La actualidad política y judicial española de los últimos años vive instalada en “el ciclo del bulo”. Es un proceso que arranca con la difusión de informaciones sin contrastar —habitualmente publicadas en medios de dudosa fiabilidad financiados desde administraciones controladas por el PP—, continúa con su amplificación a través de declaraciones de dirigentes políticos y alcanza a los tribunales. De ahí, de nuevo a los medios, a los portavoces y vuelta a empezar.

La secuencia, como la desinformación, tiene un propósito claro, más allá de la posibilidad remota de obtener condenas: se trata de desgastar a las personas afectadas y envenenar el debate público. Pero también sobrecarga los juzgados y socava la confianza ciudadana en la justicia y en los medios de comunicación que sí hacen su trabajo, impotentes ante la pérdida de credibilidad que supone verse confundidos con seudomedios creados y alimentados artificialmente con dinero público.

El ciclo suele comenzar con la publicación de una acusación o insinuación grave en portales digitales con baja exigencia profesional o en redes de desinformación alineadas con el ecosistema de la ultraderecha. El objetivo suele ser llamar la atención y colocar en la conversación pública un relato que ponga bajo sospecha a dirigentes o colectivos progresistas. El rigor de la información es secundario; basta con presentar un documento ambiguo o un dato mal interpretado para que, envuelto en titulares impactantes, circule por redes sociales y acabe llegando a los medios más relevantes, muchas veces a través de tertulianos de confianza.

Apenas publicada, esa pieza se replica a continuación en redes y encuentra eco en partidos de la oposición, especialmente Vox —y, en ocasiones, el PP—. Sus redes sociales están plagadas de estas supuestas informaciones, en su gran mayoría falsas o construidas para dar a entender conclusiones que no se asientan en hechos contrastados.

Es un fenómeno que señala claramente a la derecha y, sobre todo, a la ultraderecha. Que los populistas ultras tienen muchas más probabilidades de difundir noticias falsas que los políticos de los partidos convencionales o de extrema izquierda quedó acreditado por un estudio basado en las cuentas de Twitter (ahora X) de diputados de 26 países, entre ellos España. Amplificar la desinformación es parte integral de la estrategia de la derecha radical, según Petter Törnberg, de la Universidad de Ámsterdam, coautor del estudio.

A partir de ese momento, los dirigentes de la derecha y de la extrema derecha incorporan el contenido en sus discursos parlamentarios, lo reflejan en ruedas de prensa —a veces a petición de los mismos seudomedios que los han publicado— o simplemente lo difunden y viralizan a través de mensajes en plataformas digitales.

El bulo adquiere así apariencia de verosimilitud y gana tracción mediática. Algunos programas de televisión o radios, generalmente del espacio de la derecha, más preocupados por la inmediatez que por la comprobación, le dedican tiempo y entrevistan a portavoces que se refieren al asunto como si fuera un hecho contrastado. Los ejércitos de bots y de seguidores reales de los agitadores de la derecha y la extrema derecha ponen también su granito de arena.

La siguiente fase del ciclo se despliega en los tribunales. Asociaciones o colectivos cercanos a la ultraderecha, o incluso los propios partidos, presentan denuncias o querellas apoyándose en los artículos publicados o en testimonios sin identificar plenamente. Lo han hecho durante los últimos años Vox, el PP, Manos Limpias, Abogados Cristianos, HazteOír, el Movimiento por la Regeneración Política de España, la asociación Liberum o Iustitia Europa, todas muy cercanas a la extrema derecha.

Nada de lo que sucede en este ciclo tiene consecuencias. Son rarísimas las condenas por difundir informaciones falsas e inexistentes cuando quienes acusan son políticos. Tampoco hay precedentes de jueces castigados por participar en este entramado. Todo sale gratis.

Los participantes en este mecanismo no siempre buscan una sentencia favorable: el simple hecho de interponer una acción judicial ya garantiza titulares y abre un frente de desgaste. En ocasiones basta con adjuntar recortes de prensa para que la querella sea admitida a trámite, aunque más tarde termine archivada por falta de indicios. La noticia de la denuncia aparece en titulares; el archivo, a menudo, ni siquiera llega a ser noticia.

Un ejemplo es el caso de la supuesta entrega de una ayuda millonaria de manera irregular a la compañía aérea Air Europa, siguiendo, supuestamente, instrucciones de la esposa del presidente, Begoña Gómez. La información original no afirmaba este hecho, pero lo sugería mediante una hábil redacción de los titulares. Suficiente para que portavoces políticos inmediatamente lo diesen por cierto y denunciasen un grave caso de malversación de fondos públicos y tráfico de intereses.

Al final, no había caso. La supuesta ayuda no era tal, sino un crédito que la compañía está devolviendo y que se concedió del mismo modo que otros muchos para ayudar a las empresas obligadas a parar su actividad durante los días del confinamiento por la pandemia. Y no existe ninguna prueba que apoye que se concedió por indicación de Gómez, de la que tampoco hay constancia de lucro alguno relacionado con Air Europa. Tanto es así, que la justicia ha obligado al juez que estaba intentando investigar este supuesto caso a abandonar sus pesquisas.

El daño, no obstante, ya está hecho. Ningún portavoz de la oposición ha rectificado y hasta el líder del PP sigue asegurando que Gómez hacía negocios en La Moncloa aprovechándose de su vínculo matrimonial con el presidente. El señalamiento, lejos de corregirse, no ha cesado.

Es verdad que no todas las investigaciones judiciales ni los titulares de prensa con consecuencias para los políticos son inventados. Y que hay jueces que trabajan sobre indicios reales, como ocurre en los casos Cerdán, Ábalos o Montoro. Pero sobran los ejemplos de lo contrario, como cuando el PP denunció al PSOE por supuesta financiación irregular apoyándose únicamente en testimonios anónimos y artículos de prensa. La querella fue finalmente rechazada, pero la sospecha ya había sido sembrada. Feijóo no solo no rectificó, sino que se reafirmó en su acusación. “Siempre puede reactivarse si surgieran nuevas informaciones”, declaró. “Lo importante cuando se presenta una denuncia no es cómo empieza, sino cómo acaba”.

Y es que no se trata de un error, sino de una estrategia. En julio, el líder del PP sugirió sin pruebas, basándose de nuevo en bulos repetidos desde hace años por seudomedios, que Sánchez habría sido beneficiado por negocios de prostitución vinculados a su suegro fallecido. Al día siguiente, enfrentada por los periodistas al hecho de que no hay ninguna prueba que respalde esa afirmación, la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, decidió que eso le daba igual: “Nosotros tenemos informaciones periodísticas [...] No hace falta que haya pruebas absolutamente de nada”.

El efecto combinado de estos episodios es doble. Por un lado, provoca un desgaste personal y político en quienes se convierten en blanco de las acusaciones. Por otro, erosiona la credibilidad de todos los medios, no solo de los que difunden datos falsos o imprecisos, y de los tribunales que, en ocasiones, dan curso a querellas con escaso fundamento.

La sobrecarga de los órganos judiciales es otro resultado visible. Cada querella, aunque termine archivada, consume tiempo, recursos y atención. Los jueces deben pronunciarse sobre la admisión, solicitar informes, convocar comparecencias. La Fiscalía, cuando interviene, dedica personal y horas de trabajo.

El daño reputacional, además, suele ser irreversible. Incluso cuando una información se desmiente o una causa se archiva, la huella del bulo permanece. Las rectificaciones rara vez alcanzan la misma difusión que el titular inicial. Las redes sociales actúan como multiplicador y conservan los mensajes originales mucho después de que hayan quedado desacreditados.

El ciclo del bulo contribuye, asimismo, a intensificar la polarización política, en este caso de manera asimétrica, porque en casi todos los casos nace de la derecha y de la extrema derecha. Cada vez más estudios acreditan que la amplificación de la desinformación en las redes sociales se alinea con ideologías específicas y se ha convertido en un arma central para los actores políticos de derecha en las democracias liberales.

La discusión pública se desplaza desde el examen de políticas o propuestas hasta el intercambio de acusaciones, insinuaciones y expedientes judiciales. Se fomenta un clima de sospecha permanente, donde cualquier cargo público o activista crítico puede convertirse en objeto de una campaña que combina titulares agresivos, denuncias y declaraciones incendiarias. El debate democrático se empobrece y se convierte en una sucesión de escándalos efímeros que apenas dejan espacio para el análisis reposado o la búsqueda de consensos.

El resultado es un paisaje informativo y judicial más tóxico. Los ciudadanos se ven obligados a descifrar qué parte de lo que leen responde a hechos comprobados y qué parte forma parte de una estrategia de erosión política. La sensación de que la verdad es un bien escaso favorece el cinismo y alimenta la desconfianza hacia todas las instituciones, desde los medios de comunicación hasta los tribunales. La frontera entre información y propaganda, entre investigación legítima y maniobra partidista, se vuelve cada vez más difusa.

Lo que la derecha y la ultraderecha española no gana en el juego de mayorías y minorías en el Parlamento, lo lleva directamente al Supremo. Por lo Penal. Como si sus adversarios políticos hubieran cometido un delito. La Sala Segunda del Alto Tribunal, la que lleva estas causas criminales contra miembros del Gobierno, parlamentarios y otros aforados, lleva meses avisando del atasco que estas denuncias y querellas sin ningún tipo de futuro provocan en el trabajo de los magistrados. La avalancha de este tipo de escritos obliga a que cinco magistrados deliberen sobre su admisión y a designar un ponente que se estudie cada caso y elabore una resolución que en más del 90% de los casos es de archivo. Pero sus autores, en su mayoría partidos o personajes ligados a la ultraderecha o satélites del PP, no se conforman y recurren, duplicando el trabajo del órgano.

Es lo que, en argot jurídico, se denomina "querulantes", un término que, según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, define a los "querellantes patológicos". Gente que lleva a los tribunales cualquier asunto cuando no obtiene la razón por otras vías, pese a que los órganos judiciales les cierren casi sistemáticamente el paso. En esa categoría entra, con mucha ventaja respecto de los demás, el partido de ultraderecha Vox. También lo hace un clásico que, a través de la acción popular, trata de poner la justicia al servicio de intereses espurios: el pseudosindicato ultra Manos Limpias del exfalangista Miguel Bernad. Y aparecen otros grupos afines ultrarreligiosos como Abogados Cristianos o Hazte Oír. Incluso grupos conspiracionistas, como Liberum o Iustitia Europa, o que forman parte del lobby proisraelí como ACOM.

El fenómeno ya fue denunciado en noviembre de 2024 por la magistrada progresista Ana Ferrer. La excandidata a presidir la Sala de lo Penal –que se retiró de la carrera ante el bloqueo del sector conservador– explicó en su programa de actuación con el que aspiraba a ese puesto que este tipo de causas, solo en 2023, habían crecido un 191% con 204 asuntos registrados (70 en el año anterior). En 2024, la incidencia de estos asuntos ha remitido: el número de casos contra aforados se situó el año pasado en 136, según la Memoria de la Fiscalía, presentada por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, el pasado viernes. En cualquier caso, el dato sigue duplicando a la cifra registrada en 2022. De ellas, solo el 7% (10 causas) seguían abiertas a finales del año pasado.

Se trata de un campo abonado para formaciones políticas y organizaciones de la órbita del trumpismo español. El partido de Santiago Abascal, por ejemplo, se querelló contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delgado del Gobierno en Madrid por la actuación de la policía frente a las concentraciones ultras a las puertas de la sede del PSOE tras las elecciones de 2023. También contra el presidente del Gobierno por pactar con Junts y el resto de sus socios la ley de amnistía, o contra los miembros de la Mesa del Congreso que dieron luz verde a su tramitación. Pedro Sánchez también fue objeto de querellas por presentar su libro Tierra Firme en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Junto a Hazte Oír, Vox actuó contra los magistrados del Tribunal Constitucional que en junio de ese año anularon las sentencias del caso ERE que afectaban a dos presidentes y varios consejeros socialistas de la Junta de Andalucía. O contra el presidente catalán, Salvador Illa, por supuestas irregularidades en la contratación de material sanitario contra la covid durante su anterior etapa como ministro de Sanidad.

Manos Limpias prefiere la denuncia a la querella. Y presentada, como otras veces en las que sí le ha dado resultado, con la única prueba de informaciones de periódicos afines a su ideología. A Sánchez lo han acusado de usurpación de funciones por el acuerdo de Gobierno con Junts sobre el perdón a los líderes independentistas. Contra el expresidente catalán Carles Puigdemont también han actuado por una serie de opiniones sobre la justicia española publicadas en su perfil de Instagram. O por la referencia al lawfare que se contenía en el acuerdo con la formación independentista. El querulante Miguel Bernad sí ha conseguido personarse como acusación popular en el caso abierto contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, un delito que el jefe de la Fiscalía niega y del que el instructor, Ángel Hurtado, no ha hallado, hasta el momento, una sola prueba.

Otra de las organizaciones que recurre a este tipo de escritos es Abogados Cristianos. Lo ha intentado contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por su informe sobre los abusos sexuales contra menores en el seno de la Iglesia. Pero también contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, por una supuesta colaboración con el Gobierno en la elaboración de la ley de amnistía. En ambos casos, la fundación ultracatólica no solo no se conformó con el archivazo a sus querellas de todo punto infundadas, sino que presentó recurso contra ellas, duplicando el trabajo de los magistrados.

Otro de los recurrentes a este tipo de escritos es el abogado ultraderechista Aitor Guisasola y su asociación Movimiento por la Regeneración Política de España. Se trata de una de las acusaciones populares admitidas por el juez de instrucción de Madrid Juan Carlos Peinado en su polémica causa contra la esposa del presidente del Gobierno. Su batalla en el Supremo contra el jefe del Ejecutivo se ha centrado, sobre todo, en la presentación de su libro, contra la que ha intentado pleitear alegando usurpación de funciones o malversación, al tratarse, en su opinión de un acto privado para el que, sostiene, se usaron fondos públicos. También participó junto a otros querulantes en la campaña judicial para culpar al Ejecutivo de la gestión de la dana de Valencia del pasado 29 de octubre.

Los conspiracionistas antivacunas de la asociación Liberum, contrarios a las medidas sanitarias de prevención durante la pandemia de covid (como el uso obligatorio de mascarillas), han usado esta vía para querellarse contra los políticos que las adoptaron y los magistrados que las validaron. Incluso fueron contra el director general de la Organización Mundial de la Salud. Junto a Vox y otras asociaciones ultras, se querellaron contra la exministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), por defender públicamente el derecho de los niños y niñas a tener educación sexual, acusándola de un delito contra indemnidad sexual, de corrupción de menores o de provocación a la agresión de menores o a la prostitución. Contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se querellaron por revelación de secretos después de que pidiera públicamente que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), diera explicaciones sobre si el piso en el que vive se sufragó con el fraude fiscal confesado por su pareja.

Iustitia Europa, muy próxima a Liberum, se ha querellado por delito de odio contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por decir que "las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no solo es un engaño, también puede poner en riesgo la salud". Pero como en el resto de los casos, también han intentado actuar contra el presidente del Gobierno por supuestamente destinar dinero de los presupuestos inicialmente previsto para las Fuerzas Armadas españolas a Ucrania. Iustitia Europa también está admitida como acusación popular junto a Manos Limpias en el caso Begoña Gómez, que instruye el juez Peinado.

Además de la magistrada Ferrer, la Sala de lo Penal a la que pertenece también ha tenido ocasión de denunciar el problema en diversas resoluciones. En marzo, por ejemplo, reprochó a Manos Limpias sus continuas denuncias contra Sánchez basadas en "recortes de prensa" y acusó al sindicato ultra de actuar en "fraude de ley" y de utilizar el Supremo como "un juzgado de guardia de cualquier asunto mediático".

En junio volvió a cargar contra el supuesto colectivo que preside Miguel Bernad acusándole de tratar de abrir "una macrocausa general contra el Gobierno" con el único objetivo de acceder a "información sensible". Manos Limpias había intentado unificar en la Sala de lo Penal el caso del fiscal general, el de Ábalos y Koldo, el paso de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez por España y la investigación sobre Begoña Gómez. Sin embargo, el Alto Tribunal sigue aceptando al grupo en causas muy trascendentes como el caso Koldo o en la del fiscal general del Estado.

El Gobierno ha puesto en marcha a través de dos iniciativas –la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y una proposición de ley del PSOE– el mecanismo para racionalizar este tipo de denuncias mediante la limitación de la acción popular, una anomalía procesal que solo existe en España, pero que está reconocida en la Constitución. Se trata, precisamente, de prohibir la acción popular a los partidos políticos y evitar que se utilice, como ahora, de forma abusiva y acabar con las filtraciones interesadas de los colectivos escasamente representativos que la ejercen. Para ello, los socialistas quieren que estos grupos solo puedan actuar en la fase de juicio y no en la instrucción. Limitar este tipo de denuncias y querellas ha sido un objetivo común del PP y el PSOE en los últimos 15 años, aunque el partido de Alberto Núñez Feijóo ahora se opone a la reforma.

Mientras, estas asociaciones no dejan de pleitear sin el más mínimo rigor jurídico ante la más alta instancia penal española sin lograr resultado. Uno de sus últimos intentos, también infructuoso, fue, precisamente, intentar que el Supremo investigara a los políticos que quieren poner fin a esta situación limitando su acceso a los tribunales para este tipo de asuntos. Como más del 90% de estas querellas contra aforados, la iniciativa terminó en el cajón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes en una entrevista en Cadena Ser que la responsabilidad del Gobierno será "renovar el Poder Judicial" después de cinco años bloqueada, a pesar de la mediación de la Comisión Europea. Aunque ha reconocido que por ahora no hay perspectiva de solución, el líder del Ejecutivo ha defendido que se aceptó la mediación de la UE pero que, si "el PP continúa con el secuestro", el Parlamento "necesitará articular mecanismos para poder sacarlo de esta situación tan lamentable". "La responsabilidad del Gobierno será renovar el Poder Judicial, y lo vamos a llevar a efecto", ha sostenido sin entrar en más detalles.

Sánchez también ha afirmado que ha sido víctima de lawfare, es decir de guerra sucia judicial cuando estaba en la oposición cuando su entorno familiar fue objeto de "espionaje" por parte de la llamada policía patriótica en el año 2014, según ha indicado, aunque en todo caso dice que esas prácticas terminaron cuando él llegó a La Moncloa y por tanto sigue confiando en la Justicia.

"¿He sufrido lawfare en el pasado? Sin duda alguna", ha explicado Sánchez al día siguiente de que anunciara que continuaba como presidente del Gobierno después de cinco días pensando si dimitía. Sánchez considera que a partir de ahora tiene que haber un "punto y aparte" en cuanto a la "regeneración democrática" y se ha quejado de que lleva una década sufriendo una campaña de acoso y derribo junto a su mujer, Begoña Gómez.

El presidente señala por tanto que ha sufrido lawfare y se refiere a unos audios publicados recientemente en los que el comisario José Manuel Villarejo y el entonces número dos del Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), Francisco Martínez hablan sobre el suegro de Sánchez y sus negocios. "Yo he sido objeto de espionaje por parte de la mal llamada policía patriótica del señor Rajoy en el año 2014, cuando yo fui elegido secretario general del PSOE", ha indicado Sánchez, que sin embargo considera que esas prácticas terminaron cuando él llegó a la Presidencia del Gobierno en el año 2018.

Respecto a si considera que existe lawfare en el caso que afecta a su mujer y que ha desencadenado la última crisis y el retiro de Sánchez de la vida pública durante cinco días dice. "Como persona puedo tener mi opinión sobre esto, pero soy presidente del Gobierno de España".

Preguntado por la actividad profesional de su mujer, Begoña Gómez, Sánchez rechazado que tenga que dar ninguna explicación: "Me tendrán que decir de qué se le acusa". Cuando le han señalado que la denuncia es por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha replicado: "¿Pero en base a qué?, a información no contrastada como ha dicho ayer el juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, que dice que no tiene que ser llamada ni como testigo", ha subrayado.

Por otro lado, Sánchez se ha mostrado dispuesto a abrir un debate sobre la regulación de la figura y la actividad de las parejas de los presidentes del Gobierno aunque rechaza el modo en que se está abordando. "Yo puedo estar de acuerdo en eso, es un debate que podemos a lo mejor abrir, pero me parece injusto que se abra en base a bulos y a desinformación", sostiene.

En todo caso considera un error personalizar en él y su mujer el debate que ha abierto sobre la regeneración democrática porque considera que afecta a lo que "representa". En este sentido insiste en que PP y Vox no aceptaron el resultado electoral de las generales del 23 de julio y por tanto han activado "la maquinaria del fango" siguiendo las directrices del expresidente del Gobierno, José María Aznar que dijo "quien pueda hacer que haga".

Sánchez también ha asegurado que tras los cinco días de reflexión que se ha dado para decidir si dimitir está con ánimo no solo para completar los tres años que quedan de legislatura sino para continuar en la siguiente, zanjando así por ahora cualquier debate sobre su sucesor al frente del PSOE. "Desde luego el proyecto del PSOE trasciende a mi persona", ha señalado, tras ser preguntado si entre sus planes para la regeneración democrática que quiere llevar ahora a cabo figura abrir el debate sucesorio en su partido.

Sin embargo, a renglón seguido, ha sostenido que el compromiso que ha adquirido tras este periodo de reflexión de "de liderar, que no monopolizar" el debate de regenerar, mejorar y defender la democracia "no es una tarea que se haga ni en tres días, ni en tres meses, ni en tres años, que es lo que nos queda de legislatura".

Dicho esto, ha asegurado que está "con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto". "Desde luego, si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo el responsable y el líder del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicciones e ideas de transformación para mi país lo voy a hacer", ha recalcado.

Sánchez considera que debe haber más transparencia respecto a quién está detrás de la financiación de los medios digitales, ha insistido en señalar que muchos son solo "pseudomedios o páginas web" que lanzan bulos y también ha apuntado a la Ley de Publicidad Institucional al poner en duda que algunas administraciones la cumplan.

A raíz de las informaciones periodísticas que han aparecido en los últimos tiempos sobre su mujer Begoña Gómez y la denuncia contra ella presentada por la organización Manos Limpias y admitida a trámite por un juez, Sánchez denunció una campaña de acoso y derribo que a su juicio ambos reciben y que se remonta a diez años atrás.

Aunque por el momento no ha puesto sobre la mesa medidas concretas para afrontar el problema que señala, ha puesto el foco en la financiación de lo que considera pseudomedios, digitales o páginas web que a su juicio esparcen bulos. En esta entrevista, el jefe del Ejecutivo ha deslizado que en este momento no se conoce quién financia esos digitales, y desliza que hay administraciones públicas que no cumplen la Ley de Publicidad Institucional.

En la misma línea, en otra entrevista concedida este lunes en TVE, señaló que esos digitales a los que se refiere están sostenidos por "determinadas empresas" y financiados por gobiernos autonómicos y locales del PP y Vox. Al ser interrogado sobre qué medidas se pueden aplicar para evitar los bulos y la desinformación, Sánchez dice: "Existe una Ley de Publicidad Institucional. ¿Se cumple por parte de todas las administraciones?, no lo sé". En esta misma línea, en otro momento de la entrevista Sánchez señala: "¿Tienen transparencia estos medios, vamos a llamarlos digitales o estas páginas web? ¿Sabemos quién las financia? Son preguntas que es muy importante responder", ha remarcado.

En todo caso, Sánchez ha insistido en que el quiere liderar este debate y ponerlo encima de la mesa pero no pretende "monopolizarlo" y admite que no tiene todas las respuestas para acabar con el problema de los bulos. Dice que para llevar a cabo medidas necesitará al Parlamento, y también a los propios medios de comunicación, que separa de los que considera "pseudomedios".

Asegura que las hipotéticas medidas que se puedan tomar tienen que estar dentro de la legalidad democrática, el orden constitucional y los valores europeos y por tanto rechaza las declaraciones realizadas por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que le acusó de querer hacer un cambio de régimen "por la puerta de atrás".

Dice además que debe ser transversal, "tenemos que sentirnos todos involucrados en esta conversación", no solo el Gobierno, también los partidos políticos, el Congreso de los Diputados, el Poder Judicial y también los medios de comunicación. Por último señala que debe ser "en positivo" porque no se trata de "señalar a nadie" sino de "unir esfuerzos" y sumar a mucha gente de distintos ámbitos e ideologías en una "causa común" que es la "defensa de la democracia". "Creo que si lo logramos, habremos hecho algo benéfico para el conjunto de nuestra sociedad", ha zanjado.

La democracia española tiene muchos deberes pendientes en materia de regeneración democrática. Los expertos en ciencia política llevan años llamando la atención sobre este problema, que vuelve a la actualidad cada vez que se hacen visibles las costuras del sistema.

Eso es lo que acaba de pasar con la decisión del presidente Pedro Sánchez de abrir una reflexión en torno a la situación que atraviesan él y su familia como consecuencia de acusaciones, de momentos infundadas, que ya tramitan los juzgados y que a diario utiliza la oposición en el debate político a partir de la desinformación que difunden pseudomedios financiados por la derecha. 

Sánchez no detalló este lunes qué se propone hacer, pero sí señaló varias preocupaciones centrales. La primera es impedir que “los bulos deliberados dirijan el debate político”, porque “confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias”. La segunda, acabar con una situación en la que las “víctimas de esas mentiras“ tengan que “demostrar su inocencia”. Y la tercera, no permitir “que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido”. 

¿Qué hacer, entonces? En el debate público ya hay iniciativas muy concretas y detalladas. Hugo Cuello, experto en Políticas Públicas, hace suya la propuesta que estos días ha defendido la abogada española Miriam González, especialista en derecho comunitario y esposa del exlíder de los liberales británicos Nick Clegg: una Oficina de Ética Pública semejante a la que funciona en el Reino Unido.

“En España”, dice González, “no existe un sistema eficaz para abordar los conflictos de intereses de las familias y cónyuges de los políticos. Por lo tanto, es inevitable que esta cuestión acabe debatiéndose en la arena política y los tribunales. Si (Begoña) Gómez fuera la esposa de un primer ministro británico, las acusaciones habrían sido resueltas fácilmente por la Oficina de Propiedad y Ética según el código de ética ministerial del Reino Unido. La Oficina de Propiedad habría garantizado que existiera un sistema preventivo para inhibir al primer ministro de cualquier decisión que pudiera relacionarse directa o indirectamente con el trabajo de su esposa. En respuesta a las acusaciones” contra la esposa de Sánchez, “se habría emitido un comunicado claro garantizando que no había ocurrido ningún conflicto” y ahí habría acabado todo, asegura.

Pero “no tenemos una Oficina de Propiedad y Ética con credibilidad y fuerza. En cambio, tenemos una Oficina de Conflictos obsoleta cuya falta de independencia y autonomía es criticada por la UE y el Consejo de Europa año tras año”, se lamenta.

Tampoco existe en España “un código ético ministerial” como el del Reino Unido que imponga la “obligación de no mentir conscientemente en el Parlamento”. Ni una forma de “comprobar que los ministros no inunden la administración con asesores políticos” o de limitar “el uso de casas ministeriales o aviones oficiales. No tenemos legislación sobre lobbies. No tenemos reglas sobre la presencia de funcionarios públicos en las reuniones de ministros donde se discuten asuntos gubernamentales. Y, por supuesto, no contamos con un asesor de ética independiente, como ocurre en el sistema británico”.

Hugo Cuello subraya que esta idea le “parece esencial para poder empezar con toda la transformación que se supone que trae la regeneración democrática. Y debería haber venido por parte del Gobierno”, subraya.

La politóloga y experta en calidad democrática Cristina Monge apunta a tres necesidades, sobre las que ya escribió este lunes en infoLibre. La primera sería acabar con “la clamorosa ausencia de rendición de cuentas por parte de jueces y fiscales”. El legislador no lo previó, “pero seguro que António Costa, Mònica Oltra, Vicky Rosell y tantos otros se lo han preguntado en más de una ocasión”, ironiza.

La segunda sería hallar el modo de combatir a las “pseudocabeceras (digitales) que alimentan el odio, llenan sus páginas de bulos que no tardan en desvelarse como tales, y envenenan el debate público sembrando dudas sobre los adversarios y provocando el consabido ‘todos son iguales”. Hacen falta medidas “para garantizar que los medios de comunicación cumplan con su auténtico deber democrático, que no es otro que articular una conversación pública de calidad”. ”Habrá que regular exactamente qué es un medio, qué no es un medio y qué hace falta tener para acceder ruedas de prensa o conseguir financiación”.

Y, en tercer lugar, Monge señala la relevancia de profundizar en la democracia desarrollando mecanismos que hagan a los ciudadanos partícipes del proceso deliberativo más allá de ir a votar cada cuatro años, porque una de las urgencias que enfrentamos “es la recuperación de la confianza en las instituciones”.

La lista de Pablo Simón, politólogo y profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid, es más larga. Entre las reformas pendientes incluye una que le afecta personalmente —es especialista en sistemas electorales y participación política—, como despolitizar el CIS. Pero también “endurecer el régimen de incompatibilidades de cargos públicos con respecto a las puertas giratorias —en particular entre la justicia y la política— y, si es preciso, establecer una restricción específica para las parejas de los primeros ministros, de los presidentes del gobierno y los presidentes autonómicos”.

En su opinión se debería reforzar la independencia de la administración pública perfeccionando el sistema de alerta temprana de denunciantes para el control de la corrupción, generalizar las oficinas de fiscalización y lucha contra la corrupción dependientes de los parlamentos y restringir la figura de la acusación popular, “que muchas veces es instrumentalizada para a través de organizaciones pantalla construir casos que tienen que ver con intereses políticos”.

También, apunta, sería necesario “restringir el acceso a publicidad institucional, de tal manera que los medios de comunicación no fueran dependientes de subvenciones públicas de gobiernos municipales, autonómicos o nacionales”. Y granizar que la concesión de licencias de emisión de televisión y radio no puedan ser utilizadas para presionar a medios de comunicación.

El profesor de la UC3M no se queda ahí. Hace falta, subraya, “revisar la financiación de los partidos”, sobre todo en lo que afecta a sus fundaciones, y reformar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas para dotarle de más medios”.

¿Y cómo resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial? Simón ausenta por “algún tipo de mecanismo de sorteo” con el fin de“cortar la conexión directa entre mayorías parlamentarias” y el órgano de gobierno de los jueces. Un sorteo, por ejemplo, a partir de una lista de candidatos que propongan las Cortes.

De que la regeneración es un objetivo en el que los expertos llevan muchos años trabajando da idea también la completa lista de ideas que aporta Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago. Empieza haciendo referencia la necesidad de reformar el Senado para deje de ser una Cámara de segunda lectura y de bloqueo de lo que decide el Congreso (ocurre en materia de regla de gasto presupuestario) y un cambio en su modelo de representación con el fin de que no pueda ser usada como “contrapoder” de la Cámara Baja.

Propone también una reforma del CGPJ para que sus miembros cesen con su mandato. “Y eso evita el bloqueo, esa capacidad de atarse a las sillas y quedarse ahí”, explica. En su opinión, habría que aprovechar esa modificación para acabar con el sistema de elección de las salas de gobierno del Supremo en el que participan la mayoría de las asociaciones conservadoras, o actualizar el voto telemático para impedir la frecuente delegación de voto en los tribunales multipersonales.

Nogueira incluye en su lista de regeneración una reforma de la Ley Electoral para “repensar el voto de los residentes ausentes cuando esa ausencia se prolonga en el tiempo o cuando nunca vivieron” en el lugar en el que votan. “No es democrático que no tengan derecho a participar los inmigrantes que trabajan aquí” y que sí puedan hacerlo personas nunca han vivido en el país pero tienen un abuelo que era originario de España. O para que el porcentaje mínimo que permite acceder a los parlamentos sea el mismo en todas partes, y no diferente entre territorios.

La regeneración debería, asegura, acabar también con los límites establecidos para vetar determinados debates en las Cámaras —en ellas se debe poder “hablar de todo, sin limitación de debates democráticos—. Y reabrir las encuestas del CIS a la evaluación de la Corona, porque es la Jefatura del Estado, así como acabar con Madrid como “centro de todas las sedes de los órganos centrales del Estado”, algo que ya sucede en países como Alemania. “Tiene que correr un poco el aire ”, dice con ironía.

También propone darle “una vuelta” a las incompatibilidades de los cuerpos superiores de la administración para impedir que abogados del Estado e inspectores de Hacienda puedan dedicarse con total normalidad a trabajar en el sector privado precisamente contra los intereses del Estado“.

La catedrática compostelana defiende mejorar la transparencia para que la administración no pueda negar información, una reforma audiovisual que garantice la independencia de los medios públicos en todo el territorio, normas para hacer visible la propiedad de los medios de comunicación y sus fuentes de ingresos y debates electorales regulados por ley. 

También incluye en su lista eliminar todos los tipos penales que afectan a la libertad de expresión, como los que castigan las injurias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos. Sin olvidar la derogación parcial de la llamada Ley Mordaza. 

Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la Pompeu Fabra, coincide en la necesidad de llevar a cabo “reformas importantes” que pueden llegar también gracias a “un estado de opinión” como el que puede haber facilitado el período de reflexión de Pedro Sánchez. “A menudo la política necesita también de cierto estado de ánimo”, señala.

A su juicio, como en el de la mayoría de expertos consultados por infoLibre, la reforma del CGPJ es una de mas medidas imprescindibles. “Todo el mundo es consciente de que hay un sistema judicial que tiene un poder” sobre el que hay “poca capacidad de revisión”. “Se tendría que avanzar hacia un sistema mixto de autorregulación mayor del poder judicial”, pero con participación del poder legislativo. Al mismo tiempo, explica, habría que avanzar en una reforma judicial para acelerar los procesos e impedir que los imputados estén bajo sospecha durante largos periodos de tiempo.

Aira menciona también el problema de la desinformación. Y, en particular, el “pozo sin fondo” de dinero que las administraciones gastan cada vez más para tratar de combatirla. “Ahí algo se tiene que hacer también, pero eso reclama también una mayoría muy cualificada y unos consensos muy amplios. Y claro, mi duda es hasta qué punto pasa solo por los legisladores y no pasa también por los colegios profesionales y las universidades”.

¿Es imposible avanzar en estas medidas en el ambiente de polarización que vive España? Cristina Monge dice que no. Es verdad, admite, que “si hay que esperar a la derecha” para avanzar, “todavía estaríamos sin legalizar el divorcio”. A veces “tienes que tirar para adelante” a la espera de que acaben sumándose. Y una buena manera de hacerlo es comprender que los actores políticos no son solo los partidos. Para construir un sistema de rendición de cuentas en la justicia, apunta, hay que buscar el acuerdo con las asociaciones judiciales. Y para controlar qué es un medio y qué no, hay que hacer lo mismo con las organizaciones de periodistas.  “Ahora es un momento de dar especial relevancia a la sociedad civil", sostiene.

Por si las propuestas de los expertos no fueran suficientes para que la mayoría del Congreso se pudiese manos a la obra, PSOE y Sumar se presentaron a las elecciones con numerosas ideas en materia de regeneración.

Los socialistas, por ejemplo, prometieron mejorar la Ley de Transparencia para incluir, entre otras cosas, las agendas de los altos cargos, el gasto de los viajes y viviendas oficiales, la declaración completa de bienes y actividades y sus peticiones y denegaciones de compatibilidad. “Igualmente, avanzaremos en la información sobre el personal eventual, la publicidad institucional, los contratos públicos y los procesos selectivos”, señala el programa con el que se presentaron a las elecciones el año pasado.

“Aprobaremos las leyes de transparencia de grupos de interés y de prevención de conflictos de intereses del personal empleado público. Reforzando la actividad y la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses, para la comprobación del patrimonio y la actividad de los máximos responsables públicos, dotándole además de facultades para detectar posibles casos del nuevo delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos” y “defenderemos la supresión de los aforamientos de los cargos públicos en los casos ajenos al ejercicio de la actividad propia de su cargo”.

El PSOE también se comprometió a hacer obligatorios los debates electorales, a reformar el Pacto Antitransfuguismo y a asegurar la transparencia y publicidad de las relaciones de diputados y senadores con los grupos de interés”.

Sumar dedicó un gran apartado a la democracia de calidad en su propio programa. En él proponen una ley de participación ciudadana, la revisión de la ILP, la actualización de la Ley Electoral o la ampliación del número de diputados y diputadas para mejorar su capacidad de representación, “fomentar la formación democrática en las diferentes etapas educativas” y, en materia de libertad de expresión, actuar “contra el uso fraudulento de la información”. 

“Proponemos una regulación soft”, dice el programa. "Es decir, promover un debate público que culmine en códigos de buenas prácticas y compromisos de las partes”. Pero también “explorar algunas vías normativas concretas, como una ley orgánica sobre el derecho a dar y recibir información veraz o la reforma del derecho de rectificación de las informaciones falsas”.

¿Y qué propone el PP? Su programa de regeneración democrática fue presentado por el propio Feijóo en enero de 2023. Incluye propuestas bien conocidas, como la que plantea reformar el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para privar al Congreso y al Senado de su participación en el proceso y dejar la selección exclusivamente en manos de los jueces, o la que propone deshacer la reciente reforma del Código Penal en relación con la sedición y la malversación. O las que tratan de limitar quién puede formar parte de diferentes órganos del Estado, desde el Constitucional a la Fiscalía General, pasando por el Consejo de Estado, el o la presidencia de organismos públicos como el CIS o el CNI.

En realidad, buena parte de las ideas que Feijóo prometió impulsar tratan de recortar la capacidad de decisión del ejecutivo y de legislativo. El PP quiere limitar, por ejemplo, el uso que el Gobierno puede hacer del real decreto ley, una fórmula que Pedro Sánchez ha utilizado con frecuencia durante toda la legislatura y que permite al Ejecutivo, en nombre de la urgencia, que sus medidas entren en vigor sin esperar a un largo trámite en el Congreso. Los reales decretos ley, sin embargo, no escapan al control legislativo, aunque este sea más corto: tienen que ser aprobados por la Cámara en las semanas siguientes a su entrada en vigor y, de no conseguir el apoyo de la mayoría, son anulados.

También propone que el presidente esté obligado anualmente a comparecer en un debate sobre el estado de la nación (desde que se utilizó por primera vez, en 1983, esta fórmula es potestativa, depende de la voluntad del Gobierno) y que su Ejecutivo esté también obligado a dar cuenta del grado de cumplimiento de las mociones y proposiciones no de ley (las iniciativas de impulso que aprueba el Congreso y que los ministerios no están obligados a hacer realidad).

Feijóo quiere dar más poder sobre lo que hace el legislativo a los organismos de control como el Consejo de Estado o a los que representan a otros poderes, como el CGPJ. Y quiere crear otros nuevos, como una Oficina de Calidad Legislativa con capacidad no sólo de asesorar a los diputados sino de hacer propuestas. El líder del PP quiere además “informes técnicos” también sobre las leyes que propone la oposición y limitar las enmiendas que se pueden presentar a las leyes.

El PP propone también reformar la ley electoral para reducir las competencias de los plenos municipales y proclamar automáticamente alcalde al cabeza de la lista más votada. 

Las propuestas de Feijóo persiguen, además, una reforma para obligar al presidente a informar al jefe de la oposición tras la celebración de cumbres internacionales en materia de política exterior y defensa o en relación con asuntos como el pacto antiterrorista o el pacto de estado contra la violencia de género. Y limitar “por ley” el número de ministerios, altos cargos, asesores y miembros de los gabinetes del Gobierno —otra medida que no adoptó cuando gobernaba en Galicia y tuvo oportunidad de hacerla realidad— y recortar el uso de los medios aéreos y terrestres que desde hace décadas utilizan el presidente y los ministros para sus desplazamientos, incluyendo el número de miembros de las comitivas oficiales.

La Justicia ha archivado la causa que abrió a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, a dos meses de las elecciones, por los proyectos de nuevos ejes verdes de la "superilla" del Eixample, a raíz de una querella presentada por el exarquitecto jefe del Ayuntamiento Josep Antoni Acebillo. En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia de Barcelona estima el recurso presentado por Colau y la exteniente de alcalde Janet Sanz, también investigada, al concluir que las posibles irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto no constituyen delito.

Esta es la tercera investigación penal contra Colau que la Justicia archiva en los últimos meses. La semana pasada una jueza de Barcelona dio carpetazo a la querella por coacciones que le presentó un fondo inversor y, en octubre, se zanjó otra causa abierta contra ella por la suspensión de relaciones del Ayuntamiento con Israel.

La querella, que además de Acebillo firmaban los abogados Francesc Jufresa y Ferrán Grasas, acusaba a Colau de un delito urbanístico, además de otros dos de fraude en subvenciones y malversación por destinar fondos públicos al proyecto de ejes verdes pese a sus irregularidades.

Los mismos querellantes habían presentado en 2022 una denuncia por el mismo proyecto urbanístico ante la Fiscalía, que la archivó al no apreciar indicios de delito y, en consecuencia, se opuso también a que el juzgado abriera una investigación penal contra la exalcaldesa por idénticos hechos.

El pasado mes de septiembre, un juzgado contencioso de Barcelona revocó el acuerdo del ayuntamiento que aprobó la "superilla" al considerar que no se había tramitado correctamente, lo que Colau y Sanz aprovecharon para pedir el archivo de la causa penal abierta con el argumento de que versaba sobre el mismo asunto.

La sección sexta ha estimado ahora su recurso y ha acordado el archivo provisional de la causa, al concluir que la vía penal solo está justificada en el caso de las infracciones "más graves y, por lo tanto, dolosas", no en la "omisión de trámites o irregularidades de procedimiento".

"Difícilmente puede justificarse la continuación de la persecución penal cuando la sentencia del juzgado contencioso-administrativo dice que la infracciones urbanísticas no tienen la intensidad requerida", remacha el fallo.

Para el tribunal, de la "conculcación" de normas urbanísticas tampoco se derivan los delitos de fraude de subvenciones y malversación que planteaban los querellantes: "Si hay dudas sobre la legalidad de la acción urbanística, nos podremos plantear que los fondos no debieron ser empleados en aquella, pero sin que en tal caso sin más puedan considerarse malversados".

Ada Colau concurrió a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo con cuatro investigaciones penales abiertas, a las que poco después se añadió una quinta por la suspensión de relaciones del Ayuntamiento de Barcelona con Israel.

Aparte de las tres archivadas, sigue abierta otra causa derivada de una querella de la Asociación por la Transparencia por la concesión de subvenciones a entidades afines -en la que la Fiscalía ha pedido el archivo- y otra presentada por una inmobiliaria que también la acusa de coaccionarla con sanciones para evitar el desahucio de un inquilino vulnerable. Esta última la interpuso la misma abogada que presentó la querella por coacciones del fondo de inversor Vauras, que la juez archivó la semana pasada en un auto en el que reprochaba a los denunciantes que intentaran involucrar penalmente a la exalcaldesa en busca de un "efecto mediático" por estar en desacuerdo con sus políticas de vivienda.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles una reforma "inmediata" de la Ley del Poder Judicial para después reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de forma que los jueces elijan a los jueces. Sin embargo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de tener "alergia" a la independencia judicial, al tiempo que le ha acusado de "bloquear" la designación del miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde al PP y que debe elegir el Senado, informa Europa Press.

"Estoy a favor de una reforma inmediata de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en base a esa reforma, inmediatamente renovar y actualizar el Consejo General del Poder Judicial", ha declarado Feijóo en su intervención en el el IV Foro Internacional Expansión que, presidido por el Rey, se celebra en el Parador de Turismo de Alcalá de Henares.

Feijóo ha rechazado que se pueda llevar a cabo una renovación destinada a "volver a ocupar" el CGPJ con una serie de nombramientos, algo que, a su entender, "sería un flaco favor a la democracia española en este momento".

Al ser preguntado si se va a poder renovar en algún momento el CGPJ y que hay jueces que no son del PP o del PSOE, Feijóo ha recordado que el Grupo Popular registró a finales del año pasado una iniciativa en el Congreso para reformar la Ley del Poder Judicial y "cumplir esa vieja aspiración de España" que, a su juicio, ya es "inaplazable".

Según ha explicado, se trata de que de los 20 miembros del CGPJ, ocho de ellos —que que son juristas de reconocido prestigio— "se elijan en Cortes y 12 lo elijan entre "los 5.000 jueces y magistrados en España". "Llevamos desde el mes de diciembre proponiendo esto, que por otra parte es lo que insta a la Unión Europea", ha abundado.

Sin embargo, ha dicho que el problema del Gobierno actual es que tiene "alergia a la independencia del Poder Judicial", algo que, según ha dicho, se ha visto en otras instituciones como el CIS, el CNI o el Tribunal Constitucional.

Feijóo ha dicho que le "preocupa muchísimo" la "ocupación de las instituciones del Estado" por parte del Estado y ha citado como lo "más sangrante" lo que ocurre en el Consejo de Estado, que, según ha dicho, "es un aparcamiento de ministros cesados por el Gobierno de España". Así ha criticado que la presidenta de este órgano sea una exministra.

También se ha referido a lo ocurrido en el TC al nombrar al exministro de Justicia y a un alto cargo de Moncloa, al tiempo que ha criticado que el Gobierno esté "impidiendo" que otro miembro del Tribunal Constitucional cuyo nombramiento corresponde al Grupo Popular, esté "bloqueado". A su entender, esto es "una cosa inaudita en la democracia española y es que el Tribunal Constitucional está incompleto".

"Son 12 magistrados y hay 11 nombrados. Ese magistrado que le corresponde al Partido Popular lo está bloqueado en el Senado", ha señalado, para añadir que al Gobierno le "interesa ese bloqueo" porque se rompería el 7-4 actual y como hay magistrados que pueden ser recusados se podría producir "empate en las deliberaciones".

Las democracias son sistemas más robustos de lo que parece y perfectamente preparados para gestionar fallos de cualquiera de sus órganos. De hecho, esa capacidad de asumir disfunciones es uno de los rasgos que las caracteriza.

Si alguien considera que un tribunal no ha juzgado con arreglo a derecho, puede recurrir a otro superior. Si el Ejecutivo no actúa conforme a sus funciones, el legislativo puede desde negarse a convalidar un decreto ley hasta interponer una moción de censura, pasando por impedir mayorías para aprobar las leyes, etcétera. Si el legislativo no cumple su cometido de representar a la ciudadanía y deliberar los conflictos, ésta puede optar por otros representantes en la siguiente convocatoria electoral. Si los medios de comunicación mienten y pierden credibilidad, dejan de tener la confianza de la ciudadanía y no pueden complir con su objetivo de articular el debate público y aparecen otros medios u otros espacios que les disputan su cometido. Si los partidos políticos no son creíbles, no agregan los intereses de la sociedad, no son capaces de seleccionar a los mejores para los puestos de responsabilidad pública y no son útiles para solucionar los problemas, surgen formaciones nuevas que lo intentarán por otras vías. Si las organizaciones sindicales, empresariales y sociales no consiguen dar respuesta a las expectativas de quienes dicen representar, pierden capacidad de negociación y acaban en la irrelevancia, siendo sustituídas por otros mecanismos.

Cada uno de estos problemas pueden darse en grados distintos, pero para cada uno de ellos el sistema de contrapesos de las democracias liberales tiene respuestas que permiten gestionarlos. Lo que no está tan claro es qué ocurre cuando dos o más de esos poderes están fallando, cuando el problema no viene tan sólo de uno de los actores fundamentales de la democracia, sino de varios de ellos. Eso es lo que nos tiene, a la hora de escribir estas líneas, conteniendo la respiración ante lo que el Tribunal Constitucional pueda decidir respecto a la posibilidad de que se vote en el Senado la enmienda que cambia su forma de elección, y lo que puede ocurrir después, terreno nunca explorado y que puede desembocar en situaciones realmente graves.

A este momento se llega tras cuatro años de negativa del Partido Popular a cumplir con su deber constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Se han esgrimido todo tipo de excusas: desde la discrepancia con la forma de elección –vigente desde hace décadas y utilizada sin protesta alguna para configurar el actual CGPJ de mayoría conservadora– hasta la cercanía de elecciones autonómicas en Cataluña, pasando por el veto a participar en el acuerdo a los representantes de Podemos. Nada era cierto. En el fondo, el boicot del Partido Popular a la renovación del CGPJ viene motivado porque allí reside buena parte del poder en España, y allí se dirimen asuntos de vital importancia. Tanto, que la derecha, tanto política como judicial, no está dispuesta a que las mayorías emanadas de las últimas elecciones generales se reflejen en la composición del gobierno de los jueces. Es un plante a la más elemental lógica de la democracia representativa.

A este incumplimiento de sus obligaciones por parte del Partido Popular se ha unido la rebelión paralela nada menos que del CGPJ y el TC. El primero, además de ser incapaz de desbloquear la situación, ha incumplido su obligación de proponer magistrados para el Constitucional. El segundo, planteando la posibilidad de convocar un pleno antes de que se votaran las enmiendas de la discordia, ha irrumpido abruptamente en la sede de la soberanía popular.

Tampoco ha ayudado la técnica escogida por el Gobierno para hacer reformas de calado como la que se plantea con la renovación del Tribunal Constitucional, la derogación del delito de sedición o la reforma del de malversación. Por mucho que se haya hecho siempre, y que lo hagan todos, legislar de esa manera está muy lejos del respeto institucional debido. Si nos escandalizamos en noviembre de 2018 con el mensaje de Cosidó de “tomar el Supremo por la puerta de atrás”, esto no deja de ser legislar asuntos trascendentales por la puerta de atrás también, aunque hay que preguntarse qué opciones tenía el Gobierno una vez bloqueada, como está, la renovación del CGPJ y del TC.

El problema de que la izquierda, acorralada por una parte de la derecha que incumple sus obligaciones constitucionales, actúe de la misma manera que ésta, es que pierde razones para criticar a la otra bancada y apoyos ante su propio electorado, siempre más exigente. Es posible que los dirigentes progresistas piensen, y tendrán razón, que cuando toque llamar a las urnas, la evidencia del comportamiento de los conservadores unirá y movilizará a la izquierda, y así ha sido en otras ocasiones. La mala noticia es que por el camino van quedando dosis de credibilidad política, argamasa en la que se fundamenta la democracia. De ello dan testimonio desde los Eurobarómetros hasta cualquier estudio de opinión mínimamente serio.

En el fondo de todo esto, como están reflejando estos días numerosos análisis, se encuentra la incapacidad de una buena parte de la derecha de entender que las instituciones no son suyas, de asumir que en democracia gobiernan las mayorías parlamentarias sancionadas en las urnas, y de la negativa a cumplir con su papel como pieza esencial del sistema que es la oposición.

Otros análisis inciden en la escalada verbal, en la tensión generada en esa burbuja político—mediática que es el interior de la M-30 madrileña (no confundir con polarización), en la desafección que esto genera para beneplácito de la extrema derecha (no perderse este artículo de Angel Munárriz), y en efecto todo esto está ahí. Pero la base, lo que nos ha traído a esta situación de fallo multiorgánico, es la incapacidad de buena parte de los líderes de la derecha para entender y asumir los principios democráticos. Si el primer día que Sanchez toma posesión le acusas de presidir un Gobierno ilegítimo, lo siguiente es acusarle de golpista, como se está haciendo estos días. ¿Qué será lo próximo?

Cuando lean estas líneas la democracia española estará pasando uno de sus mayores test de estrés: comprobar si es capaz de hacer frente a un fallo multiorgánico. Esperamos que alguien, en algún sitio, esté hablando con alguien, y buscando fórmulas para evitar un desenlace que no sabemos adónde nos puede llevar. 

El jurista Carlos Castresana (Madrid, 1957) conoce a fondo el funcionamiento de los estamentos judiciales en España. Ejerció la abogacía, desempeñó la magistratura e ingresó finalmente en el Ministerio Fiscal. Ha desarrollado una extensa carrera profesional, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, y ha recibido multitud de galardones como el premio nacional de Derechos Humanos. Respecto a la situación que vivimos estos días en nuestro país, entiende que todo está contaminado por los procesos electorales que se avecinan. Apuesta decididamente "por que se resuelvan los problemas políticos en el ámbito de la política y terminen no llegando a los tribunales" y asume la necesidad de "normalizar la situación del propio poder judicial para que las aguas vuelvan a su cauce". Sin embargo, advierte que "no parece que vaya a pasar en las próximas semanas y meses". 

"Las declaraciones o las tomas de posición que estamos escuchando estos días en algunos medios de comunicación o por parte de algunos representantes políticos, de que estaríamos siendo conducidos hacia una especie de golpe de Estado del Gobierno contra las instituciones, son como mínimo exageradas, no se corresponden con una situación de normalidad que existe en la sociedad española. Todo el mundo tiene su trabajo, cumple su horario, las instituciones funcionan y hay tensión, que creo que hay que poner en el contexto de las elecciones del año que viene. Me parece que esa expresión es particularmente desafortunada, como cuando se dice que el partido de la oposición está también propiciando un golpe de Estado en el Consejo General del Poder Judicial".

"Lo que está ocurriendo se llama filibusterismo. Cuando un partido no dispone de los escaños suficientes en el Parlamento para imponer sus proposiciones mediante votación, lo que hace es procurar sabotear las proposiciones del que tiene la mayoría. La situación en el CGPJ y en el Tribunal Constitucional en este momento deja mucho que desear porque se supone que son instituciones del Estado, no de los partidos y, por lo tanto, se les supone que tienen como prioridad servir a los intereses generales. Y por desgracia estamos viendo en algunos casos que eso no está siendo así al nivel que debería. Pero insisto, no hay que alarmarse por esas declaraciones verdaderamente extravagantes, porque el país está funcionando y porque hay que ponerlo en el contexto de que los partidos están tomando posiciones frente a la confrontación electoral que viene el próximo año".

"Hay un gran desconocimiento de los ciudadanos respecto de qué es el poder judicial, para qué sirve y sobre todo respecto al Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ es el órgano de gobierno que se encarga de todas las funciones orgánicas de funcionamiento de los tribunales, hace los nombramientos de los jueces que tienen que integrar cada uno de los tribunales y, en este momento, tiene que designar dos magistrados del Tribunal Constitucional. Como se trata de un consejo que fue elegido hace, me parece, ocho o nueve años, su mandato está expirado. Los vocales no tienen la representatividad que deberían tener y el partido de la oposición viene bloqueando la renovación de esos 20 vocales desde hace cuatro años; su mandato está expirado. Ese mandato, cuando fue elegido el Consejo, favorecía a esa mayoría conservadora, y ahora no quieren que se elija una progresista. Esa situación de bloqueo se tendría que terminar".

"Creo que el Gobierno se ha equivocado, porque ha intentado una y otra vez lograr consensos, cuando está claro, después de varios años y de distintos liderazgos, que el PP no quiere llegar a un acuerdo. Me parece que habría que ser más transparentes y explicar en Europa qué es lo que está pasando y, después, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, no solamente para que ahora puedan elegir a los dos magistrados que hay que nombrar para el Tribunal Constitucional sino simplemente para renovar los 20 vocales del CGPJ. Y no hay mancha alguna desde el punto de vista democrático en que se les siga eligiendo por el Congreso y por el Senado y que se haga por mayoría cualificada en primera votación. Pero si no se pueden conseguir los dos tercios o los tres quintos en la primera, entonces en una segunda votación los candidatos serían elegidos por mayoría absoluta explicando que esta situación es insostenible".

"Lo que hay que hacer es poner en marcha el procedimiento de elección. Si no se pueden conseguir las mayorías, porque la minoría de la oposición se utiliza para bloquear el proceso, hay que cambiar ese sistema de mayorías. No me cabe ninguna duda. Lo que no puede ser es que estemos, como estamos ya desde hace varios años, con un órgano constitucional bloqueado, con el mandato expirado y con vocales que siguen ejerciendo como tales y que ya no lo son legalmente, porque su mandato terminó. Es como si el Gobierno dijera que han pasado los cuatro años de la legislatura pero que, como no encuentra que haya condiciones idóneas para hacer elecciones, entonces decide seguir gobernando y que los diputados sigan siendo diputados cuatro, cinco, seis o siete años. No, perdóneme, usted fue elegido por cuatro años y el día que cumple los cuatro usted cesa. Y con los vocales del Poder Judicial y con los magistrados del Tribunal Constitucional tiene que ocurrir exactamente eso".

"Hay una mayoría suficiente en el Congreso y en el Senado para cambiar la ley si no está funcionando, porque determinadas previsiones, que se hicieron hace años en una situación distinta, están permitiendo ahora, no que la institución funcione, sino que quede bloqueada. Entonces hay que cambiar la norma para desbloquearla y eso hay que explicarlo con toda la claridad y con toda la transparencia. Y hay que explicarlo, sobre todo, en Europa. Hay que ir a Bruselas, hablar en el Parlamento Europeo y en las distintas instituciones de la Unión y explicar lo que está pasando. Porque, por otra parte, se producen declaraciones muy escandalosas de medios de comunicación afines a la oposición política, diciendo que el Gobierno está propiciando un golpe de Estado contra el Poder Judicial. Eso es un disparate, pero hay que explicarlo con pedagogía para que los ciudadanos y las instituciones europeas lo entiendan". 

"El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y es un órgano, por lo tanto, que arbitra las controversias entre los poderes del Estado. No es propiamente un poder del Estado. El Tribunal Constitucional, normalmente, en todos los países de nuestro entorno, se limita a declarar si un acto, una decisión, una ley o una sentencia son conformes o no a la Constitución. Y si declara que no lo son, entonces el órgano concernido tiene que tomar las medidas oportunas. Ahora mismo se está planteando si el Tribunal Constitucional suspende o no actos del poder legislativo, del ejecutivo o del judicial. A mí me parece que esa medida es contraproducente. El TC tiene que seguir siendo el árbitro y no un jugador en el partido, porque si el árbitro juega, entonces todo el partido deja de jugarse como está mandado".

"Hay que intentar normalizar la situación en Cataluña. También en el sentido de que me parece que la respuesta judicial, y había varias interpretaciones posibles en el Código Penal a lo que ocurrió durante el procés, fue desproporcionada y que las calificaciones jurídicas, primero de rebelión y luego de sedición, eran exageradas para lo que pasó que, básicamente, era una situación de sistemática desobediencia por parte de las instituciones catalanas y algunas situaciones de desórdenes públicos. Si el propósito es normalizar Cataluña, eso me parece loable. Eso creo que redunda en el interés de todos los españoles. Pero la técnica legislativa hay que afinarla mucho para que no vaya a salir, como ha pasado con lo de la ley del solo sí es sí, el tiro por la culata. Espero que lo estén haciendo bien y que lo que resulte aplicable satisfaga ese objetivo político. Pero la ley y la política a veces no conviven bien e intentar judicializar situaciones políticas lo que consigue al final es politizar las instituciones".

"Al principio del procés debió haber más diálogo, alguna vía de acuerdo político. Como no la hubo, se llegó a la confrontación política que fue desplazada después al ámbito judicial. La consecuencia fue la politización de la justicia. Se intentó resolver un problema político con criterios judiciales, pero los jueces normalmente no dibujan con un trazo muy fino. Las penas son demasiado fuertes, no se aplicó la proporcionalidad adecuada, en mi opinión. De manera que la judicialización de la política termina produciendo la politización de la justicia. En ese punto estamos. Vamos a ver si somos capaces de separar ambos ámbitos. Que la política vaya por sus derroteros y la justicia se despolitice en la medida en que podamos renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, que el nuevo Consejo elija a los magistrados que están faltando en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo y volvamos un poquito a la vida normal, lo cual empezará probablemente el día siguiente de las elecciones. Sea cual sea el resultado de éstas". 

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo recibirá este miércoles al rey Felipe VI, al nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para la apertura del año judicial 2022-2023, la cuarta consecutiva que se celebra con el órgano de gobierno de los jueces en funciones.

Aunque el monarca y el presidente del CGPJ coinciden en el acto solemne desde 2014, será la primera vez que García Ortiz acuda al evento como fiscal general, cargo que prometió en agosto, tras reemplazar a Dolores Delgado, y del que tomará posesión este mismo lunes en la Fiscalía y el Supremo.

Como en los últimos cuatro años, Lesmes repetirá ante la imposibilidad de los grupos parlamentarios de llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ, que se encuentra con el mandato caducado desde finales de 2018. Se prevé que, como ha hecho en discursos anteriores, el presidente del Consejo ponga de relieve la situación de interinidad.

El año pasado, Lesmes calificó la situación de "insostenible" para la judicatura e instó a las fuerza políticas a que dejaran este asunto fuera de la "lucha partidista" y llegaran a un acuerdo en "las próximas semanas". En aquella ocasión, insistió en que esta anomalía se debía a "causas que le son completamente ajenas" y recordó que son el Congreso y el Senado quienes deben nombrar a los nuevos vocales cada cinco años, un plazo que no es "meramente orientativo", sino que "están obligados" a respetarlo.

Otros 365 días han pasado y los partidos aún no han alcanzado un acuerdo que permita renovar el CGPJ. En el camino, las asociaciones de jueces elevaron la situación ante el comisario europeo de Justicia; la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho visitó España urgió a la renovación e instó a estudiar el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo para que se ajuste a los estándares europeos; y el PP cambió de liderazgo. Los nombramientos de los nuevos vocales, sin embargo, siguen sin llegar.

Ahora, a la polémica de un CGPJ caducado se suma el mandato expirado de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que corresponde renovar a partes iguales, con dos cada uno, al Gobierno y al órgano de gobierno de los jueces.

Este año, la inauguración del curso judicial tendrá lugar un día antes de que el CGPJ celebre el Pleno extraordinario que se convocó para pactar el nombre de los dos magistrados al Constitucional que le corresponde designar.

Lesmes ha advertido de que, si bien lo ideal es que en ese mismo cónclave se llegue a un acuerdo, algo a lo que ha exhortado a los vocales, no puede garantizar que así sea, dado que los dos candidatos al TC deben recabar al menos 12 votos favorables de los 19 en juego.

El CGPJ podrá cubrir estas vacantes en el tribunal de garantías después de que el Gobierno impulsara una reforma legal que le ha devuelto al órgano de gobierno de los jueces su facultad de, estando en funciones, realizar nombramientos en la cúpula judicial, aunque solo la que corresponde al Constitucional. Dicha reforma deja fuera la posibilidad de efectuar nombramientos en el Tribunal Supremo, que ya en octubre avisó de que el hecho de no cubrir las vacantes implicaría que al año se realizasen 1.000 sentencias menos.

Las cuatro asociaciones de jueces, ante las "reiteradas manifestaciones de cargos públicos que cuestionan las resoluciones judiciales", han pedido a los representantes de los partidos políticos que respeten las sentencias y no "menoscaben" el prestigio de las instituciones, "especialmente la independencia judicial".

En un comunicado emitido este lunes, recogido por Europa Press, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han hecho un "llamamiento a la prudencia" de los políticos "de cualquier signo" para "actuar con especial sensatez y moderación" ante los fallos de los juzgados y tribunales.

Han subrayado que aunque coinciden en la "necesidad" de que las resoluciones judiciales "estén sometidas a crítica, como parte de un fundamento esencial de nuestra cultura democrática", no hay lugar para los ataques contra la Justicia.

"Lamentablemente, en estos casos no se aportan argumentaciones jurídicas, sino que la crítica se centra en el cuestionamiento genérico del tribunal o en descalificaciones personalizadas de sus integrantes", han señalado.

Caso Echenique

Aunque en el comunicado no han hecho mención a ningún caso en específico, la AJFV ha explicado a través de su cuenta de Twitter que "el último ha sido el señor Pablo Echenique, pero los ataques y descalificaciones a la Justicia vienen de atrás".

El pasado viernes, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Leganés por la que se condenaba Echenique y al secretario de comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo, por intromisión ilegítima en el honor de un joven que fue asesinado en esa localidad.

Este fin de semana, el portavoz de la formación 'morada' en el Congreso aseguró en su cuenta de Twitter que "explica muchas cosas de este país" el hecho de que el juez que le condenó "sea pariente del marido de (María Dolores de) Cospedal y haya apadrinado su boda los condes de Barcelona".

Echenique también insistió en que "a lo largo de más de 35 años, diferentes medios de comunicación dieron veracidad a una mujer que dijo haber sido violada... y nunca pasó nada". Y añadió: "Hasta que llegamos dos de Podemos a darle veracidad... entonces 80.000€ de indemnización y aviso a navegantes".

En este sentido, las cuatro asociaciones firmantes han exhortado a los dirigentes a que "se abstengan de llevar a cabo actuaciones que menoscaben el prestigio de las instituciones, especialmente la independencia judicial". Además, les han pedido que "contribuyan" su reforzamiento desde los puestos de responsabilidad que ocupan.

España se arriesga no sólo a perder los fondos europeos de reconstrucción sino a ser sancionada como Poloniasancionada si no acepta cambiar la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que doce de los 20 vocales de este órgano sean elegidos directamente por los jueces sin participación alguna del Congreso y el Senado.

Esta es la tesis que sostiene el líder del PP, Pablo Casado. La misma que ha defendido en varias ocasiones en reuniones al más alto nivel del PP europeo, en presencia de primeros ministros como Angela Merkel o de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

Esta misma semana volvió a insistir: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aseguró en una entrevista emitida por la la cadena COPE, propiedad de la iglesia católica, acaba de decir “que al menos la mitad del Consejo del Poder Judicial de Polonia tenía que ser elegido directamente por los jueces”. Es, según Casado, una sentencia que dice “exactamente lo que estamos pidiendo: que renovemos el CGPJ permitiendo que los jueces elijan a los jueces”, remarcó. “La sentencia de Estrasburgo sobre lo que ha pasado en Polonia lo deja muy claro”, había dicho el lunes en un acto en Pamplona.

La realidad es muy distinta. La situación en Polonia, que en julio dio lugar a una resolución del TJUE exigiendo la suspensión cautelar de las medidas adoptadas en aquel país en materia judicial, no tiene nada que ver con el bloqueo que sufre el CGPJ en España por más que Casado compare una y otra vez ambas situaciones.

El conflicto entre la UE y Polonia se remonta a 2020, cuando Bruselas abrió un expediente disciplinario al gobierno ultraconservador de Varsovia después de conocer la reforma del Poder Judicial que había puesto en marcha. La norma se conoce popularmente como ley bozal porque prevé medidas disciplinarias contra los jueces que acudan al Tribunal de Justicia de la UE para plantear cuestiones prejudiciales sobre normas polacas, algo que socava, en opinión de la Comisión Europea, “la independencia de los jueces y viola el Derecho comunitario”. Las sanciones, de acuerdo con la reforma polaca, se dictarían a través de una sala especial que la UE no considera independiente.

A petición de Bruselas, el TJUE dictó en julio una resolución de medidas cautelares para que, en tanto no dictara sentencia definitiva, el Gobierno de Polonia suspendiese la aplicación de la reforma. El régimen disciplinario impuesto en Polonia, decía aquel auto, “permite que el contenido de las decisiones judiciales adoptadas por los jueces de los tribunales ordinarios sea calificado como infracción disciplinaria, por lo que podría ser utilizado para ejercer control político sobre las decisiones judiciales o para ejercer presión sobre los jueces con el fin de influir en sus decisiones y podría socavar la independencia de los tribunales en cuestión”.

“La mera existencia de disposiciones nacionales que permitan que el sistema disciplinario sea utilizado como sistema de control político del contenido de las resoluciones judiciales puede suscitar dudas en el ánimo de los justiciables y de los demás Estados miembros en cuanto a la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, lo que podría ocasionar un perjuicio grave e irreparable”, aseguraba el auto.

Pero el Ejecutivo polaco hizo caso omiso de la resolución del TJUE, lo que obligó a la Comisión Europea a pedir sanciones. Y eso es exactamente lo que acaba de determinar el tribunal: una multa de un millón de euros diarios a Polonia multahasta que suspenda el régimen disciplinario impuesto a los jueces del país.

El auto, firmado por el vicepresidente del TJUE, recuerda que las medidas provisionales dictadas el 14 de julio deben ser respetadas para evitar un daño “grave e irreparable” al orden jurídico de la Unión Europea y a los valores que cimientan la Unión, “en particular el Estado de derecho”.

La sanción diaria se aplicará a partir de este jueves y hasta que Polonia cumpla con las medidas cautelares dictadas en julio o hasta que el Tribunal, con sede en Luxemburgo, dicte sentencia definitiva sobre el caso.

Varsovia mantiene desde hace tiempo que trabaja en una nueva reforma para antes de que acabe el año y que entre los cambios que pondrá en marcha figura la supresión del régimen disciplinario denunciado por Bruselas. Pero eso no es suficiente, en opinión del tribunal, porque la “intención de anular, de aquí a un año, una serie de medidas” no supone “evitar, a falta de medidas inmediatas”, el perjuicio "grave e irreparable" al orden jurídico de la UE.

El caso del CGPJ

El caso del CGPJ, en cambio, no tiene nada que ver con el de Polonia. No sólo porque no existe iniciativa alguna de Bruselas en relación a la legislación española, ni judicial ni política, sino porque lo que la Unión Europea ha pedido a España, más allá de haber hecho una reflexión general sobre la conveniencia de que este tipo de órganos sean elegidos por los jueces, es que los partidos cumplan con sus responsabilidades constitucionales y procedan urgentemente a renovar su composición, tal y como establece la Carta Magna.

En cualquier caso, y a diferencia de lo que sucede en Polonia con el régimen disciplinario impuesto a los jueces, en España no está en peligro la independencia del Poder Judicial, como han reconocido en numerosas ocasiones el PP y el propio Casado. Porque la independencia de los jueces es personal. No está afectada por la composición del CGPJ, sean sus vocales elegidos parcialmente por los jueces, como propone la derecha, o por el Congreso y el Senado a partir de las propuestas de los jueces, como lleva ocurriendo desde 1985 sin que eso haya supuesto nunca ningún problema para el PP cuando estaba en el Gobierno.

“Los jueces españoles son, somos, rabiosamente independientes”, aseguró la mano derecha de Casado en materia de justicia, Enrique López, juez antes de convertirse en consejero de Isabel Díaz Ayuso. “Más independientes que muchos de los jueces europeos: el 97% de los jueces en España le deben su cargo judicial a su mérito y csapacidad, a su antigüedad y a su especialidad. Y el 3% que nombra directamente el CGPJ”, añadió en la reciente convención del PP ante el propio casado, no son “ni menos capaces ni menos independientes ni con menos mérito”.

La renovación del Consejo no se ha llevado a cabo tal y como marca la ley porque Casado se niega a cumplirla a menos que el Gobierno acceda previamente a su reforma, algo que solo apoyan PP, Vox y Ciudadanos y que la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó en sesión plenaria hace apenas un mes.

Que los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) o los futuros vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tengan estrechos vínculos, bien conocidos, con el Partido Popular no compromete su prestigio ni su papel en las instituciones porque el verdadero problema no es que no sean independientes sino que no lo parezcan. Ese es el razonamiento con el que el PP de Pablo Casado defiende su decisión de aupar al TC a dos personas tan afines a este partido como Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.

La primera, actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es tan cercana al PP que hasta sus propios compañeros la recusaroncercana, junto a Enrique López, hoy mano derecha de Pablo Casado en Génova para temas relacionados con la justicia, de todos los tribunales que se iban a encargar de juzgar las distintas piezas del caso Gürtel. Y el segundo, letrado de las Cortes y abogado especializado en derecho público, constitucional y administrativo en un despacho privado, no sólo es un colaborador habitual de la fundación FAES de José Maria Aznar sino que su nombre se ha visto comprometido en investigaciones por corrupción en Madrid e Illes Balears.

Tanto Casado como López han subrayado en numerosas ocasiones la importancia de que la renovación de los órganos constitucionales revista una “apariencia de independencia”. Algo que, según el líder del PP, se consigue simplemente eligiendo nombres que no hayan ejercido cargos políticos, aunque su relación con un partido sea tan obvia como la que tienen Espejel y Arnaldo.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, abundó en este razonamiento apenas unas horas después de cerrar, en conversaciones directas mantenidas con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, los nombres elegidos para el Constitucional, el Tribunal de Cuentes, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

“Planteamos criterios objetivos”, señaló, como “que nadie que hubiese ejercido la política hace un tiempo, o que estuviera activamente en ella, pudiera estar en un órgano jurisdiccional”. “Teníamos que ponernos de acuerdo en profesionales de reconocido prestigio que pudieran reforzar estas instituciones”, porque “si nosotros damos una sensación de parcialidad, de politización, lo que estamos haciendo es debilitar institucionalmente España”.

¿Y qué es dar “sensación de politización”, según el número dos de Casado? Nombrar personas que, por mucho prestigio que tengan, han ejercido en algún momento responsabilidades en puestos políticos. Algo que, asegura García Egea, sugiere que “uno puede estar un día en la política y otro en un tribunal, juzgando sentencias que pueden afectar a los partidos”. Y eso que, añadió, haber estado en política no es algo malo, “si se ha hecho bien”.

“Gracias a estos criterios que hemos impuesto”, se jactó el secretario general del PP en una entrevista en Telecinco, “ya no hay ni atisbo de politización”.

El propio Casado se mostró igual de tajante a la hora de juzgar la trayectoria de Espejel y de Arnaldo, claramente vinculada a su partido. “Nuestras exigencias eran avanzar en la despolitización y en el prestigio profesional y la trayectoria de los candidatos, y creo que se ha cumplido”, declaró por la mañana poco antes de asistir a un acto en el centro de Madrid.

Lo importante, en opinión del líder del PP, es avanzar “en la independencia de los órganos judiciales” y también, “en este caso”, de “dos órganos jurisdiccionales que no son nombrados por los jueces porque no son poder judicial”.

Para conseguir esa independencia, razonó, “teníamos que proponer candidatos de prestigio y nosotros proponíamos también que no fuesen políticos en ejercicio, ni siquiera expolíticos, ya que por ejemplo el Tribunal de Cuentas tiene que supervisar la labor de los partidos políticos y sus fundaciones y el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución”.

“Fuera de toda duda”

“Eso se ha cumplido. La trayectoria de todos los que se ha propuesto está fuera de toda duda”, concluyó obviando la afinidad de Espejel y Arnaldo, los dos nombres propuestos por el PP, con su partido.

Casado no se quedó ahí. Apenas unos segundos después de afirmar que el acuerdo sobre el TC es “positivo porque hace falta reforzar las instituciones en España” pero también porque “la Constitución nos obliga”, aseguró su intención de seguir incumpliendo la ley que le obliga a negociar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial a menos que el Ejecutivo acceda a sus exigencias y, en contra de la voluntad mayoritaria del Congreso, acepte cambiar la legislación para que sus miembros sean elegidos de otra forma.

Consciente de que aunque se cambiara la ley la renovación del actual CGPJ debe llevarse a cabo siguiendo la normativa actual, lo que exige un acuerdo entre el Gobierno y el PP, Casado quiere que se aplique el mismo criterio que con el TC. “Reforzando la independencia” de los vocales por el mecanismo no de evitar aquellos que tengan vínculos conocidos con los partidos sino aplicando el criterio de que nunca hayan desempeñado cargos políticos, que es como él siempre ha defendido que el CGPJ tenga “apariencia de independencia”.

En todo caso, repitió, el PP no pactará la renovación del Consejo a menos que el Gobierno acepte reformar antes la ley para que en el futuro 12 de los 20 vocales que en la actualidad seleccionan el Congreso y el Senado por mayoría reforzada a partir de las propuestas que les hacen llegar las asociaciones de jueces sean elegidos directamente por los propios jueces sin participación alguna del poder legislativo.

“El Gobierno lo que tiene que hacer es aceptar la renovación del CGPJ modificando la ley orgánica [del Poder Judicial] para que los jueces elijan a los jueces”, insistió. “No hay alternativa. No se puede dar esa imagen de que no se respeta la justicia”, remarcó.

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Pablo Casado sostiene que las tres veces que el PP habló en los últimos años con el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la negociación fracasó por culpa del Ejecutivo. Y para intentar demostrar que la culpa del bloqueo que sufre la institución es de Sánchez, el jefe de la oposición quiso detallar este martes lo ocurrido en los últimos tres años durante una intervención organizada por Nueva Economía Fórum en un lujoso hotel de Madrid. “Para dejar claro de una vez que el PP ha hecho todo lo que ha estado en su mano para la renovación”, explicó. Sus explicaciones, sin embargo, no se corresponden con los hechos.

Primer intento: el PP da marcha atrás

Casado sostiene que a la semana de convertirse en el nuevo líder del PP, en el verano de 2018, en una reunión con Pedro Sánchez en Moncloa, el presidente le transmitió que “el Tribunal Supremo acababa de poner en marcha el proceso de renovación” del Consejo. Y que, por tanto, “teníamos que regirnos por la ley” vigente. “Yo lo que le dije es que en mi programa electoral” llevaba “la reforma del procedimiento de elección del CGPJ”, pero que entendió “que si estaba iniciado el proceso”, una reforma de la ley no sería de aplicación en el momento actual y por eso aceptó negociar la renovación.

“La razón por la cual ese primer intento de negociación no se llevó a buen término”, asegura Casado, “es que la ministra de Justicia [Dolores Delgado] filtró el nombre del que iba a ser propuesto para presidente del Tribunal Supremo antes incluso de que estuvieran nombrados los vocales”. Aquello, afirma el líder del PP, supuso “una auténtica injerencia en la libertad que tenía el Parlamento de nombrar a los vocales y de los vocales [a la hora] de nombrar a su presidente. Eso hizo que saltara por los aires la negociación”, sostiene.

En realidad lo que provocó la ruptura, en noviembre de 2018, fue la decisión del juez Manuel Marchena de renunciar a la presidencia del CGPJ cuando se conocieron las maniobras del PP para controlar este órgano través de los mensajes de WhatsApp de su entonces portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó.

El paso atrás de Marchena, incómodo con unos mensajes que le situaban en la órbita del PP, desbarató la renovación del Consejo cuando la negociación ya estaba cerrada y había una lista de nombres que se iban a votar en el Congreso. De hecho, algunos de los candidatos a vocales ya habían comparecido en la comisión correspondiente del Congreso. Prueba de ello es que el PP no rompió las negociaciones cuando se supo que Marchena iba a presidir el Consejo (el 12 de noviembre) sino ocho días después, una vez que el magistrado ya había renunciado al puesto a la vista de los mensajes comprometedores de Cosidó.

Aquel Consejo iba a tener un presidente conservador (Marchena) pero mayoría progresista (11 a 9) y a Casado le gustaba mucho. Lo dijo públicamente antes de que todo se fuera al traste al elogiar su composición y subrayar la “independencia" y la "extraordinaria profesionalidad" de los magistrados y juristas candidatos. Especialmente de Marchena, "un jurista de los mejores que haya tenido España en las últimas décadas" que cuenta con "el respeto de toda la profesión”, aseguraba entonces el líder del PP.

Segundo intento: el PP culpa a Podemos

El segundo intento tuvo lugar en verano de 2020 y, según Casado, antes de esa fecha “nadie preguntó por la renovación de los órganos constitucionales porque en funciones [como estuvo el Gobierno casi todo 2019] y en estado de alarma no se pueden renovar”.

Tampoco es del todo verdad. El propio líder del PP se ofreció en enero de 2020, en una entrevista en televisión, a negociar la renovación a cambio de una “despolitización” de la justicia en general que entre otras cosas impidiese que en el futuro la Fiscalía General del Estado pudiese ser ocupada por alguien que haya ejercido responsabilidades políticas en los cuatro años anteriores a su nombramiento. Y pedía también la tipificación del delito de referéndum, y cambios en la regulación de las euroordenes. Incluso el CGPJ confiaba por aquellas fechas, a comienzos de 2020, en que la renovación se llevase a cabo en los primeros meses del año. Pero la pandemia lo paralizó todo.

De acuerdo con el relato de Casado, “en verano de 2020 hicimos el segundo intento de renovación de órganos constitucionales. Y mantuvimos la misma y única exigencia: la despolitización y el refuerzo de la independencia”.

En aquel momento, asegura, “llegamos a un acuerdo en cuatro puntos fundamentales: imparcialidad de la Fiscalía, se acaba en la siguiente elección nombrar a políticos, mayoría reforzada de tres quintos para cualquier decisión dentro del Consejo” con el objetivo de poner fin a las “mayorías supuestamente conservadoras y progresistas” y que no se permitiese “el nombramiento de políticos para vocales juristas y de jueces por el turno de juristas”.

Casado sostiene que en esa ocasión no exigió “la despolitización del sistema” porque el Gobierno argumentó que en “una democracia cuando ganas cambias la ley pero hasta entonces tienes que acatarlo. Y lo acatamos. Fuimos generosos”, subrayó.

“¿Y qué pasó?”, recuerda el líder del PP. “Que Podemos, cuando [este partido] fue imputado, se descolgó con una declaración no sólo contra el jefe del Estado sino contra el Poder Judicial diciendo que tenía que estar al servicio del Gobierno del cambio. Preguntamos por Podemos, nos dijeron que tenía que formar parte de la negociación, no nos negaron que fuese para poner [el CGPJ] al servicio del Gobierno del cambio y por supuesto que nos levantamos” de la mesa. “Se malogró el segundo intento por la única condición: reforzamiento de la independencia”, concluye.

En realidad aquella negociación se frustró cuando aún estaba en una primera fase por decisión del PP con la excusa de que el entonces líder de Podemos y vicepresidente tercero, Pablo Iglesias, había defendido la apertura de un debate público sobre la abolición de la monarquía coincidiendo con la decisión del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, de abandonar España. Fue el 3 de agosto, nueve días antes de que Podemos criticase al juez que decidió imputar al partido por el llamado Caso Neurona. Y, según el PP, a raíz de aquellas declaraciones Casado ya transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno “arremetiendo contra la Jefatura del Estado”. Aunque no fue hasta el 14 de agosto que el PP se levantó oficialmente de la mesa.

Tercer intento: los vetos del PP desbaratan el acuerdo

El tercer tiento es de marzo de este mismo año. Según Casado, el Gobierno volvió “a aceptar las cuatro premisas” del verano de 2020” y sobre la quinta, la reforma de la ley, “dijeron que hacían una subcomisión para estudiarla”. “¿Y por qué saltó la negociación? Porque propusieron a un juez que quería entrar por el turno de juristas, incumpliendo una de las condiciones, y a una jueza política en ejercicio incumpliendo otra condición”.

Efectivamente, fue el PP el que bloqueó aquel intento vetando esos dos nombres bloqueó(el PSOE no puso impedimentos a ninguno de los que planteó el principal partido de la oposición). Pero lo cierto es que la negativa de Casado no tiene base legal: nada más allá del veto del PP impide que la juez Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, sea nombrada vocal. Como tampoco que el magistrado José Ricardo de Prada sea nombrado por el turno de juristas porque, como establece el artículo 122.3 de la Constitución, tiene la condición de “jurista de reconocido prestigio”.

De Prada fue uno de los magistrados que firmó la sentencia sobre la primera época de actividades de la trama Gürtel,  trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo, y Rosell formó parte de las candidaturas de Podemos al Congreso de los Diputados.

Casado remató sus explicaciones diciendo que el PP decidió hacer de la reforma de la ley condición sine qua non de cualquier nueva negociación el pasado mes de julio porque fue entonces cuando “llegó la resolución de la Comisión Europea que dice claramente que cualquier reforma tiene que hacer que la mayoría de los miembros de los consejos sean elegidos por sus pares”. A partir de ese momento “exigimos la reforma” de la ley: “Europa ha hablado, exigimos lo mismo que dicen la Constitución y los estándares europeos”.

Sigue sin ser cierto. La Constitución no exige que la mitad de los miembros del CGPJ sean elegidos directamente por los juecesLa Constitución no exige sino que ocho sea designados por el Congreso y el Senado y el resto de acuerdo a lo que diga una ley (la vigente desde hace 36 años, con dos reformas posteriores, dice que también los nombran las Cámaras a partir de las propuestas de jueces y magistrados).

Y la Comisión Europea nunca se ha pronunciado diciendo lo que afirma Casado. Sí lo hizo en 2010, hace 11 años, el Consejo de Europa, un organismo de cooperación ajeno a la Unión Europea.

Sobre lo que sí se ha pronunciado Bruselas, a través de sus últimos informes anuales sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España, es precisamente sobre la necesidad de desbloquear lo antes posible la renovación del CGPJ.

“Los jueces son los que deben elegir a los jueces”. Esta frase, repetida hasta la saciedad desde hace meses, resume la posición que defienden a coro los tres partidos de la derecha española: el PP de Pablo Casado, los ultras de Santiago Abascal y Ciudadanos, liderado por Inés Arrimadas. Casado, cuyo partido es el único de los tres que puede bloquear la renovación de este órgano, ha llegado incluso a decir que la elección directa por parte de los jueces es un mandato de la Constitución. Y, ante la negativa de la coalición de Gobierno a suscribir ese criterio —en cumplimiento de la vigente Ley del Poder Judicial de 1985—, ha proclamado su intención de bloquear indefinidamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace casi tres años. “Que abandonen toda esperanza. Para renovar el Consejo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces”, proclamó la semana pasada.

Pero lo que dice Casado no es cierto. Ni tal cosa figura en la Constitución ni los jueces deben ser, necesaria y exclusivamente, los que elijan a doce miembros del CGPJ. En realidad este asunto ya lo resolvió el Tribunal Constitucional hace 35 años, el 29 de julio de 1986, en una sentencia que negó al PP (entonces todavía bajo la denominación de Alianza Popular) que el modelo de elección del Consejo —el mismo que está ahora vigente— fuese contrario a la Carta Magna.

La derecha no discute la elección de ocho de los 20 miembros del Consejo porque es la propia Constitución la que establece, en su artículo 122.3, que deben ser designados por el Congreso y el Senado. Lo que busca Casado con su argumento es imponer su criterio a la mayoría de las Cámaras y al Gobierno, para que sólo los jueces elijan a los doce miembros restantes del CGPJ sin participación alguna del legislativo. Quiere poner fin a la norma actual, que se ha aplicado con gobiernos del PP y del PSOE, según la cual Congreso y Senado deciden esos puestos, aunque no libremente: deben elegir a partir de una lista de medio centenar de nombres propuestos directamente por jueces y magistrados.

En contra de lo que el PP sostiene, no está en juego la independencia del Poder Judicial. Casado afirma que mantener el sistema actual atenta contra “la independencia judicial”. Su número dos, Teodoro García Egea, habla de la necesidad de “un órgano de gobierno de los jueces totalmente independiente del poder político”. Pero el TC, en su sentencia de 1986, dice claramente lo contrario: “Ni la autonomía ni la facultad de autogobierno” de los jueces y magistrados “se reconocen en la Constitución ni se derivan lógicamente de la existencia, composición y funciones del CGPJ”. Lo que la Carta Magna consagra es “la independencia de cada juez a la hora de impartir justicia”. El CGPJ no deriva de la “existencia de un autogobierno de los jueces” sino de la decisión de los constituyentes de “crear un órgano autónomo que desempeñe determinadas funciones, cuya asunción por el Gobierno podría enturbiar la imagen de la independencia judicial, pero sin que de ello se derive que ese órgano sea expresión del autogobierno de los jueces”.

La Constitución, recuerda el fallo del Alto Tribunal, “obliga, ciertamente, a que doce de los vocales del Consejo sean elegidos ‘entre’ jueces y magistrados de todas las categorías, mas esta condición tiene como principal finalidad que un número mayoritario de vocales del Consejo tengan criterio propio por experiencia directa sobre los problemas que los titulares de los órganos judiciales afrontan en su quehacer diario, de la misma forma que, al asignar los restantes ocho puestos a Abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión, se busca que aporten su experiencia personas conocedoras del funcionamiento de la justicia desde otros puntos de vista distintos del de quienes la administran”.

La rareza del modelo español

El TC dedicó espacio en su sentencia de 1986 a recordar que, en realidad, los Consejos de este tipo son una rareza en los países de nuestro entorno. De hecho sólo cita dos casos semejantes: la Constitución italiana de 1948 y la portuguesa de 1976. Y explica que, en el caso de España, el sentido del CGPJ es actuar de cortafuegos asumiendo “las funciones que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado”. Y aunque la existencia del CGPJ es, recuerda el Alto Tribunal, “una solución posible en un Estado de Derecho”, “no es su consecuencia necesaria ni se encuentra, al menos con relevancia constitucional, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos actuales”.

Por no tener, añade el TC, el CGPJ no tiene ni siquiera “carácter representativo”, algo que “ni se reconoce en el texto constitucional, ni se desprende de forma necesaria de la naturaleza del Consejo, al no ser éste órgano de una supuesta autoorganización de los jueces”.

Tampoco se sostiene la tesis del PP de que el modelo vigente “politiza la justicia”, como afirma Casado. “La verdadera garantía de que el Consejo cumpla el papel que le ha sido asignado por la Constitución en defensa de la independencia judicial”, razona la sentencia del TC, “no consiste en que sea el órgano de autogobierno de los jueces sino en que ocupe una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos”.

La independencia no depende del órgano que elige

El problema que señala Casado sólo se daría si los veinte vocales del Consejo fuesen “delegados o comisionados del Congreso y del Senado, con toda la carga política que esta situación comportaría”, sostiene el Constitucional. Pero en realidad “la posición de los integrantes de un órgano no tiene por qué depender de manera ineludible de quiénes sean los encargados de su designación sino que deriva de la situación que les otorgue el ordenamiento jurídico”. Y en el caso del Consejo ningún vocal está vinculado al órgano proponente”, remarca el TC. Por dos motivos: hay una “prohibición del mandato imperativo y existe “un plazo determinado de mandato (cinco años) que no coincide con el de las Cámaras y durante los cuales no pueden ser removidos”.

De hecho, la experiencia de estos años demuestra que los vocales elegidos por Congreso y Senado, aun teniendo perfiles progresistas o conservadores, no siempre votan siguiendo esa etiqueta ni de acuerdo con los intereses de los partidos que originalmente les propusieron para sus cargos.

La vigente regulación del CGPJ, concluye el TC, tiene como finalidad “asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial”. Eso es algo, reconoce, que se puede alcanzar “atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ”, pero no se debe “ignorar el riesgo” de que ese modelo acabe traspasando “al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido)”. Como tampoco puede “afirmarse” que el mecanismo actual haga imposible que el Consejo refleje ese pluralismo, sobre todo porque la ley “adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara” para elegir a los vocales.

El TC afirma la validez de la ley actual a pesar de reconocer los peligros que conlleva, que no se derivan de la ley, sino del hipotético mal uso que se haga de ella, puntualiza. “Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaría de estos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial”.

Pero “la existencia y aun la probabilidad de ese riesgo no es fundamento bastante para declarar la invalidez” del modelo actual de elección de los miembros del CGPJ, “ya que es doctrina constante de este Tribunal que la validez de la ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada a la Constitución”, lo que ocurre “en el presente caso”.

El líder del PP, Pablo Casado, aprovechó un acto de partido este viernes en Málaga para intentar culpar al Ejecutivo de Pedro Sánchez del bloqueo de más de 1.000 días que sufre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)bloqueo y salir al paso de lo que calificó como “una campaña de presión del Gobierno mintiendo”.

El jefe de la oposición pasó por alto, un día más, que la vigente ley obliga a los partidos a negociar la composición de este órgano —ocho puestos libremente, como establece la Constitución, y doce a partir de las propuestas de jueces y magistrados— y que su partido se niega a a hacerlo. En vez de eso, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber cambiado de criterio sobre el Consejo citando unas declaraciones suyas de hace siete años.

Fue en diciembre de 2014, recién elegido secretario general del PSOE, cuando Sánchez defendió que los “partidos dejemos de proponer candidatos y sea una mesa de expertos catedráticos quienes filtren los candidatos que son capaces de gobernar el gobierno de los jueces y que el Congreso decida libremente y no a instancias de los partidos políticos”.

Basándose en estas declaraciones, Casado se desentendió de la situación límite a la que ha llegado el CGPJ tras casi tres años en funciones: “El problema es suyo, no nuestro. El que ha cambiado de opinión es Pedro Sánchez, no yo”.

Y se reafirmó, acto seguido, en su decisión definitiva de seguir bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces, del que dependen entre otras cosas, como el régimen disciplinario, la realización de nombramientos discrecionales en la cúpula judicial: magistrados del Supremo y cargos de la Audiencia Nacional, así como de los tribunales superiores de justicia autonómicos y las audiencias provinciales. “Nosotros no nos vamos a mover”, advirtió. “Es Sánchez el que tiene que venir a donde estaba en la oposición”.

Si el PSOE cumple con las demandas del PP, remarcó, será posible llegar a acuerdo el próximo lunes, el mismo día en el que se inaugura el año judicial. “La pelota está en su tejado; no es mucho pedir: que los jueces elijan a los jueces”.

“Quien bloquea es Sánchez”

“Quien bloquea esto es Sánchez”, insistió. Como vendría a demostrar la ponencia del 40º Congreso del PSOE que, según él, consagra la decisión de no pactar nada ni con el centro derecha ni con la socialdemocracias en declive. Una afirmación falsa: en realidad, el texto que Casado citó en su intervención no dice eso sino que denuncia la política de “grandes coaliciones con el centroderecha” de la “vieja socialdemocracia en declive” y lo hace porque, según los redactores del documento, ha limitado las políticas de la izquierda a la gestión y ha impedido ejercer una verdadera “vocación reformadora”.

Sánchez, insinuó, quiere “mandar sobre los jueces” para “dar indultos”, acercar “presos etarras” y “probablemente tapar ciertas corruptelas que les molesta que se estén investigando en el Tribunal de Cuentas o ciertas incompatibilidades que ahora se estudian de la Fiscal General del Estado”.

Casado renegó incluso de la posición tradicional del PP, que siempre que gobernó aplicó la norma actual y negoció la composición del CGPJ de acuerdo con la ley. “Me da igual lo que hiciera en el pasado PSOE y me da igual lo que hiciera en el pasado el PP. Yo estoy aquí para defender mis principios”, proclamó. “Aquí estamos los que estamos y el compromiso que asumimos es el que asumimos nosotros”.

El líder de la oposición asegura que su decisión de romper las negociaciones que mantuvo con el Gobierno en los últimos tres años no obedeció a cambios de criterio, sino a la aplicación a casos concretos de su máxima de “despolitizar la justicia”. Decidiendo el PP, en cada caso, qué candidatos están contaminados por la política y cuáles no, como ocurrió con los sucesivos vetos que planteó a las candidaturas de la fiscal Dolores Delgado, la jueza Victoria Rossell o el magistrado José Ricardo de Prada. Y que el veto a que Unidas Podemos participase de las negociaciones también buscaba “despolitizar la justicia”. “Es falso que hayamos ido cambiando de excusas [sic]. Había una”, resumió.

En la misma intervención, Casado tuvo tiempo de referirse también al desempleo. Para jactarse del éxito de Andalucía en la creación de empleo y criticar, a renglón seguido, que el Gobierno de Sánchez saque pecho or el descenso del paro en toda España.

Y para criticar, después de meses exigiendo una mejora de las relaciones con Rabat, “el deshielo con Marruecos justo cuando están a la gresca con Argelia”. “Hubiera estado mejor llevarse bien con Marruecos cuando no estaba en plena guerra con su vecino, que es el que nos suministra todo el gas”, concluyó.

El nuevo curso político no ha movido ni un milímetro la posición de Pablo Casado en ningún asunto de actualidad. El líder del PP mantiene su bloqueo a la renovación de varios órganos constitucionales,mantiene en especial el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos miembros acumulan más de 1.000 días en funciones. Cuando fueron nombrados no sólo gobernaba el PP con mayoría absoluta: la infanta Cristina había sido imputada por el caso Nóos, Ana Botella era la alcaldesa de Madrid y acababa de pronunciar su icónico “relaxing cup of café con leche” y Barack Obama apenas si había comenzado su segundo mandato.

La evidencia de que la mayoría conservadora lleva gobernando a los jueces casi tres años a pesar de que el país giró a la izquierda en las elecciones de 2016 no es suficiente para que el PP cambie de postura. Su líder ha reiniciado el curso político más rocoso que nunca y ya el lunes advirtió al Gobierno con una de sus expresiones favoritas: Que “abandone toda esperanza” de renovar el CGPJ, proclamó en tono solemne en un acto político en Barcelona. A menos, eso sí, que se renueve de acuerdo con las reglas que el Partido Popular quiere imponer pese a representar apenas a la quinta parte de los electores españoles.

Casado, no obstante, admitió en el mismo acto que lo que él pretende —permitír a los jueces que elijan directamente a 12 de los 20 vocales del Consejo— no se puede hacer de acuerdo con la vigente ley. Tampoco de forma retroactiva, para el caso de que la mayoría del Congreso aceptase reformar la legislación para adaptarla a las exigencias del PP.

Así que su planteamiento, en realidad, se acerca mucho a una extorsión: si el Gobierno quiere renovar el CGPJ del único modo legalmente posible —aplicando la ley actual, que otorga al Congreso y al Senado capacidad para elegir a 12 vocales a partir de las propuestas que jueces y magistrados les hicieron llegar hace ya más de dos años y medio— debe aceptar una modificación de la ley que regula este órgano para que la próxima vez se elija a los vocales como quiere el PP.

Casado ni siquiera está dispuesto a negociar nada con el Gobierno: su posición es definitiva, hasta el punto de estar dispuesto a cruzarse de brazos y dejar pasar el tiempo. Aunque el bloqueo desvirtúe las previsiones constitucionales que vinculan la renovación del CGPJ a las mayorías del Congreso y del Senado.

En esta postura el líder del PP se siente legitimado porque interpreta a su favor los pronunciamientos que, a instancias de su partido, ha hecho sobre este asunto el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. ha hechoCuando en realidad lo que hizo, hace apenas un mes, fue recordar que independientemente de su composición “la Comisión Europea ha destacado en repetidas ocasiones la importancia de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial para evitar que pueda ser percibido como vulnerable a la politización”, algo que ya trasladó en el Informe de Estado de Derecho de 2021.

Este informe reflejaba que no ha habido progresos significativos para concluir un acuerdo en las Cortes Españolas para la renovación de varios organismos constitucionales, en particular el CGPJ, a pesar de numerosas peticiones para proceder con dichos nombramientos. Y recordaba que “es importante que los estándares europeos se tengan en consideración y que todas las partes interesadas sean consultadas”.

Reynders también ha apoyado la elección directa del CGPJ por parte de los jueces —hacerlo en su totalidad obligaría reformar la Constitución— pero no es en eso en lo que se fija el informe sobre el Estado de Derecho en España sino en el bloqueo actual.

A pesar de lo inamovible que se ha mostrado Casado, el presidente Pedro Sánchez volvió este miércoles a pedir al PP que cumpla la ley y desbloquee la renovación del CGPJ. “Ninguna formación política tiene derecho a incumplir sus obligaciones constitucionales, a situarse fuera de la Constitución”, porque eso “menoscaba el prestigio de nuestra democracia y nuestra arquitectura constitucional”, advirtió en un acto en Madrid.

Según Sánchez, la lealtad, “no al Gobierno sino al pacto de convivencia con la Constitución”, es una de las grandes lecciones que ha dejado la pandemia y que todos los actores políticos deben aplicar para afrontar la nueva etapa. “En un contexto de crisis, es tarea de todos impulsar la regeneración de nuestras instituciones”, enfatizó.

Fuentes gubernamentales citadas por Europa Press insisten en que es a Casado a quien toca mover ficha porque el Gobierno no aceptará una reforma del sistema de elección con la que no está de acuerdo. El Ejecutivo defiende la necesaria participación del Congreso y el Senado en la elección de 12 vocales a partir de las propuestas de los jueces —el modelo actual— y rechaza que ambas cámaras se limiten a elegir a los ocho vocales previstos en la Constitución.

“No es aceptable que una institución como el CGPJ lleve 1.000 días sin reformarse. No hay precedentes en la historia democrática”, denunció Sánchez.

Hartazgo judicial

A punto de cumplirse tres años de interinidad, la sensación entre los miembros del CGPJ empieza a ser de “hartazgo”, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press. Jueces y Juezas para la Democracia ya solicitó hace meses la dimisión de todos los vocales para forzar al PP a negociar y pactar la nueva composición pero no hay constancia de que esa posibilidad esté encima de la mesa. Las demás asociaciones judiciales, APM, Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente no sólo apoyan la salida que propone el PP sino que van a reclamar a la Comisión Europea que presione al Congreso para modificar la ley.

El presidente de Consejo, Carlos Lesmes, aludirá con toda probabilidad a esta insólita situación en el discurso que pronunciará el lunes con motivo de la apertura del año judicial. Si la situación se prolonga, el CGPJ se enfrenta a un colapso porque al estar en funciones no puede proceder a ejercer su principal competencia: la realización de nombramientos discrecionales en la cúpula judicial: magistrados del Supremo y cargos de la Audiencia Nacional, así como de los tribunales superiores de justicia autonómicos y las audiencias provinciales.

Lo más preocupante, según las fuentes citadas, es la situación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que debe resolver los recursos presentados por PP, Vox y Ciudadanos contra los indultos concedidos a los condenados por el procés. procésUna baja en cualquiera de sus secciones dejaría inoperante la sala, algo que se producirá en cualquier caso en el primer trimestre de 2022.

Para evitar esta situación y burlar la imposibilidad legal de proceder a nombramientos estando en funciones, el CGPJ está considerando la posibilidad de cubrir las vacantes del Supremo convocando una comisión de servicios y fichar así a un juez que estuviera ejerciendo en otro tribunal para que de forma interina se incorporase a la plaza vacía. Aunque para eso necesitan la autorización del Ministerio de Justicia. Otras voces del órgano de gobierno de los jueces han advertido, sin embargo, que esta artimaña podría suponer un fraude de ley por cuanto la última reforma de la norma que regula el CGPJ se hizo precisamente para impedir que un CGPJ caducado siga designando magistrados en los altos tribunales.

El líder del PP, Pablo Casado, no quiso aclararlo este lunes, amparándose en la supuesta privacidad de las conversaciones que su partido mantuvo este verano con el PSOE. Pero sí sugirió que no está dispuesto a aceptar que los socialistas pongan encima de la mesa, en el cupo que les corresponde tras las elecciones de noviembre, a ningún jurista de reconocido prestigio que el PP considere afín a Unidas Podemos entre los ocho que obligatoriamente, porque así lo establece la Constitución, deben designar el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5.

“Lo que no entiendo es porqué ahora parece ser que Podemos ha doblado la apuesta y exige estar en esta negociación”, alegó. Pero si el PSOE “gobierna con Unidas Podemos, es su problema”. ¿Y si el interlocutor de las negociaciones s exclusivamente el PSOE? Tampoco sirve. “Me da igual si sólo fuera con un interlocutor del Partido Socialista. Lo que no voy a hacer es sentarme a negociar [si la otra parte lo hace] con las reivindicaciones de un partido como Podemos”.

Casado dedicó buena parte de la rueda de prensa que convocó este lunes para presentar su propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial, a tratar de explicar que no está bloqueando la renovación de este órganos, pese a que es su partido el que se niega a negociar la designación de los 20 vocales que los componen si en el proceso no intervienen exclusivamente PSOE y PP. No obstante, sí admitió que la renovación no puede pararse, porque los jueces ya han hecho su parte y existe una lista de 50 jueces y magistrados de entre los cuales el Congreso y el Senado deben seleccionar doce para completar el Consejo y sentarse con los ocho que las Cámaras eligen entre juristas de reconocido prestigio.

Efectivamente, en cumplimiento de la ley reguladora del CGPJ, el 6 de septiembre de 2018 —hace más de dos años— se publicó la lista de 50 jueces y magistrados publicóque aspiran a los doce puestos de vocal de procedencia judicial que establece la Constitución y que, según la ley, deben ser elegidos en el Congreso. De entre esos 50 hay 18 propuestos por asociaciones consideradas conservadoras (APM, AFV y Ágora Judicial), ocho apoyados por la progresista JJD y 24 independientes avalados por compañeros de la carrera judicial.

Lo singular es que, sabiendo que los jueces y magistrados del CGPJ ya son propuestos por ellos mismos, y que los partidos sólo tiene libertad para sugerir nombres en lo que se refiere a los ocho juristas de reconocido prestigio —en un mecanismo protegido además por la Constitución—, Casado insistió en que su “compromiso es que los jueces elijan a los jueces”, cuestionando así a los candidatos seleccionados por jueces y magistrados.

El líder conservador insistió en que su deseo es cambiar la ley para que en vez de proponer esos 50 nombres, y que de esa lista el Congreso seleccione a doce de ellos, sean los jueces quienes elijan directamente a esta docena de representantes en el CGPJ. Y que ninguno de los ocho vocales que la Carta Magna reserva al Congreso o al Senado, puedan ser elegidos si en algún momento han ejercido responsabilidades políticas, una incompatibilidad que no exige la Constitución. Todo ello, añadió, en el marco de “un proceso transparente abierto y publico” para “despolitizar” el Consejo.

Paradójicamente, Casado admitió después que la participación de los legislativos e incluso de los gobiernos en la designación de la cúpula judicial es también habitual en países de nuestro entorno, como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Y reconoció que es “bueno que los poderes del Estado se controlen entre sí”.

Objetivo: excluir a Unidas Podemos

Como el proceso ya está en marcha y no se puede revertir, admitió, está dispuesto a negociar con el PSOE pero siempre y cuando ninguno el acuerdo sea exclusivamente con los socialistas. ¿Por qué? Para excluir a Unidas Podemos. Y, según él, porque siempre se ha hecho así.

Pero no es verdad. En 2013, con mayoría absoluta del PP, la renovación del Consejo incluyó a jueces, magistrados y juristas de reconocido prestigio propuestos por cinco partidos: PP (10), PSOE (7), CiU (1), PNV (1) e Izquierda Unida (1). Claro que en aquel Consejo, que eligió presidente al magistrado Carlos Lesmes —con varios años de experiencia como alto cargo del Ministerio de Justicia en la administración de José María Aznar—, los vocales afines al PP tenían el control de las decisiones.

La disposición del PP a pactar la composición del CGPJ con otros partidos, no sólo con el PSOE, no fue una excepción aquel año. En 2008, esta vez con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, el PP no tuvo ningún inconveniente en repartirse el Consejo entre cuatro partidos: PSOE (9 vocales), PP (9), CiU (1) y PNV (1). Y en 2001, con mayoría absoluta conservadora en el Congreso, el PP tampoco vetó Izquierda Unida, hoy socio de Unidas Podemos. La derecha española pactó entonces 10 asientos en el CGPJ —más la Presidencia, que le daba el control—, siete para e PSOE, uno para CiU y el vigésimo para IU.

Casado también negó haber negociado y cerrado acuerdos con Pedro Sánchez para renovar el Consejo, en funciones nada menos que desde hace dos años. Sin embargo, el PP ya ha roto hasta en dos ocasiones un pacto de renovación aplicando la actual ley, que ahora Casado —además de Cs y Vox— quiere cambiar. La primera tuvo lugar en otoño de 2018, cuando el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, reveló a través de WhatsApp que su grupo había alcanzado un “pacto previo” con los socialistas para repartirse el CGPJ a razón de diez vocales para el PP y otros diez para el PSOE, dejando la presidencia teóricamente en manos de un magistrado propuesto por los socialistas pero en la práctica, aseguraba, situando en el puesto a alguien como Manuel Marchena, que consideraba de absoluta confianza.

La segunda tuvo lugar el pasado mes de agosto Casado lo admitió el pasado 7 de octubre cuando reconoció que este verano había acuerdo con el Gobierno porque Sánchez aceptaba sus condiciones para renovar el Consejo pero que él decidió romperlo después de que Unidas Podemos criticase a Juan Carlos de Borbón por abandonar España. Las condiciones del PP que Sánchez aceptaba, explicó el líder conservador, eran que no hubiese expolíticos entre los nuevos miembros del CGPJ y que los candidatos tuviesen el aval de las asociaciones judiciales.

En cualquier caso, Casado dejó claro que no va a ceder y pactar solo para evitar la reforma que proponen PSOE y PP, que no es otra que incluir una “cláusula antibloqueo”, de manera que si uno de los grandes partidos se niega a negociar cerrando la vía de los 3/5, sea posible proceder a los nombramientos por mayoría absoluta.

Y volvió a negar a Unidas Podemos legitimidad para formar parte de las negociaciones. En primer lugar, por haber criticado decisiones judiciales o al jefe del Estado; algo que sigue considerando ataques inaceptables a instituciones clave del Estadio de Derecho. Y en segundo lugar por estar dispuestos a llegar a acuerdos con los independentistas catalanes y vascos, algo que a menudo casado también reprocha al PSOE pero que, en este caso, no considera una línea roja para negociar.

Por si la renovación no estuviese suficientemente difícil, el líder del PP añadió nuevas condiciones cuyo cumplimiento exige al PSOE para llegar a un acuerdo: incluir un artículo que tipifique el delito de convocatoria de referéndums ilegales, prohibir los indultos por sedición o rebelión y endurecer las penas por sedición.

Sánchez, acusó en la misma rueda de prensa, está “ocupando” las instituciones del Estado, desde la Fiscalía a la CNMV, pasando por el CNI, el CIS, RTVE e incluso la cúpula de la Guardia Civil.

Que la propuesta de socialistas y morados, impulsada por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, va a tener serias dificultades para salir adelante es un hecho. De un lado está la opinión de la Comisión Europea, que esta misma semana recordó la importancia que a su juicio tiene “reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial a fin de fortalecer la independencia judicial”. También la necesidad de “asegurarse de que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización”.

En términos generales, según un portavoz de la Comisión, de llevarse a cabo una reforma del Poder Judicial —en España sólo está en marcha una modificación de la mayoría de elección de los miembros del Consejo, no del sistema de justicia— debería “hacerse en consulta con todas las partes interesadas, incluida la Comisión de Venecia”. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en Derecho Constitucional que con cada vez mayor frecuencia se pronuncian cuando son consultados sobre la calidad democrática de la justicia en diferentes países.

La reforma tampoco está en riesgo únicamente por el ruido que puedan hacer en Bruselas PP y Cs ni tampoco por la presión de las asociaciones de jueces, frontalmente contrarias a rebajar la mayoría exigible para la elección de 12 de los 20 miembros del CGPJ. El mayor peligro que pende sobre ella son las reservas que ya han expresado los aliados que PSOE y Unidas Podemos necesitan para sacarla adelante. Varios de ellos, especialmente Esquerra y Más País, ya han señalado su preocupación por una reforma que, cuando el PP recupere mayoría para gobernar, se va a volver en contra de sus promotores. Sin su ayuda, la reforma de la ley reguladora del Consejo no tiene ninguna posibilidad de salir adelante porque socialistas y morados sólo controlan 155 diputados y necesitan convencer a otros 21.

El mecanismo de elección del CGPJ vigente en España está regulado parcialmente en la Constitución Española. El artículo 122 establece que estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo y otros veinte vocales nombrados por un periodo de cinco años. De estos, ocho serán juristas o abogados de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio elegidos por mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado –cuatro en cada una de las Cámaras–. Los doce restantes serán jueces o magistrados de todas las categorías judiciales designados “en los términos que establezca la ley orgánica” correspondiente.

La Ley Orgánica del Poder Judicial vigente recoge en su artículo 567 que los veinte vocales “serán designados por las Cortes Generales”: “Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial”. Y ese es el artículo que PSOE y Unidas Podemos quieren cambiar con lo que llaman “una cláusula antibloqueo”. De acuerdo con ella, si en un tiempo determinado no se consigue esa mayoría de 3/5, esos doce vocales, aquellos cuyo mecanismo de elección la Constitución deja a criterio de la ley, podrían ser elegidos por mayoría absoluta. Que la única salida sean los 3/5 es lo que en la práctica otorga al PP la capacidad de bloqueo que está ejerciendo y que desde hace dos años mantiene una mayoría conservadora al frente del gobierno de los jueces que hace tiempo que no se corresponde con la representación parlamentaria salida de las urnas.

Es verdad que el modelo no siempre fue ese. Hasta 1985 esos doce vocales los elegían directamente jueces y magistrados. Pero el PSOE de Felipe González decidió impulsar una reforma para que el Congreso pudiese influir en el gobierno de los jueces, entonces claramente dominados por una amplia representación de la judicatura franquista. Detrás de aquella modificación legal, que el Tribunal Constitucional validó y que el PP asumió cuando le tocó gobernar, estaba la intención de tratar de compensar lo hegemonía conservadora que todavía preside el estamento judicial en España.

Según datos recogidos por el propio CGPJ correspondientes al mes de agosto de 2019, las asociaciones de jueces consideradas en la órbita del centro derecha (APM, AFV y FJI) representan al 46,3% de la judicatura y la única progresista (JJD), a no más del 8,5%. Casi un 45% de los jueces y magistrados no pertenecen a ninguna asociación.

El debate que estos días extrema la tensión entre el Gobierno y lo oposición conservadora tiene que ver con la modificación la mayoría necesaria para elegir a esos doce vocales pero no sólo con eso. Ciudadanos lleva años reclamando una reforma que devuelva a los jueces la capacidad de designar a esos doce vocales cuya elección la Constitución dejó abierta. La última vez fue a través de una proposición de ley que el Congreso debatió y rechazó el pasado 22 de septiembre.

Aquel día la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, defendió su reforma en nombre de la independencia de la justicia El CGPJ tiene, “entre otras muchas funciones, la de elegir a los miembros de órganos colegiados que luego tienen que investigar y juzgar por corrupción a los políticos, entre otros muchos delitos” y que “tiene el poder disciplinario de los jueces. Pueden ustedes imaginar entonces las consecuencias que para nuestro sistema judicial tiene el que ese órgano sea elegido íntegramente, los veinte miembros, por los políticos”, remarcó.

EH Bildu se abstuvo en la votación, por considerarla un mero parche a un problema de contaminación política de la justicia mucho más profundo. Y se opusieron, además de Junts y el BNG,  el PNV, Esquerra, Unidas Podemos y el PSOE.

Votó en contra el PNV, partidario de la creación de una subcomisión de estudio en la Comisión Constitucional en la que se analice la realidad de la cuestión de fondo que anima cualquier debate en torno a la justicia en España. Los nacionalistas vascos defienden la designación parlamentaria de los vocales de extracción judicial: “Consideramos”, argumentó Mikel Legarda en el pleno que votó la propuesta de Cs, “que no puede decirse que ello menoscaba la mayor garantía de su independencia cuando fue precisamente el constituyente en el informe de la ponencia quien desestimó el sistema dibujado en el anteproyecto de propuesta exclusivamente judicial por el de que lo estableciera una ley orgánica, cambio que posteriormente no fue modificado ni por el dictamen de la Comisión Constitucional ni por la Comisión Constitucional del Senado”.

No es incoherente, concluyó el portavoz del PNV, “compensar el poder que se entrega a los jueces, que son la mayoría dentro del Consejo General, con el contrapeso que supone la designación parlamentaria”.

Votó en contra el PSOE, con el argumento de que la “independencia no se cuestiona ni se debilita porque sean el Congreso y el Senado los que participen en la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Se cuestiona la independencia de la justicia por la participación del Parlamento”, lamentó en el debate la portavoz socialista, Isaura Leal, “denigrando” así la política. El actual sistema, explicó, es “de doble legitimación”, como el de países de nuestro entorno europeos e incluso el norteamericano. “En nuestro caso, la designación parlamentaria es compartida con la propuesta que hace la propia carrera judicial. Son los jueces los que proponen y, de entre los propuestos, el Congreso y el Senado, donde reside la soberanía nacional, participan de esa legitimación para elegir a los mejores”.

El Poder Judicial no es el CGPJ

El Poder Judicial, proclamó la portavoz socialista, no es el CGPJ. “Hay un órgano de gobierno con rango constitucional que vela, entre otras cosas, por la independencia de los jueces, pero el Poder Judicial no es un poder concentrado en un solo órgano, sino que se ejerce por cada uno de los jueces, que son totalmente independientes cuando resuelven sus asuntos, aplicando las leyes, interpretándolas y actuando con su propia conciencia”.

Se opuso también Unidas Podemos. Su portavoz, Santiago Romero, calificó el sistema de elección de órganos de Gobierno del Poder Judicial que proponía Cs —y apoyaba el resto de la derecha— de “corporativo, endogámico, sin legitimidad democrática ni representatividad”. “Ese modelo no es propio de una democracia, no tiene ningún reconocimiento en la Constitución de 1978 ni en ninguna constitución democrática. En ningún país de nuestro ámbito se eligen los órganos de gobierno del Poder Judicial por los propios jueces, sino que intervienen los poderes Legislativo, Ejecutivo o ambos, así es en Francia, Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, incluso en votación directa popular en este último caso”.

Vox en cambio votó a favor de la propuesta de Cs. Igual que el PP, que este viernes anunció que el lunes registrará en el Congreso la reforma del Consejo que ya propuso hace dos años —y que fue rechazada— para entregar a los jueces la elección de los doce vocales que dependen de la ley. En eso la ultraderecha ya se les adelantó este viernes presentado su propia propuesta: una reforma legal para volver al modelo anterior a 1985.

La posición del PP de Pablo Casado es singular. En dos ocasiones ha estado a punto de cerrar un acuerdo con el Gobierno —de hecho estaba cerrado, según declaró él mismo— La primera se frustró cuando unos mensajes de teléfono de su antiguo portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó, revelaron la satisfacción del PP con un reparto que le garantizaba el control político de la institución, especialmente en lo que hacía referencia a la renovación de jueces en la Sala Segunda del Supremo. El segundo lo rompió Casado en agosto con la excusa de que Unidas Podemos había criticado la salida de España del rey emérito después de que se conociese su fortuna en el extranjero.

Ahora el PP se mueve entre los dos mundos. De un lado, ha asumido la defensa del modelo de Ciudadanos para el CGPJ —que es también el de las asociaciones judiciales—, pero por otro se muestra dispuesto a negociar el reparto de los 20 vocales con el PSOE siempre y cuando en la negociación no participe Unidas Podemos, en lo que parece una asunción de que el modelo de selección le sigue pareciendo válido.

La del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), la de Cs y la del PP no son las únicas propuestas de reforma del CGPJ. Hay muchas otras. +Democracia (+D), una plataforma cuyo objetivo declarado es formular debates y promover reformas para mejorar la democracia “desde la pluralidad ideológica y la diversidad social”, planteó recientemente la suya, poniendo el énfasis en tres cosas: que el Ejecutivo no controle la actividad de los jueces y les conmine a acatar, de forma directa o indirecta, sus mandatos, que el CGPJ rinda cuentas de su labor a la ciudadanía y que no trasladen a su seno las disputas de intereses electorales y “gestione el sistema con rigor, transparencia, eficacia y honestidad”.

Esta organización no gubernamental sostiene la necesidad de evitar que el Ejecutivo pueda nombrar, ni directa, ni indirectamente, a los miembros del Consejo, que “el pueblo valide su nombramiento y controle que sirven a los intereses nacionales” y que entre sus miembros no pueda haber “miembros de partidos y personas señaladas por su afiliación”.

De igual modo, si todos los miembros del Consejo son elegidos por los jueces, asegura +Democracia, “se atenta contra la naturaleza democrática del órgano, que quedaría blindado frente a todo control ciudadano”. Y “si el Parlamento nombra a sus miembros siguiendo lógicas partidistas, transmitirá a su seno la tensión electoral y atentará contra su eficacia e independencia”.

¿Qué hacer, entonces? Esta plataforma propone que se apruebe una ley de naturaleza provisional (lo que los anglosajones llaman sunset law) que establezca un método de renovación de los miembros de origen judicial (12, según el artículo 122.3 CE) que fije los requisitos de jueces y magistrados para aspirar a formar parte del órgano de gobierno. Una comisión técnica de cinco miembros, con participación de las asociaciones de jueces, universidades y colegios de abogados, se encargaría de revisar sus currícula y harían “entrevistas psicotécnicas de selección” en un proceso supervisado por el Defensor del Pueblo.

La comisión, propone +Democracia, haría una selección de hasta 10 personas por puesto a ocupar, garantizando la paridad de género. De ese grupo de 120 personas saldrían, mediante un sorteo que garantice la paridad de género, doce nombres. La idoneidad de los seleccionados sería revisada después por el Parlamento, que podría vetar a cualquiera de ellos por mayoría de 3/5. De ese visto bueno del Congreso saldrían los doce vocales.

Las asociaciones de jueces también tienen su propia opinión sobre lo que debe hacerse. Las cuatro más representativas (APM, AFV, JJD y FJI) propusieron en 2017, todavía con Mariano Rajoy el PP en el Gobierno, que fuesen los jueces quienes eligiesen a los 12 vocales que dependen de la ley “asegurando la igualdad de género y la presencia de las minorías”.

Un año después, en noviembre de 2018, la Asociación Francisco de Vitoria envió al Gobierno una propuesta articulada para reformar el CGPJ que daba forma a la iniciativa del conjunto de asociaciones entregando a jueces y magistrados la capacidad de elegir a los doce vocales que la Constitución no reserva al Congreso y al Senado. La elección se llevaría a cabo mediante voto personal, igual, directo y secreto, admitiéndose el voto por correo y cualquier juez o magistrado en servicio activo en la carrera judicial podría presentar su candidatura si reuniese 25 avales o, en su defecto, el respaldo de una asociación.

No fue esa la última propuesta que la Francisco de Vitoria ha llevado al Congreso. El pasado marzo, justo antes de que estallase la pandemia, entregó a los grupos parlamentarios otro documento en el que recordaba que “el deterioro de la institución es tal, desde el punto de vista de la confianza que merece a los ciudadanos, que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha reiterado, tras una primera recomendación, en su Segundo Informe Intermedio de 21 de junio de 2019, que “las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial” del CGPJ. Una propuesta que, en esos términos, es incompatible con la Constitución misma, que reserva al Congreso y al Senado al menos la designación de 8 de los 20 vocales.

¿Se puede comparar una reforma del órgano de gobierno de los jueces en España que lo único que cambia es que la elección parlamentaria ya no se hará por mayoría de 3/5 sino por mayoría absoluta con las reformas judiciales de Polonia y Hungría, que amenazan a ambos países con graves sanciones por parte de la Unión Europea, incluida la posibilidad de no poder recibir fondos de reconstrucción? El PP y Ciudadanos creen que sí. Y así lo defendieron este jueves en Bruselas, coincidiendo con la celebración del Consejo Europeo convocado para abordar la situación del coronavirus en Europa. Una actitud que el Gobierno y el PSOE han recibido con indignación.

El deterioro del sistema judicial en Polonia se remonta diez años atrás, siempre de la mano del Gobierno conservador del partido Ley y Justicia. En diciembre de 2019 la Cámara baja polaca aprobó una ley que permite castigar a los jueces acusados de dedicarse a la “actividad política” o que simplemente cuestionen la independencia del órgano de aplicar esta norma. El castigo a los jueces puede ser una multa, una reducción de salario e incluso su destitución. La nueva legislación da al Gobierno del país, de hecho, la capacidad de controlar y despedir a los jueces, algo que viola la legislación del sistema judicial de la Unión Europea y ha dado lugar a la apertura de un procedimiento contra Polonia.

En el caso de Hungría, el mayor reproche de la UE al sistema judicial es la figura del presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial (ONJ), un órgano elegido por el Parlamento que se encarga de la administración central de los órganos jurisdiccionales y que en la práctica ejerce una amplia influencia sobre el sistema de justicia. Los jueces, por ejemplo, son designados por el presidente de la República siguiendo una recomendación del presidente de la ONJ.

La ONJ tiene amplios poderes —control administrativo completo y también profesional parcial sobre los tribunales— lo que, según diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos, anula en la práctica la capacidad de decisión independiente de los órganos judiciales.

Grupos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han publicado informes en los que relatan cómo el modelo húngaro socava la independencia de los jueces, obligados a una lealtad que se han convertido en el principal requisito para avanzar en su carrera o conseguir otras ventajas administrativas.

La atención de las instituciones europeas al sistema judicial español dependerá especialmente de la actitud que adopten las asociaciones de jueces españoles, que ya se han empezado a manifestar. No del debate político entre partidos. Eso al menos ha ocurrido en Polonia y Hungría.

PP y Ciudadanos comenzaron este jueves su ofensiva en Bruselas para desacreditar el proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial promovido por PSOE y Unidas Podemos cuyo objetivo es, con la ayuda de la mayoría absoluta del Congreso, sortear el bloqueo al que Pablo Casado está sometiendo la renovación de este órgano, pendiente desde hace dos años. Pero que no toca ni las funciones ni las competencias del órgano judicial.

Jaime de Olano, vicesecretario de Participación del PP, no está de acuerdo. Este jueves aseguró en TVE que la reforma de PSOE y UP “nos sitúa a la altura de Hungría y de Polonia”. En contra del dictamen que Bruselas ha hecho sobre la justicia en ambos países, Olano sostuvo que polacos y húngaros “tienen problemas muy serios en la UE por tener un sistema de elección de los jueces como el que ahora quiere instaurar aquí el señor Sánchez (la reforma promovida por los partidos que apoyan al Gobierno no afecta a la elección de jueces)”.

De hecho, con el actual CGPJ, cuyos miembros se eligen por el Congreso y el Senado, el Poder Judicial en España es absolutamente independiente, en palabras de su presidente, el magistrado conservador Carlos Lesmes. “Los hechos son tercos y lo que demuestran es la independencia de la justicia española”, aseguraba hace pocos meses.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, después de hablar este jueves en Bruselas con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, ha enviado una carta a la Comisión Europea en la que le solicita formalmente que “evalúe” la reforma promovida por PSOE y Unidas Podemos y anuncia que el PP “tomará las medidas oportunas en el ámbito europeo para evitar que prospere”. Como primer paso, solicitará que este asunto sea estudiado por el grupo de seguimiento sobre Estado de Derecho y Derechos fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo.

La propia Comisión Europea acaba de anunciar que va a observar “con atención” el desarrollo de la reforma ha advertido de que no debe comprometerse la independencia judicial ni dejar que el CGPJ sea percibido como “vulnerable a la politización”. De momento no se ha pronunciado sobre el fondo de la reforma: el cambio en la mayoría del Congreso que elige a los vocales.

Lo cierto es que el Consejo de Europa lleva una década recomendando que “al menos la mitad de los miembros” de los órganos de gobierno judiciales deberían “ser jueces elegidos por sus pares de entre todos los niveles y respetando el pluralismo del Poder Judicial”. Una demanda a la que se sumó desde 2017 el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco, por sus siglas en inglés).

El mecanismo de elección del CGPJ está regulado parcialmente en la Constitución Española, que establece en su artículo 122 que estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que será quien lo liderará, y otros veinte vocales nombrados por un periodo de cinco años. De estos, ocho serán juristas o abogados de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio elegidos por mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado –cuatro en cada una de las Cámaras–. Los doce restantes serán jueces o magistrados de todas las categorías judiciales designados “en los términos que establezca la ley orgánica”. En la actualidad, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recoge en su artículo 567 que los veinte vocales “serán designados por las Cortes Generales”: “Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial”. Pero nada impiden que el modelo sea otro.

El modelo español

Este es el sistema que se lleva empleando desde hace 35 años. Hasta 1985, la designación de los 12 vocales de procedencia judicial estaba en manos de los propios jueces y magistrados. Sin embargo, con la aprobación de la LOPJ llegó el cambio de criterio. La modificación del procedimiento fue incluso llevada por el PP ante el Tribunal Constitucional, que en julio de ese año desestimó por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad. En la sentencia, en la que se reconocía el riesgo de que con la reforma los partidos políticos se distribuyeran “los puestos a cubrir” en función de su fuerza parlamentaria, los magistrados insistieron en que la Constitución establece que la designación tiene que hacerse “en los términos” que marque la ley orgánica. Por ello, añadían, “no es posible sostener” que “el poder legislativo, al cumplir el mandato constitucional, actúe como poder constituyente al regular un órgano constitucional cuya configuración está predeterminada por la Constitución”.

Además de España, otros países como Portugal, Francia o Italia también cuentan en sus sistemas con órganos de gobierno judicial. Pero, ¿cuál es el mecanismo que emplean en la designación de sus miembros?

En suelo luso, el equivalente al CGPJ es el Conselho Superior da Magistratura, un órgano cuya composición se ha ido modificando casi al mismo ritmo que en el caso español. Si bien en la Constitución portuguesa de 1976 se estableció –artículo 223.1– que estaría formado por “miembros elegidos por los jueces entre ellos mismos”, con la reforma de la Ley Fundamental de 1982 evolucionó hasta un modelo mixto. Así, en la actualidad, el Conselho Superior da Magistratura está encabezado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, acompañado por otros 16 miembros: 2 vocales designados por el presidente de la República, 7 elegidos por la Asamblea de la República y 7 jueces y magistrados nombrados por sus pares.

También cuentan con un sistema de designación mixto en Francia. El Conseil Supérieur de la Magistrature está compuesto por una sala de magistrados y otra de fiscales. La primera, que está presidida por el primer presidente del Tribunal de Casación, la conforman además cinco magistrados y un fiscal, un consejero de Estado designado por el Consejo de Estado, un abogado y seis personalidades de reconocido prestigio seleccionadas por el presidente de la República, de la Asamblea Nacional y del Senado –dos por cada uno de ellos–. La de fiscales está presidida por el Fiscal General del Tribunal de Casación y compuesta, además, por cinco fiscales y un magistrado, además del abogado, el consejero de Estado y las seis personalidades anteriormente citadas. Fuera del esquema quedan, por tanto, el presidente francés y el ministro de Justicia, que en la redacción original de la Constitución de la V República ocupaban la presidencia y vicepresidencia del Conseil.

En Italia, el órgano de gobierno de los jueces es el Consiglio Superiore della Magistratura, que está formado por 27 miembros divididos en tres grupos. Por un lado, los miembros natos: el presidente de la República –lidera el Consiglio–, el primer presidente del Tribunal de Casación y el procurador general del Tribunal de Casación. A ellos se le suman los 16 miembros togados –jueces y magistrados elegidos por sus compañeros– y los 8 "laicos", designados por el Parlamento en sesión conjunta de entre los “catedráticos de universidad en disciplinas jurídicas y abogados con quince años de ejercicio”.

Más directa es la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial en Alemania y EEUU, dos modelos sin órganos de gobierno judicial. En suelo germano, los magistrados de los tribunales federales supremos son “designados por el ministro federal competente para el respectivo ámbito, conjuntamente con una Comisión para la elección de jueces, compuesta por los ministros de los Länder competentes en su respectivo ámbito y por un número igual de miembros elegidos por el Bundestag”, según recoge el artículo 95.2 de la Ley Fundamental de Bonn. En EEUU, por otra parte, los magistrados del Tribunal Supremo, un cargo con carácter vitalicio, son nombrados por el presidente “con el consejo y consentimiento del Senado”. A pesar de lo sencillo que pueda parecer el proceso, los candidatos son investigados exhaustivamente –tanto por la Oficina del Presidente y el Departamento de Justicia como por los comités del Senado– y tienen que someterse a largos interrogatorios en la Cámara Alta.

Por sorpresa y horas después de que el PP ratificase su bloqueo a cualquier acuerdo para renovarlo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundió este miércoles una "declaración institucional" que refleja el aumento de tensión con el Gobierno y en la que atribuye al vicepresidente Pablo Iglesias un "cuestionamiento de la independencia" de los jueces por calificar como "humillación para el Estado" los distintos reveses sufridos en Europa en relación al procés. El Consejo pide evitar la "utilización política" de la justicia y reclama "responsabilidad institucional", así como "moderación, prudencia y mesura". 

Dominado por el sector conservador y pendiente de renovación desde diciembre de 2018, la declaración de la comisión permanente del CGPJ –su núcleo duro– ha visto la luz en la víspera de que el pleno de la institución deba pronunciarse este jueves sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general. Ese pronunciamiento no tiene carácter vinculante para el Gobierno pero indicará hasta dónde están dispuestos los vocales conservadores de la cúpula de la judicatura a llevar su pulso con el Ejecutivo.

La "declaración institucional" fue suscrita de forma unánime por todos los miembros de la permanente. Es decir, también por los tres que fueron elegidos como vocales a propuesta del PSOE y aupados luego a la comisión permanente por iniciativa del máximo responsable del órgano de gobierno y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Pero a última hora de la tarde Moncloa envió un comunicado donde respalda el derecho a la crítica de Iglesias, anima al diálogo y subraya la necesidad de terminar con el bloqueo en el poder judicial para "poner al día sus órganos de gobierno". Es ese bloqueo el que impide adaptar la composición del CGPJ al nuevo mapa parlamentario. Y es también el que, pese a que se trata de un órgano en funciones, ha permitido al consejo efectuar más de 50 "nombramientos discrecionales" de altos cargos de la judicatura en el último año. Entre ellos, los de siete magistrados del Supremo; cuatro presidentes de Tribunales Superiores (TSJ) y 14 presidentes de Audiencias Provinciales.

Tras el comunicado de Moncloa, fuentes del CGPJ replicaron que el propio Carlos Lesmes se ha dirigido ya en tres ocasiones a los presidentes de Congreso y Senado instándoles a que acometan el proceso de renovación.

Frente a la alusión de Iglesias a que ha habido distintas resoluciones en Europa contrarias al criterio de la judicatura española, el CGPJ entiende que solo pueden tenerse en cuenta dos. Y una de ellas, coincidente con la posición española. La contraria es lasentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictada en diciembre sobre la inmunidad de Oriol Junqueras; y la favorable, el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que confirmó la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlament de Cataluña del 9 de octubre de 2017.

Además del TJUE y siempre en relación al procés se han pronunciado contra decisiones de España tribunales de Bélgica, Alemania y Reino Unido.

Ni amparo ni defensa por los ataques en 'Gürtel'

Los portavoces oficiales del Consejo subrayan que la aprobada tras la entrevista donde Iglesias ofreció su punto de vista se trata de una declaración muy similar a otras acordadas con anterioridad en respuesta a políticos de distintos partidos, como el comunicado  lanzado en abril de 2018 cuando el entonces ministro de Justicia, del PP, criticó al juez que pidió la absolución para La Manada: "Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe", fue lo que dijo Rafael Catalá. En aquel comunicado oficial –no hubo declaración institucional–, el CGPJ se refirió a las manifestaciones de "diversos miembros del Gobierno", aunque fue Catalá quien provocó enfado en el mundo judicial. Pero aunque fuese un comunicado –o sea, un texto de menor rango– utilizó casi clavados, y así lo subrayan sus portavoces, los mismos argumentos manejados para referirse a Iglesias: mesura, moderación, prudencia y evitación del uso político de la justicia.

No obstante, el Consejo se ha mostrado por lo general reacio a intervenir contra dirigentes políticos. Por ejemplo, el 1 de junio de ese mismo año de 2018 y tras la sentencia de GürtelGürtel que declaró al PP beneficiario económico de la trama corrupta, el entonces portavoz del partido en el Congreso, Rafael Hernando, se lanzó a degüello contra uno de los magistrados del tribunal, José Ricardo de Prada, considerado progresista. Hernando acusó públicamente a De Prada de estar "en sintonía con el mundo proetarra". Aunque dos asociaciones judiciales pidieron al órgano de gobierno de los jueces que saliera en su defensa, el consejo se mantuvo en silencio. 

Tres años antes, el CGPJ reconvino, sin declaración institucional, al entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por atacar a tres magistrados de la Audiencia Nacional que excarcelaron a dos etarras en aplicación de una norma europea. Fernández Díaz dijo que la decisión judicial era "lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente". "Alguien puede pensar que esa decisión se ha tomado deliberadamente con el objetivo de no ajustarse en cuanto a su aplicación de lo que dice la ley sino a la voluntad de los que han adoptado la decisión", añadió. El Consejo denegó el amparo a los tres jueces atacados y calificó de "exceso no justificado" las palabras del ministro.