La Oficina de Conflictos de Intereses, que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha autorizado un total de 653 actividades privadas a ex altos cargos del Ejecutivo desde su creación hace quince años, periodo en el que sólo ha registrado 14 incompatibilidades. Así se desprende de la respuesta que el Gobierno ha dado a una batería de preguntas registradas en el Congreso por la secretaria general del Grupo Socialista, Rafi Crespín, y su compañero Antonio Hurtado, que pedían saber el número de expedientes tramitados.

La legislación establece que durante un periodo de dos años tras el cese, los altos cargos que quieran prestar servicios en entidades privadas deben solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses, que deberá comunicar al interesado si es compatible o no su paso al sector privado en un plazo máximo de un mes.

En la contestación dada por el Gobierno, a la que tuvo acceso Europa Press, se detalla que la citada Oficina, encargada de fiscalizar las conocidas como puertas giratoriaspuertas giratorias y al frente de la que se encuentra Flor María López Laguna, ha tramitado un total de 697 expedientes desde su creación, en el año 2006, con la aprobación de la Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

En concreto, este órgano tramitó 329 expedientes entre 2006 y 2015, fecha en la que la normativa sobre incompatibilidades se endureció a raíz de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Desde entonces y hasta el pasado 4 de octubre, la oficina ha tramitado 368 expedientes, es decir, ha analizado más expedientes en los últimos seis años que en los nueve anteriores, con la primera ley.

Precisa el Gobierno que de los casi 700 expedientes gestionados desde su nacimiento, la Oficina de Conflictos de Intereses ha dado vía libre a 653 actividades privadas con posterioridad al cese de los altos cargos (313 hasta 2015 y 340 desde entonces y hasta la actualidad) y ha denegado sólo 14, cinco en el primer periodo y nueve, en el segundo.

Además, informa de que en los últimos quince años treinta expedientes fueron objeto de desistimiento un total de once actividades privadas comunicadas tras el cese de altos cargos, con carácter previo a su inicio –once en la primera etapa y diecinueve en la segunda–.

Vuelve Iván Redondo. Apenas cuatro meses después de su inesperado cese, por voluntad del presidente según todas las crónicas, a petición propia según el propio interesado, el que fuera principal asesor de Pedro Sánchez abandona el descanso que se autoimpuso tras su salida de Moncloa y prepara su regreso a la consultoría.

Será a partir de noviembre y el formato elegido, del que Redondo se propone ir dando detalles en los próximos días, es “un proyecto nuevo” de “consultoría independiente” que va a “liderar” con “profesionales de primer nivel” al que también se sumarán “unos cuantos amigos”.

Redondo anticipó el pasado martes sus planes en un evento organizado por Llorente y Cuenca (LLYC), eventola consultora especializada en comunicación, gestión de la reputación y asuntos públicos en la que él mismo empezó su carrera. Fue en respuesta a una pregunta de Luisa García, CEO de LLYC Europa, que moderó el encuentro en el que también participó el presidente de la consultora, José Antonio Llorente.

El exasesor de cabecera de Pedro Sánchez aseguró allí que se trata de un proyecto ambicioso. “Vamos a intentar llevar la consultoría a otro nivel y a otra posición”, dijo sin dar más detalles. De momento, nada se sabe sobre si su área de trabajo incluirá España o si se centrará exclusivamente en otros países.

Lo que sí se conoce es que Redondo compatibilizará su regreso a la consultoría privada con una colaboración en el diario catalán La Vanguardia, esta sí focalizada en lo que ha sido su actividad en los últimos tres años: la política española.

Su idea, explicó en el mismo evento, es “tomar posición en la política española” desde las páginas del diario. “De manera totalmente independiente”, subrayó, y desde “un punto de vista técnico”. Para explicar “cómo veo que están las cosas” con “informaciones y datos”.

Iván Redondo formó parte del núcleo de decisión del presidente del Gobierno desde la moción de censura que le llevó a la Moncloa. Como director de gabinete de Pedro Sánchez —un puesto que tiene categoría de secretario de Estado y que es el más próximo al jefe del Gobierno— ha tenido acceso de primera mano no sólo a todas las decisiones y a las estrategias de presidente sino a elementos clave de las políticas públicas y de seguridad durante los últimos tres años.

Antes de la pandemia, Redondo ya lideraba la planificación a largo plazo del Gobierno y tuvo pleno acceso dentro del PSOE a la preparación de todas las campañas celebradas desde 2018. Entre sus funciones estaba conocer los programas, planes y actividades de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de facilitar al presidente la coordinación de la acción del Gobierno. Y tenía a su cargo organismos tan importantes como el Departamento de Seguridad Nacional, un órgano crítico en el entramado de la Moncloa porque de él dependen el seguimiento y la gestión de las crisis.

A estas tareas, ya de por sí muy relevantes, Redondo acabó sumando otra todavía más trascendente: el control de los fondos europeos. Por decisión del propio Pedro Sánchez, su director de gabinete asumió la responsabilidad de controlar el destino del dinero que la Unión Europea asignó a España para salir de la crisis provocada por la pandemia: 140.000 millones de euros, 70.000 de los cuales son ayudas que hay que justificar pero que no es necesario devolver.

Esta suma de responsabilidades concentró en el superasesor de Sánchez si no más margen de maniobra que algunos ministros sí acceso a un volumen de información cuando menos delicado ahora que ya no está en la administración y planea volver a la consultoría privada, una de cuyas áreas de negocio más rentables en estos momentos es la asesoría de empresas e instituciones precisamente para hacerse con una porción de la tarta del dinero que ya ha empezado a llegar desde Bruselas.

La paradoja es que si se confirma que Redondo desarrollará su actividad en una empresa de nueva creación y se limita a asesorar a otros sin solicitar directamente fondos de la administración, no tendrá ninguna limitación legal para hacerlo.

La ley 2/2015, que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece límites a la actividad profesional “durante los dos años siguientes a la fecha de su cese”. Pero no demasiado exhaustivos. Únicamente impide prestar servicios en entidades privadas “que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”, lo que excluye a las de nueva creación.

La nueva consultora de Redondo, eso sí, no podrá, también durante dos años, “celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración Pública en la que hubieran prestado servicios, directamente o mediante empresas contratistas o subcontratistas, siempre que guarden relación directa con las funciones que ejercía”. Y siempre y cuando el exasesor de Sánchez posea al menos el 10%.

Conflicto de intereses

La misma ley exige a Redondo declarar durante dos años sus planes a la Oficina de Conflicto de Intereses para que ésta decida si vulnera la ley o si autoriza la actividad.

Es decir: no tendrá límites para asesorar a empresas y corporaciones para, por ejemplo, buscar el mejor modo de acceder a la lluvia de millones de los fondos europeos, cuyo control era hasta hace apenas cuatro meses su máxima responsabilidad en el Gobierno, lo que como mínimo le otorga una privilegiado conocimiento de los criterios de reparto que ahora, en teoría, puede aplicar desde el otro lado de la ventanilla.

Esta laguna de la ley ya ha sido señalada por especialistas en la materia, como el catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor: “¿Qué sucede si el alto cargo pasa a trabajar para un despacho de abogados que, a su vez, presta servicios a empresas sometidas a regulación? ¿O si lo hace para un lobista? No estaría sujeto a restricción alguna. La intermediación de un tercero que sí podría prestar servicios a la empresa podría romper la prohibición. Es un fallo muy relevante que cuestiona, una vez más, la eficacia de la prohibición”.

José María Pérez Monguió, profesor de Derecho Público de la Universidad de Cádiz, sostiene que la ley vigente descansa sobre “una visión simple de las puertas giratorias” porque “únicamente se recoge la cautela de evitar que los ex altos cargos puedan incorporarse a empresas o entidades que se vieron afectadas por sus decisiones”. “Sin embargo, no se preocupa ni ocupa de la posibilidad de que el ex alto cargo se incorpore a una nueva empresa o realice actividad profesional con el fin de “emplear” sus contactos y conocimientos recientes para su beneficio, en una situación que claramente debería estar en el marco del conflicto de intereses”, asegura en un estudio publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública del Ministerio de Hacienda.

Redondo, en principio, también está obligado a guardar reserva de cualquier cosa que tenga esa categoría de secreto y que haya conocido en virtud de su cargo o de su estrecho vínculo con el presidente y de su papel al frente del departamento de Seguridad Nacional. De ahí que sus prometidos artículos en La Vanguardia se vayan a centrar en el análisis técnico de datos y en la prospectiva de cara al futuro y no en la explicación de acontecimientos clave de los últimos tres años.

Redondo no atendió este jueves la petición de infoLibre para responder algunas preguntas sobre sus nuevas actividades y los posibles conflictos de intereses que pudiesen acarrear.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que confirmaba la decisión del rector de la Universidad Complutense de marzo de 2015 en la que denegaba la solicitud de compatibilidad de su puesto como profesor titular a tiempo completo con la realización de actividades privadas, informa Europa Press.

Esas actividades iban desde la consultoría política y económica, a la producción audiovisual, pasando por la realización de proyectos vinculados a las ciencias sociales. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo destaca en su sentencia que como profesor titular a tiempo completo estaba sometido "a una incompatibilidad absoluta" para realizar otras actividades en el sector público o privado.

De este modo, el tribunal establece como doctrina que "el artículo 16.4 de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, no resultan de aplicación al profesorado universitario a tiempo completo, ya que este personal docente universitario se encuentra sometido a una incompatibilidad absoluta para cualquier otra actividad. Y esto es así "con independencia de la percepción o no de complemento específico y su cuantía".

El litigio comenzó en diciembre de 2014 Monedero solicitó al Rectorado de la Universidad Complutense autorización de compatibilidad para la realización de actividades privadas, pero esa petición fue rechazada, por lo que recurrió ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que estimó en parte su recurso.

Pero la Complutense presentó recurso ante el TSJM, y este anuló la sentencia de instancia al considerar ajustadas a derecho las resoluciones impugnadas. Disconforme con ese fallo, Monedero recurrió ante el Tribunal Supremo que ahora ha desestimado su recurso.

En la sentencia, la Sala analiza el régimen de incompatibilidades del profesorado universitario a tiempo completo y, en particular, la interpretación que debe hacerse del artículo 16.4 de la ley y de la Disposición Adicional Quinta mencionada.

Asimilación con personal directivo

Al respecto, señala que "lo relevante es que el colectivo de profesorado universitario a tiempo completo recibe en la Ley de Incompatibilidades unas previsiones muy específicas, no ya sobre la base de independencia de la percepción o no de un complemento específico determinado y de su cuantía concreta, sino sobre la configuración del régimen de incompatibilidad mediante la asimilación de este personal como 'personal directivo' o de 'especial dedicación' que recibe un tratamiento singularmente estricto en el artículo 16.1 de la Ley de Incompatibilidades".

Subraya la sentencia que, a estos efectos, hay una asimilación de tratamiento con el personal directivo, y así lo destaca el propio Preámbulo del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario.

Por otra parte, la sentencia, ponencia del magistrado Rafael Toledano, indica, en contra de lo que sostiene el recurrente, que la introducción en el artículo 16 de la Ley de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas, de un nuevo apartado 4, en la redacción establecida por el artículo 34 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, no altera esta singularidad de régimen del profesorado universitario a tiempo completo y su tratamiento asimilado a personal directivo a estos efectos.

Lo relevante, explica la Sala, es que la Ley de Incompatibilidades otorga un tratamiento diferenciado a la función docente universitaria en materia de Incompatibilidades, al cual no resulta ajeno, en absoluto, el hecho de que conforme al artículo 68 de la Ley de Universidades, es el propio funcionario docente el que puede elegir, siempre que eventualmente sea posible en atención a las necesidades del servicio, su régimen de dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial.

Asimismo, rechaza aplicar la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, que permite a los funcionarios de la Administración General de Estado la reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan para adecuarlo al porcentaje de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

La Sala señala que el personal de la Administración General del Estado y el personal de las Universidades, en particular su personal docente, "son claramente diferentes y diferenciables", por lo que no es posible la aplicación de dicha Disposición al profesorado universitario que no está incluido en su campo de aplicación.

El expresidente del Grupo Parlamentario de Vox y actualmente diputado no adscrito en la Cámara andaluza, Francisco Serrano, ha expresado este miércoles su disposición a comparecer después de que PSOE-A y Adelante Podemos hayan pedido que tanto él como el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, comparezcan por posible "incompatibilidad" entre su actividad parlamentaria y negocios privados, un caso desvelado por infoLibre [ver aquí el dosier]. Serrano ha denunciado la campaña de "desgaste y persecución" de ambos partidos.

"Cuando quieran comparezco. Nadie me lo ha pedido. Deberían ya saber, porque está publicado en portal de transparencia, que, primero, solicité compatibilidad para poder terminar asuntos profesionales iniciados antes del inicio de actividad parlamentaria y sin retribución alguna", ha indicado Serrano en un escrito en su portal de Facebook, consultado por Europa Press.

Añade que, en segundo lugar, también publicado en forma en ese portal de transparencia, "para terminar de despejar suspicacias", cesó en octubre de 2018 como administrador, "cargo sin retribuir, del despacho profesional" y se dio "de baja como letrado ejerciente y no ejerciente en el Colegio de Abogados de Sevilla".

"Todo ello tras tener que renunciar a seguir llevando asuntos profesionales encomendados por razones de confianza personal, con el consiguiente y lógico enojo de clientes de ese despacho del que me apartaba, e insisto, para no dar lugar a ataques infundados de la izquierda andaluza", según apunta.

Añade que aún siendo para él "imposible ejercer o desarrollar actividad privada retribuida alguna" y pese a dedicase en exclusiva a la actividad parlamentaria, los partidos de la izquierda "ni olvidan ni perdonan, persistiendo en su campaña de desgaste y persecución".

El Congreso de los Diputados ya ha dado el paso fundamental para autorizar a sus señorías desempeñar aquellas actividades que solicitan compatibilizar con el escaño. El pasado jueves, 25 de junio, la Comisión del Estatuto de los Diputados, presidida por la socialista Begoña Nasarre, emitió el dictamen que contiene la autorización de una serie de actividades extraparlamentarias que van de la docencia al ejercicio de la abogacía pasando por la participación en empresas privadas. Este documento, al que ha tenido acceso infoLibre, deberá someterse al escrutinio del Pleno en próximas fechas. Un paso que se considera un mero trámite si se tiene en cuenta que fue aprobado por unanimidad por la citada comisión.

Una de las principales conclusiones que se extrae del análisis de los datos es que 16 parlamentarios han solicitado compatibilizar el escaño con otras actividades en la empresa privada. La galería de funciones a las que sus señorías se dedican más allá de la política es bastante plural: desde la compraventa de petróleo a la energía fotovoltaica pasando por el sector audiovisual y las explotaciones ganaderas.

infoLibre repasa, a continuación, el pluriempleo de quienes se sientan en un escaño de la Carrera de San Jerónimo. Un Parlamento en el que sólo 55 diputados, según el dictamen, declaran no "ostentar ningún cargo ni ejercer ninguna actividad".

Empresa privada

De los 16 diputados que han pedido compatibilizar la actividad legislativa con la empresa privada cinco pertenecen a PP, cinco a Vox, uno a Unidas Podemos, uno a EH Bildu y otro al Grupo Plural, en concreto a Junts.

Partido Popular

Miembro de la Mesa de la Cámara Baja y fichaje estrella de Pablo Casado para las listas electorales, Adolfo Suárez Illana declara que es administrador único de dos sociedades: Suárez & Illana Abogados S.L., –dice de ella que está "sin actividad"– y Suárez & Illana Inversiones S. L. Sobre esta última dice que no participa "en la gestión de sus activos". La Comisión del Estatuto de los Diputados autoriza ambas actividades  puesto que "no mantienen relación con ninguna administración pública ni incurren en ninguna de las actividades previstas en el artículo 159.2" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). 

En la pasada legislatura, Suárez Illana ocultó al Congreso que es administrador de una empresa con intereses económicos millonarios en Andorra, tal y como desveló infoLibre en julio de 2019. Se trata precisamente de Suárez & Illana Inversiones S.L., de la que es administrador único y que tiene en el Principado una cartera de valores de 7,5 millones de euros y una deuda de 9,5 millones. Los fondos y el préstamo están en Andorra desde 2011. Suárez tenía la obligación de incluir su cargo societario en la Declaración de Actividades presentada al iniciarse la legislatura, pero no lo hizo.

En relación a la pertenencia a órganos de representación y dirección de empresas privadas, el dictamen de la Comisión recuerda que es criterio reiterado que se puede otorgar la autorización para el ejercicio de la citada actividad, siempre que no se incurra en ninguna de las actividades prohibidas expresamente por la LOREG, especialmente las de contratar con el sector público estatal, autonómico o local, no se invoque o haga uso de la condición parlamentaria para el ejercicio de la actividad. Y "sin que en ningún caso el disfrute de la autorización pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias".

Juan Antonio Calleja es alcalde de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), actividad que es compatible por ley siempre y cuando no perciba remuneración por este cargo. Además, declara ser "autónomo en el campo de los servicios odontológicos" y administrador único de la Clínica Dental Ciudad Real Sociedad Limitada Profesional.

Celso Luis Delgado es abogado y, al mismo tiempo, administrador único de la compañía mercantil Delgado Arce Abogados SLNU (Sociedad Limitada Nueva Empresa). El dictamen recoge que se le autoriza sin que pueda percibir remuneración del sector público.

Miguel Ángel Paniagua Núñez declara que es socio al 50%, "sin actividad de consultor", de una firma que se dedica a asesoramiento financiero de Pymes y autónomos. Además, solicita compatibilidad como "administrador de sociedades en las que participa en el capital".

Carlos Rojas señala que es socio –en ningún momento cita que es administrador– de dos empresas. Agrícola Roga S.L. tiene por objeto social la "producción agrícola de productos tropicales y hortalizas". Y 15K Angels, S.L. se dedica a la "inversión y la promoción en emprendimiento que cree empleo y economía circular". El parlamentario conservador señala que en ambas su participación como accionista es "minoritaria".

Vox

Pedro Jesús Requejo Novoa informa a la Cámara de que es socio y administrador solidario de Powerstroom Tres S.L., una empresa dedicada a la producción y comercialización de energía eléctrica fotovoltaica, "sin percibir ningún tipo de ingreso o subvención del sector público".

Víctor González Coello de Portugal es "socio con el 50% de Management Productive Resources, S.L., sociedad familiar de la que es Director General". La firma se dedicada al asesoramiento y mediación en la compraventa de petróleo, sus derivados y materias primas. Además, ha informado al Congreso de que ejerce de "asesor externo" de la empresa Energreen Capital, S.L. Se dedica a la "compra de inmuebles" y no percibe remuneración alguna por esta tarea.

Víctor Manuel Sánchez del Real es socio fundador con el 100% de las acciones de Elocuent, S.L.. "No percibe ningún tipo de subvención pública ni trabaja para ninguna administración pública –renunciará o cederá a terceros los derechos económicos que genere durante su responsabilidad pública–", puede leerse en el documento que la Comisión del Estatuto de los Diputados ha elevado al Pleno. Lo mismo sostiene sobre los derechos económicos que le genere su participación en Blogs Business, S.L. y en Puntos básicos consultoría y servicios S.L. 

Andrés Alberto Rodríguez Almeida consigna que administra "sociedades de naturaleza privada", sin especificar la denominación social de las mismas.

Mireia Borrás Pabón es socia al 51% de Goiplug Spain, S.L., una empresa de baterías portátiles. En el dictamen no figura que sea administradora.

PSOE

El socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo ha solicitado al Congreso un amplio listado de autorizaciones de actividad privada. Es administrador "sin percibir retribuciones económicas" de una asesoría fiscal. Participa al 50% en Ganadería Tetir S.L., una "explotación ganadera de caprino," y al 30% en "Quesos Tetir S.L.", donde no ejerce la administración de la empresa. En Promociones Verol S.L., donde participa en el 50%, sí ejerce como administrador. Lo mismo que en Travel Trend Group (participación del 3%) y Tismeca S. L. (participación del 5%).

Herminio Rufino Sancho Íñiguez es socio al 50% de SAT 84 ARA Mezquita de Jarque, firma dedicada a la actividad agrícolaganadera. La empresa recibe subvenciones de la Política Agraria Comín (PAC) y "otras ayudas públicas", puede leerse en el dictamen. Además, aclara que lleva desde septiembre de 2015 "sin percibir ningún tipo de ingreso de la SAT".

Juan Francisco Serrano, alcalde de Bedmar y Garcíez (Jaén), es accionista, al 50% de la sociedad Campos de Mágina, dedicada a la explotación agrícola y ganadera.

Unidas Podemos

Sofía Fernández Castañón ejerce de administradora y socia solidaria de la productora audiovisual Señor Paraguas S.L. "No percibe ninguna subvención de carácter no reglado ni tiene vinculación alguna con el sector público y que actualmente se encuentra en suspensión de actividad", puede leerse en el dictamen.

EH Bildu

La diputada Mertxe Aizpurua es consejera de la empresa editora EHKE S.A. Según se reseña, no percibe remuneración económica alguna por este cargo.

Grupo Plural

El parlamentario Genís Boadella (Junts per Catalunya) ejerce como representante legal del despacho de abogados que lleva sus apellidos: Boadella Esteve Advocats, SLU. 

Abogacía

La LOREG establece que la actividad parlamentaria "será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma". Pero hay una serie de excepciones que la Comisión del Estatuto de los Diputados se encarga de analizar, como hemos visto, por ejemplo, en los párrafos anteriores.

El ejercicio de la abogacía ha sido tradicionalmente una de las tareas para la que más compatibilidades han demandado sus señorías. El dictamen de la citada comisión que tiene pendiente llegar a pleno recoge sobre este tipo de actividades –iguales requisitos cita para economistas, médicos, farmacéuticos y veterinarios– que esta actividad es susceptible de autorización "con las limitaciones" de "no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal, autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad" y sin que "pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias". 

Para la vigente legislatura han sido 17 los parlamentarios que han solicitado compatibilidad para el ejercicio de la abogacía. Dos de ellos, Celso Delgado (PP) y Genís Boadella (Junts per Catalunya), también están en el listado de los que administran empresas. En el cómputo global, siete son de Vox, cinco del PP, dos del Grupo Plural, uno de Ciudadanos, uno del Grupo Republicano y uno de Unidas Podemos.

En el caso de la extrema derecha han solicitado autorización para ejercer la abogacía Rubén Silvano, Pedro Fernández, Juan José Aizcorbe, Patricia de las Heras, José María Figaredo, José María Sánchez y Francisco Javier Ortega Smith, también concejal y portavoz en el consistorio madrileño.

En el PP, además de Celso Delgado, pretenden compatibilizar el escaño con la abogacía Vicente Tirado, María José García Pelayo, Miguel Ángel Jerez y Jaime Eduardo de Olano.

En el Grupo Plural coinciden dos parlamentarios que han solicitado la compatibilidad de su labor legislativa con la de abogado,  Genís Boadella y Jaume Alonso-Cuevillas, que ha ejercido como letrado de Carles Puigdemont. Ambos son integrantes de Junts.

Gloria Elizo, integrante de la Mesa de la Cámara Baja y parlamentaria de Unidas Podemos, es abogada del Colegio de Madrid. "Letrada del partido político Podemos y representante de la formación a efectos penales, civiles o electorales, sin retribución", figura en el dictamen.

El mismo dictamen se muestra partidario de otorgar la compatibilidad a Sara Giménez (Ciudadanos) y Carolina Telechea i Lozano (ERC). 

El nombramiento como consejeros independientes de Enagás de los exministros socialistas José Montilla y José Blanco, así como de Cristóbal Gallego, miembro del Observatorio Crítico de la Energía y afín a Unidas Podemos, ha recuperado la atención pública para las puertas giratorias, una práctica inveterada de políticos y grandes empresas. Enagás, propiedad en un 5% del Estado a través de la SEPI, no ha hecho más que reincidir en una vieja costumbre. Ya en 2014 metió en su consejo de administración de una tacada a dos exministras del PP, Isabel Tocino y Ana Palacio, al ex presidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha, al ex director general de Industria del Gobierno de Mariano Rajoy Luis Valero y al expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia Gonzalo Solana, luego miembro de Equipo Económico, el despacho de Cristóbal Montoro. Entonces gobernaba el Partido Popular. Hoy, con el PSOE al mando, Enagás ha optado por dar otro color a su consejo utilizando idéntico método que hace seis años, convertir a expolíticos en consejeros independientes. Y en ambos casos asegura que para seleccionarlos ha recurrido a los servicios de una empresa externa.

La lista de políticos y empresas enredadas en las puertas giratorias es larga y está repleta de nombres de primera línea. Desde Felipe González (Gas Natural) y José María Aznar (Endesa) hasta Rodrigo Rato (Telefónica, Santander), Ángel Acebes (Bankia, Iberdrola), Elena Salgado (Endesa), Josep Borrell (Abengoa), Luis de Guindos (Endesa), Miguel Boyer (CLH, Red Eléctrica), Rodolfo Martín Villa (Endesa), Nicolás Redondo (FCC)...

Pese a los cambios normativos y a la cada vez mayor sensibilidad pública hacia los comportamientos corporativos tras la última crisis, las grandes empresas siguen sentando a ex altos cargos en sus máximos órganos de dirección, independientemente de su valía técnica, mientras los políticos parecen incapaces de resistirse a la llamada de los gigantes del ÍBEX 35. No importa el partido.

Cuando el pasado martes los periodistas le preguntaron al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, por los nombramientos en Enagás, se limitó a apelar a la “responsabilidad” del consejo de administración, la junta de accionistas y la comisión de nombramientos de las empresas, y dejó el juicio sobre su idoneidad en manos del mercado. “Nosotros respetamos lo que hacen esos órganos y el mercado tiene en cuenta el tipo de gobierno corporativo de las compañías a la hora de valorarlas”, resumió.

Como, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó los nombramientos por el hecho de que hubieran sido propuestos por uno de los principales accionistas, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Albella se remitió también a la Guía Técnica sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones, publicada por la CNMV el año pasado. “La guía tiene un apartado en la que se admite como algo aceptable o incluso natural que los consejeros dominicales [designados por los accionistas] o los accionistas significativos propongan nombres de consejeros”. Aunque esa guía también advierte de que en esos casos debe “extremarse la cautela”, matizó a continuación.

Un artículo sobre el que no tiene competencias

Lo cierto es que desde que la nueva Ley de Sociedades de Capital, tras su reforma en 2014, estableció los requisitos para ser consejero independiente, el campo que tienen las empresas para sentar en sus consejos a personas inadecuadas debería haberse restringido. Deben ser designados “en atención a sus condiciones personales y profesionales” y ser capaces de “desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos”. La ley obliga a empleados o consejeros ejecutivos de la propia empresa a esperar tres y cinco años, respectivamente, para optar a esos puestos. Tampoco pueden acceder como independientes si perciben “cualquier cantidad o beneficio” de la empresa, “salvo que no sea significativa”. No precisa qué entiende como significativa. Además, excluye de esos pagos los dividendos y complementos de pensiones. Si han sido socios del auditor externo de la compañía o consejeros o altos directivos de una tercera empresa donde se sienten otros consejeros o altos directivos de la suya, no pueden ser nombrados consejeros independientes. Lo mismo si han sido proveedores, asesores o consultores de la sociedad durante el último año o han trabajado para una entidad que haya recibido donaciones de la empresa, aunque se lo permite a los patronos de las fundaciones. La ley excluye igualmente a cónyuges y parientes hasta el segundo grado de cualquier consejero ejecutivo o alto directivo. Y no pueden permanecer en el puesto durante más de 12 años.

Todas ellas, por tanto, condiciones lógicas y que no incumplen los políticos nombrados en Enagás, sin ir más lejos.

En cualquier caso, ese precepto no se encuentra entre los artículos que quedan bajo supervisión de la CNMV, tal y como establece la propia Ley de Sociedades de Capital en su disposición adicional séptima. El regulador bursátil sólo tiene competencias sobre el contenido del informe anual de gobierno corporativo, regulado en otro artículo de la misma ley. Es decir, únicamente puede actuar en caso de que haya “errores u omisiones” en ese documento que las empresas cotizadas están obligadas a enviar cada año a la CNMV. Entonces, no obstante, se limita a “solicitar información adicional” a las compañías. Aunque, si encuentra “omisiones o datos falsos o engañosos”, puede imponer a la sociedad un sanción por infracción grave, explica a infoLibre un portavoz del organismo.

“Debería ser más proactiva y hacer más controles”“Debería ser más proactiva y hacer más controles

La Guía Técnica de 2019 a la que se refirió Sebastián Albella describe los criterios de la CNMV sobre cómo deben actuar las comisiones de nombramientos. Por ejemplo, recomienda recurrir a una empresa externa para elegir a los candidatos a consejeros independientes, lo que hizo Enagás, como queda dicho más arriba. También invita a la comisión a recabar información “de manera periódica y al menos anualmente” sobre las actividades y “potenciales conflictos de interés” no sólo del candidato sino también del consejero una vez nombrado.

Es más, el regulador deja en manos de la comisión de nombramientos –aconseja que tenga una mayoría de consejeros independientes– la tarea de verificar “en general” si el candidato va a desempeñar sus funciones “sin verse condicionado por sus relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos”. La pregunta en este punto es si los ex políticos del PP nombrados en 2014 en Enagás y los del PSOE y Unidas Podemos nombrados ahora hicieron y harán su trabajo con independencia de los gobiernos que marcan las directrices de la SEPI, el accionista que los propuso.

Precisamente, la guía insta a la comisión a “extremar la cautela” cuando el candidato a consejero independiente lo proponga un accionista significativo, un consejero dominical o uno ejecutivo, y reclame “cuanta información considere oportuna” para asegurarse de que el aspirante “no tiene vinculaciones que pudieran condicionar su independencia”. En general, la CNMV pide a los miembros de esta comisión que actúen “con una actitud crítica y de escepticismo, sin dar por buenas sin más las propuestas e informes de personas ajenas a la comisión, en particular los de ejecutivos y altos directivos de la entidad”. Una actitud que considera “especialmente necesaria” cuando tienen que evaluar a los candidatos a consejeros independientes propuestos por consejeros ejecutivos o dominicales.

¿Es suficiente, pues, la vigilancia que ejerce la CNMV sobre las puertas giratorias? Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom) y socio del despacho Écija Abogados, cree que no. “Debería ser más proactiva y hacer más controles”, apunta. A su juicio, esa mayor supevisión “no iría en detrimento sino en beneficio de las empresas, porque haría más transparente y seguro el mercado”. Hurtado Bueno reclama además que la CNMV no haga sólo controles exante exante–previos al nombramiento de un consejero– sino también expost;expost es decir, que vigile las operaciones aprobadas por la empresa “de forma permanente, pero sin paralizar el mercado”.

Sólo el 14% eran realmente independientes

Un estudio realizado por los profesores de la Universitat de les Illes Balears Rafel Crespí-Cladera y Bartomeu Pascual-Fuster sobre las empresas cotizadas españolas entre 2004 y 2009 reveló que el 56,3% de los consejeros clasificados como independientes en realidad no lo eran tanto: incumplían al menos uno de los ocho criterios que habían establecido ambos expertos para determinar su independencia. Mientras que las 135 sociedades que cotizaban en Bolsa en esos años declaraban contar con un 32,5% de independientes en sus consejos, el filtrado que hicieron Crespí-Cladera y Pascual-Fuster los reducía hasta el 14,2%.

Al aplicar los mismos criterios a las comisiones de auditoría, el estudio descubrió que, mientras que las empresas declaraban un 49,4% de independientes, sólo el 21,2% aprobaban el cribado más estricto. En el caso de las comisiones de nombramientos y remuneraciones, el 50,4% de independientes reconocidos por las compañías se recortaba hasta un 24,1% si se les aplicaban los nuevos criterios. Lo mismo ocurría cuando eran independientes quienes presidían los comités: según las empresas, la mitad de ellas contaba con uno al frente de ambos órganos, pero el filtrado los reducía a un tercio.

Según los autores del estudio, el porcentaje de consejeros erróneamente clasificados como independientes se redujo con el tiempo, sobre todo a partir de 2007, cuando entró en vigor el Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo o Código Conthe, bautizado así por Manuel Conthe, el presidente de la CNMV entonces. Aun así, en 2009 el número de consejeros que aprobaban el cribado estricto de Crespí-Cladera y Pascual-Fuster no superaba el 50% ni el 33% en los comités de auditoría y nombramientos. Los consejeros que presidían ambos órganos tampoco eran realmente independientes en el 16% de las empresas analizadas.

Siete de los ocho criterios formulados por los profesores de la universidad balear coinciden con los incorporados cinco años después en la Ley de Sociedades de Capitales, pero también incluían uno nuevo: que no representen a una persona jurídica. Se trata, explican, de criterios estandarizados, equivalentes a los que rigen en Estados Unidos, la Unión Europea o Reino Unido.

En un estudio posterior, Crespí-Cladera y Pascual-Fuster analizaron los informes anuales de gobierno corporativo que las empresas enviaron a la CNMV entre 2004 y 2012, y los cruzaron con las listas de altos cargos de los gobiernos y parlamentos autonómicos, estatales y europeos. El 4,5% de los consejeros resultaron ser expolíticos, una proporción que se elevaba al 6,6% en las empresas de mayor tamaño y descendía al 2,2% en las más pequeñas. De esos 551 políticos devenidos en consejeros, el 56,5% habían sido nombrados como independientes, pero también había un 27,8% de dominicales y un 11,9% de ejecutivos.

No obstante, los autores aseguran que sólo han encontrado “alguna evidencia de deterioro del gobierno corporativo” cuando los expolíticos actúan como consejeros dominicales o ejecutivos, no cuando funcionan como independientes. “No encontramos que la incorporación de expolíticos a los consejos de administración genere efectos negativos sobre los intereses de los accionistas de forma sistemática, sobre todo si actúan como independientes”, explica a infoLibre Bartomeu Pascual-Fuster, “un asunto distinto es su efecto sobre la economía en general, si se daña la competencia y una empresa obtiene favores respecto a otras pese a ofrecer peor calidad y a precios más altos”.

Consejos de administración poco profesionales

A juicio del profesor balear, los expolíticos aportan a la empresa su conocimiento de la esfera pública y, aunque no sepan de negocios sí pueden tener experiencia en gestión. “Eso no está reñido con que cumplan su obligación de controlar y supervisar el trabajo de los altos directivos de la empresa para proteger a los accionistas”, defiende. Pero considera escandaloso que un porcentaje tan alto de independientes no cumplan los requisitos. “Que no nos vendan como independiente un consejero que es dominical”, protesta.

“Aún en 2007 no era infrecuente que los consejeros, todos señores mayores, se pasaran el tiempo leyendo el periódico mientras tú presentabas un informe”, recuerda Gloria Hernández, socia de finReg 360. El cambio, subraya, ha sido “brutal”: “Ahora los consejeros te preguntan y te repreguntan, y se nota la diversidad: son más jóvenes, vienen de distintas procedencias y hay mujeres”. Deja claro que se ha avanzado mucho en una profesionalización de los consejos que era necesaria. El nivel de exigencia ha aumentado desde aquellos consejos de administración que se presentaban como “regalos al final de las carreras profesionales de muchos”. “Ahora la comisión de nombramientos debe analizar si los candidatos saben de leyes y entienden de números para supervisar la labor de los altos ejecutivos y darse cuenta de que el director financiero lo está haciendo bien o mal, por ejemplo”, detalla la abogada. Pero al tiempo reconoce que una persona con “contactos” también “aporta” a la empresa.

Alonso Hurtado advierte, no obstante, de que “aún queda mucho camino” que recorrer en la profesionalización de los consejos. “Hay que reconocer que venimos de la nada”, resalta. El vicepresidente de Ascom sostiene en cualquier caso que los consejeros independientes han ayudado mucho en ese cambio –“meten presión al resto”–, y critica los nombramientos de expolíticos en Enagás precisamente porque “van en detrimento” de esa profesionalización. También por las “formas”: “Demasiado evidente; no es lo mismo un político profesional que un técnico magnífico que se mete en política”, concluye.

Una Oficina de Conflictos de Intereses que no funciona

Gloria Hernández Aler considera que la CNMV “lo está haciendo bien, el camino de la regulación es acertado... pero largo”. Y que también hay que poner el foco en la otra parte del conflicto: las incompatibilidades de los políticoslas incompatibilidades de los políticos. La también vocal de Ascom echa en falta “algún tipo de restricción, mediante una ley o un código” que regule la salida de los altos cargos públicos. Alonso Hurtado acusa a la Oficina de Conflictos de Intereses de no ser independiente. “Está adscrita al Ministerio de Función Pública, cuando debería depender del Congreso”, reclama. “No conozco ningún caso en que la Oficina de Conflictos de Intereses haya paralizado un nombramiento”, denuncia.

En 2016 el Tribunal de Cuentas desveló que, al menos entre 2012 y 2014, la oficina no verificaba las declaraciones de bienes e intereses que los altos cargos están obligados a presentar antes y después de ejercer sus responsabilidades. Sólo solicitaba aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecieron en la prensa. Tampoco analizaba la posible existencia de conflictos de intereses cuando un alto cargo se reincorporaba a la función pública, a un organismo internacional o se empleaba en una empresa. De hecho, desde que se creó, en 2006, y hasta febrero de 2018, la oficina sólo vetó el 1,98% de las solicitudes de altos cargos, nueve de 453 presentadas. La Oficina de Conflictos de Intereses sólo ha tenido una responsable desde su fundación, Flor María López Laguna, toda una superviviente que ha sido refrendada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y continúa con el de Pedro Sánchez.

Gloria Hernández pone en valor que la CNMV pida información a las empresas cuando surgen dudas sobre la independencia de los consejeros y que les exija que corrijan el nombramiento si los han “clasificado inadecuadamente” o si alguno de ellos ha superado los 12 años en el puesto –en Reino Unido son menos: nueve años–. Pero Alonso Hurtado destaca que no se hagan públicos los casos en que la CNMV ha dado esos “toques de atención” a alguna compañía por haber incumplido los requisitos de independencia. Gloria Hernández califica de “razonables” los límites impuestos por la ley, pero también los considera “ficciones jurídicas”. Un consejero delegado, añade, “no se vuelve independiente al cabo de tres años”, el plazo fijado para que un ejecutivo pueda ser nombrado consejero independiente. Y lo mismo ocurre con los políticos, que deben dejar pasar dos años antes de emplearse en una empresa de un sector sobre el que hayan tenido competencias durante el ejercicio de un cargo público. “Nadie se libra de sus contactos en dos o tres años”, objeta la abogada.

A juicio del vicepresidente de Ascom, la selección de los consejeros independientes debería imitar los sistemas de compliance,compliance de cumplimiento normativo. Es decir, “que las empresas demuestren que han sido diligentes”. También la CNMV debería concretar sus recomendaciones. Y si las compañías cotizadas no cumplen, debería aplicarles un régimen sancionador, “apartando al consejero o incluso anulando las operaciones en las que estuvo implicado”. Esas recomendaciones más detalladas, reclama Alonso Hurtado, tendrían que ser como las de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que conjugan flexibilidad y contundencia. Aunque no son de obligado cumplimiento, recuerda, no hay banco que se atreva a ignorarlas.

No hay tranquilidad en el Gobierno andaluz de PP y Cs, ni siquiera en agosto. El discurso de "estabilidad" que a todas horas propaga el Ejecutivo presidido por Juanma Moreno (PP) se topa con continuas dimisiones. Este lunes le ha tocado a Fernando Francés, que deja el cargo como secretario general de Innovación Cultural y Museos, tal y como adelantó ABC y confirmó la Consejería de Cultura. El cese se hará oficial en el próximo Consejo de Gobierno.

La trayectoria de Francés como alto cargo del Gobierno andaluz ha estado marcada por la polémica a raíz de que El Cultural publicase que la actividad empresarial de Francés lo situaba en una posición de posible incompatibilidad legal..

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), defendió en mayo a Francés porque había dejado de ser propietario de la empresa Gestión Cultural y Comunicación un día antes de ser nombrado alto cargo, aunque se cuidó de afirmar que no había incompatibilidad con la información que tenía "a día de hoy". La oposición lo interpretó como una muestra de falta de confianza de la consejera en su propio alto cargo.

Gestión Cultural y Comunicación es adjudicataria del CAC, el museo del que fue director Francés hasta su nombramiento como alto cargo de la Junta. Tanto el PSOE como Adelante Andalucía han acusado a Francés de conflicto de intereses. El parlamentario socialista Javier Fernández calificó a Francés como "activo tóxico de la consejería". Francés es muy próximo a Elías Bendodo, consejero de Presidencia y hombre fuerte del Gobierno andaluz.

El propio Francés afirma que está "quemado". "No me compensa en lo personal. He sacrificado muchas cosas en el ámbito privado para contribuir a un cambio cultural y artístico en Andalucía y desde luego las bases para el cambio están construidas, pero ni esa satisfacción equilibra cierto coste", señala en su carta de despedida, dirigida a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP).

Más controversias

No ha sido la única controversia en torno a Francés. Este mismo mes fue citado a declarar por un juzgado de Santander, para el próximo 23 de octubre, por presuntamente dar una bofetada a la artista Marina Vargas en una feria de arte. "Sufrí hace un año una agresión en la Feria de Arte de Santander. Fernando Francés me dio una bofetada, me gritó y me humilló en público", declaró la artista gaditana a Málaga Hoy. Francés lo niega.

Un juzgado de Málaga investiga además a Francés por, supuestamente, invitar al artista conocido como Invader a colocar unos mosaicos en edificios protegidos, lo que podría suponer un delito contra el Patrimonio.

La Fiscalía de Málaga también investigó a Francés por supuestas irregularidades en la compra de obras de arte en su etapa en el CAC, pero archivó el caso.

"Me he quemado"

"Aunque llevo tiempo madurando esta idea, en sólo una semana de distancia veo las ventajas de una vida distinta. Creo que todo el mundo entiende la expresión 'me he quemado'. Pues bien, nunca antes me había quemado tanto en un trabajo en tan poco tiempo. La ilusión se ha evaporado. Y no por las jornadas interminables, por los incendios y los marrones, sino por la sensación de que la energía que he tenido que poner en cada logro no me compensa en lo personal. [...]", señala Francés en su carta de despedida, dirigida a la consejera. Añade: "A la gestión de lo público le iría mucho mejor si se le aplicasen modelos sin prejuicio alguno, de la experiencia civil y privada, en la que aspectos como oportunidad política no se tienen en cuenta porque lo importante es conseguir los objetivos para que el ciudadano pueda disfrutar de servicios públicos óptimos y en el menor tiempo posible".

En la carta apunta a la cúpula de la consejería, dirigida por Patricia del Pozo: "Los criterios basados en el conocimiento del sector, en la selección por la calidad, en la ausencia absoluta de sectarismo político y en el pragmatismo en la gestión no han sido comprendidos ni en parte aceptados por quienes tienen dentro de la Consejería las responsabilidades más altas". Francés se considera en la misiva "el más independiente y menos político de los políticos de la Junta de Andalucía" y le anuncia a la consejera que se toma un tiempo "sabático", aunque al mismo tiempo dice que se dedicará a sectores como el turismo y a proyectos de "desarrollo social" de niños y jóvenes discapacitados. Francés no cita en su carta las distintas polémicas en que se ha visto envuelto.

El Gobierno andaluz suma con este al menos 14 ceses, entre renuncias y dimisiones, menos de siete meses después de su formación. La sangría de altos cargos afecta fundamentalmente a Cs, con diez.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena lleva ocho cursos impartiendo clases de manera ininterrumpida en una universidad online catalana, la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), sin haber solicitado compatibilidad al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según documentos y testimonios obtenidos por infoLibre.

A preguntas de este periódico, Pablo Llarena indicó que nunca ha pedido autorización porque el ejercicio de la docencia por parte de jueces no la requiere siempre y cuando la dedicación a esa actividad no supere las 75 horas al año. Ese es el umbral máximo exento de solicitud y concesión previa de compatibilidad que estipula el Reglamento de la Carrera Judicial para los miembros de la judicatura que pertenezcan al cuadro docente de la UNED, vigente desde mayo de 2011. Según fuentes oficiales del CGPJ, ese mismo precepto se aplica por extensión a otras universidades no presenciales, como es la UOC.

El magistrado se ha limitado a transmitir a infoLibre, a través de los portavoces del Tribunal Supremo, que "siempre ha cumplido con ese límite" máximo de 75 horas anuales. Y que su tarea como docente colaborador de la asignatura de Proceso Penal del Máster de la Abogacía se ciñe a "corregir el examen final de cada estudiante" y a corregir también, "como mucho, cuatro ejercicios" más en cada semestre "si el alumno los presenta". Según Llarena, en total su labor docente en la UOC le exige el tiempo equivalente a "10 días de dedicación completa por año natural". El juez recalcó que las respuestas de los alumnos se ajustan en esos trabajos de evaluación continua a "una plantilla común", lo que facilita –asegura– su corrección.

A preguntas de este periódico, fuentes oficiales de la UOC informaron en cambio de que, para un profesor colaborador, la universidad calcula "como tiempo de dedicación mínimo 10 horas por crédito, aunque algunos dedican más. Pero es una estimación, no se pide a los profesores colaboradores que se conecten un número determinado de horas, se pide que atiendan las consultas de los estudiantes, los guíen en su proceso de aprendizaje y que corrijan las actividades de evaluación continua". 

Proceso Penal, obligatoria en el Máster de la Abogacía y en la que cada uno de los profesores colaboradores destinados a esa asignatura atiende por semestre entre 50 y 70 alumnos, suma seis créditos. Eso significa 60 horas por semestre. O 120 horas por curso académico completo. Es decir, 45 horas más de las 75 que por año natural autoriza a impartir el Reglamento de la Carrera Judicial sin cursar solicitud de compatibilidad al CGPJ.

Los alumnos de la UOC pueden cursar las asignaturas por dos sistemas: la evaluación continua, que les obliga a presentar una serie de trabajos y realizar luego una prueba de síntesis, o el examen final clásico. Solo una parte "muy minoritaria" del alumnado –destaca la UOC– elige el sistema de examen final. "Y en ese caso –precisa la UOC– son los profesores internos y no los docentes colaboradores [como Llarena] los encargados de vigilar el examen final y de validar las actas de notas".

El grueso de los estudiantes, afirma la UOC, opta por el sistema de evaluación continua. Los portavoces de la Universitat Oberta explican cómo funciona: "La evaluación continua, que culmina con la llamada prueba de síntesis – un examen presencial de menor duración que el clásico–, es el sistema habitual elegido por los estudiantes en la asignatura de Proceso Penal. Para la evaluación continua los estudiantes tienen que presentar cuatro trabajos [denominados Pruebas de Evaluación Continua o PEC] a lo largo del semestre". Si un alumno no supera las dos primeras PEC o no presenta los trabajos, tiene que ir directamente al examen final. Una situación que le ocurre a menos del 10% de los matriculados.

Los tiempos de Llarena

De este modo, un profesor de Proceso Penal como Pablo Llarena, corrige cada semestre un mínimo de 200 trabajos [en clases con 50 alumnos siguiendo el sistema PEC] y un máximo de 280 [en aulas con 70]. No existe una extensión obligatoria para cada trabajo, de forma que depende de cada alumno, pero en general ocupan un mínimo de entre 8 y 10 páginas. En contra de lo que afirma Llarena, las PEC de Proceso Penal no responden a una "plantilla común". Es cierto que una primera parte suelen ser preguntas tipo test, cuya corrección es sencilla y rápida, pero la segunda parte son casos prácticos, en los que cada alumno responde de forma individual y mucho más extensa. Ejemplos de esos casos prácticos son los siguientes: redactar una querella, elaborar un recurso de reforma y apelación o preparar una intervención con cuestiones previas o un informe final en un juicio. Es habitual también que, al menos en una de las pruebas, se pida a los alumnos que graben un vídeo de cinco minutos simulando una intervención ante un tribunal. El profesor visualiza esos vídeos y los comenta, como parte de la PEC correspondiente. 

Alumnos que han tenido como profesor a Llarena explicaron a infoLibre que dicho profesor les enviaba un "comentario individual" a cada uno de los ejercicios, algo que no todos los docentes hacían. La extensión de esos comentarios que redactaba el magistrado era muy desigual, podía variar desde unas pocas líneas a tres folios.

De acuerdo con la versión de Llarena, nunca ha dedicado más de 37,5 horas por semestre a la docencia en la UOC. Si tomamos como media 60 alumnos por clase –teniendo en cuenta que el número oscila entre 50 y 70 dependiendo del curso–, eso significa que le dedica a cada alumno un máximo de 37 minutos y medio por semestre. En esos 37 minutos y medio, por tanto, Llarena tiene que leer un mínimo de 32 folios –8 por cada una de las 4 PEC, aunque algunas sean bastante más extensas–, escribir entre 4 y 6 páginas de "comentarios individuales" a cada estudiante, corregir un examen final o una prueba de síntesis, leer todas las consultas que le envíen por internet los alumnos a lo largo de los cuatro meses largos que dura el semestre académico y dar respuesta a las mismas en un plazo máximo de 48 horas.

De acuerdo con los cálculos de la propia UOC, un profesor colaborador dedica "al menos" unos 60 minutos a cada alumno, lo que le permitiría realizar todas las actividades mencionadas con mayor tranquilidad. En todo caso, los portavoces de la UOC insistieron en que no podían pronunciarse sobre el tiempo que dedica un profesor concreto, ya que no se establece por contrato un horario mínimo y desde la universidad no se controla por tanto el tiempo que invierte cada docente en desarrollar su trabajo. 

Profesor desde 2011

Desde 2016, Llarena imparte en la UOC solo la asignatura de Proceso Penal en el Máster de la Abogacía de la universidad catalana. Hasta ese año, y desde que en el curso 2011-2012 inició su docencia, había ido alternado en cada semestre esa asignatura con la de profesor colaborador del Trabajo de Fin de Grado (TFG) de Derecho. De hecho, fue esa la primera materia que, en los dos semestres de aquel primer curso, impartió el magistrado. Al igual que Proceso Penal, el TFG de Derecho también representa seis créditos. Y requiere por tanto, según los cálculos de la UOC, la misma dedicación: 60 horas por semestre como mínimo.

Sobre el TFG de Derecho, los portavoces de la UOC aportaron los siguientes datos sobre el periodo 2011-2015: "De media, los TFGs en esos semestres tenían 5-6 aulas virtuales cada semestre. En cada aula habían unos 35 estudiantes, que habitualmente tenían un único profesor colaborador aunque puede darse la circunstancia de que en algún aula o algún semestre hubiese más de uno y se repartiesen el trabajo". Lo que la UOC pedía en el TFG "de forma constante" a los alumnos durante ese periodo es que "realizasen dos notas informativas y elaborasen después el proyecto final".

En algunos semestres, añade la UOC, los profesores colaboradores "fueron pidiendo actividades adicionales a los estudiantes: que participasen en un debate virtual o que entregasen un dosier en el que explicaban cómo a través de los diferentes ejercicios propuestos los estudiantes acababan trabajando las competencias curriculares de la asignatura". En suma, el trabajo de los profesores colaboradores "consistía en proponer estas actividades, corregirlas, calificarlas y hacer un retorno a las actividades desarrolladas por los alumnos y responder a sus consultas".

Para cubrir el puesto del docente colaborador, la UOC acude por lo general a profesionales en ejercicio: abogados, jueces y fiscales en el caso del Máster de la Abogacía, uno de los más solicitados dentro de la cartera de titulaciones que expide la institución.

Ningún mecanismo de verificación

El Reglamento de la Carrera Judicial no prevé ningún mecanismo que permita verificar si un juez ha superado o no el límite de horas de docencia exentas de solicitud de compatibilidad. "Sería imposible teniendo en cuenta que hay más de 5.000 jueces", señalan a infoLibre fuentes del CGPJ. Es en la norma que desarrolla, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), donde, en el artículo 420 se conceptúa como falta grave "el ejercicio de cualquier actividad de las consideradas compatibilizables (...) sin obtener cuando esté prevista la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados". Para las faltas graves, la LOPJ prevé multas de entre 501 y 6.000 euros.

Cuando Llarena comenzó en 2011 su colaboración docente con la UOC acababa de ser designado por el CGPJ presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Cinco años más tarde, se incorporó en enero de 2016 al Tribunal Supremo. Adscrito a la Sala de lo Penal, la instrucción de la causa contra los líderes independentistas catalanes involucrados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 lo ha situado en el centro del escenario político y judicial. Y, también, la que subyace bajo la campaña de acoso que en el último año se ha saldado con pintadas en la vivienda que la familia posee en Sant Cugat y, antes incluso, sobre el asfalto de la carretera que conduce al pueblo gerundense donde tiene otra casa.

La Subsecretaría de Defensa destituyó en marzo de 2014 al teniente coronel Epifanio Ramírez Requeno a propuesta de su superior, el general de brigada de intendencia de la Armada Pedro Manuel Robles Gener, de su puesto como jefe de subunidad en la Unidad de Contratación del Ministerio de Defensa. El subdirector de Régimen Interno y el jefe de Seguridad del ministerio habían trasladado a Robles Gener un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) donde se revelaba que, en una comida, el teniente coronel Ramírez Requeno había pedido a unos empresarios un porcentaje por un contrato.

Pese a ello, el 11 de septiembre de ese mismo año, Epifanio Ramírez se incorporó a otro puesto similar, como secretario de la Junta de Contratación de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército (DIAE). Apenas tres meses después, el fiscal abría diligencias de investigación por otra comida en la que el teniente coronel también había negociado una comisión a cambio de facilitar un contrato a una empresa adjudicataria de Defensa, Seguridad Integral Canaria. Sólo que esta vez le habían grabado. En abril de 2015 fue detenido, junto con otro teniente coronel, Cruz Picazo Ramírez. Ambos acaban de ser condenados por el Tribunal Militar Central a dos años de prisión por recibir de varias empresas regalos, cantidades en metálico e invitaciones a acontecimientos deportivos –además de conseguir contratos para sus hijos–, a cambio de información sobre los contratos del ministerio.

Es decir, pese a las sospechas fundadas en un informe del CNI, Defensa se limitó a trasladar al teniente coronel Epifanio Ramírez de una unidad de contratación a otra, donde continuó con la operativa que ya había practicado en su anterior destino. El ministro de Defensa en aquella época era Pedro Morenés, actual embajador de España en Estados Unidos.

infoLibre ha preguntado al ministerio por el motivo de que no se adoptara ningún otro tipo de medida contra el militar ahora condenado, pero al cierre de esta edición no ha contestado.

Según puede leerse en la sentencia del Tribunal Militar Central, a la que ha tenido acceso este periódico, el general Robles Gener explicó a la Policía Judicial que no esperó a que se “materializara” la orden de cese del teniente coronel y le pidió que “recogiera su despacho y se marchara”.

Cuando Ramírez Requeno declaró ante la Policía Judicial, aseguró que el cese se había debido a “un intento de prevaricación”, en palabras de su superior, quien sólo se lo había aclarado “después de mucho preguntarle”. No obstante, el militar ahora condenado atribuyó su destitución a que se había mostrado “disconforme con cómo se estaban realizando determinadas contrataciones”.

En su nuevo puesto, el teniente coronel Epifanio Ramírez estaba encargado de analizar y comprobar la idoneidad de la documentación sobre los contratos que iba a licitar la Junta de Contratación del Ejército de Tierra y participaba en la elaboración de los pliegos de condiciones. Ésa era la información que luego vendía a las empresas interesadas en participar en los concursos de Defensa. Conocer con antelación esos pliegos de condiciones supone una ventaja competitiva para las empresas. Pero no tenía capacidad de decisión, según declaró su entonces superior, el general de división de intendencia Antonio Budiño Carballo. 

Además, aunque no debía tras su traslado de empleo, el militar continuó teniendo acceso a una aplicación informática llamada POP NET, lo que le permitía seguir al tanto de los contratos que preparaba la Secretaría de Estado de Defensa. Él mismo reconoció ante la Policía que cuando veía alguna oferta, se la comunicaba a las empresas que conocía. Después, ante los jueces, se negó a contestar más preguntas que las de su abogado defensor y a ratificar sus declaraciones previas ante la Policía y ante el juez instructor: “Están mal transcritas”, alegó. Por el contrario, el Tribunal Militar asegura que ni el teniente coronel ni su abogado formularon en su momento “protesta alguna” por este motivo.

Asesor de empresas

En la vista oral del juicio, el militar ahora condenado indicó que se dedica “profesionalmente y de manera retribuida” a asesorar empresas, aunque “nunca sobre contratos del Ministerio de Defensa”. De hecho, algunos de los empresarios investigados por los cohechos pagados a ambos tenientes coroneles coincidieron en declarar que Epifanio Ramírez se presentaba como asesor de empresas en materia de contratación. A uno de ellos, incluso, le aseguró que se encontraba en la reserva, aunque no era cierto.

Los funcionarios públicos están obligados a solicitar la compatibilidad de su trabajo con cualquier actividad, pública o privada, por cuenta ajena o por cuenta propia, que pretendan simultanear. Porque, en principio, tienen prohibido ejercer “actividades privadas que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o entidad donde estuvieran destinados”, tal y como establece la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. No así los militares en la reserva activa. De ahí el interés del teniente en coronel en destacar que no asesoraba a empresas interesadas en contratar con Defensa y de asegurar que estaba en la reserva, lo que ocurre cuando cumplen 61 años.

Un “sueldo extra” y sobres con 2.000 euros

En esas mismas declaraciones durante la instrucción de las que luego se desdijo, el teniente coronel Ramírez Requeno calificó de “amigo personal” al otro condenado “desde hace más de 25 años”. Ambos pertenecen a promociones consecutivas del mismo Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, coincidieron en la Academia General Militar y en la Academia de Intendencia, además de en algunos cursos de perfeccionamiento.

Epifanio Ramírez reconoció entonces que Cruz Picazo “actuaba de intermediario” y que iban “al 50% en las retribuciones pagadas por las empresas”. Aunque negó haber facilitado a éstas información privilegiada ni haberles anticipado pliegos u otra documentación no publicada, sí admitió haber recibido “retribuciones” cuya cuantía fijaba él mismo, así como invitaciones a los toros, el fútbol o el tenis y comidas en restaurantes o botellas de vino. También reveló que el dinero recibido no lo declaraba a Hacienda, sino que lo guardaba en una caja fuerte y lo había gastado en un Audi A5 Sportback y en “grandes reformas” en sus propiedades inmobiliarias en Albolote de Zurita (Granada) y en su residencia habitual de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Por el contrario, el teniente coronel Cruz Picazo negó durante la instrucción que existiera una “asociación entre ambos para asesorar a las empresas”. También rechazó que hubiera “asesorado, favorecido, pedido o cobrado nada” a los contratistas. Pero, según el informe redactado por la Policía Judicial sobre una comida en la que fueron grabados los dos militares y dos responsables de la empresa de seguridad Proman, Cruz Picado indicó a los directivos que “lo adecuado” era percibir “un sueldo extra”, ya que los tenientes coroneles “asumían la responsabilidad y evitaban los problemas en los cuarteles y los incumplimientos de contrato”. Al salir de la cafetería adonde se habían dirigido tras comer, el coche del director general de Proman fue detenido por la Policía Municipal y registrados sus cuatro ocupantes. Los agentes encontraron en poder del teniente coronel Epifanio Ramírez dos sobres, con 2.000 euros cada uno en su interior. 

El Gobierno ha permitido en esta legislatura que al menos un ministro, José Manuel García-Margallo, titular de Exteriores hasta noviembre de 2016, sumase a su sueldo como alto cargo una pensión de jubilación financiada por el Parlamento Europeo y de la que se benefician aquellos antiguos eurodiputados que, englobados en el denominado fondo voluntario de Luxemburgo, hayan alcanzado la edad de 63 años. Los portavoces oficiales del Ejecutivo han declinado explicar a infoLibre qué criterio legal y político sustenta la decisión de dar vía libre a esa doble entrada de ingresos públicos en un país cuya Ley General de Seguridad Social veta a los cargos públicos en activo el cobro de toda pensión.

Con carácter general, la ley prohíbe a cualquier jubilado desarrollar una actividad laboral por cuenta propia si con ella obtiene rentas anuales superiores al salario mínimo (10.302,6 euros por año). Pero el fenómeno de la doble paga de origen público no es exclusiva del Gobierno: también el Congreso considera compatible compaginar el sueldo asignado a cada parlamentario –un mínimo de 3.700 euros brutos al mes– y el cobro de la pensión europea, cuyo importe difiere según los años de mandato como eurodiputado y el tiempo de cotización al fondo voluntario de Luxemburgo.

Las declaraciones de intereses de José Manuel García-Margallo de los años 2015 y 2016.

De hecho, Margallo la sigue cobrando con los parabienes de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, pese a que los ingresos del fondo de pensiones de Luxemburgo procedían en al menos dos tercios del presupuesto del Parlamento Europeo hasta 2009 y a que su regulación quedó plasmada en un reglamento aprobado por la Mesa de la Eurocámara el 12 de junio de 1990. El artículo 3 de ese reglamento, reproducido en distintos autos y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [puedes leer una de ellas pinchando aquí], dice lo siguiente: "Los antiguos miembros o los miembros que hayan renunciado a su mandato [como eurodiputado] antes de cumplir los 60 años [63 a partir de 2009] podrán solicitar el abono inmediato de su pensión de jubilación, o en cualquier momento entre la renuncia a su mandato y la edad de 60 años, a condición de haber cumplido la edad de 50 años".

El exministro Margallo no ha atendido en las dos últimas semanas ninguna de las llamadas ni mensajes de infolibre para conocer su versión.

El Estatuto de los Eurodiputados, en vigor desde 2009, pasó a garantizar una pensión de jubilación para todos los antiguos parlamentarios con independencia de su país de origen o de que hubiesen pertenecido o no al fondo de Luxemburgo. Y simultáneamente consagró los derechos adquiridos por aquellos exeurodiputados que sí eran suscriptores del fondo voluntario de pensiones de Luxemburgo.

  Un simple cambio nominal

Como acreditan las dos declaraciones de bienes presentadas en el Congreso por José Manuel García Margallo –una, el 30 de diciembre de 2015; otra, el 6 de julio de 2016–, esa pensión representó más de 53.000 euros cada uno de los dos ejercicios a que se refieren las rentas anotadas en el formulario oficial: 2014 y 2015. En el formulario de 2015, la cantidad percibida del fondo de Luxemburgo en el ejercicio anterior (53.122,92 euros para 2014) quedó anotada junto al epígrafe "Pensión Jubilación Parlamento Europeo". Debajo, el entonces ministro Margallo consignó para ese mismo periodo el cobro de una segunda pensión del Parlamento Europeo, esta por importe de 8.104,80 euros.

En la siguiente declaración de bienes, fechada el 11 de julio de 2016, Margallo reflejó una cantidad casi idéntica (53.127,96 euros) como percibida en 2015. Pero esta vez modificó el nombre de la fuente que le había proporcionado esos ingresos. Donde el año anterior aparecía la leyenda "Pensión Jubilación Parlamento Europeo" ahora constaba esta otra: "Plan Pensiones Parlamento Europeo". El exministro sí hizo hueco a la segunda pensión de jubilación europea de la que ya había dejado constancia en el ejercicio precedente. Pero la casilla reservada para la cantidad quedó vacía. 

¿Por qué el Congreso se dio por satisfecho con un simple cambio nominal? La respuesta de los servicios oficiales del Congreso, a los que infoLibre preguntó por el asunto, marcha en una línea radicalmente distinta a la trazada por la Mesa del Parlamento Europeo cuando en 1990 dio carta de naturaleza al fondo voluntario de pensiones como mecanismo para asegurar una pensión de jubilación a todos los exeurodiputados, parte de los cuales habían sido elegidos para el cargo en países sin paga de retiro con cargo al presupuesto nacional.

Lo que los portavoces de la Cámara Baja respondieron a este diario es que en la primera legislatura en la que el entonces ministro José Manuel García Margallo ocupó un escaño, la brevísima que comenzó el 13 de enero de 2016 y finalizó el 2 de mayo de ese mismo año, "se toma conocimiento de que la pensión de jubilación del Parlamento Europeo [la de los 8.104,80 euros] se encuentra en suspensión". 

La respuesta escrita del Congreso prosigue así: "En la declaración de actividades de la XII Legislatura [la actual] ya no se declara cobro de pensión pública alguna. En la declaración de bienes, en el apartado “Otras rentas o percepciones de cualquier clase”, figura la cantidad percibida del Plan de Pensiones del Parlamento Europeo, en tanto que renta y no pensión, procedente de un fondo de pensiones, en el que los partícipes han ido aportando cantidades voluntariamente y luego las recuperan a partir de determinada edad, y que no contradice el artículo 158.2 de la Loreg". En resumen, lo que según el Congreso cobra Margallo del Parlamento Europeo por haber sido eurodiputado y haber alcanzado la edad de jubilación establecida por Estrasburgo no es una pensión financiada con fondos públicos sino una "renta" de carácter privado.

En realidad, las principales aportaciones al fondo de Luxemburgo nunca han provenido de sus "partícipes" sino del presupuesto público comunitario. Entre 2000 y 2009, el Parlamento de Estrasburgo inyectó al fondo 95 millones de euros, lo que significa el 68,5% de sus ingresos totales durante esa década. El otro tercio sí procedía del bolsillo de los eurodiputados agrupados en la "asociación sin ánimo de lucro" propietaria del fondo, cuyas inversiones están a su vez gestionadas por una sicav de Luxemburgo, el país más opaco y cuya política de dumping fiscal –una tributación bajísima imposible de igualar por los otros socios comunitarios– revelaron hace tres años los papeles del llamado Luxleaks. En ciertos casos y como reveló en su día infoLibre, ese tercio aportado por los suscriptores tenía como origen las dietas de libre disposición asignadas por el Europarlamento a cada parlamentario.

  ¿Y qué hizo Cañete mientras era ministro?

El Estatuto que se aplica desde 2009 y cuyo articulado considera compatible no solo el cobro de dos pagas de jubilación –la estatutaria y la del fondo voluntario de Luxemburgo– sino de tres. La tercera sería aquella que eventualmente pudiera recibir el exeurodiputado del sistema nacional de su país de origen si allí hubiera alcanzado la edad de jubilación. Es más, el Estatuto de los eurodiputados considera compatible que cobre pensión de jubilación un antiguo parlamentario que en la actualidad perciba también un salario por ostentar un cargo público en las instituciones comunitarias. Como publicó este diario, así lo ha destapado el caso del exministro español de Agricultura y actual eurocomisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

¿Cabe la posibilidad de que Margallo haya renunciado a simultanear su sueldo de diputado con la jubilación del fondo de pensiones de Luxemburgo? No hay forma de saberlo con exactitud dado que la única declaración de bienes relativa a esta legislatura es la que presentó en julio de 2016. En teoría sí es posible. Pero es también más que improbable: el reglamento de la Cámara preceptúa que los diputados han de modificar su declaración de bienes si se produce un cambio en su estatus económico. Y las fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre no albergan la menor duda: 53.000 euros arriba o abajo constituyen un cambio importante. En cualquier caso, lo que confirman sus declaraciones de bienes es que cobró del Parlamento Europeo mientras era ministro. El formulario del Congreso señala que las rentas que deben quedar anotadas son "las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración".

Margallo es uno de los tres exeurodiputados que han formado parte de los Ejecutivos de Rajoy. El segundo, el ahora eurocomisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, añade a su salario de 20.000 euros mensuales esa misma paga del fondo de pensiones del Parlamento Europeo con las bendiciones legales de la Cámara de Estrasburgo y del Ejecutivo que preside el luxemburgués Jean-Claude Juncker.

Pero hay dos datos cuya averiguación no ha resultado factible hasta ahora: cuánto percibe Cañete del fondo de pensiones de eurodiputados cuyas inversiones gestiona una sicav de Luxemburgo y si ya cobraba esa paga entre febrero de 2013 –cuando cumplió los 63– y abril de 2014, fecha hasta la que dirigió el Ministerio de Agricultura.  Ahora embarcado en una subida de pensiones que busca amortiguar el golpe de la formidable movilización de los jubilados, el Gobierno se ha negado a contestar cualquier pregunta de este periódico sobre la materia. De momento, no hay por tanto forma de conocer qué hizo Cañete en tanto perteneció al Ejecutivo.

El tercer exeurodiputado integrado en la lista de ministros de Rajoy es Cristóbal Montoro, titular de Hacienda desde 2011. Hace dos semanas, su equipo confirmó a este diario que Montoro renunció voluntariamente a la pensión de europarlamentario porque "entendía que no debía cobrarla".

Los portavoces de Montoro no facilitaron ningún detalle y cuando se les requirió más información remitieron al Ministerio de Empleo. Pero el equipo de la ministra Fátima Báñez considera que no tiene por qué pronunciarse sobre la materia por cuanto la paga de jubilación derivada del fondo de pensiones del Parlamento Europeo no se inscribe en el sistema público español.

Tampoco los portavoces de la Secretaría de Estado de Comunicación, a los que infoLibre acudió en última instancia la semana pasada, han accedido a dar explicaciones. La pregunta para Moncloa fue esta: ¿qué criterio legal y político sustenta la decisión del Gobierno de permitir que un ministro en activo perciba la pensión de jubilación que el Parlamento Europeo financia y asigna a aquellos exeurodiputados que hayan cumplido ya 63 años? La respuesta, sostenida en dos ocasiones a lo largo de dos días consecutivas, fue la siguiente: "Sin comentarios".

Luis Roso, director del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU), un centro público de investigación de vanguardia dependiente de la Universidad de Salamanca, posee el 10% de Proton Laser Applications (PLA), una spin-off o empresa de base tecnológica nacida en el propio campus salmantino. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre, su mujer, María Hernández Muñoz, es la titular de otro 15% y preside el consejo de administración. La ley prohíbe a los profesores universitarios superar una participación del 10% del capital de estas spin-offs. A no ser que el consejo de gobierno de la universidad o el consejo rector del centro público correspondiente lo autorice.

Ese 10% incluye la participación que posean también los parientes en primer grado del funcionario en cuestión, según los abogados consultados por este periódico. Ese porcentaje comprende al cónyuge, con independencia del régimen económico del matrimonio, explica Matías Garrido Cortés, del despacho Garrigues. La Ley de Incompatibilidades prohíbe a todos los funcionarios superar ese umbral. Pero la Ley de Universidades y la Ley de Ciencia establecen como excepción los profesores funcionarios cuando se trate de empresas promovidas por una universidad, siempre que exista un acuerdo explícito del consejo de gobierno de esa institución académica –previo informe del consejo social– o de la autoridad competente. La norma también prohíbe a los profesores formar parte del consejo de administración de esas empresas, siempre que su actividad “esté directamente relacionada con la que gestione” la universidad. La ley tampoco permite superar ese umbral si la empresa contrata con administraciones públicas.

“Mi trayectoria siempre ha estado supervisada por el Consejo Rector del CLPU y por la Abogacía del Estado de Salamanca”, asegura a infoLibre Luis Roso. También dice que siempre se ha guiado por “parámetros de transparencia y honradez” e informado de todos sus movimientos al Consejo Rector del centro. “Cualquier colaboración público-privada se ve con presunción de culpabilidad”, explica el director del centro, que es catedrático de Óptica de la Universidad de Salamanca.

El Consejo Rector del CLPU lo integran el Ministerio de Economía, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca. “Nosotros no tenemos por qué saber que existe esta empresa”, indica un portavoz de la institución académica en referencia a Proton Laser Applications. La universidad, añade, se limitó a ceder al catedrático el espacio en el parque científico donde se construyó el Centro de Láseres Pulsados. Por su parte, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León niega tener “constancia de que el director del centro posea un 10% y su mujer un 15% de PLA”. “Cuando se le nombró [Luis Roso] cumplía todos los requerimientos legales y desde entonces ha realizado sus funciones de forma impecable”, apunta. Roso es el director del CLPU desde 2008 y Proton Laser Applications se creó dos años más tarde, en 2010. Finalmente, un portavoz del Ministerio de Economía señala que la Comisión Ejecutiva del centro fue informada de la participación accionarial en PLA en una reunión del 6 de junio de 2014, cuatro años después de crearse la empresa, pero no puede concretar si se le había autorizado expresamente a superar, junto con su mujer, el porcentaje legal, y a que ésta sea, además, la presidenta del consejo de administración. “No se le puso ninguna objeción”, apunta. Según el ministerio, en esa reunión estuvieron presentes sólo dos de los siete miembros de la comisión: el director general de Universidades y el coordinador de Servicios de la Dirección General de Universidades de la Junta de Castilla y León.

Un centro “único en su género”“

El CLPU fue creado en diciembre de 2007. Es una de las 29 Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) que existen en España. Según explica la web de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, se trata de instalaciones “únicas o excepcionales en su género, con un coste de inversión, mantenimiento y operación muy elevado” y con carácter “estratégico”. La creación del CLPU fue fruto de un convenio firmado por el Ministerio de Economía, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca. En el consorcio que constituyeron participan el ministerio, con un 50%; la Junta, con un 45%, y la universidad, con el 5% restante. La construcción y puesta en marcha del centro se presupuestó en 20,6 millones de euros. Este año, las tres administraciones le proveerán de 3,4 millones de euros de financiación. En la actualidad, el consorcio lo preside Pilar García Garcés, directora general de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León. Luis Roso fue nombrado en 2007 y ha sido renovado en el puesto cada tres años desde entonces.

Ubicado en el parque científico de la Universidad de Salamanca, cuenta con una plantilla de 40 trabajadores, de los cuales 30 son científicos y técnicos. Investiga y desarrolla láseres ultraintensos que tienen aplicaciones médicas en radioterapia, para el tratamiento del cáncer, por ejemplo.

Por su parte, Proton Laser Applications se dedica a desarrollar sistemas de láseres ultrarrápidos y ultraintensos con aplicaciones industriales, médicas, electrónicas o energéticas, asegura en su página web. En su accionariado figuran, además de Luis Roso y su esposa, José María Benlloch Baviera, profesor del CSIC y premio Nacional de Investigación, y el industrial Delfí López, a través de su empresa Engind SL, que cuenta con el 51% del capital.

La empresa figura en el listado de spin-offs del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (i3M) de la Universidad Politécnica de Valencia, cuyo director es José María Benlloch. Tiene oficinas en Olèrdola (Barcelona) y en Salamanca. En un vídeo de promoción del CLPU grabado en 2010 para la Fundación Genoma España –reconvertida después en Fundación Española para la Ciencia y Tecnología–, Luis Roso y el entonces director general de PLA, Felipe Voces, presentan su proyecto de aplicaciones médicas para aceleradores láser. Para ese proyecto recibieron ayudas del Programa Innocash del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que concedía créditos de hasta un millón de euros a empresas de base tecnológica.

“[PLA] surge como una spin-off del Centro de Láseres Pulsados de Salamanca”spin-off, introduce Voces. “La idea que tenemos es poner en valor la ciencia generada en este centro y trasladarla al mercado”, explica. Un responsable de PLA indicó a infoLibre que la empresa era una spin-off tanto del CLPU de Salamanca como del i3M de Valenciaspin-off. Pero no ha querido comentar ningún detalle más de su relación con el centro que dirige Luis Roso.

Contratos y ayudas públicas

“Si [Felipe Voces] dice que Proton Laser Applicationes es una spin-off del CLPU, lo será, no lo sé seguro, aunque legalmente no lo es”, indica Roso. “No estoy en el consejo de administración y no tengo información sobre esos asuntos”, justifica. También dice que el CLPU que él dirige no contrata con PLA. Sin embargo, en 2011 el centro de Salamanca recibió tres ayudas del programa Innpacto, del Ministerio de Economía, una de las cuales, de 242.477 euros, estaba destinada a un “proyecto de diseño y desarrollo de elementos tecnológicos para acelerar partículas mediante láseres ultracortos y ultraintensos” cuyo beneficiario fue Proton Laser Applications, según figura en las cuentas anuales del CLPU.

Como parte de otro programa de ayudas públicas, el Innpronta, Proton Laser subcontrató al CLPU para el proyecto LIFE de Desafío integral al cáncer de mama, que encabezó el grupo médico Eresa. El proyecto, para el que CLPU desarrolló un software de aplicación clínica para tomografías por emisión de positrones, concluyó en diciembre de 2014, según consta en la página web del centro salmantino.

Además, un investigador fue contratado por el CLPU en 2015 pero, según ha podido saber este periódico, trabajaba en realidad en PLA. No acudía a su puesto en el CLPU ni realizó ningún tipo de informe en el tiempo en que estuvo contratado. Un año después abandonó el centro y pasó a trabajar en la spin-off. Ahora es doctorando en el i3M de Valencia. “Se le contrató para un trabajo y lo hizo”, asegura Luis Roso, pero no precisa qué tipo de trabajo. “Un trabajo científico”, zanja. Y dice desconocer qué hizo en PLA, pese a ser accionista y su mujer la presidenta del consejo de administración: “Yo no firmo los contratos”.

Sólo dos de cada 10 triunfan

“La legislación establece muchas cautelas para evitar conflictos de interés en la colaboración público-privada en este ámbito”, explica Valentín García-Echave, abogado mercantilista especializado en derecho societario de las spin-offs, “de hecho, la ley se aplica siempre con criterios bastante restrictivos”. De ahí las limitaciones a la participación accionarial en las empresas privadas de los funcionarios, como es el caso de catedráticos y profesores universitarios.

García-Echave admite que en España, por regla general, está “mal visto el profesor que tiene una empresa”. Sobre todo cuando hay de por medio dinero público. “Mientras que en Reino Unido o Estados Unidos se ve como un mérito”, apostilla. Según destaca, la ratio de éxito de las spin-offs en España es “muy bajo”ratio spin-offs: de cada 10 sólo una o dos tienen éxito y consiguen refinanciación para continuar el negocio, tres o cuatro malviven y el resto quiebra.

El juez del Juzgado Contencioso-Administrativo nº15 de Madrid, Eusebio Palacios Grijalvo, declaró nula "por contraria a derecho" la decisión que adoptó el Rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el 6 de febrero de 2015 de denegar al cofundador de Podemos y profesor de ese centro, Juan Carlos Monedero, su solicitud de compatibilidad para la realización de actividades de consultoría política y economía, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Monedero solicitó dicha compatibilidad en diciembre de 2014 tras hacerse público que en 2010 había realizado varios trabajos de asesoría para los Gobiernos de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, por los que cobró 425.000 euros en 2013. Además de denegarle la compatibilidad en febrero de 2015, la Universidad le abrió un expediente disciplinario que resolvió en julio de 2016, determinando que había cometido una falta muy grave y sancionándole con una suspensión de empleo y sueldo de seis meses; sanción que Monedero también ha recurrido.

Ahora, el juez ha "estimado en parte" el recurso contencioso-administrativo que interpuso Monedero contra la actuación administrativa de la Complutense de denegarle la compatibilidad para realizar actividades como los mencionados trabajos de consultoría, al entender que la norma en la que se basó la Universidad para tomar esa decisión es "discriminatoria" con el profesor.

Según el magistrado, por el hecho de ser profesor "a tiempo completo", la Universidad aplicó a Monedero el mismo régimen de incompatibilidades que se aplica a quienes ocupan órganos unipersonales de gobierno y representación de la Universidad, y a quienes tienen asignado un complemento específico superior al 30% de su retribución básica.

"No existe razón alguna para, de entrada, y sobre la base de que el interesado renunció a la parte del complemento específico correspondiente, negarle aquella compatibilidad que solicitó en su escrito el 18 de diciembre de 2014, pues pese a su condición de profesor universitario a tiempo completo, no puede quedar encuadrado en la exclusión del punto 2 de la Disposición Adicional quinta, al no constar, ni que tenga asignado un nivel de complemento de destino del 29 o 30, ni que ocupe puesto de alto cargo", reza la sentencia.

Sin embargo, el juez admite sólo "en parte" su recurso, ya que no entra a determinar si Monedero se merecía la compatibilidad o no. De este modo, el magistrado se limita a dictaminar que la norma que se usó para denegársela es "contraria a derecho" y pide a la Universidad que vuelva a estudiar el caso y a tomar una nueva decisión.

"Debo anular y anulo, por contraria a derecho, la actuación administrativa impugnada, y con retroacción del expediente al momento inmediatamente anterior al de la solicitud, previa la aceptación de la renuncia al exceso del 30% sobre su complemento específico, que es lo que decía, se haya de dictar otra en la que, valorando el resto de los requisitos, se decida sobre si aquella actividad privada referida resulta compatible con su función en la Universidad; sin hacer expresa condena en las costas", asegura.

El juez informa asimismo que contra la presente resolución, que lleva fecha del 13 de enero de 2017, podrá interponerse recurso de Apelación en el término de quince días desde el siguiente a su notificación, previa la constitución de un depósito por importe de 50 euros.

El cofundador y exgirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, tiene intención de recurrir la sanción impuesta por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por haber incumplido presuntamente el régimen de incompatibilidades como profesor de este centro, y que conlleva una suspensión de seis meses de empleo y sueldo y el abono del 10% de lo que cobró por el trabajo de asesoría con el que habría incumplido sus obligaciones.

Según ha confirmado a Europa Press la abogada de Monedero, el profesor va a recurrir esta sanción alegando "discriminación" respecto a los otros 200 catedráticos de la Complutense que, según la letrada, también compatibilizan la docencia con trabajos en otras empresas.

No obstante, la abogada del exdirigente de Podemos ha asegurado que todavía no tienen notificación oficial de la resolución de ese expediente disciplinario que abrió la Complutense en noviembre de 2015 para investigar si Monedero había incumplido sus obligaciones como profesor.

El centro decidió abrir esta investigación tras la denuncia del sindicato Manos Limpias por haber realizado, sin haber requerido autorización previa, trabajos de asesoría para varios gobiernos latinoamericanos en 2013 a través de su empresa Caja de Resistencia Motiva 2, por los que cobró unos 425.000 euros.

La abogada  de Juan Carlos Monedero va presentar una denuncia penal contra el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, por revelación de secretos, ya que se haya dado a conocer la sanción interpuesta por esta institución al profesor antes de que éste haya tenido constancia de la misma. Según ha defendido en declaraciones a Europa Press la representante legal de Monedero, el rector de la Complutense es el único que tenía acceso a la resolución del expediente disciplinario. De este modo, la letrada considera que la Rectoría de la institución pública habría incurrido "en un ilícito de revelación de secretos", tipificado en el Código Penal, si efectivamente ha difundido el contenido de esa resolución antes de que el propio Monedero la reciba. Según su abogada, el politólogo ha salido esta misma mañana de viaje y ni él ni ella, como su representante legal, han recibido la notificación de la sanción.

Esperanza Aguirre fue durante al menos 13 años accionista de Savial SL, una empresa dedicada a la explotación agrícola y ganadera que recibió más de cuatro millones de euros en subvenciones públicas.

Ella dice que donó sus participaciones en la sociedad a su marido en 2005, pero no muestra ningún documento que respalde su versión. Aguirre se niega a explicar si, cuando fue elegida presidenta madrileña en 2003, declaró en el Registro de Bienes que era dueña de las acciones de Savial SL, como exigía la Ley de Incompatibilidades de los Altos Cargos. Tampoco aclara en qué precio valoró las participaciones que supuestamente donó a su marido en el año 2005 o si esa presunta donación se declaró ante Hacienda.

La opacidad de los negocios en los que participa o ha participado la expresidenta madrileña es incompatible con la transparencia exigible a los representantes públicos. Firma aquí para exigirle que pruebe con documentos oficiales que cumplió con Hacienda y con la Ley de Incompatibilidades. ¡Actúa!

Qué leer

Dossier: Las actividades del marido de Aguirre.Aguirre y el capitalismo de amiguetes,

Aguirre y el capitalismo de amiguetes, por Jesús Maraña.

Documento 1: Aguirre, accionista fundadora de Savial SL [PDF].

Documento 2: Pasivo de Savial SL en 2007 [PDF].

Documento 3: Savial SL declara que tiene tres millones en Bolsa [PDF]

Qué ver

Manuel Rico en El Intermedio:Lo del machismo de Aguirre es un ejemplo de hipocresía, se ha buscado una cortina de humo.

Aguirre y la Púnica, un reportaje de La Sexta Columna.

Qué hacer

Firma la petición de change.org para exigir a Aguirre que pruebe con documentos oficiales que cumplió con Hacienda y con la Ley de Incompatibilidades.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defendió este lunes el fichaje de la exministra Trinidad Jiménez por Telefónica y negó que sea un caso de puertas giratorias. Según dijo, conocía su intención de incorporarse a esta compañía y lo hará "como una trabajadora", en "ningún consejo de administración" ni nada que "tenga que ver con eso".

Según explicó el líder de los socialistas en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la propia Trinidad Jiménez le informó de su decisión después de las elecciones, y dijo que la respeta y le desea "la mejor de las suertes".

Sánchez recalcó que no se puede considerar que sea una situación de puertas giratorias y recalcó que, en la actualidad, la ley de incompatibilidades fija un plazo de dos años y ella "lleva más de cuatro años sin ser ministra". "Tiene derecho a labrarse un futuro profesional", recalcó, después de explicar que los socialistas quieren extender a los cinco años este plazo.

Además, remarcó que la exministra de Asuntos Exteriores –que en las pasadas elecciones decidió no repetir en las listas al Congreso–es una persona "honesta, decente" y "ejemplar en su compromiso con el servicio público", con quien él tiene "muy buena relación".

Según informa este lunes el diario El Mundo, Telefónica estaría ultimando la incorporación de Jiménez para un cargo no asesor, sino ejecutivo.

Pedro Gómez de la Serna, diputado electo del PP por Segovia, no podrá sentarse en la bancada de su partido en el Congreso de los Diputados. Esta es la decisión tomada este martes por el Comité de Derechos y Garantías de los conservadores. La reunión, prevista desde el lunes, se produjo prácticamente a la vez que el parlamentario se registraba en la Cámara.

Fue el 10 de diciembre, en plena campaña electoral, cuando la dirección del PP informó de la apertura de un expediente disciplinario contra este parlamentario y el ya ex embajador en la India Gustavo de Arístegui para investigar las informaciones que apuntaban a que habían actuado como comisionistas en el extranjero de empresas españolas.

Ahora, el expediente correspondiente a Gómez de la Serna avanza con esta nueva decisión que supone que el PP perdería un diputado en la Cámara. Y el de Arístegui decae después de que este renunciara a su puesto de embajador.

El comunicado del órgano disciplinario del PP reza como sigue:

"El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular ha acordado aceptar la baja de militancia de Gustavo de Arístegui. Por otro lado, en su reunión de hoy martes ha ratificado la apertura de expediente disciplinario a Pedro Gómez de la Serna y ha nombrado al instructor del mismo, Francisco Molinero.Por último, el Comité de Derechos y Garantías ha acordado proponer al Grupo Parlamentario Popular la no adscripción de Gómez de la Serna como medida cautelar".

El Grupo Parlamentario "hace suya la propuesta"

El Grupo Parlamentario Popular reaccionó acto seguido con otro comunicado en el que "hace suya la propuesta" del órgano disciplinario del partido. "En este sentido, el nuevo Grupo Parlamentario Popular del Congreso no adscribirá como miembro de dicho grupo a Pedro Gómez de la Serna, mientras permanezca abierto el expediente disciplinario que hoy mismo [por este martes] ha ratificado el Comité de Derechos y Garantía del PP.

Con esta decisión, el Comité de Derechos y Garantías, que optó por no tomar todavía medidas relacionadas con la permanencia o no del diputado como militante, dirige de nuevo toda la presión hacia él con la confianza en que antes de la configuración de las Cámaras dé un paso atrás y el partido no pierda un uno de sus 122 escaños.

Según la cadena Ser y El Mundo, Gómez de la Serna y Arístegui, cobraron comisiones millonarias en el extranjero por lograr contratos para empresas españolas de gobiernos de África y Latinoamérica. Lo habrían hecho a través de los despachos Scardovi, de Gómez de la Serna, y Karistia, vinculado Gustavo de Arístegui, informaban. Según estas fuentes, los dos políticos, bajo la marca Voltar Lassen, registrada por ambos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercieron como conseguidores de contratos públicos para una veintena de empresas españolas en diversos países.

Durante toda la campaña, y en los últimos días, la dirección nacional del PP y el miembros del Ejecutivo intentaron sin éxito que De la Serna se apartara voluntariamente y cediera su escaño al siguiente de la lista. Lo único que estaba en manos del partido –el puesto en la lista le correspondía porque la candidatura estaba ya proclamada– fue apartarle de la campaña, algo que se hizo. Dado que el escaño es propiedad del parlamentario, el PP ha recurrido ahora a su única opción: apartarlo del Grupo Parlamentario. 

Reacción del afectado

Horas antes de la reunión del Comité de Derechos y Garantías, Gómez de la Serna negó que haya cobrado comisiones "ilegales" y criticó las "difamaciones" a las que se ha visto objeto en un "linchamiento público sin precedentes en España". Además, defendió que haya recogido ya su acta de diputado, entre otras cuestiones, porque no está imputado por ningún juez o tribunal. 

"No recoger el acta de diputado habría sido un desprecio a los ciudadanos de Segovia", explicó en un comunicado, remitido a Europa Press, en el que agradece "de todo corazón" el respaldo de los segovianos a la lista en la que concurrió a las elecciones del 20 de diciembre.

"Me alegra comprobar que quienes me han conocido trabajando por Segovia y sus intereses, comprometiéndome con sus necesidades, y preocupándome por sus actividades cotidianas, no han dado pábulo a las difamaciones", sostuvo.

Además, el diputado agradece la "amistad" y el "apoyo" de las "buenas personas" de esta formación. Buenas personas del PP, añade, que "reprueban los linchamientos públicos" o que "creen en la presunción de inocencia". Gómez de la Serna denuncia que se enfrenta a una "campaña insidiosa y basada en documentos falsificados", un "montaje mediático" –que llevará a los tribunales– que busca su descrédito personal y "que comenzó con una estrategia de amenazas, hostigamientos y coacciones".

De la Serna recuerda el examen al que fue sometido por la Comisión del Estatuto del Diputado y señala que "nunca" ha cobrado comisiones ilegales, sobornado a nadie ni realizado actividades incompatibles. En su defensa, alega igualmente que nunca ha sido imputado por ningún juez o tribunal, ni siquiera a pesar de que, según dice, haya pedido declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.

También alude a los estatutos del PP y a su código ético para señalar que no prevén sanción ni medida cautelar frente a quien haya sido imputado. "No tendría ningún sentido que se cuestionara que yo, que nunca he sido imputado, tenga impedimento para acceder al cargo de diputado", argumenta.

El Partido Popular sigue intentando, sin éxito, que Pedro Gómez de la Serna, diputado electo por Segovia, dé un paso atrás y renuncie a su escaño en el Congreso de los Diputados para dar paso a otro compañero. Este martes se reúne el Comité de Derechos y Garantías de los conservadores para estudiar los avances de un caso que arrancó el 10 de diciembre, en plena campaña electoral, cuando la dirección del PP informó de la apertura de un expediente disciplinario contra este parlamentario y el ya ex embajador en la India Gustavo de Arístegui para investigar las informaciones que apuntaban a que habían actuado como comisionistas en el extranjero de empresas españolas. Con Arístegui ya fuera del foco, el órgano disciplinario del PP elegirá un instructor del expediente abierto a de la Serna y estudiará la posibilidad de suspenderle cautelarmente de militancia. Así lo confirman a infoLibre fuentes conocedoras del proceso.

La suspensión cautelar no prejuzga. Sería una decisión transitoria mientras se instruye la totalidad del expediente.

Tras una campaña electoral en la que lo único que ha conseguido la dirección nacional del PP ha sido apartar a Gómez de la Serna de los actos electorales porque se aferró a su candidatura, este lunes las alarmas se encendieron de nuevo en la sede del PP tras conocer que el diputado electo, miembro además de la Diputación Permanente del Congreso, había mandado a un procurador a recoger su credencial a la sede de la Junta Electoral Provincial de Segovia. Este podría ser el paso previo a su acreditación como diputado ante la Cámara.

Fuentes del PP aseguran que en los últimos días ha habido contactos con De la Serna pero que no se han producido muchos avances porque sigue rechazando dar un paso atrás. Tanto desde el PP de Segovia, como desde el nacional y desde el Gobierno se han alzado voces recomendando al parlamentario que renuncie a su escaño. Sin éxito hasta la fecha.

¿Al Grupo Mixto del Congreso?

La suspensión cautelar de militancia, según las fuentes consultadas, evitaría que De la Serna ingresase en el Grupo Parlamentario Popular cuando se constituya en unas semanas. En este escenario, la última palabra la tendría el parlamentario por Segovia. Podría mantener su escaño, eso sí, pasando al Grupo Mixto. O renunciar definitivamente al acta. En el primero de los casos, al PP le supondría la pérdida de un diputado.

Según la cadena Ser y El Mundo, Gómez de la Serna y Arístegui, cobraron comisiones millonarias en el extranjero por lograr contratos para empresas españolas de gobiernos de África y Latinoamérica. Lo habrían hecho a través de los despachos Scardovi, de Gómez de la Serna, y Karistia, vinculado Gustavo de Arístegui, informaban. Según estas fuentes, los dos políticos, bajo la marca Voltar Lassen, registrada por ambos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercieron como conseguidores de contratos públicos para una veintena de empresas españolas en diversos países.

Primera reacción

La primera reacción del PP fue la de defenderlos. Pero, a medida que pasaron las horas, los conservadores, incluido el presidente del Gobierno, empezaron a darles la espalda.empezaron a darles la espalda. El cambio claro de estrategia quedó plasmado sobre el papel en un comunicado remitido el 10 de diciembre pasadas las 23 horas: "El presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha ordenado la apertura de un expediente disciplinario a Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, con el objeto de investigar la veracidad de las informaciones aparecidas en la prensa en estos días. La apertura del expediente disciplinario no prejuzga la resolución del mismo", podía leerse.

Esta estrategia surtió efecto en el embajador, que presentó su dimisión en la tarde del domingo 13 de diciembre. Todo apunta a que el expediente abierto a Arístegui decaiga tras esta decisión.

Comunicado

Horas antes de la reunión del Comité de Derechos y Garantías, Gómez de la Serna negó que haya cobrado comisiones "ilegales" y criticó las "difamaciones" a las que se ha visto objeto en un "linchamiento público sin precedentes en España". Además, defendió que haya recogido ya su acta de diputado, entre otras cuestiones, porque no está imputado por ningún juez o tribunal.

"No recoger el acta de diputado habría sido un desprecio a los ciudadanos de Segovia", explicó en un comunicado, remitido a Europa Press, en el que agradece "de todo corazón" el respaldo de los segovianos a la lista en la que concurrió a las elecciones del 20 de diciembre.

"Me alegra comprobar que quienes me han conocido trabajando por Segovia y sus intereses, comprometiéndome con sus necesidades, y preocupándome por sus actividades cotidianas, no han dado pábulo a

las difamaciones", sostuvo.

Además, el diputado agradece la "amistad" y el "apoyo" de las "buenas personas" de esta formación. Buenas personas del PP, añade, que "reprueban los linchamientos públicos" o que "creen en la presunción de inocencia". Gómez de la Serna denuncia que se enfrenta a una "campaña insidiosa y basada en documentos falsificados", un "montaje mediático" –que llevará a los tribunales– que busca su descrédito personal y "que comenzó con una estrategia de amenazas, hostigamientos y coacciones".

De la Serna recuerda el examen al que fue sometido por la Comisión del Estatuto del Diputado y señala que "nunca" ha cobrado comisiones ilegales, sobornado a nadie ni realizado actividades incompatibles. En su defensa, alega igualmente que nunca ha sido imputado por ningún juez o tribunal, ni siquiera a pesar de que, según dice, haya pedido declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.

También alude a los estatutos del PP y a su código ético para señalar que no prevén sanción ni medida cautelar frente a quien haya sido imputado. "No tendría ningún sentido que se cuestionara que yo, que nunca he sido imputado, tenga impedimento para acceder al cargo de diputado", argumenta.

Casos similares y una doble vara de medir. El Partido Popular no resiste la prueba de la hemeroteca en lo que tiene que ver con las incompatibilidades de sus cargos públicos. Así se ha puesto de manifiesto en los últimos días con el caso que ha afectado al ya exembajador en la India Gustavo de Arístegui y al número dos de la lista a las generales por Segovia, Pedro Gómez de la Serna. En un gesto inédito para estos episodios, la dirección del PP emitió el pasado día 10 un comunicado informando de la apertura de un expediente disciplinario a ambos. Y las presiones internas a los afectados han dado ya como resultado que Arístegui renuncie al cargo, mientras el futuro de Gómez de la Serna pende de un hilo. No hace ni un año que el embajador en Londres, Federico Trillo, y otro diputado, Vicente Martínez-Pujalte, estuvieron en el punto de mira tras salir a la luz que habían asesorado a una empresa especializada en obra pública. La reacción de Génova fue el silencio; la del Grupo Parlamentario Popular, comprensión. De autocrítica, nada.

Tampoco hubo reproche cuando el pasado abril se descubrió que el diputado por Toledo Agustín Conde había ocultado datos en su declaración de actividades al Congreso de los Diputados. Como Trillo y Martínez-Pujalte, éste parlamentario no fue protagonista de ningún comunicado del partido. Tampoco sus máximos dirigentes salieron a posicionarse a favor de un endurecimiento del régimen de incompatibilidades como sí está ocurriendo ahora. ¿Hay alguna explicación a este cambio de actitud?

En el partido no ocultan que el contexto político explica casi la totalidad de lo que está pasando. Y el contexto político es la inminencia de las elecciones generales y el cara a cara entre Mariano Rajoy y el socialista Pedro Sánchez. "No nos podemos permitir ningún patinazo", señala un dirigente conservador.

Que en plena campaña electoral se destape, como han hecho el diario El Mundo y la cadena Ser, que Arístegui y De la Serna actuaron como conseguidores de contratos públicos en el exterior para empresas españolas no es, según coinciden las fuentes del PP consultadas, la mejor propaganda para que el partido que aspira a renovar cuatro años más de Gobierno pueda defender su legado en materia de regeneración democrática. De ahí las presiones de las últimas horas para que el número dos por Segovia también se aparte. 

"Los tiempos de la política son diferentes al paso del tiempo en el día a día. Ahora el contexto es diferente, por la proximidad de las elecciones, por el debate de Rajoy con Pedro Sánchez y por la pujanza de nuevos partido que se presentan como renovadores", reconoce un cargo del PP que integra las listas al Congreso por Madrid.

Para entender el giro del PP a la hora de hacer frente a casos similares, infoLibre repasa los elementos fundamentales de cada uno de estos escándalos, así como las reacciones oficiales de los dirigentes conservadores.

1. Abril de 2015: los negocios de Trillo y Pujalte con Collosa

El 23 de abril el diario El País publica que Hacienda había descubierto el pago de 354.560 euros en tres años de una constructora a Federico Trillo mientras este era diputado en el Congreso. La misma información señalaba que el diputado Vicente Martínez-Pujalte había cobrado 75.000 euros de la misma empresa en poco más de un año cuando el ahora embajador en Londres terminó su relación con ella. La firma pagadora era el Grupo Collosa, una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León y especializada en obra pública.

En el caso del exministro de Aznar y exresponsable de Justicia y Libertades Públicas del PP, la relación con Collosa se había mantenido entre febrero de 2006 y 2008. El canal era Estudio Jurídico Labor, asesoría de la que Trillo tenía el 70% de las acciones. Martínez-Pujalte, por su parte, había cobrado de esta firma entre octubre de 2008 y finales de 2009 a razón de 5.000 euros al mes a través de Sirga XXI, la empresa que por aquellas fechas compartía con Ana Torme, compañera de escaño y de partido.

La información apuntaba a que en ninguno de los dos casos existían documentos que justificasen los cobros, algo ante lo que los protagonistas esgrimieron que el asesoramiento había sido verbal.

Trillo reaccionó a las informaciones a través de un comunicado remitido a la agencia Efe. En este aseguraba que Labor firmó un contrato con Collosa, del que había informado al Congreso en su declaración de bienes, para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa y que todo se ajustaba a la legalidad.

Martínez-Pujalte

respondió apuntando a que no había cometido ninguna irregularidad, que había cumplido con todas sus obligaciones fiscales y que siempre había practicado el pluriempleo. Además, aseguró que nada de lo publicado violaba su régimen de incompatibilidades.

Además señaló que había presentado sus declaraciones de actividades en la Cámara baja "en tiempo y forma" y que el pleno había aprobado con un 90% de los votos la compatibilidad de su trabajo como economista en el estudio jurídico Sirga XXI, desde el que realizó las asesorías a la constructora.

Ambos afectados recalcaron que no habían tenido ninguna relación con el sector público en la etapa en la que colaboraron con Collosa.

A diferencia de lo que ha ocurrido en la última semana con Arístegui y De la Serna, sí hubo comprensión y apoyo por parte del partido. 

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, llegó a decir que Pujalte había cumplido los "duros" requisitos que había exigido la Cámara baja. Además, apostó por ampliar el régimen de compatibilidades de los parlamentarios. "Pujalte ha dado suficientes explicaciones. Somos uno de los parlamentos con controles más estrictos en el régimen de transparencia e incompatibilidades", aseguró antes de añadir que "es compatible ser diputado con actividades privadas". 

Por su parte, el presidente del Congreso, Jesús Posada, sostuvo que en España "hay un régimen muy estricto [de incompatibilidades]". "Ser diputado es incompatible con todo, menos llevar su propio patrimonio y dar clases sin cobrar en la Universidad", llegó a decir. No obstante, reconoció que las Cámaras no tenían mecanismos de control para comprobar si todo aquello que sus señorías vuelcan en sus declaraciones de bienes y rentas se ajusta a la verdad.

Este mismo lunes, Posada fue mucho más duro en sus declaraciones para el caso de De la Serna, recomendándole que se aparte de las listas porque "perjudica al PP".

Trillo sigue en su cargo y Pujalte agotó legislatura en el escaño, aunque manifestó su intención de no volver a concurrir en una lista electoral.

2. Abril de 2015: el ¿olvido? de Agustín Conde

El 28 de abril otro diputado del PP, Agustín Conde, protagonizaba un episodio que tenía que ver con la rendición de cuentas de su situación ante el registro de intereses del Congreso. Según informaba la Cadena Ser, este parlamentario de la órbita de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había ocultado a la Cámara que era administrador de una empresa especializada en eficiencia energética llamada Eco-Witt.

Conde no lo pudo negar. Pero no pasó nada. Un día después incluía estos datos en el registro de intereses. En el documento manuscrito presentado por Conde, el diputado señala lo siguiente sobre la modificación: "Se declara, para su incorporación a mi previa declaración de bienes, la incorporación a mi patrimonio de las acciones de Eco-Witt S.L".

La citada información señalaba, además, que el diputado había asesorado al Banco Santander como abogado. Conde señaló que tenía permiso para compaginar su escaño con el ejercicio de la abogacía. Y sobre este particular señaló que no tenía en mente detallar cuáles eran los clientes para los que trabajaba como abogado, entre ellos el Santander, porque la confidencialidad de esta información estaba protegida por el secreto profesional.

El 23 de mayo, la Comisión del Estatuto del Diputado rechazaba investigar las actividades privadas de Pujalte y Conde, al entender que según el Reglamento de la Cámara carece de competencias para analizar si esas actividades se ajustaban o no a la ley.

3. Diciembre de 2015: los negocios de Arístegui y Gómez de la Serna

Según la cadena Ser y El Mundo, Gómez de la Serna y Arístegui, cobraron comisiones millonarias en el extranjero por lograr contratos para empresas españolas de gobiernos de África y Latinoamérica. Lo habrían hecho a través de los despachos Scardovi, de Gómez de la Serna, y Karistia, vinculado Gustavo de Arístegui, informaban. Según estas fuentes, los dos políticos, bajo la marca Voltar Lassen, registrada por ambos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercieron como conseguidores de contratos públicos para una veintena de empresas españolas en diversos países.

La primera reacción del PP fue la de defenderlos. Pero, a medida que pasaron las horas, los conservadores, incluido el presidente del Gobierno, empezaron a darles la espalda. El cambio claro de estrategia quedó plasmado sobre el papel en un comunicado remitido el 10 de diciembre pasadas las 23 horas: "El presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha ordenado la apertura de un expediente disciplinario a Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, con el objeto de investigar la veracidad de las informaciones aparecidas en la prensa en estos días. La apertura del expediente disciplinario no prejuzga la resolución del mismo", podía leerse.

Esta estrategia surtió efecto en el embajador, que presentó su dimisión en la tarde del domingo. Más está resistiendo el número dos del PP por Segovia, pese a las presiones que le llegan desde el Ejecutivo y desde la cúpula de la formación.

Este mismo lunes, el presidente del Congreso sostuvo que la candidatura de De la Serna perjudicaba al partido. "Mi consejo sería que abandonara la candidatura", sostuvo Posada, informa Europa Press.

Además, volvió a mostrarse partidario de que se reforme el Reglamento del Congreso para que la Cámara pueda revisar periódicamente las compatibilidades que se conceden a los diputados para llevar a cabo tareas extraparlamentarias. Durante estos últimos cuatro años no se ha tomado ninguna al respecto. Y, como se ha visto, casos ha habido.

Y lo más grave de la situación política es que ya no puede sorprendernos que a Rajoy le parezca “normal” que el número dos de la lista del PP al Congreso por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, y el exdiputado y actual embajador en la India Gustavo de Arístegui reconozcan haber cobrado comisiones por lograr contratos para empresas españolas en el extranjero. Todo es normal porque es “legal”, porque tenían la autorización de compatibilidad del Congreso y porque, según los dos ilustres señalados, han cumplido también con los pagos al fisco por sus emolumentos como “conseguidores”.

Los votantes nos equivocamos o no a la hora de elegir a “los mejores” (que no aterrizan en la política desde Marte, sino que salen de entre la propia ciudadanía). De lo que no cabe duda es de que falla la “vigilancia” para descubrir a los “canallas”. Es más, prácticamente no existe en lo que se refiere a la práctica que nos ocupa. Diputados y senadores están obligados a presentar una Declaración de Actividades y una Declaración de Bienes y Rentas. Si en la declaración de actividades un parlamentario afirma que es administrador único de una sociedad o socio de un bufete, la Comisión del Estatuto del Diputado da el visto bueno a la compatibilidad sin comprobar si la empresa o despacho en cuestión ejerce funciones incompatibles con el servicio público de un parlamentario. Y tampoco tiene forma de saber si la incompatibilidad surgirá a los largo de la legislatura. El declarante no está obligado a especificar exactamente lo que hace con esa sociedad o despacho, qué clientes tiene o qué contratos pueden o no entrar en colisión con la actividad en el Congreso. Ni este último tiene fórmulas ni recursos para comprobarlo.

Este es el gran coladero que a Rajoy (y a unos cuantos políticos) les parece “normal”. Es el que explica que Vicente Martínez Pujalte y Federico Trillo, exdiputados y exdirigentes del PP durante años (el segundo es ahora embajador en Londres), pudieran

asesorar (“oralmente”) a un grupo empresarial especializado en obras públicas y beneficiado por los parques eólicos en Castilla y León. Y cobrar tan ricamente por ello siendo diputados, como desveló El País. Todo “legal”.

Legalidad y transparencia

Cada vez que uno escucha el argumento de la “legalidad” se pone en guardia. Desde hace años y ante cualquier indicio de corruptelas. Pero últimamente hay que echarse a temblar cuando la excusa de la “legalidad” va acompañada del compromiso de “transparencia”. Bajo el paraguas de una “declaración de actividades” y otra de “bienes y rentas” se aparenta un control estricto de incompatibilidades que en realidad no es tal cuando no hay forma de comprobar lo declarado o ni siquiera se intenta.

Y corremos el riesgo de confundirlo todo y meter en el mismo saco al diputado que da una conferencia en un ateneo o unas clases en una facultad y al que , como el señor Arístegui (que traspasó su sociedad a un hijo antes de convertirse en embajador) ha cobrado suculentas comisiones por ayudar a empresas españolas “a explorar nuevos mercados”. Se contamina el absoluto derecho que cualquier profesional tiene a entrar en política y regresar luego a su actividad privada con esas anchísimas puertas giratorias que permiten a decenas de cuasi profesionales de la política aprovechar su agenda para engordar negocios sobre los que nada sabían previamente. Ojo: no son solo (ni fundamentalmente) políticos quienes entran y salen y vuelven a entrar por esas puertas giratorias. Casi la mitad de los abogados del Estado activos están en excedencia trabajando para bufetes, auditoras, bancos o grandes empresas que pleitean precisamente contra el Estado o se aprovechan de sus recursos.

En un lúcido y provocador ensayo editado en Turpial, el profesor y diputado José Andrés Torres Mora desmiente con datos concretos muchos de los peligrosos tópicos que circulan sobre la mal llamada “clase política” y sobre la supuesta corrupción generalizada, pero además pone en evidencia la responsabilidad de otros poderes mucho más intocables (el de las finanzas o el de los grandes medios de comunicación, por ejemplo). “La transparencia no sustituye a la honestidad y la transparencia sin honestidad se convierte en algo pornográfico”, escribe Torres Mora en ese libro, titulado El día que el triunfo alcancemos (un verso de La Internacional).

Que los candidatos acepten bailar, cantar, tocar la guitarra, montar en globo o contarle a Bertín Osborne sus ligues juveniles ante millones de espectadores no debería desviar los focos sobre lo más importante. Estos “tiempos de indignación” no servirán para mejorar la democracia si se quedan en la convicción generalizada de que sabemos más que nunca sobre la vida de los políticos. Mientras nos entretenemos con lo más banal, se frotan las manos quienes tienen como prioridad sus propios negocios.

A once días de las elecciones, procede conocer qué propone cada partido para que deje de ser “normal” lo que políticamente es deshonesto. Lo cual vale para diputados que asesoran a empresas, pero también para presidentes que envían SMS de apoyo y ánimo a un colega sorprendido con cuentas millonarias en Suiza. (Y más aún cuando se le transmite: "hacemos lo que podemos"). 

El régimen de incompatibilidades de los parlamentarios se coló este miércoles en la campaña después de que El Mundo y la Cadena Ser publicaran que el diputado del PP por Segovia Pedro Gómez de la Serna y el actual embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui, cobraron comisiones millonarias gracias a su labor de lobby para empresas españolas en África y Latinoamérica. 

La ley electoral establece un régimen estricto de incompatibilidades para diputados y senadores, aunque en la práctica se permite casi todo y el control efectivo brilla por su ausencia. De hecho, la norma decreta la dedicación exclusiva, si bien da la posibilidad a los parlamentarios de solicitar a la Cámara la compatibilidad de sus cargos con otras actividades siempre que no cobren ni un euro de dinero público y que se comprometan a no tener relaciones con la Administración. 

El problema es que el Congreso no comprueba la veracidad de esas declaraciones. Y la ley tampoco establece sanciones en el caso de que se compruebe que los datos no son ciertos. Hay varios ejemplos. Uno es el de Miguel Arias Cañete, que hizo constar durante dos legislaturas que sus empresas no contrataban con la Administración a pesar de que una de ellas funcionaba con concesión administrativa y, además, tenía adjudicados concursos. También los conservadores Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según la Agencia Tributaria, que además no encontró ningún informe que justificara los cobros. 

Sin embargo, ninguno de los seis principales partidos que concurren a las elecciones del próximo 20 de diciembre propone en sus programas medidas concretas para endurecer las incompatibilidades de los diputados, tal y como ha comprobado infoLibre tras analizar sus programas electorales. La mayoría contempla medidas para limitar las puertas giratorias. Este término –acuñado por el revolving door inglés– define el paso del sector público al privado, la transición que hacen directivos de la Administración que, tras cesar de sus cargos, pasan a trabajar para empresas privadas vinculadas al sector en el que operaban hasta entonces.

Partido Popular

Los conservadores no hacen referencia alguna en sus propuestas para el 20-D al actual régimen de incompatibilidades de los parlamentarios. Se limitan a señalar que regularán "la actuación de los lobbies" y pondrán en marcha un registro de lobbies o grupos de interés con el objetivo de "identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades". 

Tras conocerse este miércoles que Gómez de la Serna y Arístegui cobraron comisiones a cambio de adjudicaciones para Elecnor en Argelia, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no hizo reproche alguno. "Por lo que he escuchado, lo que ha dicho es absolutamente normal", señaló el jefe del Ejecutivo respecto a las explicaciones de su candidato por Segovia. 

PSOE 

Los socialistas, por su parte, defienden que en las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales que están obligados a presentar los parlamentarios se incluyan sus "intereses específicos o sectoriales", así como las actividades desarrolladas ajenas a esa condición. Es decir, el PSOE reclama más transparencia para que no vuelvan a repetirse casos como el del conservador Gómez de la Serna que, según El Mundo, despachó así su declaración de actividades: "Administrador único de la sociedad Scardovi SL, de la que tiene el 51% del capital social. Se trata de una empresa de consultoría". Tras esa escueta declaración se escondía en realidad un entramado por el que cobraba comisiones millonarias gracias a su labor de lobby.

También defienden fijar un período de incompatibilidad de cinco años –ahora es de dos– para los excargos públicos que pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hubiera tenido responsabilidades de regulación o gestión. Con esta medida pretenden "regular de manera exhaustiva los conflictos de intereses para evitar el fenómeno de las puertas giratorias". Además, proponen establecer que quienes compatibilicen un cargo público con una responsabilidad en su partido sólo cobren un sueldo. 

Ciudadanos 

El partido de Albert Rivera no propone cambios profundos en el sistema de incompatibilidades de los representantes públicos, aunque sí señala que se exigirá que sea "transparente", "riguroso", así como que se cumpla "de manera efectiva".

Para ello, propone un sistema de sanciones para casos de incumplimiento de las obligaciones impuestas. De esta forma se conseguiría que casos como los de Cañete o Martínez-Pujalte –que ocultaron en sus declaraciones que sus empresas tuvieran relaciones con la Administración– queden impunes. 

Podemos 

Mientras, el partido de Pablo Iglesias propone "prohibir que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes". Plantea, además, que los grupos de presión que contraten a antiguos miembros del Gobierno estén obligados a informar sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo. Además, defiende dotar de "capacidad inspectora" a las oficinas de registro de conflicto de intereses e incompatibilidades tanto estatal como de las comunidades autónomas. 

Por otro lado, Podemos quiere "extender" y "clarificar" las incompatibilidades de cargos políticos, altos cargos de la Administración Pública central y autonómica, y directivos de empresas públicas una vez que abandonen sus funciones. Respecto al fenómeno de las puertas giratorias, la formación morada defiende fijar en diez años el tiempo que tiene que pasar para que un ex alto cargo pueda intervenir en un ámbito afectado directamente por una decisión adoptada por él durante el ejercicio de responsabilidad pública. También propone impedir que cualquier ex alto cargo electo participe en consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos del Estado. 

IU

La candidatura Izquierda Unidad-Unidad Popular propone la regulación de incompatibilidades "durante y después del ejercicio de cargos públicos" con el objetivo de "evitar el enriquecimiento basado en la información obtenida durante el desempeño de dichos cargos". Más concreto es el programa de IU, que sí prevé una "incompatibilidad radical" para la gestión y contratación del sector público por empresas que cuenten en sus órganos de gestión o abonen cualquier tipo de servicio a quienes, como gestores o responsables del sector público, hayan trabajado en la Administración en los tres años anteriores. 

Para limitar las puertas giratorias, IU también propone que, tras su cese, los cargos públicos tengan que esperar tres años si quieren ejercer funciones en empresas privadas o prestar servicios remunerados en los sectores en los que desplegaron directamente responsabilidades en el ejercicio de sus cargos. Esa limitación de tres años también deberá respetarse en el caso de que esos excargos quieran pasar a trabajar en empresas que hayan sido objeto de privatización o se beneficien de contratos públicos de servicios externalizados, ayudas financieras o ventajas fiscales de naturaleza contractual. 

UPyD

UPyD, por su parte, propone un nuevo régimen de incompatibilidades "más estricto""más estricto"que, entre otras medidas, contempla la necesaria motivación de las denegaciones de compatibilidad de los altos cargos así como de las razones del 'sí' o el 'no'.

Sobre las puertas giratorias, la formación magenta apuesta por un "período de enfriamiento" –del que no detalla extensión– para los representantes públicos y que amplía también a todos los funcionarios del Estado, "durante el cual se extienda la inhabilitación profesional".