El Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real) ha confinado el módulo número 10, en el que se encuentran cumpliendo condena el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, por un brote de covid-19, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias. Este confinamiento llega después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acordara nuevas medidas contra el covid en esta prisión, que suma ya 32 positivos, en su mayoría asintomáticos.

Las medidas adoptadas, que tendrá una vigencia inicial de dos semanas, implican la suspensión de todas las comunicaciones --ordinarias y especiales-- y de todas las salidas de permiso, salvo por causa de fuerza mayor, situación de necesidad, por razones judiciales o sanitarias imprescindibles.

Así las cosas, sólo se permitirá el acceso al personal funcionario y laboral, como al personal extra penitenciario cuya labor sea indispensable.

Estas disposiciones se adoptan tras observar un aumento de casos entre los internos, debido a la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de proteger la salud de los empleados penitenciarios así como la de los internos, considerado colectivo vulnerable.

Por su parte la asociación profesional 'Tu abandono me puede matar' había criticado con anterioridad que no se realizaran pruebas PCR a los funcionarios de esta prisión que han tenido contacto con presos confirmados con coronavirus.

Todos los reos aislados habían pasado por el departamento de ingresos, donde se les toma las huellas, se cachean sus pertenencias, se registra su persona por palpación y posteriormente pasan al módulo 9 donde están aislados 14 días mientras se les hacen las PCR.

La junta de tratamiento del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) ha propuesto conceder el tercer grado o la semilibertad a Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, según informa Europa Press de acuerdo a fuentes penitenciarias.

El ex dirigente del PP cumple condena de cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas 'black' y está a la espera de conocer la sentencia por la salida a bolsa de Bankia. La propuesta de elevar de segundo a tercer grado a Rato le permitiría salir de prisión a trabajar, y sólo tener que regresar a dormir de lunes a jueves. Fue aprobada este miércoles por la junta de tratamiento y ahora tiene que ser refrendada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Rodrigo Rato, de 70 años, ingresó en la prisión madrileña a finales de octubre de 2018 y hasta ahora era el único de los 15 condenados que ingresaron en prisión por las tarjetas 'black' que continuaba en el régimen ordinario. Hace dos meses salió de prisión para disfrutar de dos permisos de seis días cada uno concedidos por la Audiencia Nacional, que lo autorizó atendiendo al buen comportamiento y al no apreciarse riesgo de fuga.

Desde principios de diciembre de 2019, cuando llevaba algo más de un año en la cárcel, Rato ya podía empezar a pedir permisos ordinarios al haber cumplido una cuarta parte de esta condena, aunque en paralelo está a la espera de que se publique la sentencia por la salida a bolsa de Bankia, un caso en el que la Fiscalía Anticorrupción elevó su petición inicial para solicitar otros ocho años y medio de cárcel.

Al ingresar en prisión, el exvicepresidente pidió perdón. "Acepto mis obligaciones con la sociedad y asumo los errores que haya cometido. Pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas", dijo ante la prensa a las puertas de Soto del Real.

Debido a la pandemia de coronavirus, el Ministerio del Interior ha suspendido los permisos de salida y también las comunicaciones físicas de todos los presos. Además, la dirección de Soto del Real aisló de forma preventiva hace unos días el módulo 10 donde cumplen condenan Rato y otros presos como el extesorero del PP Luis Bárcenas o el exconsejero madrileño Alberto López Viejo tras detectar un positivo.

Carlos García Juliá, uno de los asesinos de la matanza de los abogados de Atocha en 1977, ha llegado este viernes a primera hora a Madrid después de que tres agentes de la Policía Nacional se trasladaran a Brasil para custodiar su extradición. Tras aterrizar en el Aeropuerto de Barajas, ha sido trasladado a la cárcel de Soto del Real, en Madrid.

Reclamado por la Audiencia Nacional, García Juliá (1955) fue condenado el día 29 de febrero de 1980 por la Sección Primera de la Sala de lo Penal a 193 años de prisión como autor material de cinco delitos de asesinatos consumados y cuatro frustrados en la noche del 24 de enero de 1977.

Ese día, García Juliá y otras dos personas irrumpieron en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid, abriendo fuego contra los presentes con pistolas de calibre 9 mm parabellum.

A García Juliá se le concedió la libertad condicional el 23 de octubre de 1991. Después, el Tribunal accedió a otorgarle la autorización de salida de España para aceptar una oferta de trabajo en Paraguay, debiéndose presentar mensualmente en la Embajada española en aquel país. Una vez allí, rompió las obligaciones de su libertad condicional, por lo que se le declaró prófugo el día 14 de agosto de 1996.

Detención en Bolivia y huida: 20 años desaparecido

Posteriormente, fue detenido en Bolivia el día 17 de junio de 1996, donde se le condenó a una pena de prisión de seis años por un delito de tráfico de estupefacientes. Cuando el día 29 de noviembre de 2000 llegó la solicitud de extradición de la Audiencia Nacional a Bolivia, el preso ya se había fugado aprovechando un beneficio penitenciario un año antes para no presentarse ante un juzgado de vigilancia penitenciaria de La Paz.

A partir de esa fecha, y durante los siguientes veinte años, se le perdió la pista. Fue en agosto de 2018 cuando las pesquisas llevaron a la Policía Federal Brasileña a localizar a García Juliá. Unos meses después, en diciembre, el asesino fue detenido en Sao Paulo, donde vivía trabajando como conductor en una empresa de VTC.

Localizado en Brasil, donde trabajaba como conductor de VTC

Al oponerse a la extradición, el procedimiento se dilató trece meses por los sucesivos recursos y apelaciones que ha ido ejerciendo la defensa ante las autoridades judiciales brasileñas, alegando la prescripción del delito, defectos en la doble incriminación y el tiempo de cumplimiento de prisión en Bolivia.

Después de cumplimentar los trámites, tres agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la OCN Interpol, han custodiado la extradición desde Brasil de García Juliá, que ha aterrizado a primera hora de este viernes en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez

Triunfo de "la Democracia y la Justicia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este viernes la García Juliá. "Hoy la Democracia y la Justicia vuelven a triunfar", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, que ha recordado que la "matanza no pudo frenar el deseo de libertad de toda una sociedad".

"Hace 43 años mató a 5 personas en el atentado de Atocha. Hoy llega a Madrid uno de sus asesinos, Carlos García Juliá, tras ser extraditado por Brasil", ha escrito Sánchez.

El exconseller Josep Rull ha lamentado que las celdas de la prisión de Soto del Real (Madrid), donde han sido trasladados los presos soberanistas para esperar el inicio del juicio por el 1-O, son "auténticas neveras".

En un apunte en Twitter este martes recogido por Europa Press, ha señalado que el frío es uno de sus "peores enemigos", ya que en la prisión, que ha recordado que está cerca de la Sierra de Guadarrama, solo hay calefacción dos horas al día, ha asegurado. "Muchos internos nos dicen que después de comer se meten directamente en la cama. Inaudito", ha añadido.

Las defensas piden aplazar el juicio

El abogado del diputado de JxCat y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, Jordi Pina, ha pedido suspender el juicio por el 1-O durante tres semanas para poder estudiar las pruebas aceptadas de cara al juicio.

En un escrito recogido este martes por Europa Press, ha señalado que el plazo de tres semanas debe empezar a contar cuando la totalidad de los documentos lleguen a la Sala, para garantizar "el efectivo ejercicio de defensa" de sus representados y del resto de partes.

Además, alerta de que desde hace cuatro días se está impidiendo a los acusados el acceso a los ordenadores en cuyo disco duro tienen grabados el sumario, con miles de folios y archivos de vídeo, además de "abundantes documentos de trabajo confidenciales", ha señalado. Pina ha recordado que el propio Tribunal Supremo lo autorizó en una providencia el 30 de enero, ya los usaban el centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) y compraron los ordenadores estando privados de libertad.

"Son equipos que cumplen con todas las medidas de seguridad que la legislación penitenciaria exige", habiendo sido trasladados directamente de un centro penitenciario a otro y sin que terceras personas hayan podido manipularlos, apunta.

El abogado ha detallado que no se les ha facilitado la documentación de la causa en papel sino únicamente en forma digital, por lo que impedir que los acusados accedan a estos archivos informáticos a una semana del juicio "comporta una evidente y ya efectiva vulneración de su derecho de defensa".

Pina ha requerido que los responsables de la prisión de Soto del Real (Madrid), donde se encuentran ahora, "se abstengan de hacer cualquier tipo de manipulación" del material electrónico que contienen los ordenadores.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el proceso independentista en Cataluña, insistió este jueves en que la decisión sobre el posible acercamiento a prisiones catalanas de los líderes soberanistas que están en prisión corresponde a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, informó Europa Press.

Así lo manifestó Llarena en una providencia en la que contesta a la petición cursada por las defensas de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart de ser trasladados, "por razones de vinculación familiar", a las prisiones de Quatre Camins, Brians II, Girona mujeres y Barcelona mujeres.

En concreto, el magistrado instructor responde a los escritos que remitieron al Supremo los directores de las cárceles donde están encarcelados estos cuatro procesados, Alcalá-Meco y Soto del Real, ya que son Forcadell, Bassa y los Jordis los que cursaron su petición a través del Ministerio del Interior.

En los escritos enviados al alto tribunal, los directores de los centros penitenciarios quieren saber si hay o no algún tipo de inconveniente para proceder al traslado de los presos. "No existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación", explica el juez en su providencia.

Esta es la primera respuesta que dio Llarena a las solicitudes cursadas por los nueve procesados en la causa del procés que están en prisión provisional para que puedan ser trasladados a cárceles catalanas ahora que la instrucción está prácticamente finiquitada.

Falta la respuesta a los de Estremera

Así, el juez contestó a las direcciones de Soto del Real, donde están Sánchez y Cuixart, y Alcalá-Meco, donde se encuentran Forcadell y Bassa. Todavía está pendiente de responder a las peticiones que lleguen desde la prisión de Estremera, en la que están encarcelados Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull.

En un auto de hace dos semanas en el que denegaba la libertad de Junqueras, Forcadell y Romeva, el instructor ya avisaba de que carece de competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer los líderes independentistas investigados que se encuentran en prisión preventiva.

Apoyándose en la jurisprudencia del Supremo, Llarena explicaba que a los órganos penitenciarios les corresponde organizar, gestionar y fijar la actividad y ubicación de los presos en los establecimientos, "lógicamente debe serles reconocida como función propia la distribución de los penados", ya que son ellos los que conocen la naturaleza de los centros y el número de plazas existentes.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha visitado este martes en la cárcel al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al diputado de JxCat en el Parlament Jordi Sànchez, que "no deberían estar en la cárcel".

En una entrevista del canal 3/24 recogida por Europa Press, ha dicho que "no es sensato que en España tenga que haber presos políticos", por lo que él va a intentar contribuir al diálogo.

Ha estado una hora con Cuixart y unos minutos con Sànchez, con quienes ha hablado de su situación personal y de la situación política tras el cambio de gobierno en la Generalitat y en la Moncloa.

Tenía previsto verse con Cuixart pero ha coincidido con que la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, que visitaba a Sànchez: al estar en habitaciones paralelas, ha podido hablar con Sànchez.

Ha dicho que hace tiempo que quería visitarles en Soto del Real —sobre todo a Cuixart por ser un "referente moral para Catalunya"— pero cree que debía esperar el momento adecuado, que es ahora porque el consenso político ha echado al PP del Gobierno, ha justificado.

Sobre los demás presos soberanistas, ha dicho que también le gustaría visitarlos, porque "es muy importante que haya diálogo y que los presos formen parte de ese diálogo".

Quizá pronto en las cárceles catalanas

Iglesias pide su libertad, aunque ya celebra que puedan acercarse a cárceles catalanas, y ha constatado que esta decisión no corresponde al Gobierno, sino a los jueces, aunque el Ejecutivo central puede ayudar y le consta esa intención del presidente Pedro Sánchez.

"Calculo que en torno a septiembre o a octubre, a la vista de como están evolucionando las diligencias, esta situación se podría dar", ha dicho, y ha añadido que la distensión debe ser una consecuencia de que el PP ya no gobierna.

"Presos de conciencia"

"En Europa no se ve con buenos ojos que haya presos de conciencia en nuestro país", ha advertido.

Sobre su reunión del lunes con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado que "entiende que la situación no permite vías unilaterales".

Pero ha defendido que "en una mesa de diálogo todas las cuestiones tienen que estar encima de las mesa" aunque el Gobierno central no esté de acuerdo con una vía que se plantee, y ha apoyado que Sánchez rechace la autodeterminación, pero cree que esa posibilidad debe debatirse.

"Me consta que el Govern de la Generalitat no apuesta por vías unilaterales equivalentes a las que se produjeron el año pasado", ha reiterado, y lo considera una buena noticia porque contribuye a la distensión.

Pablo Iglesias agradece al Gobierno las gestiones para facilitar el encuentro

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha agradecido al Gobierno de Pedro Sánchez las gestiones que han hecho para "facilitar" su encuentro de este martes en la cárcel de Soto del Real de Madrid con el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

"Hemos sido recibido como autoridades, y no hemos hablado a través de un cristal. Hemos estado en una sala, y se lo debemos a las gestiones que ha hecho el Gobierno español", ha asegurado Iglesias en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

"Tengo que darle las gracias por las gestiones que ha hecho el Gobierno con instituciones penitenciaras para facilitar este encuentro", ha enfatizado Iglesias, quien ha insistido en que informa a Sánchez de todos sus "movimientos", para permitir que la vía del diálogo para resolver el conflicto catalán avance frente a la judicial.

Tal y como habían anticipado fuentes del Tribunal Supremo, el juez instructor de la causa contra el procés independentista decidió este viernes no dar permiso a Jordi Sànchez, procésdiputado de Junts per Catalunya encarcelado en la prisión madrileña de Soto del Real desde hace 143 días, para que el lunes pudiese acudir a la sesión de investidura a la que había sido convocado por el Parlament y en la que estaba previsto que defendiese su candidatura a la Presidencia de la Generalitat. La Cámara catalana reaccionó el viernes por la tarde, pocas horas después del auto de Llarena, aplazando el pleno de investidura de Sànchez hasta que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), órgano judicial ante el que recurrirá el candidato.

Es la segunda vez en cinco semanas que la justicia, primero el Tribunal Constitucional (TC) y ahora el Supremo, impiden que la Cámara catalana pueda celebrar la sesión de investidura con el candidato propuesto por la mayoría soberanista nacida de las elecciones del 21D. Y la primera vez en la historia democrática de España que una decisión judicial impide a un Parlamento decidir la Presidencia de su comunidad autónoma. 

Primero fue el TC quien, a petición del Gobierno de Mariano Rajoy, anuló preventivamente la posibilidad de que Carles Puigdemont, huido en Bélgica para eludir la acción de los jueces españoles, pudiese defender de forma no presencial su investidura. Pero en el caso de Puigdemont en ningún momento llegó a pedir permiso judicial para acudir a la cita parlamentaria. Ahora es Llarena quien impide el debate para elegir presidente negando a Sànchez el traslado bajo custodia al Parlament para pronunciar su discurso y someterse a la votación de la Cámara.

El contexto político

El auto del juez es extraordinariamente duro con Sànchez, sobre cuya conducta en el futuro hace un “claro pronóstico de reiteración delictiva”. Existe, en su opinión, una “posibilidad razonable” de que se reproduzca el ataque que le atribuye haber cometido contra el ordenamiento jurídico y de que esa eventualidad “pueda confluir de nuevo” con la voluntad del candidato de JxC “de sumarse a la ejecución delictiva desde cualquier tarea o función”.

Tal es su convencimiento, que Llarena da a entender que quien fuera encarcelado cuando todavía era presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) debe permanecer en prisión mientras se mantenga “la existencia de un contexto político en el que concurren todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse la independencia de Cataluña de manera inmediata”, “perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales” y poniendo en marcha “ilegalmente una legislatura constituyente”.

Una vez más, el juez no da ninguna credibilidad a la promesa de Sànchez de respetar la Constitución y el Estatuto. Es “un compromiso impreciso, arriesgado e incierto” si se tiene cuenta “su negativa a reconocer la autoridad judicial del Estado”, “las incompatibles proclamas que el encausado ha venido dirigiendo a su electorado” y “un debate de legislatura (sic) que no rechaza impulsar la efectividad de la república secesionista”.

“Se observa que no se han desvanecido los elementos objetivos que configuran el riesgo de que el encausado persevere en alcanzar su objetivo” de “lograr la independencia de Cataluña” utilizando, entre otros instrumentos, “una importante movilización ciudadana que forzara al Estado a aceptar una nueva república”.

Pertenecer a JxC aumenta el riesgo de delinquir

¿De dónde saca el juez esa conclusión? De su pertenencia a JxC. “El señor Jordi Sánchez”, subraya el auto, “se integró recientemente —como candidato destacado— en una lista electoral que se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república”.

En el mismo sentido, el juez deduce que Sànchez “ha revalidado su compromiso delictivo” porque se integró “en una candidatura [Junts per Catalunya] que proclama precisamente continuar ejerciendo el método de actuación que se enjuicia [conseguir la independencia de Cataluña de manera ilegal] y porque “ha reflejado una determinación tan obcecada que su acción delictiva nunca se detuvo ante el riesgo de que pudiera conducir a un violento estallido social, con posibles e irreparables consecuencias físicas en los sujetos afectados y con relevante repercusión en la convivencia del grupo social”.

El magistrado obvia que JxC se presentó a las elecciones del pasado mes de diciembre porque ni el Gobierno ni la Fiscalía pidieron su ilegalización –lo que deberían haber hecho si creían que esa lista incumplía la Ley de Partidos– y que por tanto concurrir en las candidaturas de JxC era plenamente legal.

Llarena sostiene que “los derechos subjetivos de toda la población” están por encima de “la libertad del encausado y del derecho de sufragio pasivo que le corresponde”, así como del “derecho de parte de los electores a que su representación política sea asumida por Jordi Sànchez”, sobre todo porque cuando se presentó ya estaba en prisión y en aquel momento “no ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama”.

El juez, que apenas unos párrafos antes había deducido el riesgo de reiteración delictiva de Sànchez de su pertenencia a una candidatura, JxC, que persigue la independencia de manera ilegal, no duda después en asegurar que en Junts per Catalunya hay otros diputados “con el mismo” apoyo electoral “en los que no se aprecian los riesgos colectivos” que sí ve en el expresidente de la ANC. El debate de investidura, razona Llarena, “no debe poner en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección”.

El precedente del etarra Yoldi no vale

El auto rechaza expresamente que los motivos que llevaron a permitir al etarra Juan Carlos Yoldi defender su investidura sean de aplicación a Sànchez. Según su razonamiento, no había riesgo de que el miembro de ETA reiterase en el Parlamento vasco los delitos de los que estaba acusado —pertenencia a banda armada y depósito de armas—, ni siquiera aunque lograse un “eventual apoyo mayoritario”.

Sin embargo, en el caso del candidato de JxC, el juez sí hace un “claro pronóstico de reiteración delictiva” porque existe “una posibilidad razonable de que se reproduzca el ataque al bien jurídico” y, en esa circunstancia, puede darse de nuevo “la voluntad” de Sànchez “de sumarse a la ejecución delictiva desde cualquier tarea o función”, porque “siempre contempló perseverar en la estrategia y en los objetivos, aún en el supuesto de que el Estado interviniera las instituciones” catalanas, “como ha acontecido”.

Permitir la investidura es “favorecer” el delito

El ejercicio del derecho a defender el lunes en el Parlament su candidatura a la Presidencia de la Generalitat, concluye Llarena, “no supone sino favorecer la reiteración que trata de conjurarse, visto que la actividad delictiva que se investiga se desplegó precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente”.

Y aunque el juez dedica varios párrafos a señalar que el traslado de Sànchez no es un problema de orden público, acaba diciendo que “la conducción vigilada que se peticiona no aporta la contención precisa para un traslado seguro”.

La defensa de Sànchez anunció inmediatamente que el próximo lunes presentará un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para pedir la liberación del candidato. Fuentes próximas al letrado que representa al número dos de JxC explicaron a Europa Press que la notificación del auto de Llarena llegó al bufete a las 16.35 horas, 32 minutos después del cierre de la oficina de tramitación del TEDH, una circunstancia que no consideran casual porque dificulta pedir al alto tribunal europeo que adopte medidas cautelarísimas con el fin de que Sànchez fuese excarcelado a tiempo de acudir este lunes a su investidura.

En el escrito en el que pedía su liberación, el defensor de Sànchez ya advertía de que una decisión contraria, como la que se ha acabado confirmando, “situaría a España ante un posible riesgo de condena futura por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

No permitir a Sànchez acudir a la sesión de investidura a la que ha sido convocado por el Parlament tiene, en opinión del letrado defensor, “graves e irreparables efectos en el normal funcionamiento institucional de la Generalitat de Cataluña”, dado que se está “impidiendo la investidura del candidato que cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara. Se está lesionando gravemente el derecho de Cataluña a su autonomía”.

Impedirle acudir a la sesión supone “una grave alteración, sin precedentes desde luego en el régimen constitucional vigente, de la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos catalanes en las elecciones del pasado” 21 de diciembre y “un grave daño para la credibilidad nacional e internacional de un ordenamiento constitucional que dice estar basado en valores como la democracia, la libertad y el pluralismo político”.

Un preso acuchilló en el cuello a otro durante la misa celebrada este domingo en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) en presencia del líder de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, encarcelado por orden de la Audiencia Nacional investigado por un delito de sedición, han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

Estas fuentes precisan que Jordi Sánchez se encontraba en la zona habilitada para celebrar las misas de los domingos en Soto del Real, aunque alejado del lugar donde se produjo la agresión. Tras la intervención de los funcionarios, la víctima fue trasladada a un hospital en helicóptero para recibir asistencia médica especializada.

"Se trata de un hecho aislado que ha sido controlado en el acto por los funcionarios presentes en el lugar", han explicado a Europa Press fuentes penitenciarias. La celebración de la misa en prisión es un acto público al que cualquier preso tiene derecho asistir y habitualmente congrega a numerosos internos.

Tanto el agresor como la víctima son presos preventivos, ambos de nacionalidad dominicana, vinculados a bandas latinas. Los hechos sucedieron sobre las once de la mañana cuando medio centenar de internos se habían sentado y se disponían a escuchar misa.

En ese momento, uno de ellos, que se encontraba ingresado en un módulo de reincidentes, sacó un cuchillo de plástico al que había pegado varias cuchillas de afeitar, según confirman otras fuentes consultadas por Europa Press, agrediendo en el cuello al otro interno.

Entre los presentes, aunque alejado de la zona de la agresión, se encontraba Jordi Sánchez, que ingresó en Soto del Real el pasado 16 de octubre junto con el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El 3 de noviembre, en el marco de la investigación por los delitos de rebelión, sedición y malversación, la juez Lamela envió a prisión al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a otros siete exconsellers, aunque en este caso ingresaron en las cárceles de Estremera (los varones) y Alcalá-Meco (las mujeres).

Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de la Generalitat de Cataluña, no ha recurrido la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) tras trapichear reiteradamente con tarjetas de teléfono de otro interno en el módulo 4 de esta prisión, han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

El hijo mayor de Jordi Pujol ha sido castigado formalmente 60 días por utilizar los códigos de teléfono de otro preso, W.A.O.L, que fue tiempo atrás su compañero de celda. Este interno ingresó en 2016 en Soto del Real y manifestó ante la Jefatura de Servicios que cedió a las exigencias de Pujol Ferrusola, con quien reconoce que "discrepaba en muchos aspectos".

El compañero de celda de Pujol Ferrusola explicó ante los responsables de Soto del Real que ambos discutían, por ejemplo, cuando veían la televisión, ya que el hijo del expresidente catalán le "coaccionaba para cambiar de canal cuando salían informaciones relativas a España".

A pesar de que fueron separados de celda, luego accedió a cederle parte de su cupo de llamadas (diez por semana) y, a cambio, Pujol Ferrusola le regaló una tarjeta de teléfono de cinco euros y otra con saldo ya utilizado.

El intercambio de tarjetas de teléfono es un comportamiento irregular dentro del régimen disciplinario de los centros penitenciarios, de ahí que el hijo mayor de Pujol haya sido castigado una vez que los funcionarios lo sorprendieron el pasado 7 de agosto llamando con códigos de teléfono de otro interno en las cabinas de la planta primera y segunda del módulo cuatro, a pesar de que él ocupa celda en la primera.

Pujol Ferrusola reconoció los hechos ante los funcionarios de la prisión tras ser pillado in fraganti en el uso de los códigos de otro preso. No obstante, esa misma tarde volvieron a sorprenderle haciendo uso de los códigos de otro preso.

Por estos hechos, el hijo mayor de Pujol ha sido sancionado con dos faltas graves que implican la suspensión de actos recreativos durante 60 días. En este tiempo no podrá disfrutar de actividades culturales ni deportivas. Las dos faltas se han justificado por incumplir sus obligaciones como interno y por haberse concertado de forma fraudulenta con otro interno.

Dentro de estas instalaciones penitenciarias pernoctan, o han pernoctado, personajes de la talla de Ignacio González, Luis Bárcenas, Sandro Rosell, Mario Conde, Jordi Pujol Ferrusola, Francisco Correa, Miguel Blesa, Gerardo Díaz Ferrán. Muy fan.

Fijándose en la concentración de personajes “famosos”, algunos medios han bautizado a Soto del Real como “la cárcel VIP”. Podríamos poner voz de Milá para decir solemnes: “¡La Audiencia ha decidido que entran en la casa de Soto... casi todos los que tienen que cumplir prisión preventiva!”.

La razón oficial es que así están más cerca de la Audiencia Nacional para declarar.

Y la popularidad de sus habitantes le confiere un halo de alto standing al lugarstanding. Decir “Soto”, cuando te refieres al mundo de la prisión, es ya como decir “La Finca”, si hablas de urbanizaciones habitadas por famosos.

Pero... ¿qué sucede cuando reúnes a un grupo de personajes conocidos y los encierras juntos durante un tiempo? Si hablamos de Gran Hermano VIP, sucede que todo se magnifica, eso cuentan ellos.  Las emociones se amplifican en cautividad y los concursantes de la casa de Guadalix ríen, lloran, discuten a gritos o se entregan fogosamente al edredoning...

En Gran Corrupto VIP no sabemos si todo se magnifica o si, por el contrario, se minimiza la angustia individual. Debe de resultar confortable compartir estancia con seres afines que se han pasado la ley por el mismo sitio que uno...

Sobre el edredoning, voy a ponerme en modo exministro de Aznar testificando en Gürtel, diré que “No me consta”. En realidad me importa un pito lo que hagan entre las sábanas, esto lo añado en modo Martos.

Pero hay un roce entre las celebrities de la casa de Soto que sí me preocupa y hasta me escandaliza, sin ser yo militante de la castidad ni nada de eso...

Es el roce de negocios que se produce en ese patio tan particular. Según publicaba la semana pasada El Confidencial, la UDEF ha detectado una trama VIP montada en prisión. ¿A que ya no soy la única escandalizada? ¿A que a ustedes también se les ha escapado un “oyoyoy”?

Partiendo de esta información, a los tan conocidos pareados sobre la permanencia del talento o de la belleza, “el que tuvo retuvo”, “genio y figura hasta la sepultura”, podríamos añadir un tercero, yo propongo:

  “Mira qué chula anda la corrupción

por el patio de prisión”.

Según la información que firma José María Olmo, José Luis Aneri, reincidente y uno de los nombres que ya suenan con fuerza en el chanchullismo ibérico –detenido el pasado 24 de mayo por una trama de presunto fraude en los cursos de formación de la Comunidad de Madrid y detenido el pasado mes de febrero “el que tuvo retuvo”–, vivió en Soto una First date que dio lugar a una bonita relación.

Además de Aneri y el prestamista Antonio Arroyo, al que llaman “el gran  usurero”, apodo de artista, fue detenido Iván Losada Castells, condenado por la estafa de Marsans. Un trío muy sugerente...

Los agentes se preguntaban cómo habían conectado José Luis e Iván, que procedían de tramas diferentes. Y resulta que la chispa surgió en el patio de esa cárcel tan frecuentada por el famoseo de la corrupción. Hace tres años, estos figuras compartieron módulo y, al parecer, allí surgió una amistad muy productiva...

Me imagino un atardecer en Soto, con el viento de la sierra de Guadarrama moviendo los cabellos de José Luis e Iván. Aneri, poseído por el espíritu de Tom Cruise en Jerry Maguire, mira fijamente a los ojos vidriosos de Losada y le dice: “Tú me completas”. La piel de gallina.

No es esta la única parejita que pasea su idilio por Soto.  Por lo visto, Rosell y Pujol Ferrusola pasan mucho tiempo juntos. Normal, tienen tanto en común, seguro que se pasan las horas comentando el juego del Barça.

¡Claro, no se van a poner a hablar de su afición por el blanqueo, de sus negocios en África y Sudamérica! No. Sandro y Jordi suelen coincidir en misa y en eventos deportivos, como señores de bien que son. Amén.

Cuenta un “imputado múltiple” –esto lo pilla Shyamalan y se marca una obra maestra–, que la cárcel sirve para “refrescar agenda”. Según la experiencia de esta fuente de del Olmo, que ya está en libertad, en Soto tienes a mano un montón de gente útil para tus businessbusiness, “el que tiene sociedades, el que sabe cómo sacarte del país, el que te ofrece un pasaporte falso...” y mucho tiempo para hablar de “eso”. Remata el exrecluso múltiple: “¿De qué vamos a hablar si no, de tías? Pero si no hay...”. Ay.

Es lunes, en Soto también. Un día de trabajo para esos VIP que se reunirán con sus homólogos y continuarán con la faena. El patio de prisión se une a la práctica del coworkingcoworking. Muy fan.

Les debemos tanto a estos seres incansables, que no cejan en el empeño de animar el cotarro nacional...

Deberíamos imprimir una versión de la famosa camiseta, con el concepto del archifamoso DJ francés: F*** me I’m famous David Guetta & friends, que diga:

Fuck you, I’m famous Soto Nights.  

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se encuentra en un módulo en la cárcel de Soto del Real sin medidas antisuicidio y sin comunicaciones intervenidas, han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

Gozález comparte celda con su hermano Pablo, también encarcelado en la Operación Lezo, lo que ha sido un elemento importante que han tenido en cuenta los técnicos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que han examinado al supuesto cabecilla de la trama corrupta relacionada con el desfalco del Canal de Isabel II para descartar aplicarle el protocolo antisuicidios. Además, su situación anímica es buena por el momento.

Ignacio González permanece desde el viernes por la noche en el módulo de ingresos de Soto del Real, después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenara su encarcelamiento. El exjefe del Ejecutivo madrileño, que fue detenido el miércoles en el inicio de la Operación Lezo, pasó también dos noches en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos.

El fin de semana lo pasó en la estancia de ingresos y realizó varias llamadas a la familia. Este lunes ya pasó al módulo 1, adaptado a gente de edad avanzada. El expresidente no tiene las comunicaciones intervenidas, por lo que puede recibir correspondencia normalmente.

Como es habitual con todos los presos, los funcionarios de Soto del Real hicieron entrega a Ignacio González de un folleto con el reglamento y el horario de una de las cárceles que cuenta con instalaciones más modernas. La prisión fue construida en 1995 y dispone de unas mil celdas, de las que una treintena corresponden al módulo de ingresos y el resto a celdas ordinarias.

Tras su identificación el viernes y registro en el libro de ingresos, se le tomaron las huellas dactilares y se le hizo una fotografía. Acto seguido se le entregó ropa de cama y otros elementos básicos para su aseo personal.

Soto del Real cuenta con celdas de diez metros cuadrados que disponen de baños propios, mesa de estudio y ducha. Se trata de celdas para dos personas, que duermen en litera. Los internos cuentan además con la posibilidad de adquirir un televisor. El centro está dotado de espacios comunes como un polideportivo, un salón de actos, una capilla y diferentes habitaciones donde se realizan talleres.

Soto del Real es la prisión habitual de ingreso para los investigados por corrupción en la Audiencia Nacional, aunque transcurrido un tiempo pueden pedir un traslado. Aquí ingresaron los cabecillas de la trama Gürtel, Miguel Blesa o Gerardo Díaz Ferrán, entre otros.

Tal y como establece la ley, la secretaria judicial ha sido la encargada de verificar que las cantidades depositadas cubren la fianza, así como la titularidad de las personas que ingresaron el dinero y la procedencia del ingreso.

En cumplimiento de los artículos 534 y 535 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los fiadores han comparecido ante la secretaria judicial. Es un trámite legal en el que el el funcionario indica las obligaciones que asumirá quien responda como fiador.

Una vez realizados todos estos requisitos que exige la ley en materia de fianzas, el juez Ruz ha acordado la libertad de Luis Barcenas con las medidas fijadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: comparecencias lunes, miércoles y viernes (mañana tendrá ya que comparecer en el juzgado de Ruz); se mantiene la retirada de pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de fijar un domicilio.

El magistrado ha enviado ya el auto de libertad por exhorto a los juzgados más próximos a la cárcel de Soto del Real, que son los de Colmenar Viejo (Madrid). Y desde allí tendrán que expedir los mandamientos de libertad a la cárcel, completan fuentes de la Audiencia Nacional.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha abandonado la prisión de Soto de Real (Madrid) a las 21.45 horas de este jueves después de pasar 574 días con un mensaje a Mariano Rajoy: "Le he hecho caso a Rajoy, le doy las gracias, Luis ha sido fuerte de verdad", ha respondido a los periodistas el extesorero del PP en referencia al SMS enviado por el presidente del Gobierno al propio Bárcenas tras conocerse su fortuna en Suiza.

El exsenador del PP, que ha reiterado que no se arrepiente de nada y que volvería a actuar igual, aseguró que el Partido Popular "no ha tenido nada que temer de mi y no tiene nada que temer de mi. Otra cosa es que yo tenga ciertas discrepancias con determinadas personas que no se han comportado como yo entiendo que se tienen que comportar, porque las responsabilidades las tenemos que asumir todos y yo la parte alícuota de mi responsabilidad la asumiré como lo he hecho siempre", según las declaraciones emitidas por la Cadena Ser.

Bárcenas aludió, mostrando cuatro dedos, a sus compañeros reclusos del módulo cuatro de Soto del Real, centro penitenciario del que salió acompañado de su hijo Guillermo después de que su defensa depositase por la mañana la fianza de 200.000 euros que dictó el pasado martes la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, reunida por nueve familiares.

Durante este tiempo no ha aportado información sobre el destino de los 48,2 millones de euros que en enero de 2008 llegó a acumular en dos bancos de Ginebra (Suiza).

El todavía abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, aseguró que el dinero ha sido aportado por los hermanos, sobrinos, cuñados y la suegra del extesorero. 90.000 euros de los 200.000 euros fueron consignados en metálico.

42 años

La imposición de la fianza fue acordada en un auto dictado este martes en el que los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel tenían en cuenta que la investigación de la "primera época" de actividades de la trama Gürtel, por la que Bárcenas se enfrenta a una petición del fiscal de 42 años y medio de cárcel, está "ya finalizada".

Bárcenas tendrá la obligación de comparecer en el Juzgado Central de Instrucción número 5 todos los lunes, miércoles y viernes. Además, deberá designar un domicilio y entregar su pasaporte, y tendrá prohibido abandonar el territorio nacional.

Según los jueces de la Sala, en el momento procesal actual, con la investigación prácticamente agotada y a punto de dictarse la apertura de juicio oral, existen "otras medidas cautelares que puedan mitigar" la medida de prisión acordada hace 19 meses.

El tribunal acogió por primera vez la pretensión de la defensa de Bárcenas, que está en la cárcel desde el 27 de junio de 2013, después de negarle la puesta en libertad en otras tres ocasiones (julio y diciembre de 2013 y mayo de 2014) y de que el propio juez Ruz lo hiciera en otras cinco (septiembre y noviembre de 2013 y en marzo, junio y diciembre de 2014).

Fraude fiscal

Los magistrados adoptaron esta medida tras ponderar la gravedad de los delitos que se le imputan (fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida y estafa procesal en grado de tentativa) y el "agotamiento" de la investigación que se dirige contra él.

"Tampoco podemos desdeñar el largo tiempo transcurrido desde que el imputado fue privado de libertad de modo provisional, próximo a los dos años, lo que debemos armonizar con el pleno arraigo del apelante en España y su carencia de antecedentes penales, lo que disminuye el riesgo de huida", apuntaron.

La defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas ha vuelto a reclamar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz su puesta en libertad, al considerar que su estancia en la prisión de Soto del Real (Madrid), en la que se encuentra desde el pasado 28 de junio, le está causando "perjuicios de carácter personal, familiar, profesional y social, e incluso psicológico".

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, señala que el riesgo de fuga de su cliente es "inexistente" y que no tiene "ningún estímulo" para "sustraerse a la acción de la Justicia ni para neutralizar elementos del prueba". "Si cuando el señor Bárcenas pudo irse y hacerlo con el procedimiento archivado, con sus cuentas sin localizar, incluso fijar residencia en cualquier país del mundo, no lo hizo, ¿ahora, hoy, con todas sus cuentas intervenidas, el dinero bloqueado y sin recursos económicos para subsistir, puede hacerlo?", se pregunta el defensor del extesorero.

Instituciones Penitenciarias ha hecho público un comunicado en relación a las imágenes en prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas, difundidas este martes, en el que asegura que el pasado día 6 de septiembre los funcionarios de Soto del Real encontraron en una papelera envuelto en un preservativo una pequeña cámara de grabación de ocho gigas de capacidad. Tras examinar el contenido, se comprobó que no había tarjeta, según informa Europa Press.

La citada microcámara fue localizada en el módulo 4 de la prisión en el que se encuentra Luis Bárcenas, tras el registro realizado en esa fecha a todos los internos del mencionado módulo a la subida a las celdas tras la comida.

Tras darse a conocer las mencionadas imágenes, Prisiones puso en marcha una investigación interna para esclarecer los hechos y sus posibles responsables. Por ello, asegura que se han realizado indagaciones intensas en el centro penitenciario, con análisis detenido de las imágenes y su posible relación con los numerosos controles y registros que durante el último mes se han realizado en el módulo 4 del centro penitenciario de Soto del Real.

Según Instituciones Penitenciarias, estos controles tienen como finalidad específica, además de garantizar la seguridad del centro, preservar la intimidad de los reclusos del departamento ante la impresionante presión mediática que vive el citado centro, especialmente desde el ingreso del interno Luis Bárcenas.

En este sentido argumenta que la Administración Penitenciaria es la principal interesada en que se respeten los derechos fundamentales de los internos, que no se ven afectados por la resolución judicial que determina su privación de libertad. De ahí que esté obligada a comprometer sus mejores esfuerzos en preservar estos derechos.

Lamenta la difusión

Por ello, dice que "hay que lamentar profundamente que determinados medios de comunicación se presten a la difusión de imágenes obtenidas ilegalmente, que pueden ser constitutivas de delito, referidas a un interno preventivo que está legalmente bajo la presunción de inocencia y que solo contribuyen a lesionar la intimidad del recluso y de su familia sin ninguna aportación a la Justicia que justifique tan frívolo proceder".

Finalmente, indica que en Soto del Real hay antecedentes de incautación de relojes espía y otros artilugios para realizar grabaciones.

En los últimos meses, el nombre del centro penitenciario Madrid V, más conocido como la cárcel de Soto del Real, ha tomado especial relevancia por ser el destino de algunos de los políticos y banqueros más populares del momento. Pero ¿Por qué todos van a la cárcel de Soto del Real? ¿Es cierto que allí tienen privilegios? ¿Es verdad que Luis Bárcenas vive a sus anchas y con todas las comodidades dentro de la cárcel? Son algunas de las preguntas que se hacen muchos ciudadanos.

El centro penitenciario de Soto del Real apenas cuenta con 18 años desde que se inauguró. Allí trabajan gran parte de la plantilla que todavía queda activa procedente de la mítica cárcel de Carabanchel, clausurada en 1998. Soto es la tercera prisión más moderna dentro de la Comunidad de Madrid, tras Estremera (2008) y Aranjuez (1998). En los últimos años han pasado por ella el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa; el cerebro de la estafa millonaria de Gescartera, Antonio Camacho; el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa o el extesorero del PP Luis Bárcenas, actualmente en prisión. la trama Gürtel

Aunque Instituciones Penitenciarias ha señalado a infoLibre que el destino de los acusados lo decide directamente el juez y no hay ningún protocolo establecido, fuentes penitenciarias explican que Soto del Real es la puerta de entrada de todos los presos preventivos con causa en la Audiencia Nacional: “Por normal general, a Soto del Real van la mayoría de los penados que tienen que cumplir prisión provisional o preventiva mientras su causa se encuentra en fase de instrucción por ser la cárcel provincial, junto a Meco”. Además, argumentan que su cercanía con la Audiencia Nacional, aproximadamente 40 kilómetros, es un factor clave. “Por seguridad siempre se busca que el centro penitenciario se encuentre lo más cerca posible de los juzgados. En este caso, como la mayoría de los asuntos de corrupción se juzgan en la Audiencia Nacional, los reclusos van directamente a esa prisión. En situaciones puntuales o por necesidad se los desplaza a Alcalá-Meco, Valdemoro o Navalcarnero”, según revelan estas mismas fuentes.

Esto explica por qué Soto del Real se ha convertido en la primera residencia de los imputados que deben cumplir prisión preventiva sin fianza o con fianzas muy elevadas, como es el caso del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, o su socio en la liquidación de Marsans, Ángel de Cabo. Ambos en prisión provisional con fianzas millonarias.

En la actualidad, Soto del Real cuenta con 1.008 celdas, más 174 complementarias, repartidas en 14 módulos, más tres complementarios. Gran parte de sus reclusos son preventivos a la espera de juicio o de un nuevo destino. El abogado Eric Sanz de Bremond explica que cada seis meses pueden cambiar de centro penitenciario: “Normalmente la prisión de ingreso es Soto del Real y luego a la mayoría los suelen trasladar. Cada seis meses los clasifican y en esa evaluación puede decidir un posible traslado de cárcel. Todo ello dependiendo de su situación judicial o del estado de la instrucción de su causa”.

Todos iguales en prisión

Respecto a las especulaciones sobre si Luis Bárcenas ha tenido o no privilegios en Soto del Real, Instituciones Penitenciarias lo niega con rotundidad: “Todos los presos de todas las cárceles de España reciben el mismo trato. No hay distinción entre ellos”.

El ritual de ingreso a Soto del Real es bastante simple. Todos reciben a su entrada un kit de limpieza, ropa de cama y un provisional mono blanco. Después de pasar por el módulo de ingreso y ser evaluado por los medios y un equipo compuesto por un trabajo social y un psicólogo, son trasladados al módulo correspondiente. En el caso de Luis Bárcenas, al módulo IV. Los reclusos dentro de la prisión pueden llevar ropa de calle, siempre que se pueda distinguir claramente de los uniformes de los funcionarios de prisiones. Tienen derecho a 10 llamadas a la semana de cinco minutos, pero sólo a teléfonos autorizados.

Esta prisión madrileña dispone de unas amplias instalaciones. Cada módulo cuenta con un comedor y unas instalaciones propias. Por ejemplo, el módulo IV posee una sala multidisciplinar, una peluquería y un gimnasio de reducidas dimensiones. El patio permanece abierto desde las 9.00 a las 14.00 y de las 17.00 a las 20.00 horas. Además cuentan con dependencias comunes como un salón de actos. A las 21:30 cada preso debe estar dentro de su celda para pasar la noche.

Las celdas o “chabolos”, como son conocidas dentro de la cárcel, cuentan con una mesa de obra y una silla de plástico, debajo de una ventana con barrotes. Hay enchufes y clavijas de televisión. Cada interno tiene la opción de comprar una televisión de hasta 14 pulgadas que puede adquirir en el economato de la prisión, según explican fuentes penitenciarias. Además, dentro de la cárcel los presos desarrollan si lo desean distintas funciones o trabajos que son denominados “destinos”. Ayudantes de biblioteca o de comedor son algunos de ellos.

Las visitas están muy controladas y toda ellas deben ser confirmadas previamente. En el caso de Luis Bárcenas, Instituciones Penitenciarias ha tomado una serie de medidas extraordinarias, como prohibir que lo familiares puedan acceder con bolígrafo y papel.  

Cuna de universitarios

Sin duda, Soto del Real no sólo es conocida por sus ilustres reclusos. También lo es por ser uno de los principales centros educativos que posee la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) dentro de las prisiones españolas.

Aunque el centro con más alumnos matriculados en la UNED en el último curso fue la cárcel de Aranjuez –repartidos entre acceso a la universidad para mayores de 25 años, grado y 1º y 2º ciclo–, el módulo 10 ha sido el lugar donde han estudiado reclusos mediáticos como Javier Rosado, 'el asesino del rol', con cuatro carreras terminadas, o Ricardo Guerra Cuadrado, el autor del asesinato del aficionado de la Real Sociedad Aitor Zabaleta.

El último curso, el centro penitenciario de Soto del Real contó con 27 alumnos matriculados dentro del Programa de Estudios Universitarios en Prisiones: 16 en el programa de acceso a la universidad para mayores, 10 matriculados en enseñanzas de grado y uno más en 1º y 2º ciclo.

Bárcenas se limitó a asegurar que ninguna de esas dos es suya y, sin dar nombres, las atribuyó a personas sin vinculación con el caso Gürtel. ¿Significa lo anterior que, según Bárcenas, ni el propietario real de Obispado ni el de Ranke pertenece al PP?, inquirió este diario a una fuente jurídica conocedora de la declaración. “Eso no se le ha preguntado”, respondió.

Basándose en los informes incorporados al caso, el juez Ruz afirma en su auto que la titularidad de la cuenta del banco Lombard Odier denominada Obispado ha sido “indiciariamente atribuida a Francisco Yáñez”, padre de Iván Yáñez, el hombre que, según la investigación, actuó como testaferro para borrar las huellas de Bárcenas en Suiza, Panamá y Uruguay. También Francisco Yáñez estuvo vinculado a la tesorería del PP a finales de los ochenta.

Cuando los nuevos documentos cursados por Suiza llegaron al juzgado de Ruz a mediados de junio y destaparon la existencia de esas dos cuentas, ambas abiertas en el Lombard Odier, fuentes cercanas a Bárcenas aseguraron a infoLibre que el exsenador no era dueño de ninguna de ellas. Y subrayaron que los 300.000 euros recibidos por la cuenta Obispado en diciembre de 2003 y transferidos desde otra cuenta localizada en Banca del Gottardo guardaban relación con la compra de unos cuadros por parte de Rosendo Naseiro, uno de los predecesores de Bárcenas al frente de la tesorería del PP.

Además de a Bárcenas, Ruz mantiene imputados a otros dos extesoreros del PP: Ángel Sanchís, que aparentemente es su socio en Argentina; y Álvaro Lapuerta, su predecesor inmediato. También Iván Yáñez, a quien el juez atribuye la condición de testaferro de Bárcenas, trabajó para la tesorería del PP.

Cada vez que Bárcenas ha sido interrogado sobre el origen de los multimillonarios fondos que ocultó en el extranjero, su respuesta ha sido siempre idéntica: el dinero nada tiene que ver ni con el PP ni con operaciones vinculadas a la trama empresarial de Francisco Correa, considerado el jefe de la red Gürtel.