las personas al frente de estas sociedades proceden de países del Este de Europa y muchas son mujeres. Las hay húngaras, checas, lituanas, letonas, búlgaras y ucranianas, entre otras nacionalidades. Algunas son holandesas. Y todas parecen testaferros. Scam Empire ha podido acceder a las escrituras públicas autorizadas por los notarios con las que se constituyeron algunas de esas sociedades. Los “empresarios” acudieron acompañados de intérpretes –al ruso, pese a que eran de nacionalidad húngara, checa y búlgara– porque no sabían castellano.

Los nombres de las sociedades resultan a veces de la combinación caprichosa de los nombres de sus creadores: Nagynardo SL (Dora Nagy), Jankausko SL (Alexandra Jankauska), Morlantina SL (Kristina Morlan), Staronela SL (Nela Starova), Novaktrevel SL (Eva Novak), Janahorak Publicidad SL (Jana Horak), Janderico SL (Jan Sbovoda) son sólo algunos de ellos.

Sobre el papel, se trata de agencias de publicidad y de viajes, o consultorías. Pero carecen de plantilla. Es más, ni siquiera tienen oficinas. Al registro facilitan como dirección física la de espacios de coworking o centros de negocios, incluso les basta en algún caso un buzón privado de los que alquila una empresa como Mail Boxes Etc. Según ha podido comprobar infoLibre en los coworkings y centros de negocios donde deberían funcionar las sedes de estas empresas, o nunca han llegado a estar allí o desaparecieron al cabo de un par de meses de haberse registrado. Es el caso de Nagynardo SL, Larta Makota SL, Selterico SL, Ensonia Far SL, Andolantra SL, Pinolitex SL y Velentardo en Madrid, y Centorina Data SL en Barcelona. La Policía ya había acudido a preguntar y solicitar documentación a las sedes declaradas por Nagynardo SL, Ensonia Far SL y Centorina Data SL, según confirmaron los gerentes de esos espacios de trabajo.

Es más, ni siquiera son auténticos los domicilios particulares que los creadores de las empresas facilitaron a los notarios y figuran en las escrituras públicas, como ha comprobado este periódico en las direcciones de Madrid.

OCCRP ha intentado contactar con estas empresas para preguntarles por su actividad; sin embargo, no ha recibido respuesta de ninguna.

Pero sí ha localizado en Sofía a uno de estos empresarios, un ciudadano búlgaro llamado Boris Atanasov Kodzhov, quien aparece en el Registro Mercantil como administrador y socio único de Kodgeria SL, una agencia de publicidad creada el 18 de diciembre de 2023. Su nombre también figura como dueño de varias sociedades de la cibertrama en Sudáfrica, Bulgaria y Rumanía. Kodzhov explica a Bird.bg, socio de OCCRP en Bulgaria, que un hombre que conocía “de ir al pub” en Sofía le ofreció viajar a España para constituir una empresa de marketing digital en Madrid. “Sólo tenía que darle un poder notarial a un abogado, luego él se encargaría de la empresa y a mí me pagarían un tanto por ciento de los beneficios al mes, yo sólo debía registrar la sociedad”, asegura. Esa misma persona le pagó el billete de avión y el hotel en Madrid, además de 50 euros de dieta. Le prometió que recibiría un mínimo de 500 euros al mes a cambio. También le dijo que la empresa iba a publicitar “productos dentales y médicos, que son baratos en Bulgaria y caros en España”.

Ya en Madrid, acudió al notario con un abogado español, que a su vez llevó a una traductora al ruso. Esta explicó a Kodzhov que el documento que debía firmar era un poder “general”. “¿Pero no iba a ser sólo para registrar la sociedad?”, protestó el búlgaro. El abogado le dijo que firmara igualmente: “No significa nada”. “Yo no quería firmar”, se defiende ahora Kodzhov, “aunque también pensé que, ya que había viajado hasta allí y había gastado mi tiempo… así que firmé”.

Pero los 500 euros mensuales prometidos nunca llegaron, lamenta el búlgaro. “Por eso quería ir a España a revocar el poder”, se justifica, “pero no puedo, tengo que cuidar a mi madre, que está enferma”. Cuando le contactó aquel hombre en el pub, recuerda Kodzhov, trabajaba en un servicio de limpieza por 1.500 levas búlgaras al mes –unos 766 euros–. Repite que no sabe nada de la red de ciberestafas de la que forma parte la empresa registrada a su nombre. Y sostiene que una oferta similar –registro a cambio de una cantidad mensual– le llevó a poner a su nombre una empresa sudafricana llamada Matrix Vision, que también pertenece a la cibertrama dirigida desde Israel.

A pesar de la extensión de la red Sapir y de la intensidad del tráfico en las cuentas de estas 61 empresas, los bancos aparentemente no detectaron ninguna anomalía. Según la normativa europea y española, las entidades financieras deben saber quiénes son sus clientes, de dónde procede su dinero y para qué lo utilizan. Pero, además, deben aplicar una vigilancia “reforzada”, hacer comprobaciones adicionales, “si un cliente no reside en España o una empresa parece no tener actividad real”, explica Juan Ignacio Navas Marqués, socio director de Navas & Cusi Abogados, un despacho especializado en derecho bancario y en protección de los clientes de las entidades financieras.

También están obligados los bancos a evaluar cuáles son los factores de riesgo de cada transacción financiera internacional, “independientemente de que el país implicado esté dentro o fuera de la UE”, advierte el abogado. Las transferencias de las empresas pantalla creadas en España se realizaron con otras situadas en países comunitarios y Reino Unido, en su mayor parte. Pero Juan Ignacio Navas sostiene que, incluso en Estados miembros de la UE, ciertas “particularidades” justifican una diligencia reforzada. “Por ejemplo, los países donde es más fácil constituir empresas con estructuras opacas –empresas fantasmas–, zonas con un historial de sociedades ficticias utilizadas para fines ilícitos o zonas que han tenido problemas previos con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”.

Es el caso de Bulgaria que, aun siendo miembro de la UE, entró en octubre de 2023 en la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por el G8, los ocho países más ricos del planeta), advierte por su parte Edo Bakker, consejero delegado de Agile Control Solutions, una consultora experta en gestión de riesgos y en ayudar a las empresas a aplicar controles antiblanqueo. Macedonia del Norte, otro de los países donde Sapir ha instalado sus call-centers, es el 40º país más corrupto de los 180 que integran el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. En su último informe sobre el país, el organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales pidió a Macedonia del Norte que reforzara su lucha contra el blanqueo de capitales, tras calificar de “modestos” sus resultados hasta el momento.

Georgia también figura en la lista de los países que incumplen las normas para combatir el blanqueo de dinero que elabora el Consejo de Europa, junto con otros miembros de la UE como Lituania, Estonia, Hungría, Chipre o la República Checa.

“Aunque un país no aparezca en ninguna lista negra, los bancos tienen tanto el derecho como la obligación de aumentar sus controles si aprecian indicios o patrones que justifiquen medidas más estrictas”, sostiene Juan Ignacio Navas. Así, deben “intensificar la búsqueda de los verdaderos titulares del dinero, especialmente cuando hay empresas con estructuras complejas de por medio”, resalta. Bajando los umbrales de alerta, continúa, deben generar un “análisis manual” para hacer “un seguimiento más exhaustivo”.

Porque los bancos ya cuentan con sistemas automáticos de alerta, que “ayudan”, precisa el abogado, “pero a veces generan tantos avisos que los importantes pueden perderse entre los falsos positivos”.

Eddo Bakker cree, no obstante, que como en España los bancos están obligados a hacer primero una investigación, un informe con fuentes públicas y pedir información al cliente, antes de denunciar posibles irregularidades ante el Sepblac –la autoridad financiera contra el blanqueo–, el trabajo le llega a este órgano “más masticado, con más indicios”, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, donde las entidades financieras deben “comunicar cualquier cosa inusual que detecten, importes inusuales a partir de cierto umbral, por ejemplo”.

En todo caso, Bakker apunta que la obligación legal de los bancos es “prevenir el blanqueo de dinero, no prevenir el delito; en este caso, el fraude”. “Es imposible”, precisa, “que el banco detecte un fraude que afecta a muchas personas con cantidades pequeñas, informan sólo de los casos más graves”.

Otro problema estriba en que, si un cliente está catalogado como de bajo riesgo, “puede ser que el banco no actualice el KYC en tres o cinco años”, advierte el CEO de Agile Control Solutions. El formulario conocido como Know Your Client (Conoce a tu cliente) es obligatorio cuando se abre una cuenta bancaria o se accede a cualquier producto financiero. Pero la normativa de la UE sólo obliga a actualizarlo cada año a las empresas de alto riesgo. Y una empresa de reciente creación siempre tiene más riesgo, aclara Eddo Bakker. “Pero la ley europea no establece cada cuánto tiempo debe actualizarse el KYC de una empresa de riesgo bajo o moderado”, añade, “eso lo decide cada banco”.

Eso sí, Bakker no cree que las entidades financieras españolas sean más laxas en la aplicación de controles antiblanqueo que otros países europeos. “Según la clasificación del GAFI, España es uno de los que tiene calificaciones más altas; su única queja es que hay pocas condenas por blanqueo”, expone.

Mención aparte merecen los organismos supervisores. Tanto el Banco de España como la CNMV aseguran que las estafas bancarias no son de su competencia. De hecho, en la Memoria de Reclamaciones que publica cada año, el supervisor bancario desvía a las víctimas hacia las autoridades de consumo y los tribunales. El Banco de España informa a los ciudadanos de que, “para resolver estas controversias, pueden acudir a las autoridades de consumo o a los tribunales civiles o penales, que son los que, en última instancia, deben establecer los hechos y las consecuencias jurídico-patrimoniales que puedan derivarse para las partes”. A continuación, remite a su Portal del cliente bancario, donde hay un apartado denominado "Protéjase contra el fraude".

Como no es de su competencia, el organismo supervisor rechaza la mayoría de las reclamaciones que les envían los clientes de un banco cuando han sido víctimas de una estafa. En 2023, último año sobre el que ha publicado la memoria, el Banco de España recibió 8.696 reclamaciones de ciudadanos por fraude, el 26,2% del total. De estas 8.696 reclamaciones, rechazó 4.831, es decir, más de la mitad (55,5%). De las 33.191 reclamaciones recibidas en 2023 —de todo tipo, desde hipotecas hasta tarjetas de crédito—, 2.982 fueron reclamaciones por transferencias bancarias, que aumentaron casi un 38% respecto a 2022. De hecho, son el segundo tipo de queja que más creció ese año, y el aumento se debió a “incidencias relacionadas con operaciones de pago presuntamente fraudulentas”, según admite el propio Banco de España.

Por su parte, la CNMV destaca, a preguntas de infoLibre, que su competencia es, por ejemplo, abrir expediente a la red X por difundir publicidad de entidades no autorizadas, los conocidos como chiringuitos financieros, pero no perseguir presuntos delitos. “Somos el supervisor que más chiringuitos detecta, sólo por detrás de nuestros colegas británicos. En 2024 la CNMV publicó 522 advertencias, y los organismos supervisores internacionales, 725 advertencias”, enumera. El regulador reconoce que han aumentado “los casos de fraude financiero por la extensión de las redes sociales y las ofertas fraudulentas de activos como las criptomonedas”, por lo que ha puesto en marcha un Plan de Acción contra el Fraude Financiero, (PAFF), al que se han adherido 21 organizaciones públicas y privadas.

Fuentes del Ministerio de Economía, del que depende el Sepblac, la unidad que lucha contra el blanqueo de capitales, se remiten a la MICA (Markets in Crypto Assets Regulation, por sus siglas en inglés), de la UE cuando se le pregunta por sus actuaciones contra el ciberfraude de inversiones. “Garantiza la protección de los ciudadanos”, resalta. También señala que la normativa de blanqueo de capitales se ha adaptado para “tener en cuenta toda la casuística en torno a los criptoactivos”. Y, finalmente, apunta hacia la CNMV, “que alerta de los fraudes” y hacia la educación financiera de los ciudadanos, de la que se encarga también el Banco de España.

No es extraño, por tanto, que el cliente estafado se sienta muy solo. A Joaquín –nombre supuesto– la cibertrama le robó 125.000 euros en dos meses. Los ahorros de toda su vida, con los que planeaba comprarse una casa. Tiene 30 años. Licenciado en Administración en Empresas y con dos másters, pinchó en un anuncio, publicado en la web del diario Marca, donde Fernando Alonso supuestamente recomendaba una plataforma de inversión basada en un algoritmo. Ni 10 minutos después recibió la primera llamada. Una mujer que decía ser Salomé Vinuez y tenía acento latinoamericano le explicó las lucrativas inversiones que podía hacer a través de Virgobanc, una entidad suiza con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera de la confederación helvética. Empezó comprando acciones de empresas del Íbex 35 y materias primas, que pagó mediante transferencias a una empresa de Sudáfrica –Xago Techonologies Ptyltd– y a un procesador de pagos irlandés –Paysafe Payment Solutions Ltd–. Después pasó a las criptomonedas, de la mano de un asesor financiero llamado Martin Coppola, que hablaba español con acento rumano, asegura Joaquín. Su supervisora era otra latinoamericana, María Avilés.

Hasta aquí una historia muy similar a la que han contado a infoLibre otras víctimas de la cibertrama. Joaquín tenía dos cuentas en el Banco Santander. Desde una de ellas hizo todas las transferencias que le pidieron Coppola y Avilés. Un mes después de darse cuenta de la estafa y negarse a hacer un ingreso más, pese a la insistencia de los timadores, fue el Santander el que le llamó. Para preguntarle por qué había hecho un número inusual de operaciones con cantidades tan elevadas en tan poco tiempo. “Porque me han estafado, les contesté”, relata ahora el joven. Para entonces ya había presentado dos denuncias, una en la Guardia Civil y otra en la Policía Nacional, que envió al banco.

La respuesta del Santander no consistió en interesarse por su cliente, sino en bloquearle la cuenta durante cuatro meses. “Me daban a entender que era sospechoso de blanqueo”, explica muy enojado. “Ni siquiera podía ingresar mi nómina”, añade, “tenía que hacerlo presencialmente en la sucursal”. Mientras, estaba devolviendo un crédito de 20.000 euros que había pedido al banco para seguir invirtiendo en la plataforma de los estafadores. Aún no ha terminado de pagarlo.

Joaquín describe la misma presión implacable ejercida por los teleoperadores que han relatado a OCCRP otras víctimas. “María Avilés era la peor”, recuerda horrorizado. Cuando exponía sus reparos a seguir metiendo dinero, le llamaban “fracasado” y utilizaban el pánico de la víctima a perderlo todo: “Si no inviertas más, no vas a recuperar el dinero”. También le dijeron que tendría que pagar impuestos si se retiraba. Pese a que lo reclamó a las direcciones de correo de Virgobanc y de Xago Techonologies que le facilitaron, los estafadores le siguen llamando a día de hoy. “Te vamos a estar llamando toda la vida”, le amenazaron Coppola y Avilés.

Joaquín, que necesitó ayuda psicológica y confiesa que ha tenido ideas suicidas fruto de la desesperación y la vergüenza –“esto me ha pasado por buscar el camino fácil”, concede–, da por perdido el dinero, pero quiere “averiguar quién está detrás” del engaño. Sabe que no son ni Avilés ni Coppola. “Contigo he ganado 15.000 euros”, le dijo en una de sus llamadas el agente con acento rumano y apellido de cine. Los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire confirman que, al menos con su salario, Coppola no mentía. En febrero de 2024, su nómina fue de 12.461 euros –3.143 de sueldo base y 9.318 de bonus–. La de María Avilés ascendió a 16.985 euros –2.619 de sueldo base y 14.366 de bonus–.

Tras la amarga experiencia, Joaquín dice estar “decepcionado” consigo mismo. Pero no tanto como con el Santander, del que ya no es cliente. Preguntado por las ciberestafas que aprovechan sus cuentas bancarias, el banco de Ana Patricia Botín responde que sus procesos para identificar y prevenir delitos financieros son “amplios y robustos”. “Estamos seguros”, recalca, “de que hemos cumplido plenamente con nuestras obligaciones como institución financiera responsable”. 

Muchas de las empresas fantasma identificadas en la investigación de OCCRP aparecen también en la demanda que 72 víctimas españolas han presentado en la Audiencia Nacional y ya ha sido admitida a trámite. En ella también se menciona a un banco luxemburgués, Banking Circle, que a su vez figura en los documentos de Scam Empire. Sólo esta entidad es responsable de transacciones por importe de 730.000 euros con esos estafados españoles, según la investigación que ha llevado a cabo Reporter.lu, socio de OCCRP en Luxemburgo.

Fundada en Dinamarca, en 2013, como una start-up, Banking Circle se ha hecho un nombre en todo el mundo. Con sucursales en la UE, Liechtenstein, Londres y Singapur, Banking Circle es lo que se conoce como un neobanco –100% digital sin licencia bancaria–. En 2018, fue adquirido por el fondo de inversión sueco EQT. Entonces trasladó su sede a Luxemburgo, donde también la tiene el fondo. En 2024, la CSSF, el supervisor financiero del Gran Ducado, concedió al banco una licencia para “tokens [representación digital de un activo] de dinero electrónico”. Y poco después, el neobanco lanzó su propia criptomoneda, Eurite.

A preguntas de OCCRP, Banking Circle explica que sólo “presta servicios de procesamiento de transacciones para proveedores de servicios de pago y otros bancos, y no tiene clientes particulares”. Además, sus cuentas poseen un IBAN virtual que se utiliza como referencia para que los pagos puedan redirigirse a otra cuenta bancaria física.

Así, Banking Circle no tiene conocimiento de los saldos individuales de los clientes finales: esas cuentas son responsabilidad del proveedor de servicios de pago. Por ese motivo, ya hace tiempo que las autoridades consideran un problema los IBAN virtuales. De hecho, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) advirtió en mayo de 2024 del riesgo de blanqueo de capitales que implican, ya que los clientes finales no son conocidos por los proveedores de servicios financieros y, por tanto, falta información para controlar la cadena de transacciones. Las autoridades financieras luxemburguesas, por ejemplo, dicen desconocer el número de IBAN virtuales en circulación en el Gran Ducado.

En el caso de las víctimas españolas, el control de Banking Circle está bajo cuestión. Según los documentos de Scam Empire, el cliente bancario de las transacciones era Paysafe Payment Solutions Ltd, una entidad de dinero electrónico y proveedor de servicios de criptoactivos supervisada por el Banco de Irlanda. Banking Circle confirma que es su cliente. Con sucursales en todo el mundo, Paysafe Payment Solutions Ltd pertenece a sociedades holding con sede en Londres. En el Registro Mercantil británico, aparece como “persona con control significativo” una sociedad de Bermudas. Sin embargo, Banking Circle niega tener relación alguna con esa firma en el paraíso fiscal caribeño, según ha respondido a preguntas de Reporter.lu.

El caso es que Banking Circle posee una licencia bancaria en Luxemburgo desde 2019. Pese a que el Banco Cenral de Irlanda confirma a Reporter.lu que una entidad sólo puede recibir una licencia si revela quiénes son sus accionistas.

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) recrimina a España los repetidos cortes de suministro eléctrico que sufren los habitantes del poblado madrileño de la Cañada Real porque eso incumple sus obligaciones de garantizar una vivienda digna, informa EFE.

En una decisión publicada oficialmente este miércoles, pero que se filtró a la prensa en noviembre tras su notificación a las partes, este organismo del Consejo de Europa justifica sus críticas por una jurisprudencia propia "consolidada" en la que unas viviendas que carecen de servicios básicos como la electricidad o la calefacción no pueden considerarse dignas.

Para los expertos del comité, "la energía es esencial para la calefacción, la iluminación, el lavado, la cocina y la refrigeración; y garantizar un acceso estable y seguro a una energía adecuada con la vivienda es un elemento clave" de las obligaciones que impone la Carta Social Europea que España infringe.

El Consejo de Europa subraya el carácter "pionero en términos de derecho internacional" de este pronunciamiento, al establecer "la relación entre los derechos humanos y el acceso a la energía".

La razón es que para que las personas puedan disfrutar de sus derechos a la vivienda, a la salud y a la educación de acuerdo a las pautas de la Carta Social Europea deben tener "acceso estable, constante y seguro a una energía adecuada".

La Cañada Real continúa sumida en la penumbra. Más de 4.000 personas –incluidos 1.800 niños y niñas– siguen enfrentándose a un corte eléctrico por quinto invierno consecutivo. Miles de familias deben sobrevivir en un entorno marcado por la precariedad y sin acceso a un recurso tan básico como la electricidad, esencial para cocinar, calentar sus hogares o, simplemente, iluminar sus noches. Lo que comenzó como una crisis energética se ha convertido en una emergencia humanitaria que sigue sin resolverse, a pesar de los repetidos llamados de organismos internacionales y nacionales para restablecer el suministro eléctrico. 

“La situación”, comenta Jorge Martínez, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid (UCM3) y unos de los encargados del estudio Diagnóstico de los usos y necesidades energéticas de la población de la Cañada Real Galiana, “no ha cambiado absolutamente nada”. Tras más de cuatro años sin suministro eléctrico, y según datos recogidos entre 2021 y 2023, muchos hogares monitoreados han registrado temperaturas interiores inferiores a los 18 °C en  pleno invierno –condiciones que comprometen seriamente la salud de sus habitantes–, lo que, en palabras de Martínez, “está muy por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud considera un rango saludable o confortable”. 

Y ahora, con la llegada del frío, es el sector V de la Cañada es quién más está sufriendo estas consecuencias. Según explica el profesor de la UC3M, en esta época, tienen “auténticos problemas de suministro”. ¿La razón? Unión Fenosa Distribución, de la empresa Naturgy, instaló un reconector –un aparato que permite regular la corriente eléctrica que se suministra a una línea determinada– cuya corriente programada es inferior a la máxima demandada. Entonces, en periodos de máxima demanda, el sector 5 tiene que autolimitarse desconectando partes del suministro para evitar que se sobrecargue el sistema.

Desde Naturgy muestran su preocupación por la situación de los vecinos de la zona, sostienen que Unión Fenosa Distribución "colabora con las distintas administraciones con competencia en materia de energía en la Cañada Real y que está a plena disposición de los afectados para asesorarles" en lo que haga falta, dicen en declaraciones a infoLibre.

Por otro lado, Unión Fenosa Distribución "ha detallado a los afectados las gestiones que tienen que realizar para contratar el suministro", sostienen. Desde la empresa energética aseguran que una vez se haya comprobado que la solicitud ha cumplido con los requisitos necesarios, se devolverá la conexión a la red de forma inmediata a los vecinos.

infoLibre se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, uno de los municipios que atraviesa la Cañada, para conocer su valoración al respecto, pero no ha obtenido respuesta alguna.

Las conexiones eléctricas irregulares han sido sustituidas tras el corte por métodos improvisados: generadores de gasoil, paneles fotovoltaicos y cocinas de gas butano. Estas soluciones, además de costosas e ineficientes, no logran cubrir las necesidades básicas de las familias, generando lo se domina como "pobreza energética extrema", un fenómeno poco común en la Unión Europea por su escala y duración. Según Jorge Martínez, ni los generadores ni los paneles son una solución definitiva. Por un lado, los generadores “ni son los más saludable, ni lo más aconsejable”, especialmente por el ruido, mientras que los paneles fotovoltaicos –instalados en muchas ocasiones como buenamente se ha podido– precisan de una batería externa para seguir funcionando cuando no hay luz solar. Estos factores mantienen todavía a la población de la Cañada Real en una situación de “precariedad absoluta”.

El problema, además, no se limita al frío. Gabriela López Neyra, coordinadora técnica y Responsable de Planificación estratégica del Grupo Sira, se percató, mientras realizaban el estudio La Cañada responde. Impactos psicosociales del corte del suministro eléctrico, del impacto de no tener luz en la vida cotidiana. “Las tareas del hogar se complican mucho más, con lo cual, la carga habitual de una casa, requiere mucha más logística y mucha más organización”, recalca. Esto no solo provoca un desgaste cotidiano, sino que también genera aislamiento y dificultad de acceso a determinados empleos. 

López Neyra, además, hace referencia a una especie de “muerte civil”. En un mundo hiperconectado, la vida social se articula a través de la tecnología –redes sociales, series o participar en actividades comunes que exigen electricidad–, pero la falta de luz “va mermando la capacidad de socialización”. Señala que otro aspecto muy llamativo de esta situación es el propio desgaste de los vecinos: “La vecindad de Cañada es muy reivindicativa y tiene muy claro su derecho a la luz, pero hay un desgaste. Son muchos años y esto de alguna manera ha ido fragmentando las relaciones entre los vecinos”. El cansancio y  el miedo han ido haciendo mella en el tejido vecinal y, aunque la Cañada sigo constituyendo un lugar con mucha identidad, “cada persona a nivel individual está sufriendo y cuando estás sufriendo, te cuesta más vincularte a lo comunitario”.

Como indica López Neyra, esta situación solo se ha transformado en una pérdida esperada de confianza en las instituciones y la propia democracia, sino que ha tenido impacto directo en la salud mental de los vecinos. En el estudio realizado por el grupo Sira, afirma que antes del corte del suministro eléctrico, el 11,8% de los encuestados  habían necesitado atención respecto a problemas vinculados a la salud psicológica. Tras el corte, el 55% afirmaban haber necesitado atención o no haber acudido aún, pero valora que sí sería necesario en la actualidad. Este incremento viene acompañado de un aumento de los síntomas ansioso-depresivos, de tristeza y, en algunos casos, de ideación suicida.

El estudio, además, califica a los sectores afectados por el corte eléctrico de  la Cañada Real como “entorno torturante”, debido a las condiciones y las prácticas ejercidas por las instituciones con un objetivo punitivo o discriminatorio. En palabras de López Neyra, la falta de luz se suma a la criminalización de los vecinos, la violencia administrativa y la exclusión social, lo que dificulta la vida de las personas. 

Este mes de noviembre se conocía que el Consejo de Europa condenaba a España por dejar sin electricidad a la Cañada Real, vulnerando los derechos de vivienda, salud y protección contra la pobreza de las más de 4.000 personas que allí habitan. Una resolución que se ha hecho esperar más de un año y cuya reclamación estaba firmada por más de 50 organizaciones.

Según Javier Rubio, abogado y miembro de la Plataforma Cívica Luz Ya, esta resolución, llega tras varias reclamaciones emitidas por el Defensor del Pueblo (en 2020, 2021 y 2022) en las que se insta firmemente  a las administraciones, empezando por la Comunidad de Madrid, a garantizar el suministro eléctrico en condiciones dignas. Estas han sido, sin embargo, ignoradas sistemáticamente.  

Para Rubio, la posición que toma el Consejo de Europa, “es una declaración judicial del más alto nivel en materia de derechos humanos en Europa”. Esto, a su parecer, debería conllevar un plan de actuación por parte de las instituciones, aunque el pronunciamiento ya es significativo en sí mismo, ya que declara “a las autoridades españolas fuera de la ley europea de derechos humanos y avala todas las denuncias presentadas por la población y las organizaciones”. 

Aún así, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto tiempo más tendrán que esperar los vecinos de la Cañada Real para poder volver a vivir con dignidad?

La Plataforma para la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa emitió una alerta tras la denuncia de Fermín Grodira, periodista del diario español Público supuestamente agredido por la policía mientras cubría en noviembre una protesta sobre la dana en Valencia, según informa EFE.

Pedimos "una investigación rápida y exhaustiva acerca de las supuestas agresiones policiales contra el periodista", demandó la plataforma con sede en Estrasburgo y considerada una referencia internacional en la difusión de los casos de agresiones contra los informadores.

Este organismo activó la alerta de nivel 2, la segunda más grave y que sirve para instar a los Estados miembros implicados, en este caso España, a que contribuyan a la protección de los profesionales afectados tomando medidas concretas.

La plataforma instó también a que el autor o autores de la agresión "rindan cuentas" de sus actos y demandó un programa de entrenamiento para que los agentes adopten "conductas adecuadas" en su trato con los periodistas durante las protestas.

El Consejo de Europa dio como probado que Grodira fue agredido e insultado por agentes del orden gracias al testimonio de otros reporteros y a un vídeo en el que se escucha al periodista de Público, quien estaba claramente identificado como prensa, sorprenderse por la actitud agresiva de los agentes.

Fermín Grodira cubrió el pasado 10 de noviembre la multitudinaria manifestación celebrada en Valencia en la que se pedía el cese del presidente regional Carlos Mazón por su gestión durante la dana que asoló la provincia de Valencia y dejó más de 220 muertos.

El comité permanente encargado de supervisar la Convención de Berna decidió este martes aceptar la propuesta de la Unión Europea para rebajar el nivel de protección del lobo, que pasa de ser una especie "estrictamente protegida" al estatuto de simple especie protegida.

Este cambio debe entrar en vigor tres meses después de que se publique la decisión el próximo viernes, aunque de aquí a entonces no se llevaría a cabo si un tercio (17) de los países que forman parte de la Convención manifestaran su oposición, según precisó el Consejo de Europa, del que depende el comité, en un comunicado que ha recogido EFE.

La Unión Europea (UE), que en el comité de la Convención de Berna vota por los 27 Estados miembros que la componen, propuso el pasado 27 de septiembre esta alteración del estatuto, lo que formalmente significa desplazar el Canis Lupus del Anexo II al Anexo III.

Bajo el régimen del Anexo II está prohibida cualquier forma de captura intencional o de muerte intencional -lo que incluye la caza-, así como la destrucción o el deterioro de los espacios de reproducción o de las áreas de descanso. Igualmente está proscrito el comercio y la detención de estos animales.

Con el Anexo III, sin embargo, las cosas cambian, ya que la reglamentación sí que puede permitir algunas de esas prácticas, a condición de "mantener la existencia de esas poblaciones fuera de peligro". En ese caso, la caza puede estar autorizada pero de forma limitada en el espacio y en el tiempo.