El Partido Popular está viviendo su propio dejà vu con la dimisión de Carlos Mazón. El valenciano anunció su marcha el lunes, pero nadie sabe muy bien cuándo se irá ni quién le sustituirá —ni siquiera sus compañeros de filas—, aunque el nombre del actual portavoz en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, aparece en todas las quinielas. En Génova la crisis valenciana ha generado un desgaste que ha arrastrado a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, tras decidir mantener a Mazón en el cargo durante un año pese a su negligente gestión de la dana. Incluso ahora niega ser el artífice de su caída. Por su parte, en el PP valenciano la mayoría celebra —en privado—dejar atrás una agónica etapa, pero teme que se revivan las viejas pugnas en el partido y un futuro condicionado, más aún, por Vox. La salida a la crisis no será fácil ni estará exenta de movimientos internos para lograr el control del partido. 

La Comunitat Valenciana vuelve, así, a convertirse en el epicentro de los problemas del PP. Fue la misma que, en 2015, marcó el inicio del declive de la presidencia de Mariano Rajoy con los escándalos de corrupción que desahuciaron a los conservadores de la Generalitat y el Ayuntamiento de la capital. También fue la primera en pactar y aceptar un Gobierno de coalición con la extrema derecha tras las autonómicas de 2023, esta vez bajo el mandato de Feijóo, y con un Mazón al que Génova siempre ha culpado de frustrar las expectativas de su líder de alcanzar La Moncloa meses después. Ahora, los de Santiago Abascal están más fuertes y ya han anticipado que impondrán condiciones más duras.

El antaño feudo del PP, que gobernó veinte años ininterrumpidos en la comunidad, de 1995 a 2015, y veinticuatro en el Ayuntamiento de la capital bajo la batuta de Rita Barberá, fue también un símbolo de poder y caciquismo: el PP de las plazas de toros llenas, del derroche sin complejos, de televisiones manipuladas y obras faraónicas. Valencia aparecía como la tierra prometida que el Partido Popular predicó en tres provincias: Castellón, Valencia y Alicante. "El que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente. Y toda esa gente es un voto cautivo", llegó a admitir Carlos Fabra, presidente de la Diputación Provincial de Castellón, condenado por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Ese era el estilo PP.

Una forma de gestionar el partido y las instituciones que dio muchas victorias, pero también campañas electorales irregularmente financiadas, proyectos costosos con presupuestos doblados, proyectos fallidos como el aeropuerto de Castellón, Terra Mítica, la Ciudad de la Luz y eventos como la Copa del América o el Gran Premio de Fórmula 1. Y muchos casos de corrupción: Orange Market, Gürtel, Brugal, Emarsa, Cooperación, Taroncher, Fabra, Nóos. Los escándalos alcanzaban todos los niveles, hasta el punto que tres de los cinco presidentes de la Generalitat que ha tenido el partido han sido procesados: Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps. Se salvan, de momento, Alberto Fabra y el citado Carlos Mazón, aunque si pierde el aforamiento podría ser imputado por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, que ha solicitado hasta en dos ocasiones su declaración voluntaria.

El gran artífice de que el PP se convirtiera en una fuerza hegemónica en la Comunitat Valenciana fue fue Eduardo Zaplana. Fue él quien unificó en las siglas del PP a toda la derecha nacionalista española y quien, en ese proceso, logró fagocitar a Unión Valenciana, el principal partido de la derecha valencianista. Una formación que llegó a tener diputados en el Congreso, logró la presidencia de las Cortes Valencianas y varias carteras en el Consell gracias a más de 200.000 votos.

Originario de Cartagena, Zaplana supo hacer suyo ese discurso anticatalanista que tuvo tan buen predicamento en la cultura valenciana. El ascenso del partido en la Comunitat fue meteórico gracias al apoyo de José María Aznar, pese a que antes de ser candidato a la Generalitat y cuando era presidente del PP de Alicante, se vio envuelto en el primer escándalo de financiación ilegal del partido, el caso Naseiro, con unas escuchas que finalmente fueron anuladas en el proceso.

En 1995 el PP consiguió con Zaplana sus mejores resultados en unas elecciones autonómicas, pero necesitó acordar con la citada Unión Valenciana para alcanzar la presidencia de la Generalitat, lo que después se conoció como el pacto del pollo por la forma de repartirse el poder: para el PP el Consell y para UV la presidencia de las Corts Valencianes. En 1999, Zaplana alcanzó su primera mayoría absoluta, aunque no llegó a acabar su mandato. Se le quedó pequeña la política autonómica y, en 2002, dio el salto al ministerio de Trabajo con el Gobierno de Aznar. Como sucesor dejó a quien había sido su mano derecha, José Luis Olivas —un caso que recuerda a la actual situación de Mazón y Pérez Llorca—, que ocupó el interregno de menos de un año hasta que en 2003 viniera el sucesor, Francisco Camps, con otra nueva mayoría del PP. Olivas fue recompensado con la presidencia de Bancaixa y del Banco de Valencia, ambos ya desaparecidos, y también fue condenado a año y medio de prisión por falsedad documental.

Zaplana fue una de las caras de la portavocía del Gobierno de Aznar tras los atentados del 11-M de Madrid, cuando se intentó vender que en la masacre yihadista había intervenido ETA. Tras la derrota del PP en esos comicios, pasó a la oposición como portavoz del PP de Mariano Rajoy y, tras completar una legislatura, en 2008 dejó su escaño para poner en marcha una consultora privada y empezar a trabajar como alto directivo de Telefónica. La sombra de corrupción siempre planeó sobre su figura y, años después de dejar la política, fue detenido por blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal. Permaneció en prisión preventiva casi un año, después de lo cual fue puesto en libertad condicional por motivos de salud. 

Tras Zaplana y Olivas llegó Camps, que tampoco acabó su último mandato en la Generalitat. El Ayuntamiento de València fue su primera experiencia institucional tras ser apadrinado por la ex alcaldesa de València, Rita Barberá, cuando ella militaba en la Alianza Popular de Fraga Iribarne. Después desempeñó cargos públicos en el Congreso, en el Gobierno valenciano presidido por Zaplana, en el de José María Aznar y finalmente en la Generalitat Valenciana como president. Allí se mantuvo Camps desde 2003 hasta 2011, en pleno boom inmobiliario. Fue también la época de los pelotazos urbanísticos, las facturas falsas, la duplicidad de gastos, el troceo de licitaciones para evitar el control administrativo y de la valoración de aspectos subjetivos por encima de los técnicos. Todo ello con la complicidad de la Administración pública valenciana.

En su ascenso al poder, Camps fue dejando más de un enemigo por el camino. Uno de ellos fue su antecesor y mentor, el citado Zaplana, y le costó años de luchas internas desembarazarse de su influencia. Para ello creó su propia estructura y una camarilla de adeptos en la que penetraron con suma facilidad nombres como el Álvaro Pérez, alias el Bigotes. Su misión era duplicar en Valencia el negocio de la Gürtel en Madrid después que Mariano Rajoy cerrara la puerta del PP a Francisco Correa y Pablo Crespo. Sin embargo, el expresident –que controlaba su partido al milímetro– consiguió sortear la corrupción pese a ser el primero en sentarse en el banquillo, en 2011, por el llamado caso de los Trajes. En ese grupo de adeptos también estuvo el expresidente de la Diputación de Valencia, hombre fuerte de Camps y principal cabecilla de la operación Taula, Alfonso Rus, al igual que la exalcaldesa de València, Rita Barberá, que murió por un problema hepático en 2016 y tras ser defenestrada por sus propios compañeros de partido.

Pese haber ganado con mayoría absoluta, Camps abandonó la Generalitat presionado por Mariano Rajoy, que sin embargo mantuvo hasta el final la "honradez" del valenciano. El expresident, que lleva meses tratando de volver a la primera línea de la política, presentó su despedida como "un sacrificio personal y político" para "no ser un obstáculo" en el camino de Rajoy a La Moncloa. Los pronunciamientos de Rajoy en los meses anteriores a la imputación del mandatario valenciano habían buscado arroparlo al calificarlo como un "político honrado" y un "extraordinario dirigente", e incluso llegó a decir que ambos eran "parecidos". "Yo creo en ti. Y estaré detrás de ti, delante o al lado, me da igual", afirmó. El apoyo de Camps fue clave para que Rajoy se mantuviera en el poder en el congreso del año 2008 en el que Esperanza Aguirre amagó con dar la batalla contra él. Paradójicamente, Camps sobrevivió a la guerra con Zaplana y sus afines, pero no pudo convencer al hombre al que salvó de perder el control del PP.

La abrupta salida de Camps dio paso a Alberto Fabra, que no solo llegó a la presidencia de la Generalitat, sino que también heredó la del PP valenciano, con una promesa: tolerancia cero frente a la corrupción. Un compromiso que se quedaba en papel mojado desde el mismo día de su anuncio: sólo el grupo parlamentario que heredó ya contaba con nueve cargos imputados en varios escándalos de corrupción de lo más sonado, entre ellos el caso Gürtel, el caso Cooperación y el caso Brugal. Fabra logró sortear los recelos de Rajoy a su candidatura y fue el cabeza de lista en 2015, pero las urnas pusieron fin a la hegemonía del PP en la Administración valenciana.

Durante esos años Barberá y Fabra mantuvieron una dura pugna por el control interno, sobre todo después que esta última llevara el timón durante los meses en los que Camps estuvo alejado mentalmente del Consell por sus problemas judiciales con la Gürtel. Finalmente fue Isabel Bonig la que se hizo con el puente de mando del PP valenciano tras la derrota electoral. Cuando llegó la caída de Rajoy en 2018 y se produjo el congreso nacional para elegir a su sucesor, ella apoyó de manera expresa a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, mientras otros cargos del PP, especialmente del alicantino, se decantaron por Pablo Casado. Entre ellos estuvo el propio Mazón, al que poco después Ciudadanos trató de fichar como candidato a la alcaldía de Alicante. Una oferta que provocó que el lugarteniente de Casado, Teodoro García Egea, le prometiera a Mazón la Generalitat a cambio de quedarse en el partido.

Hoy la situación interna del PPCV no es sencilla. La actual estructura del PP valenciano todavía está definida por los zaplanistas y los campistas, aunque algunos cargos como Fabra, Esteban González Pons (portavoz del PP en Bruselas) y la alcaldesa de València, María José Catalá, no se circunscriben en ninguna de esas dos familias. Mazón, sin embargo, decidió premiar a los afines al primer president de la Generalitat bajo las siglas del PP. Y es que la trayectoria —y el ascenso político— del alicantino no se entendería sin Zaplana. Él fue quien nombró a Mazón director del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) con 25 años. Ahora el PP valenciano vive otro momento de transición y ya hay algunos que han pedido paso, como Vicent Mompó, que aspira a ser el próximo presidente del partido. Pero, como siempre sucede, será Madrid, es decir, Génova, quien tendrá la última palabra.

Y ya que nos viene de paso califique usted, que está leyendo, al Mazón de quien ayer elDiario.es informaba que había adjudicado 34 millones de la “reconstrucción”, y que hoy los millones ya son 62, a empresas que estuvieron implicadas en la Gürtel, uno más de los muchos entramados corruptos del PP que han terminado en los tribunales y que, como casi siempre, ni las condenas castigan a los culpables como se merecen, ni se recupera dinero suficiente para compensar una parte mínima de lo que han robado.

Es tal la charca inmunda de corrupción en que se ha convertido la política en España que ya no me motiva lo de opinar sobre las palabras de un delincuente que reconociéndose culpable ha conseguido salir de la cárcel y que incluso podría haber pactado un indulto futuro si, tras acusar a los del Gobierno con sus declaraciones, consigue hacer presidente a Núñez Feijóo, el navegante aquel que tomaba el sol con su amigo Marcial Dorado, un narcotraficante varias veces condenado.

En cambio, sí me ha dado por versionar, ya lo ha intuido usted tras leer el título, una de las fábulas más repetidas de Felix María de Samaniego, quien falleció en el año 1801 y había sido perseguido por la Santa Inquisición, como buen sabio y atrevido que fue, y cuyas dos mil “moscas”, en lugar de quedar presas por las patas en la miel de un panal que hoy se llama dinero público, son, en realidad, enjambres de corruptores y corrompibles que buscan enriquecerse. Algunos parecen tan mediocres que les llamarías cutres.

Y, como tantas veces que te pones a darle vueltas a algo que otros han escrito, te das cuenta que ocurre porque te ronda una idea que podría ser útil.

Estaba pensando en el incontable número de corruptos que, para tomar posesión de su cargo, tienen antes que jurar la Constitución, como si con tal ceremonia se sintieran más obligados a cumplir la ley de leyes y, al mismo tiempo, recuerdo algunos debates con amigos y conocidos sobre la recurrente idea de que a la política no debería poder dedicarse cualquiera, que deberían tener cierto nivel de estudios y etcétera.

Como resulta que la democracia esté en peligro a pesar de que todos juraron respetar la Constitución, se me ha ocurrido que sería muy conveniente conocer la escala de valores no de quienes han sido elegidos, que no tendría remedio, sino de todas aquellas personas que aspiran a serlo formando parte de una candidatura que competirá ante las urnas.

Y para conocer esa parte tan decisiva de la personalidad de los futuros electos, o para no elegirlos, se podría someter a todos los miembros de cualquier lista electoral a un examen consistente en realizar un comentario de texto de una o varias sabidurías populares elegidas al azar que, como las de Samaniego y tantas otras, muchas anónimas, cada día nos demuestran que no hemos aprendido nada de lo que es más importante.

Y es muy probable que acertáramos más a la hora de votar si antes de hacerlo se publicaran las respuestas que hubieran sido capaces de redactar, de su puño y letra, quienes estarían pidiendo nuestra confianza para gobernar. 

Iba a terminar y me doy cuenta de que en la tele estoy viendo los dos primeros capítulos de una serie que parece inteligente y de la que no diré el título para no estropear del todo este artículo.

Dos que solo son compañeros de trabajo están sentados en un bar y ella, sabia y avasalladora por la mucha experiencia acumulada, pero tranquila, le dice a él tres cosas seguidas:

“¿Por qué crees que hay tantas parejas entre los inspectores de Hacienda?

¿Porque se gustan entre ellos?

No, porque no les gustamos a nadie”.

Después, en el siguiente capítulo de la misma serie, otra frase para pensarla:

“No sé si conocer a un inspector de Hacienda en Hacienda ni siquiera cuenta como conocer a alguien”.

Disfrute si desea buscarla y la encuentra.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

El mismo Carlos Mazón que evitó el pasado viernes reconocer errores propios y trató de eludir cualquier responsabilidad sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre —una catástrofe que acabó con la vida de más de 200 personas—, apoyándose en un fallo global del "sistema", ha cesado este lunes a su consellera de Industria, Nuria Montes. Sus declaraciones en los días posteriores dirigidas a los familiares de las víctimas instándoles —con un tono falto de empatía— a permanecer en casa en lugar de acudir a la morgue y el relato de una de sus trabajadoras sobre el trato que recibió tras perder a su marido y su hija en la dana la situaron en la diana de las críticas. Pese a que Montes no tenía competencias en el operativo, el president de la Generalitat se ha cobrado su cabeza para tratar de salvar su propio pellejo. La sustituirá en el cargo Marián Cano, presidenta de la patronal del calzado, que ya concurrió a las europeas con el PP, sin obtener escaño. Cano es la hermana del alcalde de La Nuncía (Alicante), Bernabé Cano, salpicado por la trama Gürtel y vinculado al expresident Eduardo Zaplana.

Montes ha sido la primera en caer pero puede no ser la última. La consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, responsable de emergencias, ha sido, junto con el president valenciano, la más señalada por su gestión el día de la dana. Previsiblemente, será la próxima en abandonar el Ejecutivo autonómico. Con su comparecencia en les Corts, en la que Mazón anunció una nueva vicepresidencia para la recuperación y una conselleria de Emergencias, el presidente valenciano trataba así de blindarse dentro del Consell y desviar el foco sobre su propia persona. Sin embargo, la presión no ha disminuido —ni dentro ni fuera del partido— y el valenciano se tuvo que comprometer el viernes a no presentarse a la relección si no es "capaz de liderar el proceso de reconstrucción", sin concretar quién va a dirimir si ha sabido "liderar" ese proceso, si él o la dirección nacional de su partido.

Antes de cesar a Montes, la Generalitat anunció un ascenso: el de Susana Camarero. Mazón recurrió a ella como portavoz tras la catástrofe —desplazando a la consellera Ruth Merino, un perfil proveniente de Ciudadanos y que ha tratado de no vincularse con la gestión de la dana— y en estas semanas ha ejercido como la cara visible de la Generalitat. Desde este domingo es formalmente la portavoz del Consell, un cargo que compatibilizará con sus responsabilidades al frente de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y su labor de coordinación de todas las consejerías. Fuentes del PP citadas por El País aseguran que Mazón le ofreció la nueva vicepresidencia para la reconstrucción pero que ella lo rechazó. Sin embargo, Camarero lo ha negado este lunes en rueda de prensa: "El presidente me ha ofrecido esta labor [de portavoz] Esta y no otra. Nunca le diría que no", ha afirmado, incidiendo en su lealtad hacia el dirigente valenciano.

Madrileña de origen, Camarero ha estado ligada desde sus inicios en política institucional al Partido Popular de la Comunitat Valenciana, donde comenzó de la mano de Eduardo Zaplana (1995-2002) y llegó a formar parte de su núcleo duro. Sobre el papel del expresident valenciano , condenado el pasado mes de octubre a diez años de prisión como jefe de la trama corrupta del 'caso Erial', no renegaba de la etiqueta 'zaplanista' en una entrevista publicada en el diario Levante EMV . "No me molesta ninguna etiqueta y estoy muy orgullosa de toda mi trayectoria. Tuve la oportunidad en 1995, con 25 años, de entrar en las Corts. Siempre estaré agradecida por ello a Eduardo Zaplana, pero luego he trabajado con Aznar como diputada, siempre agradeceré a Rajoy y a sus ministros la oportunidad de ser secretaria de Estado, y he trabajado con Alberto Fabra, Paco Camps y ahora con Carlos Mazón. Para mí, es un broche de oro", explicaba.

Lo cierto es que en la trayectoria —y el ascenso político— de Mazón no se entendería sin Zaplana, el que fuera president de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002 y exministro de Trabajo y Asuntos Sociales con el Gobierno de José María Aznar. Fue el hombre que marcó el despegue de los conservadores en la Comunitat Valenciana y también el que comenzó la era de los grandes proyectos como Terra Mítica, que acabó con la condena de dos exdirectivos, y contratos millonarios como el de Julio Iglesias, archivado por estar prescrito. Su sucesor al frente de la Generalitat fue Francisco Camps, quien llegó al poder tutelado por Zaplana y a quien le costó años de luchas internas desembarazarse de su influencia, para lo que creó su propia estructura y camarilla de adeptos. La actual estructura del PP valenciano todavía está definida por los zaplanistas y los campistas, otorgando Mazón el protagonismo a los primeros.

El actual president de la Generalitat nació en 1974 en Alicante, localidad donde ha ejercido su carrera política. En la universidad lideró un sindicato estudiantil, desde donde no dudó en alinearse con el PP, recién llegado al Gobierno de la mano de Zaplana. Militante de Nuevas Generaciones, en la primera legislatura de Zaplana fue nombrado director del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) con 25 años. Fue su salto a la política profesional. Posteriormente, fue director general de Comercio y Consumo (2003-2004) y de Consumo y Seguridad Industrial entre los años 2004 y 2007, ya con Francisco Camps en la Generalitat. Mazón se alineó con la facción fiel a su mentor y acabó fuera de la Generalitat, aunque Zaplana se lo recompensó situandole en las listas municipales de Catral, un pueblo de la Vega Baja, y en la Diputación de Alicante, el gran bastión del PP en la Comunitat, donde los conservadores gobiernan de manera ininterrumpida desde 1995.

Fue, precisamente, en la Diputación de Alicante donde Mazón se hizo fuerte y trazó una alianza con Ciudadanos de la mano del otora secretario general del PP, Teodoro García Egea, que lo aupó como candidato a la presidencia de la Generalitat desplazando a Isabel Bonig en el camino. Para todos aquellos 'zaplanistas' que se habían quedado apartados con la llegada de Camps, la victoria de Mazón simbolizaba el futuro. En ese camino también ha sido fundamental el apoyo de otra figura vinculada a Zaplana, Macarena Montesinos, número dos de Miguel Tellado en el Congreso. Montesinos acudió al debate del pasado viernes acompañada por, entre otros, del expresident valenciano y actual diputado, Alberto Fabra, y del exvicepresidente valenciano Gerardo Camps.

Montesinos es una de las políticas que colaboró en la transformación de Alianza Popular al PP. Fue concejal en Alicante, diputada autonómica durante dos legislaturas con Zaplana de president, parlamentaria en el Congreso y en las pasadas elecciones generales fue la número uno a la lista por Alicante. El apoyo de Montesinos fue clave para el acenso de Mazón en la estructura del poder valenciano y ella es la voz del president de la Generalitat en Madrid. Actúa contrapeso de otras figuras de peso en la dirección del PP como Esteban González Pons, el hombre fuerte de Alberto Núñez Feijóo en Bruselas, que creció bajo el liderazgo de Camps. Es lo que también le sucedió a la actual alcaldesa de València, María José Catalá, llamada a ser la sucesora del actual president valenciano.

En el entorno de Mazón nunca han negado la relación con Zaplana, pero sí que su ascenso se deba al expresident, una consigna que siempre han repetido los aliados de Camps y también las formaciones de la oposición. Aunque la victoria de Mazón en el congreso autonómico de 2021se saldó con el 99,6% de los votos —no hubo ninguna candidatura alternativa—, eso no implica que el PP valenciano esté unido. El president de la Generalitat sí cuenta con el respaldo de la dirección alicantina, pero ni en València ni en Castellón han cerrado filas con él durante esta crisis. Hay voces que le atribuyen al president valenciano la ausencia de perfiles con experiencia de gestión dentro del Consell por haber formado parte de los gobiernos de Camps.

Consciente de estas críticas, a su llegada a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, Mazón ha señalado a los periodistas que dará cuenta de las nuevas incorporaciones a su "Consell de la reconstrucción". "Es francamente un proyecto muy serio, muy centrado y muy priorizado en gente que sabe, gente preparada. Gente que nos va a ayudar a levantarnos", ha afirmado.

La Fiscalía Anticorrupción aprecia "riesgo de fuga" del exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana tras ser condenado a 10 años y cinco meses de prisión, por lo que ha solicitado su ingreso inmediato en prisión.

Fuentes fiscales han informado a EFE de que la razón para solicitar que Zaplana, de 68 años, entre en la cárcel aunque la sentencia aún no sea firme es que existe la posibilidad de que trate de fugarse y eludir la acción de la Justicia. En la actualidad hay dictadas medidas cautelares sobre Zaplana, que tiene que comparecer periódicamente ante el juzgado.

Zaplana fue condenado el 15 de octubre por la Audiencia de Valencia por cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. Además, el tribunal le impuso multas por importe superior a los 25 millones de euros en el marco del caso Erial.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado de que la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha convocado una vistilla el próximo 7 de noviembre, a partir de las 12:30 horas, para escuchar los argumentos de las partes y tomar una decisión sobre la petición de la Fiscalía.

Zaplana ya ha anunciado que recurrirá la sentencia de 10 años y 5 meses de prisión que le ha sido impuesta por delitos de corrupción por considerar que está "basada en acuerdos opacos" y "sin evidencias" contra él. 

El exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha sido condenado a penas que suman 10 años y 5 meses de prisión por cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. También le han impuesto multas por un importe superior a los 25 millones de euros y una pena de 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, y otros 3 para el ejercicio de su profesión, según informa EFE.

El Tribunal le absuelve del delito de grupo criminal pero decreta el comiso de diferentes bienes y cuantías intervenidas durante la instrucción de la causa

La Sala también ha condenado a otros seis acusados, entre ellos los empresarios Vicente y José Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat, Juan Francisco García, y el amigo de Zaplana que actuó como su testaferro, Joaquín Barceló, a penas de entre un año y tres meses y cinco años de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales.

Los ocho acusados restantes en el denominado caso Erial, entre los que se encuentra el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por no apreciar pruebas que sustenten una condena, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, tras el juicio que quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo, consta de 364 páginas, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. 

Marcela Miró, primera mujer presidenta de Les Corts Valencianes y exconsellera durante los gobiernos autonómicos del PP de Eduardo Zaplana, ha fallecido este domingo a los 72 años tras una grave enfermedad.

Así lo ha confirmado el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, en un mensaje en redes sociales en el que ha trasladado su pésame a los familiares y amigos de Marcela Miró.

"Una compañera que ha trabajado siempre por los ciudadanos tanto al frente de las consellerias que ha ocupado como en su labor como presidenta de Les Corts. Una gran mujer", ha manifestado el 'número dos' del PP valenciano.

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, también ha lamentado esta "gran pérdida para la política de la Comunitat Valenciana". "Marcela Miró rompió todos los techos con su ejemplo, nuestra primera presidenta en Les Corts. Siempre recordada por su gran capacidad de trabajo y su compromiso", ha compartido y ha traslado su "más sentido pésame" a sus amigos y familiares.

Como actual presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox) ha expresado sus condolencias por el fallecimiento. "Que Dios la tenga en su gloria y proporcione el consuelo a sus allegados. Descanse en Paz", ha escrito en redes sociales. La cuenta oficial del parlamento valenciano en redes sociales ha compartido un mensaje de duelo por su primera mujer presidenta.

Desde la oposición, el PSPV ha mostrado sus condolencias tanto a familiares y amigos de Marcela Miró como al PP valenciano, además de destacar que fue "la primera mujer síndica de Comptes".

Marcela Miró, nacida en València en 1952 y con tres hijos, fue la primera mujer en presidir el parlamento valenciano en la V Legislatura (1999-2003), un puesto que después han ocupado Milagrosa Martínez (PP) y Llanos Massó. Previamente fue consellera de Educación, Cultura y Ciencia y de Bienestar Social.

Doctora en Ingeniería Agrónoma española y licenciada con el número uno de su promoción en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universitat Politècnica de València (UPV) en 1975, Marcela Miró ejercía en la actualidad como síndica de Comptes.

Desde esta institución, en la que ha trabajado "en cuerpo y alma" durante 20 años desde 2004, manifiestan su "profundo pesar" por el fallecimiento y alaban su experiencia en la gestión pública, su "enorme capacidad de trabajo" y su "vida dedicada a la educación y a la gestión" y "siempre adelantada".

"Ha sido siempre un ejemplo de celo profesional y ética irreprochable. Su talento y sus aptitudes para dirigir los equipos de auditoría a su cargo, junto con una mirada amplia y un talante dialogante, le han valido la admiración de las personas que hemos coincidido con ella en la Sindicatura", expresan en un comunicado.

Además, desde la institución subrayan que "a pesar de la grave enfermedad que finalmente ha provocado su muerte, ha querido seguir hasta el último momento ejerciendo sus funciones en la Sindicatura, en una muestra de leal compromiso con la defensa de los intereses públicos".

Por parte de la UPV, universidad de la que fue vicerrectora de Estudios y alumnado entre 1987 y 1995, su rector, José E. Capilla, ha lamentado el fallecimiento de su "querida y valorada compañera Marcela": "Un ejemplo y referente de nuestra comunidad universitaria que siempre recordaremos", ha aseverado.

En el momento de conocer su designación como presidenta, Marcela Miró destacó "el reto de ser una mujer al frente de las Cortes Valencianas" y auguró que la legislatura que se avecinaba sería "muy importante y estará a caballo del siglo XX y del siglo XXI".

En el año 2000, en el 20 aniversario del Estatut d'Autonomia, manifestó la necesidad de una reforma de esta norma con el "máximo consenso posible": "Lo valencianos queremos más, necesitamos más y estamos en un grado de madurez diferente".

Su presidencia también coincidió con la creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), sobre lo que defendió que esta institución debía "asumir el protagonismo y "llevar las iniciativas" en el ámbito lingüístico, en tanto que el papel de los partidos políticos había de ser el de "dar el margen de confianza y de tiempo" para que comenzara su andadura.

En el último 25 d'Abril de la V Legislatura, Miró celebró que había tenido la oportunidad "impagable" de asistir a "acuerdos históricos" durante "cuatro años defendiendo lo que cada uno, desde su legítima ideología y postura, cree que es lo mejor para todos": "Cuatro años dedicados en cuerpo y alma a la representación democrática, a hacer realidad palpable el debate y el diálogo como instrumentos de crecimiento y progreso".

"Nuestra responsabilidad como políticos, como representantes democráticos, como servidores públicos que somos de los intereses de los valencianos por encima de cualquier interés que no sea el de trabajar más y mejor por nuestra sociedad", reivindicó.

En clave política, en una entrevista a Europa Press en 1996, Miró afirmó que no dudó un instante en aceptar el "reto" de dirigir la política de social de la Generalitat. "Soy fiel al programa político del Partido Popular porque es un programa muy adecuado y muy bien realizado y planificado", aseveró.

El abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana ha solicitado que el caso Erial se enjuicie en la Audiencia Nacional, órgano que estima "competente" para tramitar este procedimiento: "En Valencia no ha aparecido un duro del supuesto blanqueo de capitales", ha puesto como ejemplo, según informa Europa Press. Este jueves es el primer día del juicio por el caso Erial, en el que se investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

En su intervención, el abogado de Zaplana -acusado para el que el ministerio fiscal pide 19 años de prisión- ha pedido que se envíe la causa de Erial a la Audiencia Nacional por cuestión de competencia ya que entiende que los presuntos hechos delictivos se cometieron básicamente en el extranjero. De no mandarse la causa a Madrid se podría incurrir en la nulidad del juicio, ha advertido, y ha puesto como ejemplo una resolución de una de las piezas del conocido como caso Emarsa sobre la que la Audiencia mandó a Madrid al haberse cometido el delito en Andorra. El letrado se ha respaldado en más jurisprudencia de casos como Petronor y ha recordado que la Audiencia Nacional se ocupa de supuestos casos de corrupción como Gürtel, muy vinculados a la Comunitat, o Púnica y el caso Koldo.

El letrado detalla los delitos que el fiscal atribuye a su representado -cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsedad- e intenta situar dónde se han cometido. Respecto al de cohecho, afirma que tiene lugar en el extranjero ya que el propio ministerio público asegura en su escrito que una vez que las sociedades investigadas obtenían sus beneficios, se transferían a Luxemburgo. "El delito de cohecho se ha consumado en Luxemburgo y lo dice el fiscal apoyado en multitud de atestados de la Guardia Civil", ha afirmado.

En relación con el delito de blanqueo, el letrado ha indicado que "en Valencia no ha aparecido ni un duro del supuesto blanqueo. De haberlo, se comete en Luxemburgo, fuera del territorio nacional y la competencia para investigarlo y enjuiciarlo sería la Audiencia Nacional", ha insistido.

Además, sobre los delitos de grupo criminal y prevaricación, el abogado ha indicado: "Lo único que tendríamos en Valencia sería la prevaricación suponiendo que supiéramos cuál es puesto que no sabemos todavía cuál fue la resolución injusta que dictó Zaplana".

Frente a esta petición, el fiscal se ha opuesto y ha defendido que la causa debe seguir en Valencia porque "debe primar la territorialidad donde se ha producido el delito". "Los hechos se cometieron aquí, los relacionados con el cohecho. Se paga porque se han predeterminado conciertos y adjudicaciones de carácter público y se pagan en Valencia con independencia de dónde se traslade el Valencia", ha dicho.

Y ha añadido: "El cohecho se produjo con el simple acuerdo y desde Valencia se transfirieron los fondos a Luxemburgo. Pero aquí es donde se conciertan para la adjudicación de una serie de contrataciones públicas", ha repetido. Además, ha advertido de que parte del dinero se retorna a España a través de ampliaciones de capitales y de la creación de sociedades. Sobre el resto de delitos, el ministerio público ha señalado que no se pueden ir disgregando: "Son delitos conexos en una única causa".

El tribunal, tras escuchar a las partes, ha decidido no aceptar la petición de mandar la causa a la Audiencia Nacional porque el delito principal, el cohecho, se cometió en Valencia y los delitos accesorios son conexos y siguen al principal.

A su llegada, Zaplana ha indicado a los medios de comunicación que estaba "deseando" que empezara la vista -al igual que han manifestado otros acusados-. El expresident ha acudido a los juzgados sobre las 9:45 horas acompañado de su abogado, cuyo estado de salud obligó hace algo más de un mes a suspender por segunda vez el juicio contra Zaplana y otros 14 acusados -la primera vez fue por enfermedad del fiscal-.

Tras fijarse un nuevo calendario, la vista ha arrancado a las 10 horas de este jueves en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia -sesiones desde la Tirant- con las cuestiones previas, que se prolongarán un día más, el viernes.

Zaplana, para quien el fiscal pide 19 años de prisión, declarará el 9 de abril. Al día siguiente, 10 de abril, será el turno de Joaquín Miguel Barceló, presunto testaferro de Zaplana, y el 11, el de Francisco Grau, presuntamente encargado de gestionar los fondos defraudados.

El 16 declararán el exjefe de Gabinete del exministro, Juan Francisco García; le exsecretaria del expresidente Mitsouko Flerida Henríquez; los hermanos Vicente y José Cotino; y el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas. El 17 y el 18 las del resto. A partir del 19 será el momento de los testigos propuestos por Fiscalía y el 26 por las defensas.

Las declaraciones de los peritos no serán hasta el 15 y 16 de mayo. No obstante, el tribunal ha reservado sala para 13 días en junio y todo el mes de julio en días por concretar. En total, más de 40 sesiones de vista.

En este procedimiento Eduardo Zaplana, que siempre ha negado los hechos, se enfrenta a una pena, tal y como le reclama provisionalmente Fiscalía Anticorrupción, de 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.

El fiscal anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización. Un grupo acusado de operar a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico, según consta en la calificación de la acusación pública.

De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas. En total, el fiscal acusa, junto con Zaplana, a otras 14 personas más, vinculadas directamente al expresidente y que le ayudaron en la operativa.

De ellos, reclama la mayor pena de prisión, tras el exministro, al que fuera su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, para el que pide 14 años de cárcel por blanqueo, cohecho y falsedad, la misma condena que solicita para los hermanos Vicente y José Cotino, adjudicatarios de los planes eólico y las ITV tras el proceso cuestionado. En la causa estuvo también investigado hasta su fallecimiento Juan Cotino, exconseller y expresidente de las Cortes Valencianas, sobrino de los anteriores.

Según señala el fiscal en su escrito, la venta de las participaciones de las empresas de las ITV y Parques Eólicos reportó a la empresa de los Cotino, en las distintas sociedades controladas por los hermanos, más de 86,5 millones de euros, "lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por las adjudicaciones".

Junto con Zaplana, el fiscal sostiene que otras tres personas formaban el núcleo duro de la organización criminal: Francisco Grau, a quien considera el "financiero" de la organización y encargado de gestionar los fondos y Joaquín Miguel Barceló, el testaferro, que aparecía "al exterior" en las sociedades mercantiles y titulaba el dinero que acabó distribuido en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra (donde se localizaron 9,8 millones de euros).

Para ambos reclama ocho años de prisión y 20 millones de euros de multa por organización criminal y blanqueo, al igual que para la exsecretaria del expresident, Mitsouko Henríquez.

Además de estos acusados, figuran los hermanos Elvira y Saturnino Suances, -ella exdiputada del PP-, como los administradores y encargados de recuperar el dinero de Andorra y para los que pide cinco años de prisión y multa de ocho millones de euros; el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, con intervención en la adjudicación de ese plan eólico, y para quien reclama seis años de cárcel, y una serie de empresarios y amigos que "colaboraron" para ocultar la procedencia delictiva del dinero y auxiliaron a Zaplana para el aprovechamiento del dinero retornado a España para su uso personal.

Entre estos últimos se encontrarían Francisco Pérez López; Ángel Salas; Robert Edgar Bataouche; Pedro Romero y Carlos Gutiérrez, que se enfrentan a siete años de cárcel el primero y a cinco años de cárcel el resto.

El intento de manipular los hechos relacionados con los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 se produjo en dos fases. La primera, impulsada por la necesidad del Gobierno del PP de adaptar la narrativa a los contenidos que creía que mejor servían a sus intereses electorales, trató de atribuir a ETA los atentados. La segunda, mucho más compleja, intentó de manera sistemática poner en duda la investigación policial y judicial e incluso la sentencia en un intento de desacreditar la legitimidad del resultado de las elecciones generales. Por el camino perdieron la vida 192 personas —a las que hubo que sumar posteriormente la de un policía— y casi 2.000 resultaron heridas.

Aquella tergiversación intencionada de las causas y las circunstancias en las que tuvieron lugar los peores atentados de la historia de España, la que tuvo lugar entre el 11 y el 14 de marzo y la que se desarrolló a lo largo de los años siguientes, tiene protagonistas. Fueron personas, políticos y periodistas, con nombres y apellidos. Muchos de ellos siguen en activo y conservan cuotas de influencia social, politiva y económica elevadas y no han pagado precio alguno por lo ocurrido. Estos son los principales.

Como presidente lideró el intento del Gobierno de atribuir a ETA los atentados desafiando no sólo los indicios sino también las informaciones que le suministraban, desde bien temprano, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de España y de otros países. Su excusa, que mantiene a día de hoy, es que tenía sentido pensar en la banda terrorista vasca porque durante décadas había sido el principal grupo violento en nuestro país. 

A pesar de las evidencias, nunca ha admitido que su Gobierno mintiese a los españoles en aquellos días. Tampoco se ha disculpado. Desde su posición de expresidente, contribuyó a la teoría de la conspiración insinuando que el origen del atrentado, atribuido a Al Qaeda, había que buscarlo en España y no en el yihadismo: “Los que idearon estos atentados yo creo que no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas”, declaró ante la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados en el año 2007. El objetivo del 11M era “cambiar el curso histórico de España”, dijo. Preguntado por si consideraba que detrás de las bombas podía haber algo más que el terrorismo islamista, respondió alentando la teoría de la conspiración: “Sus conexiones tarde o temprano se sabrán, si es que las hay”.

Aznar preside en la actualidad la Fundación FAES, desde la que impulsa una intensa actividad contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contribuye a la formación de la agenda política del Partido Popular, pero también de Vox. A él se le atribuye le origen de la extrema movilización de la derecha política, judicial, mediática y económica después de que Alberto Núñez Feijóo fuese incapaz de formar una mayoría en el Congreso: “El que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva”, exhortó el pasado noviembre. 

Era el ministro del Interior cuando se cometieron los atentados. Hasta el último momento defendió, antes de las elecciones, la autoría de ETA. Primero sin ningún género de dudas, y al final, cuando las evidencias de que se trataba de un atentado yihadista se acumulaban, como la línea de investigación principal. Años después declaró que “el PP nunca ha sido responsable ni ha mantenido la teoría de la conspiración”. 

Aquel intento de manipulación, desafiando la información que le suministraban las fuerzas de seguridad, no le supuso ningún coste político. Después de aquello fue secretario general del Partido Popular con Mariano Rajoy entre los años 2004 y 2008 (el numero dos del partido) y diputado en el Congreso hasta 2011, siete años después del 11M. 

Desde entonces, ha desarrollado una próspera carrera en el sector privado, primero de la mano de Rodrigo Rato en la matriz de Bankia y después en Iberdrola. En 2011 fundó, con el también exministro José María Michavila, el bufete MA Abogados, especializado en el asesoramiento jurídico de medianas y grandes empresas. A través de esta firma ha ayudado a compañías del sector energético, tecnológico, logístico, industrial y de seguros utilizando para ello al amplio conocimiento acumulado durante sus años en las instituciones públicas. Es además patrono de la Fundación FAES. 

Era el ministro de Trabajo y el portavoz del Gobierno de Aznar cuando tuvieron lugar los atentados. Desde esa responsabilidad, asumió enteramente la decisión de atribuirlos, sin ninguna evidencia, a ETA: “Todo apunta a la misma dirección”. Lo hizo hasta el último momento antes de las elecciones. Fue de los primeros en sugerir connivencia por parte del PSOE, a quien el PP siempre ha considerado el principal beneficiario de lo ocurrido: “Alguien está jugando con nosotros. No sé quién, pero alguien está jugando con nosotros, porque no es posible que todas las circunstancias fueran casuales”, señaló.

Después de eso, ya como portavoz del PP en el Congreso, contribuyó a dar crédito a las teorías de la conspiración poniendo en duda las actuaciones de la justicia y las fuerzas de seguridad tanto en la Cámara como fuera de ella. En 2006 secundó la información fabricada por El Mundo que aseguraba que “la furgoneta del 11M tenía una tarjeta del Grupo Mondragón en el salpicadero”. “La tarjeta existe con toda seguridad”, llegó decir Zaplana para tratar de convencer a la opinión pública, contra todos evidencia, de la participación de ETA en los atentados. La tarjeta nunca existió.

En 2008 dejó su escaño para poner en marcha una consultora privada y empezar a trabajar como alto directivo de Telefónica. Diez años después fue detenido por blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal. Permaneció en prisión preventiva casi un año, después de lo cual fue puesto en libertad condicional por motivos de salud. 

Zaplana nunca se desdijo de la teoría de la conspiración. En 2018, dejó por escrito que “siempre quedará la duda sobre los atentados”. En 2023 declaró: “Sigo pensando que hay espacio y oscuridad en el 11M”, aunque, precisó, no apoya la tesis que defienden algunos partidarios de la teoría de la conspiración de que el PSOE estuvo detrás de los atentados.

Era la presidenta de la Comunidad de Madrid el día de los atentados. Siempre ha dado alas a las dudas sobre la investigación oficial y la sentencia asegurando que seguimos sin conocer a los autores intelectuales.

En 2011, después de que Javier Arenas, que hoy se sienta en el Comité de Dirección del PP de Feijóo, insistiese en vincular a ETA con los atentados, Aguirre mostró apoyo “total” a cualquier investigación que lleven a cabo los jueces, los fiscales o las Fuerzas de Seguridad del Estado para aclarar la autoría de los atentados, que sigue creyendo sin resolver. Una vez más, respaldó las informaciones periodísticas y a cualquier iniciativa que sirva para “indagar en algunas de las cuestiones que se han dado por zanjadas”. En el 11º aniversario de los atentados, mantenía la misma tesis: “La verdad tiene que saberse”.

En la actualidad, aunque está jubilada, sigue teniendo presencia en tertulias y programas de entrevistas de medios de comunicaición que le sirven de plataforma y promueve una firme campaña contra el Gobierno de Pedro Sánchez que la llevó incluso a liderar el corte de la calle Ferraz junto a manifestantes de extrema derecha para protestar contra la ley de amnistía.

Era entonces el director del diario El Mundo, desde el que se puso a la cabeza de la difusión de informaciones falsas dirigidas a cuestionar los hechos y tratar de dirigir la atención de la opinión pública hacia ETA. Todavía hoy cuestiona la versión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la sentencia judicial. 

La estrategia concertada entre su diario, la COPE, emisora de radio De la Iglesia, y el PP no se limitó a difundir deliberadamente bulos sino a aprovecharse comercialmente de la teoría de la conspiración dañando a su principal rival en el espacio mediático de la derecha, el diario Abc, que bajo la dirección de José Antonio Zarzalejos se negó a difundir noticias falsas sobre los atentados.

Ramírez fue cesado como director de El Mundo en enero de 2014 y al año siguiente lanzó el diario digital El Español, desde el que sigue alentando dudas sobre la investigación y la sentencia con afirmaciones como estas: “Es como si se hubiese pretendido, y logrado finalmente, alejar la investigación de los verdaderos autores materiales e intelectuales para llevarla hacia los que finalmente resultaron señalados en la sentencia”.

El periodista siempre se ha mostrado “muy orgulloso de cómo el diario El Mundo enfocó la investigación” y nunca ha pedido disculpas por las noticias falsas que difundió. 

Era el presentador del programa estrella de la COPE, la emisora de los obispos, desde el que no sólo asumió y defendió la versión del Gobierno de la autoría de ETA sino que protagonizó una encendida defensa de la teoría de la conspiración cuestionando la investigación y la sentencia del 11M. 

La actuación coordinada entre su emisora y El Mundo, donde todavía conserva una columna de opinión, fue decisiva para causar un grave quebranto económico al diario Abc por no haberse sumado a la teoría de la conspiración. Casi cada día, el locutor pedía a su audiencia que anulase sus suscripciones con este periódico.

En 2009 dejó la COPE para presentar otro programa matinal en una emisora de su propiedad, Estadio, del Grupo Libertad Digital, que el mismo año de los atentados, según Luis Bárcenas, recibió más de 400.000 euros en dinero negro del PP. En esa emisora, que frecuentan los líderes de la derecha, con Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, continúa haciendo su programa a pesar haber sido condenado en numerosas ocasiones por intromisión ilegítima en el honor, daños morales e injurias graves.

Losantos sigue defendiendo, a día de hoy, la teoría de la conspiración. Según él ha habido una estrategia deliberada para “enterrar la verdad” por “por parte de jueces, de partidos políticos y, sobre todo, de medios de comunicación, que decidieron que, una vez logrado el cambio de gobierno, que según las encuestas no se iba a producir, lo único importante era que nadie discutiera su legitimidad”. 

Era adjunto al director en el diario El Mundo cuando tuvieron lugar los atentados, pero poco después, en octubre de 2004, Pedro J. Ramírez le promocionó a vicedirector, además de responsable de información. Como parte del equipo al mando del periódico participó de forma destacada de la estrategia que puso en duda la autoría de los atentados, la investigación y la sentencia posterior, posiciones que siguió defendiendo después cuando, tras la salida de Ramírez del diario, fue designado director. en mayo de 2014. Estuvo sólo un año en el cargo, aunque siguió siendo columnista hasta 2016. 

Durante años fue uno de los más firmes defensores de las teorías de la conspiración, hasta el punto de llegar a aquerellarse contra la policía científica. Intentó, sin éxito, hacer creer que una sustancia hallada en la vivienda de los yihadistas —ácido bórico— guardaba relación con ETA y que en el lugar de los hechos habían sido hallados restos de un explosivo habitual de la banda terrorista.

En la actualidad dirige el digital El Independiente, fundado por él mismo hace ocho años. A diferencia de la mayoría de sus colegas, admite haber dado “crédito a algunas informaciones faltas de rigor”. Según destaca, parte de la culpa fue de “los servicios secretos”, ya que confundieron a los partidarios de la conspiración hasta hacerles parecer “una pandilla de iluminados”. 

El 11M era consejero delegado de la cadena privada de televisión Antena 3, a la que había llegado procedente de TVE para dirigir los informativos y conducir un telediario. Años después de la sentencia seguía sembrando dudas sobre los autores (“Un atentado que todavía no sabemos quién planificó”, escribió en un articulo publicado en 2012).

Desde el programa Madrid Opina, que dirigió y presentó en Telemadrid entre los años 2006 y 2010, dio espacio a distintas interpretaciones y teorías sobre los atentados, que cuestionaban la versión de los hechos probados proporcionada por las investigaciones policiales y judiciales y sugerían la existencia de tramas o implicaciones no reveladas públicamente. En algunos casos, se llegó a insinuar que había elementos dentro del Estado o vinculados a otros grupos terroristas, distintos a los islamistas que fueron identificados como responsables, que podrían haber tenido algún grado de participación o conocimiento previo de los atentados.

Era el director de Informativos de TVE y presentaba el Telediario 2 cuando estallaron las bombas. Utilizó su cargo para apuntalar la versión oficial, que apuntaba exclusivamente a ETA, para censurar las informaciones que apuntaban a los yihadistas.

Después del 11M dejó RTVE e intentó poner en marcha una productora de eventos especiales. Participó en programas de diferentes medios, la mayoría de ellos como tertuliano. Entre enero de 2009 hasta octubre de 2013, ejerció como jefe de prensa del promotor inmobiliario Francisco Hernando, conocido como El Pocero. Después reinició las colaboraciones en televisión.

Estuvo años intentando ser readmitido en RTVE, a la que llegó e exigir una indemnización de 300.000 euros por salarios dejados de percibir desde 2014, cuando finalizó la excedencia de 10 años que había pedido. Hace aproximadamente tres meses logró la readmisión y TVE lo destinó al programa La aventura del Saber (La 2), que se emite los fines de semana por la mañana.

Esta misma semana Urdaci negó haber recibido “ninguna presión externa” entre el 11 y el 14 de marzo de 2014, “salvo para evitar que Rubalcaba saliera en directo en la noche de la jornada de reflexión”. Según el periodista, las presiones venían “del director general” de RTVE, José Antonio Sánchez. Numerosos periodistas que trabajan en TVE en aquellos días sostienen que las presiones surtían efecto.

Era el director general de RTVE cuando tuvieron lugar los atentados. A él se atribuye la responsabilidad última de a manipulación de los informativos durante aquellos días, de la que Urdaci era el brazo ejecutor, así como la decisión de emitir, en plena jornada de reflexión y en horario de máxima audiencia, una película documental sobre un doble asesinato cometido por ETA.

La salida de RTVE tras la derrota electoral del PP no le privó de una larga y fructífera carrera profesional siempre vinculada a la derecha. Primero pasó por Telefónica como director general de la División Latinoamericana de Telefónica Internacional (2004-2011) y después se hizo cargo de la dirección general de Telemadrid. 

De ahí retornó tres años después a RTVE en calidad de presidente de la corporación hasta que en 2018, tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, el Congreso le destituyó para situar en su lugar, de forma provisional, a Rosa María Mateo. 

Volvió a la actividad en julio de 2021, de nuevo al frente de Telemadrid, esta vez como administrador provisional de la compañía, cargo que continúa ostentando, y como director general. Siempre ha presumido de votar al PP.

Ingeniero de telecomunicaciones de formación, fue el suministrador de muchos de los bulos que después publicaba el diario El Mundo y a los que daba eco la cadena COPE, propiedad de los obispos españoles. Se le considera el gran ideólogo de la teoría de la conspiración, que siguió impulsando durante años desde EsRadio, la emisora propiedad de Federico Jiménez Losantos. El pasado mes de febrero anunció su incorporación al Grupo Intereconomia, propietario de El Toro TV.

Dio apoyo a una plataforma autgodenominada Los Peones Negros, presentada como un movimiento de investigación ciudadana, que agrupaba los bulos fabricados con hipótesis alternativas a los hechos probados. Las más relevantes insitían en la participación de ETA y denunciaban la supuesta connivencia del PSOE e incluso de Marruecos.

Del Pino sigue insistiendo con vehemencia en sus tesis. Hace pocos dias calificó de “mierda” la “versión oficial del 11M”.

Ni por edad y formación ni por talante debería haber sido César Alierta la persona destinada a dirigir con éxito una compañía tecnológica, convirtiéndola en una multinacional y adaptándola al reto digital. Pero el financiero zaragozano, que acaba de fallecer a los 78 años, llevó a una Telefónica recién salida del monopolio público hasta la máxima capitalización bursátil y el récord histórico de beneficios tras lanzarla a la expansión internacional y situarla como uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo. Además, capitaneó con mano firme el barco durante 16 años bregando con habilidad tanto con gobiernos del PP y PSOE.

Pese a que lo suyo eran las finanzas –fue director general de Mercado de Capitales en el Banco Urquijo durante 15 años y fundó la sociedad de valores Beta Capital–, se estrenó a lo grande en la gestión empresarial con Tabacalera, que privatizó y fusionó con la francesa Seita para tansformarlas en Altadis. Nombrado para ese puesto por José María Aznar en 1996, fue también la persona elegida cuatro años más tarde para enderezar Telefónica tras el escandaloso paso de Juan de Villalonga por la compañía, que había dejado de ser pública sólo un año antes.

Y lo consiguió, mediante una mezcla de intuición, talante y una ambición innegable pero, sobre todo, gracias al uso inteligente del poder. Dentro de la empresa y fuera de ella, según coinciden las fuentes consultadas. “No tenía un estilo de gestión, no existe un aliertismo de gestión”, explican. Por el contrario, las claves de su éxito en Telefónica y de su longevidad al frente de ella –sólo sus dos primeros presidentes duraron más que él– fueron su capacidad para las relaciones –“se hacía querer”, repiten– y su habilísimo manejo del poder. Dentro de Telefónica lo monopolizó, dando –y quitando– atribuciones a quienes, a diferencia de él, conocían el campo tecnológico, azuzando así una competencia interna por el éxito que redundaba en beneficio de la organización, detallan fuentes próximas al empresario.

“En Telefónica había ideas, mercado y capital, y Alierta respetó y potenció esos equipos; Alierta dejó hacer”, explica Mariano Guindal, periodista económico autor de El declive de los dioses, sobre los grandes empresarios de la Transición. El zaragozano, por tanto, se dedicó a las “fusiones y las compras, que era lo que sabía hacer, no a la digitalización”, precisa Guindal.

Todo ello estaba al servicio de un objetivo: convertir a Telefónica en una gran compañía. Mientras el mundo pasaba de analógico a digital, Alierta compraba las filiales de la estadounidense Bellsouth en América Latina, la brasileña Vivo, la checa Cesky Telecom y la británica O2, que le permitió acceder también a los mercados alemán e irlandés. Fue con Alierta cuando Telefónica alcanzó su récord de capitalización bursátil, casi 107.000 millones de euros, en octubre de 2007. Ahora sólo suma 21.400 millones, aunque lejos de los mínimos, por debajo de 16.000 millones, en que se hundió en septiembre de 2020. También explotaron con Alierta los beneficios: los 10.167 millones de euros conseguidos en 2010 no han sido aún superados. En 2022 ganó sólo 2.011 millones. A falta de conocerse cómo ha cerrado 2023, hasta el tercer trimestre suma 1.262 millones en ganancias. En el lado negativo, al irse, en 2016, dejó una deuda enorme, de 53.116 millones de euros que, a día de hoy, su sucesor, José María Álvarez Pallete, ha recortado hasta dejarla en menos de la mitad –26.687 millones–.

“El hombre poderoso”, tituló una periodista alemana el reportaje sobre César Alierta que la llevó hace años a Madrid y Zaragoza, la ciudad natal del expresidente de Telefónica. “Es tan poderoso que hasta el jefe de Estado chino le visita”, abría el suyo el diario Die Welt en mayo de 2008 para presentar a los lectores alemanes al empresario español que quería “conquistar” Europa.

Mariano Guindal dice que era “influyente” por su poder sobre los medios de comunicación. Telefónica fue durante años el primer anunciante de España. En 2008, aún con la economía en pleno auge, Telefónica se gastaba 173,8 millones de euros en publicidad, lo que representaba el 2,6% de la inversión, según Infoadex, y una lluvia fundamental de ingresos para periódicos y televisiones. Pero su influencia iba mucho más allá de los medios de comunicación. “Supo mantener los equilibrios mediáticos y también los políticos”, resume Guindal. Para ello, Alierta se dedicó sin disimulo al fichaje de políticos, tanto de PP como de PSOE. La lista es jugosa. “Fue muy hábil, jugando a dos barajas, mimaba a unos y a otros”, admite el periodista.

Del PSOE: el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, el exsecretario de las Juventudes Socialistas Javier de Paz, la mujer de Eduardo Madina, Paloma Villa, y Carlos Escó, marido de la exlíder socialista en Aragón Eva Almunia.

Del PP: el exvicepresidente Rodrigo Rato, los exministros Eduardo Zaplana y Manuel Pizarro; Iván Rojas, marido de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; Vanesa Arriola Villalobos, hija del asesor de Aznar Pedro Arriola y la exministra Celia Villalobos; la expresidenta de Navarra (UPN) Yolanda Barcina, el ex secretario de Estado Alfredo Timermans... También contrató a Iñaki Urdangarín y al exjefe de la Casa Real Fernando Almansa.

Según Guindal, “llevarse bien con todos” le permitía a Alierta “sobrevivir”. Conseguía que “[los políticos] le dejaran en paz”, remacha. Y que la regulación se hiciera “a medida de Telefónica”. Fuentes próximas al expresidente, sin embargo, niegan que la compañía obtuviera ningún trato de favor en ese aspecto, sino más bien al contrario. Con el tiempo, perdió inevitablemente su posición de dominio en el mercado. “Perdió todo lo que tenía que perder”, concluyen. Las puertas giratorias con la política podían tener “cierto efecto externo”, admiten las fuentes, pero Alierta las consideraba más bien “un peaje que tenía que pagar”, sobre todo tratándose de una “empresa regulada”.

Una buena muestra de esta dualidad es la enmienda que lleva el nombre de la empresa y que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para frenar el escándalo que siguió al anuncio de un ERE de 6.500 despidos sólo meses después de haber publicado los mayores beneficios de su historia. Tampoco era el primero. Telefónica se había acostumbrado a ofrecer condiciones de lujo a quienes querían prejubilarse, pero el coste para las arcas públicas –para el Inem de entonces– de esos retiros anticipados era millonario.

Así que ahora las empresas con beneficios que despidan a trabajadores mayores de 50 años deben hacer una aportación al Tesoro equivalente al importe de las prestaciones públicas que recibirán sus exempleados hasta la jubilación. En los últimos 20 años, Telefónica ha recortado en un 65% su plantilla a base de ERE y bajas incentivadas: ha pasado de 60.000 a poco más de 20.000 trabajadores en España. El ERE que acaba de presentar este año, para 3.241 empleados, le costará a la empresa 1.300 millones de euros.

El expresidente de Telefónica, que nunca ocultó su afinidad con el PP, llegó a confesarse “socialdemócrata” en alguna ocasión. Lo cuenta el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, en su libro Al fondo a la izquierda: En un restaurante, en 2016, le contó que había insistido durante “mucho tiempo” a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, en que debía “subir el salario mínimo un 20% y aprobar una renta básica para los hogares sin ingresos”. “Mi receta es muy clara: crecimiento y solidaridad. Ésa es la clave de lo que necesita Europa, hasta a [Angela] Merkel se lo he dicho. Y los números salen. Les hice los numericos y se los mandé a Rajoy y a Álvaro Nadal [jefe de la Oficina Económica del Gobierno]. Ni puñetero caso. Y la gente, con razón, cada vez más encabronada”, se explayó.

Solidaridad con los de abajo e impuestos a los de arriba. “A quienes más ganamos, a quienes ganamos millones, deberían gravarnos hasta un 65% en la renta personal. Y sin demagogias, ¿eh?”, defendió entonces. César Alierta dejó la presidencia de Telefónica ese mismo año, con un plan de pensiones de 54,2 millones de euros.

Sólo unos meses después, en 2017, se disolvió el Consejo Empresarial para la Competitividad, el lobby de las 15 mayores empresas españolas que presidió César Alierta desde su nacimiento en 2011. La iniciativa corrió a cargo de Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (Caixabank) y el propio Alierta, pero fue éste quien se puso al frente del grupo. El foro se presentó con el objetivo de impulsar la recuperación económica y la marca España, en los meses previos al rescate europeo de la banca española y mientras la CEOE sufría una tremenda crisis por culpa de los negocios y fraudes de Gerardo Díaz Ferrán.

Querían que se les considerara un think tank, un laboratorio de ideas, pero la foto de los empresarios más poderosos de España –Florentino Pérez (ACS), Francisco González (BBVA), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Antonio Brufau (Repsol), Pablo Isla (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), entre otros– proyectaba más bien la imagen de un grupo de presión. El apoyo de esta superélite económica a los sucesivos recortes del Gobierno aquellos años de austeridad tampoco dejaba margen para el equívoco. “Fue fruto de una visión patriótica, pero también interesada: lo que es bueno para el país también será bueno para mi empresa”, interpretan fuentes cercanas a Alierta.

El expresidente de Telefónica contaba además con una agenda de contactos internacionales “restringida pero profunda”, destacan las mismas fuentes. Tomaba cafés con Angela Merkel, que ha enviado un mensaje de condolencia al saber de la muerte de Alierta, y tenía una buena relación personal con el presidente brasileño, Lula da Silva, y con el papa Francisco, e incluso con competidores como el ex consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, y el principal accionista de Vivendi, Vincent Bolleré.

César Alierta pertenecía a la misma generación de empresarios de, por ejemplo, Francisco González, el expresidente del BBVA. Ambos proceden del mundo de las finanzas –González también fundó su propia sociedad de valores– y de los círculos de amistad políticos del PP –a González y a Alierta los nombró Rodrigo Rato al frente de Argentaria y Tabacalera–, triunfaron en la vida empresarial gracias a las privatizaciones de grandes compañías públicas y llevaron el timón de la expansión internacional y digitalización de Telefónica y BBVA mientras aprovechaban los vientos de los distintos gobiernos. Se fueron casi al mismo tiempo: González en 2018 –tiene un año más que Alierta–.

Además, compartieron problemas judiciales. El zaragozano pasó por los tribunales en el llamado caso Tabacalera, cuando se le acusó –también a su sobrino– de información privilegiada: junto con su mujer habían ganado 1,86 millones de euros al comprar acciones de la empresa poco antes que de que ésta adquiriera en 1997 una compañía estadounidense, una operación que multiplicó el valor de las acciones de la española. En 2010 fue absuelto finalmente por el Tribunal Supremo, que declaró prescrito el supuesto delito. Francisco González, en cambio, sigue aún pendiente de que la Audiencia Nacional decida sobre su responsabilidad en la contratación del comisario Villarejo por el BBVA. La misma camada y trayectorias paralelas.

Pero a Alierta y a González les separaba una diferencia fundamental: el carácter. Según las fuentes consultadas, González es una persona de difícil trato. Hasta José María Aznar reconoció en una entrevista a El País Semanal que el banquero de Chantada (Lugo) “no es demasiado simpático”. Todo lo contrario que el “nacionalista aragonés” –como lo califica Mariano Guindal– Alierta. “Era tímido, pero cercano, tenía una capacidad de relacionarse muy curiosa”, le describen las fuentes. Siempre fue “César, no le gustaba que le llamaran presidente”, recalcan, pero nunca hubo dudas sobre quién ejercía el poder absoluto en la empresa y cuánto poder tenía Telefónica en España.

Alemania se ha despertado este lunes con la mayor huelga en el transporte de los últimos 30 años. Ni trenes, ni metro ni aeropuertos, ni siquiera los trabajadores de los concesionarios de las autopistas han acudido al trabajo. Los alemanes se unen así a británicos y franceses, que llevan meses protestando contra la carestía de la vida –los primeros– y la reforma de las pensiones –los segundos–. Este mismo martes están llamados de nuevo a la huelga los empleados del transporte de toda Francia, los de la recogida de basura van por la cuarta semana de paros. Y los de las refinerías llevan en conflicto desde el pasado día 7.

Mientras, en Reino Unido, la ola de protestas laborales en el transporte público, los hospitales y los organismos públicos que comenzó en diciembre ha obligado a los periódicos a publicar los calendarios de huelgas de los próximos meses para prevenir a los ciudadanos: ya hay convocados paros en el transporte ferroviario este jueves y el sábado, los médicos y los examinadores de Tráfico dejarán de trabajar varios días de abril. Antes lo hicieron las plantillas de las universidades, los profesores no universitarios y los trabajadores de las ambulancias.

La inflación disparada, que en el Reino alcanzaba el 10,4% en febrero, el 8,6% en Alemania o el 9,2% en Italia –todos ellos por encima de la media europea, aun así encaramada en el 8,5%– ha sacado a la calle a los trabajadores del continente para reclamar subidas salariales que les permitan llegar a fin de mes. Aunque Francia es de los países donde el IPC ha estado más contenido en el último año –el 6,2%–, las protestas contra la reforma de las pensiones han destapado un enorme malestar social.

¿Y en España? Médicos de atención primaria y letrados de la Administración de Justicia acaban de firmar sendos acuerdos para poner fin a sus respectivos paros. El otoño pasado, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, emprendieron una campaña –Salario o conflicto– que no ha llegado a incendiar empresas y sectores. Por el contrario, los belgas probablemente se sorprendieron la semana pasada al enterarse de que, pese a las apariencias, las huelgas en el sector privado les habían hecho perder a ellos más días de trabajo –97– entre 2011 y 2020 que a los franceses –93–, según las estadísticas recopiladas por el European Trade Union Institute (ETUI), el centro de estudios de la Confederación Europea de Sindicatos.

Esos mismos datos revelan que, si bien España lideraba junto a Francia la intensidad de las huelgas en Europa en la primera década del siglo, desde la crisis financiera los trabajadores españoles paran cada vez menos para reclamar derechos laborales. Hasta el punto de que en los dos últimos años analizados por ETUI, 2020 y 2021, en España sólo se perdieron 29,7 días por cada 1.000 empleados, muchos menos de los que no se trabajaron en Dinamarca –49,1–, Finlandia –48,8– o Noruega –50,4–. En ese bienio, Francia perdió 79,1 días de trabajo por culpa de las huelgas, el país que más protestó, seguido de Bélgica, con 57,3 días, casi el doble que España.

Los menos dados a utilizar el más contundente instrumento de protesta laboral son Alemania, con sólo 12,6 días perdidos por cada 1.000 trabajadores; Irlanda, con seis días; Portugal, con 6,6, y Países Bajos, Austria y Suecia, que no dejaron de trabajar ni un solo día durante esos dos años por culpa de una huelga. ETUI carece de datos actualizados para Italia, Grecia y Reino Unido.

Desde 2000, el recurso a la huelga ha perdido mucho fuelle en Europa. En 2021 sólo se perdió una media de 19,9 días por 1.000 trabajadores en los 28 países de la Unión Europea, el mínimo del siglo, muy lejos del récord de conflictividad laboral alcanzado en 2002, con 85,3 días perdidos. No volvió a repuntar hasta la crisis financiera: en 2010 se alcanzaron 71,4 días. Desde entonces no ha llegado siquiera a los 40 días. Y a partir de 2018 la evolución ha sido descendente, a falta de lo que computen los años de la guerra, la inflación y el descontento.

Lo cierto es que el país que más días ha perdido por huelgas fue Dinamarca, que en 2008 batió el récord europeo del siglo con 743 días no trabajados. El conflicto por la subida salarial en la sanidad pública fue ese año el mayor de la historia danesa –10.000 trabajadores implicados– y duró más de dos meses. En 2013 se perdieron 397 días, otro récord en Europa, después de que un cierre patronal, decidido por los ayuntamientos, impidiera a 52.000 profesores dar clases durante un mes. El fracaso de la negociación salarial entre profesores y municipios fue el detonante del conflicto. En 2021, las huelgas en Dinamarca se llevaron por delante 95 días por 1.000 trabajadores, también el máximo europeo ese año: está por encima de Francia y Bélgica, y casi cuadriplica los 26 días de España. Cifras que siembran dudas sobre el elogiado modelo de negociación colectiva y diálogo social danés.

España es el siguiente país de la lista europea, con un máximo de 365 días por 1.000 trabajadores en 2002. El 20 de junio de ese año se llevó a cabo una huelga general contra lo que se conoció entonces como decretazo, la reforma de la prestación de desempleo elaborada por el Gobierno de José María Aznar. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, dimitió un mes después y su sucesor, Eduardo Zaplana, cambió la norma. El TC la declaró inconstitucional en 2007. En 2004 se perdieron 304 días por las huelgas de los astilleros y en la industria. En comparación, la intensidad de los paros decreció durante la recesión que siguió a la crisis financiera, con 90 días en 2008 y 89 en 2012, aunque en este último año ETUI no incluye la huelga general del 29 de marzo contra la reforma laboral de Mariano Rajoy. Como queda dicho, desde entonces la conflictividad laboral no ha dejado de bajar, hasta quedarse en una pérdida de 26 días en 2021.

Sólo un día menos que el máximo español, 364, figura como récord francés, en 2010, y la espoleta fue, también, la reforma de las pensiones. Entonces el presidente era Nicolas Sarkozy, quien pretendía aumentar la edad de jubilación de 60 a 62 años. Tanto antes de la crisis financiera como después, la conflictividad laboral medida en días de huelga supera en Francia a la española. De hecho, entre 2010 y 2019 los franceses perdieron 127,6 días por 1.000 trabajadores, casi el triple que los españoles –49,1–.

En Bélgica el récord alcanza los 221 días perdidos. Fue en 2014, cuando los belgas se levantaron contra las políticas de austeridad tras la crisis financiera. En 2021 pararon 80 días, uno más que los franceses.

En comparación, los alemanes se conformaron con perder sólo 57 días en 2016, pero las huelgas se extendieron a los sectores eléctrico y del metal, así como a la educación. En 2021 únicamente se dejaron de trabajar 16 días. En Italia también comenzó el siglo con grandes conflictos, que hicieron perder hasta 310 días de trabajo en 2002, mientras que en Grecia llegaron ese mismo año a los 314 días.

Noruega también es un país con huelgas de alta intensidad. En 2000 perdió 239 días, en una huelga que secundaron 80.000 trabajadores de todas las industrias del país, mientras que en 2010 la cuenta llegó a 222 cuando los paros fueron convocados en el sector público. Dos años después se alcanzaron los 154 días y el afectado fue el potente sector petrolero. En 2021 la pérdida por las huelgas se quedó en 46 días.

La mayoría de los países europeos reconocen en su Constitución como un derecho de los trabajadores el recurso a la huelga, cuyo desarrollo se ha dejado a la jurisprudencia de los tribunales. Es el caso español: no existe una ley de huelga y son las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional las que lo han ido moldeando. En otros países los convenios colectivos regulan este derecho. Alemania, por ejemplo, ha establecido restricciones para los trabajadores del sector público.

Pese a que los sindicatos defienden que no hacen falta cambios, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha planteado una “renovación completa del marco legislativo del trabajo” que incluya el derecho a huelga. Por su parte, la CEOE lleva años reclamando una regulación más restrictiva.

El expresident de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha negado haber amañado contratos "jamás, en la vida" y ha considerado que es "evidente" que existen "cosas raras" en la investigación del caso Erial, en la que la Fiscalía Anticorrupción le pide 19 años de prisión.

Así se ha pronunciado el expresident en una entrevista que ha ofrecido en el programa Salvados de laSexta, donde ha señalado que si le acaban condenando a los 19 años que le pide la Fiscalía en esta causa, los "recurriría y cumpliría", ha recogido Europa Press.

Preguntado por si solicitaría el indulto, ha agregado: "Ni contemplo la condena ni el indulto". Además, ha señalado que si fuera condenado por los hechos que me imputan, "no merecería ningún tipo de indulto". "Estoy convencido de que no son verdad", ha insistido.

Zaplana ha señalado que su detención y encarcelamiento en 2018 fue "de los peores desgarros" de su vida, y ha admitido que le "avisaron" dos meses antes, aunque "no dio crédito". No ha concretado quién fue la persona que le avisó de esta investigación.

Respecto a la causa, ha señalado que es una "barbaridad" que una investigación así lleve ocho años abierta y ha señalado: "El día que me detuvieron yo ya estaba sentenciado a ir a juicio", ya que asegura que no le han autorizado "ni una sola diligencia". "Lo único que quiero es poder defenderme", ha asegurado.

En este sentido, ha asegurado que se le investiga por un relato construido por la Fiscalía y la UCO que no se le ha permitido "desmontar ni contradecir". Por ejemplo, ha negado que los más de seis millones de euros que se le atribuyen en cuentas en el extranjero fueran suyos. "No tenia dinero fuera, nunca lo he tenido", ha señalado.

Asimismo, también ha negado que su supuesto fiduiciario Fernando Belhot le haya gestionado "jamás un solo euro", y ha asegurado que la transcripción de una conversación entre ambos en un hotel de Madrid no se corresponde con la grabación que también está en la causa. Según Zaplana, esta transcripción está "llena de puntos suspensivos".

Preguntado si considera si han "ido a por él" con esta causa, Zaplana ha asegurado que hay "cosas raras" en la causa, y que además de la coincidencia de su detención con la sentencia del caso Gurtel hay "muchas más coincidencias".

Por ejemplo, se ha referido a las agendas de Villarejo. De hecho, ha asegurado que hace tiempo "no se creía" que existieran. "He sido ministro, he tenido una carrera profesional política larga, no me podía imaginar según qué cosas. Ahora parece ser que sí que existen o han existido", ha añadido.

Por otra parte, respecto a su enfermedad, ha señalado: "Estoy igual que casi todos los que hemos sido trasplantados de médula", con un "sistema inmunitario deficiente" y sufriendo infecciones "anuales". "Pero con ganas de seguir viviendo", ha señalado. Zaplana fue diagnosticado de leucemia en 2015.

En este sentido, tras mostrarle el entrevistador un vídeo de Arnaldo Otegi pidiendo su excarcelación, ha agradecido a todos aquellos que la pidieron en su momento, y ha señalado que no conocía a los tres médicos forenses que firmaron el expediente en el que pedían su salida de prisión.

Respecto al papel de su partido en el momento de su imputación, ha señalado que no se sintió "traicionado", aunque también ha señalado que nadie del PP fue a visitarle a prisión durante aquellos momentos.

En la primera parte de la entrevista, Zaplana se ha referido a varios casos y circunstancias que ocurrieron durante su etapa en la política activa. El exmininstro portavoz del Gobierno ha considerado que no alimentaron la teoría de que ETA había estado detrás de los atentados del 11M en Madrid, ni desde el Gobierno ni en la posterior comisión de investigación parlamentaria.

Por otra parte, también ha admitido que el contrato de los conciertos que realizó Julio Iglesias en el caso Ibex ascendieron a seis millones de euros, aunque ha defendido que la cifra de dos millones que se dio en su momento fue lo que se le pagó al artista. Además, ha defendido el valor de estos eventos: "Los empresarios venían encantados".

Respecto a Terra Mítica, ha negado que fuera el "proyecto emblemático" de su etapa y ha argumentado que, pese a que su venta fue muy por debajo de su valor, "alguien no compra un parque por 67 millones de euros si no cree que le vaya a sacar rentabilidad".

Zaplana ha asegurado que a los ciudadanos les queda "buen recuerdo" de su gobierno en la Comunitat Valenciana (entre 1995 y 2002) y ha indicado que de lo que más orgulloso se siente es de que considera que sirvió para hacer creer a los ciudadanos que un gobierno de centro derecha "beneficiaba" sus intereses.

"Indicios más que suficientes", "indicios de criminalidad" y "hechos delictivos de cuya comisión existen indicios". Así ve la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia el caso Erial, con lo que ha desestimado el recurso de los acusados y aboga por sentar en el banquillo al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, según informa Europa Press.

Así se desprende del auto en el que el tribunal desestima los recursos interpuestos por la mayoría de los acusados en el caso Erial, en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana en la época de Zaplana, a través de una organización formada por un núcleo de personas cercanas al expresident.

De esta forma, la Audiencia confirma la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción número 8 de València, en la que se acordaba seguir el procedimiento contra los investigados por el procedimiento abreviado.

El tribunal sí estima el recurso interpuesto por una acusada, ya que la resolución de instancia no recoge los indicios de criminalidad que se aprecian contra ella.

Muchos de los acusados en esta causa interpusieron recurso ante la Audiencia al estimar que la resolución del juzgado adolecía de falta de motivación, así como no veían indicios en su contra.

Sin embargo, el tribunal valenciano, tras estudiar los textos, los ha desestimado. Indica que la resolución recurrida contiene "detalle suficiente" de los hechos que motivan el procedimiento de incoación de procedimiento abreviado.

Estos indicios son, a su juicio, "más que suficientes" para ordenar la continuación del procedimiento contra los acusados, "sin que sea lícito pretender de la juez de instrucción que efectúe una valoración definitiva de pruebas o de los acopios de la instrucción, lo que es imposible en este momento procesal", advierte el tribunal.

"Los recurrentes pretenden —agrega— que la instructora efectúe una valoración de la prueba más allá de lo que procede en esta fase procesal, existiendo indicios de criminalidad contra ellos, tal y como, además, esta Sala ha tenido oportunidad de ir conociendo a lo largo de los numerosos recursos que se han planteado en la instrucción que nos ocupa. Por lo demás, el relato que contiene el auto recoge la esencia de los hechos delictivos de cuya comisión existen indicios", apostilla.

El Juzgado de Instrucción número 8 de València ha procesado al exministro de trabajo con el PP y expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana por el conocido como caso Erial. Se trata del paso previo a la apertura de juicio oral. Así se desprende del auto de procesamiento, notificado hoy a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, dictado por el juzgado que investiga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

El auto, que da por concluida la fase de instrucción y puede ser recurrido en reforma, emplaza a la Fiscalía y las demás acusaciones a que soliciten en el plazo de diez días la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. Junto a Zaplana se ha procesado a otros investigados como el considerado presunto testaferro del expresident, Joaquín Barceló; el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, y Vicente y José Cotino, entre otros. Por otro lado, ha decretado sobreseimiento provisional de la causa para la hija de Zaplana y su mujer al no ver indicios de delito.

Para la jueza, "existen indicios" de que algunos de los investigados "se aprovechaban de los cargos políticos que ostentaban a lo largo de varios años, junto con empresas existentes y ayudadas también por empresarios individuales" y "facilitaron la obtención de contratos públicos obteniendo todas las partes beneficios económicos" que "posteriormente fueron objeto de blanqueo y otros delitos".

Las presuntas conductas "eran dirigidas por Zaplana", junto a un grupo cercano al expresident de amistades o de personas que habían tenido relación "por la posición política" que ostentó y "las relaciones que tuvo desde su cargo público", todo ello "con el fin de poder obtener ganancias ilícitas". Así, según la jueza, los concursos públicos tras la privatización de las ITV y la ordenación territorial de los parques eólicos resultaron ser "a la carta" para que las empresas interesadas, "previa estipulación de comisión, se hicieran con dichas adjudicaciones".

En cualquier caso, la forma planificada por Zaplana era "quedar, ante todo, oculto en la sombra de todo tipo de actividad" con el fin de "eludir posibles responsabilidades" y dado que "era conocido públicamente y, si su nombre apareciera en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente".

Por ello, la jueza señala que el expresident "utilizó a sus amigos y conocidos", a los que "hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas" con el fin de "conseguir su colaboración".

Destaca el papel del presunto testaferro del expresident, Joaquín Barceló, al que, según el auto, Zaplana "hizo que figurase con su nombre" en sociedades creadas de las que sería administrador, tanto en España como en el extranjero, en cuentas corrientes, para que Zaplana quedara "al margen y libre de responsabilidades mientras recibía importantes beneficios económicos".

Según la instructora, para dar salida al dinero de origen delictivo o para concurrir a los concursos públicos "hechos a la carta", se utilizaron sociedades "para poder blanquear el dinero obtenido de las comisiones, así como otras sociedades de menor importancia para hechos puntuales y en especial para blanquear los beneficios de alguno de los investigados".

En concreto, menciona el caso de los parques eólicos valencianos, donde fueron adjudicados tres de las zonas, y, tras el mecanismo de suscripción y venta de acciones, "las acciones iniciales que tenían un valor de 120.000 euros se convirtieron al ser adquiridas en 48.000.000 de euros en apenas seis años".

Posteriormente, en la época de los Planes Eólicos, siendo José Luis Olivas president de la Generalitat, este "también obtuvo beneficios" junto con Zaplana, quien "seguía organizando y dirigiendo desde la sombra". Señala la jueza que la intervención de Olivas "fue también fundamental".

Para la convocatoria pública del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana "se alteraron los trámites del procedimiento" que establecía las normas aprobadas, además de "situarse en la misma fase la información pública y la publicación de la resolución definitiva" y que "no se estableció ningún criterio de selección de los proyectos", por lo que la selección "quedaba a criterios arbitrarios".

Gracias a ello, continua la jueza, los concursos se adjudicaban a determinadas empresas, "habiéndose establecido criterios de selección y condiciones límite con posterioridad a ser presentada la documentación a concurso, y ello con el fin de que les fuese adjudicado lo solicitado". En el caso de José Luis Olivas, habría recibido para ello 580.000 euros como comisión.

Respecto a las adjudicaciones de las ITV, el auto señala que "no se ha encontrado documento alguno que justifique y avale la privatización" y "tampoco existe estudio económico". Por el contrario, sí existía "un informe desfavorable que nunca se tuvo en cuenta". Para la jueza, "tampoco hubo informe técnico que avalara la adjudicación ni justificación económica ni técnica que aconsejara privatizar el servicio público" hasta entonces de las ITV, siendo además formada la mesa de contratación "por cargos políticos y ningún técnico".

Así, al no haber en el expediente administrativo "justificación alguna de criterios técnicos establecidos ni de la puntuación asignada ni posibilidad alguna de mejorar el canon a percibir por la Administración", fue "fácil que, con todas estas irregularidades", Zaplana, entre otros de los investigados, "se hiciera con las adjudicaciones las empresas que querían ser las titulares de las mismas a través de sus sociedades".

En el entramado empresarial, Joaquín Barceló era el "principal testaferro" de Eduardo Zaplana y "se aprovechaba de la amistad existente entre ellos y de la existencia de una confianza debida a dicha relación". De hecho, fue nombrado administrador de varias sociedades y ostentaba la titularidad de cuentas corrientes "pero recibía las órdenes directas de Zaplana". También colaboró la secretaria personal de Zaplana, que era "conocedora de las actividades delictivas" y que "recibió cantidades en efectivo de procedencia delictiva que luego le entregaba".

Otro colaborador "asiduo" de Zaplana para "facilitar facturas que justificaran movimientos de dinero" era Francisco Pérez López, conocido como "el Gasofa". Asimismo, formaban parte también del entramado Carlos Gutiérrez Mondedeu, que se dedicada a ser el "interlocutor" con una entidad bancaria para que se realizaran "excepciones" en las operaciones llevadas a cabo, y Ángel Salas, que "mantenía contactos" para la adquisición de determinados bienes y, en concreto, varias parcelas en Villajoyosa, realizando los pagos "con proveniente de las comisiones ilegales".

La implicación de Roberto Bataouche Pérez, según se recoge en el auto, se vincula con operaciones por importe de 812.000 euros que fueron destinadas a la adquisición de unos áticos en Altea, "pertenecientes en realidad, aunque de forma encubierta, a Eduardo Zaplana como consta en documentación encontrada en el registro".

Otra de las personas que colaboraba con Zaplana era el peluquero Pedro Romero, en este caso para "dar salida al dinero obtenido ilícitamente y habiendo obtenido en su día unos terrenos cercanos a Terra Mítica de edificación".

Finalmente, José Luis Olivas, por el desarrollo y ejecución del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana cuando era 'president' de la Generalitat, "habría obtenido 580.000 euros por el presunto trato de favor obtenido en la adjudicación de las zonas" del plan.

La Unidad Central Operativa ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 8 de València, que instruye el caso Erial, un informe en el que detalla las adquisiciones, inversiones, contrataciones de servicios o retiradas de fondos en efectivo vinculadas con el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, y que pondrían fin a la cadena de transacciones económicas que se produjeron a raíz del supuesto pago de las comisiones recibidas por las adjudicaciones del servicio de ITV y el Plan Eólico Valenciano, informa Europa Press.

Así figura en un informe de 445 páginas más anexos, adelantado por elplural.com y al que ha tenido acceso Europa Press, que complementa otros dos documentos de los investigadores sobre el movimiento de los fondos -hasta en 10.521.351,28 euros cifran el montante total de los presuntos sobornos investigados en la causa-: uno de febrero de 2020 sobre la offshore radica en Luxemburgo Imison International a la que fue parte del pago de los supuestos sobornos por las adjudicaciones a través de Asedes, empresa vinculada a los Cotino, y otro del pasado abril en relación con las transacciones económicas registradas en el Principado de Andorra.

Los investigadores sostienen que parte del dinero de Imison de los presuntos sobornos regresó a España con la creación de un entramado a través de las sociedades Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Turnos Sylvatica. De acuerdo con este último informe, entregado en el Juzgado el pasado diciembre, es la propia trazabilidad de los fondos "la que ha venido a determinar la existencia de una amplia estructura societaria que habría tenido la finalidad de canalizar, ocultar y poner a disposición de sus beneficiarios finales estos fondos de supuesta procedencia delictiva".

En el informe de Imison, los investigadores describieron cómo se puso a disposición de los destinatarios los fondos procedentes supuestamente de comisiones ilícitas y la canalización de otros hacia mercantiles uruguayas usando estructuras intermedias mientras que en el de Andorra, se detallan operaciones por las que se abonaron fondos en efectivo por importe superior a 9,8 millones y su posterior canalización hacia Imison.

En este último, se analiza la estructura societaria creada para retornar a España parte de esos fondos de Imison. Los investigadores destacan la "aparente capacidad" de administración y disposición de Zaplana sobre los bienes y fondos de Costera del Glorio, Medlevante y Gesdesarrollos Integrales, lo que, a su juicio, evidencia la relación "en términos de propiedad" del expresidente de la Generalitat con los fondos radicados en Imison. De hecho, señala que Zaplana es el "propietario real" del dinero en esta sociedad luxemburguesa.

La UCO detalla una serie de operaciones relacionadas con estas firmas. Por parte de Costera del Glorio, la compra de un piso en Núñez de Balboa, Madrid, por 1,6 millones de euros; el pago de 91.000 euros en reformas y otros 21.000 en electrodomésticos; la contratación de una empleada de hogar; de un reloj por 20.000; el reintegro de 50.000 euros desde sus productos bancarios cuyo destinatario sería Zaplana y un cheque al portador por 8.000 euros también relacionado con el exministro.

Por Medlevante, se señala la adquisición de dos áticos en Altea por 394.400 euros y la embarcación Loix por 114.905. Por parte de Gesdesarrollos, se adquirieron varias parcelas en la Vila Joiosa por 2,17 millones de euros. Para la UCO, la estructura conformada por estas mercantiles formaría la última etapa del blanqueo de los fondos, y a través de ellas se realizaron adquisiciones de bienes o servicios de los que, de acuerdo con los indicios, se habría beneficiado o dispondría Zaplana.

Según la UCO, el investigado Francisco Grau, considerado presunto testaferro de Zaplana, fue quien diseñó el complejo de negocios uríicos, que se materializaron principalmente a través de Joaquín Barceló, "persona interpuesta" en favor del exministro. Los investigadores sostienen que Grau sería la persona encargada de gestionar la dinámica del retorno de los fondos mientras que Barceló habría actuado como titular formal de diferentes sociedades "actuando aparentemente como persona interpuesta" en beneficio de Zaplana.

Asimismo, señalan que, a lo largo de la instrucción, hay otros elementos que han evidenciado que los pagos de Asedes a Imison eran "realmente comisiones de naturaleza ilícita" desembolsadas a Zaplana, entre ellos, el hallazgo de la denominada hoja de ruta, con aspectos relativos a las licitaciones del Plan Eólico y las ITV y cuya posesión habría correspondido en algún momento al expresidente o que, en el momento de su detención, se localizase en su maletín personal un documento denominado relato de Medlevante, en el que se describe parte del proceso del retorno de fondos de Imison y las inversiones que se proyectaron con ese dinero.

El empresario arrestado en el marco del caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana, ha quedado en libertad con cargos tras prestar declaración judicial en una pieza secreta que suma nuevos investigados por la trama, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

Este empresario fue detenido en Ibiza el pasado miércoles en una operación dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ayer prestó declaración por videoconferencia ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de València. Seguidamente quedó en libertad con cargos.

Junto a esta detención, los agentes han realizado varios registros en diferentes ciudades de España y han intervenido abundante documentación que ahora tendrán que analizar. También registraron el domicilio particular de Fernando Castelló, que fue conseller de Industria en el Gobierno de Eduardo Zaplana y secretario de Estado de Seguridad Social con José María Aznar.

Al parecer, el registro en la vivienda de Castelló estaba relacionado con su intervención en la aprobación del Plan Eólico valenciano. Ocupó la Conselleria de Industria y Comercio entre 1999 y 2003 y también fue diputado del PP en el Congreso de los Diputados entre 2004 y 2008.

Los agentes, durante el registro, tomaron declaración a Castelló pero no llegó a ser arrestado, han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación, que han concretado que en principio no está previsto llamarle a declarar al juzgado en un corto espacio de tiempo.

El secreto en esta pieza surgió a raíz de un informe de la Guardia Civil que estaría relacionado con dinero supuestamente defraudado en paraísos fiscales y se decretó justo un día antes de que tuvieran lugar en el juzgado las declaraciones de varios investigados, entre ellas la del expresidente del Consell y de Bankia José Luis Olivas.

A la semana de declararse el secreto, la UCO ha desplegado una macrooperación en diferentes puntos de España, entre ellos Castellón y Madrid, con varios registros e intervención de documentación.

La investigación judicial se centra en presuntas irregularidades con las ITV y el Plan Eólico en la etapa de Zaplana al frente del Consell. Un informe de la UCO afirmaba que el 'expresident' ocupó un "plano de jerarquía superior" en la trama, que obtuvo más de once millones de euros en comisiones ilegales, y fue uno de los "beneficiarios económicos de los activos".

Según los investigadores, Zaplana tuvo una participación "velada" en el fraude "a través de terceros". En la causa se investigan una serie de comisiones aparentemente desembolsadas en atención a las adjudicaciones del servicio de ITV y del Plan Eólico de la Comunitat, "todas ellas adjudicadas y pagadas por parte de sociedades del grupo empresarial Sedesa", de la familia Cotino. El dinero se enviaba a una sociedad en el extranjero, se ocultaba en cuentas y posteriormente regresaba a España.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado este miércoles una nueva batería de diligencias en el marco del caso Erialcaso Erial con la requisa de diversa documentación en varios registros, entre ellos en el domicilio particular de Fernando Castelló, que fue consejero en el Gobierno de Eduardo Zaplana y secretario de Estado de Seguridad Social con José María Aznar, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Las diligencias, que no incluyen la práctica de detenciones, están relacionadas con la pieza secreta del caso Erial que la titular del Juzgado de instrucción número 8 de Valencia abrió hace una semana a raíz de un nuevo informe de la UCO sobre el dinero que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales.

La recopilación de documentación afecta a varios registros en diferentes ciudades, entre ellos, según ha avanzado el diario El País, la vivienda de Fernando Castellón que ocupó la Consejería de Industria y Comercio entre 1999 y 2003. También fue diputado del PP en el Congreso de los Diputados entre 2004 y 2008.

En un informe remitido recientemente por la UCO al juzgado se sostenía que el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP Eduardo Zaplana ocupó un "plano de jerarquía superior" en la trama de las ITV y del Plan Eólico, que obtuvo más de once millones de euros en comisiones ilegales, y fue uno de los "beneficiarios económicos de los activos".

Según los investigadores, Zaplana tuvo una participación "velada" en el fraude "a través de terceros". En la causa se investigan una serie de comisiones aparentemente desembolsadas en atención a las adjudicaciones del servicio de ITV y del Plan Eólico de la Comunitat, "todas ellas adjudicadas y pagadas por parte de sociedades del grupo empresarial Sedesa", de la familia Cotino. El dinero se enviaba a una sociedad en el extranjero, se ocultaba en cuentas y posteriormente regresaba a España.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha rechazado que la causa contra el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP Eduardo Zaplana, por Erial, se remita a la Audiencia Nacional y ha afirmado sobre su exculpación: "Los indicios contra él perduran y se acrecientan con la instrucción". Así se desprende del auto, que recoge Europa Press, en el que la jueza desestima la petición de los abogados de Zaplana para que el procedimiento se remita a Madrid. Los letrados alegaban que los presuntos delitos se cometieron en el extranjero, fuera del partido judicial de Valencia.

En concreto, en Valencia se investigan presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano en una causa en la que está imputado Eduardo Zaplana por presuntos delitos de blanqueo, malversación y prevaricación. Fue un juzgado valenciano el que comenzó a investigar este asunto puesto que partió de unos documentos hallados en el despacho del letrado del exgerente de Imelsa Marcos Benavent dentro del caso Imelsa.

Sin embargo, los abogados de Zaplana consideraban que el juzgado instructor había perdido la competencia para seguir investigando los hechos porque la actividad supuestamente ilícita se habría registrado en el extranjero, más concretamente en Luxemburgo, Suiza o Andorra, lugares en los que se produjeron pagos y sobornos. También volvieron a exculpar al 'expresident' de los hechos que se le imputan. La jueza difiere de estos argumentos. Sobre este último punto, la instructora afirma que los indicios de criminalidad contra él "perduran y se acrecientan" con la valoración conjunta de lo instruido, y añade que su defensa menciona "unas pruebas a su elección obviando el resto de la instrucción".

En relación con la competencia, la jueza advierte de que el procedimiento se debe seguir en València porque toda la acción delictiva se inició en la Comunitat, así como las presuntas adjudicaciones ilegales que supusieron el cobro de determinadas cantidades dinerarias por los investigados. Además, las sociedades adjudicatarias estaban domiciliadas en Valencia y en Villarreal. También la sociedad Imision S.L. e Inversiones Impega S.L. fueron creadas en la ciudad.

"Todo el núcleo de entramados societarios iniciales se constituyen aquí, aunque evidentemente, y para ocultar el dinero obtenido de forma ilícita, se haga uso de los llamados 'paraísos fiscales' en el extranjero, utilizando o creando sociedades en los mismos o 'testaferros' que crean apariencia de ser ellos los titulares de determinados productos financieros, cuentas corrientes o sociedades", agrega. Y apostilla: "Pero todos los actos iniciales de los delitos investigados, el urdimiento de la trama, el uso o creación de sociedades, los contratos y las adjudicaciones se producen y perpetran en Valencia y desde Valencia".

A su entender, la utilización de sociedades, cuentas bancarias y personas en el extranjero son "la continuación y consecuencia lógica de una acción delictiva iniciada en Valencia y cuyo desarrollo lógico, habida cuenta de los presuntos delitos cometidos, suponen la necesidad y el uso de esa actividad en el extranjero". Y ello, a juicio de la magistrada, no basta para determinar la competencia de la Audiencia Nacional, pues de ser así, "un gran número de causas de los Juzgados de Instrucción se remitirían a la Audiencia, pues con la globalización, muchos delitos de todo tipo tienen ramificación en el extranjero". En este caso, insiste, al tener origen la causa en Valencia, la competencia para su investigación es de los juzgados de instrucción de la ciudad, como también opina Fiscalía Anticorrupción.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula en el caso Erial al que fuera jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, con fondos radicados en Andorra y lo relaciona con determinadas operaciones que, previsiblemente a través de compensación de fondos, habrían "minorado" los saldos de algunos de los productos bancarios investigados.

Como consecuencia "aparente" de esto, lo vincula con pagos en metálico, a los que el investigado se refiere como "billetitos" en varios correos de los que, según la UCO, en relación a la forma de abordar diferentes pagos, "parece desprenderse" del tono utilizado "cierto interés" por parte de García en efectuar los pagos de este modo.

De acuerdo con un informe de la UCO que consta en la causa, consultado por Europa Press, García utiliza este término en correos en los que se habla del pago tanto de un viaje a Senegal, que costaría 3.940 euros "por parejita", como de la boda de una hija.

"Yo te lo llevaré en billetitos el día del viaje; o sí prefieres te lo doy después. Dime algo", consta en un mail sobre ese desplazamiento.

Y en otro con un archivo adjunto presupuesto boda, manda a su hija unos comentarios sobre los gastos. "He incluido el tema del jamón y del champagne (...). El resto de tu traje ¿se puede pagar en billetitos?. Tu madre ha pagado algo de su vestido, ¿se puede pagar también en billetitos. Del resto de gastos ¿Qué se puede pagar en billetitos?", recoge el texto.

En ese archivo, aparece una columna denominada como "cash" que, según la UCO, se podría corresponder del mismo modo con dinero en efectivo. En un último, se apunta a la cuantía de 6.724 euros la cantidad identificada de esta forma.

Inversiones inmobiliarias

En los correos electrónicos de García, los agentes observan la intención de Juan Francisco García en el año 2004, en el mismo ejercicio en el que comienzan a producirse los primeros abonos en la cuenta bancaria en Andorra investigada y con cuyas retiradas de fondos se relaciona, de llevar a cabo una serie de inversiones inmobiliarias: adquirir una vivienda en Ibiza, otra en Huelva o el cambio de propiedad de su propia residencia en València para adquirir otra.

Sobre la de Ibiza, pregunta a un interlocutor si le interesa hacerlo a través de su sociedad Dobles Figuras para deducirse algún gasto –se desprende el uso de 18.000 euros en efectivo– y también para la operación de València.

En 2006, como representante de Dobles Figuras, compró el apartamento de Isla Cristina, del que se ha comprobado la existencia de un contrato opción de compra, entre la titular de la vivienda y él mismo, donde la primera concede esa opción por 90.151 euros que manifiesta haber recibido en el acto de la firma en efectivo metálico. Sin embargo, según la UCO, no hay ningún apunte bancario que refleje una posible salida de dinero con la que se pudiera afrontar el mencionado pago.

La UCO sostiene que existen otras evidencias de las que se desprende el manejo de fondos de efectivo de García y que tendrían lugar de forma posterior a las retiradas recogidas en las anotaciones efectuadas por otro de los investigados, Joaquín Miguel Barceló, considerado presunto testaferro de Zaplana.

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP Eduardo Zaplana ocupó un "plano de jerarquía superior" en la trama de las ITV y del Plan Eólico, que obtuvo 11.209.028 euros en comisiones ilegales, y fue uno de los "beneficiarios económicos de los activos". Tuvo una participación "velada" en el fraude y "a través de terceros", informa Europa Press.

Así se desprende del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que obra en el Juzgado de Instrucción número 8 de València, órgano que investiga presuntos sobornos a cambio de adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico Valenciano y por el que el expresidente de la Generalitat está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Junto a él, también figuran como investigados, el exconseller y expresidente de Les Corts Juan Cotino; y sus sobrinos, los empresarios Vicente y José Cotino, entre otros.

En la causa, sobre la que acaba de levantarse el secreto parcial del sumario, se investigan una serie de comisiones aparentemente desembolsadas en atención a las adjudicaciones del servicio de ITV —realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana en la Generalitat— y del Plan Eólico de la Comunitat, puesto en marcha en 2003, "todas ellas adjudicadas y pagadas por parte de sociedades del grupo empresarial Sedesa", de la familia Cotino. El dinero se enviaba a una sociedad en el extranjero, se ocultaba en cuentas y posteriormente regresaba a España.

En concreto, este nuevo informe de la UCO, al que ha tenido acceso Europa Press, se centra en la sociedad Imision International, radicada en Luxemburgo, y constituida en 2001 como una sociedad pantalla sin aparente actividad mercantil. También describe el papel que desempeñó Zaplana en el entramado: "La investigación lo sitúa en un plano de jerarquía superior, tanto en la relación a las adjudicaciones cuando ostentaba el cargo de president, como en relación a la gestión del patrimonio ilícito aparentemente obtenido fruto de las mismas".

El informe expone que los indicios "evidencian" que Zaplana tenía conocimiento y participación en las operativas fraudulentas —según sus encuentros y reuniones con otros implicados que constan en su agenda— y, además, "habría sido uno de los beneficiarios económicos de los activos". Y lo hizo de manera "velada y a través de terceros".

Los investigadores vinculan a Zaplana "con determinadas personas en momentos concretos y trascendentales en la operativa general". Así, considerando un marco temporal que abarca más de 20 años —desde 1997—, el análisis sitúa al expresidente del Consell "en una gran cantidad de reuniones" que se producen con las personas que, de manera directa y coetánea, "estarían participando en la operativa": Juan Cotino, Joaquín Miguel Barceló —considerado su presunto testaferro—, Francisco Grau —asesor— o Washington Fernando Belhot —fiduciario en Uruguay—.

Los indicios, así mismo, —continúa la UCO— sitúan a Zaplana como uno de los beneficios económicos de los activos. Expone que tres mercantiles —Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Costera del Glorio— fueron destinatarias de los fondos que Sedesa hizo llegar a Imision International, y Zaplana era titular —o uno de ellos— de los bienes titulados por estas empresas.

La trama con Imision

La sociedad Imision International, utilizada como "vehículo corporativo", habría desempeñado un papel esencial en la trama como "elemento nuclear" por dos motivos: habría sido instrumentalizada para materializar el pago de presuntas comisiones pactadas en atención a adjudicaciones públicas —abonos que provenían de Sedesa—; y sirvió para canalizar fondos de origen opacos —transferencias recibidas desde Andorra—.

A juicio de la Policía, también se pretendía con esta sociedad ocultar la identidad de los verdaderos "titulares" utilizando fórmulas de compraventa de participaciones de sociedades, así como la figura fiduciaria.

La persona que administraba la mercantil era Beatriz García Paesa, abogada de origen español y sobrina del espía Francisco Paesa. Se constituyó con un capital de 607.000 euros que fue abonado en metálico por parte de Juan Cotino a García, según ella declaró, y se liquidó en 2011. Se conformó "de forma velada" dentro de la estructura de Sedesa, "otorgándole participación indirecta en las sociedades que gestionaban los servicios relacionados con la ITV y Proyectos Eólicos Valencianos SA". Así, adquirió participaciones de Inversiones Imision.

La suma de fondos que se abonaron en productos bancarios radicados en Luxemburgo y titulados por Imision International asciende a 11.209.028 euros, "los cuales se abonan mediante transacciones ordenadas desde España y el Principado de Andorra durante los años 2005-2009".

Las ordenadas desde España las realizó el grupo Sedesa, ascendiendo a un importe de 6,4 millones; y las de Adnorra se hicieron por parte de dos sociedades panameñas: Puncak Services (1,5 millones) y Merceron Investments (3,3), ambas vinculadas a Joaquín Miguel Barceló.

En fechas próximas a la constitución de Imision International, se produjo una reunión entre Zaplana y alguna persona perteneciente a la familia Cotino, "posiblemente Juan Cotino". Concretamente se localizó la anotación manuscrita "22 h. Cotino" en una de las agendas personales de Zaplana.

Zaplana, "titular real de activos"

La UCO incorpora en su informe un documento localizado en el registro efectuado en el domicilio particular de Zaplana, relato de MEDLEVANTE, que describe parte del proceso de retorno de los fondos de Imision —ampliaciones de capital en Medlevante— y las inversiones que se acometieron o se proyectaron. Según la Policía, el hecho de que este documento se hallara en el interior del maletín personal de Zaplana "da cuenta y permite entender el conjunto integral de evidencias que señalan a Zaplana como titular real de los activos de Imision y, por extensión, de Medlevante".

También a Zaplana se le relaciona con una serie de transacciones económicas e inversiones inmobiliarias en un documento que, "si bien no le nombra, las pesquisas efectuadas han permitido determinar la existencia de indicios de los que se evidencia que su identidad estaría velada a través del papel jugado por Joaquín Barceló y Fernando Belhot, este último como agente fiduciario".

Es Belhot en su manifestación judicial quien atribuyó la titularidad de parte de las inversiones —una serie de parcelas en Villajoyosa, dos apartamentos en el puerto de Altea o la inversión en el puerto deportivo— a Zaplana.

"Quien tenía un rol protagónico en la toma de decisiones era el señor Zaplana. Con el tiempo le consulté si él tenía algo que ver con esos activos y él me reconoce que sí, que tenía, que mayoritariamente o en forma contundente le pertenecían. Por su exactividad política, su función pública, Zaplana me manifiesta que no quería comparecer o aparecer como titular de esos activos financieros y de los inmuebles porque él había sido una persona que había tenido en el paso una actividad pública muy importante como presidente de la Comunidad entre el año 95 y el 2000".

Belhot también manifestó sobre entregas de dinero: "A Zaplana en estos 7-8 años se entregaron 770.000 euros de una cuenta, 615.000 euros de la otra y 1.040.000 dólares de una cuenta. En total, sería alrededor de 2,3 millones de euros que se le entregaron a lo largo de estos siete años".

Antifraude cuestiona la legalidad del Plan Eólico y las ITV 

La Agencia Valenciana Antifraude ha realizado dos informes, a petición del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga el Caso Erial, en el que está imputadoZaplana, en relación con las licitaciones de la Inspección Técnica de Vehículos en 1997 y el Plan Eólico en 2003, adjudicaciones que la entidad cuestiona al considerar acreditado que se realizó con "inusual rapidez" en el primer caso y que era de "dudoso encaje" con la legalidad en el segundo, informa Europa Press.

Según la UCO, las adjudicaciones recayeron en el grupo Sedesa y las comisiones superaron los 11,2 millones de euros. La petición del juzgado se dirigió a la Agencia para auxiliar a la UCO y poder establecer si se cumplieron los requisitos establecidos en las leyes para ambas licitaciones.

En el caso del Plan Eólico, la Agencia dirigida por Joan Antoni Llinares, concluye que la fórmula jurídica empleada para la licitación —la convocatoria pública para la adjudicación de unas zonas que han sido delimitadas y predeterminadas para la construcción de parques eólicos—, es "de dudoso encaje legal en la normativa vigente" y alude tanto a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana como al hecho de que el Consell ya ha tomado la iniciativa para ajustar a la legalidad ese régimen que fue establecido en 2001 por el gobierno de Zaplana.

La Agencia constata que los trámites para la ejecución del Plan Eólico se iniciaron por acuerdo del Consell de julio de 2001, en el que se aprobó tanto el Plan como las Normas de desarrollo y Planos. Según la Oficina, no existen indicios de que el criterio de la experiencia en el sector, ni los pactos de estabilidad accionarial suscritos, ni el volumen y calidad de las instalaciones ya instaladas, ni criterios de carácter ambiental se haya valorado entre los criterios que determinaron la selección de las propuestas idóneas, según el documento consultado por Europa Press.

Además, señala que las bases de la convocatoria "alteran" los trámites del procedimiento establecidos en las normas puesto que, por ejemplo, no hacen referencia alguna a los criterios de selección de proyectos, lo que vulnera la legalidad e impide que esté regido, como cualquier otro de concurrencia competitiva, por los principios de igualdad, objetividad e imparcialidad. Asimismo, subraya que esas bases se publicaron en el Diari Oficial el 2 de agosto de 2001, una fecha que "dificulta" a los interesados por el periodo vacacional y la práctica administrativa aconseja no hacerlo en ese mes.

Otro de los puntos cuestionados es que determinadas condiciones límite se establecieron con posterioridad a la presentación de la documentación por los promotores, sin ponerlo en su conocimiento y siendo conocido el contenido únicamente por los redactores del informe, lo que vulnera los principios de publicidad e igualdad de trato u objetividad. Esas condiciones se aplican "directamente a determinadas empresas promotoras", la mayoría se formulan con "justificación escasa" y otros favorecen directamente a Proyectos Eólicos Valencianos, en la que participaba la familia Cotino.

En una comparación con otras autonomías, el informe concluye que los regímenes jurídicos analizados difieren del contenido del Plan Eólico Valenciano en el hecho de que no existe una convocatoria pública que inicie "en bloque y de manera conjunta el procedimiento de libre concurrencia" para las diferentes zonas con aprovechamiento eólico y, además, se elimina el trámite de información pública, con pérdida de garantía del derecho a la defensa.

Sobre el procedimiento de las ITV, señala que se aprobó por decreto en julio de 1996 la creación de una Comisión Interdepartamental para la racionalización del Sector público, que supuso un punto de partida en el cambio en el régimen de prestación del servicio, y que no consta, atendiendo a las propias exigencias que figuran en esa norma, que se realizan estudios en esa comisión sobre las diferentes alternativas en la prestación del servicio aportando costes de oportunidad.

"Asombrosa inmediatez"

Asimismo, constata que en el procedimiento de contratación se contravino la legislación al no elevar la propuesta al Consell y tampoco hubo acuerdo de la comisión creada, incumpliendo sus funciones. Del mismo modo, Antifraude hace nota de la "inmediatez y celeridad" en el procedimiento de adjudicación porque en un periodo de cuatro meses y 22 días se resolvió todo íntegro, desde el inicio y hasta la adjudicación.

De hecho, este órgano califica de "asombrosa" esa inmediatez ante la necesidad de realizar unos trámites que exigen un análisis "pormenorizado" de cada actuación, en especial, teniendo en cuenta el volumen de documentación, detalle y datos de las ofertas de cada uno de los licitadores.

En esta línea, califica de "peculiar" que en un mismo día se realizaran simultáneamente varios trámites administrativos "complejos" como el análisis por la Comisión de Estudio de las propuestas, la ponderación por los miembros de la Mesa de Contratación, la emisión de la propuesta de adjudicación y la resolución final.

"Todo ello en un arduo expediente que implicaba la ponderación razonada de un gran número de ofertas presentadas para cada uno de los cinco lotes (o zonas) y de criterios de valoración, siendo ello una muestra inusual de celeridad difícilmente compatible con los lógicos temposque una prolija tarea administrativa y técnica de esa magnitud, lógicamente, debía suponer", añade.

Otro de los puntos cuestionados es que no hay constancia de que el Gobierno valenciano, con carácter previo, realizara un estudio de costes que justificara la elección del procedimiento seguido ni figura un previo análisis que, en base a las posibles rentabilidades o beneficios a obtener, justificara la decisión adoptada ni se detalla con claridad la obtención del montante del canon a exigir en cada lote.

Asimismo, cuestiona la figura de un "vicepresidente" en la mesa de contratación, que cree que sirve para aumentar el control político de este órgano, y apunta vulneración de la ley al no estar en el acta la firma del presidente. La Agencia hace notar que en el criterio económico, se limitaba el incremento al precio base de la licitación del canon a abonar a la administración en un 30%, de forma que la mejora de ese aumento no podría ser valorada en más de 15 puntos, y constata que tres de las empresas licitadoras presentaron valores superiores aunque ninguna fue adjudicataria de ningún lote.

Así, añade que no encuentra justificación para asignar menor puntuación a una oferta "considerada correcta, adecuada y de calidad" que a otras que presentan "incorrecciones, poca calidad o deficiencias".

La Oficina realiza una comparativa con el servicio de Aragón, con extrapolación de datos, que revela que los importes abonados a ese gobierno por la concesionarias fueron superiores a los pagados a la Generalitat y considera que el ejecutivo valenciano habría percibido por la actividad de las ITV en 1999 y 2000 un importe superior en todas sus zonas, siendo además que el parque automovilístico valenciano era cuatro veces superior al aragonés.

“Han colgado la luna allá arriba”, así empieza el libro de Francesc Arabí Ciudadano Zaplana (FOCA, Ediciones Akal, 2019). Es ya de noche, en el momento en que Eduardo Zaplana entra en la cárcel de Picassent (València). Mayo del 2018. ¿Acaso dios ha cambiado el cielo por cuatro míseras paredes y un catre descompuesto? ¡El dios de las moquetas y las reverencias, el cielo de las mordidas y testaferros!... Las imágenes de toda una vida (im)política, de toda una oportunidad perdida, vuelan a velocidad de AVE en la mente de nuestro hombre en medio de la oscuridad: no se vive dos veces…

Todo empezó en el lejano 1990, cuando Eduardo Zaplana revelaba que necesitaba una comisioncita, deseaba comprarse un Opel Vectra 16 válvulas. En Benidorm. Ciudad atractiva, solicitada, buscada. A cuya alcaldía se aupó nuestro hombre a través de una dispuesta Maruja Sánchez (tránsfuga del PSOE, y posteriormente dotada de cargo y sueldo casi perennes), sin que se sintiera afectado por el caso Naseiro de supuestos cobros de porcentajes y financiación irregular del PP, ni involucrado tampoco por la displicente salida de tono de su correligionario Vicente Sanz (presidente provincial y secretario del Grupo Parlamentario PP) de quien se dice que proclamó “estar en política para forrarse”. Estos tres escándalos, base y fundamento de la escalada (im)política de Zaplana, no constaron, no se tuvieron en cuenta nunca para su ascenso a la presidencia de la Generalitat, año 1995. El resto es materia de jueces y fiscales.

¿Cómo es posible? ¿Cómo puede producirse tal estado de cosas? ¿Cómo puede llegarse a un cielo podrido bajo un dios engreído?… El control de la mayoría de los medios de comunicación fue el instrumento principal, juntamente con el aherrojamiento de las Cajas de Ahorro para la financiación de sus intereses megalómanos, y el fomento de una identidad colectiva basada en lo emocional, fuera de toda argumentación racional. Sirva de muestra Agua para todos, una de tantas consignas y movilizaciones, donde “todos” son (somos) los valencianos, y quienes nos la niegan (el agua) son nuestros grandes enemigos, es decir, los izquierdistas, los ecologistas, los socialistas, los catalanistas, los comunistas, los…, no la hidrografía, no la pluviometría, el clima, la orografía, el sentir y el derecho de otras cuencas hidrográficas…

Y, como complemento necesario, la Justicia. La Justicia para quien la trabaja. El partido dominante controla el Poder Legislativo, quien elige y controla el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de todos los jueces y que tiene la llave para designar a los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Sala, de los TSJ, de las Audiencias...

Podía ocurrir todo. Desde platós de la televisión valenciana parados porque se producía y grababa en privados (el programa infantil Babalà, que costaba 60 millones de pesetas se encargó a privadas por la nada impactante, para nadie, cifra pagada de 477 millones). Comisiones por la privatización de las ITV, o por la adjudicación de costosos planes eólicos. Creación de CIEGSA, una tapadera para construir colegios con una sobrevaloración final de 1030 millones de euros destinados a mordidas, que habrían representado unos 108 colegios más para los niños valencianos que se hacinaban en barracones. Terra Mítica, más de 400 millones de euros invertidos (con sobrecostes, obras no realizadas, facturas falsas…), saldada por 65 millones de euros. O la caja CAM (en otros tiempos, 4ª de España) vendida al Banco Sabadell por 1 euro. O el caso estelar de la contratación de Julio Iglesias como embajador y promocionador de la Comunidad Valenciana: 1435 millones de pesetas (8’6 millones de euros) pagados por una Administración pública, asómbrense, en paraísos fiscales, con circunstancias añadidas, por ejemplo, de satisfacer 1’8 millones de dólares por el concierto de México cuando no había costado nada a la Generalitat por haber sido organizado y explotado y pagado por la comercial Rac Producciones; en este caso, el señor juez Presencia Rubio, después de archivar la causa y ser reabierta de nuevo por la Audiencia, después de no citar a ninguno de los que habían cobrado, obligado de nuevo el juez por la Audiencia, ocupó más de una década de investigación errática y sin ninguna convicción…

Todavía nuestro hombre, Eduardo, pronunciaba en el Ateneo de València en abril del 2018, ante una glamurosa audiencia: “Reivindico el noble ejercicio de la política”. Dos días después era interceptado pronunciando “necesito liquidez, Ignacio [González] no me pasa dinero de Andorra”. Entraba en la cárcel de Picassent al mes siguiente, mayo del 2018.

Toda una vida en que lo de menos son las ideas, lo importante era aprovechar las (sus) oportunidades.

Jesús Moncho es socio de infoLibre