Las imágenes de la majestuosa recepción a Carlos III en septiembre de 2023 en el castillo de Versalles, con langosta azul y macarons rosas, decoración real y los mejores vinos para más de 150 invitados, suscitaron preguntas de inmediato. ¿Cuánto gastó la Presidencia francesa para organizar semejante acontecimiento? La respuesta ya está disponible: según el Tribunal de Cuentas, 474.851 euros.

En su informe anual sobre las cuentas de la Presidencia de la República, publicado el lunes 29 de julio, los magistrados financieros advierten de un fuerte aumento de los gastos del Jefe del Estado en 2023, sobre todo en viajes y recepciones. El Elíseo cerró el año con déficit (8,3 millones de euros en un resultado de 117,2 millones), lo que no fue el caso el año anterior (superávit de 300.000 euros).

“Aunque hay varios factores externos que explican este nivel de gasto imprevisto (inflación, actividad presidencial condicionada por el contexto internacional)”, el Tribunal de Cuentas también advierte de la necesidad de "reforzar la vigilancia" ante los "factores internos” que han provocado este desplome. A finales de año, los gastos del departamento encargado de la organización de actos, viajes y restauración superaban en 7 millones de euros el presupuesto previsto.

La decisión de celebrar la “cena de Estado” en honor de Carlos III en el castillo de Versalles pesó mucho en la balanza, ya que el Presidente de la República tuvo que subcontratar un gran número de servicios: catering externo (y no las cocinas del Elíseo) por 166.193 euros, “personal extra” contratado para el servicio por 100.428 euros, escenografía y montajes por 42.720 euros, y otros 42.515 euros para vino, champán y otras bebidas.

El coste total del ágape (474.851 euros) no tiene en cuenta los demás gastos asociados a la “visita de Estado” –el más alto nivel de protocolo– organizada para la estancia de tres días del monarca británico a Francia, ni los costes de cancelación de la primera visita (80.000 euros), aplazada a causa de las protestas contra la reforma de las pensiones. “Francia mantiene estrechas relaciones diplomáticas con un gran número de países, que organizan actos equivalentes cuando reciben al Jefe del Estado”, dicen en Presidencia.

Otra “cena de Estado” costó también casi medio millón de euros: la celebrada en honor del primer ministro indio, Narendra Modi, el 14 de julio de 2023, en el Museo del Louvre. También en este caso, la decisión del Presidente de organizar la comida fuera del Palacio del Elíseo –a diferencia de las recepciones al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o al Emir de Qatar en 2024– tuvo un alto coste: casi 173.000 euros para el catering, 72.000 euros para “personal extra”, etc. El coste total fue de 412.363 euros.

A modo de comparación, otras dos recepciones organizadas en el Elíseo –la cena de Estado del Presidente de Mongolia y la del Foro de la Paz de París– costaron respectivamente 62.000 y 67.000 euros. “Esta comparación entre cenas pone de manifiesto la importancia de la elección del lugar en el coste total de cada evento”, señala el Tribunal en su informe.

Pero más que las recepciones, lo que suponen una carga para el presupuesto son los viajes de Emmanuel Macron. En su informe, el Tribunal de Cuentas destaca una paradoja: el Presidente de la República no viaja mucho más que antes, pero sus desplazamientos cuestan cada vez más al contribuyente. El coste medio de los viajes nacionales del jefe del Estado casi se ha duplicado desde 2018, alcanzando un máximo el año pasado de 60.462 euros.

En perspectiva, la tendencia del gasto es vertiginosa. François Hollande, en 2016, último año de su mandato quinquenal,  viajó 142 veces, con un presupuesto global de 17,7 millones de euros. Emmanuel Macron, en 2023  realizó 112 viajes, con un coste de 23,2 millones de euros. Es decir, el coste medio de un viaje presidencial ha pasado de 125.000 euros a 207.000 euros en siete años.

¿Cómo se explica semejante aumento? Sin negar el peso de la inflación en ciertas partidas de gastos, el Tribunal de Cuentas atribuye una pesada carga al funcionamiento del Elíseo, señalando “el número de viajes, los cambios en su estructura y el tamaño de las delegaciones”, así como “problemas de organización interna”.

La explosión de los gastos de viaje es consecuencia directa de las decisiones políticas tomadas en su momento por Emmanuel Macron. Tras pasar un primer trimestre enclaustrado en el Elíseo, a causa del movimiento social contra la reforma de las pensiones, para el Jefe del Estado era una cuestión política central su capacidad de ocupar espacio público: se trataba de demostrar que nada le impedía, a pesar de la impopularidad de su reforma, recuperar el control de un mandato considerablemente empantanado.

“Tengo que volver a participar en el debate público”, advirtió a finales de abril. En pocas semanas, el presidente de la República fue a hablar de la falta de médicos a Loir-et-Cher, de las escuelas de formación profesional a Charente-Maritime, de la regeneración industrial al Norte, del atractivo de Francia a Yvelines, de la soberanía industrial en Ardèche y del transporte aéreo a Seine-et-Marne.

A finales de junio, pasó tres días en Marsella (Bouches-du-Rhône) para hacer balance de la situación de la ciudad. El viaje costó al Estado 342.828 euros, un presupuesto “especialmente alto” según el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal también critica el coste excesivo de otras dos visitas oficiales, a Córcega en septiembre (278.209 euros) y a Toulouse (Alto Garona) en diciembre, para visitar la sede de Airbus (205.022 euros). La gira por Oceanía (Nueva Caledonia, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea), en pleno verano, batió récords (3,1 millones de euros), seguida de la gira por África (1,9 millones de euros) en primavera.

Además del número de viajes, el Tribunal de Cuentas tiene la mirada puesta en la pompa y la envergadura de los mismos. Para la visita de Estado de Emmanuel Macron a China en abril de 2023, el Elíseo fletó dos aviones A330 para transportar a una enorme delegación, entre ellos el ex primer ministro Jean-Pierre Raffarin, gran amigo de China, y el ex ministro socialista Jean-Marie Le Guen, miembro del consejo de administración de Huawei. A su llegada, además del coche presidencial transportado hasta allí, se alquilaron cincuenta vehículos para el convoy presidencial.

Además del transporte y el alojamiento, se sumaron a la factura de esta visita otros gastos, como servicios audiovisuales contratados a empresas privadas (55.084 euros). En total, la escapada a China costó 1,8 millones de euros, revela el Tribunal de Cuentas, que también señala la diferencia entre el presupuesto provisional y el coste final del viaje. Un aumento del 40%, según el Tribunal, lo que se traduce en un sobrecoste de 520.000 euros.

Una diferencia nada desdeñable, según el órgano administrativo. El informe señala repetidamente "problemas de organización interna” en el Elíseo, citando por ejemplo las numerosas anulaciones y reprogramaciones de última hora. «Aunque existen imposiciones propias de la actividad presidencial, se constata que a menudo se retrasan los arbitrajes a distintos niveles, lo que hace imposible cumplir con el proceso previsto y obliga a operar con prisas”, señala el Tribunal de Cuentas.

El creciente número de anulaciones no es sólo culpa del presidente de la República: también es fruto de su impopularidad en 2023. El movimiento social contra la reforma de las pensiones obligó al Elíseo a anular varios viajes y giras previstos. Sin embargo, no se puede resumir a este contexto. Desde su elección en 2017, Emmanuel Macron ha acostumbrado a sus interlocutores, socios y colaboradores a una inestabilidad permanente. En los últimos años, varios ministros han relatado a Mediapart su hastío ante las contraórdenes de última hora del Elíseo.

En total, se cancelaron doce viajes en 2023, un récord si excluimos 2020, hecho excepcional por la situación sanitaria. Sin entrar en esas consideraciones, el Tribunal de Cuentas señala un hecho: esta forma de funcionar tiene un coste para el contribuyente, con pérdidas de 832.328 euros en 2023. Sólo la anulación del viaje a Alemania en julio de 2023 costó al Estado 429.100 euros, mientras que la visita a Suecia en febrero costó 180.150 euros.

Como recomendaciones para el futuro, el Tribunal de Cuentas sugiere, entre otras cosas, que el Elíseo anticipe mejor la agenda presidencial y que limite el tamaño de las delegaciones. También anima a Presidencia a moderar el recurso a las misiones preparatorias, es decir, los viajes de los colaboradores de Emmanuel Macron para "tantear el terreno” y preparar su llegada.

El informe señala que esas misiones son muy costosas. Antes de viajar a Brasil este año, Emmanuel Macron envió cuatro equipos diferentes para preparar las cuatro etapas de su viaje. Esas misiones preparatorias, decididas en el último momento con demasiada frecuencia, salen caras, más aún cuando los consejeros presidenciales deciden tomar un avión para ganar tiempo.

Es el caso de la misión que debía preparar el homenaje en Roubaix (Norte) en mayo de 2023 a tres policías que mató un automovilista. “A pesar de la norma que obliga a hacer en tren los desplazamientos de menos de cuatro horas”, el equipo de Emmanuel Macron tomó un vuelo comercial hasta la localidad norteña. Presidencia “tendrá en cuenta las observaciones del Tribunal para mejorar su organización y sus procedimientos internos”, respondió el Elíseo, asegurando que estaba «decidida a gestionar eficazmente su presupuesto en un contexto de inflación, por un lado, y de factores geopolíticos y políticos que influyen en la agenda del Ejecutivo, por otro”.

Traducción de Miguel López

La Audiencia Nacional ha acordado la libertad provisional del exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, después de que haya abonado la fianza de 100.000 euros que el tribunal de la trama Gürtel le impuso tras su condena de 14 años y 4 meses, informan fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes explican que dos personas han participado en este pago, que se produce poco antes de que se cumplan 48 horas de su entrada en la cárcel de Soto del Real. Ahora se le imponen las medidas cautelares de comparecencias quincenales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio español.

Los magistrados acordaron su ingreso en prisión provisional sujeta al pago de fianza de 100.000 euros por el "importe elenco de delitos relativos a la corrupción". Sin embargo, estimó que su situación es diferente a la de los también condenados por esta primera época de la trama Gürtel, Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega (para los que se decretó prisión sin fianza) precisamente por la menor cantidad de pena, dado que estos tres suman penas superiores a los 30 años.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczunski, ha sobrevivido este jueves a una moción de censura convocada en su contra por la oposición por su presunta vinculación a la constructora brasileña Odebrecht, que se encuentra en el centro de un entramado de corrupción que ha salpicado a numerosos gobiernos en Latinoamérica.

Con 79 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, el pleno del Congreso peruano no ha logrado el mínimo necesario de 87 diputados para dar luz verde a la medida, que fue presentada ante presunta "incapacidad moral permanente" del dirigente por su relación con Odebrecht.

Durante la votación se hallaron presentes en la cámara 129 diputados -sólo se registró una ausencia por enfermedad-, según ha recogido el diario local El Comercio, que ha indicado que el presidente seguirá en su puesto gracias a tan sólo ocho votos.

Las nueve abstenciones, de un total de 21, que han inclinado la balanza a favor de Kuczynski son las presentadas por los parlamentarios del partido opositor Fuerza Popular Estelita Bustos, Guillermo Bocangel, Clayton Galvan, Maritza García, Kenji Fujimori, Marita Herrera y Bienvenido Ramírez, entre otros.

A estas abstenciones se sumó Nuevo Perú, cuyos diputados abandonaron el hemiciclo y decidieron no votar. Días antes habían anunciado que no apoyarían una moción de censura contra el mandatario.

Una vez se hizo público el resultado, los diputados del partido Peruanos por el Kambio (PPK), liderado por Kuczynski, han procedido a celebrar el recuento. Los 18 congresistas de la formación votaron en contra de la moción.

Posteriormente, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, ha dado por terminada la sesión, que se inició sobre las 9.40 de la mañana (hora local), que se vio sucedida por un debate de unas once horas.

Los diez parlamentarios de la coalición de izquierda Frente Amplio votaron a favor. Los diputados de Alianza para el Progreso, por otra parte, se abstuvieron en su mayoría, mientras que los de Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) votaron a favor a excepción de Jorge del Castillo y Luciana León, que se abstuvieron.

Una vez anunciado el resultado, el presidente ha expresado su agradecimiento y se ha dirigido a la nación. "Peruanos, mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: Reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú", ha manifestado.

La vinculación a Odebrecht

El cerco sobre Kuczynski se ha estrechado después de que la filial de Odebrecht en Perú entregase al Congreso un informe demoledor para la continuidad política del presidente, que hasta ahora había esquivado la trama de corrupción que tejió la constructora brasileña por varios países de América Latina.

Odebrecht aseguró la semana pasada que dio 4,8 millones de dólares a consultoras vinculadas a Kuczynski. Una de ellas, Westfield Capital, recibió más de 780.000 dólares (635.000 euros) entre 2004 y 2007, incluyendo 60.000 dólares (50.600 euros) n los años en los que Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro de Toledo.

Por otra parte, 4 millones de dólares (3,4 millones de euros) habrían sido transferidos por Odebrecht a la empresa First Capital, para la que el mandatario trabajó como consultor financiero en proyectos de infraestructura.

Kuczynski ha lamentado no contar con "la presunción de inocencia" que se le debería presuponer y ha asegurado en varias ocasiones que no es un corrupto y que no ha mentido en ningún momento. Asimismo, ha achacado la moción a una "actitud agresiva de la mayoría opositora que controla el Congreso".

El miércoles, el presidente alertó de que el país se encuentra bajo amenaza y que podría sufrir un golpe institucional dada la creciente crisis política en torno a su figura.

Durante su alegato de defensa al inicio de la sesión de este jueves en el Congreso, Kuczynski lamentando tener que "demostrar" su inocencia y ha advertido de que la situación podría acabar con la democracia en el país.

El desembarco de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, puesto por el que se embolsará un sueldo vitalicio de 8.500 euros brutos al mes, ha reabierto el debate sobre la función de estos órganos que equivalen en las autonomías al Consejo de Estado y que tienen como función dictaminar, a través de informes no vinculantes, si una decisión de un Ejecutivo regional se ajusta o no a la ley. La utilidad de estos organismos se viene cuestionando en los últimos años por formaciones como IU y UPyD, que consideran que constituyen una forma más de perpetuar privilegios y que su actividad no está justificada. 

Cantabria es la única autonomía que, a día de hoy, no cuenta con un órgano asesor de este tipo. En su discurso de investidura, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal se refirió a los consejos consultivos como "excesos irracionales" y prometió que iba a acabar con ellos. Han pasado ya más de tres años desde entonces y por el momento no ha llevado a cabo su compromiso. Su opinión al respecto también parece haberse suavizado. De hecho, en junio de de este año agradeció la labor “callada, pausada y constante” de este órgano en su tarea de velar por el cumplimiento de la legalidad. En plan para reducir la Administración elaborado por el Gobierno de Mariano Rajoy también definía a los consejos consultivos como unos de los “órganos auxiliares” llamados a desaparecer. Nada más se ha sabido desde entonces. 

Entre los sectores que critican la existencia de este tipo de organismos los argumentos más utilizados son, por un lado, el desembolso económico que suponen. Y, por otro, el hecho de que en algunos casos se hayan convertido en el retiro perfecto para excargos públicos que se garantizan unos ingresos mensuales nada desdeñables por asistir a una reunión por semana. Algunos nombramientos no han estado exentos de polémica. Es el caso, por ejemplo, del expresident Francisco Camps. Aunque hay otros exjefes de Ejecutivos autonómicos que forman parte de estos consejos. Es el caso de los gallegos Emilio Pérez Touriño, Xerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe.

¿Cuánto cuestan? 

La principal crítica que se hace de este tipo de organismos es el desembolso de dinero que suponen para las arcas públicas. Especialmente en un momento de grandes restricciones económicas y recortes en servicios y prestaciones públicas. Según cálculos de infoLibre,en conjunto, las comunidades dedican cada año más de 20 millones anuales a sufragar los consejos consultivos. No obstante, hay diferencias sustanciales entre unas autonomías y otras. El que más gasto supone para el erario público es el de la Comunidad de Madrid. La memoria de 2013 recoge que ese año se destinaron a su funcionamiento 4,3 millones de euros. 

Con presupuestos que rozan o superan los tres millones de euros anuales funcionan los de Cataluña (3,07 millones), Andalucía (3,34 millones) o la Comunitat Valenciana (2,97 millones). Por encima del millón los de Castilla-La Mancha (1,4 millones), Asturias (1,3 millones) o Extremadura (1,24 millones). Mientras, los de otras comunidades tienen dotaciones bastante menores, como es el caso de los consejos de Canarias (500.000 euros), Navarra (470.000 euros), La Rioja (359.000 euros) o Aragón (302.309 euros). 

El caso de Cataluña es especial porque esta comunidad cuenta con dos organismos consultivos de este tipo. Se trata de la Comisión Jurídica Asesora, que trabaja para la Generalitat (tuvo para 2014 un total de 2,6 millones de presupuesto). Y el Consejo de Garantías Estatutarias, que resuelve dudas y conflictos planteados por Parlament y ayuntamientos.

Estas cantidades de dinero se utilizan para pagar el sueldo de los consejeros (presidente y vocales) así como de los funcionarios y otro tipo de contratados públicos que trabajan en estos órganos. El de Asturias, por ejemplo, tenía en 2013 un total de 25 empleados, de los que seis eran altos cargos. El de Madrid estaba compuesto ese mismo año por once altos cargos. Además los consejeros están asistidos por seis letrados y por personal de secretaría. Y hay otras 14 personas dedicadas a las tareas de administración de personal, gestión económica, biblioteca, documentación, archivo, registro de documentos o apoyo administrativo. La plantilla del consejo andaluz es de cuarenta personas a los que hay que sumar el presidente, el secretario general, seis consejeros con dedicación exclusiva y otros cinco consejeros natos. 

¿Quiénes loS forman?

Otro punto polémico es el de quiénes forman parte de estos órganos consultivos. Las diferentes normas autonómicas no guardan criterios similares ni en cuanto al número de consejeros ni en cuanto al currículo que tienen que tener. Las leyes de Aragón, Extremadura, La Rioja, Andalucía o Baleares reservan puestos entre sus miembros a "juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional". Pero es habitual que se reserven también asientos a políticos, pues los nombramientos se reparten entre los elaborados por el presidente autonómico, por el Gobierno regional o por el Parlamento.

Ignacio Astarloa, exdiputado nacional del PP, fue nombrado en abril de 2014 presidente del Consejo Consultivo de Madrid. De los ocho miembros que tenía esta institución hasta la llegada de Gallardón sólo había dos claramente vinculados al mundo de la judicatura. De este órgano madrileño forman parte Joaquín Leguina, que mantiene su cargo de consejero nato como expresidente de la comunidad –cargo al que renunció Esperanza Aguirre–, la exministra Cristina Alberdi, un exdiputado del PP, un exconsejero socialista de Sanidad y hasta el secretario general del Club Financiero Génova.

En el Consejo Consultivo de Castilla y León, por ejemplo, solo hay un consejero con trayectoria únicamente jurídica. Se trata de Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Los otros tres han pasado por la política. El presidente es el exalcalde de León Mario Amilivia, que tiene una dilatada trayectoria como diputado nacional, regional y senador y que ha tenido puestos de responsabilidad en la dirección del PP castellanoleonés. Le acompañan Ángel Velasco Rodríguez y José Constantino Nalda (fue presidente de la Junta de Castilla y León entre 1986 y 1987, además de otros cargos), ambos vinculados al PSOE. 

Pero hay más expresidentes en estos consejos. Uno de los nombramientos más polémicos fue el de Francisco Camps, que  fichó por el de la Comunitat Valenciana tras dimitir como presidente de la Generalitat. Sirviéndose así de las ventajas que le otorga la ley se aseguró tener durante 15 años un sueldo público además del trabajo de un chófer y un secretario particular. Algo similar ocurre en Galicia, donde los expresidentes Emilio Pérez Touriño, Xerardo Fernández Albor y Fernando González Laxe forman parte del Consello Consultivo de Galicia como conselleiros natos. 

Los salarios que ganan sus miembros varían dependiendo de si ejercen o no la presidencia aunque en todos los casos superan los 60.000 euros anuales. En Galicia, por ejemplo, el presidente cobra 5.185 euros mensuales y los consejeros, 4.888. Tampoco hay un patrón común sobre el número de consejeros que deben formar este órgano. Las cifras son dispares. Por ejemplo, en Castilla y León los miembros son cuatro y en Andalucía, 14.

¿cuáles son sus funciones? 

Estos consejos consultivos están al servicio de las administraciones públicas de la comunidad autónoma y tienen como fin último velar por la legalidad de sus actos y disposiciones. Actúan, por tanto, a instancia de las autoridades autonómicas o de las entidades locales y reproducen las funciones del Consejo de Estado de control de la constitucionalidad y adecuación a la legislación vigente de las nuevas leyes.

Sin embargo, no suelen ser los consejeros los que redactan los documentos, pues para eso cuentan con la asistencia de letrados especializados que son funcionarios. Su tarea suele consistir en la asistencia a reuniones semanales en las que revisan y votan los textos que previamente han redactado los profesionales que trabajan en estos órganos. Ellos son los que examinan leyes y sentencias, buscan jurisprudencia y redactan los documentos. Al menos así ocurre en los consejos que cuentan con más expolíticos y menos personas con trayectorias jurídicas reconocidas. 

El volumen de actividad, por lo general, es extenso. Aunque hay diferencias reseñables entre autonomías. En Andalucía el consejo consultivo elaboró en 2012 (última memoria publicada) 1.076 dictámenes. En Euskadi el año pasado fueron 197; en Madrid, 657; en Aragón, 250; 

Cayo Lara hizo bascular este martes su intervención en el debate del estado de la nación sobre estas graves acusaciones al Gobierno. Estas y otras más. Porque el coordinador de Izquierda Unida y presidente del grupo de IU-ICV-CHA sacó a colación asuntos que no habían asomado hasta que compareció en la tribuna de oradores, como el entierro de la memoria histórica, la supresión de la justicia universal, la puerta giratoria, el caso Nóos y la imputación de la infanta Cristina o incluso la previsión de que el Registro Civil pase a los "colegas" del presidente –en expresión del ecosocialista Joan Coscubiela, que sucedió a Lara en el uso de la palabra–, los registradores de la propiedad. Lara, Coscubiela y el representante de Chunta Aragonesista, Chesús Yuste, remataron sus respectivas intervenciones pidiendo la dimisión del jefe del Ejecutivo y la convocatoria de elecciones anticipadas. 

Izquierda Plural combatió primero, como habían hecho los portavoces anteriores, el discurso "vergonzosamente triunfalista" de Mariano Rajoy, su España irreal, "de Alicia en el país de las maravillas neoliberales". Su "nación de cartón piedra", como dijo Coscubiela. Pero después arreciaron los datos más negros de la economía, la falta de liquidez, de demanda, de crédito a las empresas, la desprotección de los parados, la congelación del salario mínimo, el crecimiento de la economía sumergida, el aumento de la deuda y del déficit. El dibujo, en suma, de una "España real, en la que viven millones de compatriotas que sufren". "Y que no son como esos a los que se les llena la boca de patria y luego esconden su dinero en paraísos fiscales. Por cierto, señor Rajoy, dígales a algunos de sus compañeros que Suiza no es una comunidad autónoma", lanzó Lara. 

"Usted está gobernando para las élites económicas de este país. Todo su plan reformista está orientado para favorecer a los poderosos y dañar los intereses de la clase trabajadora, a los pensionistas y a la mayoría de la sociedad". El coordinador de IU citó entonces la reforma laboral y, en concreto, los casos de despidos en empresas con beneficios, que deberían ser considerado como un "delito contra toda la sociedad". Y mentó igualmente la amnistía fiscal que favoreció "a un puñado de grandes defraudadores". Y aludió a la reforma financiera, que ha devenido en un "negocio de la banca que absorbe a precio de saldo las cajas nacionalizadas". Lara preguntó al presidente por qué se ha negado "tantas veces" a crear una comisión de investigación sobre la estafa financiera. "¿A quiénes está protegiendo?". 

En la ensalada del presidente de Izquierda Plural emergieron asuntos como la puerta giratoria, la ley Wert, la reforma de la Administración Local o la modificación de la legislación del aborto: "Volvemos a los tiempos más oscuros del franquismo, en el que las que tenían dinero se iban a abortar a Londres y las demás tenían que hacerlo en condiciones lamentables, infrahumanas y con un enorme riesgo para su salud y para sus vidas". Y, como añadido, sacó a colación la "privatización del Registro Civil en favor de los registradores de la propiedad", un "escándalo más". 

El "trasvase de rentas" de los trabajadores a las élites

"En resumen, usted no ha aplicado un programa de reformas, usted ha aplicado un programa de destrozos contra las clases populares. Tendrán que hacerles un monumento los banqueros, especuladores y los grandes empresarios de este país. Porque ha sido usted capaz, en dos años, de conseguir el mayor trasvase de rentas de la mayoría social a las cuentas de las élites económicas de España. Todo a costa del sufrimiento y las restricciones de millones de españoles".

Parlamentarios de Izquierda Plural ataviados con camisetas reivindicativas, este martes 25 de febrero en la primera sesión del debate del estado de la nación, en el Congreso | EFE

Lara, como IU, como Izquierda Plural, recuerda con frecuencia que la Constitución es víctima del incumplimiento por aquellos que tanto la reivindican. Hoy el coordinador profundizó más en esa idea: "Usteden siguen robando el alma social a la Constitución", porque cada día se "violan más" derechos como la progresividad fiscal, la remuneración salarial suficiente, la protección a la infancia, el derecho a la vivienda o al trabajo. "Todos estos derechos recogidos en la Carta Magna están siendo socavados por sus políticas. A esta Constitución ya no la reconoce ni la madre que la parió. Los únicos derechos que protege son los de las élites económicas, los de la Iglesia, los de la Corona y los del artículo 135" de la Carta Magna, reformado en 2011 por PP y PSOE.

"Señor Rajoy, sus políticas están violando los derechos humanos", remachó. Y los desglosó: el recorte de los fondos de cooperación, la eliminación de la atención sanitaria a "más de 800.000 personas", el recorte de la justicia universal, "no abordar la recuperación de la memoria histórica", el combate de la violencia machista, la aprobación de la Ley de Seguridad Privada... "Lo que están provocando sus políticas es un recorte de derechos y el mayor tsunami de desigualdad que hemos conocido en la etapa democrática". 

Lara se dejó para el final la reforma tributaria y la corrupción. A la primera le pidió progresividad y justicia. Y respecto a la segunda, le recriminó que no admitiese un pleno monográfico, que no abriera una comisión de investigación sobre la "estafa financiera", que se afanase en "tapar la corrupción", lo que "desacredita a los conservadores para hablar de regeneración y transparencia". Ahí mencionó ejemplos concretos "e intolerables" como "la lentitud en la Gürtel, la posición de la Fiscalía en el caso Blesa y la actitud del Gobierno para salvar a la infanta en el caso Nóoscaso Nóos". "Ya lo decía Horacio. 'Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá', y aquí tenemos muchos vasos sucios y muy poca voluntad de limpiarlos". 

Réplica "chulesca" de Rajoy

Como corolario de todo su discurso, acabó: "Sus políticas destruyen empleo, gobierna para las élites económicas, su programa reformista es un programa de destrozos, recortan los derechos constitucionales, violan derechos humanos, restringen libertades civiles, incrementan la desigualdad y la pobreza, amparan la corrupción, no combaten el fraude fiscal y acentúan la injusticia fiscal". 

Cuando ya se le consumía el tiempo, Lara pasó fugazmente por las propuestas de IU. Y acabó, como sus compañeros de grupo, pidiendo la dimisión del presidente, por ganar elecciones "dopado con fondos ilegales" y vulnerar sus promesas"dopado con fondos ilegales". "España no se merece un Gobierno en B que se levante a castigarla cada viernes en su Consejo de Ministros. España se merece poder volver a soñar". 

Coscubiela incidió, si cabe con mayor dureza, en los puntos abordados por Lara. Acusó al Gobierno de comportarse como "verdaderos saqueadores", de no tener ni "autoridad", ni "legitimación", ni "credibilidad" para combatir la corrupción. Pero en él recayó la carpeta catalana. El portavoz de ICV instó a Rajoy a salir de su "inmovilismo" y permitir la "participación de la ciudadanía". "Si tiene miedo a la democracia, no puede continuar como presidente". A su vez, Yuste dijo llevar a la Cámara la "indignación del pueblo aragonés". 

Rajoy, en su réplica, respondió faltón, displicente, irónico. "Chulesco", según lo definió el diputado de CHA. Hasta se burló de que los portavoces de Izquierda Plural hubieran afirmado que habían pisado la calle. Así, pidió "mil perdones" por meterse "en la vida del 99% de los ciudadanos a los que, como todo el mundo sabe", representan IU, ICV y CHA. "A ver si se enteran de que estamos en 2014", le espetó a Lara. "Que usted lo pase bien, no tengo nada que decirle", le lanzó airado a Coscubiela. A los tres les negó que se encargara de favorecer a "los poderosos". Eso es inaceptable, yo no estoy a más órdenes que las que me da esta Cámara y el pueblo español".

Claro que los argumentos son de ida y vuelta, y el coordinador de IU le sacó la reforma de la Ley del Aborto para defenderse de la acusación de discurso anticuado: "Nos quiere llevar al siglo XIX con la ley del aborto no sé quienes son los que están equivocados de siglo".

Preguntas directas, contestó pocas. Apenas telegráficamente, sin ahondar en nada y siempre después de que Izquierda Plural le reprobase por no contestar. "No voy a cesar al ministro del Interior [por la tragedia de Ceuta], me parece un excelente ministro y vamos a presentar la Ley del Aborto". El Gobierno tampoco retirará el recurso contra la norma antidesahucios andaluza, impulsada por IU desde la Junta. 

Alberto Ruiz-Gallardón no ha salido aún vivo de la enorme controversia generada por la Ley del Aborto y ya está con los pies en otro lodazal: la "privatización" –eso dicen la mayoría de operadores jurídicos– del Registro Civil, por su presumible nueva asignación a los registradores de la propiedad, funcionarios públicos pero con despacho privado. Otro charco que se suma a una pesada mochila de polémicas, cargada, por ejemplo, con la Ley de Tasas. 

La noticia estalló el pasado jueves, 13 de febrero. Trascendió una carta del decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Gonzalo Aguilera [consultar aquí en PDF], a sus afiliados, firmada la víspera. En ella, comunicaba a los colegiados de toda España la "decisión" del Gobierno de traspasar el control y gestión del Registro Civil a los registradores. Esa "decisión" fue trasladada por el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, durante una reunión mantenida el lunes, 10 de febrero, en la sede ministerial. 24 horas después, se iniciaron las conversaciones "y negociaciones relativas a todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia que tendremos los registradores", concluyó. 

La filtración de la misiva soliviantó enseguida a jueces, sindicatos y secretarios judiciales. Todos ellos denunciaron la "inminente privatización" del Registro Civil, por cuanto se trasvasa un servicio público, hoy en día totalmente gratuito para los ciudadanos, a funcionarios públicos, sí, pero que trabajan como profesionales del sector privado en régimen de monopolio.

Ni Justicia ni el Colegio de Registradores, contactados ambos por infoLibre, señalan que la reasignación del Registro Civil esté cerrada, pese a la contundencia de la carta de Aguilera. "Se está trabajando aún. Se han mantenido reuniones con los secretarios judiciales y con los registradores y no se ha decidido quién se quedará con el Registro. En cualquier caso, al margen de la decisión que se adopte finalmente, garantizamos que los servicios seguirán siendo gratuitos para el ciudadano, tal y como lo son ahora", según informaban ayer viernes fuentes oficiales del departamento de Gallardón. Ello implicaría que seguirán teniendo coste cero tanto las inscripciones como los certificados. 

Sin embargo, parte de los operadores jurídicos no comulga con esa versión feliz del Ejecutivo. Básicamente, porque los registradores de la propiedad sólo pueden ingresar los aranceles que cobran y que fija el Gobierno. Los colegiados disponen de oficinas en las que emplean a trabajadores a los que pueden despedir libremente, pues no son funcionarios. "Lo que está claro es que los registradores nunca se han distinguido por su altruismo", sentencia con sorna un juez que prefiere guarecerse en el anonimato. 

¿Rajoy beneficia a sus compañeros?

La entrega a los registradores de la propiedad podría conllevar despidos de los interinos asignados al Registro Civil, según advierten las asociaciones judiciales contrarias al nuevo borrador y los sindicatos. El Ejecutivo subraya que los empleos de los funcionarios están asegurados. UGT calcula que se podrían perder 3.500 puestos de trabajo. Esta central y CSI-F han anunciado medidas de presión para intentar desactivar el preacuerdo existente entre Justicia y "el lobby" de los registradores de la propiedad. "Ahora todos los ciudadanos tendremos que pagar desde nuestro nacimiento hasta la defunción", consideró el sindicato STAJ, informa Efe. También anunciaron movilizaciones la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), quienes no daban crédito al giro inesperado dado por el Gobierno, cuando Gallardón les comunicó en enero "que se estaba viendo con buenos ojos" que este colectivo fuese el encargado de los registros. Un "tremendo error" para los secretarios, que expresaron también su preocupación por que el Registro Civil esté siendo objeto de "pública subasta y privatización encubierta", informa Europa Press.

Nadie pierde de vista quién podría ser el colectivo beneficiado y su "cercanía con el poder". Mariano Rajoy, recuerdan los colectivos afectados, es registrador de la propiedad. Y su Gobierno ya ha dado evidentes muestras de querer beneficiar a sus compañeros: sirviéndoles en bandeja los ingresos derivados de la Ley de Emprendedores, liberándoles de trabajar los sábados, atribuyéndoles competencias que hasta ahora tenían los jueces... y lo siguiente podría ser el bocado suculento del Registro Civil. "No es casual, no lo es –alega Marcelino Sexmero, portavoz de la moderada Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV)–. Detrás de esto están motivaciones políticas e ideológicas, en línea con la voluntad de privatizar servicios y de compensar a los registradores por la caída de la facturación tras el estallido de la burbuja inmobiliaria". "Estamos totalmente en contra. Esto es impresentable y una canallada", subraya. Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), sostiene la mima tesis: se mima a un grupo profesional "hacia el que el poder ha demostrado su proximidad en perjuicio de los intereses generales". 

El cambio a la base única

Gallardón está pensando en una profunda reforma cuando aún ni está vigente la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, aprobada en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero con el consenso de PSOE y PP. Una norma que, por sí misma, supone una transformación a fondo del sistema registral español, vigente desde 1957. Los grupos acordaron entonces que la ley no entrara en vigor hasta tres años después. O sea, julio de 2014. 

El modelo diseñado entonces implanta un modelo electrónico, totalmente informatizado, con una base de datos única para toda España y con varias oficinas en cada comunidad autónoma. Permite la inscripción telemática con independencia del lugar donde se produzca el hecho a registrar. Es decir, cada ciudadano tendría una hoja registral individual en la que figurarían todos los hechos y cambios relativos a su vida civil (nacimiento, matrimonio, hijos, defunción...), reemplazando así al Libro de Familia. Además, serían los centros hospitalarios los que tendrían que comunicar los partos y decesos, ahorrando así al ciudadano el desplazamiento a una oficina física. Quienes participaron en el dibujo de esta base de datos única alertan de que hacer descansar el registro en los registradores de la propiedad supone una involución, pues se volverá a la dependencia a la oficina más próxima a donde se haya producido el hecho inscribible. Y se teme que se despilfarre la enorme inversión pública en informatización y digitalización del Registro Civil o se vayan a aprovechar unos privados sin que estos compensen al Estado. 

La desjudicialización de la ley de 2011

Pero la ley preveía la desjudicialización del Registro Civil, el cambio más profundo. Hoy en día, los registros dependen de la Administración de Justicia: cada oficina está asignada a un juez (y secretario judicial) y una plantilla de funcionarios. Hay una decena de registros exclusivos –con sólo esa función– en las grandes ciudadanos, una cuarentena que comparten funciones jurisdiccionales, más de 400 registros distribuidos por toda España y cerca de 8.000 registros delegados. Con la nueva distribución de la norma de 2011, los jueces y secretarios judiciales podrían concurrir a las plazas de registrador, pero en ese caso cambiarían de cuerpo de la Administración. Es decir, no podrían compatibilizar funciones jurisdiccionales con tareas registrales. En conjunto, se buscaba agilizar y modernizar el funcionamiento, y también desatascarlo, pues en los últimos años había aumentado su carga de trabajo por los expedientes de nacionalidad. 

Fuentes conocedoras de la negociación en aquel año insisten en que la principal característica del Registro Civil, en España y fuera de ella, es que es "gratuito a todos los efectos", porque la inscripción de los hechos que acontecen en la vida de un ciudadano es obligatoria. Y porque todos los ciudadanos pasan necesariamente por el registro, al menos en el nacimiento y en la muerte. No sucede lo mismo con el Registro de la Propiedad, al que sólo se acude para inscribir todo tipo de bienes inmuebles.  

Gallardón ya intentó hace un año ceder el Registro Civil a los registradores de la propiedad. Pero entonces se levantó una fortísima polémica que ahora ha vuelto a arreciar. Justicia intenta ahora aplacar los ánimos garantizando que no se cobrará. Pero no dice si se compensará de alguna forma a los registradores de la propiedad por la asunción de nuevas tareas. "Tendría que aclararse necesariamente cuáles son las prestaciones por las que se tendrá que pagar, pues resulta inverosímil que el cuerpo de Registradores de la Propiedad asuma la gestión privada de estos registros sin importantes contraprestaciones económicas", asegura Bosch. "No es creíble que les traspase el negocio gratis", apuntala Sexmero. Pablo Llarena, jefe de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es el que menos pegas pone a los cambios: cree "plenamente capacitados" a los registradores y considera que los dos modelos, que la llevanza de los asuntos registrales recaiga en estos o en los secretarios judiciales "es asumible", puras "opciones legislativas" que no tienen por qué dañar el servicio ni costar dinero a los ciudadanos. 

Aún quedan muchas dudas por despejar. Si finalmente Justicia se decanta por los registradores, habrá que saber si desaparecen o no los recursos administrativos ante la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) –que ha estudiado, por ejemplo, la inscripción de hijos de madres de alquiler– o hay que acudir directamente a los tribunales, previo pago de la correspondiente tasa. O qué papel tendrán los fiscales, que ahora informan sobre ciertas cuestiones, como los menores. O si hay "peligro", como teme JpD de que la privacidad de los individuos, porque de eso trata el Registro Civil, deje de estar bajo el escrutinio de la Administración Pública. Justicia dice que no tiene por qué haber cambios, "en principio". De cualquier modo, el nuevo frente de Gallardón sigue vivo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abandonó la primera jornada del Consejo EuropeoConsejo Europeo que se celebra hasta este viernes en Bruselas al filo de las 00.00 horas. Al contrario de lo que hizo en las dos ocasiones a lo largo del día en las que había esquivado a la prensa, esta vez se detuvo ante los periodistas españoles que le aguardaban a su salida. Preguntado sobre la subida de más de 11% del precio de la luz, anunciada este jueves, el líder del Ejecutivo dejó la cuestión en cuarentena. “Vamos a intentar arreglarlo”, sostuvo.

Además, se mostró satisfecho con la marcha de este encuentro que ha dado pasos hacia la unión bancaria, una de las demandas clásicas de España en este tipo de citas europeas.

La anécdota del día tuvo lugar al filo de las 15.00 horas de este jueves, 19 de diciembre, cuando a su entrada al edificio donde se celebra el último Consejo Europeo de 2013, el presidente del Gobierno fue requerido por un vigilante de seguridad al no llevar visible su acreditación. A su lado, sus asistentes intentaron, sin éxito, que el agente se diese cuenta de que tenía delante suyo al presidente del Gobierno español. "Spanish president, Spanish president", repetían. 

Horas después de este incidente, la secretaría general de la institución trasladó sus disculpas al embajador español ante la Unión Europea por este episodio.

A su marcha de esta primera jornada, el presidente del Gobierno llevaba su acreditación bien visible en la solapa Se trata de una especie de pin de color dorado.

La nueva Ley de Emprendedores, aprobada definitivamente el pasado jueves con los votos del PP y CiU, esconde un suculento regalo para los alrededor de 1.200 registradores mercantiles y de la propiedad que operan hoy en España. A partir de la entrada en vigor de la ley, lo que se producirá antes de un mes, los autónomos que pretendan proteger su vivienda habitual de posibles embargos por deudas profesionales deberán inscribirse como “emprendedores de responsabilidad limitada” en el registro mercantil y dejar constancia del blindaje del inmueble en el registro de la propiedad. Esta norma protegerá a las viviendas valoradas hasta 300.000 euros, o 400.000 si está situada en una ciudad de más de un millón de habitantes.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, los trámites exigidos por la nueva norma legal implicarán un coste de 76 euros por persona. El número de autónomos registrados en la Seguridad Social ascendía a 3.031.000 en agosto, así que los registradores tienen a su alcance hasta 236 millones si se produce una utilización masiva del precepto destinado a dejar la vivienda fuera del saco de bienes embargables. Pero dado que todos los emprendedores no tienen vivienda en propiedad y otros quizá no recurran al registro, se puede realizar el siguiente cálculo: sólo con que dos de cada tres emprendedores decidan proteger su vivienda, se repartirán 152 millones los casi 1.200 registradores españoles. Y si, como piden ya algunos registradores, el Gobierno modifica finalmente al alza los aranceles registrales, la cantidad a distribuir se disparará de forma automática.

Fuentes del sector explicaron a infoLibre que el Gobierno podría haber optado por otra fórmula: declarar directamente en la norma que la vivienda habitual del emprendedor es inembargable siempre que su valoración no supere el importe fijado en la Ley de Emprendedores o que expresamente se haya aportado esa vivienda como garantía para la consecución de un crédito profesional. En este caso, no habría ninguna necesidad de acudir a los registros y los ciudadanos se ahorrarían el pago de los aranceles.

Cuestionamiento limitado del artículo 1911 del Código Civil

¿Por qué ha optado el Gobierrno por forzar a los autónomos a acudir al registro en lugar de estipular directamente en la ley que la vivienda habitual será inembargable?

Las fuentes oficiales consultadas sostienen que, de hacerlo así, las entidades financieras habrían endurecido aún más los requisitos para la concesión de créditos. El segundo argumento es de índole jurídica: una redacción que por definición ponga a salvo el domicilio del emprendedor contravendría el artículo 1911 del Código Civil, que dice esto: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”.

Pero, en realidad, el camino previsto por la ley conduce al mismo lugar: a poner en solfa, aunque de manera limitada, la norma que obliga al deudor a responder “con todos sus bienes”.

Reproche del Consejo Económico y Social

Pedro Saura, portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Congreso, recuerda que el Consejo Económico y Social (CES), cuyo dictamen posee carácter preceptivo pero no vinculante, “hizo un durísimo reproche” al texto legal. El CES aconsejó que, lejos de inscribirse la vivienda inembargable, se inscribiesen en el Registro los bienes que quedan afectos a la actividad profesional del emprendedor.

Sea como sea, lo cierto es que la lectura de la nueva norma desvela que la inembargabilidad de la vivienda habitual lo es sólo en cuanto a acreedores privados. En cambio, tanto la Seguridad Social como Hacienda estarán facultadas para someterla a embargo en caso de deudas cuando “no se conozcan otros bienes del deudor con valoración conjunta suficiente susceptibles de realización inmediata en el procedimiento de apremio”.

La letra de la ley abre la puerta a nuevos costes adicionales aun si no se modifican los actuales aranceles. En su artículo 8, aquel que regula la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, el texto dice lo siguiente: “Podrá beneficiarse de la limitación de responsabilidad la vivienda habitual del deudor siempre que su valor no supere los 300.000 euros, valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil”. La introducción del término “valorada” apunta al concepto tasación. Si, como temen fuentes del sector, un posterior decreto que desarrolle la ley faculta a los registradores para efectuar ese nuevo trámite, “los costes crecerán”.

Aunque en la práctica ejercen como profesionales del sector privado en régimen de monopolio, los registradores poseen la condición de funcionario. A diferencia de los restantes empleados públicos, no cobran un salario predeterminado sino aranceles de los que el Estado no recibe ningún porcentaje. Es decir, el registrador se embolsa íntegros los ingresos que genere su registro a cambio de abonar el sueldo de la plantilla y afrontar los gastos del local.

Un misterio multimillonario

Aunque en la práctica ejercen como profesionales del sector privado en régimen de monopolio, los registradores poseen la condición de funcionario. A diferencia de los restantes empleados públicos, no cobran un salario predeterminado sino aranceles de los que el Estado no recibe ningún porcentaje. Es decir, el registrador se embolsa íntegros los ingresos que genere su registro a cambio de abonar el sueldo de la plantilla y afrontar los gastos del local.

A cuánto ascienden los beneficios netos anuales del conjunto de los registradores españoles constituye un misterio. Pero ese es, en todo caso, un misterio multimillonario. El propio presidente del Gobierno, registrador en servicios especiales, ha afirmado en distintas ocasiones que ganaría mucho más si se dedicase a su plaza en lugar de a la actividad política.

Pese a ello, los registradores aducen que la “continua erosión arancelaria, unida a la alarmante crisis económica, está haciendo ya inviables muchas oficinas”. Así consta en una carta de su decano, Alfonso Candau, fechada el 5 de agosto y dirigida a los colegiados. En su misiva, Candau lanza un alegato a favor de una subida de precios en los servicios registrales: “Urge la aprobación de un nuevo arancel que contemple globalmente la situación generada tras casi 25 años de aprobación del anterior”. El anterior al que se refiere Candau data de 1989. Y es ahí donde se establecen los aranceles que llevan al Gobierno a cifrar en 76 euros el coste que para cada autónomo acarreará su inscripción como “emprendedor de responsabilidad limitada”.

Ni PSOE ni Izquierda Unida están dispuestas a hacer concesiones y a dejar pasar un asunto que consideran "grave" y que afecta al propio presidente del Gobierno. Y por eso están presentando (y seguirán haciéndolo) iniciativas parlamentarias para que Mariano Rajoy aclare, entre otros asuntos, si cobró como político y como registrador de la propiedad o si incumplió la legislación cuando ejerció como funcionario público en Santa Pola (Alicante) entre 1987 y 1989, datos todos ellos revelados por infoLibre. 

Soraya Rodríguez, portavoz socialista en el Congreso, consideró "noticias verdaderamente gravísimas" las informaciones publicadas por este periódico, especialmente la que hacía referencia a que el Gobierno de José María Aznar escondió en 2001 el expediente de Rajoy como registrador en un "archivo de seguridad" y la que descubría que el jefe de filas del PP percibió ingresos públicos, al menos entre 1981 y 1985, como político y como funcionario. "Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a preguntar para que se dé una información sobre estos aspectos, para que haya información desde la Presidencia del Gobierno. Luego haremos valoración. Es una noticia lo suficientemente grave como para que el Gobierno conteste de forma rápida, clara y cumplida".

Ya la semana pasada fuentes de la dirección del PSOE adelantaron que pedirían explicaciones. Rodríguez lo confirmó hoy martes. Desde la cúpula del grupo añadieron que las iniciativas se concretarán en breve, en cuanto pase la interpelación al Gobierno sobre el caso Bárcenas incluida en la sesión de control de mañana. 

Por su parte, José Luis Centella, primer portavoz adjunto de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), señaló en rueda de prensa también en la Cámara baja que estas informaciones "evidencian" algo claro, "cómo el PP y el presidente, durante un tiempo, han entendido que la legalidad era algo muy bizcochable", muy elástico. Centella, no obstante, se remitió a las iniciativas concretas del portavoz de Justicia del grupo, Gaspar Llamazares, encargado del "seguimiento" del caso. El diputado ya registró la pasada semana varias preguntas al Ejecutivo: por qué se decidió ocultar en 2001 el historial legal de Rajoy como registrador, por qué "nunca" solicitó la excedencia como registrador pese a que en 32 años (de 1981 a 2013) sólo ejerció como tal desde 1987 a 1989, por qué "nunca" consignó en su declaración de bienes y rentas el cargo de registrador, si percibió de forma simultánea dos ingresos públicos y si supo que su expediente se había enviado a un "archivo de seguridad". 

Llamazares: el Gobierno le "mintió o negó" información

Llamazares también confirmó a infoLibre que pediría explicaciones sobre el periodo en que el Ejecutivo le "mintió o negó" información concreta sobre "incompatibilidad de sueldos en los distintos registros y cargos públicos". El diputado hacía alusión a la respuesta que el Gobierno le dio el pasado febrero a unas preguntas sobre la situación de Rajoy desde 1981, año de su entrada en política. La Moncloa entonces pasó por alto lo ocurrido en los años 1981-1987 y replicó lo siguiente: "El presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros".

El portavoz de Justicia, asimismo, ratificó a este periódico que está "trabajando" en nuevas preguntas, esta vez por lo publicado ayer: que Rajoy incumplió la legislación que le obligaba a vivir en Santa Pola mientras ejerció como registrador (entre 1987 y 1989), ya que en ese bienio desarrolló una intensa actividad política en Galicia, a mil kilómetros de distancia.