Luces Rojas

Tratar la historia en serio

Julián Casanova

La historia deber ser estudiada, investigada, analizada y, aunque la opinión en torno a ella es libre y gratis, conviene tratarla con respeto y conocimiento.

Algo que no hacen quienes se empeñan en difundir, por diferentes altavoces de medios de comunicación, que la historia de España está marcada por guerras civiles y que los españoles somos todavía en la actualidad un claro reflejo de eso: “guerracivilistas”, un término difícil de explicar y traducir a los extranjeros.

Si en otros lugares de Europa el fenómeno de la violencia en el siglo XX –marcado por el holocausto, las guerras mundiales, el fascismo o el comunismo– se explica como un producto de la modernidad, de la aplicación de la industria y de la tecnología al servicio del crimen y de la destrucción, entre nosotros sería una especie de pecado ancestral y primitivo que corre por nuestra sangre.

El interés de algunos historiadores por documentar, cuantificar y explicar la violencia durante la guerra civil y la dictadura de Franco ha servido de excusa a otros, que no son historiadores pero pasan muchas horas hablando de historia en los medios, para resucitar el espectro del “guerracivilismo”. Muerto Franco y desaparecida ETA, vivimos sin duda en el período de menor violencia política de nuestra historia contemporánea, pero hay que transmitir a la opinión pública la idea de que cualquier mirada libre a ese pasado de asesinatos, tortura y tiranía –en vez de mirar al futuro– es una muestra de la inclinación de los españoles a la guerra civil y a la destrucción fratricida inherente a ella.

Habría que dejar claras tres cosas que nada tienen que ver con esa supuesta obsesión:

1. La guerra civil dejó cicatrices duraderas en la sociedad española. El total de víctimas mortales se aproximó a 600.000, de las cuales 100.000 corresponden a la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 a la violencia en la zona republicana.

Tras el final oficial de la guerra civil, el 1 de abril de 1939, la destrucción del vencido se convirtió en prioridad absoluta. Comenzó en ese momento un nuevo período de ejecuciones masivas y de cárcel y tortura para miles de hombres y mujeres. Al menos 50.000 personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1946.

De lo que se trata ahora es de conocer las circunstancias de la muerte y el paradero de miles de personas a las que nunca se registró, abandonadas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, en los ríos, en pozos y minas, o enterradas en fosas comunes. Asesinados sin procedimientos judiciales ni garantías previas hubo también miles en la zona republicana y aunque a casi todos ellos se les registró y rehabilitó después de la guerra, las excepciones a esa regla merecen también ser conocidas.

En vez de permitir que ese pasado de degradación y asesinato político se investigue, de intentar comprender y explicar por qué ocurrió, condenarlo y aprender de él, hay quienes prefieren hacer desaparecer el recuerdo, el verdadero rostro de esa dictadura asesina.

2. Es un alivio vivir sin Franco y su dictadura, pero algunos siguen actualizando sus mentiras sobre ese pasado, una mezcla de propaganda y justificaciones políticas. No es posible congelar esas cuatro décadas de nuestra historia, con muchos de sus actores todavía vivos, las víctimas sin compensar y con los apologetas de Franco y su dictadura vociferando a sus anchas en algunos medios de comunicación.

El Valle de los Caídos fue suyo en vida y continúa siéndolo tras su muerte, incapaces los Gobiernos democráticos de establecer una política coherente de gestión pública de esa historia. Las miradas libres a ese pasado traumático y la reparación política, jurídica y moral de las víctimas de la violencia franquista generan el rechazo y el bloqueo de poderosos grupos bien afincados en la judicatura, en la política y en los medios de comunicación. Por eso es tan importante sacar sus restos de allí y convertir el Valle de los Caídos, ideado por el dictador para inmortalizar su victoria en la guerra civil y honrar a los muertos de su bando, en un lugar de memoria de lo que significó la simbiosis entre la espada y la cruz, Franco y la Iglesia católica.

3. La lucha por la información, la verdad y el rechazo del olvido deberían ser señas de identidad de nuestra democracia. Pero además de difundir el horror que la guerra y la dictadura generaron y de reparar a las víctimas durante tanto tiempo olvidadas, hay que convertir los archivos, museos y la educación en los tres ejes básicos de la política pública de la memoria.

Guerra, victoria, dictadura

Sin archivos, no hay historia. Sin embargo, los archivos no suelen aparecer en el debate sobre la memoria histórica. Y aunque los tiempos han cambiado, persisten algunos vicios en la gestión pública de los documentos escritos. Se le da más importancia a la propiedad que al valor de uso, de forma que algunas instituciones y personas consideran los documentos suyos, y bastantes archivos y hemerotecas, como bien saben y denuncian los profesionales que trabajan en ellos, poseen recursos y medios muy insuficientes.

Hay que recopilar y preservar todos los documentos y testimonios de ese pasado y ponerlos al servicio del investigador. Y los fondos documentales de la Fundación Nacional Francisco Franco, gestionados ahora por la ultraderecha y la familia del dictador, circunstancia que sería impensable en Alemania o Italia, deberían ser de uso público.

No hay una única visión del franquismo. La historia de la Segunda República, de la Guerra Civil y de la dictadura franquista se ha convertido en un campo de batalla de diferentes interpretaciones. La tarea de repensar continuamente esa historia la tenemos ahí, demandada por muchos ciudadanos. E ilustrar libremente a los ciudadanos sobre su pasado puede traer importantes beneficios en el futuro, siempre y cuando esa educación histórica no se base en la apología de la dictadura y del crimen organizado. _________Julián Casanova es miembro del Institute for Advanced Study de Princeton.

Más sobre este tema
stats