Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la financiación del narcotráfico internacional, cuya base operativa se situaba en el extrarradio de Madrid. Han sido detenidas 16 personas, entre ellas el líder, especialista en el sistema de la hawala, que permite realizar transacciones sin mover el dinero físicamente. Todos ellos se erigían una entidad bancaria para el narco realizando transferencias de un país a otro, casi a diario, de dinero procedente de la venta de estupefacientes para su incorporación al flujo económico legal o para la reinversión en nuevas partidas de droga. Un operativo similar se produjo a finales de 2024, también con base en España y ramificaciones en Dubái.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando se constató la existencia de una célula dedicada a la hawala en una vivienda situada en la madrileña localidad de Rivas Vaciamadrid. Tras varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que en ese inmueble se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la financiación del narcotráfico internacional, y que posteriormente era distribuido hacia diferentes puntos de España.

Además, los investigadores constataron que los moradores de la vivienda eran empleados a sueldo de un líder, quien tenía una vasta cartera de clientes dedicados al narcotráfico internacional que necesitaban transferir grandes cantidades de efectivo de un país a otro, dinero procedente de la venta de estupefacientes a gran escala. Su trabajo era que todos esos grupos de narcos de distintos países europeos tuviesen siempre el dinero en efectivo que necesitasen para sus negocios. 

La hawala, que históricamente funcionaba mediante la entrega de medio billete con su código como garantía de que el pago estaba hecho, ha evolucionado a sistemas más modernos merced a las nuevas tecnologías. Sin embargo, hay criminales que siguen apostando por ese viejo sistema: un miembro de su organización recibe el dinero en España y, al mismo tiempo, la mitad de ese billete (con su código), y la otra mitad del billete llega a su poder en destino, que en muchas ocasiones es Dubái. El dinero estaría en la caja sin tener que moverlo.

La organización actuaba como una 'entidad bancaria para el narco' a través de ese sistema. De esta forma, cuando los clientes realizan una venta de droga en el extranjero y reciben el pago allí, recurren a este 'hawallader' o 'cambista' para que recoja el dinero que han generado en el extranjero y les entregue la misma cantidad -salvo la comisión que se lleva por hacer la transferencia- en algún punto de la geografía español donde lo soliciten. El dinero transferido se incorpora al flujo legal o se utilizaba para la reinversión en nuevas partidas de droga.

Los empleados de la organización recorrían cientos de kilómetros a diario, en viajes de ida y vuelta en el mismo día, solamente para hacer las entregas de dinero, transportando los billetes precintados y escondidos en compartimentos ocultos (caletas) que tenían instaladas en los vehículos que utilizaban.

Finalmente se llevó a cabo la explotación operativa mediante la entrada y registro de ocho inmuebles en Madrid, Huelva, Guadalajara y Málaga –entre ellos el domicilio del líder así como la vivienda de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaban grandes cantidades de efectivo-. Como resultado total, los agentes intervinieron más de 500.000 euros en metálico, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9 milímetros y ocho vehículos de alta gama.

Durante la investigación han sido detenidas 16 personas, la mitad de ellas en Madrid, pero también en Huelva, Guadalajara, Málaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisión provisional.

La aparición de la lluvia este domingo ha mejorado las perspectivas del incendio del Pico del Lobo, en Guadalajara, que ya ha afectado a unas 3.000 hectáreas de terreno, de las cuales unas 400 están en la provincia de Segovia, a la que las llamas llegaron la pasada noche, informa EFE.

Así lo ha indicado el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, que ha explicado en el puesto de mando que no se contaba con que lloviera en la zona, porque era mucho más probable que no hubiera precipitaciones, por lo que se habían diseñado una serie de operaciones que se van a mantener porque ha dicho: "La lluvia nos da un respiro pero nos queda mucho trabajo".

Sobre el salto del incendio a Segovia, ha indicado que se ha debido a las fuertes rachas de viento que hubo a finales de la tarde y principios de la noche del sábado, sobre todo de componente sur, que hicieron que el fuego terminara superando la línea de control que se había establecido.

Lo hizo por un lugar "relativamente pequeño", pero al cruzar a la ladera del monte en Segovia empezó a abrirse y se ha creado un nuevo sector en el incendio, ha detallado Almodóvar.

La aparición de este nuevo sector ha hecho necesario redistribuir los medios, por lo que tanto Castilla-La Mancha como Castilla y León han pedido más medios al Ministerio para la Transición, y ambas comunidades han aumentado los medios propios para combatir el incendio.

En estos momentos, solamente en la parte de Castilla-La Mancha están trabajando unas 300 personas, ha señalado Almodóvar, mientras que en el sistema Fidias de información de incendios forestales figura que operan 30 medios aéreos, 56 terrestres y 384 efectivos.

Almodóvar ha explicado que los trabajos van a centrarse en el sector este, con las brigadas terrestres y con los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y con la maquinaria pesada, para seguir trabajando en el plan de contingencia que se ha diseñado "para ver si somos capaces de que cuando acabe la lluvia y salga el sol ya no haya ningún humo".

Si ocurre así "ya podremos pensar en otro tipo de escenarios", pero de momento se mantiene el escenario que se manejaba de que el incendio pueda amenazar a la carretera que va al puerto de La Quesera, que está a caballo de las provincias de Guadalajara y Segovia, y a través del que se comunican el municipio guadalajareño de Majaelrayo y el segoviano de Riaza.

En cuento a la coordinación con Castilla y León, Almodóvar ha hecho hincapié en que ha sido muy buena "desde el principio" y ahora se ha constituido un mando unificado con la entrada de las llamas en Segovia, aunque debido a las dificultades orográficas y topográficas los centros de mando se están comunicando constantemente mediante videoconferencias.

La zona tiene "una topografía complejísima", ha advertido el viceconsejero de Medio Ambiente, y además la vegetación de piornos y brezos está complicando desde el principio los trabajos de extinción, ya que arden con mucha facilidad y muy rápido. Esta circunstancia, unida al viento, hizo que las llamas saltaran anoche la línea de control, ha señalado.

En este sentido, ha comentado que el objetivo es seguir aguantando durante el día línea de control en todos los sectores y afianzándola, con el fin de ir consolidando el perímetro del incendio "y aprovechar la ventana que nos da la lluvia".

La alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona se ha restablecido este miércoles después de que se haya extinguido un incendio próximo a la vía a su paso entre Yebes y Brihuega, en Guadalajara, y que ha obligado a interrumpir la circulación durante hora y media, según informa EFE. 

El gestor ferroviario, Adif, ha confirmado en sus redes sociales que el fuego ha afectado a dieciséis trenes de alta velocidad, aunque ha explicado que el incendio se ha extinguido sobre las 18 horas, lo que ha permitido restablecer la circulación. 

El fuego había obligado a interrumpir la circulación entre los dos municipios de Guadalajara sobre las 16.30 horas de este miércoles. 

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Fidas), el incendio, que no ha sido forestal, se ha detectado en el paraje de El Sotillo, en la localidad de Yebes, sobre las 16 horas de este miércoles. 

El Fidas agrega que el servicio de bomberos autonómico ha controlado el fuego a las 17.47 horas de este miércoles y, aunque no detalla que el incendio haya sido extinguido todavía, explica que para sofocarlo han participado 34 personas y ocho medios, seis terrestres y dos aéreos. 

En un primer momento, Renfe ha explicado que había al menos tres de sus trenes afectados, aunque posteriormente ha elevado a seis el número, y los restantes diez son de Iryio y de Ouigo. 

No obstante, ha señalado en una publicación en sus redes sociales que los trenes reanudan ya la marcha progresivamente tras sofocarse el incendio.

El Gobierno regional ha desactivado a las 10:30 horas de este sábado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), tras la favorable evolución del incendio originado el viernes 4 de julio en una empresa de reciclaje de baterías de litio ubicada en el polígono Ródano de Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

El Platecam se activó ese mismo día, a las 20:15 horas, en fase de alerta para la provincia de Guadalajara, ha indicado el 112 de Castilla-La Mancha en una nota de prensa.

Tras un continuo seguimiento del incendio, motivado por las especiales características del material almacenado en la planta, y gracias al trabajo de los bomberos del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento (CEIS) de la provincia de Guadalajara, se logró dar por controlado el fuego una semana después, este viernes a las 19:30 horas. 

En los próximos días y hasta que se declare su extinción, personal de la propia empresa y bomberos del CEIS mantendrán la vigilancia de las instalaciones. 

Durante los días en los que ha permanecido activado el plan de emergencia, además de bomberos del CEIS de Guadalajara, han intervenido bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara, de la Comunidad de Madrid, Guardia Civil, Policía Local, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), técnicos del Plan Infocam, personal de la empresa pública de Gestión Ambiental (Geacam), voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja y técnicos del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y del Servicio de Protección Ciudadana de la provincia de Guadalajara.

Los tres cadáveres aparecidos tras el incendio de una vivienda en Chiloeches (Guadalajara) corresponden a un matrimonio de un hombre y una mujer, ambos de 52 años; y la hija de ambos, de 22 años, según confirman a Europa Press desde Delegación del Gobierno, fuentes que apuntan que los tres cuerpos presentan signos de violencia.

El incendio de producía de madrugada y quedaba extinguido en torno a las 5.30 horas de este sábado, en la urbanización Medina Azahara, en la calle Fuente Valdoma. Un fuego que se habría originado en la planta baja de una vivienda y que se extinguió dos horas después de provocarse.

Bomberos de Azuqueca, guardia civil de Guadalajara, una UVI móvil de la ciudad azudense, una ambulancia de soporte vital básico y un médico de urgencias se habrían desplazado al lugar de los hechos.

El todavía alcalde de Fontanar (Guadalajara), Víctor San Vidal, ha presentado su renuncia ante su agrupación electoral, Entre todos Fontanar, tal y como ha comunicado el propio partido en una información a través de redes sociales que recoge Europa Press; decisión que llega tras la polémica por el vídeo difundido en medios en el que se le escucha insultar a una trabajadora municipal. Entre todos Fontanar ha aceptado la renuncia del cargo de primer edil de nuestro compañero, en asunción de responsabilidades que el propio alcalde acaba de confirmar"; señala el comunicado.

Presentada la citada dimisión, el partido agradece el trabajo de San Vidal "tanto en estos cinco años como alcalde como en los cuatro anteriores". "Nos comprometemos a seguir trabajando en la gestión de nuestro Ayuntamiento con la mismo honestidad y empeño que hemos demostrado en estos años". indica.

Recuerdan en la información que tras la difusión del vídeo, lo que se pudo comprobar fue una actitud "del todo intolerable e incompatible con la manera de proceder que debe tener un máximo responsable" que ahora rechazan "de plano". También valoran "positivamente" las disculpas ofrecidas. "Si bien, asumimos que estas disculpas no son suficientes ante los hechos sucedidos".

Este mismo jueves, la Fiscalía de Castilla-La Mancha ha decidido la apertura de diligencias de investigación del vídeo en el que Víctor San Vidal se dirige en términos "absolutamente vejatorios y humillantes" hacia una trabajadora del Ayuntamiento, considerando que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de acoso laboral o de trato degradante.

Según informaba la Fiscalía a través de un comunicado, se considera que estas conductas, "que al parecer son reiteradas", son "absolutamente rechazables en una sociedad democrática en la que el respeto y la igualdad son esenciales para la convivencia, más tratándose de un funcionario público respecto de una trabajadora".

La Fiscalía fecha estos acontecimientos el día 3 de marzo de este año, unos hechos que al parecer se produjeron en dependencias municipales de la localidad de Fontanar. En el vídeo, al que ha tenido acceso Europa Press, el alcalde, de la formación Entre todos Fontanar, recrimina a gritos a la trabajadora su actitud profiriéndole insultos como "subnormal, retrasada mental y tonta".

Unos hechos por los que el regidor mostró su arrepentimiento y que ha achacado a "una situación de estrés acumulado" y a la "extrema tensión nerviosa" que lleva "arrastrando desde hace algún tiempo".

En el año 2003 un grupo de biólogos e ingenieros visitó el municipio de Elizondo, en Navarra, para discutir sobre el futuro de un pequeño salto de agua que hay en el río Bidasoa, que atraviesa el municipio. Esta cascada artificial de unos dos metros de altura, ubicada en pleno centro del pueblo, era uno de los atractivos turísticos de la zona, pero preocupaba a los expertos porque era la responsable de que el centro de Elizondo se inundase con las riadas. Cuando se reunieron con el alcalde, sin embargo, se cerró en banda a demoler la estructura porque era el lugar, y sigue siéndolo, donde las parejas jóvenes se fotografiaban el día de su boda. 

—¿Cómo vas a explicar a tus vecinos que has rechazado quitar la cascada cuando se les inunde la casa? —le preguntaron al alcalde de entonces. 

—No os preocupéis, que lo van a entender —contestó. 

Josu Elso, uno de los expertos en ríos que visitó el pueblo y doctor en Biología por la Universidad de Navarra, recuerda ahora la historia para explicar cómo los intentos para recuperar el cauce natural de un río son muy complicados. Por mucho que una pequeña presa afecte a la seguridad de los vecinos o acabe con los peces de la zona, demoler un azud en un cauce suele molestar a los pescadores o a las familias que se disfrutan de la poza, y en los últimos meses ese malestar se ha utilizado políticamente. 

"El patrimonio inmaterial de un río muy difícil tiene mucho valor para la gente que vive allí y se necesita mucha pedagogía para intervenir. Sobre todo hay que evitar que el tema se politice, que es el gran problema que veo ahora", opina.

En los últimos dos años la sequía ha sido muy agresiva en España y los embalses guardan mucha menos agua de lo normal, lo que ha avivado la desinformación sobre el derribo de presas. En este momento hay un 30% menos de agua embalsada que en la media de los últimos 10 años y la pasada primavera, en plena campaña para las elecciones autonómicas, Vox y PP acusaron al Gobierno de demolerlas y poner en riesgo el abastecimiento de agua. La realidad es que la inmensa mayoría de lo que se destruye hoy son azudes que no almacenan agua para beber, sino que servían eran pequeñas centrales hidroeléctricas o molinos con una concesión ya caducada. En 2021, el último año con registros del Ministerio de Transición Ecológica, se destruyeron 95 azudes.

Aunque el equipo de Josu Elso tuvo que resignarse y aceptar que el salto de agua de Elizondo era intocable, su trabajo sobre los azudes del río Bidasoa es un caso de éxito en la gestión de los ríos de España. En los últimos 20 años han logrado retirar alrededor de una treintena de obstáculos en el cauce, "la mayoría pequeñas presas de molinos de agua que llevan décadas abandonados", afirma. Y los resultados ya se han constatado: en 2008 lograron que el salmón llegase a ocupar de nuevo el 100% de su hábitat en el río, una situación que no se veía desde hacía décadas por culpa de estos muros artificiales. 

El salmón europeo nace río arriba, viaja al mar, y al final de su vida remonta el río de nuevo para desovar, pero los 141 obstáculos del río (83 miden más de dos metros de altura) provocaron que desde los años 80 este pez no pudiese viajar río arriba, hasta ahora. "Hemos pasado de 91 salmones reproductores que registramos de media entre 1984 y 1992 a 421 reproductores entre 2009 y 2021", celebra Elso. 

El salmón no es el único pez en España afectado por los obstáculos de río. También la lamprea, la anguila o el esturión. Este último se extinguió en España en los años 80 después de la construcción de las presas del Guadalquivir, ya que no puede saltar obstáculos, relata César Rodríguez, secretario general de Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS)-Ríos con vida, una organización que vela por la recuperación de los ríos españoles. 

"La protección de los ríos es un asunto muy descuidado en España. Las presas no son inocuas y tienen beneficios, pero también consecuencias. Cortan la circulación natural del río y a veces nos olvidamos de que también hay animales que necesitan circular río arriba y estas construcciones se lo impiden", relata el experto. Además de afectar a la fauna, las pequeñas presas construidas hace décadas y ahora abandonadas acumulan sedimentos como piedras y arena e impiden que estos continúen aguas abajo, alterando el ciclo natural del río. Por supuesto, la acumulación de sedimentos en azudes abandonados puede provocar incluso el derrumbe de la presa. 

La asociación AEMS trabaja para derribar construcciones obsoletas en ríos de España y el pasado diciembre derribó dos azudes en el río Cabrillas, un afluente del Tajo, a la altura de los municipios Taravilla y Pinilla de Molina, en Guadalajara. Su buen trabajo valió un premio de Dam Removal Europe, una organización europea que trabaja para mejorar el estado de los ríos.  

César Rodríguez dedicó buena parte del trabajo a hablar con la comunidad local y sortear la oposición social. En este caso tenían el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Gobierno manchego, pero una de las dos construcciones se usaba como poza para bañarse en verano y la gente iba allí a pasear y de pícnic, por eso la decisión de intervenir causó algo de malestar en la zona.

"Hay que dedicar tiempo y esfuerzo a hablar con la gente. Es fundamental", opina. "Hay que explicar que estas barreras impiden el paso de los peces y que bloquean la llegada de gravilla aguas abajo, donde los peces y anfibios ponen sus huevos. También que estas cascadas artificiales son bonitas, pero que también les gustará el cauce original una vez lo hayamos recuperado", añade. Este verano han tomado muestras para analizar si su trabajo ha dado frutos y las poblaciones de animales han mejorado tras la intervención, pero todavía no tienen los resultados. 

El amplio trabajo en el río Bidasoa de Josu Elso sí que ha demostrado que la recuperación de ríos es efectiva. El biólogo relata cómo en Endarlatsa, en la frontera entre Navarra y País Vasco, los pescadores se oponían radicalmente a la destrucción de una pequeña presa porque hacía que los salmones se amontonaran en una zona. "Era como pescar en una piscina, y algunos pescadores incluso pensaban que les íbamos a arruinar el negocio·, recuerda, "pero ahora incluso disfrutan más porque hay más ejemplares y hay que perseguirlos río arriba", concluye.

La Guardia Civil ha recuperado el Fuero de Brihuega (Guadalajara), que se daba por perdido desde finales de 1938. Se trata de un documento de incalculable valor, que se encuentra en buen estado de conservación teniendo en cuenta que pudo haber sido elaborado en el año 1242, cuando el Arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada, concedió el fuero a la villa de Brihuega. Este documento, ahora recuperado, se reconoce gracias al trabajo realizado por el catedrático de Arqueología, Juan Catalina García, quien pudo estudiarlo antes de su desaparición, y publicar un libro en el que lo describía por completo.

El códice, que consta de más de setenta páginas, está escrito en pergamino, resguardado por dos gruesas tablas de nogal, unidas por su borde inferior al fuero con cuatro fuertes tiras de badana. Contiene la firma del arzobispo, así como la de otras autoridades eclesiásticas que lo suscribieron con posterioridad, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa recogida por Europa Press.

Contiene un tipo de letra que los paleógrafos llaman francés, de diferentes colores, formando diferentes adornos entrelazados propios de las miniaturas de aquella época. Una sencilla orla de trazos de ambos colores abraza tres de los lados de la primera página. El fuero recoge un conjunto de normas jurídicas y las severas penas que se deben imponer a aquellos que las incumplan.

En la recuperación del fuero ha colaborado la casa de subastas Soler y Llach en Barcelona, que al ser consultados por el poseedor actual sobre cómo proceder a su entrega, facilitó que éste mantuviera contacto con la Sección de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El poseedor actual hizo entrega del fuero para que la Guardia Civil se hiciera cargo del mismo, y que este documento regresara a la villa de Brihuega, cumpliendo así el deseo de su difunto padre, que fue quien pudo evitar su destrucción junto a otros muchos libros que se estaban quemando, cuando la Unidad militar de la que formaba parte tomó la localidad a finales de 1938.

Con cierta frecuencia, los poseedores de bienes culturales que tienen bajo su custodia piezas de las que no puedan acreditar su lícita procedencia, confían en la Guardia Civil para que sea ésta la que canalice su retorno a la Administración competente, de forma que se garantice su disfrute por todos los ciudadanos.

Un joven de 23 años ha sido detenido en las últimas horas en relación con la muerte de una joven de 15 años y el ingreso de siete personas más intoxicadas por monóxido de carbono en el local donde se reunieron la pasada noche de Halloween y está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial.

Según han confirmado a Europa Press desde la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, está previsto que el joven pase a disposición judicial en las próximas horas. De momento se encuentra en las calabozos de la Benemérita. Nada más ocurrir el suceso, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares abría diligencias para averiguar las causas que pudieron motivar las causas de este suceso.

El detenido es uno de los jóvenes que participaba en ese encuentro, quien también ha permanecido ingresado en el Hospital Universitario de Guadalajara a raíz de la intoxicación mientras una patrulla de la Guardia Civil se mantenía en las inmediaciones del centro hospitalario hasta detenerlo una vez dado de alta. El juzgado encargado del caso será quien en las próximas horas determine la situación procesal del detenido y los delitos de lo que se le acusa.

Patrick Nogueira, autor confeso de las muertes de sus tíos Marco y Janaina y de los dos hijos menores de la pareja –de uno y cuatro años de edad– en agosto de 2016 en la localidad alcarreña de Pioz, ha sido condenado a la pena de prisión permanente revisable tras ser considerado autor de cuatro delitos de asesinato, informa Europa Press.

En concreto, es condenado a prisión permanente revisable por los asesinatos de los dos menores y de su tío, mientras que por la muerte de su tía, la primera que acometió, se le imponen 25 años de prisión.

En todos los casos, la sentencia considera que no hay circunstancias que modifiquen la responsabilidad penal de Nogueira.

Así se desprende de la sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara leída en audiencia pública por María Elena Mayor Rodrigo, la magistrada que presidió el juicio en el que un jurado popular consideró a Nogueira culpable de haber dado muerte de forma intencionada a sus familiares.

Nogueira, que ha escuchado el contenido de la sentencia por videoconferencia desde la cárcel de Estremera, se sometió a un juicio que arrancó el pasado 24 de octubre y del que no se conoció el veredicto hasta el 3 de noviembre tras casi dos días de deliberación por parte del jurado popular.

Durante el juicio, el autor confeso de los crímenes de Pioz pidió perdón en su turno de última palabra: "He causado demasiado daño e hice sufrir a gente a la que tengo mucho cariño pero yo también sufro", señaló, para agregar que quiere "cambiar".

La defensa de Nogueira solicitaba 25 años de cárcel alegando daño cerebral y arrebato, mientras que las acusaciones coincidían en solicitar prisión permanente revisable por las cuatro muertes a excepción del Ministerio Fiscal, que pedía 20 años por cada una de las muertes de los dos adultos.

Ángel Renieblas era tutor de 5º de Primaria en el Colegio La Senda de Cabanillas del Campo, un municipio de Guadalajara. Los empleados públicos de la Administración autonómica convocaron una huelga para manifestar su oposición a los recortes educativos que el entonces Gobierno conservador de María Dolores de Cospedal estaba llevando a cabo en Castilla-La Mancha. Renieblas decidió secundar el paro, que se celebró el 29 de febrero de 2012, y entregó a sus alumnos una carta dirigida a sus padres en la que informaba de las razones que le llevaban a tomar esta decisión. 

Ese hecho le valió una denuncia por parte de la Consejería de Educación, que le sancionó con 30 días de suspensión de empleo y sueldo por dos conductas: utilizar bienes públicos para usos particulares e incumplir el deber de neutralidad en el ejercicio de sus funciones. El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Guadalajara, más tarde, ratificó la sanción. 

Carta enviada por Ángel Renieblas a los padres de sus alumnos.

Este lunes, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) consideró en un fallo estimatorio el recurso de amparo que presentó el profesor, concluyendo que el único hecho acreditado consistió en que el maestro "informó a los alumnos sobre la convocatoria de huelga y su voluntad de secundarla". infoLibre entrevista a Ángel Renieblas tras esta decisión. 

PREGUNTA. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha le sancionó por una carta que dirigió a los padres de sus alumnos de 5º de Primaria en la que exponía sus razones para apoyar la huelga. Este lunes el Tribunal Constitucional le da la razón y anula el castigo que se le impuso, ¿cómo ha recibido esta noticia?

RESPUESTA. Me llamó el abogado intersindical Javier Donate y me dio la noticia. Primero la recibí con asombro, con satisfacción, muy emocionado. La verdad es que fue una sorpresa porque ya después de tanto tiempo no la esperas, así que se produjo un choque a nivel emotivo. En cuanto se supo, la noticia empezó a correr por las redes, y esto en el momento que empieza a circular no hay quien lo pare. Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) siempre ha considerado que no estaban probadas las tesis de los cargos políticos que impulsaron la denuncia, sobre todo porque la sanción ignoraba la instrucción del inspector del centro que, además, fue confirmada por el inspector jefe. Y estos son mis mayores cargos a nivel docente. Yo entregué la carta el día 28 de febrero de 2012 y la huelga era el día 29. El día 2 de marzo ya se personó el inspector en el colegio. Más tarde, el día 19, emitió un informe solicitando el archivo del caso.

P. ¿Cómo se produjo la inspección que realizaron a los pocos días de la entrega de la carta?

R. Dentro del servicio de inspección, cada inspector lleva una serie de centros. Luego, además, tienen un inspector jefe. El servicio pidió que se archivaran las actuaciones, pero los cargos políticos no hicieron caso y continuó el proceso administrativo: me incoaron un expediente y me impusieron una falta leve. Este procedimiento se inició ya en mayo de 2012. En ese momento, yo como funcionario tenía derecho a alegar –así que alegué en el expediente– y a presentar un recurso de alzada. Sin embargo, la resolución del señor Marín [que en aquel momento era consejero de Educación de Castilla-La Mancha del Gobierno de María Dolores de Cospedal, la entonces presidenta autonómica] lo desestimó. Por tanto, en aquel momento comenzó la sanción disciplinaria.

P. ¿En qué consistió la sanción?

R. La sanción disciplinaria me suspendió un mes de empleo y sueldo. A los jóvenes les dejaron sin profesor y a mí me dejaron sin cobrar durante un mes. Esa fue la sanción pero, además, hay que mencionar todo lo que conlleva a nivel profesional: se puso en duda toda mi actuación. La cumplí del 1 al 30 de enero de 2013 y, ya en 2014, el sindicato elevó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, que lo admitió en 2016 después de llevar a cabo su estudio. Y hasta hoy, que ya han emitido sentencia. En todo este periodo, además, se celebró un juicio en el Tribunal de lo Contencioso número 1 de Guadalajara, que decidió emitir una sentencia favorable a la Administración. 

P. La razón de la sanción era que usted llevó a cabo un "adoctrinamiento" hacia sus alumnos, ¿era esa su intención?

R. Los mismos alumnos lo dijeron. Lo que se puso en duda es mi actuación a nivel profesional como tutor, la libertad de expresión –como el mismo Tribunal Constitucional ha ratificado– y el derecho a huelga. Lo que dijeron es que yo intentaba adoctrinar al alumnado al entregar el documento, una cuartilla. Primero utilicé la asamblea de clase como recurso, porque yo era el tutor, y la agenda escolar como procedimiento para hacer llegar a los padres la carta. Esto no es nada revolucionario, llevo años haciendo uso de ella y por este medio se entregan cantidad de notificaciones del centro. El Constitucional afirma ahora que lo único que considera acreditado es que "el demandante informó a los alumnos sobre la convocatoria de huelga y su voluntad de secundarla, pero esa circunstancia no denota por sí sola un propósito de adoctrinamiento o, al menos, un propósito de influir de forma tendenciosa al alumnado". Entonces, añade el Tribunal: "No cometió la falta leve por la que fue sancionado, consistente en el incumplimiento de los deberes y obligaciones del personal".

Me dijeron también que estaba utilizando medios públicos, y yo recuerdo que hice el comunicado y lo fotocopié en mi casa en papel reciclado. Pero, en cambio, me dijeron que utilicé papel del colegio –que era mentira– y que empleé diez minutos de la clase de Matemáticas. En aquellos años recuerdo además que se impartía Educación para la Ciudadanía, una asignatura que suscitó mucho conflicto. En esa materia se estudiaban los Derechos Humanos, la Constitución y, por supuesto, el derecho a huelga. Yo mismo la impartía. Entonces ahora la sentencia considera "que la actuación del maestro, que solo dedicó unos minutos de la clase a explicar a sus alumnos las razones de la huelga y entregó una nota dirigida con la misma finalidad, no tiene encaje en el tipo sancionador dada la naturaleza de la información transmitida y el escaso tiempo que dedicó a ello". Yo no les hice un mitin a los alumnos, porque además tampoco lo necesitaban y sabían de qué iba el asunto. De hecho, cuando testificaron ante el inspector –que se entrevista también con ellos y sus familias– dijeron: "El profe dijo que él quería ir a la huelga para ver si se solucionaban los motivos que explicaba en la carta y porque iba a haber recortes en el presupuesto". Esa era mi intención, y ahora la ha ratificado el Tribunal Constitucional. 

P. Desde ese momento hasta que se le notificacó la sanción, ¿recibió quejas por parte de los padres y madres o le mostraron su apoyo?

R. Yo creo que un padre fue uno de los que me denunciaron. Y aquí hago un símil: la cesta de mi denuncia se tejió con muchos mimbres. Es decir, yo era una persona muy conocida en Cabanillas, era coordinador de Izquierda Unida, hicimos la plataforma en defensa de la escuela pública, etc. He sido siempre un activista dentro del terreno sindical y de defensa de la educación. Entonces, intervino la presidenta del AMPA [Asociación de Madres y Padres de Alumnos] en aquel momento; el alcalde de Cabanillas, que era del PP, el señor Celada; y la concejala de Educación, Estela Iturregui. Estamos convencidos de que fueron a por mí porque hubo muchos otros ataques a la libertad de expresión y se criminalizó la protesta social en aquellos años, que fueron muy duros. 

P. Entonces, ¿considera que la decisión de sancionarle es puramente ideológica?

R. Yo creo que sí. Ideología también es cuando alguien te dice: "Intentas adoctrinar". Mi sindicato, por ejemplo, defiende la Religión fuera de la escuela porque nosotros estamos convencidos de que se adoctrina. Y todos sabemos qué tipo de ideología defienden las personas favorables a que se imparta Religión en los colegios. Estas personas son las mismas que me dicen a mí que estoy adoctrinando y las que, además, eliminaron la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La sanción, según dice la propia sentencia, viene de una denuncia presentada por la concejala de Educación del Ayuntamiento de Cabanillas. A mí me consta que hubo una reunión entre el padre que comenté antes, el alcalde, el señor Celada, y Estela Iturregui, la concejala. Luego, un entramado de padres y miembros de la Junta Directiva del AMPA hicieron todo lo posible para que a mí se me denunciara. Por aquel entonces, entre los recortes echaron a 5.000 profesores en toda Castilla-La Mancha, 800 en Guadalajara. Y ahora la señora Cospedal viene diciendo que ella no recortó. Luego, además, la coordinadora provincial de Educación, Cultura y Deporte, Violeta Miguel, y Marcial Marín han recibido el premio de estar de asesores en el Ministerio de Educación. 

P. Después de recibir la sanción, ¿por qué decidís presentar el recurso de amparo ante el Constitucional?

R. El sindicato, con Javier Donate a la cabeza, tiene unos servicios jurídicos bastante profesionales. Mis compañeros se solidarizaron conmigo y decidieron que la sentencia del juzgado y de la Administración educativa eran muy rebuscadas y, además, insisto en que se saltaron los informes de la inspección que, aunque se pueden equivocar, son sagrados. Cuando el inspector acude al centro se reúne con el equipo directivo, el alumnado, las familias y el equipo docente. Y los mismos alumnos, al igual que los padres, emitieron su opinión. Y no fueron elegidos, acudieron los que salieron por sorteo. Es decir, estaba toda la comunidad educativa. Los informes se los saltaron, primero la señora Iturregui y luego Violeta Miguel, que eleva la denuncia al entonces consejero, que era, como ya he mencionado, Marcial Marín.

P. ¿Considera que se han puesto límites a su libertad de expresión?

R. Por supuesto. Limitaron la libertad de expresión en el tema de Educación para la Ciudadanía, la libertad de cátedra del profesorado y el derecho a huelga. De alguna forma, con la denuncia y la sanción, lo que hicieron fue limitar el derecho a la huelga que tenemos los profesores, y también la libertad de expresión dentro del aula. Eso está clarísimo y el mismo Tribunal Constitucional lo dice. Es un tema muy serio. ¿Por qué no voy a hablar de los recortes que se están produciendo en nuestro país o del derecho a huelga? Se produjeron casos similares en toda Cabanillas, y nos tenían miedo porque nosotros no teníamos miedo en aquellos momentos. Fueron a por mí porque eso es lo que intentaban, inculcar miedo y, sobre todo, acallar manifestaciones contra los recortes.  

P. ¿Continúa manteniendo las opiniones que manifestaba en la carta que entregó a los padres de sus alumnos?

R. Hay muchas cosas que han mejorado pero otras se siguen manteniendo. Por ejemplo, el profesorado interino no cobraba el verano, ahora empieza a cobrarlo. Aun así, estos profesores tienen una problemática muy especial a la que no se está dando solución. Por eso, nosotros vamos a seguir luchando desde el sindicato, esté la Administración que esté. 

P. Si se produjera la misma situación que en 2012, ¿volvería a actuar de la misma manera?

R. Por supuesto. Siempre lo he dicho, volvería a actuar de la misma manera. Y hay compañeros que lo hicieron después de que me sancionaran a mí. Entregaron la misma carta en sus centros. Yo insisto en que en esta materia se han mejorado muchas cosas, pero no tanto. Pero, por mi parte, si volviera a estar en la escuela, volvería a hacer lo mismo. Por supuesto. Y con este apoyo del Tribunal Constitucional tengo más razones. Este caso sirve para que a muchos compañeros se les refuerce desde el punto de vista moral y, además, es un espaldarazo a la libertad de expresión en las aulas y un espaldarazo al derecho de huelga. Lo que no me devuelve el Tribunal Constitucional son los malos ratos que hemos pasado mi familia y yo. Lo pasamos muy mal, en el pueblo nos señalaban y nos daba la espalda gente que creíamos tener al lado. Por otra parte estuvieron los compañeros del sindicato y los compañeros de Izquierda Unida, buena gente que siempre está dispuesta a ayudarte a salir adelante. La solidaridad, eso es muy importante. Pero hay que seguir luchando. 

En la charla se abordarán cuestiones como la situación de los medios de comunicación en España, la crisis del modelo tradicional de empresa periodística y la irrupción de los nuevos formatos. Además, se explicarán las características y la evolución de infoLibre como proyecto de periodismo independiente y la experiencia del digital francés Mediapart, socio editorial de infoLibre y referente del periodismo de investigación en la era digital.

De la mano de Reboiras, se analizarán los cambios en el diseño de la revista mensual. El acto tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en la sala Tragaluz, en el Teatro Buero Vallejo, en la calle Cifuentes número 30. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Un terremoto de magnitud 3,7 se ha registrado esta madrugada con epicentro en la localidad de Yebra (Guadalajara), según ha informado el Instituto Geográfico Nacional en su página web.

El seísmo se ha producido a 11 kilómetros de profundidad a las 05.28 horas de este miércoles. El temblor ha podido ser sentido por los vecinos de la localidad y de otras poblaciones cercanas como Almoguera, Almonacid de Zorita, Albares o Mazuecos, según ha informado una vecina de Yebra a la Cadena Ser.

Yebra fue una de las localidades que quiso albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, más conocido como "cementerio nuclear", que finalmente fue adjudicado a Villar de Cañas (Cuenca), a unos 70 kilómetros en línea recta de la localidad guadalajareña.

El alcalde de Yebra (Guadalajara), Pedro Sánchez Yebra, ha asegurado que ha sido un "ligero temblor" sin daños materiales, que apenas ha durado cinco o seis segundos, a lo que ha añadido que, si pudiera, volvería a pedir hoy el ATC para el municipio.

Yebra ha insistido en declaraciones a Europa Press en que el seísmo de este miércoles ha sido "muy leve". "Por las noches las cosas se magnifican más pero me he dado una vuelta y está todo muy tranquilo, normal", ha incidido, tras señalar que se ha recorrido el pueblo, ha hablado con la gente y ha hecho algunas llamadas.

Él estaba en casa y aunque lo ha sentido, ha manifestado que "no ha sido nada", tras recordar que ya en el 2007 tuvo lugar en el municipio otro seísmo similar y también sin consecuencias. Respecto al ATC ha afirmado que el problema de la despoblación es "tan importante" en esta zona de la Alcarria que "ahora, con más motivo, lo volvería a pedir" aún sabiendo la polémica que puede crear lo que diga.

"Yo podría esconderme, pero sin lugar a dudas volvería pedirlo", ha indicado, para apuntar que optaría de nuevo al ATC, tras incidir en que no fue una decisión personal sino que se adoptó en un pleno. "Con mayor motivo porque la despoblación es mucho más grave hoy que hace diez años". Este alcalde fue uno de los primeros en postularse a favor del silo en su día, una petición que creó cierta polémica, aunque sigue convencido de que este terremoto no afectaría a este tipo de instalaciones.

A juicio de este alcalde, Yebra "era el mejor sitio que había para el ATC. Lo he dicho y lo volvería a repetir, el problema de la despoblación de diez años a esta parte ha evolucionado en la zona muy negativamente". "Tenemos unos pueblos maravillosos y de poco nos sirve que estén desiertos", ha manifestado.

Preparado para terremotos cuatro veces más fuertes

Ha insistido en que el almacén nuclear iba a ser una instalación de tipo pasivo, sísmicamente preparada para terremotos de una magnitud cuatro veces superior. Además, ha apuntado que iba a ser una instalación "pasiva" que no crearía problemas. En todo caso, ha apuntado, de producirse un seísmo de una magnitud de esas características "no es que no quedase nadie por el ATC sino por las consecuencias del propio terremoto", ha señalado.

"El ATC es una instalación pasiva que además estaría preparada para un terremoto que no se ha dado nunca en la historia y si se diese la gente no moriría por efectos de la radiación sino por el terremoto, que sería devastador", ha argumentado.

Según este alcalde, que también es diputado provincial del PP, y que en su día fue cuestionado por realizar esta petición del ATC para su pueblo, incluso el ATI que hay construido en Zorita "es una losa antisísmica que está preparada para tres veces más e incluso los contenedores también".

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha defendido en Guadalajara un sistema de financiación "justo" para toda España, para todas las comunidades autónomas, que permita que los dos grandes partidos políticos de España se puedan poner de acuerdo, informa Europa Press.

Esto ha defendido Cospedal durante su comparecencia en la comida de Navidad del PP de Guadalajara, donde ha apostillado que el Gobierno actual del PP no quiere un sistema autonómico como el de ahora que "salió con el voto en contra del Partido Popular y que pactó José Luis Rodríguez Zapatero con Esquerra Republicana de Cataluña".

Para la secretaria general del PP, el actual sistema "no gusta a nadie, ni a los propios socialistas, pero ellos se callaron, y lo pactaron" y ha dicho que precisamente Castilla-La Mancha perdió por ese modelo de financiación.

Por eso, Cospedal ha dicho que, si bien hoy todos quieren un nuevo modelo, lo primero que se necesita es que el PSOE se ponga de acuerdo en lo que quiere, porque "el pacto lo tenemos que hacer entre todos, es un tema de Estado, y ni siquiera porque haya convocadas unas elecciones se puede frivolizar con ello".

Se ha referido también a las declaraciones del candidato popular a la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol, en las que se posicionaba a favor precisamente de un sistema de financiación justo para Cataluña y para el resto de las CCAA, porque "eso es lo que quiere el PP en toda España y esa es la diferencia" con otros, ha señalado.

Y es que, para la también secretaria general del PP; la petición del portavoz socialista catalán Miquel Iceta "de perdonar a Cataluña todo lo que debe al resto de los españoles es algo muy cómodo", y se pregunta si todas las comunidades autónomas dijeran los mismo, quien pagaría la "juerga" de los separatistas catalanes, "serían todos los españoles", ha apostillado.

En este sentido, la ministra afirma que, si tienen deudas, podían haber administrado mejor, porque también hay otras regiones que tienen deudas, y "no es de recibo que el PSOE, con esta equidistancia en la que se pone siempre, no quieran estar con quienes deberían", los que defienden la Constitución, ha dicho.

Unidad de España

La titular de Defensa ha vuelto a defender la unidad de España en nombre de su propio partido, porque "siempre hemos dicho lo mismo en Barcelona y en Guadalajara", ha apostillado tras criticar que otros no lo han hecho, en referencia concreta a la decisión de presentar la aplicación del artículo 155 en el caso de Cataluña.

Entre los aplausos de la militancia que ha asistido a esta comida, ha hecho referencia a cómo, quince días antes de esta decisión, desde Ciudadanos decían que eso era "matar moscas a cañonazos" y otros como el PSOE decían que no.

Ha recordado que quien ha convocado las elecciones en Cataluña ha sido Mariano Rajoy, pero que ha sido para que los ciudadanos decidan quien quieren que les gobierne y no para que algunos partidos "se peleen", sino "para que gane el constitucionalismo".

Ha criticado como, mientras el PP ha estado donde tenía que estar en este asunto, otros van "al sol que más calienta" y otros están en la "equidistancia".

Así respondió a la denuncia pública de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que este martes hacía como reacción a la reclamación municipal de un pago de 2.057 euros en tasas por las exhumaciones de Timoteo Mendieta y otros 27 cuerpos de personas asesinadas por el franquismo.

La asociación recordó este miércoles en nota de prensa que la medida fue aprobada por la mayoría del Pleno el pasado 30 de diciembre. Y, además, subrayó que en él, y "en previsión de que el argumento fuera la ilegalidad", se aprobó también por mayoría que si no fuera posible inscribir la exención de la tasa legalmente, "el Ayuntamiento crearía el mecanismo oportuno para asumir el pago de la misma", de modo que no repercutiera en los autores de la exhumación de fosas de represaliados. 

“Cuando los responsables municipales han decidido saltarse y no respetar la decisión de un pleno y lo hacen conscientemente", aseguró el presidente de la ARMH, Emilio Silva. "Están vulnerando la incorporación de una decisión mayoritaria y eso roza la prevaricación”, añadió.

Esteban justificó la decisión del Ayuntamiento con la existencia de un informe técnico, que habría sido solicitado para estudiar la posibilidad de la exención de la tasa y cuya conclusión habría sido negativa. El concejal señaló, en declaraciones recogidas por GuadalajaraDiario, que el documento concluyó que ni la ley de haciendas locales ni la de exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil recoge ningún beneficio fiscal. Por tanto, no se podrían "establecer bonificaciones o exenciones excepto las que marca la ley y éste no es el caso".

Al respecto, el director de ARMH manifestó que le "gustaría ver el informe técnico que han encargado los responsables de gobierno municipal y cómo valora que las tasas municipales ya cuenten desde hace años con cuatro exenciones subjetivas a las que sin ningún problema se le podría añadir la que fue aprobada en el Pleno”.

La organización se refiere a las exenciones recogidas en el artículo 6 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios del Cementerio Municipal de Guadalajara, en la que se expone que:

"Gozarán de exención de los derechos de inhumación, estancia en el depósito y sala de autopsia:1.- Las personas fallecidas que se hubieren encontrado incluidas en la Beneficencia Municipal.2.- Las personas fallecidas que se hubieren encontrado asiladas en establecimientos de beneficencia.3.- Los cadáveres que por orden de la autoridad judicial se inhumen en la fosa común.4.- Los cadáveres de soldados pertenecientes a la guarnición de esta Plaza, inhumados en la parcela donada por este Ayuntamiento al Ramo de Guerra".

“Conociendo esas exenciones subjetivas de las tasas, cuesta entender que tras la decisión del Pleno no se incluyera una quinta relativa a las inhumaciones y exhumaciones de asesinados por la represión de la dictadura franquista después de la guerra”, criticó Silva.

"Parece una decisión de Alcaldía en consonancia con la falta de atención que el alcalde ha mostrado hacia familias como la de Timoteo Mendieta. Hubiera sido de esperar que un alcalde que lo es de todos los vecinos acudiera al cementerio a solidarizarse con personas que han sufrido tanto y que tienen los mismos derechos que las víctimas de otras violencias como las del terrorismo”, remarcó.

Del mismo modo, la ARMH informó de que continúa estudiando si tomará algún tipo de actuación judicial contra el Ayuntamiento en caso de que éste siga reclamando la tasa.

El PSOE y Ahora Guadalajara se oponen 

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, por boca del concejal Víctor Cabeza, exigió este miércoles al alcalde conservador Antonio Román que anule la liquidación de la tasa que el Consistorio reclama a la ARMH. La petición socialista se fundamentaría, según arguyeron, en que "los trabajos llevados a cabo en la fosa común del cementerio municipal han sido realizados por personal externo y, por tanto, no han supuesto coste alguno para el Ayuntamiento”.

En este sentido, el concejal socialista recordó que “las tasas municipales tienen como fin y justificación cubrir los costes del servicio por el que se cobran y, en este caso, no hay ningún coste para el Ayuntamiento”, por lo que “la liquidación de esa tasa que el Ayuntamiento pretende cobrar a la ARMH es una muestra más de la actitud de Román y el PP municipal respecto a la reparación debida a las víctimas de la represión franquista y sus familiares”.

A su juicio, la actitud del alcalde en todo lo relativo a las víctimas de la dictadura franquista sería "condenable y lamentable" y, además, "se podría calificar de antidemocrático", por la aprobación en el Pleno del 30 de diciembre del pasado año de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios del cementerio municipal que incorporaba una exención para las exhumaciones de restos de víctimas de la represión franquista. Modificación, que subrayó, estaría "amparada" por la Ley 52/2007 de Memoria Histórica.

Por su parte, el Grupo Municipal Ahora Guadalajara, por medio de su concejala Susana Martínez, exigió también al equipo de Gobierno que se retractase de su intención de cobrar las mencionadas tasas. Una decisión que consideraron “un gesto más de desprecio de Antonio Román y de su equipo de Gobierno hacia los acuerdos alcanzados democráticamente en el Pleno y también hacia personas como Ascensión Mendieta, que lleva 78 años intentando recuperar los restos de su padre”.

Para la concejala de Ahora Guadalajara, el Consistorio pretende “cobrar unas tasas ordinarias por algo que ha sido excepcional". Ya que, como recordó, para que la exhumación se produjera "ha hecho falta la lucha de su familia, el tesón de Ascensión Mendieta, un exhorto o resolución judicial que ha tenido que llegar desde Argentina, el trabajo de muchos voluntarios de la ARMH, la financiación de un sindicato de electricistas noruego y el empeño, sobre todo, de una mujer que no se ha desanimado”, recalcó.

*Actualizada el jueves 13 de julio a las 18h.

El Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por el PP con el apoyo de Ciudadanos, reclama a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) el pago de 2.057 euros en concepto de tasas por la exhumación de Timoteo Mendieta, un sindicalista fusilado en 1939 que fue identificado el pasado mes de junio, tras una larga búsqueda impulsada por su hija Ascensión Mendieta.

La ARMH recibió una notificación del organismo de gestión tributaria del Ayuntamiento de Guadalajara, en la que se les demanda el pago de tasas por la exhumación de Timoteo Mendieta y otros 27 cuerpos de personas asesinadas por la represión franquista, que van a iniciar un proceso de estudio e identificación genética, según informó la organización en nota de prensa.

La cantidad total que el Ayuntamiento solicita asciende a los 2.057 euros. Si bien, el colectivo comunicó que estudia llevar a cabo acciones judiciales contra los responsables de la decisión municipal. En concreto, informó de que meditan denunciar a la institución por prevaricación, ya que el Pleno municipal habría eliminado la tasa para las exhumaciones de represaliados del franquismo. Igualmente, examinan negarse al pago, que consideran forma parte de "una discriminación partidista".

Según argumentaron, "el Pleno del pasado 30 de diciembre aprobó por mayoría una propuesta de Ahora Guadalajara, respaldada por los votos del PSOE y Ciudadanos, que tenía por objeto la eliminación de la tasa para casos de exhumaciones e inhumaciones relacionadas con los represaliados de la dictadura franquista".

La asociación ofrece el texto de la moción aprobada, en el que se expone: "Que el Ayuntamiento de Guadalajara proceda a modificar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de los Servicios del Cementerio Municipal, para incluir una nueva exención en el artículo 6, en el sentido de que gozarán de exención tanto las exhumaciones como las posteriores inhumaciones de los restos de las víctimas de la represión franquista".

Además, la ARMH subrayó que "la tasa que el Ayuntamiento pretende cobrar se aplica a las empresas funerarias que llevan a cabo actividades en los cementerios, por las que cobran dinero a las familias que se las solicitan".

Sin embargo, recordaron que, en el caso de la segunda exhumación de Timoteo Mendieta, la asociación la llevó a cabo "dentro de un proceso judicial", ya que la búsqueda del sindicalista de Sacedón "había sido reclamada por la jueza María Servini de Cubría", que desde abril de 2010 lleva a cabo una investigación de los crímenes de la dictadura franquista en aplicación del principio de justicia universal.

"El juzgado de Guadalajara ha atendido el exhorto de la jueza argentina y tutelado los trabajo de exhumación de la fosa y ningún familiar de las personas exhumadas ha tenido que abonar un solo céntimo de euro por los trabajos de exhumación e identificación", señalaron.

Del mismo modo, la ARMH indicó que, "a pesar de tratarse de un proceso judicial", se responsabilizó de todos los gastos derivados de la exhumación, entre los que se incluye el material, el alojamiento y la manutención del equipo de voluntarios. Labores que, recordaron, llevan a cabo gracias a los recursos que les proporcionan sus socios y algunas donaciones, ya que no reciben dinero de las administraciones públicas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, Fernando de la Fuente Honrubia, ha acordado dirigir una investigación formal contra los integrantes de un "grupo criminal" compuesto por empresarios que contaron con el apoyo de diferentes políticos de Castilla-La Mancha, entre los que se encuentran integrantes del actual Gobierno socialista en Toledo de Emiliano García-Page y de la expresidenta castellanomanchega y actual ministra de Defensa del PP, María Dolores de Cospedal.

El instructor considera a los investigados como los responsables del incendio ocurrido en agosto pasado en las instalaciones de la empresa Kuk Mediambiente en la localidad de Chiloeches (Guadalajara). En concreto, sostiene que los imputados conformaban un "grupo organizado, cuyo fin era la obtención de importantes beneficios económicos a través de la gestión irregular de residuos, principalmente peligrosos", según indica un auto adelantado por el diario El Mundo y al que ha tenido acceso infoLibre.

La resolución judicial identifica con iniciales al exalcalde del municipio de Chiloeches César Urrea (PP); al exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta con García Page, Sergio David González Egido (PSOE); y a ex directores generales de Evaluación Ambiental o de Calidad e Impacto Ambiental del Ejecutivo de Cospedal, así como varios jefes de servicio.

Delito contra el medio ambiente

El juez atribuye a estos representantes políticos el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. A los directivos de las empresas Kuk Medio Ambiente, Grupo Layna y Salmedina les imputa además los delitos de pertenencia a grupo criminal y falsedad en documento público.

Según el auto, el Consistorio de Chiloeches tenía "perfecto conocimiento" de que la empresa ejercía la actividad sin la preceptiva licencia de apertura. El magistrado llama la atención en que el exregidor llegó a declarar que no tenía relación con los directivos de Kuk Medio Ambiente: "Sin embargo, en el transcurso de la investigación, han mantenido frecuentes conversaciones telefónicas y entrevistas personales, destacando en las llamadas la extremada cautela a la hora de hablar".

El juez también analiza la actuación del exviceconsejero de Medio Ambiente del actual Gobierno socialista Sergio David González Egido, que dimitió en agosto "por motivos personales" y que según el auto habría ampliado la actividad de Kuk Medio Ambiente, "cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción".

Un móvil de una empresa

Además, este exviceconsejero socialista dirigió la empresa Biosonoil, que en ese periodo llegó a realizar un proyecto para la instalación de un evaporador en la fábrica incendiada. "Ese proyecto, con un coste superior a los 60.000 euros, se ejecutó cuando el investigado ya ocupaba el cargo de viceconsejero y había abandonado Biosonoil. Sin embargo, ha seguido utilizando de manera personal un teléfono móvil registrado a nombre de la empresa, y utilizando un correo electrónico con el dominio de Biosonoil", destaca el juez.

El juez considera que "no es razonable" que una empresa que debería haber suspendido la actividad tras recibir una sanción "por las graves irregularidades" que había cometido, "se le autorice a gestionar más residuos".

Según los datos obtenidos a lo largo de la investigación, las empresas llegaron a verter unas 50.000 toneladas de residuos de forma irregular, "siendo una parte importante de éstas residuos peligrosos", completa el juez.

Tal como publica el periodicoclm.es, el chico golpeado consideró que la agresión se trató por "diferencias ideológicas". "No le gustarían los carteles que estaba pegando", añadió. 

En su testimonio, éste supuso que un coche le estaba vigilando por el "comportamiento extraño" del conductor. Tanto fue así que a la entrada de su pueblo éste ecomenzó a gritarle y a hacerle gestos desde su vehículo, obligándole a parar la motocicleta en la que viajaba por los frenazos de su agresor.

Pensando que le iba a llevar por delante, el agredido paró para preguntar si pasaba algo. Acto seguido, el conductor del vehículo se bajó del coche y le tiró de la moto. "Hubo un par de minutos en que no sabía cómo iba a acabar la situación, me dijo de todo", añadió el agredido, citando frases del tipo: "Como me denuncies te vas a cagar, te voy a matar".

Hasta que unos chicos jóvenes escucharon el incidente y se acercaron a ayudarle el conductor no paró su agresión. Fue entonces cuando aprovechó para regresar a su coche y huir del lugar. El incidente había finalizado, pero las heridas y el dolor continuaron en el cuerpo del joven.

Tanto fue así que éste afirmó al diario manchego que está "dispuesto incluso a hablar con Pablo Iglesias para que esto no quede así". De momento, el caso se encuentra en manos de los servicios jurídicos de la formación morada.

En la tapia todavía se aprecian las marcas de las balas, testigos silenciosos de un pasado enterrado durante más de setenta años. En las últimas dos semanas, Ascensión Mendieta ha pasado muchas horas con la mirada clavada en ese muro. Esperando con una sonrisa en los labios. O, mejor dicho, terminando la espera. Desde los 13 años ha estado imaginándose este momento, pensando en el día que pudiera recuperar los restos de su padre, fusilado en 1939. Ahora, a los noventa y con su deseo cumplido, recuerda con nitidez la última vez que le vio. “Estaba durmiendo la siesta. Había venido de la guerra, pero no llegó a entrar en combate porque su quinta fue una de las últimas que llamaron. Y vino porque Franco había dicho que era una paz honrosa, que quien no se hubiera manchado las manos de sangre se podía marchar. Mi padre llegó a Sacedón y a los cuatro días lo enviaron a la cárcel”.

Lo que desde el 19 de enero ha separado a Ascensión de esa tapia de la parte civil del cementerio de Guadalajara es una hilera de 12 tumbas. Desde lejos pasan totalmente desapercibidas, pero al acercarse se empieza a intuir que no son como las demás. La mayoría solo tiene una sencilla estructura de ladrillo y cemento cubierta de musgo y algún solitario ramo de claveles encima. En algunas se pueden leer algunos nombres sin ningún vínculo familiar entre sí. Son fosas comunes, herencia de la Guerra Civil y del franquismo. La de Timoteo Mendieta era la número 2, hoy un agujero de más de tres metros de profundidad abierto a instancias de la jueza argentina María Romilda Servini. “Es increíble que hayamos tenido que recurrir a un país extranjero. Aquí nos cerraron todas las puertas”, denuncia Francisco Vargas Mendieta, uno de los hijos de Ascensión. Es la primera vez que se realiza la apertura de una fosa común en España por orden de un magistrado extranjero.

El apellido Mendieta ha sentado un precedente y Ascensión se ha convertido en un símbolo para todas aquellas personas que buscan a sus desaparecidos. Por eso, cada uno de los días que se ha desplazado desde Madrid para contemplar cómo avanzaban las labores de exhumación se le ha acercado alguien para regalarle flores y hasta algún beso, pero, sobre todo, para darle las gracias. “Siento mucho orgullo, mucha alegría y mucha fuerza porque me voy a llevar algo de él”, dice mientras insiste en que quiere que la entierren junto a los restos de su padre, condenado a muerte en un juicio sumarísimo por pertenecer a UGT y “por auxilio a la rebelión”, según consta en los registros de la época. Tenía 41 años. Su quinta fue una de las últimas que llamaron a filas. Dejó el puesto de carnes que tenía en la plaza del pueblo alcarreño de Sacedón y se incorporó al frente de Canillejas, en Madrid. Nunca quiso que su familia le viera en la cárcel; seis meses después de ser detenido, recibieron la noticia de su ejecución.

El proceso para recuperar sus restos ha sido difícil y en muchos momentos frustrante y doloroso, pero las últimas dos semanas han sido especialmente emotivas. “Sé que voy a llorar un montón todavía”, reconoce Francisco. La de su abuelo ha sido una de las exhumaciones más complicadas que ha realizado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). “Ha sido difícil, una de las más largas debido a la falta de espacio. El perímetro para trabajar era muy estrecho porque a los dos lados hay otras fosas con asesinados”, explica René Pacheco, el arqueólogo que ha liderado la excavación junto con un grupo de voluntarios, incluido un antropólogo forense llegado expresamente desde Portugal. Además, en la fosa había otros 21 cuerpos de fusilados. Timoteo Mendieta fue de los primeros en ser arrojado, por lo que estaba prácticamente abajo del todo. El registro del cementerio, extremadamente minucioso, ha sido clave para identificarle: “Llama la atención cómo está todo perfectamente anotado: los nombres, la edad, la fecha de enterramiento, el número de fosa y hasta el lugar que ocupan los cuerpos en la saca”, explica Marco González, vicepresidente de la ARMH y nieto también de desaparecido.

Pero no siempre hay fuentes documentales tan fiables para localizar las miles de fosas comunes que se estima que hay desperdigadas por todo el país. En esos casos hay que tirar de memoria, hablar con los vecinos de la zona, con supervivientes de la Guerra Civil o con sus hijos y nietos que han escuchado las historias desde niños, ver lo que recuerdan y, sobre todo, lo que quieren contar después de callar tantos años. Porque el temor a hablar sigue estando ahí, instalado en lo más profundo, como si no hubiera pasado el tiempo. “El miedo aún está enquistado en la sociedad y ese es nuestro mayor obstáculo. No es raro encontrar a una familia que no reclama a su desaparecido no porque no quiera, sino por lo que van a pensar de ella en el pueblo. Es muy triste, pero nos hemos encontrado muchos casos así”, afirma Pacheco. Un silencio impuesto que también se vivió en la familia de Timoteo Mendieta. “Nunca hablábamos de ello, yo nunca he podido decir que habían matado a mi padre porque tenía a mis hijos, iban a un colegio de Falange en San Blas y me daba miedo que dijeran 'a mi abuelo le han matado', sabe Dios lo que podía a pasar”, cuenta Ascensión. “Vivíamos en un régimen de terror –añade su hijo Francisco--. A veces oías cosas, pero no hilabas. La primera vez que vine con mi abuela al cementerio tenía 14 años. La zona civil estaba cerrada. No podíamos entrar, así que arrojábamos las flores desde el otro lado del muro y donde cayesen…”.

Con la llegada de la Transición, se derribó la tapia y les dejaron pasar. Fueron los primeros en poner una lápida en las fosas comunes. Ascensión no ha olvidado que a su madre solo le dejaron “escribir el nombre porque le dijeron que tenía que dejar espacio para los demás, aunque nadie puso nada, solo ella”. Al poco, alguien la destrozó con mazas y le arrojó pintura roja por encima. Tuvieron que ponerla de nuevo. Dos de los siete hijos de Timoteo Mendieta nunca fueron a verla. De nuevo, el miedo. “Hubo hermanos que no querían saber del tema, pero no porque no pensaran en él, de hecho el que sobrevive ha apoyado a mi madre en todo, sino porque significarse en aquella época era muy duro y ya sabemos las consecuencias: primero palizas y luego cárcel”, dice Francisco.

Ascensión reconoce que si ha llegado tan lejos es gracias a sus hijos, porque fueron ellos quienes iniciaron la búsqueda, igual que en muchos de los casos investigados por la ARMH, como explica Pacheco: “La tercera generación es la que ha recogido el testigo y la lucha, porque no tiene miedo y solo quiere saber lo que pasó”. Sonia Castro es uno de ellos. Nieta de represaliados del franquismo, es ella quien inició en su familia la búsqueda de los desaparecidos. “Era un tema tabú, pero según me fui haciendo mayor empecé a hacer preguntas y a interesarme. Me enteré de que existía la asociación y les pedí ayuda. Mi abuelo está en el cementerio de la Almudena en Madrid, pero los restos de mi tío abuelo fueron trasladados al Valle de los Caídos. Queremos localizarle, no queremos que esté junto a sus verdugos. Ahora es mi madre quien me anima a seguir adelante”. Sonia es una de las muchas personas que se han acercado para acompañar a Ascensión. No importa si nunca se han visto antes, les une una historia compartida. Igual que a esas (decenas de) familias que gracias al caso de Timoteo Mendieta han descubierto que tienen a alguien enterrado en una de esas fosas, o las que ya lo sabían y ahora tienen la esperanza de poder recuperar sus restos. Ascensión es plenamente consciente de las puertas que ha abierto: “Hay mucha gente que está viniendo. Se han enterado por nosotros. Tengo mucha alegría”.

En dos semanas, la ARMH ha recibido más de sesenta solicitudes relacionadas con el cementerio de Guadalajara, peticiones de ayuda como la de Rafaela Gayoso Jiménez. Su abuelo está enterrado en la fosa 1, para ella el proceso empieza de cero: “Era el alcalde de Almunia de Tajuña, le fusilaron por pertenecer a UGT. También mataron a un tío abuelo y a mis tías les cortaron el pelo y las arrastraron por el pueblo. Les quitaron todo”. Con cada palabra que pronuncia sus ojos se humedecen, como si lo que cuenta hubiera sucedido ayer, como si lo hubiera vivido en primera persona. Emociones transmitidas de una generación a otra, una reacción normal según Raúl de la Fuente Gutiérrez, psicólogo de la asociación: “Los sentimientos brotan exactamente igual aunque haya pasado tanto tiempo, quizás tengan más carga emocional por todo el proceso de lucha. Tampoco suele haber diferencias entre los hijos y los nietos de los desaparecidos, los primeros lo vivieron en primera persona pero los segundos han crecido con esa historia familiar o la han descubierto de mayores, pero para unos y otros la exhumación supone cerrar ese capítulo”.

Curtido en casos de desaparecidos en los conflictos de Guatemala y Perú, De la Fuente no se separa de las familias durante las excavaciones. Les ayuda a asumir el proceso que están viviendo pero, sobre todo, a ajustar las expectativas. “Hay personas que creen que es fácil porque toda la vida les han dicho que estaban ahí. Pero muchas veces las localizaciones fallan, o su familiar no está, o solo se encuentra algún zapato o el botón de una chaqueta”. En este sentido, el caso de Timoteo Mendieta también ha sido especial. El trabajo de acompañamiento empezó durante el proceso judicial y se prolongará durante el tiempo que tarden las pruebas que realizará un equipo de genetistas argentinos. Es el paso decisivo porque, aunque el análisis arqueológico forense confirma que los restos encontrados en Guadalajara son los del padre de Ascensión, el ADN tiene la última palabra. La ARMH sabe por experiencia que, a veces, el resultado no es el esperado. Francisco cree que su familia está preparada para lo peor: “Sería una gran decepción para mi madre pero, incluso en esa situación, todavía seguiría mereciendo la pena. Nosotros no representamos solo a mi abuelo, sino a todos los desaparecidos. La democracia está coja hasta que no levanten todo lo que hay”.

El problema es que el tiempo se acaba. “Cuando empezamos nuestro trabajo hace quince años era más fácil encontrar las fosas porque había muchísima gente que te marcaba un lugar exacto. Hoy, muchas de esas personas han muerto y la búsqueda es cada vez más complicada”, advierte Pacheco. A esto se suma la falta de ayudas económicas destinadas a las asociaciones de la Memoria Histórica. La ARMH, por ejemplo, sobrevive gracias a la financiación extranjera, del dinero que recibe de un sindicato noruego y de los 100.000 dólares que le ha aportado el Premio ALBA/Puffin de Derechos Humanos concedido por los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln, una organización estadounidense. Su estructura, solo cuatro contratados y el resto voluntarios, recuerda que la Memoria es un movimiento social, compuesto por personas anónimas decididas a rescatar del olvido a las más de 114.000 víctimas que todavía quedan sepultadas en fosas comunes, una cifra que convierte a España en el segundo país del mundo, por detrás de Camboya, con mayor número de desapariciones forzosas sin resolver.

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