El Ministerio de Cultura y Deporte seguirá adelante con la solicitud de intervención al juez de la SGAE a pesar de la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, pero se quedan en el aire otras iniciativas como la Ley de Mecenazgo o la reforma del INAEM, informa Europa Press.

A lo largo de la legislatura de Sánchez ha habido un desencuentro con la SGAE que ha desembocado en la decisión de Cultura de solicitar a un juez la intervención parcial de la entidad, si bien estaba prevista a más tardar para finales de semana y aún no se ha producido. No obstante, fuentes del Ministerio han confirmado que seguirán adelante con este proceso. "El ministerio ha tenido mucha paciencia y al final las leyes hay que cumplirlas", señalaba Guirao en un desayuno informativo de Europa Press, tras recordar que la solicitud de intervención iba a girar en torno ha lo reclamado en sucesivos requerimientos: modificación de los estatutos "de acuerdo con la ley", nuevos criterios de repartos de derechos y la habilitación del voto electrónico en elecciones.

Tras su llegada al Ministerio de Cultura y Deporte, José Guirao anuló el decreto que acordaba la fusión del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, aprobado el mes de abril por el ejecutivo de Mariano Rajoy. Además, en este tiempo, Guirao ha puesto en marcha la transformación del INAEM con el inicio de los trabajos para la elaboración de una ley propia y tenía prevista la creación de un Centro Nacional de Difusión de la Danza, según el modelo del Centro Nacional de Difusión Musical creado en 2011.

En el aire queda también la reforma para la "adecuación" de la Constitución española a un lenguaje "inclusivo", una medida anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El primer paso dado por el Ejecutivo para esta medida fue el encargo a la RAE a mediados de 2018 para elaborar un informe al respecto, si bien la institución –que ya tiene el documento terminado– no lo ha debatido en su pleno. Una vez fuese aprobado por la RAE, el informe se enviaría al Gobierno y tomaría una decisión, aunque Calvo ya avanzó que el Ejecutivo seguiría con el proceso "haya o no asesoramiento" de la institución académica.

En cuanto a los papeles del Archivo de Salamanca, se estaba a la espera de una comisión mixta para abordar los temas pendientes de un asunto en el que, tal y como reconocían fuentes del Ministerio, existen "discrepancias de fondo". Por ejemplo, con la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, que pedía "exigir a la Generalitat" la devolución de 400.000 documentos enviados "ilegalmente" a Cataluña. Cultura, que aseguraba que "carece de sentido" establecer un número de documentos que deben retornar al archivo, insistió desde el principio que únicamente había problemas de "carácter técnico" y esperaba llegar a acuerdos a través de la comisión de valoración técnica creada para ello –sin tener "previsto" nuevas leyes que pudiesen promover otras salidas más allá de las que contempla la normativa vigente de 2005–.

Asuntos que pasarán al próximo Gobierno

El nuevo Gobierno deberá afrontar el problema generado por la reventa de entradas, y del que ya hay un informe aprobado en octubre sobre una futura regulación entre Cultura y las comunidades autónomas. Pese a que este documento podría terminar en una normativa estatal, faltaban por conocer los plazos y las decisiones que tomarían las Comunidades Autónomas. Entre las propuestas destacaba la posibilidad de prohibir la reventa "habitual" de entradas, es decir, las de carácter lucrativo.

Tras la devolución del Pleno del Congreso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, otro de los objetivos del nuevo Gobierno será el de dotar una partida específica para permitir el inicio de las obras del Salón de Reinos proyectadas por el Museo del Prado para este año. Con el proyecto de Presupuestos para 2019, el Prado contaba con casi diez millones de euros más para esta iniciativa, para la que Guirao considera se podrá empezar en 2019 aún sin esa partida.

En materia fiscal, la caída del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales para 2019 también dejó sin efecto la reducción del IVA del libro electrónico del 21 al 4 por ciento. Asimismo, el ministro anunció hace unos días en los Desayunos Informativos de Europa Press su intención de "sacar adelante" o presentar una nueva Ley de Mecenazgo. Sin embargo, fuentes de Cultura han señalado que las reformas planteadas hasta el momento sobre este asunto se paralizan.

Otras medidas que quedan en el aire 

Además, Guirao confirmó la intención de su departamento de distribuir "la masa" económica de retribuciones de los Premios Nacionales para evitar "cuantías desiguales", no solo entre los "premios clásicos", varios de ellos con hasta 30.000 euros de dotación, sino entre otros que no tienen dotación. En cuanto a la conmemoración del V centenario de la llegada de Hernán Cortés a México, Guirao señaló que pese a que los Presupuestos Generales del Estado no contemplan ninguna partida para rendir homenaje al conquistador, la intención del Gobierno era sacar fondos para llevar a cabo algo "digno en poco tiempo".

Durante esta legislatura, el Congreso ha aprobado un decreto ley del Gobierno con medidas de "urgencia" sobre la creación artística y cinematográfica que ahora queda pendiente de tramitación como ley. Entre otras asuntos, la norma contempla la compatibilización de la pensión de jubilación de los creadores con el cobro de derechos de autor por su obra o su actividad artística así como la cotización de los artistas en periodos inactivos. Otra de las cuestiones que quedaron pendientes tras el fin de la legislatura de Rajoy y que aún no se ha abordado es la renovación del préstamo de las obras de la colección de Carmen Thyssen. Cultura y la baronesa prorrogaron las negociaciones hasta el próximo mes de marzo, lo que se sumó a las que ya venían acordándose en todo el año 2017 y parte del 2018.

El director de El Prado dice que otros museos del mundo recurren habitualmente a esta práctica para la adquisición de obras y pone de ejemplo a Francia, cuyo Museo del Louvre recaudó  hace poco 3,5 millones de euros para la compra de un misal medieval. Se me ocurre que sólo con elevar el precio de las entradas al museo del Prado 50 céntimos se recaudarían 1,35 millones de euros al año para la compra de obras, pues el director ya tiene en estudio otras para su adquisición. El director del museo se queja de que en España no existe ley de mecenazgo, pero las Cortes Valencianas aprobaron en julio pasado una ley de mecenazgo por la que los mecenas se beneficiarán de una deducción directa de hasta el 25% en el tramo autonómico del IRPF. En España, no se sabe la razón, aún no existe una ley de mecenazgo y hay que recurrir a este método cuando los fondos económicos escasean.

El mecenas siempre ha sido una persona poderosa que brindaba su apoyo material o su influencia a artistas, literatos y científicos para que pudieran realizar su obra. Reyes y religiosos fueron los primeros mecenas. Existen los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo que este año se entregaron a Carmen Thyssen y Carlos Slim. La presidenta de la Fundación Callia, impulsora de estos galardones, dijo que "el tema fiscal es importante, pero no es la primera motivación para practicar la filantropía".

El Museo del Prado no busca al mecenas poderoso y rico, supongo que sin rechazarlo, sino al ciudadano medio que con aportaciones a partir de cinco euros pueda considerarse como tal. Y es que hay más ciudadanos de clase media, alta o baja, que ricos y, a menudo, para ciertas actividades sociales, son más generosos los humildes que los poderosos. __________

Antonio Nadal Pería es socio de infoLibre

Por eso se ha convertido en noticia la generosa donación de Amancio Ortega a la sanidad pública para dotar de material, mantener el que hay y mejorar la actuación de las unidades de oncología de toda España. Durante los últimos meses, la Fundación que lleva el nombre del dueño y fundador de Zara, ha estado llegando a acuerdos con las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas para conocer y calibrar sus necesidades frente al cáncer. Ya lo hizo y donó en Galicia y en Andalucía. Ahora lo extiende a toda España y va a soltar para tal fin 320 millones de euros. Los médicos, y sobre todo los pacientes y sus familias se lo van a agradecer profundamente

En ellos pienso cuando leo o escucho algunos comentarios de cretinos analfabetos criticando por supuestamente interesada u oportunista la donación, o a los que desde algún púlpito mediático dudan de las razones de Ortega y recuerdan que lo importante es que pague impuestos…y más si es posible.

Donar 320 millones de euros a la sanidad pública para frenar el cáncer o aliviar sus consecuencias es un gesto que honraría a cualquiera y aplaude toda persona comprometida en ayudar a los demás a través de su esfuerzo en una ONG o una institución solidaria. Denota una actitud personal generosa que apuesta por reforzar lo público en este ámbito de la sanidad. Porque, insisto, la donación es para el Sistema Nacional de Salud, no lo olvidemos.

Pero el gesto debiera si no embarazar al menos hacer pensar al gobierno en general y al Gran Recaudador en particular sobre la forma en que se distribuyen los dineros y, sobre todo, su ceguera con respecto a las posibilidades de mejorar en la atención a los ciudadanos, a su salud, su educación y su cultura.

Las necesidades de atención de los hospitales son enormes, tanto como la desastrosa gestión de la sanidad pública condicionada en este país al cortoplacismo de la política y la exigencia de recortes que han mermado considerablemente la capacidad de atención e investigación.

Como enormes son las dificultades de las organizaciones que desde la sociedad civil palian la ineficiencia o el desinterés del Estado en la ayuda a pacientes, marginados, emigrantes, desahuciados, maltratados… y todo el sinfín de parias contemporáneos que estarían completamente fuera de la circulación de no ser por ese compromiso de gente casi siempre anónima que aporta esfuerzo y dinero en la solidaridad con los demás.

La donación de Ortega a la Sanidad Pública es un gesto que acaso sería menos sorprendente si en España existiera una Ley de Mecenazgo que abriera el camino a donaciones mediante ventajas fiscales como sucede en otros países, como recogen otras legislaciones. Apoyo a la generosidad –interesada si usted quiere, pero efectiva– de particulares y empresas para facilitar la acción de la propia sociedad civil en ayuda a los demás o en potenciar el arte, la cultura o la educación.

Pero no. Aquí sigue la cosa parada porque manda el déficit y prima cuadrar las cuentas. Lo han conseguido, ayer nos lo contaron. ¿Qué tal si ahora son capaces de dar armas de actuación a la sociedad civil?

Es cierto que casos como el de Nadia o el estafador conocido como Paco Sanz, hacen mucho daño a la solidaridad. Pero el mismo o más  sigue haciendo este gobierno, este parlamento, que se han olvidado por completo de regular un mecenazgo que convertiría en algo no tan único, quizá común, una donación como la de Ortega. A él no le hace falta que le desgrave nada… pero hay muchos que sí aportarían más si encontraran ventajas fiscales.

Mientras, habrá que seguir esperando y apoyándose desde las ONG o las instituciones que potencian el arte y la cultura, en particulares generosos o subvenciones casi siempre escasas y, a menudo, con tan poco control como interés para los políticos o gobiernos de turno.

Podría haber más mecenas y que lo de Ortega no fuera noticia. Podría dotarse de más músculo a la sociedad civil. Podría. Si se quisiera, claro, que la sociedad civil contara con músculo, si se planificara pensando en país y no en partido, si se creyera que la salud social y económica de un país fuera más importante que cumplir las obligaciones de déficit que con tanto éxito parecen haber conseguido.

Los privilegios de la Iglesia católica en materia tributaria generan debate público cada cierto tiempo, pero permanecen inalterables año tras año. Una de las situaciones más llamativas la provoca el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) que, según el Concordato entre la Santa Sede y el Estado español (1979), se encuentra “total y permanentemente” exento para los templos y capillas destinadas al culto, las residencias de los obispos, canónigos y sacerdotes “con cura de almas”, los locales destinados a oficinas de la Curia y oficinas parroquiales, los seminarios destinados a formación de clero y, finalmente, para los edificios destinados a casas o conventos.

En esta materia, además del Concordato hay que tener en cuenta la Ley de Haciendas Locales, que establece otras exenciones para Cruz Roja o las embajadas extranjeras, y la Ley de Mecenazgos, que abarca a “todos los inmuebles de los que sean titulares entidades sin fines lucrativos”.

Pero los edificios dedicados al culto no son los únicos exentos del pago del IBI. Como publicó este martes infoLibre, la Iglesia católica hace negocio con dos aparcamientos comerciales en Almería por los que no paga ni un céntimo de IBI al Ayuntamiento. Y no es el único ejemplo.

El pago del IBI lo realizan los propietarios de un inmueble al ayuntamiento del municipio donde éste se ubica, y a día de hoy es el principal impuesto a nivel local. En el año 2014 supuso el 63,89% de los ingresos por gravámenes de tipo municipal, según la memoria anual de Haciendas Locales.

La inexistencia, en gran parte de localidades españolas, de un censo que contabilice los bienes inmuebles de la Iglesia católica dificulta las estimaciones referentes a la cantidad que se deja de ingresar a causa de las exenciones eclesiásticas. En su informe de 2016, la organización Europa Laica indicaba que “según diversas fuentes y averiguaciones parciales que se han ido haciendo en cada ejercicio anual, como consecuencia de exenciones de impuestos las diferentes administraciones del Estado (central, autonómico y municipal) dejan de ingresar aproximadamente unos 2.000 millones de euros, cálculo aproximado, debido a la opacidad de los bienes de la Iglesia católica, así como a los datos que ofrecen los ayuntamientos y otras administraciones del Estado sobre esta cuestión”. Concretamente, continúan, “sólo del IBI (rústico y urbano) las administraciones locales pueden estar dejando de ingresar una cantidad cercana a los 700 millones de euros”. Contemplan, en dicho cómputo, a todos los inmuebles y suelo, sean destinados a culto o no.

Por su parte, los autores y asociaciones laicistas citados por el investigador Ángel Luis López Villaverde en el libro El poder de la Iglesia en la España contemporánea, calculan en entre 2.500 y 3.000 los millones que la Iglesia española pagaría al Estado si, como ha aprobado Italia, no estuviera exenta del IBI. La Fundació Ferrer i Guàrdia, en su Anuario de la Laicidad 2012, rebaja esta cifra hasta los 900 millones de euros anuales. La asociación Jueces para la Democracia, por su parte, se refirió en 2012 a una aportación de 3.000 millones de euros si la Iglesia abonara el IBI, además del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el IVA. El cálculo más conservador, por tanto, estima en 700 millones el agujero que genera en las arcas municipales el perdón del IBI a la Iglesia católica.

  Iniciativas políticas

Desde el año 2000, los grupos parlamentarios han registrado un total de once preguntas y dos proposiciones no de ley (PNL) en el Congreso relacionadas con este asunto, principalmente impulsadas por el Bloque Nacionalista Galego, IU y el Grupo Socialista. Las preguntas presentadas van desde peticiones que abogan por cifrar las pérdidas de la exención hasta previsiones sobre un cambio de la normativa tributaria, o cuestiones sobre la posibilidad de seguir el ejemplo de Italia.

Por otro lado, una de las PNL registradas en el año 2012 por el grupo Mixto, concretamente por el diputado del BNG Francisco Jorquera, demandaba a la Iglesia el pago del IBI “por los numerosos bienes inmuebles que posee no dedicados a fines de culto, educativos y sociosanitarios, que en casos como el de Santiago de Compostela supone una merma considerable en los ingresos del ayuntamiento pues deja de percibir lo correspondiente a unos 37,4 millones de euros al año del valor catastral de esas propiedades, estimado en una recaudación de 200.000 euros”. Asimismo, proponía “negociar con la Iglesia católica una compensación a ayuntamientos como el de Santiago por estar exenta del pago del IBI, que podría consistir en la cesión gratuita de bienes inmuebles eclesiásticos que están desocupados o en la negociación de una cantidad económica”. La propuesta fue retirada en marzo y, tras ser registrada de nuevo, caducó en el mes de junio.

La diputada Olaia Fernández (BNG) propuso en 2013 una PNL en la que instaba a “revisar los criterios interpretativos de aplicación de la exención del IBI a los inmuebles que son propiedad de la Iglesia católica, de forma que únicamente queden exentos” los locales dedicados al culto, así como a una revisión de los acuerdos entre el Estado español y la institución católica para poner fin “a los privilegios fiscales concedidos”.

Finalmente, en el año 2012, el PSOE anunció que presentaría una moción en todos los ayuntamientos en los que tuviera representación, con el fin de elaborar un censo de los inmuebles propiedad de la Iglesia y, de este modo, impulsar el cobro del IBI respecto a aquellos no destinados al culto. En algunos consistorios como Huelva, Jaén o Cádiz planteó esta iniciativa, pero el partido no ofreció datos globales. 

  Los ayuntamientos estiman las pérdidas

A falta de una base de datos oficial que cifre las pérdidas por las exenciones tributarias de la Iglesia española, más de una treintena de ayuntamientos han dado un paso adelante para calcular la recaudación que dejan de ingresar por esta causa.

En el año 2012, el equipo de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid sostuvo que la exención de los edificios católicos dedicados al culto en la capital supone menos de cinco millones. En Zaragoza, por su parte, el cálculo del Consistorio apuntaba hace cuatro años a que la Iglesia católica y otras confesiones disponían de 447 inmuebles por los que debería pagar 3.337.707 euros en concepto de IBI. El pasado mes de septiembre el asunto volvió al Ayuntamiento gracias a una moción de Zaragoza en Común, quien estima que, como consecuencia de estas exenciones, las confesiones religiosas evitan pagar por los inmuebles que tienen en la ciudad hasta 2,8 millones de euros por ejercicio y que distintas fundaciones ligadas a ellas se ahorran alrededor de 2,2 millones.

También en el año 2012 diversos territorios andaluces se pusieron en marcha para cifrar las pérdidas producto de las exenciones religiosas. En Cádiz, el Ayuntamiento habló de 194.631 euros, mientras que en Córdoba el PSOE calculó 379 inmuebles por los que se deberían pagar unos 480.000 euros, aunque el recuento no incluía iglesias ni fincas rústicas.

En julio de este año, el Ayuntamiento de Granada aportó a la entidad Granada Laica los datos referidos a las exenciones del IBI. El resultado apunta a que la Iglesia católica cuenta con 352 inmuebles por los que debería abonar 2.095.113,47 euros en concepto de IBI.

En la Comunidad Valenciana, el equipo de gobierno de la capital anunció su intención de cobrar el IBI de los edificios no destinados a actividades de culto. La exención en el Ayuntamiento valenciano, según la Cadena Ser, está privando a las arcas municipales de casi 5 millones de euros de ingresos al año. 

El Ayuntamiento de Aspe (Alicante) aprobó en el año 2012 que la Iglesia pagara el IBI por los edificios que no se empleen para el culto. Según el entonces edil David Cerdán, el consistorio calculaba que podía recaudar unos 7.000 euros anuales, derivados de los tributos que la Iglesia debería abonar por dos viviendas de párrocos y otros inmuebles no destinados a actividades religiosas. El también alicantino Ayuntamiento de Elda aprobó en el mismo año, con la abstención del PP, cobrar el IBI a la Iglesia por un valor de 19.500 euros aproximadamente, según la portavoz de EU, Luisa Martínez. En Pedreguer (Valencia), el equipo de Gobierno también anunció la intención de recaudar entre 16.000 y 20.000 euros por no eximir a la Iglesia de la obligación tributaria.

En julio del 2012, el PP de la localidad de Vila-real (Castellón) aseguró, tras una moción que anulaba la exención, que “de los 311.480,76 euros que quedan en este momento exentos del pago del IBI y que no son de propiedad municipal, un 65,28% corresponden a centros educativos (tanto concertados como institutos públicos), un 16,17% a fundaciones de entidades bancarias y tan sólo un 12,39% a edificios de culto pertenecientes a la Iglesia Católica”.

En el Ayuntamiento ourensano de Amoeiro, el equipo municipal cifró en 4.286 euros en concepto de IBI correspondiente al ejercicio 2010-2012 por los inmuebles y parcelas rústicas de la Iglesia. También en Ourense, el Gobierno de la capital cifró el valor catastral del patrimonio de la Iglesia en aproximadamente 42 millones de euros, aunque no concretó la recaudación tributaria que ingresaría.

Otros municipios de Galicia, como el de Teo, en A Coruña, calculó en 2012 una recaudación de 200 euros en el caso de las fincas rústicas y de 2.000 en cuanto a otras propiedades que no se usan para fines sociales o de culto. Por su parte, en Culleredo (A Coruña), el BNG calculaba en 2012 unos ingresos de 30.000 euros al año. Asimismo, tal y como cifró por escrito el diputado nacionalista Francisco Jorquera en la PNL del 2012, Santiago de Compostela recaudaría, si la Iglesia tributase el IBI en el caso de los bienes inmuebles con uso lucrativo, un importe de aproximadamente 200.000 euros al año.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero aseguró que la diócesis contaba en la ciudad conun patrimonio de 156 edificios y fincas cuya contribución a las arcas municipales, de aplicárseles el IBI, superaría los 200.000 euros. La mayoría, no obstante, estarían exentos del pago por estar sus usos vinculados al culto religioso, de modo que la contribución de la Iglesia por IBI en Vigo sería, según el alcalde, de unos 13.000 euros.

Dentro de la comunidad de Castilla y León, la Iglesia contaba en ciudad de Burgos, en el año 2012, con 357 propiedades de las que 185 estaban exentas y 172 tributaban por 155.643 euros, según los socialistas de la localidad. Ese mismo año, técnicos del Ayuntamiento de Segovia aseguraban que la ciudad dejaba de recaudar 250.000 euros por el mismo motivo. También anunció sus pérdidas el Ayuntamiento de Valladolid en 2012, cuando el PP aseguró que 427 edificios de la Iglesia no tributaban por este concepto, generando unas pérdidas de 1,5 millones. 

Por su parte, la Jefatura del Servicio de Ingresos de Albacete anunció en 2012 que la Iglesia contaba con 76 unidades urbanas exentas de tributación, lo que implica una cuantía de 49.799,53 euros por IBI. Su vecina Ciudad Real, además, podría tributar según informó en el mismo año el periódico local La Tribuna de Ciudad Real cerca de 258.000 euros por el IBI de 24 edificios pertenecientes a la institución.

El pasado año, asimismo, el Ayuntamiento de Avilés en Asturias anunciaba que, de los 85 inmuebles propiedad de la Iglesia, doce asumen el pago del IBI por un importe de 14.000 euros, mientras que el municipio asturiano de Mieres contaría con 157 inmuebles que podrían aportar 54.000 euros a las arcas, según informó la Radiotelevisión del Principado de Asturias.

La misma tendencia se repite en Cáceres donde, según expuso Cáceres Laica en 2015, el valor que no tributan los 144 bienes inmuebles a nombre de la Iglesia es de, aproximadamente, 450.000 euros. En Logroño, el PSOE aseguró que el Ayuntamiento dejó de ingresar en 2012 un total de 251.000 euros por los inmuebles de la Iglesia. Finalmente, la cifra se sitúa en 135.000 euros en el caso de Reus (Tarragona), tal y como señaló el PSC de la localidad este mismo año. Según el Diario de Tarragona, el pleno municipal aprobó en noviembre una inspección para determinar las propiedades que no están dedicadas al culto o a la residencia de religiosos, con el objetivo de recaudar el importe que, hasta el momento, la administración pública venía perdiendo en favor de la institución católica.

El Corte Inglés donó a la Iglesia católica ocho millones de euros con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en 2011 y, en contraprestación, el Arzobispado de Madrid se obligó a contratar con los grandes almacenes viajes y alojamientos, además de dos campañas publicitarias y a comprarle ordenadores, camisetas y mochilas, todo ello por un importe de 6,9 millones de euros.

El contrato entre el Arzobispado y El Corte Inglés ha sido desvelado por el grupo hacktivista La Nueve, vinculado a Anonymous, junto con un listado de todos los gastos del Departamento de Relaciones Externas de la empresa entre 2011 y 2016.

En el documento, la compañía de Dimas Gimeno justifica el donativo por su deseo de “colaborar en la realización, promoción y difusión” de la Jornada Mundial de la Juventud, cuya vigésimosexta edición se celebró en el Aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid) entre los días 16 y 21 de agosto de 2011. El papa Benedicto XVI presidió el acto, al que acudieron dos millones de personas de todo el mundo. Aunque El Corte Inglés tampoco oculta que con la donación pretende obtener los beneficios fiscales que la ley concede para estos eventos.

Así, los Presupuestos Generales del Estado del 2010 incluyeron a la Jornada Mundial de la Juventud entre los acontecimientos de “excepcional interés público” de 2011, lo que permitió a las empresas patrocinadores acceder a los beneficios fiscales establecidos por la Ley de Mecenazgo. De hecho, por el volumen de la donación, El Corte Inglés pudo recuperar hasta el 90% de la cantidad aportada.

Camisetas, gorras y mochilas

Aunque no fue ésa la única ventaja del acuerdo para la empresa que entonces presidía Isidoro Álvarez. A cambio del generoso donativo, la Iglesia se comprometió a contratar con Viajes El Corte Inglés los viajes y alojamiento de los obispos y personalidades que acudieron a la celebración, por importe de dos millones de euros más IVA, también los de los peregrinos, por otro millón más IVA.

Además, a Informática El Corte Inglés debieron comprarle material informático por valor de 650.000 euros, y a El Corte Inglés 400.000 euros en camisetas, gorras y abanicos serigrafiados con el logotipo de la Jornada Mundial de la Juventud y 400.000 euros más en “mochilas del peregrino”, aunque para estos dos últimos conceptos el contrato fija un presupuesto máximo de dos millones de euros.

Además, el Arzobispado de Madrid, que entonces encabezaba Antonio María Rouco Varela, se obligaba a contratar tres campañas de promoción: en los centros Opencor, por 1,7 millones de euros; en los centros de El Corte Inglés, por 450.000 euros, y en los Hipercor, por otros 300.000 euros.

Y, para redondear el acuerdo, El Corte Inglés se aseguró de disponer de 20 invitaciones en la zona reservada a empresas colaboradoras en el Aeródromo de Cuatro Vientos para los actos de los días 20 y 21 de agosto.

El secretario de estado de Cultura, José María Lasalle, ha anunciado que "afortunadamente por primera vez" habrá una aumento en la partida de Cultura que destinan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al tiempo que ha confirmado que el mecenazgo no tendrá una ley propia.

En este sentido, ha explicado que la Ley de Mecenazgo finalmente se repartirá entre la reforma fiscal y la regulación de las fundaciones que prepara el ministerio de Justicia, a pesar de que el PP ha venido prometiendo repetidamente su aprobación desde su llegada al poder en 2011.

Preguntado sobre el futuro de esta ley y si contará con nombre y apellidos propios, Lasalle ha asegurado que habrá mecenazgo a través de incentivos fiscales. "Si queremos entrar en batalla de nominalismos, podemos hacerlo", ha señalado.

En este sentido, ha aclarado que la ley es "básicamente" la presencia de incentivos fiscales. "Si no hay incentivos que impliquen deducciones sobre el impuesto de la renta o de sociedades sería filantropía o altruismo, pero no mecenazgo", ha apuntado.

Por ello, ha señalado que irá subsumida en la reforma fiscal, porque implica tocar impuestos y eso le compete al Ministerio de Hacienda. Además, ha agregado que se tramitará desde el Ministerio de Justicia la facilitación de la creación de fundaciones, lo que supondrá un "paquete de transversalidad de la legislación del mecenazgo".

"Por primera vez el mecenazgo contará en España con la introducción del micromemecenazgo. Ya no hace falta ser rico para ser mecenas: si eso no es una ley de mecenazgo, que baje Dios y lo vea", ha destacado.

A vueltas con la Ley de Propiedad Intelectual

Ante la contestación a la Ley de Propiedad Intelectual por parte de las entidades de gestión de derechos de autor -que han convocado para mañana martes una concentración en contra de su aprobación- Lassalle ha destacado que hay un diálogo abierto que espera "que fructifique durante los días que quedan antes de la votación" de la norma.

En esta ley, ha dicho, "hemos incorporado todas la demandas y pretensiones que planteaba el sector y planteaba la coalición de creadores. Con ciertos matices, las demandas en sus aspectos sustanciales están recogidas en el texto actual". Lassalle ha mandado también el mensaje de que, con respecto a dichas entidades de gestión, "evitaremos la situación de arbitrariedad que han provocado tantos escándalos ante la sociedad pública".

Aun a riesgo de resultar reiterativos, insistimos: a día de hoy la cultura española es un enfermo a punto de entrar en fase terminal. Insiste, en este caso, el catedrático experto en industrias culturales Enrique Bustamante, que a través de la plataforma brindada por la Fundación Alternativas acaba de publicar el informe España: la cultura en tiempos de crisis. Fuentes financieras y políticas públicas. El escrito, de medio centenar de páginas, encierra en sí dos conclusiones. Para deshacernos primero de la mala: la situación actual es, simplemente, desastrosa. La buena: que soluciones, haylas. El paciente puede recuperarse. En el proceso de curación, eso sí, deberá superar diferentes fases.

Señores: tenemos que hablar

Antes que cualquier otra, la premisa básica es reconocer la enfermedad y hablar de ella. Hacer un diagnóstico. “No se ha planteado un debate serio ni en los medios, ni entre los ciudadanos, ni en el Parlamento”, se lamenta Bustamante en conversación con infoLibre. “Es una situación sorprendente: se exponen puntos de vista pero no se debaten, se dan sin explicaciones”. Ante lo que se presenta como una situación “caótica”, su informe viene así a proporcionar “orientaciones de lo que se debería investigar y debatir, sobre todo en términos de lo que se quiere hacer tanto desde el Estado como desde la sociedad”.

Los males de la cultura, huelga decirlo, están ligados a los de la crisis económica. “Pero es que más allá se contempla la retirada del Estado en el apoyo a la Cultura”, enfatiza el experto, que recuerda que este amparo institucional no es fruto del capricho, sino que se trata de un derecho recogido en diferentes cartas, empezando por la Constitución. En la España de hoy, sin embargo, no solo ha dejado de funcionar el sistema público sino que, por mucho que el Gobierno lo anuncie y lo promueva en sus discursos nunca materializados, tampoco se potencia la entrada del sector privado.

Ni lo público, ni lo privado

El “penoso” andamiaje de políticas públicas que se ha ido levantando en estas décadas de democracia, amenaza hoy con desplomarse y con él, hacer caer el edificio de la cultura. Bustamante divide las diferentes intervenciones en cuatro apartados: las subvenciones estatales (recortadas en un 60% con respecto a 2009); las ayudas de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos (que han recibido un hachazo del 70% en el mismo periodo); el IVA cultural al 21% (que ha subido un 162% con respecto a 2012, una medida que “penaliza la cultura y aumenta el efecto de la crisis sobre el consumo” y que está a años luz de distancia del resto de Europa); y las subvenciones cruzadas, como el apoyo de las televisiones al cine, que se ha revelado “imposible” por factores diversos, desde “los fallos en la regulación a la resistencia de las grandes cadenas”.

La ley de mecenazgo que supuestamente vendría a paliar la retirada de las ayudas públicas, de tanto mentarse y nunca verse realizada va camino de convertirse en leyenda urbana. Además, como explica Bustamante en su informe, la diferencia entre la idea de mecenazgo y la de patrocinio nunca ha llegado a clarificarse del todo. “La frontera nunca se ha establecido claramente: ambos han estado siempre muy unidos”, señala Bustamante. “Y la experiencia en países como EEUU o Reino Unido demuestra que tiene su precio: el mecenazgo va para las grandes obras, los grandes museos, los grandes espectáculos, pero difícilmente repercute en la innovación o en la creatividad cultural”. Para que funcionara, no solo el mecenazgo, sino todo incentivo fiscal, debería enfocarse pues en una dirección: la de la diversidad. 

No es lo mismo cultura que industria cultural

La tendencia a nivelar la idea de cultura con la de mercancía, aunque exponenciada por el neoliberalismo, hunde en España sus raíces en los años noventa de un socialismo cuyo pensamiento, dice Bustamante, se ha ido contaminando a lo largo del tiempo por lo económico. “Hay una confusión creciente entre la cultura como derecho y la cultura como recurso. Ejemplo de ello es el sistema actual de ayudas al cine, en el que el 70% van a para los que tienen más éxito y el 30% para la diversidad cultural”, subraya. “Se ha perdido el saber por qué apoyamos la cultura, que son los factores de rentabilidad social y de diversidad. La perspectiva, sin embargo, es cada vez más económica, y muchos expertos ya han dado la voz de alarma”.

Entonces, ¿qué hacemos?

Una vez resuelto el entuerto teórico (¿Qué es la cultura? ¿Qué queremos que sea la cultura? ¿Qué nos aporta la cultura?), quedaría aplicar las soluciones en la práctica. Bustamante lanza una serie de propuestas, divididas en “dos grandes abanicos”. En el primero entrarían: la bajada del IVA (“el ideal sería cero, pero al menos como estaba antes”); extender esa rebaja al mundo de lo digital y articular y reforzar el apoyo del Estado a través de un Consejo sectorial que actúe “en toda España, no cada autonomía por su cuenta”. En el segundo apartado entrarían dos grandes políticas: un Plan Estratégico para la cultura “de varios años, estable y con el objetivo de apoyar la diversidad”; y un Plan Industrial “que se enfrente a la transición digital, ambos con catálogos de buenas prácticas para que el Estado no meta las manos” en cuestiones como el contenido, la forma o el mensaje de las obras.

Los remedios, en resumen, se hallan en herramientas “que ya existen”, pero que siguen sin aplicarse. Instrumentos que, además, ya han demostrado su eficacia o inconveniencia en otros países, de los que se pueden extraer ejemplos. Con un Gobierno que se guía por “criterios absolutamente ideológicos, no de eficacia”; en un lugar donde “muchos directores de museos están nombrados a dedo” o “las comisiones que conceden subvenciones tienen unas concomitancias escandalosas con los políticos”, queda aún sin embargo un largo camino por recorrer. Cuanto antes se comience a andarlo, más y mejor se sortearán los peligros, que en ningún caso incluyen la desaparición total de la cultura, inherente a la inquietud humana. Sí los del “empobrecimiento de la oferta; la discriminación de los ciudadanos, que depende de donde vivan podrán acceder o no a la cultura; o el hecho de que generaciones enteras no lleguen a poder poner en práctica su creatividad, lo que restará riqueza y diversidad”.

El Gobierno de España aprobará para "finales de año" un borrador del anterpoyecto de Ley de Mecenazgo, que, según ha asegurado este viernes en Santander, el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, "no puede entenderse sin la desgravación fiscal".

De esta forma, y a preguntas de los periodistas en Santander, Lassalle ha rechazado que el Ministerio de Hacienda sea reticente a que la cultura desgrave, algo que, a su juicio, demuestra al "liderar" el proceso hacia la aprobación de una Ley de Mecenazgo.

"Hombre, si el secretario de Estado de Hacienda y la Comisión interministerial que lidera el Ministerio de Hacienda está en estos momentos regulando la aprobacion de un anteproyecto de Ley de Mecenazgo será porque cree abiertamente en el mecenazgo y, por tanto, no puede entenderse el mecenazgo sin la desgravacion fiscal", ha aclarado Lassalle.

Ley de propiedad intelectual

Tras participar en un curso de la UIMP, Lassalle ha sido cuestionado también sobre la reforma de Ley de Propiedad Intelectual y ha resaltado la "importancia" que, a su juicio, tiene "trata de sacar adelante lo antes posible" el anteproyecto.

Cuestionado sobre el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que, otros asuntos, abre la posibilidad de que la retirada voluntaria de un contenido en la red implique el valor de reconocimiento implícito de la infracción, el secretario de Estado de Cultura ha señalado que, antes de tomar una decisión, sobre si el texto recogerá esa medida, "habrá qué esperar" a ver qué dicen en sus resoluciones otros órganos consultivos implicados en la reforma de la Ley.

"Eso es lo que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial. Estamos pendientes de saber lo que dirá la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, lo que dirá el Consejo Económico y Social, lo que dirá el Consejo de Estado...", ha recordado Lassalle.

Según ha apuntado, una vez se "acopien" todas las resoluciones de los órganos consultivos sobre este asunto, el Gobierno "afrontará un nuevo proceso de consenso" sobre el texto para ser llevado otra vez a la Comisión de Subsecretarios antes de ser aprobado por el Gobierno y remitir el proyecto de ley al Congreso de los Diputados.

Respecto a la reforma, Lassalle ha opinado que el modelo que se está tratando de sacar adelante está "consensuado más o menos" con el conjunto sectores involucrados y "trata por todos los medios" de establecer un entorno que garantice una seguridad jurídica "en todos los sentidos.

Se trata, según ha señalado, establecer un "equilibrio" que garantice, por una parte, el derecho a la propiedad intelectual y, por otra, los derechos fundamentales relativos a la circulación de internet,

Por otra parte, ha añadido que se busca también que ese marco de seguridad jurídica que se tratará de crear permita la "consolidación" de los nuevos modelos de negocio que están surgiendo, como los libros digitales, y la explotación de los derechos de autor en la red.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha anunciado en el debate de política general que el Grupo Parlamentario Popular presentará una propuesta de resolución a través de la que solicitará al Gobierno una rebaja al 10 por ciento del IVA Cultural.

El presidente de la Junta ha realizado este anuncio en respuesta a una propuesta realizada por el portavoz del PSOE, Óscar López, en la que solicita una rebaja del IVA para las actividades culturales. Una medida que está "en consonancia" con las políticas culturales aplicadas por la Junta de Castilla y León.

Así, en su turno de réplica, Herrera recogió el guante y avanzó que una de las propuestas de resolución que mañana defenderá el PP ante las Cortes irá en este sentido. El presidente de la Junta de Castilla y León ha defendido la rebaja al 10 por ciento del IVA Cultural y ha confiado en que esta medida conlleve un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista. "Nuestra obligación es encontrarnos", ha concluido.

Precedente en el PP

No sería la primera vez que un gobierno autonómico dirigido por el Partido Popular pretende reducir el IVA cultural en su comunidad. El Gobierno de Extremadura, liderado por José Antonio Monago, aprobó en el mes de mayo un decreto de subvenciones para el fomento de actividades culturales, mediante la reducción del precio de la entrada en espectáculos –dotadas con una partida de 500.000 euros–, con el objetivo de "atenuar el impacto de la subida del IVA" realizada por el Ejecutivo central en septiembre del año pasado.

"Tengo una cruzada particular”, afirmó Monago, “que es la de conseguir que todos los gobernantes interioricen que la cultura es imprescindible para la recuperación económica de nuestro país y para levantar también el estado de ánimo de nuestro sociedad civil".

Andalucía: mecenas cultural

Por otro lado, El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó este martes dar luz verde al anteproyecto de la futura Ley de Mecenazgo que, entre otras medidas, apuesta por incentivar la adquisición y consumo directo de bienes y servicios culturales mediante deducciones del 15% en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) hasta un límite de 240 euros por actividades como la compra de libros o adquisición de entradas para el teatro o el cine.

En este sentido, el titular de Cultura, Luciano Alonso, defendió que la nueva norma que inicia su tramitación persigue "paliar" los efectos de la subida del IVA sobre el sector cultural, al que el Gobierno de la Nación "asfixia" con el tipo "más alto de la Unión Europea" mientras que "deja en un cajón" la Ley de Mecenazgo que prometía el PP en su programa electoral.

El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha señalado este martes, al respecto del anteproyecto de Ley de Mecenazgo de Andalucía aprobado por la Junta, que está encantado de verse "superado por la izquierda" en este sentido y ha confiado en que la medida sirva para acelerar la aprobación de una ley nacional.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de clausurar el I Congreso Internacional sobre Propiedad Intelectual, ha dicho que, desde un punto de vista personal, le "encanta" que la izquierda haya abierto ese camino y ha mantenido que es "un enorme acierto que tengan que ser las comunidades autónomas las que tengan que estar promoviendo una legislación sobre mecenazgo".

Además, se ha felicitado porque, según ha dicho, está convencido de que la normativa andaluza "contribuirá a que se despejen" los "problemas" que pesan en la aprobación de la ley para el conjunto de España.

Preguntado por si considera que la ley que, entre otras medidas, apuesta por incentivar la adquisición y consumo directo de bienes y servicios culturales mediante deducciones del 15 por ciento en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) hasta un límite de 240 euros, servirá para acelerar la normativa estatal ha respondido que espera que "sí".

La Junta de Andalucía ha defendido este martes que la nueva norma que inicia su tramitación persigue "paliar" los efectos de la subida del IVA sobre el sector cultural, al que el Gobierno de la Nación "asfixia" con el tipo "más alto de la Unión Europea" mientras que "deja en un cajón" la Ley de Mecenazgo que prometía el PP en su programa electoral.