El Tribunal Supremo (TS), a través de su Sala de Gobierno, ha hecho llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un acuerdo aprobado por unanimidad de sus miembros para que se retrase la edad de jubilación de sus magistrados de los 70 a los 75 años. La medida, que supondría una prórroga de la apabullante mayoría conservadora del órgano, implica una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fuentes del Gobierno ven inviable. El Alto Tribunal justifica su iniciativa por la falta de experiencia del gran número de nuevos miembros recién nombrados tras años sin poder hacerlo debido al bloqueo del Consejo, pero fuentes judiciales aseguran que detrás de ello hay, sobre todo, un motivo económico: la enorme pérdida de ingresos que supone convertirse en pensionistas.

La propuesta fue aprobada el pasado octubre en la Sala de Gobierno por unanimidad de sus miembros, lo que significa que salió adelante también con el voto de la presidenta del Supremo y del Consejo, Isabel Perelló. El encargado de redactar el informe que la contiene fue el vicepresidente del Alto Tribunal, el conservador Dimitry Berberoff. "El desempeño de los nuevos magistrados de reciente ingreso no alcanza un rendimiento pleno, equiparable al de los magistrados veteranos, hasta trascurrido cierto tiempo", decía el documento. "La exigencia de calidad en las resoluciones judiciales (...) y la altísima especialización (...) impone una especial dedicación por parte de los magistrados recién incorporados", añadía.

Actualmente, la edad de jubilación de los miembros de la judicatura está establecida en los 70 años en el artículo 386 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa misma norma permite que dos meses antes de que cumplan esa edad, puedan solicitar una prórroga al CGPJ hasta los 72 años que este está obligado a conceder. Los magistrados del Supremo mantienen esa categoría desde su nombramiento hasta que alcanzan esa edad. La Sala de Gobierno asegura que, en los próximos 10 años, 65 magistrados –es decir, el 72% de la plantilla del Supremo– se convertirán en pensionistas, lo que impediría garantizar, a su juicio, "una plantilla estable, de modo que la actividad del Tribunal Supremo mantenga la homogeneidad deseable", sostiene su informe.

La propuesta reclama que la ampliación de la edad de jubilación a los 75 se apruebe para todos los jueces y magistrados, pero en caso de no poder hacerse, se establezca únicamente para los miembros del Alto Tribunal. Como alternativa, plantean la reintroducción de la figura de los "magistrados eméritos", que puedan desarrollar sus funciones hasta esa edad. Esa figura fue abolida en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. "En el caso del Tribunal Supremo, la situación coyuntural que atraviesa precisa el establecimiento de dicha medida de prolongación de la edad de jubilación de modo urgente", afirma la Sala de Gobierno en el documento que ha enviado al Consejo.

En el órgano de gobierno de los jueces, las posiciones están divididas. La presidenta Perelló –que también preside la Sala de Gobierno del TS– ha trasladado ya el acuerdo a los vocales. Mientras que en el sector conservador se ve con buenos ojos la propuesta, el progresista, en principio, se opone. Una de las razones para hacerlo es supondría alargar el mandato de los actuales magistrados, muy escorados a la derecha, después de un Consejo netamente conservador prorrogado durante más de cinco años por la negativa del PP a negociar su renovación hasta junio de 2024.

En el Gobierno, que es quien tendría que incluir la medida en alguno de los proyectos de ley orgánica en tramitación, tampoco se entiende la propuesta. Fuentes judiciales aseguran que la iniciativa de la Sala de Gobierno no es nueva y que lo que en realidad tiene detrás son motivos económicos. Al jubilarse, los magistrados del Supremo quedan con la pensión máxima, pero ello supone una pérdida de ingresos en su nómina mensual de varios miles de euros. Permitirles jubilarse más tarde, según fuentes del Ejecutivo, supondría un agravio comparativo frente a otros cuerpos, como, por ejemplo, los profesores de universidad.

La falta de apoyos del Ejecutivo en el Congreso debido a la ruptura de Junts con el PSOE también dificulta que una iniciativa como esta, que requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara al tratarse de la reforma de una ley orgánica, pueda salir adelante.

El Ministerio de Hacienda liderado por Cristóbal Montoro planteó, como exigían las gasistas, rebajar al máximo los controles para acogerse a los nuevos beneficios fiscales el mismo día que mantuvo una reunión al más alto nivel con las firmas de dicho sector salpicadas por el caso Montoro. Así se desprende de los informes y correos electrónicos incorporados a la causa, en los que se hace constar que dicha relajación chocaba con el criterio de los técnicos, quienes hicieron constar, incluso, que la misma podía "incentivar u ocasionar grandes bolsas de fraude".

Con la ansiada rebaja fiscal de 2014 ya encarrilada gracias a la mediación del despacho fundado por el exministro de Hacienda, el siguiente gran reto de las gasistas era el relativo al reglamento que desarrollaría la nueva ley tributaria que estaba en tramitación –en concreto, el Reglamento de los Impuestos Especiales–. Al fin y al cabo, en él se establecería el sistema de vigilancia con el que se comprobaría el cumplimiento de las exigencias fijadas en la ley para poder acogerse la bonificación del 85% en el Impuesto sobre la Electricidad.

La idea inicial pasaba por establecer severos requisitos de control. Es lo que se desprende del intercambio de correos electrónicos intervenidos en la causa que instruye el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, Rubén Rus. Así, en un mail que salió el 26 de agosto de 2014 de la Agencia Tributaria con destino a la Dirección General de Tributos se incluyeron archivos con "observaciones técnicas favorables al mantenimiento y exigibilidad de un mayor detalle de la regulación de los requisitos de previo control del cumplimiento de las exigencias" legales para poder acogerse a la rebaja fiscal.

Es más, en las observaciones a uno de los artículos del citado reglamento incluidas en dicho correo, tal y como hace constar la Agencia Tributaria en un informe de 2023 incorporado a la causa, incluso se llegaba a plantear "el establecimiento de obligaciones de control periódicas", de forma que los contribuyentes –en este caso, las compañías gasistas– se vieran obligados a presentar cada cierto tiempo una declaración informativa haciendo constar la tarifa, el tipo de contrato o la facturación por energía consumida y peajes, entre otros detalles.

Una vez emitido informe favorable a la exigencia de severos requisitos de control que aseguraran el cumplimiento de los requisitos legales para el disfrute del beneficio fiscal, un correo interno fechado el 16 de octubre pone de manifiesto una redacción del articulado "coherente" con tales exigencias. En él se establecía que las empresas que quisieran acogerse a la rebaja fiscal por actividades industriales que consumieran electricidad debían aportar una memoria económica que acreditase que tal consumo suponía el 50% del coste del producto.

Pero todo empezó a cambiar once días después. En concreto, el 27 de octubre. Precisamente, el día en que la patronal de las gasistas –la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim)– y algunas de las empresas investigadas mantuvieron una reunión con el Subdirector General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior, Pablo Renieblas. Un encuentro que, según los Mossos d'Esquadra, atendía "a la intención" de "poder influir" en la redacción de un reglamento que "solicitaba tener que cumplir con muchos requisitos" que les "complicaba poder acogerse a la reducción del impuesto".

La reunión estaba fijada para las 9.30 horas. En ella, según trasladó por correo electrónico unos días más tarde el secretario general de Afgim, Carlos Romero, las gasistas expusieron sus "puntos de vista", que fueron "formalmente presentados" mediante un escrito preparado por Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro al que acudieron estas compañías porque tenía "contacto directo con el ministro". La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 673.500 euros la cantidad abonada desde 2014 a Equipo Económico por las siete firmas gasistas y la patronal bajo la lupa judicial.

Poco después, a las 15.58 horas, desde el Gabinete de Dirección de la Agencia Tributaria se remitieron a la Dirección General de Tributos y la Secretaría de Estado de Hacienda observaciones al texto del proyecto de reglamento. "Se propone la práctica eliminación de los requisitos de previo control", se recogen en los informes aportados a la causa. Así, por ejemplo, se planteaba que no se exigiera "memoria" alguna, "ni descriptiva del destino que dará a la electricidad, ni económica". "No se indicará tampoco cantidad alguna de electricidad que se vaya a beneficiar de la reducción", se recogía en el informe de alegaciones.

Dichas observaciones, que llegaron al Gabinete de Dirección a primera hora de ese mismo día procedentes del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, acabaron siendo finalmente acogidas. El 14 de noviembre se elevó el proyecto definitivo de reglamento a la Secretaría de Estado de Hacienda y la Secretaría General Técnica. Un texto del que se eliminó todo lo que tenía que ver con la memoria. En la nueva redacción, bastaba "una mera comunicación de cumplimiento de los requisitos exigibles para gozar del beneficio fiscal", sin aportar "justificantes acreditativos".

Un mes después, Jacobina Escamez, de la gasista Praxair, celebraba los cambios. "Gracias a dios, parece que ahora no vamos a tener que presentar memoria económica", dejaba escrito en un mail enviado a varios colegas del sector el 18 de diciembre, horas antes de la aprobación del reglamento en Consejo de Ministros. Y no es de extrañar la euforia, teniendo en cuenta los quebraderos de cabeza que podrían haber provocado los mecanismos estrictos de control a las compañías a la hora de acceder a las ansiadas ventajas fiscales, que llevaban meses peleando sin éxito y que solo consiguieron tras contratar a Equipo Económico.

En este sentido, la Agencia Tributaria recuerda la existencia de un informe interno individualizado de la consultora Ernst & Young de ese mismo año centrado en la compañía Carburos Metálicos "donde se reflejaría que 2-3 de sus 4 plantas no cumplen el requisito de superar el umbral legal del 50% para obtener el beneficio fiscal de referencia".

Derogar las "leyes sanchistas" y "estar preparados" para las elecciones. Esos han sido los dos principales mensajes que ha querido lanzar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante el Comité Ejecutivo Nacional reunido en Génova este lunes en el que ha realizado su balance del ecuador de la legislatura. El Partido Popular cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no logrará aprobar los Presupuestos —el socialista se ha comprometido este lunes a presentarlos— y pidió a los suyos que "activen el modo electoral" ante la esperanza de que esos comicios se celebren pronto. "Estaremos preparados, sean cuando sean".

Además, Feijóo anunció que en septiembre el PP tendrá preparado un listado de leyes aprobadas por el Gobierno de Sánchez en los últimos siete años que derogará si llega al poder —tal y como contó infoLibre— como la ley de vivienda, la de amnistía o la de memoria, junto a otro listado de leyes "a sustituir": "Toca hacer una limpieza total. Y la haremos", aseguró. Desde la celebración del congreso del PP, Feijóo ha buscado presentarse ante la opinión pública como el próximo presidente del Gobierno auspiciado por las encuestas, consciente de que será su última oportunidad —como el mismo remarcó—. Pero en lugar de desgranar pormenorizadamente sus propuestas, ya que este lunes solo dio alguna pincelada, marcó su prioridad en "derogar el sanchismo".

El conservador también dejó claro que mantendrá su estrategia de acoso y derribo contra Sánchez y no le apoyará en ninguna votación —comparta el fondo de la iniciativa o no—: "Van a tener una oposición a su medida. Este Gobierno no está en condiciones de ser ayudado por el primer partido de España, solo puede ser vigilado en el Parlamento y será derrotado en las urnas. No vamos a callar ante sus atropellos ni a picar en sus anzuelos". Un planteamiento que contrasta con su disposición a alcanzar pactos de Estado con el Ejecutivo de Sánchez cuando llegó al cargo, hace ya más de tres años. Entonces, también se comprometió a "sacar la política española del enfrentamiento" y a no participar del "entretenimiento infantil" de la política española.

Feijóo confirmó muy pronto que, pese a sus declaraciones, no se mudó a Madrid para rebajar los decibelios de su antecesor, Pablo Casado, sino para profundizar en el ruido y el combate feroz. El líder del PP ha llegado a cruzar, incluso, líneas rojas, al incluir acusaciones infundadas dirigidas a personas fallecidas al sugerir sin pruebas que Pedro Sánchez habría sido beneficiado por negocios de prostitución vinculados a su suegro fallecido, como hizo en el pleno de junio. Génova ha entrado de lleno en esta estrategia a pesar de reconocer que la única información a su disposición sobre este asunto la ha leído en los periódicos, en referencia a los medios ultras que, hasta que el conservador lo lanzó en el hemiciclo, eran los únicos que se referían a dicha cuestión.

En este último año el líder del PP, también ha participado en una estrategia de deslegitimación del Gobierno, cuestionando todas las instituciones que no controla: desde el Congreso —al sostener que está “secuestrado” por la presidenta Francina Armengol— pasando por el Tribunal Constitucional —al que acusan de “trabajar” para Sánchez por avalar la amnistía— hasta Correos —al poner en duda el funcionamiento del voto por correo tras el caso Leire—. El objetivo de Feijóo es erigirse como el partido de referencia anti Sánchez y evitar que formaciones como Vox crezcan para capitalizar ese "descontento". Así también se explican los intentos hacer suyas algunas banderas de los ultras empezando por la bandera antiinmigración, al vincular inmigración con delincuencia y después que la semana pasada propusiera facilitar la expulsión de los inmigrantes con residencia legal en España que delincan.

Uno de los fichajes clave del PP en esta nueva etapa es el del periodista Rafael Núñez Huesca, que trabajará a las órdenes de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra. Núñez será el coordinador de las políticas de inmigración —un asunto en el que Feijóo pidió a los suyos que fueran más contundentes— y fue el creador de la marca Vox en el año 2014. El periodista fue uno de los colaboradores más estrechos de Santiago Abascal en la fundación Denaes y actualmente forma parte del equipo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, donde ejerce como portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid.

El líder del PP también sostuvo que "el Gobierno de los Koldos, las Leires y las Jessicas" está "inhabilitado" para "decidir sobre el acceso al empleo público en nuestro país" para "decidir las reformas de regeneración" y "para impulsar medidas en nombre de las mujeres". "No olvidemos nunca que fue Sánchez quien le dio galones y acceso al dinero público a una manada de sinvergüenzas de los que no se separó ni para alcanzar el poder ni para ejercitarlo", señaló. El conservador, sin embargo, evitó citar el caso Montoro que ha pillado completamente desprevenida a la actual dirección del PP y que no solo afecta al exministro de Hacienda de Mariano Rajoy y de José María Aznar, sino también a gran parte de su equipo en el Ministerio de Hacienda.

En un primer momento la dirección nacional del PP lo trató de minimizar asegurando que no era, ni mucho menos, tan grave como el caso Cerdán. Ahora Feijóo busca presentarse como el aladid de la transparencia: "Nosotros respetamos a la justicia para que actúe ante quien sea necesario. No nos dedicamos a señalar jueces o a intentar eliminar la separación de poderes", dijo. Pero su legado le salpica directamente, no solo por el error cometido en el congreso celebrado hace tres semanas, en el que abrazó su herencia y la de José María Aznar, sino por la decisión de incorporar a la dirección del partido a Alberto Nadal como responsable del área económica del partido, porque, aunque no haya sido imputado, fue uno de los más fieles colaboradores de Montoro entre 2016 y 2018.

El líder del PP también obvió de su discurso los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a la Unión Europea —que Sánchez asegura que respalda "sin entusiasmo"— y la situación de hambruna que viven los habitantes de Gaza por la ofensiva del Gobierno de Israel. Se trata de dos cuestiones que generan incomodidad a Feijóo, ya que para él la política exterior es un arma de guerra interna. Nunca ha tenido un perfil internacional —tampoco domina el inglés— y prefiere refugiarse en una calculada ambigüedad con lo que respecta a Donald Trump, con el que evitan confrontar, y también a la situación en Palestina. Es más, en este último caso no son pocas las veces que el PP ha defendido al Gobierno de Benjamín Netanyahu apelando a su "derecho" a defenderse.

Feijóo tampoco mencionó directamente a Vox, pero sí que incluyó una alusión velada a la formación de Santiago Abascal al asegurar que alimentan la "estrategia de confrontación" junto al Gobierno al "negar" los problemas que sufre la ciudadanía. "Esa negación da alas a quienes quieren hacer la justicia por su cuenta y a quienes aprovechan la ausencia del Estado para alimentar el odio. A mí no me van a encontrar nunca en la irresponsabilidad de unos ni de otros", lanzó. Tras el congreso, el líder del PP se comprometió a gobernar en solitario si la derecha suma en las próximas elecciones generales, excluyendo a Vox de ese futuro Ejecutivo.

En este último año, tras la ruptura que Abascal forzó en los gobiernos autonómicos, el líder de Vox ha incrementado la presión hacia el líder del PP. Ambas partes aseguran que mantienen una "sintonía personal" que no se aplica en el plano político. Desde el entorno del líder ultraderechista sostienen que el PP está "anticuado" y que no tiene una posición "consistente" porque continuamente está "dando bandazos" y queriendo "copiar a Vox". En ese sentido, la razón de ser de Vox es forzar al PP a radicalizar sus posiciones. Y lo están consiguiendo, tal y como se ha visto en los acuerdos presupuestarios de la Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares.

El principal logro de la extrema derecha ha sido desplazar el marco ideológico del PP en materias como la migración, el cambio climático, la vivienda, el maltrato animal, la ley trans o la propia relación con los ultras. Un giro que ha quedado plasmado en la ponencia ideológica del partido. En Madrid, Feijóo ha comprobado de primera mano las dificultades de plantear una hoja de ruta independiente de lo que haga Vox, presionado a su vez por el ala dura de su partido. Y sabe que los necesitará tarde o temprano.

Desde que se celebró el congreso del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo trata de presentarse ante la opinión pública como el próximo inquilino de La Moncloa. Aunque no hay garantías de que eso vaya a ocurrir —más allá de las tendencias que marcan las encuestas— porque no hay convocadas elecciones y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue marcando el año 2027 como horizonte electoral, el líder del PP ya está adelantando pantallas.

Tras el cónclave del PP aseguró que su "compromiso" era gobernar en solitario, es decir, sin Vox dentro del Ejecutivo. Y ahora ha dado la orden a su núcleo duro de preparar la "abolición" de las "leyes sanchistas" si llega al cargo. Normas como la ley de memoria democrática, la de vivienda, la ley trans, la de amnistía o la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ‘ley mordaza’, que sin embargo aún no se ha aprobado en la Cámara Baja.

El líder del PP también se compromete a revertir el acuerdo sobre financiación refrendado entre el Gobierno y la Generalitat para Cataluña hace escasas semanas en caso de que llegue a materializarse. Una posibilidad ahora en el aire no solo por la oposición de la derecha española sino también de la independentista. El programa derogatorio del PP incluye incluso cambiar el Código Penal para reforzar el delito de sedición, de manera que no haya dudas a la hora de aplicarlo a comportamientos como el protagonizado por los independentistas durante el procés. Y volver a igualar todas las penas de corrupción: las que supongan enriquecimiento personal y las que no.

Así lo anunció la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, la pasada semana en una rueda de prensa, en la que aseguró que Feijóo derogará "todas las leyes" puestas en marcha por el Ejecutivo de Sánchez que "rompen con la igualdad de los españoles" durante sus cien primeros días de gobierno. Sin embargo, ni Fúnez ni el PP mencionaron algunas de las normas que Feijóo aseguró que iba a derogar tras llegar a la presidencia del partido en el año 2022 como la ley del aborto, la de eutanasia o la de educación.

Vox comparte el objetivo de Feijóo de borrar todas las normas que han salido del Congreso desde que Sánchez gobierna, incluidas las tres citadas anteriormente. Las considera "ideológicas" su eliminación es, para los de Santiago Abascal, un compromiso irrenunciable. El PP, por el momento, evita detallar cuáles reformará, un matiz importante porque puede condicionar los acuerdos con la extrema derecha en el futuro.

El resultado de la ley de vivienda, que el Ejecutivo de Sánchez aprobó la legislatura pasada, ha provocado la huida de los propietarios, la pérdida de rentabilidad en la gestión de sus inmuebles y, por lo tanto, la reducción de oferta del alquiler, lo que ha encarecido los precios según la lógica del PP. Argumentos que no se sostienen ya que ninguna autonomía, a excepción de Cataluña, ha aplicado esta norma. Precisamente en la autonomía liderada por el socialista Salvador Illa un estudio concluyó que los controles del alquiler bajaron precios y no se redujo la oferta. Pero tal y como está diseñada la norma, las comunidades autónomas son las encargadas de declarar las zonas de precios tensionados, es decir, el instrumento que permite aplicar la regulación de precios, y ninguna de las gobernadas por el Partido Popular lo ha hecho ni tiene previsto hacerlo.

Tras las elecciones autonómicas, la memoria se convirtió en pieza de caza mayor de la llamada guerra cultural. Y tanto Vox como el PP pusieron en marcha el desmontaje de toda la normativa autonómica de protección a las víctimas del franquismo. Una ofensiva reaccionaria que, acabó por dibujar una doble realidad en los territorios controlados por el PP. Así, mientras que en comunidades como Andalucía, Extremadura o Castilla y León las leyes de memoria sobreviven, en otras como Aragón, Baleares, Comunitat Valenciana o Cantabria han sido eliminadas o sustituidas por normas que llegan a equiparar la dictadura franquista con el periodo democrático de la Segunda República.

Desde que se aprobó la ley de amnistía y después de las manifestaciones convocadas en contra de la norma, el PP se comprometió a eliminar la norma de olvido jurídico si llega a la Moncloa. Una derogación que, sin embargo, no sería más que un brindis al sol con mucho simbolismo pero nulos efectos prácticos. Algo de lo que son conscientes en las filas conservadoras tal y como admitió recientemente su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. "La ley de amnistía es de facto inderogable pues en la jurisdicción penal opera el principio de irretroactividad de las leyes desfavorables al reo", explicitaba en su cuenta de X. Será imposible revertirla, aunque se derogue en un futuro. A esto se le suma que el Tribunal Constitucional ha avalado recientemente la norma, una decisión que sin embargo no ha impedido al PP seguir calificando la iniciativa de "ilegal".

Feijóo también se comprometió a "regular los derechos del colectivo trans", tras llegar al cargo de presidente del PP, pero no a través de la actual ley. Entre los argumentos de repudia, aseguró que "es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad o que sacarse el carnet de conducir", sencillamente yendo "al Registro a plantearlo, decir que a partir de mañana soy una señora o un señor". También cargó contra los tratamientos hormonales y las operaciones quirúrgicas en menores, a pesar de que la norma estatal nada dice al respecto, salvo para eliminar la obligación de pasar por dos años de hormonación como requisito para acceder al cambio registral. Los conservadores la recurrieron ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado, una estrategia que el PP también empleó en el pasado con normas como la del matrimonio igualitario, hace casi dos décadas, que después el Ejecutivo de Mariano Rajoy no derogó.

Impulsada en medio de un clima de efervescencia social por el Gobierno de Mariano Rajoy, la derogación de la ley mordaza –o, al menos, de sus aspectos más dañinos– es una de las grandes promesas no culminadas de la izquierda. De hecho, la norma lleva más tiempo en vigor con la mayoría parlamentaria que aspira a limitarla que con aquella que hace ya una década la impulsó. Las diferencias respecto al alcance de las modificaciones han frustrado hasta el momento todos los intentos por rebajar el carácter lesivo de la ley. El último, el pasado año, cuando la falta de consenso en cuatro puntos hizo fracasar una reforma que ya estaba muy avanzada. Actualmente se está negociando entre el grupo parlamentario del PSOE y sus socios. De momento, no hay un texto concreto ni plazo para presentarla pese a que PSOE y Bildu alcanzaron un acuerdo en octubre del pasado año en torno a los aspectos que la hicieron descarrilar la pasada legislatura. Si esa reforma finalmente se aprueba esta legislatura, el PP asegura que la derogará.

Lo peor de la historia de Antonio, el niño con parálisis cerebral agredido por varios compañeros de clase, es que él los considera sus amigos. Sí, él cree que esos chavales que le pegan sin piedad en la cabeza, que se ríen de él, que le llaman mierda, que le ponen una silla encima de la cabeza mientras le graban y se ríen, son sus amigos. Y que hay que perdonarlos.

Su madre contaba ayer que llevan días hablando con él, contándole, explicándole que además del perdón, lo que han hecho esos chicos, “sus amigos”, está mal y que tiene que tener consecuencias.

El problema es que Antonio no será capaz de entenderlo, porque esos chicos siguen en clase con él. Comparten el mismo aula, los ve todos los días. El protocolo sólo permite la expulsión del centro durante unos días y, después… Bueno después es lo que pasa ahora, que esos chavales han vuelto al centro y están ahí. Y supongo que más cabreados porque el vídeo se ha hecho viral, porque les han señalado, porque sus risas han dolido a todos. Porque el vídeo es extremadamente cruel, duele verlo. Sin conocer de nada a Antonio, sin conocer de nada a esa madre que, ayer confesaba, que lleva días entre el llanto, la rabia, y también la fuerza, la fuerza de no rendirse y de denunciar lo que ha pasado y lo que está pasando.

Ella pide justicia y pide medidas que sirvan. Una expulsión disciplinaria se queda muy corta, más aún cuando se obliga a ese chaval a volver a convivir durante muchas horas, todos los días, con sus agresores. Porque aunque padezca parálisis cerebral, vaya en silla de ruedas, se le ve en el vídeo pasarlo mal mientras ellos se ríen y le dicen que “se esfuerce un poco más”.

Esta semana escribía en otra columna sobre la serie Adolescencia, sobre cómo retrata el ambiente tóxico que se vive en los centros escolares. Esa secuencia en el instituto de los chicos da miedo, cómo se tratan, cómo los profesores se sienten desbordados o directamente ignoran los insultos, las burlas, los acosos…Decía el actor que interpreta al padre del asesino que le saltaron todas las alarmas cuando leyó, con días de diferencia, que dos chavales habían apuñalado a otro compañero de clase en dos puntos diferentes de Inglaterra, de cómo la violencia era la vía de escape en muchos casos para canalizar su rabia, su frustración…No entendemos por qué, pero la violencia, el ser agresivos, está de moda entre los jóvenes.

Bueno. El ejemplo de Santander es preocupante. Mucho. Porque demuestra que había impunidad para hacer eso en una clase. Los acosadores no tienen miedo de que nadie les pille grabando.

Y volvemos al problema de siempre, al que lo acaba contaminando todo: los móviles, esos aparatos que entran en las escuelas y en las aulas y que parecen inofensivos. Y que, nos han demostrado demasiadas veces que son peor que un arma. Desde luego a Antonio, ese vídeo, con esa cámara grabándolo todo, ha sido como dispararle a su dignidad.

Soy consciente de que la supresión de la acción popular llevaría aparejada una modificación de la Constitución, tarea imposible en estos momentos. Además, sería nociva porque supondría el cercenamiento del derecho de participación en la justicia que junto con el jurado y la iniciativa legislativa popular son los únicos resquicios que deja nuestro texto constitucional a la democracia participativa.  Somos varios los que desde hace muchos años venimos denunciado los abusos y subterfugios de los que se dedican profesionalmente a utilizarla exclusivamente con fines políticos.   

Tanto en la Constitución como en la ley de Enjuiciamiento Criminal, se configura la acción popular como un derecho de los ciudadanos españoles, sean o no perjudicados por el delito para ejercitarla en toda clase de delitos, salvo los que la ley reserva a la iniciativa particular. Gran parte de la proliferación de estas acciones se debe al incumplimiento de las previsiones legales por parte de los jueces y juezas que las reciben. Para valorar su admisibilidad es ineludible la presentación de una querella que deberá contener los requisitos exigidos por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, entre ellos una relación circunstanciada de los hechos con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecuten si se supiere. El querellante asume que los hechos son verdaderos. Si resultasen falsos se deben eliminar los obstáculos que establece el Código Penal para proceder el delito de acusación falsa. La ley impone a los jueces la obligación de desestimar la querella cuando los hechos en que se funde no constituyan delito.  

El Grupo Parlamentario Socialista, el 10 de enero de 2025, ha presentado una "Proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas". La iniciativa me parece inoportuna y desafortunada, no solo por adoptar la forma de Proposición de ley, sino también porque, con un título alambicado, trata de envolver una drástica reducción de la acción popular.

En la Exposición de Motivos, se alude –y lo comparto– al uso abusivo de la figura de la acusación popular, que emplean determinados colectivos no con el fin de aclarar posibles hechos delictivos, sino para atacar sistemáticamente a sectores sociales no afines y a adversarios políticos. Por su contenido obliga a los jueces y magistrados a posicionarse políticamente.  

Nada que objetar a la extensión de la posibilidad de ejercitar la acción popular a los ciudadanos de cualquier Estado miembro de la Unión Europea que tengan su residencia en España. También, a las entidades y organizaciones privadas que tengan por objeto la protección o defensa de intereses difusos o generales relacionados con el bien jurídico tutelado en la norma penal.   

Comparto la prohibición de ejercitarla a los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos. El campo de actuación de los partidos políticos discurre fundamentalmente en los órganos parlamentarios a través de las mociones de censura, de confianza, reprobación, los controles parlamentarios y las Comisiones de investigación, por lo que no deben judicializar sus debates y controversias. Si se intenta eludir la prohibición utilizando personas físicas o jurídicas encubiertas, se debe rechazar por considerar que existe un fraude de ley. 

A partir de este último párrafo comienzan las restricciones. La persona que ejercita la acción popular debe acreditar ante la autoridad judicial la relación o vínculo personal, social o profesional con el interés público que motiva su intervención en el procedimiento, así como la relevancia y suficiencia de dicho vínculo. Se exige además que se acredite documentalmente. En la práctica se hace casi imposible –y en cualquier caso aleatorio– acreditarlo. En el caso de las personas jurídicas, se puede y se debe acreditar acudiendo al objeto social establecido en sus estatutos.  Por supuesto se debe rechazar la querella cuando carezca manifiestamente de fundamento.

Si se supera este primer impedimento, si el que ejercita la acción popular instase la práctica de alguna diligencia, el órgano judicial tendrá dicha petición por no formulada. Por si no había quedado claro, no tendrá acceso al procedimiento judicial ni se le permitirá desarrollar actuación alguna durante la fase de instrucción. Una vez finalizada la fase de instrucción, el órgano judicial conferirá traslado al acusador popular del auto de conclusión del sumario o de la resolución dictada. La acusación popular podrá impugnar, menos mal, el sobreseimiento libre que hubiera sido acordado por el órgano judicial con arreglo a esta ley. 

El coste que supone la asistencia de Abogado y Procurador, requisito indispensable para presentar una querella, para después convertirse en un convidado de piedra que tiene el mismo protagonismo que cualquier ciudadano que siga los acontecimientos a treves de los medios de comunicación, es un elemento desincentivador muy eficaz. Esta inconstitucional medida atenta contra el principio de igualdad de armas, parte esencial del derecho a un juicio justo y con todas las garantías en el que cada parte debe tener una oportunidad razonable para presentar sus pretensiones en condiciones de igualdad con todos los demás participantes. El Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente que el principio de igualdad de armas está implícito en el artículo 24 de la Constitución.

Otro tajo importante a las posibilidades de ejercitar la acción popular se materializa en su limitación a once categorías de delito elegidas, en mi opinión, arbitraria o intencionadamente seleccionados. La Exposición de Motivos justifica la limitación a aquellos delitos que merecen un especial reproche o que por su repercusión social resultan idóneos "para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del Ministerio fiscal, puede ser el caso de las infracciones que protegen intereses difusos o de los delitos de corrupción política como ejemplos más representativos". Contemplar la posibilidad de ejercitar la acción popular en los casos de los delitos de rebelión o los que corresponden a la Corte Penal Internacional (genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra) me parece una decisión extravagante. Si cualquiera de estos delitos (rebelión y delitos de lesa humanidad) se llega a hacer realidad y es necesario acudir a la acción popular, es que ha desaparecido la estructura institucional del Estado. En definitiva, se debe extender a todos los delitos públicos y corresponde al juez valorar su viabilidad en cada caso.

Especial extrañeza produce la exclusión de la posibilidad de perseguir, mediante la acción popular, los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Sospechosamente el debate surgió con ocasión del caso Nóos (Urdangarin-Infanta Cristina). Su defensa sostenía que no habiéndose ejercitado contra ella acusación por el Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado, procedía archivar por aplicación de la que se conoce como doctrina Botín. La Audiencia Provincial de Baleares consideró que dicha doctrina no es aplicable a la Infanta, acusada de ser cooperadora necesaria de un delito contra la Hacienda pública, porque considera que: "El bien jurídico protegido por el tipo previsto en el artículo 305 del Código Penal (Delito contra la Hacienda Pública) por el que se le acusa, es de naturaleza supraindividual, colectiva o difusa. Se resume en el eslogan “Hacienda somos todos”. Todo ello permite considerar legitimada a la acusación popular para accionar en solitario en este caso."

La Abogacía del Estado esgrimió para oponerse a la acusación contra la Infanta Cristina un argumento que podríamos calificar, como mínimo, de pintoresco. Sostuvo que la expresión “Hacienda somos todos” era un simple eslogan publicitario, pero sin contenido jurídico. Es evidente que la Abogacía del Estado no tuvo en cuenta el texto de la Ley General Tributaria, en el que se recuerda que "el sistema tributario se basa en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad y equitativa distribución de la carga tributaria." El fraude fiscal afecta a la posibilidad de realizar una política redistributiva e impacta sobre la capacidad de las Instituciones para ofrecer los diferentes servicios (educativos, sociales, sanitarios, becas, vivienda de protección oficial…). Espero que no se haya tenido en cuenta la existencia de una querella contra el Rey Emérito por cinco delitos contra la Hacienda Pública.  

Por último, la disposición transitoria única, que puede tener apoyo en los principios generales que rigen la retroactividad o no retroactividad de las leyes procesales, suscita, como es lógico, serias reticencias y desconfianzas por su aplicación a procesos en curso de notoria relevancia política. Se podían haber seguido las pautas que marcaron las disposiciones transitorias de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en las que se estableció que no se aplicará a los procesos en curso. Pienso que el Proyecto debe retirarse a la espera de la tramitación del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya lo decía San Ignacio de Loyola: “En tiempos de tribulación no conviene hacer mudanza”.

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José Antonio Martín Pallin es abogado. Antes, ha ejercido como fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Es, además, autor de los libros 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces' (Catarata).

Los que nos dedicamos a la enseñanza de la lengua sabemos que el alumnado muchas veces nos interpela sobre cómo las clases de sintaxis son diferentes en función del docente y las nomenclaturas que se utilizan para describir relaciones entre palabras. Por ejemplo, es común escucharles decir eso de que “el año pasado lo dimos de otra manera”, “el profe de 2º no nos lo explicó así” o si “lo puedo llamar complemento directo en lugar de objeto directo”. Al final, acaban perdidos ante tanto cambio.

En otras materias también ocurre con determinados contenidos, y eso puede crear sensación de confusión cuando, al fin y al cabo, debería existir coherencia no sólo sobre lo que se imparte sino cómo se hace. Es decir, cómo abordamos cuestiones que, en determinados casos, han sido llevadas a discusión, como por ejemplo en el saber gramatical de una lengua.

En ese clima de confusión —que es reflejo al final de esa sociedad mal informada en la que vivimos—, las continuas modificaciones en las leyes educativas (y cómo se abordan sus reformas) provocan desconcierto en el profesorado de la enseñanza básica. Ocurre sin ir más lejos con los tecnicismos incorporados a la hora de evaluar y calificar al alumnado, y cómo los enseñantes los interpretamos en medio de un panorama de desconcierto donde la sensación que impera es la de continua deshumanización del acto de educar, siempre a expensas de quien gobierne.

No vamos a negar que lo educativo es político. Esa idea arraigada la podemos encontrar en pedagogos clave del siglo XX como Paulo Freire y también remontándonos a la República de Platón y su idea de pensamiento dialéctico como toma de conciencia de una posible transformación de la realidad en que se vive. También está claro que es crucial la formación que recibe previamente el profesional educativo antes de llegar a conclusiones acerca de cómo tiene que enseñar, por lo que habrá que ver cómo se ha ido conformando su identidad docente en los marcos pedagógicos y académicos donde se ha movido antes de pisar un aula por primera vez.

Hay que ser críticos con la forma en la que se han abordado los procesos de cambio educativo en nuestro país. La necesidad de diálogo racional no ha sido la nota dominante en una cuestión de Estado como esta sobre la que es necesario blindar cierto consenso en determinados mínimos que no dependan de resultados electorales. La incertidumbre en esta materia, como ocurre en otras de la vida, no es buena. Pedir solidez y continuidad para que calen las nuevas propuestas parece algo razonable.

El asunto está en que lo educativo en la historia de la democracia se ha convertido por momentos en una cuestión con intereses partidistas, sometido a intenciones alejadas del bien común, la defensa de derechos humanos básicos y las necesidades de la ciudadanía; hemos dejado para el final, por ejemplo, asuntos trascendentales como la reforma del significado de la función docente, a través de un estatuto regulador que defina claramente cuál es el rol de unos profesionales que en muchos casos han pasado a sentirse piezas mecánicas sin voz del engranaje de una maquinaria compleja, y no como agentes clave del motor que impulsa la mejora cultural y social de un país.

Es cierto que, en los momentos en los que se han ido cocinando las grandes reformas legislativas, se desplegaron determinadas iniciativas de consulta popular. Sin embargo, estas se han llevado a cabo sin que en los centros escolares, laboratorios de toda reforma, se pueda masticar bien el sentido de lo que se propone, tanto en organización de los currículos como en el planteamiento de su desarrollo en evaluación, atención a la diversidad, gestión de la burocracia o mejora de la convivencia, asuntos fundamentales abordados sin que el profesorado apenas haya tenido la oportunidad de ser escuchado.

Por ello, al final la educación no cambia en su fondo por lo que se legisle en los despachos, sino en gran parte por el comportamiento de una comunidad docente que tiene que recuperar su papel y relevancia como eslabón del engranaje social.

Una prueba de que las leyes no cambian el acto educativo real es, por ejemplo, la resistencia a los principios básicos que en 2006 propuso la Ley Orgánica de Educación (LOE), que ha sido estos últimos años modificada en parte por la controvertida LOMLOE. Hace ya veinte años se introdujo, por ejemplo, el aprendizaje por competencias que recomienda la Unión Europea y en el que se basan las famosas Pruebas PISA de la OCDE.

Pues bien, esas recomendaciones convertidas luego en ley no han calado en una parte importante del profesorado que cuando modifica su praxis es porque se lo dicen, a regañadientes, para no tener problemas y no porque considere necesario reflexionar sobre la práctica según las características de su contexto y las transformaciones sociales que estamos viviendo.

Sin embargo, en nuestra historia reciente no siempre ha sido así. Ha habido otros caminos para la experimentación sobre el cambio y sus consecuencias que han dado otros resultados, ya que surgen “de abajo a arriba”, de la reflexión conjunta y la discusión en muchas horas de trabajo que nadie reconoce. Se trata de los Movimientos de Renovación Pedagógica: grupos de docentes que, desde finales del franquismo y con la implantación de la democracia, comenzaron a reunirse para rediseñar sus formas de hacer a partir del conocimiento que compartían.

En la actualidad, las nuevas generaciones de profesorado apenas conservan ese espíritu de la reivindicación del saber colectivo y contrastado. En gran parte se ha perdido por la falta de apoyo para que los veteranos que lograron forjar su identidad docente durante aquellas Escuelas de Verano de hace décadas traspasen el testigo a los más jóvenes.

El profesorado de hoy, que sobrevive con dificultad a un tiempo convulso y en medio de la prisa continua para que la maquinaria no se detenga, apenas tiene conciencia de las relaciones dialógicas que se creaban en esos foros de discusión que luego germinaron en asociaciones. Hoy algunas de ellas sobreviven y, por mi parte, tengo el honor de formar parte de una de ellas, SOCAEAN, que une a docentes de Lengua y Literatura de Canarias desde hace más de cuarenta años. Es ahí donde, considero, que se cuece el cambio, la mejora. Donde se teje la red para discutir, proponer y remover las inercias incrustadas, ante el rechazo que provoca a veces tanto cambio de ley.

El impulso renovado de los Movimientos de Renovación Pedagógica, en su lucha por la reforma desde la raíz, la dignidad profesional y la autonomía necesaria para gestar los grandes cambios, es uno de los retos que le queda por afrontar a unas administraciones públicas que, por una cuestión ética y política, están obligadas a brindarles el apoyo necesario para que recuperen su razón de ser, en busca de esa ansiada mejora educativa que la ley, muchas veces, no es capaz de aportar.

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza. Divulga sobre educación a través de su blog www.albanoalonso.info

Cuando en julio los dos partidos que conforman el Gobierno anunciaron un mínimo acuerdo respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, desde Sumar se esforzaron por trasladar la idea de que aquello tan solo era "el inicio" del camino. Hoy, tres meses después, ambos han dado un paso de gigante. El Ejecutivo y EH Bildu han cerrado este jueves un acuerdo para la reforma de la ley mordaza en torno a aquellos aspectos que la hicieron descarrilar la pasada legislatura. Por un lado, la eliminación de las pelotas de goma. Y por otro, cambios en los dos preceptos de la norma que más sanciones provocan. En concreto, el 83%.

Impulsada en medio de un clima de efervescencia social por el Gobierno de Mariano Rajoy, la derogación de la ley mordaza –o, al menos, de sus aspectos más dañinos– es una de las grandes promesas no culminadas de la izquierda. De hecho, la norma lleva más tiempo en vigor con la mayoría parlamentaria que aspira a limitarla que con aquella que hace ya una década la impulsó. Las diferencias respecto al alcance de las modificaciones han frustrado hasta el momento todos los intentos por rebajar el carácter lesivo de la ley. El último el pasado año, cuando la falta de consenso en cuatro puntos hizo fracasar una reforma que ya estaba muy avanzada.

El acuerdo alcanzado ahora supera, precisamente, esos escollos. El Ejecutivo y EH Bildu, uno de los socios parlamentarios que entonces votó en contra, han pactado incluir una disposición adicional que recoge expresamente la eliminación de las pelotas de goma. En concreto, establece que las autoridades "deberán desarrollar protocolos específicos" sobre gestión policial de manifestantes en orden a utilizar siempre "los medios menos lesivos". "Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos", completa el documento, que también ven con buenos ojos PNV y ERC.

No es la única disposición adicional. También se ha pactado otra que establece un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para modificar "con detenimiento, estudio y rigor" la Ley de Extranjería en relación a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, que en su día avaló el Tribunal Constitucional. El objetivo es que se reconozcan y garanticen los "derechos de las personas migrantes" y se asegure que la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional se realice "en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".

Los socios del Gobierno acordaron en julio retocar el artículo de la norma que recoge como infracción grave la toma o difusión de imágenes de policías. Un precepto que solo representa el 0,06% de las sanciones que se imponen. Pero ahora, el acuerdo resulta mucho más ambicioso, ya que incluye las dos infracciones que más castigos han generado en los algo más de nueve años de vida de la norma: las faltas de respeto y la desobediencia a la autoridad. Aunque no se derogan, sí se plantea una nueva redacción que busca acotar el margen de discrecionalidad de los agentes a la hora de proponer sanciones de este tipo.

Desde que echó a andar en la primavera de 2015, y hasta 2023 –últimos datos disponibles–, se han impuesto con la ley mordaza 2,15 millones de sanciones por un total de 1.292 millones de euros. Una parte de ellas, sin embargo, tienen que ver con drogas, armas o explosivos. Dejando a un lado las referidas a estas cuestiones, y centrándonos en aquellas relativas a seguridad ciudadana, las estadísticas oficiales reflejan en ese mismo periodo 636.738 infracciones por 328 millones de euros. De ellas, 360.855 fueron por desobediencia o resistencia. Y 171.173 por faltas de respeto. Ambos preceptos acumulan, por lo tanto, el 83% de los castigos.

Tanto por el primero como por este segundo precepto fue castigado en su momento con casi mil euros el fotoperiodista Javier Bauluz, premio Pulitzer en 1995, cuando cubría la llegada al muelle canario de Arguineguín de un grupo de migrantes que habían sido rescatados en alta mar. Y no es el único. En 2016, por ejemplo, a la periodista Mercè Alcocer le impusieron 601 euros de multa por desobediencia cuando cubría la declaración en la Audiencia Nacional del expresident de la Generalitat Jordi Pujol. A la informadora se le reprochaba que hubiera abandonado la zona habilitada para medios para intentar recoger declaraciones del expolítico.

La desobediencia o resistencia aparece actualmente recogido en el artículo 36.6, donde se enumeran las infracciones graves –con multas comprendidas entre los 601 y los 30.000 euros–. Sin embargo, el acuerdo del Gobierno con EH Bildu plantea desplazarlo a la categoría de "leve" –cuya multa máxima son 600 euros– y acotar el margen de aplicación. Así, la desobediencia debe ser "manifiesta y clara", al igual que la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad y sus agentes. Y para la resistencia tiene que existir "oposición corporal" cuando se trate de la "negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico".

En cuanto al segundo comportamiento, aparece regulado en el artículo 37.4: "Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". La nueva redacción acordada, sin embargo, sustituye el amplio "faltas de respeto y consideración" por "insultos e injurias". Y para entender cometida la infracción, las expresiones vertidas deben ser "relevantes", sin que pueda considerarse sancionable "la sola disconformidad con un mandato legítimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión". Además, una sanción en base a este precepto podrá dejarse sin efecto si el sancionado accede a retractarse o disculparse.

Desde algunas instancias internacionales hace ya mucho que se pide una revisión de la ley mordaza. La Comisión de Venecia, órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa, ya sugirió en un informe de 2021 hacer una evaluación "en profundidad" del funcionamiento de la norma teniendo en cuenta su "potencial represivo". En aquel documento, de hecho, mostraban preocupación por la redacción de algunas disposiciones: "Confían a la policía amplios poderes". Entre otras, las que ahora se busca reformar. "Esta fórmula está abierta de par en par a la subjetividad", sostenía sobre el precepto relativo a las faltas de respeto a los agentes.

Pero hasta ahora la mayoría parlamentaria a favor de la eliminación de los aspectos más lesivos de la ley mordaza no había logrado ponerse de acuerdo. Cerca estuvo durante la pasada legislatura. Es más, se llegaron a consensuar cambios en 36 de los 54 artículos que conforman la norma, algunos de los cuales reducían el tiempo de identificación en comisaría, limitaba los registros corporales o establecía multas vinculadas a la renta. Sin embargo, las discrepancias sobre la desobediencia, faltas de respeto, pelotas de goma o devoluciones en caliente hicieron que todo descarrilase. ERC, EH Bildu y Junts se negaron a respaldar una modificación que se quedara corta.

Pero ahora el acuerdo entre el Gobierno y la formación abertzale en torno a estos cuatro puntos fundamentales allana el camino para culminar la ansiada reforma, que recuperará todos aquellos aspectos ya acordados en la pasada legislatura. Tanto ERC como el PNV ya han anunciado que se sumarán al acuerdo para aprobar una nueva ley mordaza. Junts, por su parte, ha avanzado que presentará enmiendas al texto, si bien lo cierto es que con el acuerdo quedan cubiertas todas las lagunas que le llevaron a votar en contra en marzo de 2023. Podemos, por su parte, cree que el pacto alcanzado no es más que un "retoque estético" y votará en contra –aunque en la pasada legislatura votó a favor– si no se incluye la prohibición "expresa" de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.

La maquinaria jurídica alrededor de la amnistía entra en funcionamiento. Tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tanto los jueces como las defensas de varios encausados y condenados no han dudado en poner en marcha este martes el procedimiento para la aplicación –o no– del olvido jurídico en los diferentes casos por hechos vinculados al procés. Con la activación del mecanismo, se abre ahora un breve lapso de tiempo –diez días, por lo general– para que las partes puedan emitir su opinión. Y eso incluye, por supuesto, a la Fiscalía, que ha preferido mantenerse en segundo plano en esta fase inicial de puesta en marcha de la norma. Un Ministerio Público en el que la amnistía puede terminar abriendo una nueva guerra jurídica, sobre todo en lo que tiene que ver con el encaje de la malversación en la misma.

La ley establece que el olvido jurídico será aplicado por los órganos judiciales "de oficio o a instancia de parte o del Ministerio Fiscal". Por eso, nada más entrar en vigor las defensas de los posibles beneficiarios han movido ficha de inmediato. Lo han hecho los abogados de los principales dirigentes de ERC –desde Oriol Junqueras, sobre el que aún pesa una condena de inhabilitación, hasta la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira–. También el del secretario general de Junts, Jordi Turull, otro de los condenados en el juicio del procés cuya pena de prisión fue indultada. O las del periodista Jesús Rodríguez o el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra, ambos investigados en el caso Tsunami.

Y luego comenzaron a llegar los primeros movimientos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha activado el procedimiento en cinco casos. El primero afecta a Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau, condenados por el 9N. El segundo, al expresident Joaquim Torra, castigado por desobediencia al no descolgar una pancarta a favor de los políticos presos durante la campaña electoral. El tercero, al exconseller Bernat Solè, sentenciado por su papel en el 1-O cuando era alcalde. El cuarto, al exdiputado de la CUP Pau Juvillà, condenado por no retirar lazos amarillos. Y la quinta es la causa que aún se sigue contra los llamados arquitectos del 1-O –Josep María Jové y Lluís Salvadó– y la consellera de Cultura, Natália Garriga.

El tribunal catalán ha dado a las partes diez días para que emitan una opinión sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la amnistía en cada uno de estos casos. El mismo plazo que se ha otorgado en los dos procedimientos abiertos por las protestas de Tsunami Democràtic, donde se investiga un supuesto delito de terrorismo. Uno, el que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional bajo la batuta del magistrado Manuel García-Castellón, es el que afecta a, entre otros, Marta Rovira. El otro, que instruye la magistrada del Supremo Susana Polo por la condición de aforados de los investigados, es el que gira alrededor del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado del Parlament Rubén Wagensberg.

Menos tiempo, cinco días, es lo que el Alto Tribunal da a defensas, acusaciones y Ministerio Público para que se pronuncien tanto en la causa ya juzgada del procés como en la que aún cuelga por el 1-O, en la que están procesados el expresident Puigdemont, los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig o la secretaria general de ERC –los tres primeros por malversación y desobediencia y Rovira sólo por el último de estos delitos–. En su providencia, el instructor de esta última, Pablo Llarena, pide a las partes que informen sobre dos cuestiones fundamentales. Por un lado, sobre la “aplicabilidad o inaplicabilidad” de la norma a los hechos que son objeto de investigación. Y por otro, sobre la pertinencia de mantener o alzar las “medidas cautelares” que pesan sobre los investigados.

Llarena, que mantiene así activa la orden de detención contra el expresident mientras escucha a las partes, solicita a defensas y acusaciones que hagan en sus informes "una particular referencia" no solo a si los hechos se entienden comprendidos en lo que se establece en la definición que se recoge en el artículo 1 de la Ley de Amnistía para los delitos de desobediencia y malversación, sino también a si se pueden considerar "excluidos" del ámbito de aplicación de la norma en base a los supuestos que se recogen en el artículo 2 de la misma. En concreto, y como si supiera perfectamente dónde está el punto de conflicto, Llarena pone el foco sobre uno de ellos: "Los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea".

En la Fiscalía, que ha preferido quedarse a un lado en esta primera fase de activación de la norma –no tiene previsto impulsar de oficio la revisión de los procedimientos–, son conscientes de que los dos grandes puntos de conflicto alrededor de la ley girarán en torno a la malversación y el terrorismo. Los cuatro fiscales del procés –Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena–, sin ir más lejos, ya hicieron llegar la semana pasada un informe al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el defendían a capa y espada que la amnistía no podía ser de aplicación para el delito de malversación, que es el que persigue a Puigdemont y por el que fue condenado, entre otros, Junqueras.

En aquel documento, difundido pocos minutos después de la aprobación definitiva de la norma en el Congreso de los Diputados y antes de su entrada en vigor, los fiscales del procés ponían el foco sobre la normativa europea y sobre el mismo precepto de la norma al que ha apuntado Llarena. Y defendían que en el 1-O existió un "indudable beneficio patrimonial e incluso enriquecimiento personal", lo que colocaría los hechos en el ámbito de exclusiones que marca la ley. "Con ánimo de lucro se apropiaron de los fondos públicos y asumiendo sobre ellos, extraídos de su función pública y legal, facultades de titularidad los destinaron al pago de quienes ellos mismos habían contratado", apuntaba aquel escrito.

Zaragoza y Moreno se han vuelto a reunir este martes con el fiscal general del Estado. En este nuevo encuentro, según explican fuentes fiscales, García Ortiz les ha solicitado que elaboren un "informe procesal" para dar respuesta al Tribunal Supremo, al entender que lo que le entregaron los fiscales del procés la pasada semana no era más que un documento "genérico" sobre la norma. No obstante, las mismas fuentes aseguran, en respuesta a lo publicado por algunos medios, que "en ningún momento" el máximo representante del Ministerio Público les ha indicado en qué dirección tiene que ir el informe. "Ellos pueden hacerlo en el sentido que estimen oportuno", aseguran las fuentes consultadas.

Los fiscales del procés tienen previsto defender a toda costa su postura alrededor de la amnistía. Algo que puede terminar por abrir una nueva guerra jurídica en el seno del Ministerio Público. Si el fiscal general rechazase el criterio de Zaragoza, Moreno, Madrigal y Cadena, podría elaborar él mismo otro informe contrario a las tesis que ellos plantean, lo que podría llevar a los cuatro fiscales a pedir que se active el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Dicho precepto permite convocar, cuando haya discrepancias con un superior, a la Junta de Fiscales de Sala para que se pronuncien al respecto. Ahora bien, lo que diga este órgano no es vinculante. El superior puede ratificarse en su criterio.

Dicha batalla, de darse finalmente, debería desarrollarse a contrarreloj, dado que el tiempo máximo de respuesta que el Supremo ha dado a las partes para pronunciarse en los dos procedimientos vinculados al referéndum independentista es de solo cinco días. Sea como sea, lo que finalmente termine defendiendo el Ministerio Público en sus escritos ante el Alto Tribunal no tiene por qué anticipar nada. Serán los magistrados de la Sala de lo Penal y el instructor Llarena quienes tengan la última palabra sobre la aplicación o no de la medida de gracia en los casos vinculados al procés que tienen sobre la mesa.

Con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la amnistía entra en el terreno de lo desconocido. Tras meses de refriega política, comienza ahora una batalla jurídica que tanto magistrados como fiscales dan por hecho que será larga. Los jueces y tribunales encargados de aplicar la norma pueden plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si creen que la ley puede chocar con el derecho comunitario, un movimiento que implicaría, en la práctica, la suspensión del procedimiento –y, por tanto, de la aplicación de la amnistía– hasta que el órgano resuelva. Y el mismo efecto tendrán las cuestiones de inconstitucionalidad que se planteen ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal de Cuentas, de hecho, ya ha planteado la posibilidad de preguntar a Luxemburgo en el marco de la causa que tiene abierta contra 35 personas por el desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del procés. La consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento ha dictado este martes una providencia en la que da diez días a las partes para que se pronuncien sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al TJUE sobre algunos artículos de la norma de olvido jurídico que podrían chocar con el derecho comunitario. En concreto, menciona la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE", el "principio de cooperación leal", los principios de "igualdad y no discriminación" o los "principios de seguridad jurídica y confianza legítima".

La comisión que está tramitando la ley de amnistía en el Senado ha aprobado este jueves el dictamen de la norma con el veto del PP y lo ha mandado ya al Pleno, de modo que ha dado ya su penúltimo paso en la Cámara Alta y se votará el próximo martes, después de las elecciones catalanas, según ha recogido Europa Press. La mayoría del PP hará que el texto vuelva al Congreso para que el Gobierno y sus socios parlamentarios levanten este veto y se apruebe definitivamente.

Como era previsible, los de Alberto Núñez Feijóo han optado por dilatar al máximo la tramitación de la ley de amnistía, que se vetará en el Pleno del martes 14 de mayo, una sesión que no estaba prevista inicialmente ya que el día siguiente, el 15 de mayo, es festivo en Madrid.

La ponencia de la comisión que está tramitando la ley de amnistía en el Senado aprobó el pasado lunes su dictamen en base al informe de los letrados, que denuncian la inconstitucionalidad de la norma y los derechos que "entran en conflicto con la arquitectura jurídica" de la Unión Europea.

A partir de ahí, este dictamen ha sido refrendado y ya vetado este jueves en una reunión de esta comisión creada ad hoc para tramitar la ley de amnistía, de modo que el veto definitivo del PP a esta norma será votado en el Pleno del 14 de mayo.

La proposición de ley de amnistía, que pactó el PSOE con las formaciones independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, llegó al Senado el pasado 15 de marzo con el trámite de urgencia tras ser aprobada por el Congreso.

Sin embargo, la reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP dio potestad a la Mesa de la Cámara Alta para eliminar la vía de urgencia de esta norma, de modo que la amnistía ha pasado por el Senado como un texto ordinario.

De esta manera, el plazo máximo de tramitación de la ley de amnistía en el Senado es de dos meses, como cualquier norma ordinaria, por lo que la Cámara Alta dispone hasta el 16 de mayo para votar esta norma en el Pleno.

Desde la entrada de la amnistía en el Senado, la Mesa del Senado, con mayoría popular, ha solicitado varios informes para opinar sobre esta norma a distintos órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, la Comisión de Venecia o los propios letrados de la Cámara.

Los primeros en emitir su informe fueron los letrados del Senado, que concluyeron que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un duro texto en el que critican la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denominan como "reforma encubierta de la Constitución".

Eso sí, el PP también solicitó un informe para ver las consecuencias de no tramitar esta ley en el Senado, como insistía Vox, aunque los letrados de la Cámara sostienen que se tenía que tramitar, aunque abrían la puerta a un conflicto de competencias con el Congreso.

En este contexto, el Senado aprobó este choque institucional inédito con el Congreso impulsado por el PP en el que se solicitaba formalmente que la Cámara presidida por la socialista Francina Armengol retirara la proposición de ley de amnistía al entender que era una reforma encubierta de la Constitución.

Este choque institucional fue remitido al Congreso de los Diputados, que respondió al Senado que no iba a retirar la proposición de ley de amnistía. De esta manera, el PP tiene ahora la potestad de elevar este conflicto de competencias al Tribunal Constitucional, aunque todo parece indicar que acudirá a este órgano cuando la ley de amnistía se apruebe definitivamente.

Por su parte, el informe de la Comisión de Venecia no ve conflicto de separación de poderes con la Ley de Amnistía si son los jueces quienes ordenan las medidas que beneficarán a los amparados por la ley. Sin embargo, considera que la norma se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta, y critica el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley en el Congreso.

Eso sí, en su informe, el organismo que forma parte del Consejo de Europa, no entra a valorar si la ley es o no constitucional y señala que es una decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional. Tampoco se pronuncia sobre si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea, y lo deja en manos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Asimismo, el Senado encargó a la Comisión General de las Comunidades Autónomas un informe sobre el contenido autonómico de la ley de amnistía, que propició un debate de este foro con varios presidentes autonómicos del PP y el presidente catalán, Pere Aragonès, sobre esta norma.

En cuanto al informe del CGPJ, este órgano aún no se ha pronunciado, mientras que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado en dos ocasiones realizar informes sobre esta norma.

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para desbloquear en la Mesa del Congreso la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) conocida como ley sobre bebés robados, que permanecía congelada desde 2020 con la sucesiva ampliación del periodo para presentar enmiendas, según informa Europa Press.

Así lo avanzó el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, en rueda de prensa y han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias. De hecho, el órgano de gobierno de la cámara ha fijado para este miércoles, 1 de marzo, la finalización del plazo para presentar por parte de los grupos propuestas de cambios al articulado del proyecto normativo.

Precisamente la ley de bebés robados es una de las siete normativas que los morados exigían descongelar en el Congreso, como es el caso de secretos oficiales, de medidas contra la morosidad, la normativa sobre seguridad del paciente, la reforma para despenalizar los denominados delitos de opinión (como las injurias a la Corona), la ley de salud mental y la norma para ayudar a los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Se trata de normas que acumulan un total de 510 prórrogas y dos de ellas (bebés robados y morosidad) llevaban en esa fase desde septiembre de 2020, sin que tras dos años y medio se hayan dado nuevos pasos adelante.

Y es que la decisión de prorrogar o no los plazos de presentación de enmiendas la adopta cada martes la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Unidas Podemos cuentan con mayoría absoluta (seis de las nueve plazas).

Echenique ha indicado que el primer acuerdo para descongelar este paquete de proyectos legislativos es la ley de bebés robados, muy importante para el espacio confederal y que busca resarcir por parte del Estado a las víctimas de estos "gravísimos delitos" que no solo se produjeron en la dictadura sino que, como apunta Amnistía Internacional, se extendieron también a principios de la década de 1990.

Recientemente el socio minoritario del Ejecutivo junto a representantes de otros grupos parlamentarios apoyaron a los colectivos impulsores de esta proposición de ley, que registraron en la cámara más de 80.000 firmas para reactivar la tramitación parlamentaria, que arrastraba casi 150 ampliaciones del plazo de enmiendas.

Por otro lado, Echenique ha indicado que el PSOE también acepta negociar el posible desbloqueo de la ley sobre el ELA, la de salud mental y una iniciativa legislativa popular sobre la calidad del sistema sanitario.

En este sentido, Echenique confía en que estos contactos fructifiquen y que en la próxima semana se cierre definitivamente el plazo de enmiendas para los tres casos.

Respecto a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ley mordaza, el portavoz de Unidas Podemos ha comentado que aún no hay fecha para convocar la comisión de Interior y dictaminar sobre el informe de ponencia.

Sin embargo, ha reconocido que van a insistir al PSOE sobre la necesidad de incorporar algunos avances más al texto para asegurar el voto favorable de grupos como ERC y Bildu, ceñidos a la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de efectivos policiales y la redefinición de la desobediencia y las falta de respeto a la autoridad.

"Seguimos negociando para intentar desbloquear la ley pero hace falta más avances", ha zanjado durante su comparecencia.

Una información de infoLibre sobre un flagrante error técnico relativo al delicado aspecto del inicio de los plazos de prescripción de determinados delitos cometidos contra menores de edad, ha servido para que el Gobierno haya anunciado su compromiso de rectificar la ley Rhodes (conocida así por el impulso que le dio el famoso pianista), de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Su vuelta a la actualidad, un año y medio después de su entrada en vigor, brinda una buena oportunidad para tomar conciencia de la importancia de esta ley, quizás eclipsada por otras más conocidas por controvertidas. Se trata de un instrumento legal de gran valor para un objetivo que concita consenso social, más allá de disputas ideológicas: la introducción de mecanismos para una más adecuada prevención, reacción y tratamiento de nuevas y viejas formas de violencia sobre los menores, que no encontraban respuesta eficaz en la normativa generalista penal, civil y administrativa.

Como todas las leyes que tienen vocación de transformar la realidad, su implantación efectiva requiere un conocimiento de sus principales medidas no sólo por los profesionales jurídicos y el personal de la Administración, sino también por la ciudadanía, pues sin su implicación no podrán alcanzarse los objetivos pretendidos. La finalidad de este artículo es destacar algunas de sus medidas, particularmente las referidas a la violencia online y la afectación de los derechos digitales de los menores, cuya incidencia actual es preocupantemente intensa, y sobre la que acaso aún no estamos suficientemente prevenidos. En la medida en que el entorno y las interacciones de los adolescentes son cada vez más digitales, no puede dudarse de la trascendencia de la cuestión.

No pocas de las normas de esta ley son o pueden resultar retóricas y voluntaristas o programáticas. Como es una ley de protección integral, se pone mucho énfasis en medidas de sensibilización y educativas. Pero incorpora también medidas realistas de carácter proactivo que tienden a la creación de entornos digitales “seguros” y libres de riesgos en la medida de lo posible, al control de contenidos y acceso a los mismos, y a la creación de deberes y vías de denuncia y alerta para el caso de infracciones. En este ámbito, los derechos relacionados con la privacidad adquieren una particular importancia.

Si los menores viven en las redes, si buena parte de sus experiencias son online y esa es su forma habitual de comunicación, deben extremarse los esfuerzos comunicativos y educativos para que los menores aprendan a ser ciudadanos digitales, conscientes de sus derechos y prevenidos de los riesgos.

La ley establece la obligación de las Administraciones públicas de disponer de planes y programas de sensibilización y prevención para la erradicación de la violencia, así como de prestar apoyo al ámbito familiar. También, se establece la necesidad de contar con protocolos de actuación en los centros educativos y con una nueva figura: el coordinador de bienes y protección.

Además, las Administraciones públicas deberán garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales, conforme a lo previsto en el artículo 83 de la LOPDGDD. Específicamente, deberán promover dentro de todas las etapas formativas el uso adecuado (“seguro y responsable”) de Internet (art. 33).

El capítulo VIII de la ley regula las actuaciones que deben realizar y promover las administraciones públicas para garantizar el uso seguro y responsable de Internet por parte de los niños, niñas y adolescentes, familias, personal educador y profesionales que trabajen con personas menores de edad. En particular, la Administración educativa está obligada a incorporar en los planes educativos información sobre los riesgos derivados de usos inadecuados “que puedan generar fenómenos de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes como el ciberbullying, el grooming, la ciberviolencia de género o el sexting, así como el acceso y consumo de pornografía entre la población menor de edad” (art. 45).

Podría parecer que estos principios son “simples deseos del legislador”. Pero están configurados como obligaciones, y por tanto son o deben ser exigibles, verificables e inspeccionables.

Con no poca ambición la ley, consciente de que los déficits en la comprensión de los nuevos riesgos se da también en generaciones de adultos que no se han formado en entornos digitales, alude a la obligación de los poderes públicos de dirigir campañas de sensibilización y formación dirigida a progenitores, personal que trabaje habitualmente con menores y también empresas, poniendo a su disposición una línea de ayuda que les ofrezca asistencia y asesoramiento ante situaciones de riesgo (art. 45.2). De nuevo se trata de una obligación que será tanto más eficaz cuando más sea exigido su cumplimiento, para que no quede en pura retórica legal.

El artículo 46 da un paso más, y, más allá de la sensibilización y formación, establece otra serie de obligaciones proactivas a cargo de las administraciones públicas relativas a la realización de diagnósticos, teniendo en cuenta edad y género, sobre el uso seguro de internet entre los menores y para la creación de entornos digitales seguros, cuidando de establecer un “etiquetado inteligente” de contenidos digitales, favorecer el control parental y la creación de códigos de autorregulación.

Dentro de esto, me parece muy importante destacar el favorecimiento de la puesta en marcha por las empresas de protocolos de verificación de edad para el acceso a aplicaciones y servicios disponibles en Internet que deban considerarse, por su naturaleza, inapropiados para menores. En la medida en que tales barreras de acceso y sistemas de verificación fiable de la edad (que no consistan en la mera indicación de la misma por el usuario) son ya tecnológicamente posibles, su inexistencia podrá generar responsabilidad civil y administrativa para las empresas. Lejos estamos de conseguirlo, pero tal cuestión no puede quedar ajena al asesoramiento, adaptación y auditorías de las páginas web de las empresas que ofrecen contenidos y servicios digitales. 

Por último, la ley prevé una serie de medidas de carácter reactivo, para el caso en que los controles no funcionen adecuadamente y resulten accesibles a los menores contenidos claramente inadecuados o dañosos, así como situaciones de riesgo de violencia de cualquier tipo sobre los mismos.

Así, a fin de proteger los derechos de los niños y adolescentes frente a la violencia, se establece un deber genérico de toda la ciudadanía de comunicación de las situaciones de violencia de las que tengan conocimiento (art. 15).

Además, se regula un deber de comunicación cualificado exigible a aquellas personas que, por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre los mismos (art. 16). Cuando estas personas adviertan una posible infracción de la normativa sobre protección de datos personales de una persona menor de edad, están obligadas comunicarlo de forma inmediata a la AEPD y pueden incurrir en responsabilidades si no lo hacen. En estos casos, el silencio habría de calificarse como silencio culpable, pues denunciar no es una facultad ni una recomendación, sino un deber legal.

Los propios menores que fueran víctimas de violencia o presenciaran alguna situación de violencia sobre otra persona menor de edad podrán comunicarlo, personalmente o a través de sus representantes legales, a los servicios sociales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial y, en su caso, a la AEPD (Art. 17).

Puesto que la identidad, la intimidad, la imagen, y en general los datos personales de los menores quedan especialmente expuestos y su vulneración puede propiciar situaciones de riesgo de violencia, la ley otorga un especial protagonismo a la Agencia Española de Protección de Datos (art. 52). Es especialmente importante, y sin embargo aún no suficientemente conocida, la creación por la AEPD de un canal de denuncias, accesible y seguro, sobre la existencia de contenidos ilícitos en Internet.

Dicho canal de denuncias es probablemente el instrumento concreto más interesante de la ley Rhodes, por su accesibilidad inmediata y por la importancia de las competencias atribuidas a la AEPD para su tratamiento y reacción. De ahí la importancia de su conocimiento por los ciudadanos, y su empleo por los mismos, quienes así pueden colaborar de manera decisiva en la detección de contenidos ilícitos y prácticas contrarias a la ley en perjuicio de los menores.

La AEPD ya ha establecido el canal accesible y seguro de denuncia que establecía el art. 52.2 de la ley. Se le ha llamado “Canal Prioritario”, y se ofrece para comunicar la difusión ilícita de contenido sensible, un sistema que tiene como objetivo dar una respuesta rápida en situaciones excepcionalmente delicadas, como aquellas que incluyen la difusión de contenido sexual o violento. También ha habilitado un canal específico para los menores de 14 a 18 años, conforme dicta el apartado 3 del artículo, y cuyas reclamaciones atienden a la mayor brevedad. Para su mayor eficacia, los usuarios de esta franja de edad podrán formular sus reclamaciones por correo electrónico, sin necesidad de certificado digital.

Tras el análisis de la reclamación formulada a través del canal, la Agencia determina la posible adopción urgente de medidas cautelares para evitar la continuidad del tratamiento de los datos personales. Además, la AEPD valora si corresponde la apertura de un procedimiento sancionador contra las personas que hayan difundido ese material. Dichas sanciones podrán imponerse también a los menores que tengan más de 14 años, en cuyo caso responderán solidariamente sus progenitores y representantes legales “en razón al incumplimiento del deber de cuidado y vigilancia para prevenir la infracción administrativa que se impute a las personas menores de edad” (art. 52.5). Por la misma razón, y al amparo del art. 1903 del código civil, los progenitores y representantes de los menores estarán solidariamente obligados a indemnizar a las víctimas de las infracciones y daños cometidos por los menores en el entorno digital. En este sentido, los progenitores han de ser conscientes de que cuando su hijo menor haga un uso indebido de internet, su edad y las dificultades de control no podrán ser excusa para su responsabilidad; de ahí la importancia que tiene la educación en el buen uso de internet, en la que los progenitores también han de implicarse.

Por último, la ley incluye la creación de nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma social. Se castiga a quienes, a través de estos medios, promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad, así como la comisión de delitos de naturaleza sexual contra estas. Además, se prevé expresamente que las autoridades judiciales retirarán estos contenidos de la red para evitar la persistencia delictiva.

Las leyes no cambian por sí mismas la realidad social, si quedan encuadernadas en el BOE. De nada sirven los derechos si no son tomados en serio. Además de los jueces, los servicios administrativos y las fuerzas de orden público, la ciudadanía tiene un especial protagonismo en la eficacia de determinadas leyes, como la ley Rhodes, que nos involucra a todos. No basta, pues, con tener leyes llenas de buenas intenciones: hay que conocerlas, para así ejercitarlas y exigir su cumplimiento.

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Maite Sanz de Galdeano Arocena es abogada digital y delegada de protección de datos.

Habrá reforma de la ley Rhodes a raíz del error detectado por Miguel Hurtado, un activista contra la violencia sufrida por la infancia que alertó al Defensor del Pueblo de que la norma aprobada en 2021 por el Congreso para proteger a niños y adolescentes establecía dos plazos de prescripción diferentes para los "delitos contra la libertad". infoLibre, tras confirmar con cinco juristas la existencia del error, publicó la información, que ha suscitado una reacción en el Gobierno.

¿Que reacción? El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Unidas Podemos), que llevó la norma al Consejo de Ministros, acepta la existencia del fallo y declara su voluntad de enmendarlo mediante una ley orgánica, al tiempo que pone todo su énfasis en que se trata de un fallo que no ha generado todavía ningún efecto –ni ha podido generarlo–, que no puede beneficiar a ningún reo anterior a la aprobación de la norma y que no afecta a los delitos sexuales.

La intención del Gobierno con la ley de 2021 era ampliar el plazo previo a la prescripción en los delitos "más graves" contra los menores, según recogía la exposición de motivos. Así que la norma, aprobada por el Congreso en mayo de 2021, introducía la siguiente modificación en el Código Penal.

En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, y contra las relaciones familiares, excluidos los delitos contemplados en el párrafo siguiente, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad [...].

En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos, cuando la víctima fuere una persona menor de dieciocho años, los términos se computarán desde que la víctima cumpla los treinta y cinco años de edad [...].

Los delitos "contra la libertad" aparecen en dos párrafos incompatibles. En el primero se dice que el plazo de prescripción de este tipo de delitos cometidos contra menores de edad empezará a correr cuando la víctima tenga 18; en el segundo, cuando tenga 35. La redacción constituye una patata caliente para los jueces, que no tendrían claro si contar el inicio del plazo previo a la prescripción a partir de los 18 o los 35 años de la víctima en un caso de secuestro, por ejemplo.

infoLibre, antes de la publicación de la primera información, trató de recabar la posición del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que se remitió al departamento de Justicia que dirige Pilar Llop (PSOE) por estar el problema vinculado al Código Penal. En Justicia no hubo respuesta. Este martes sí hubo reacción en el Gobierno, una vez que el tema empezó a provocar eco y se coló en las preguntas a los portavoces parlamentarios en el Congreso.

Hay que considerar que el contexto es delicado, con la brecha abierta por las consecuencias indeseadas de la ley del sólo sí es sí, si bien se trata de dos casos de gravedad incomparable. El error en la ley Rhodes no puede en ningún caso favorecer a ningún reo, porque constituye un endurecimiento con respecto a la norma anterior. Los posibles problemas sólo podrían empezar a surgir cuando transcurran cinco años, plazo mínimo de prescripción de los delitos contra la libertad. Ahí sí podría haber una duda sobre si el plazo de prescripción transcurre desde que la víctima cumple 18 o 35.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya tiene hoja de ruta ante el error detectado, según ha explicado a este periódico. El departamento ha comprobado internamente que, tal y como ha publicado este periódico, existe una "errata" en la conocida como ley Rhodes y tiene la voluntad de encontrar una fórmula para su corrección "en cuanto sea posible". La fórmula técnica será la introducción del cambio en una ley orgánica que dé la oportunidad de hacerlo. Es la única forma de cambiar el Código Penal, que exige para su reforma una ley orgánica.

El departamento que dirige Ione Belarra insiste en dejar claro que el error en ningún caso afecta a delitos sexuales, cuyo plazo de prescripción sí se ha alargado. Preocupa que pueda extenderse esa impresión equivocada. El problema, subrayan desde Derechos Sociales, sólo afecta potencialmente a los delitos "contra la libertad", como detenciones ilegales, secuestros, amenazas y coacciones, no a abusos ni agresiones sexuales. Y en ningún caso –tampoco en estos delitos contra la libertad– se produce un beneficio para el reo con respecto a la situación previa a la aprobación de la norma, añaden desde el ministerio, donde recalcan que la "errata" todavía no ha producido efectos.

La reforma penal introducida en la ley de protección de la infancia, señalan desde el ministerio, tenía por objetivo un alargamiento del plazo de prescripción de los delitos sexuales, que sí ha pasado de empezar a contar desde los 18 años de la víctima a desde los 35, de forma que las víctimas de acontecimientos tan traumáticos tengan 17 años más para denunciar. Es en los delitos "contra la libertad" donde está el problema, ya que aparecen recogidos en dos párrafos: en uno se dice que el plazo de prescripción empieza a correr cuando la víctima cumple 18 años y en otro que cuando la víctima cumple 35. Derechos Sociales se propone ahora corregir el problema.

¿Cómo va a corregirlo? A falta de una concreción definitiva de sus planes, la voluntad es que todos los delitos contra la libertad, los recogidos en el Título VI del Código Penal, mantengan el plazo de prescripción que ya tenían antes de la reforma, es decir, que empiece a contar el plazo cuando la víctima cumple 18 años, de manera que en este tipo de delitos no habrá un endurecimiento con respecto al texto legal anterior. Caso aparte, añaden, es el "matrimonio forzoso", que en la ley ha pasado a considerarse una modalidad de trata y por lo tanto su plazo de prescripción empieza a contar desde los 35 años de la víctima. En este caso, según Derechos Sociales, no hay problema posible porque no se le considera entre los "delitos contra la libertad", que son los que aparecen en dos párrafos distintos.

Derechos Sociales enfatiza que la "errata" no ha podido perjudicar en ningún caso a las víctima de delitos, "puesto que el plazo prescripción en la peor de las interpretaciones quedaría alargado –es decir, sería de 35 años y no de 18, lo que beneficiaría a la víctima–, nunca disminuido".

La entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como ley del solo sí es sí, ha levantado una enorme polvareda política y, sobre todo, jurídica. En casi cuatro meses, los tribunales han disminuido la pena a más de dos centenares de agresores sexuales. Un goteo permanente que ha llevado al Gobierno a abrir la puerta a un retoque de la norma para "resolver" los "efectos indeseados". Pero dicha contrarreforma no evitará, avisan los expertos, que se sigan produciendo revisiones a la baja.

La conocida como ley del solo sí es sí fusiona los delitos de abuso y agresión sexual, por lo que la horquilla de penas es necesariamente más amplia, ya que engloba supuestos más leves y tipos delictivos más graves. Cualquier acto sexual sin consentimiento es considerado una agresión según la nueva norma, el delito de abuso desaparece y se establece un sistema de penas progresivo. Un agresor que haya sido condenado a la pena mínima en base al Código Penal previo a la reforma podrá beneficiarse ahora de una rebaja, dado que la pena mínima –en su literalidad y sin tener en cuenta circunstancias agravantes– es inferior tras la entrada en vigor de la nueva ley. Para los castigos intermedios, todo depende del caso concreto.

Para comprender el asunto hay que entender primero que todo reo puede beneficiarse de la norma penal más favorable. Por ello, la Constitución Española prohíbe expresamente en su artículo 9.3 la "irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales". Y en base a esto, el Código Penal establece expresamente en su artículo 2.2 que "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena".

"Es un principio general y básico de todo el derecho en todo el mundo", apunta Francisco Javier Álvarez García, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid. No es algo, por tanto, exclusivo de España. De hecho, es un principio que se encuentra recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos: "No podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida". Y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. "Por tanto, si hay una norma más favorable se tiene que aplicar, a no ser que la sentencia ya haya sido cumplida o la pena haya sido suspendida", explica el penalista.

Es justo ese principio de irretroactividad de las disposiciones penales desfavorables, explican todos los magistrados y penalistas consultados por este diario, lo que hace que un simple cambio en la norma, lo que vamos a llamar una contrarreforma, no solucione directamente el problema. ¿Por qué? Porque aunque haya una modificación que vuelva a endurecer el marco normativo, seguiría siendo más beneficiosa la actual ley. "La Constitución obliga ineludiblemente a imponerles a quienes cometieron el delito antes de la entrada en vigor de la nueva –lo que llamamos la contrarreforma– el marco penal de la ley intermedia", explican diferentes catedráticos de Derecho Penal. "La ley intermedia tiene también eficacia retroactiva después de su derogación", coinciden otras fuentes de la judicatura consultadas por infoLibre.

No es algo nuevo. De hecho, lo ha dicho el Tribunal Supremo en repetidas ocasiones desde, al menos, comienzos de siglo, cuando se deslizó esta cuestión, justamente, en un caso de abusos sexuales continuados. Y se argumenta de forma resumida en una sentencia emitida en diciembre de 2013 por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal: "La jurisprudencia considera que debe ser aplicada la ley penal intermedia más beneficiosa para el reo, no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal, sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación".

Imaginemos, por tanto, que la justicia tuviese en sus manos una agresión sexual cometida en el periodo comprendido entre la edición anterior del Código Penal, la que ha retocado la llamada ley del solo sí es sí, y una futura reforma con la que se vuelvan a endurecer algunas penas. En ese caso, coinciden todos los expertos, se podría seguir aplicando el marco actual, el que está generando tanta polvareda, si este resultase más beneficioso para el reo. Tanto para los casos ya condenados como para los que aún no han sido juzgados. Incluso si los hechos se denuncian o se enjuician tras una hipotética reforma exprés de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. "La ley aplicable se determina por la fecha de comisión del hecho, no por la de enjuiciamiento. De lo contrario, con retrasos o acelerones injustificados podrías escoger el derecho aplicable", señala una de las fuentes pulsadas.

Para los expertos pulsados, desde magistrados a catedráticos, la contrarreforma, la posible modificación de la llamada ley del solo sí es sí, únicamente afectaría, por lo tanto, a aquellas agresiones sexuales producidas "con posterioridad" a su entrada en vigor.

Aquella era "una mañana histórica" para el fotoperiodista Javier Bauluz. El campamento levantado en el muelle de Arguineguín, en el que se llegaron a hacinar casi tres millares de migrantes, había sido desmantelado. Y los reporteros iban a poder tomar imágenes desde la cercanía, después de meses en los que el perímetro de seguridad marcado alrededor de la zona solo les dejaba mostrar masas de personas deshumanizadas. Por eso, en cuanto tuvo aviso de que iba a llegar una Salvamar, agarró los bártulos y se fue directo al puerto con los compañeros. Todos fueron tomando posiciones. Lo más cerca posible de la pasarela pero a la distancia necesaria como para no entorpecer las labores. En definitiva, el protocolo habitual. Al poco, vieron llegar la lancha. Y, casi al tiempo, varios furgones de la Policía Nacional con la intención de alejar a la prensa. Aquella "mañana histórica" acaba con Bauluz sancionado. Otra víctima más de la ley mordaza.

El fotoperiodista recuerda cómo se acercó a él un primer agente corriendo y diciendo que tenían que salir de allí. "Yo le pregunté los motivos. No había vallas, ni tampoco ningún perímetro, no éramos un peligro para nadie", cuenta al otro lado del teléfono. No obstante, obedeció. Y policía y reportero comenzaron a caminar juntos hacia otra zona. "Hasta ese momento primaba el respeto", cuenta. Sin embargo, de pronto otro agente le agarró del antebrazo y comenzó a apretar. Bauluz se revolvió y exigió que no le tocase. Empezó entonces un tira y afloja que terminó con el policía exigiéndole la documentación. "Le voy a tomar los datos y le voy a sancionar. [...] En función de que usted me ha faltado al respeto", le espeta el policía. Al final, dos propuestas de sanción que, con los recargos aplicados, se acercan al millar de euros. Una por lo anteriormente dicho. La otra, por una negativa a identificarse.

El caso de este reportero, premio Pulitzer en 1995, no es único. En mayo, varios periodistas de la revista Nortes fueron multados en base a la misma norma por obstaculizar el funcionamiento de los servicios de emergencias cuando estaban cubriendo una intervención policial en Gijón. Igual que unos años antes se castigó a un redactor de Canal Sur mientras retransmitía una procesión en Sevilla. Bauluz no piensa soltar un solo euro. "Que me embarguen o que hagan lo que quieran", dice con tono sereno. Y no pagará porque no "reconoce" esta ley "injusta" que parece "sacada del franquismo". Un texto ideado, continúa, para "infundir miedo" a la sociedad en general. "Si nos pasa a nosotros, que somos periodistas, imagina a activistas o manifestantes", apunta.

Bajo la premisa de cuanta más "seguridad" mayor "libertad", y en un contexto de recesión económica y protestas permanentes en la calle, el Ejecutivo de Mariano Rajoy dio luz verde hace ya siete años a la Ley de Seguridad Ciudadana. Y, según los datos que se tienen hasta la fecha, se ha aplicado con contundencia. Solo entre 2015 y 2020, últimas cifras disponibles, se han impuesto en base a esta norma 1.385.659 sanciones por valor de 815,86 millones de euros. Por lo general, el número de multas ha rondado las 200.000 anuales, con la excepción de 2015, donde la norma solo se aplicó durante seis meses, y 2020, el año de la pandemia. Las estadísticas de Interior, no obstante, no incluyen a los cuerpos de seguridad autonómicos, por lo que la cantidad de castigos y la recaudación por los mismos es todavía mayor.

Con excepción del año negro de la crisis sanitaria, el consumo de drogas en la vía pública siempre ha sido el principal motivo de sanción. Pero, tras este, se encuentran los dos preceptos que más a menudo se utilizan contra los informadores. Por un lado el artículo 36.6, que penaliza la "desobediencia o la resistencia a la autoridad" y la "negativa a identificarse". Por otro, el 37.4, que castiga las "faltas de respeto y consideración" contra un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En estos cinco años, por ambos motivos se han impuesto 397.083 multas por un valor total de 223,13 millones de euros. Es decir, que más de un cuarto de las sanciones –28,65%– y del dinero recaudado –27,3%– es por la aplicación de los artículos que, según han denunciado una y otra vez los colectivos, más se emplean contra los periodistas.

"La aplicación de esta norma menoscaba la labor del periodista", apunta en conversación con infoLibre Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, quien pone el acento, sobre todo, en el uso que se hace de la misma cuando los informadores tratan de documentar las actuaciones policiales: "Se obstaculiza su trabajo bien por la aplicación directa o bien por la amenaza de recurrir a ella, que en ocasiones lleva al informador a cesar su labor". "La libertad de expresión y de prensa se pueden restringir pero de forma muy tasada, en situaciones muy excepcionales. Y eso es algo que esta ley no cumple, porque se recortan derechos fundamentales sin las garantías y requisitos que exigen los estándares internacionales", apunta Yolanda Quintana, secretaria general de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI).

Ambos expertos recuerdan la "vaguedad" e "imprecisión" de estos preceptos de la ley. Consideran que han acabado convirtiéndose en un "cajón de sastre que permite sancionar cualquier cosa". De hecho, no son estos colectivos los únicos que se han pronunciado al respecto. Hace un año, la Comisión de Venecia, órgano consultivo en material constitucional del Consejo de Europa, emitió un informe en el que sugería a España hacer una evaluación "en profundidad" del funcionamiento de la normativa teniendo en cuenta su "potencial represivo". En aquel documento, se mostraba preocupación por la redacción, entre otros, de los artículos mencionados anteriormente. "Esta fórmula está abierta de par en par a la subjetividad", sostenía sobre el que castiga las faltas de respeto a los agentes.

Canales relata las situaciones más habituales que llevan a la imposición de sanciones por vulneración de algunos de estos artículos de la ley mordaza. "En muchas ocasiones se pone sobre la mesa la desobediencia a la autoridad cuando se incumple la orden de no atravesar una barrera invisible en una manifestación, lo que pasa es que muchos periodistas se ven en situaciones así simplemente por el propio movimiento normal de la marcha", apunta. Y en cuanto a la negativa a identificarse, cuenta, en reiteradas ocasiones se recurre a este precepto por el simple hecho de que el propio informador pida explicaciones al agente cuando le solicita el carnet. "Pero eso no quiere decir que se esté negando", sostiene. De hecho, eso fue justamente lo que le sucedió a Bauluz. "¿Cómo es posible que el policía me venga con una sanción por este motivo cuando se ha ido al furgón con mi identificación?", se pregunta.

A pesar de que se presentó como uno de los principales obstáculos a la libertad de información, básicamente por lo "descarado de su redacción", lo cierto es que las multas en aplicación del artículo 36.23 –uso no autorizado de imágenes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado– no han sido numerosas. En total, 213 sanciones por unos 135.000 euros. Por colgar en Twitter una fotografía de una actuación policial en Eibar (Gipuzkoa) fue sancionado, a comienzos de 2016, un periodista de la revista vasca Argia. En la notificación de aquella multa se ponía de manifiesto que el informador había subido a las redes sociales "sin autorización" una imagen que hacía "posible" la "identificación" de los agentes, lo que entrañaba un "riesgo" para los mismos.

A pesar de las numerosas críticas de colectivos, Defensor del Pueblo u órganos comunitarios, lo cierto es que el Tribunal Constitucional avaló la práctica totalidad de la norma a finales de 2020. De hecho, lo único que matizó fue lo relativo a este último artículo. En su sentencia, los magistrados consideraron que el hecho de sujetar a la "obtención de autorización administrativa previa" el uso de imágenes resultaba contrario "a la interdicción de censura previa". Aquel fallo, por tanto, dejaba claro que se podían captar imágenes de los agentes sin permiso. Eso sí, siempre y cuando luego no se difundan. "Sólo será sancionable, por tanto, el acto de publicar o difundir de algún modo, sea por medios tradicionales o a través de los cauces que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación, como redes sociales u otras plataformas", quedaba recogido en la sentencia.

Desde la arena política se lleva años planteando la necesidad de meter mano a esta ley, aprobada solo con los votos del PP. Hace un par de legislaturas, tanto el PSOE como el PNV registraron por separado dos iniciativas en la Cámara Baja que iban en esa dirección. La primera, proponía derogarla y volver a la norma de 1992. La segunda simplemente reformarla. El Pleno dio entonces el visto bueno y pasaron a la Comisión de Interior, donde terminó empantanándose. Los plazos para la presentación de enmiendas se fueron ampliando. Y para cuando se desbloqueó el asunto, los servicios jurídicos de la Cámara avisaron de los riesgos de “incongruencias de procedimiento y de resultados” si ambos textos se tramitaban por separado. Por eso recomendaron alumbrar uno conjunto. No dio tiempo. Llegaron las elecciones y todo se vino abajo.

Ahora, en la Cámara Baja se está trabajando sobre la propuesta jeltzale. Pero las negociaciones avanzan muy lentamente. Los primeros trabajos de la ponencia se cerraron con el acuerdo sobre 29 artículos. Sin embargo, el trámite parlamentario se fue ralentizando poco a poco. Por eso, los partidos del llamado bloque de la investidura –PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts– decidieron ir celebrando reuniones preparatorias para poder solventar las diferencias y así acudir de nuevo a la ponencia con buena parte del trabajo ya hecho. Unos contactos que, no obstante, se han encontrado con importantes escollos. El más gordo, recuerdan fuentes conocedoras de las negociaciones, fue el estallido del caso Pegasus, que llevó a ERC a dejar plantados a los otros interlocutores en una de las reuniones que tenían previstas a finales de abril.

¿Y cómo están ahora las negociaciones? Fuentes parlamentarias explican que, más allá de la treintena antes mencionada, de las conversaciones entre el bloque de la investidura hay ya acuerdo en torno a "otra media docena de artículos". Y un "preacuerdo" sobre otra media docena más, si bien aún no hay "texto definitivo". Desde Unidas Podemos muestran cierto "optimismo" a pesar de la lentitud con la que avanza el asunto. "La idea era tener concluida la fase de la ponencia en el actual periodo de sesiones, pero no ha sido posible por el retraso u otros factores externos. Esperamos que en el próximo periodo de sesiones –de septiembre a diciembre– podamos tener concluido el grueso del trabajo", explican las fuentes pulsadas. Sin embargo, desde ERC no se muestran tan optimistas. "Pinta mal. Ahora mismo estaríamos en un claro ‘no", dicen fuentes de la formación, que tienen la "sensación" de que por parte del PSOE no se quiere tocar nada que tenga que ver con la policía.

Todavía no hay demasiados avances, sostienen las fuentes consultadas, en algunos de los puntos claves de la norma. Hay escollos, explican, en lo que tiene que ver con el uso de material antidisturbio en las manifestaciones, como también lo hay en la famosa presunción de veracidad de los agentes en los procedimientos sancionadores. Y también en lo que tiene que ver con los dos artículos que más se aplican a los informadores: la desobediencia a la autoridad o las faltas de respeto a los agentes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sugerido modificar la normativa estatal para que haga más efectiva la defensa del estado de derecho contra las denuncias falsas, en las que considera que hay que poner "el acento" porque causa "graves perjuicios a los más inocentes" y a las denuncias verdaderas, especialmente en leyes LGTBI y violencia hacia la mujer.

"Lo que voy a proponer será una modificación de la normativa estatal que haga más efectiva la defensa del estado de derecho contra las denuncias falsas, que es donde hay que poner el acento porque son conductas que se tratan de delitos penales y causan graves pejuicios a los más inocentes y también a las denuncias verdaderas, especialemente en estas leyes y las que tengan que ver con la violencia a la mujer", ha trasladado Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno, según ha recogido Europa Press.

La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, ha planteado qué es lo que ocurre con los padres que son denunciados por violencia de género y son inocentes y no les dejan ver a sus hijos. Por ello, ha hecho hincapié en que las leyes LGTBI y de violencia de género deben respetar la presunción de inocencia. "¿Y si son inocentes señora Ayuso, va a ser coherente y derogar estas leyes o va a hacer como el alcalde Calmeida, que hace exactamente lo contrario?", le ha preguntado.

Por su parte, la dirigente autonómica ha defendido que las leyes de la Comunidad de Madrid respetan la presunción de inocencia. Ha recordado que la pasada legislatura los grupos parlamentarios y el Gobierno buscaron un consenso para acabar con la discriminación de personas homosexuales o transexuales, pese a que esto no siempre es efectivo ya que "las sensaciones nunca pueden ser plasmadas".

No obstante, ha reconocido que a veces estos textos se pervierten y se convierten en lo contrario, por lo que ha instado a todos los grupos a mejorar estas leyes. La jefa del Ejecutivo autonómico ha recalcado que es "interesante" seguir respetando el ordenamiento jurídico sin dar "una imagen distorsionada de lo que en realidad es Madrid" y donde hay "una normalidad". "Estoy de acuerdo con que nunca más se vuelva a vulnerar la presunción de inocencia que es la base de nuestro ordenamiento jurídico", ha remachado.

La vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, ha opinado que su grupo parlamentario no debería haber apoyado el real decreto sobre interinos y ha enfatizado que el acuerdo de Gobierno con el PSOE es "tan frágil como difícil", según recoge Europa Press.

Así lo ha trasladado en Twitter tras compartir una información sobre el futuro de un nuevo decreto antidesahucios, una vez que el actual expire el próximo 9 de agosto.

"Coalición de gobierno y siguen trágicos desahucios. No debimos votar que sí al RDL sobre interinos. Durante la tragedia del covid las coberturas sociales dan para poco más que para jalearse en Twitter. El acuerdo de gobierno es tan frágil como difícil, ha apuntado en su comentario en esta red social.

El pasado miércoles el Gobierno salvó en el Congreso la convalidación del decreto ley para estabilizar empleo en la Administración Pública gracias al apoyo acordado con ERC, Compromís y Teruel Existe, y la abstención del PNV y Más País-Equo-Los Verdes.

El acuerdo, negociado con el Ministerio de Hacienda y el PSOE, permitió también el apoyo de Unidas Podemos, que hasta ese mismo miércoles no confirmó su voto a favor por sus reticencias al decreto que impulsó el ahora ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, durante su etapa en Política Territorial y Función Pública.

No obstante, se produjo en la primera votación un empate y la diputada de Unidas Podemos Rosa Medel votó inicialmente en contra. En la segunda votación, esta diputada de la formación, que estaba sentada en su escaño, decidió no participar para inclinar la balanza a favor del decreto que finalmente fue avalado.

Belarra, optimista con la prórroga del escudo socialescudo social

Hoy la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha asegurado que la futura Ley de Vivienda cumplirá con el acuerdo de gobierno e incluirá la regulación del precio del alquiler, con lo que ha transmitido "tranquilidad" a la ciudadanía dado que "los fondos buitre no votan en el Congreso de los Diputados".

Sobre la prórroga de las medidas del 'escudo social' y, específicamente, el decreto antidesahucios, Belarra ha explicado que remitió una propuesta a diversos ministerios para prolongarlo hasta final de año.

"Somos conscientes de que mucha gente en nuestro país lo está pasando muy mal. A pesar de todos nuestros esfuerzos, hay gente a la que no hemos sido capaces de llegar con el escudo social, y creo que lo que le toca a este gobierno es ser humilde y tener capacidad para reaccionar", ha subrayado para enfatizar, no obstante, que se tratan de medidas de protección adoptadas "sin precedentes".

El Gobierno ha aprobado este viernes en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso el informe de la Ponencia sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como Ley Celaá, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País.

La representante de EH Bildu, se ha ausentado de la sala antes de terminar la sesión, mientras que PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra.

El apoyo conseguido este viernes en la comisión no sería suficiente para el Ejecutivo en el Pleno del Congreso de la próxima semana, en donde el dictamen será de nuevo debatido y deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados), ya que se trata de una reforma de una ley orgánica, para continuar su tramitación en el Senado.

Medidas ya incluidas en el dictamen 

El dictamen recoge algunas de las enmiendas aprobadas en las últimas semanas y que han generado fuertes críticas entre la oposición, como es el caso de la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación, así como la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares, cuestión que ha suscitado una gran polémica.

De hecho, PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC) si es apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara baja.

El proyecto también incluye: el aumento progresivo de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años; que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública; la fijación de la "excepcionalidad" de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.

Si algo caracterizó la primera legislatura de Mariano Rajoy en la Moncloa fue la potente movilización social en las calles. Con un país metido de lleno en una asfixiante recesión económica, raro era el día en el que miles de ciudadanos no tomasen las principales avenidas para cargar contra la clase política. Si había que rodear el Congreso de los Diputados, se hacía. Y si era necesario empujar para intentar frenar los deseos neoliberales de privatización sanitaria, la Marea Blanca siempre estaba ahí. Una presión social a la que desde el Ejecutivo conservador se dio respuesta a través de la aprobación de la polémica ley mordaza bajo la premisa de cuanta más “seguridad” mayor “libertad”. Desde su entrada en vigor hace ahora un lustro, las sanciones contempladas en la norma han permitido recaudar más de 400 millones de euros. Sin embargo, la esperanza de vida del texto parece ahora muy reducida. La reforma de esta ley es uno de los objetivos a corto plazo del Gobierno progresista de coalición. Y también uno de los debates más candentes dentro del Tribunal Constitucional, cuyos magistrados no consiguen ponerse de acuerdo sobre la inconstitucionalidad de varios artículos.

Desde que echó a andar un primero de julio de hace cinco años, se han impuesto a través del articulado de la conocida oficialmente como Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 765.416 sanciones. Unas multas que no han parado de crecer ejercicio tras ejercicio. Si en 2015 fueron 87.872, en 2018 –últimos datos disponibles del Ministerio del Interior– ya alcanzaban las 249.665. Una tendencia positiva que también se ha visto reflejada en la recaudación. A lo largo de todo este periodo las arcas públicas han ingresado gracias a las sanciones administrativas contempladas en la norma 416,5 millones de euros, lo que equivale a una media de algo más de 325.000 euros diarios. El grueso de los ingresos lo sostienen las multas por “el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas” en lugares públicos: 311,5 millones de euros, lo que equivale al 74,8% del total. Le siguen a mucha distancia los castigos por portar, exhibir o usar armas prohibidas, que permitieron ingresar en las arcas públicas 37,8 millones de euros.

Estos artículos no son los que más preocupan a las organizaciones que llevan años cargando contra una ley mordaza que, apuntan, choca frontalmente contra los derechos y libertades de los ciudadanos. Estos colectivos ponen el foco, por ejemplo, en los artículos 36.6, 36.23 o 37.4 al considerar que buscan desmovilizar y criminalizar las protestas. Por el primero de ellos, que castiga la “desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes, así como la negativa a identificarse”, se han impuesto 42.851 sanciones –una media de 33 diarias– por un montante de 26,2 millones. Por el segundo, que se centra en la toma y difusión de imágenes de agentes, multas por un total de 77.863 euros, algunas de ellas a periodistas. Y por el último, que castiga las “faltas de respeto y consideración”, el Estado ha ingresado 9,6 millones. Una disposición utilizada por las fuerzas del orden para proponer sanciones en algunos casos contra ciudadanos por portar objetos o prendas con las letras ACAB, que en ocasiones se utilizan como acrónimo de “All Cops Are Bastards” (“Todos los policías son unos bastardos”, en inglés)

El balance total de estos cinco años, sin embargo, va a ser mucho más elevado. De momento, las últimas cifras facilitadas por el Ministerio del Interior son las correspondientes al año 2018. Las relativas a 2019 todavía no están listas. “Los datos se encuentran aún en proceso de análisis. Hay que tener en cuenta que existen plazos de alegaciones y que este año ha sido atípico. Todo se ha retrasado por las circunstancias”, explican fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska en referencia a la crisis sanitaria. Una pandemia de coronavirus que, además, ha reorientado los usos de la ley mordaza. Si a lo largo del último lustro se entendía como una herramienta pensada para controlar la protesta social, durante el estado de alarma ha sido el instrumento utilizado a la hora de castigar a los ciudadanos que no respetaban las restricciones impuestas. De hecho, durante los dos meses y medio que se prolongó la situación excepcional, Interior contabilizó más de 1,1 millones de propuestas de sanción. A una media superior a las 11.000 diarias.

“Ha tenido un efecto desmovilizador”

Para colectivos como Amnistía Internacional, lo sucedido durante la crisis sanitaria ejemplifica a la perfección la “discrecionalidad de la actuación policial” imponiendo “sanciones que no son adecuadas ni legítimas”. “Hemos tenido ejemplos durante el estado de alarma de cómo el articulado permite una aplicación arbitraria y vulneradora o excesivamente restrictiva de derechos”, coincide Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain. De hecho, el uso que se hizo de la ley mordaza a la hora de proponer multas amparándose en la desobediencia a la autoridad ha sido bastante cuestionado a nivel jurídico. Tanto es así que la Abogacía General del Estado tuvo que emitir un informe a comienzos de abril en el que dejaba claro que el artículo 36.6 no tipifica una infracción administrativa derivada “de la mera contravención de una norma jurídica”. Es decir, que el simple hecho de salir a la calle en pleno confinamiento no podía ser castigado en base a esta disposición. Tenía que haber, además del incumplimiento, un aviso previo de los agentes desatendido por parte del ciudadano.

Pero desde los dos colectivos señalan que lo ocurrido durante la crisis sanitaria es sólo un capítulo más en la historia de una norma que “limita derechos como la libertad de expresión o de reunión pacífica”. “Desde su entrada en vigor ha tenido un efecto desmovilizador. Se venía de una época de crisis en la que los movimientos sociales estaban continuamente en las calles. La ley les puso en el punto de mira”, sostiene Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional. De hecho, desde el PSOE ya se ponía sobre la mesa esta misma cuestión antes de la aprobación de la norma. “Esto funciona muy engrasadamente: hay un recorte, hay una protesta, hay una neutralización de la protesta mediante las sanciones; hay nuevos recortes, hay una protesta más debilitada porque la gente tiene un temor lógico a que le pongan una multa disparatada”, apuntaba hace un lustro el diputado socialista Ignacio Sánchez. En 2014, según datos de Interior, se celebraron en España 36.679 manifestaciones, una cifra que se desplomó en los años posteriores por debajo de las 30.000. En 2018, volvió a repuntar hasta las 32.078.

Ambas organizaciones creen que ya es hora de que se actúe a nivel legislativo para modificar una norma “de tan mala calidad” que en su día fue aprobada exclusivamente con los votos a favor del PP y el rechazo del resto del hemiciclo. “Es necesario que se impulse una reforma cuanto antes”, señala Barroso. Ya se intentó, sin éxito, hace un par de legislaturas. Tanto el PSOE como el PNV registraron entonces por separado dos iniciativas en la Cámara Baja en este sentido. La primera, proponía derogarla y volver a la ley de 1992. La segunda, simplemente reformarla. El Pleno dio el visto bueno y pasaron a la Comisión de Interior. Fue ahí donde comenzaron a empantanarse. Los plazos para la presentación de enmiendas se fueron ampliando hasta febrero de 2018. Y cuando se desbloqueó el asunto, los servicios jurídicos de la Cámara avisaron de los riesgos de “incongruencias de procedimiento y de resultados” si ambos textos se tramitaban por separado. Por eso recomendaron alumbrar uno conjunto. No dio tiempo. Llegaron las elecciones y todo se vino abajo.

Ahora, tras dos citas electorales y la conformación definitiva de un Ejecutivo, la actividad en el Congreso parece haberse estabilizado de nuevo. Y sobre la mesa, la Cámara Baja vuelve a tener la iniciativa jeltzale. Una promesa que también se encuentra recogida en el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos. “Aprobaremos una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la ley mordaza para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Esta nueva legislación, que verá la luz a la mayor brevedad, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana”, se recoge en el punto 5.6 del texto consensuado a finales del año pasado. Por el momento, el Ejecutivo no ha dado ningún paso. Sin embargo, la intención sigue siendo firme y se considera una “prioridad” legislativa. La esperanza de vida que tiene la mordaza tal y como se conoce parece, por lo tanto, bastante corta. Además, la aritmética parlamentaria es favorable.

Enredada en el Constitucional

Amnistía Internacional, no obstante, quiere evitar a toda costa que esta cuestión termine convirtiéndose en un asunto secundario. Por eso, está preparando una serie de iniciativas para mantenerla en el centro del debate político. En primer lugar, la próxima semana pretenden hacer entrega en el Congreso de los Diputados de las más de 100.000 firmas que han recogido exigiendo la eliminación de los artículos más lesivos. Y en segundo lugar, están organizando para la primera semana de julio un encuentro con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios de la Comisión de Interior de la Cámara Baja. Esperan que estén todos. Algunos partidos, como el PSOE, ya han confirmado su asistencia. “Entendemos que hay voluntad política. Y, además, no se parte desde cero, ya hay un trabajo previo que se hizo durante la tramitación hace un par de años de las iniciativas presentadas. Sobre algunos puntos concretos, como la derogación del 36.23, ya llegamos entonces a un acuerdo”, explica Barroso en conversación con este diario. “La esperanza no podemos perderla nunca”, completa Goicoechea.

Pero la que fuera una de las medidas estrella del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz también se encuentra bajo la lupa judicial, su otro gran frente. Tras su aprobación, media decena de partidos políticos llevaron la norma ante el Tribunal Constitucional. Pero el máximo órgano de garantías todavía no ha sido capaz de emitir una sentencia. Hubo un primer intento el año pasado. Sin embargo, la deliberación terminó paralizándose a la espera de una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que aclarase si se ajustaban a derecho las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla, una práctica recogida en la disposición adicional primera de la ley mordaza. La Gran Sala de Estrasburgo dio finalmente la vuelta a un fallo previo y avaló la expulsión inmediata y sin posibilidad de solicitar asilo de dos jóvenes en el verano de 2014. Esto llevó al ponente del Constitucional, el magistrado Fernando Valdés, a ajustar su propuesta. Cambió la nulidad por una limitación del alcance del precepto a los casos de saltos masivos y violentos.

Luego arreció la pandemia. Y con ella, una parálisis que se mantuvo hasta la pasada semana. El debate se volvió a abrirse en el Pleno, pero no hubo manera de alcanzar un acuerdo. El Constitucional se partió por la mitad. El bloque de tendencia progresista consideró insuficiente la ponencia de Valdés. El conservador, tampoco la vio con buenos ojos. Lo único que consiguió acordar fue la devolución del asunto a una comisión creada para estudiar las observaciones de los magistrados con el objetivo de propiciar “una fundamentada resolución final”. Se continuará, por tanto, analizando los diversos preceptos impugnados “dada la complejidad de la materia y su sensibilidad político-social”. “Hace cinco años que llevan pensándose su valoración. Ya es hora de que tomen una decisión”, se queja Goicoechea. Mientras tanto, el intenso debate alrededor de la ley mordaza sigue abierto. Un lustro después.

El pasado 21 de mayo fue constituido el Congreso de los Diputados Congreso de los Diputadosde la XIII Legislatura. A día de hoy todavía no se han formado las comisiones, por lo que no puede decirse que la Cámara Baja –lo mismo es aplicable al Senado– funcione a pleno rendimiento. Pero los grupos parlamentarios sí han comenzado ya a presentar proposiciones de ley y no de ley. También, preguntas al Gobierno para su respuesta por escrito. Es la forma que tienen los partidos de intentar marcar el discurso, mientras el presidente del Gobierno tantea a sus posibles socios con la vista puesta en una sesión de investidura que casi todas las fuentes ubican en las primeras semanas de julio.

Desde el mismo día 21 de mayo hasta este viernes, la Mesa del Congreso ha calificado 15 proposiciones de ley de los grupos y cinco proposiciones no de ley. Son las proposiciones de ley las que tienen efectos reales si llegan a Pleno y se aprueban. Las proposiciones no de ley, aunque se aprueben, no tienen efectos vinculantes, sino políticos. Nada ocurre, pues, si, aprobada una proposición no de ley en el Pleno , la Cámara no da los pasos necesarios para que sea una realidad.

A vueltas con el indulto

El Grupo Parlamentario Popular es el que lidera la presentación de proposiciones de ley y proposiciones no de ley en lo que va de legislatura: siete y dos, respectivamente.

En plena pelea con Ciudadanos por el liderazgo del bloque de la derecha, el partido de Pablo Casado quiere que el Pleno del Congreso debata sobre la modificación de la ley del indulto, para que éste no se pueda aplicar a los condenados por rebelión. No pasa inadvertido el contexto en el que recuperaron esta iniciativa de la campaña y de los últimos meses de la legislatura anterior: el juicio del procés, que la semana pasada quedó visto para sentencia.

Otras iniciativas del PP son la proposición de ley de modificación de la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal para el complemento de destino en circunstancias especiales. O la que propone incluir un apartado en in real decreto de 2014 para "fomentar la Formación Profesional Dual". Se trata de una bandera tradicional de los conservadores que no es una realidad pese a que Mariano Rajoy gobernó con mayoría absoluta entre 2011 y 2015.

También hay iniciativas de los conservadores en materia de supresión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y de supresión o limitación de la "financiación estatal de partidos políticos".

Bandera electoral del equipo de Casado en campaña fue la lucha contra la ocupación ilegal y, en consonancia con ello, el registro del Congreso ya cuenta con una proposición no de ley contra la ocupación ilegal y "para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios".

La proposición de ley más reciente del PP, calificada por la Mesa este mismo jueves, es una reforma de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El PNV: control del Gobierno en funciones

El siguiente grupo en número de iniciativas es el del PNV con cinco. La formación nacionalista reclama la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, la de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, la del Código Penal y la de Secretos Oficiales. También quiere el PNV que el Congreso debate sobre el control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno, incluido el Gobierno en funciones.

Como el resto de partidos, el PNV retoma iniciativas que, en la pasada legislatura decayeron con la disolución de las Cortes. Así, el 21 de marzo de 2018, el Pleno de la Cámara Baja ya había aprobado iniciar la tramitación de esta proposición sobre el control del Gobierno en funciones, un asunto de máxima actualidad ahora si se tiene en cuenta que el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez está en funciones.

El texto propuesto por el PNV tiene como objetivo someter al Gobierno al control político de las Cortes Generales en todos sus actos y omisiones: que "todos los actos y omisiones del Gobierno, incluso del que esté en funciones, están sometidos al control político de las Cortes Generales".

Por su parte, Ciudadanos ha presentado una proposición de ley integral de protección y apoyo a las familias y Vox otra sobre la protección de los denunciantes de corrupción.

Protección de los alertadores

Completa el listado de proposiciones de ley ya calificadas por la Mesa la presentada por el diputado de Compromís, Joan Baldoví (Grupo Mixto) de protección integral de los alertadores. 

Esta iniciativa puede convertir a España en el primer país que traslade a su legislación la directiva europea que protege a los alertadores, ciudadanos que revelan información sobre posibles irregularidades o delitos cometidos en sus empresas o en las administraciones  que perjudiquen el interés general.

El texto obliga a empresas y administraciones a abrir canales internos de alerta y establece sanciones de hasta 300.000 para quien imponga represalias a los filtradores o vulnere su anonimato.

Proposiciones no de ley

Las proposiciones no de ley (PNL) las copan los Grupos Parlamentarios Popular y de Unidas Podemos, con dos iniciativas cada uno.

Las dos de la formación liderada por Pablo Iglesias tienen que ver con la industria. La primera, con la reforma "del sistema de interrumpibilidad y ayudas". Se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro eléctrico.

La segunda es sobre las medidas "pare evitar el desmantelamiento industrial" en España.

El PP, por su parte, aboga por desarrollar un programa nacional de ayudas a las familias con personas en situación de dependencia. Y con la implantación de una prueba única en todo el territorio español de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la antigua Selectividad.

La PNL de Ciudadanos es muy similar en el fin que pretende a la de los conservadores: demandan la "armonización de contenidos y tasas a pagar en las pruebas de EBAU".

¿Qué ocurrió la XII Legislatura?

La XII Legislatura arrancó el 19 de julio de 2016. En el primer mes, la Mesa del Congreso de los Diputados calificó 18 proposiciones de ley y 89 PNL.

Como ocurre ahora, el principal partido de la oposición, ahora el PP y antes el PSOE, es el que lidera el listado de proposiciones de ley calificadas por el órgano de gobierno de la Cámara: doce. A los socialistas les seguía Esquerra Republicana de Catalunya, con cuatro, y Ciudadanos y el Grupo Mixto, con una iniciativa cada uno.

Los socialistas estaban interesados en reformar el tratamiento de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social en el Código Penal, en modificar la ley relativa a la Justicia Universal, en la supresión de las tasas judiciales y en la despenalización del derecho de huelga.

Del primer mes son también iniciativas que después a avanzarían como la de “recuperar la independencia de la Corporación de RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”. O la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública.

ERC coincidía con el PSOE en la reforma de la ley de Justicia Universal. Y además, planteó iniciativas legislativas para la “despenalización del derecho de huelga”, la reforma de la ley de contratos del sector público para controlar la morosidad de la grandes empresas contratistas adjudicatarias de obra pública con las Pymes suministradoras y subcontratistas.

La proposición de ley de Cs tenía que ver con medidas urgentes para el fomento del autoconsumo eléctrico. Quedó en nada. Caducó con el fin de la legislatura. Lo mismo ocurrió con una del Grupo Mixto para reformar la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

89 PNL

En el mismo periodo, los grupos parlamentarios registraron 89 proposiciones no de ley. El grueso de ellas no llegaron ni a debatirse en Pleno y caducaron el pasado mes de marzo, cuando Pedro Sánchez disolvió las Cortes para la convocatoria electoral.

Como ocurre en el caso de las proposiciones de ley, el Partido Socialista es la formación que más PNL tenía calificadas por la Mesa un mes después de la constitución de las Cortes de la XII Legislatura: 34 iniciativas. Le seguía ERC con 27, el Mixto con 14, Podemos con 12 y Ciudadanos con dos.