La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado la petición del fiscal y ha incrementado en dos años -hasta los 14 en total-, la pena impuesta a la policía municipal de León, Raquel Gago, por el asesinato en mayo de 2014 de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. La Sala confirma por otra parte las condenas a 22 y 20 años de cárcel impuestas a Montserrat Ascensión González y a su hija Montserrat Triana Martínez por el crimen.

Respecto de Gago, el incremento responde al delito de tenencia ilícita de armas y se suma a la condena de 12 años de cárcel que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) como cómplice del asesinato. Entiende el Supremo que es responsable de tenencia por hacerse cargo del revólver con el que se cometió el crimen.

Entiende el Supremo en su fallo -la sentencia completa se dará a conocer en las próximas semanas- que también es responsable de tenencia por hacerse cargo del revólver con el que se cometió el crimen.

El acuerdo adelantado este jueves por la Sala Segunda del Supremo, tan sólo un día después de la celebración de la vista en la que se escucharon los argumentos de todas las partes, ya ha sido comunicado al tribunal que enjuició los hechos, la Audiencia Provincial de León, "a los efectos oportunos". La decisión sobre el futuro más inmediato de Gago, quien actualmente se encuentra en libertad, depende ahora de la decisión de ese tribunal.

El fallo supone, asimismo, la desestimación de los recursos presentados tanto por la defensa de madre e hija como por el abogado de Gago. El letrado de Monstserrat González y de su hija Triana alegó que la primera sufría un trastorno paranoico y negó la existencia de un concierto entre las tres acusadas para solicitar la absolución de la segunda, mientras que el defensor de Gago defendió de forma vehemente su inocencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó en su día la sentencia absolutoria dictada para Gago por la Audiencia Provincial de León atendiendo así al veredicto del Jurado que declaró a la expolicía culpable de la muerte de Isabel Carrasco por haber contribuído al plan conjunto preconcebido por madre e hija.

Durante su intervención en la vista pública celebrada por esta causa, el fiscal José María Casado respaldó todos los argumentos expresados en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJLC), cuya valoración de la prueba ha calificó de "correcta y lógica".

El fiscal discrepó tan sólo en lo referido a la tenencia ilícita de armas, ya que considera que en TSJCyL incurrió en una "inaplicación indebida" del artículo que impone una pena por este hecho.

Sobre Monstserrat González, el fiscal rechazó al igual que han hecho todas las instancias anteriores que pudiera sufrir una enfermedad mental -trastorno paranoide delirante, según su abogado defensor-, "sino odio", por lo que rechaza la aplicación de una eximente a su caso. Sobre la hija, expresó que la prueba practicada no arroja duda alguna sobre la existencia de un concierto para la comisión del crimen.

Aceptó hacerse cargo del arma

En relación con el revólver utilizado, el fiscal explicó durante su argumentación que "no cabe la menor duda de que Raquel Gago tenía conocimiento y aceptó hacerse cargo del arma", de la que además conocía que era un revólver sin licencia, que había sido alterada para borrar su número y que tuvo en su poder durante al menos 30 horas.

El abogado de madre e hija, José Ramón García, basó todo su alegato en defender a la segunda, negando que existiera un plan para el asesinato. Para demostrar su tesis, el letrado cuestionó entre otros aspectos de la sentencia la hora -las 17.15- en la que se supone que se produjeron los disparos, ya que sobre ella pivota la valoración del contenido de todas las llamadas telefónicas que se produjeron a continuación y que se explican como consecuencia de ese concierto previo.

Para el abogado defensor, la llamada que Monstserrat González hizo a su hija un minuto después de dicha hora no lo fue para quedar tras los disparos y entregarle el arma según lo acordado. Defendió que se realizó antes y en ella Triana advirtió a su madre, que la alertaba de que tenía a Carrasco a tiro, de que no cometiera una barbaridad.

Así lo demuestran, según esta parte, el cruce del horario de esta y otra llamada posteriores con las realizadas por el policía que vio el asesinato y siguió después a la madre por las calles de León.

Por su parte el abogado de Gago, Fermín Guerrero, defendió la inocencia de su patrocinada señalando que nunca supo del arma utilizada. Incidió en la vista celebrada este miércoles en que las contradicciones en las preguntas y respuestas realizadas al jurado popular que vio el caso invalidan la condena contra la policía.

También cargó Guerrero contra la sentencia del TSJCL señalando que en ella se dicen cosas "sorprendentes" como reprocharle su participación en el crimen sin tener un motivo para hacerlo. A juicio del letrado "esto es así, ¿Qué motivo podía tener para poner en juego su vida? Pues ninguno", por ello se intentó hablar de una relación sentimental entre Triana y Raquel que no era cierta y la intervención de terceras personas que no ha sido demostrada.

Ante la petición del fiscal de incrementar en dos años la pena para su cliente, el letrado se opuso y afirmó que Gago no conocía la existencia de la pistola y mucho menos que hubiera sido alterada, circunstancia para cuya demostración no se ha practicado diligencia alguna durante el proceso.

Por su parte, las acusaciones populares, una de ellas en representación de la hija de Carrasco y la otra del policía testigo del crimen, se adhirieron a la petición de la Fiscalía para incrementar la pena a la Policía y han pedido que se confirme la sentencia dictada contra ella como cómplice del crimen.

El crimen de Isabel Carrasco ya tiene sentencia. Y con ella un giro sorpresivo más que culmina el proceso de forma polémica: el cambio de condena por parte del juez Carlos Álvarez de la agente de Policía Municipal Raquel Gago, al absolverla de asesinato contradiciendo así lo votado por el jurado popular. La inesperada decisión de condenarla sólo por encubrimiento –rebajando la pena de 16 a 5 años– se basa, además, en un error reconocido por el propio magistrado a la hora de redactar una de las preguntas a los miembros del jurado.

El fallo, pese a todo, no deja ninguna duda de que la muerte a tiros de la presidenta de la Diputación de León tiene tres culpables: sus asesinas son Montserrat González y Triana Martínez, la madre vengativa y la hija agraviada, que son condenadas por un delito de asesinato y otro de atentado, además de un tercero de tenencia ilícita de armas. Pena esta última a la que también ha sido condenada la tercera acusada, Raquel Gago, junto a un segundo delito de encubrimiento. 

Con esta decisión, y a la espera de los ya anunciados recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el proceso judicial por el asesinato de Isabel Carrasco Lorenzo ha vuelto a hacer honor a un caso envuelto desde el principio en una insaciable cadena de sorpresas. Ya el veredicto del jurado popular provocó hace dos semanas una conmoción en la ciudad. Nadie esperaba tanta contundencia contra la agente de Policía Local. Este jueves han sido los expertos en Derecho Penal los que se han visto completamente desconcertados. Estas son las claves de esta singular sentencia:

1. Raquel Gago, el eslabón débil

Durante todo el juicio la mayor incógnita se cernía sobre la figura de Raquel Gago y su implicación en el crimen, la “pobre chica a la que liaron estas dos”, según el público asistente. Y al final la atención se ha depositado sobre el sorprendente fallo del magistrado presidente corrigiendo la decisión del jurado popular, que había votado por mayoría acusarla de cómplice de asesinato. Raquel se ha vuelto a convertir en protagonista del proceso eclipsando las asesinas y a la propia asesinada. La agente de Policía, que mantuvo durante treinta horas en su poder el revólver con el que se cometió el crimen, pasa así de una condena máxima de 16 años a cinco años por dos delitos de tenencia ilícita de armas (2 años) y encubrimiento (3 años).

2. El juez se inculpa de un error para desdecir al jurado popular

La decisión de absolver a Raquel Gago del cargo de cómplice de asesinato está basada en un error propio del juez del caso, que reconoce en la propia sentencia. Carlos Álvarez dicta literalmente: “Resulta evidente que los términos [de las preguntas al jurado] fueron incorrectos técnicamente, ya que no debió mencionarse el título de imputación jurídica (la calificación jurídica del delito), y la fórmula debió limitarse a culpabilidad o no culpabilidad de las acusadas. Pero tal error, sin paliativos achacable a este Magistrado Presidente, carece de efecto alguno relevante en el campo jurídico, bastando con que, ahora en la sentencia, se haga patente el error y se corrija". Vamos, que no debía haber preguntado si Gago era “culpable de asesinato”, sino sólo si era culpable.

3. No se puede ser cómplice 'post delictum'

Para corregir el voto del jurado, el juez se basa en dos cuestiones. La primera que en el veredicto popular se encuentra la contradicción de que si bien se considera a la agente de policía “conocedora del plan” de asesinato –estuvo en la casa de las condenadas una hora antes del asesinato, se colocó en posición de recoger el arma homicida, recibió una llamada de aviso y no informó de la posesión del arma hasta entregarla treinta horas después–, el propio jurado “en momento alguno, declara probado que Raquel Gago Rodríguez asumiera como propia, con su pacto cooperativo, la decisión de causar dicha muerte, lo que la aleja de forma evidente de la condición de coautora”.

La segunda cuestión es que en la votación el jurado “declara no probado, y por lo tanto no puede aquí afirmarse, que participara en seguimientos a la víctima antes de su muerte, y, lo que es igual de importante, en el relato de hechos probados no se describe acto ejecutivo alguno, aun no necesario que, de forma previa o coetánea, favoreciera la ejecución de la muerte”. Por ello entiende el magistrado que la participación de Gago “se hizo con una aportación no esencial o decisiva, es decir de forma prescindible e innecesaria para la ejecución de dicha muerte”, lo que “sienta la diferencia entre una cooperación necesaria o no necesaria”, ya que “en realidad se produjo con posterioridad a la ejecución de la muerte”. Además también apunta que “la ocultación del arma homicida adquiere un evidente significado de participaciónpost delictum con valor normativo de encubrimiento”. 

4. Madre e hija, culpables de asesinato con agravantes de atentado y disfraz

La condena por asesinato es prácticamente igual para madre e hija, ya que se considera probado que las dos habían pergeñado el plan, buscado información y realizado seguimientos sin que “haya discusión al respecto” de que la madre fue la autora material del hecho. Y es que hasta “su propia defensa acepta la calificación de asesinato”. Respecto de la hija “no puede llegarse a considerar a la misma como coautora”, aunque sí se afirma que su contribución “encaja perfectamente en la figura de la cooperación necesaria”. También deduce el juez que, además de la alevosía de disparar por la espalda a Isabel Carrasco, hubo delito de atentado ya que “las dos acusadas” ejecutaron su plan “por causa del desempeño de su cargo” y no por un no probado acoso sexual, “que no ha convencido al jurado” y que resulta “ajeno al desempeño de todo cargo público”.

Por último, la vestimenta de Montserrat, “con una parka verde militar, gorra con visera, guantes, gafas de sol y pañuelo grande que le tapaba la boca y la nariz”, es suficiente para adjudicarle el agravante de disfraz. El fallo desestima también el eximente por anomalía psíquica, pero sí dispone como atenuante parcial de daño la entrega por parte de madre e hija de 77.602 euros. Por ello, Montserrat es condenada a 19 años de prisión y  su hija Triana a 17 años y seis meses como cómplice.

5. Distintas condenas por la tenencia ilícita de armas

Otro de los puntos importantes de la sentencia es que las tres acusadas reciben condenas distintas por la tenencia ilícita de armas: el revólver marca Taurus con el que se cometió el delito y la pistola semiautomática marca Royal. Sobre la madre recaen tres años por delito agravado de tenencia de armas; sobre la hija, dos años y seis meses y sobre su amiga policía, dos años. En el caso de Gago, el jurado votó que era culpable de la tenencia tanto del revólver como de la pistola, pese a que esta última se encontró en casa de la madre y la hija y sólo se ha demostrado que la agente tuvo en poder el arma recién disparada. Sin embargo, la sentencia apunta que “ese defecto carece de trascendencia alguna, puesto que, para la comisión del delito de tenencia ilícita de armas, basta con la posesión o disponibilidad de una de las dos armas”.

6. Indemnización de 150.000 euros, pero no para el PP

Entre los flecos de la sentencia, se apunta que las dos principales responsables han de indemnizar con 150.000 euros a la hija de Isabel Carrasco. Y al novio de esta, con 75.000 euros cada una. El Partido Popular también solicitó reparación por “daños morales”, pero el juez no considera que proceda la misma. “Dicha indemnización carece de todo fundamento. La categoría del daño moral sólo tiene sentido en las personas físicas y no jurídicas”, apunta el texto.

7. Mil euros de multa por un delito de falta para Fermín Guerrero

La espantada del abogado defensor de Raquel Gago, Fermín Guerrero, que desapareció durante una de las jornadas del juicio, se queda en una multa de mil euros y la consideración de falta, aplicada en una parte dispositiva independiente de la sentencia. Para el presidente de la Sala, “no hay base suficiente para entender cometido delito, que exige en todo caso que la incomparecencia sea voluntaria, es decir dolosa y malintencionada, y falta de toda justificación, al margen de que la conducta profesional del mismo pudiera ser constitutiva de una infracción disciplinaria procesal”. Pese al enorme revuelo que se formó con su desaparición, precisamente el día que iba a tomar declaración a los testigos a favor de Raquel Gago, se considera que ha acreditado las causas que motivaron tal incomparecencia “presentando justificación documental”. Por ello el juez Carlos Álvarez entiende “que la cuestión debe ceñirse al estricto campo disciplinario”. 

8. Raquel Gago aún no entrará en la cárcel

La sentencia apunta que mientras no puede haber suspensión de la condena para Montserrat González y Triana Martínez ni cabe indulto alguno, el caso de Raquel Gago es especial. Ya hace una semana el propio juez Álvarez, apoyado por dos magistrados más, consideró que la agente no tenía por qué entrar en prisión aumentándole la fianza, con lo que hasta que no se resuelvan los recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no entraría en la cárcel. Y aunque el jurado popular realizó una incoherente votación en que aprobó con cinco votos a cuatro la petición de indulto pese a haberla considerado culpable de asesinato, el juez la desestima “sin perjuicio de dejar constancia de lo sorprendente y llamativo que resulta tal criterio que expresa el jurado, tampoco hay base alguna, en razones de Justicia o equidad [...] para que, desde este Tribunal, se promueva de oficio la concesión de dicha gracia”.

9. Las incoherencias del jurado popular 

En toda la sentencia se observa una circunstancia que el juez ha querido resolver: las incoherencias del veredicto del jurado popular en lo referido a Raquel Gago. Independientemente de que entre quienes siguieron el juicio el fallo pareció durísimo con ella, había una serie de circunstancias que no habrían gustado al presidente del tribunal. La primera de ellas era la consideración de la policía como culpable de asesinato por mayoría de 7 a 2, confrontada con la petición simultánea de indulto para la acusada por cinco a cuatro. A los nueve miembros del jurado no les costó sin embargo condenar por unanimidad a Montserrat González y Triana Martínez. 

El otro error se centraba en la posesión de armas, ya que le adjudicaban sin prueba alguna la posesión de la pistola encontrada en casa de madre e hija. La contradicción ha llevado al magistrado a buscar una corrección jurídica que cambie el veredicto del jurado, creando otra polémica ya que expertos penalistas consideran que no es su labor y consideran el fallo una “nulidad como una casa” ya que la Ley del Jurado no permite esta opción. Otros opinan que “el jurado quería una condena más dura y esta puede ser causa de corrección en instancias posteriores ”. También se interpreta que con la conclusión de no considerar cómplice a Raquel Gago el juez le envía “una patata caliente” al Tribunal Superior de Castilla y León, el mismo que no le eligió como presidente hace dos meses.

10. De dos a ocho años para cerrar el juicio en apelación

Es precisamente la corrección al jurado lo que centrará los recursos de las partes. Para el abogado leonés Pablo Roberto Herrero, que ha comentado en medios de comunicación el devenir de la vista, “el problema está ahora en la cantidad de recursos y réplicas de la gran cantidad de partes que hay en este juicio, lo cual va a complicar las cosas a la hora de comenzar la vista de apelación”. A su juicio, es muy probable que el TSJ de Burgos no pueda decidir sobre la integridad de esta sentencia “antes de año y medio o dos años por causa de este aluvión de peticiones”. Y en caso de casación ante el Tribunal Supremo –que es prácticamente segura precisamente por la cuestión de si se ha producido una indebida aplicación de la ley en la sentencia–, “esto puede ampliar el cierre del proceso hasta cinco o seis años más”.

La Audicencia Provincial de León ha absuelto a la agente de Policía Municipal Raquel Gago del delito de asesinato que causó la muerte a la presidenta de la Diputación provincial, Isabel Carrasco, lo que contrasta con el veredicto del Jurado Popular, que determinaba que la agente era también culpable de asesinato.

Por otro lado, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, condena por el asesinato de la dirigente conservadoras a Monserrat González y Monserrat Triana Martínez, madre e hija. A la primera, se le impone la pena de 19 años de prisión como autora de un delito de asesinato más otros tres años por delito agravado de tenencia ilícita de armas.

Para Triana, se imponen penas de 17 años y seis meses como coperadora necesaria en el delito de asesinato, así como otros dos años y medio por delito agravado de tenencia ilícita de armas, lo que suma un total de 20 años de cárcel.

En cuanto a la agente de Policía Raquel Gago, el tribunal ha pronunciado su absolución del delito de asesinato y sólo estima un delito de encubrimiento, por lo que impone una pena de tres años de prisión, a lo que se suman otros dos años como autora de un delito agravado de tenencia ilícita de armas.

El jurado conformado en el juicio por el crimen de la expresidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco consideró culpables a Montserrat González, su hija Triana Martínez y Raquel Gago de sendos delitos de asesinato, atentado y tenencia ilícita de armas, según informó Europa Press.

El jurado dio lectura de su veredicto en torno a las 13.50 de la mañana de este sábado tras tres días de deliberaciones en el que tuvo que responder a un cuestionario de 84 preguntas sobre las circunstancias en las que se produjo en crimen y la implicación de cada una de las tres acusadas en los hechos que se juzgan.

Así, Montserrat y Triana fueron consideradas culpables por unanimidad, mientras que en el caso de Raquel Gago los miembros del jurado tomaron la decisión de su culpabilidad por mayoría, siete sobre nueve.

En cuanto al indulto, el jurado se mostró no favorable en el caso de Montserrat, sin embargo para Triana cuatro miembros se han posicionado a favor de que se aplique de forma parcial y cinco en contra, mientras que en el caso de Raquel Gago, cinco miembros están a favor y cuatro en contra de un indulto parcial.

También consideraron que no cabe suspensión de la pena en el caso de Montserrat, mientras que para Triana uno de sus miembros se ha mostrado a favor y ocho en contra. En el caso de Raquel, obtuvo cuatro votos a favor y cinco en contra de este supuesto.

Penas

A tenor de este veredicto, la Fiscalía solicitó para Montserrat González y para su hija 19 años de prisión por un delito de asesinato en concurso con atentado, más tres años más de prisión por tenencia ilícita de armas. Además, pidió para ellas la prohibición de aproximación tanto a la hija como a la pareja de la víctima durante 25 años.

En el caso de Raquel Gago, Fiscalía solicitó 12 años de prisión por un delito de asesinato en concurso con atentado más otros tres años de privación de libertad por un delito de tenencia ilícita de armas. Además, la prohibición de aproximación tanto a la hija como a la pareja de la víctima durante 20 años.

Asimismo, también mantuvo la petición de 75.000 para la hija de Isabel Carrasco y otros 75.000 para su pareja. Ambas cantidades a aportar de forma conjunta entre las tres condenadas.

El letrado de la defensa de madre e hija, José Ramón García, solicitó para sus patrocinadas una pena de 17 años y seis meses de prisión por el delito de asesinato en concurso con atentado, más dos años por el delito de tenencia ilícita de armas. Además, confió en el que el agravante de disfraz que se desprende de la deliberación del jurado se compense con el atenuante de reparación del daño por haber consignado gran parte de la indemnización ya a los familiares de la víctima.

García avanzó que la sentencia va a ser objeto de recurso porque ha entendido que "existen contradicciones evidentes" en relación a las cuestiones que han sido consideradas probadas por el jurado. Además, pidió la libertad provisional para Triana Martínez.

Por su parte, el letrado de la policía local, Fermín Guerrero, pidió para su patrocinada ocho años de prisión por el delito de asesinato en concurso con atentado, más otros dos años por de tenencia ilícita.

Guerrero indicó que va a recurrir y solicitó la suspensión de la condena de Raquel porque la sentencia no es firme y porque que su patrocinada lleva ya un año en libertad provisional y se ha demostrado que no existe riesgo ni de fuga ni tampoco de destrucción de pruebas.

No pudo defenderse

En su veredicto, el jurado precisó que Isabel Carrasco no tuvo ninguna opción de defenderse porque los disparos que le causaron la muerte fueron efectuados por la espalda y de forma sorpresiva. También consideró que Montserrat utilizó prendas, como un foulard, una parca y gafas de sol, para ocultarse en el momento de cometer el crimen y no ser reconocida.

A este respecto, el jurado noconsideró probado que Montserrat padeciera un trastorno de ideas delirantes en el momento de matar a la política leonesa.

En cuanto al delito de atentado, el jurado significó que todas las acusadas son culpables de causar la muerte de la expresidenta de la Diputación de León "precisamente en razón a decisiones que la víctima había tomado en el ejercicio de dicho cargo".

En el caso de Triana, el jurado consideró que "contribuyó a la muerte de Isabel Carrasco por haber hecho una aportación esencial que resultaba además imprescindible para conseguir tal objetivo".

También entendió probado que realizó seguimientos a la víctima previos al crimen y que "conjuntamente con su madre elaboró un plan urdido con la intención de causar la muerte a Isabel Carrasco, que comprendía un reparto de papeles entre ambas acusadas". Además, Triana, según el jurado, recibió de su madre el bolso que contenía el arma homicida en su interior.

Raquel Gago, según el jurado, no participó en los seguimientos previos a la política leonesa, pero sí "en cumplimiento de dicho plan previo y conjunto" con las otras dos acusadas se situó en la calle Lucas de Tuy "en actitud de espera" a que llegara Triana Martínez y accionó el mando de apertura para que ésta introdujera el arma en su coche.

En cuanto a la entrega del arma por parte de la policía local, el jurado consideró probado que Raquel entregó el arma 30 horas después del crimen "para alejar de sí" toda sospecha de su implicación en el crimen.

El abogado de Raquel Gago, Fermín Guerrero, fue localizado con vida después de que en la mañana de este miércoles el juez tuviera que suspender la sesión del juicio por la muerte de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, ante la ausencia del letrado.

Según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación, el abogado se encuentra aparentemente en buen estado de salud y ha sido hallado junto a su coche en el centro de León. De allí se le trasladó a una comisaría, en la que no quiso dar explicaciones pero sí reconoció que su ausencia había sido voluntaria.

La búsqueda del abogado se inició al no comparecer en la sexta jornada del juicio, con jurado popular, que se sigue en la Audiencia de León. La sorpresa inicial se tornaba en alarma a medida que transcurrían las horas y ante la imposibilidad de contactar con él. Se temía que hubiera podido sufrir algún percance, según relataron a Europa Press las mismas fuentes.

La policía había solicitado incluso autorización para entrar en el piso de Raquel Gago que, accidentalmente, ocupaba el abogado durante el juicio, aunque en dicho registro no se encontró rastro alguno del desaparecido, de ahí que se acordara ampliar el ámbito de la búsqueda por si Guerrero pudiera haber abandonado la ciudad.

Móvil apagado o fuera de cobertura

El letrado de Montserrat y Triana, José Ramón García, explicó que ayer estuvo comiendo con Guerrero y que alrededor de las 17.30 horas se despidieron, ya que el abogado, según le comentó, había quedado con su clienta esa misma tarde, sobre las 19.00 horas, sin que tal encuentro llegara a celebrarse.

El teléfono móvil de Fermín Guerrero se encontraba apagado o fuera de cobertura y su última conexión al servicio de mensajería de WhatsApp fue a las 19.04 horas del martes.

Para esta miércoles estaban previstos un total de 10 testigos, entre los que figuraban los dos hermanos de Gago, su pareja, algunas de las amigas que estaban presentes cuando esta encontró el arma en el interior de su coche, así como varios policías.

Raquel Gago es una de las tres implicadas en la muerte de la política leonesa, junto a la autora confesa Montserrat González y su hija, Triana Martínez. La Fiscalía pide para las tres 23 años de prisión por un delito de asesinato en concurso con atentado, más un delito de tenencia ilícita de armas.

El 12 de mayo de 2014, León y España se levantaron de forma brusca de la siesta. Todos los medios de comunicación lanzaban la noticia del asesinato a tiros de la presidenta de la Diputación de León y del PP provincial, Isabel Carrasco, en una pasarela sobre el río Bernesga de la capital leonesa. Un crimen aberrante que fue adquiriendo tintes surrealistas nada más ir conociéndose los detalles de las implicadas: dos afiliadas del PP, esposa e hija de un inspector jefe de Policía de Astorga, además de la búsqueda de un arma que apareció al día siguiente en manos de una agente de la Policía Local. Todo ello, además, en medio de la campaña electoral de las elecciones europeas.

Fue un crimen que espantó a gran parte de los españoles, salvo algunos que lo llegaron hasta a celebrar en Twitter, pero que en León ciudad provocó una reacción que sorprendió a los periodistas que acudieron al entierro de la poderosa política leonesa: una aparente frialdad que escondía un sentimiento de justicia poética e incluso alegría. El mismo día de su muerte el chascarrillo en León, aunque parezca increíble, era: “Nadie merece morir así, pero ella lo tenía merecido”. Se sabe que corrió champán en la ciudad la misma noche de su muerte.

La Carrasco, de profesión inspectora de Hacienda, era una mujer muy inteligente y tenía un carácter muy hosco y a veces violento con sus subordinados, al que muchos se referían como tiranía persecutoria. Isabel Carrasco Lorenzo se había convertido en todopoderosa a base de imponerse como presidenta del PP provincial y de la Diputación tras haber sido la consejera de Economía de la Junta de Castilla y León durante dos legislaturas y haber estado un cierto tiempo en barbecho.

Los medios nacionales bautizaron el asesinato como El crimen de León y mantuvieron la atención sobre el macabro suceso durante más de un mes seguido, mostrando unos números espectaculares en las audiencias televisivas. Lo extraño de una conspiración de mujeres, todas relacionadas con la Policía, matando a tiros a una mujer poderosa, los alucinantes giros del caso y las espectaculares revelaciones que mezclaban unas extremas relaciones entre las implicadas se han mantenido como un filón de noticias durante el año y medio que ha durado la instrucción del caso.

En la capital leonesa se conoce el suceso, sin embargo, como El crimen de Triana, la hija de la presunta autora material del asesinato, y la pasarela donde su madre ajustició a la presidenta se denomina desde entonces el puente de Triana. No pocos consideran que su amiga Raquel, la policía local implicada, debería ser declarada inocente, ya que no tiene nada que ver con lo ocurrido pese a haber recogido y entregado el revólver usado en el crimen. Muchos aplaudieron la decisión del hoy juez del caso, Carlos Javier Álvarez Fernández, de dejarla en libertad provisional.

Y es que en el juicio del crimen de León nada es lo que parece. La ciudad es un lugar que esconde secretos a plena vista (como el cáliz de Doña Urraca, mostrado durante mil años en la Basílica de San Isidoro, y que hoy se cree que es la Copa de Cristo en la que se basa la leyenda del Santo Grial), donde todo el mundo sabe quién es quién y qué hay detrás pero nadie lo dice. En León el problema no es saber las cosas, es mostrarlas. Y en la vista oral a la que asisten más de cien de periodistas de toda España todo está resultando macabro y sorprendente por los giros de las declaraciones.

Hay que tener en cuenta varios detalles previos al juicio. El fiscal jefe, Emilio Fernández Rodríguez, muy cercano al PP y que está ejerciendo de forma extremadamente dura la acusación, está enemistado con el magistrado que preside la vista. Incluso intentó recusarlo en su momento, presumiblemente más por la filiación izquierdista del que hoy es incluso candidato a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que por su actuación previa en el proceso. Sorprende que la acusación eliminara más jurados que la defensa, si bien es cierto que no pocos de los candidatos mostraron directamente su aversión hacia la asesinada. La acusación de la familia es llevada a duras penas por los letrados Carlos Rivera y Beatriz Llamas, dos abogados urbanísticos y no penales de plena confianza de la fallecida. La del PP, rechazada en primer momento, la ejerce otro valedor del entorno de la finada, Ricardo Gavilanes, también abogado del sucesor de Isabel Carrasco, el detenido en la operación Púnica Marcos Martínez Barazón.

En el juicio, las defensas son las que tienen que mostrar las cartas más importantes para intentar dar la vuelta a un asunto en el que, desde el primer momento del proceso, se ha tenido que insistir en que la asesinada no es la acusada puesto que la principal baza de las implicadas es dejar claro “lo mala que era La Carrasco”.

“No estoy arrepentida”

Montserrat González, la madre, dejó bien claro en su declaración del martes pasado a su abogado –ya que no contestó a más preguntas– que no estaba arrepentida de disparar contra Isabel Carrasco: “Si dijera lo contrario mentiría. Si no era ir al entierro de mi hija”, dijo con total frialdad.

Su hija, Triana Martínez, había estado cómoda un tiempo trabajando en la Diputación bajo el mando de Isabel Carrasco hasta que algo ocurrió. La víctima se encargó un buen día de que no consiguiera la oposición que en un primer momento le había arreglado para seguir como técnica de telecomunicaciones en la entidad provincial y hasta la persiguió fiscalmente además de vetarla en todo tipo de trabajos. Triana cayó en desgracia y su madre no pudo soportarlo. “Fue una persecución increíble”, explicó durante su declaración. La instrucción del caso concluye que madre e hija planificaron durante más de un año la muerte de la poderosa política.

Un asesinato político, pero de andar por casa. En un giro táctico de la defensa, la gélida y vengativa progenitora llegó hasta a presentar este martes al presidente del Gobierno como culpable de lo ocurrido: “Cuando vi que Rajoy no dejaba cambiar a Carrasco, decidí que la iba a matar”. Seguidamente excusó de toda culpa a su hija y a la amiga de esta, la policía local Raquel Gago, asegurando que no tenían nada que ver con su decisión de asesinarla.

Quizás lo más llamativo del caso no es la resolución de la complicadísima madeja de relaciones entre las tres implicadas. Hasta el propio juez le quiso quitar importancia al recordar al jurado popular que “no se busca ni puede alcanzarse la verdad absoluta de lo que ocurrió, sino que deberá pronunciarse sobre qué versión de los hechos, de entre las propuestas por las acusaciones y las defensas consideran acreditada”. Lo que realmente va a pesar es la imagen que se está presentando de la asesinada junto al polémico hallazgo del revólver usado en el crimen y su comprometida cadena de custodia –que podría eliminar la prueba principal–, y que es el objeto del comienzo de una sorprendente serie de mentiras acreditadas por la jueza de instrucción.

Triana Martínez declaró el miércoles que el suceso que provocó su “persecución” por parte de Isabel Carrasco fue que esta le “entró” en su domicilio particular. “Ella me besó, yo no me lo esperaba, me entró, me besó en la boca. Me sentí mal. Asustada. Me puso la mano... me quiso tocar, me agarró por detrás para que no me soltara”. Luego afirmó que cuando se iba le dijo: “Piénsatelo bien, que han salido las bases de tu plaza, y si te quedas tienes mucho que ganar y poco que perder”. Triana explicó que Carrasco la dejó de llamar a partir de entonces y que como no se quiso “acostar con ella” se encargó “de que no sacara la plaza”.

Fue otro momento del juicio donde la defensa pretendió juzgar la supuesta actitud de la víctima definiendo un momento puntual como un acoso sexual continuo que Triana no desgranó después en su declaración. Nada sobre su enchufe como ingeniera de telecomunicaciones durante la introducción de la TDT terrestre en una provincia con una orografía imposible y que dio lugar a centenares de informes e instalaciones que financiaban los 210 municipios que la forman. A nadie, ni siquiera está en el sumario, parece interesarle estos pecuniarios detalles, pero sí el morbo sobre ciertas e indemostrables actitudes privadas que sólo hoy Triana puede contar.

Raquel Gago, la pieza que no cuadra

Pero aún queda más sexo. La relación de amigas íntimas de Triana Martínez y Raquel Gago siempre fue objeto de especulación. Hasta tal punto de que la agente de policía local tuvo que desmentir en su declaración en sala “que fueran novias”. Hasta tal punto que, para demostrarlo, ha tenido que descubrir a su pareja durante 16 años, un hombre casado que tendrá que declarar en la vista. Más leña al fuego para desviar la atención sobre lo sucedido. La agente local es, sin duda, la pobre chica del juicio para sus vecinos, que consideran que es “una buena persona” a la que la han metido en un lío las otras dos. Es para todos la pieza del caso que no cuadra. Ella, al ser preguntada por ello, sólo alcanzó a decir entre sollozos: “Desde que pasó eso, yo no tengo vida”.

Raquel Gago es una de las tres acusadas a partes iguales por la Fiscalía y las acusaciones particulares como parte de la supuesta conspiración para asesinar a Isabel Carrasco. Ella fue la que entregó el arma del crimen treinta horas después, tras un amplio dispositivo para encontrarla por parte de una dotación del Cuerpo Nacional de Policía. El relato de los hechos, según el sumario, es que Montserrat, una vez que vio a Carrasco sola, llamó a su hija diciendo: “La he visto, se va a cagar”. Tras dispararle en la espalda y rematarla con dos tiros a bocajarro en la cabeza, entregó un bolso con el arma a Triana y esta fue a buscar a Gago para dejarlo en su coche. Raquel, que llegó a estar presente en el destacamento policial que cubrió el entierro de Isabel Carrasco sin decir nada, confesó luego que tenía el revólver. Primero declaró como testigo, y entonces se supo que había estado tomando té en la casa de madre e hija una hora antes del asesinato. Días después fue encarcelada como imputada hasta que salió en libertad provisional tras nueve meses en la cárcel.

Y aquí es donde comienzan las contradicciones. Los policías nacionales que acompañaron a Raquel a recoger el arma en el asiento de atrás de su coche tuvieron que reconocer ante la jueza de instrucción que no habían dicho la verdad en su primera declaración. Las pruebas indican que es el arma que se disparó para matar a Isabel Carrasco, pero Raquel declaró: “La primera que veo el bolso fui yo; lo limpio de agua y veo lo que es [dentro está el revólver]; Nacho [un policía nacional amigo suyo] lo sube, lo mira; los policías de Burgos lo sacan, lo tiran al suelo, lo volvieron a meter”. Es decir, se produjo una ruptura en la cadena de custodia de una de las principales pruebas. Es muy probable que su abogado defensor intente que se desestime, lo que supondría otra sorpresa en este caso y la exculpación de la agente.

Cabos sueltos y contradicciones

Entre todo, llama la atención que Triana se refiriera a importantes cargos que la apoyan y que tienen relación directa con la Diputación pero que no están entre los testigos. Es el caso del presidente de la Diputación al que sustituyó Carrasco, Javier García Prieto, que fue quien la contrató, o el hoy presidente de la entidad provincial, Juan Martínez Majo, el asesor fiscal que le ayudaba en la persecución que sufría por parte de Isabel Carrasco. Se consideró que no tenían relación alguna con los planes de asesinato, como otras tantas personas que no han sido incluidas, y otras ni mencionadas pese a haber evidencias de su posible implicación.

En ese León en que todo está escondido a simple vista, que la realidad se muestre es verdaderamente difícil. Esta circunstancia sobrevuela también sobre la contradicción más notable hasta ahora del testigo principal, el policía jubilado que siguió a Montserrat González tras contemplar el monstruoso asesinato. Después de explicar cómo “disparó a Isabel Carrasco un tiro por la espalda y luego se agachó para darle dos más en la cabeza”, y cómo la persiguió, cuando llegó el momento de comprobar una llamada suya al 112 avisando del crimen, afirmó no reconocerse en ella. Pese a que su mujer –que iba con él el día del asesinato y que declaró en el juicio– sí dijo identificar la voz de su marido, la defensa exigió que se le condenara por falso testimonio. Con ello pretende hacer pasar al héroe del caso por mentiroso. Algo fundamental para la decisión del jurado, ya que Montserrat González, que en un primer momento había dicho que le había entregado la bolsa con el arma de fuego a su hija Triana, en sala judicial afirmó haberla tirado en un garaje. Por su parte, el agente jubilado mantuvo la primera versión del encuentro entre las dos y la entrega del arma de una a otra, pero su propia declaración contradictoria sobre si usó el móvil, o no, lo complica todo y su testimonio podría quedar invalidado. 

Las pruebas sobre quien ejecutó el asesinato son fuertes, ya que la principal acusada, la madre vengadora, lo reconoce. Pero las contradicciones y mentiras sobre la ruta de la bolsa con el arma pueden conseguir que Triana y Raquel no sean consideradas culpables. Triana no sería condenada como encubridora, por ser familiar directa de su madre, que bien se ha cuidado de cargar con toda la culpa, y Raquel, sin la prueba del revólver, tampoco.

Un juicio donde la víctima parece la principal acusada. Y eso que Isabel Carrasco, la temida y poderosa política con 13 puestos públicos simultáneos, nunca se sentó en el banquillo en vida, pese a estar imputada por el supuesto cobro de unas dietas ilegales en otro proceso que un magistrado llegó a denunciar que estaba siendo alargado de forma irregular.

La defensa de Montserrat González y su hija Triana, acusadas de la muerte de la que fuera presidenta de la Diputación y del PP leonés, Isabel Carrasco, atribuyó este martes el origen del crimen al acoso sexual que la víctima sometió a la segunda de ambas acusadas y la animadversión posterior de la regidora a raíz de verse rechazada.

De hecho, el defensor, durante la exposición de los escritos de calificación provisional en la primera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de León por el procedimiento de jurado popular, advirtió de que la relación entre ambas "fue buena" hasta que Carrasco "demandó relaciones sexuales, agarrando a Triana por la cintura con fuerza" y le dijo: ¡"Piensa lo que haces, conmigo tienes mucho que ganar y poco que perder!".

Desde ese momento, siempre según la versión de madre e hija, "comenzó un calvario para Triana porque Isabel Carrasco no aceptó ser rechazada" y comenzó el supuesto acoso laboral, personal y judicial que terminó con su muerte a manos de Montserrat González.

"La única víctima es Carrasco" 

Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular reprochan a la defensa de madre e hija que su línea argumental pretende juzgar a la víctima. "Fuera como fuera Isabel Carrasco, nadie la puede matar, no existe ningún motivo para justificar un asesinato y menos de esa forma tan cobarde", aseveró el fiscal, mientras que Beatriz Llamas, letrada de la acusación particular, insistió en que "la única víctima es Isabel Carrasco. Una persona ha muerto y nada puede justificar un crimen".

La Fiscalía sostiene que la muerte de Isabel Carrasco se produjo por la "animadversión" que las acusadas Montserrat y su hija Triana sentían hacia ella, a la que culpaban de utilizar su posición como presidenta de la Diputación Provincial y del Partido Popular de León para perjudicar a Triana cuando trabajó en la institución y reclamarle después diferencias salariales por dicho trabajo, así como en sus aspiraciones profesionales y políticas.

Así, abogó por que las tres mujeres implicadas sean condenadas por un delito de asesinato, en concurso con otro delito de atentado, a 20 años de prisión, así como a tres años más de cárcel por otro delito de tenencia ilícita de armas.

Por su parte, la defensa de madre e hija consideró a Montserrat González autora de un delito de asesinato con el eximente incompleta de trastorno mental por sufrir en el momento de los hechos "trastorno de ideas delirantes" con "déficit en sus capacidades de conocimiento y voluntad" y un atenuante de reparación del daño causado, ya que prevé una indemnización para la hija y la pareja de la víctima. Por este delito solicita una pena de siete años, seis meses y un día, además de un año de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas.

La defensa de Montserrat y Triana solicitó, además, la libre absolución de Triana Martínez porque, según sostiene, es únicamente e culpable de un delito de encubrimiento que queda impune porque afecta a su madre.

En el caso de la defensa de la agente de Policía Local Raquel Gago, su letrado solicitó la libre absolución de su patrocinada por su "ausencia de participación" en los hechos. "Todas las acusaciones son mentira", ha insistido en sus calificaciones provisionales el abogado Fermín Guerrero.

En la primera jornada de juicio se leyeron los escritos de calificaciones de las partes que recogen hechos ocurridos el pasado 12 de mayo de 2014, a las 17.15 horas, cuando Isabel Carrasco caminaba sola por la pasarela sobre el río Bernesga de León capital, que une el paseo de la Condesa con el paseo de Salamanca, y Montserrat González la venía siguiendo a poca distancia.

Poco antes de llegar a la parte superior de la pasarela, "a escasa distancia y por la espalda", Montserrat disparó a su víctima cuatro veces con un revólver, tres de los disparos le alcanzaron, el primero le afectó al ventrículo izquierdo del corazón y, después, para rematarla y tras agacharse sobre ella, Montserrat disparó en la mejilla izquierda y en la parte posterior de la cabeza.

Las heridas provocadas por los disparos resultaron "mortales de necesidad", el primer y el tercer impacto, y causaron la muerte de Isabel Carrasco de forma "casi inmediata" por "shock hipovolémico y destrucción de centros nerviosos superiores".

Después de efectuar los disparos, Montserrat González introdujo el arma en un bolso bandolera y volvió sobre sus pasos. Se dirigió, tras cruzar el paseo de la Condesa Sagasta, por las calles Lucas de Tui y Colón hasta llegar al pasadizo que existe entre la plaza del Mercado de Colón y la avenida Gran Vía San Marcos, donde se despojó de la parka, gorro, guantes y gafas, con las que se ocultó para cometer el crimen, y entregó el revólver, pañuelo y bolso a su hija Triana, que allí le estaba esperando.

Por su parte, Triana introdujo el bolso que le había dado su madre en otro bolso de lona más grande y, sobre las 17.19 horas, con un móvil Nokia tarjeta prepago, que no estaba registrado a su nombre, hizo una llamada telefónica de 17 segundos a Raquel Gago.

Triana se encontró con Raquel Gago sobre las 17.25 horas del mismo día, en la calle Lucas de Tui. La agente de policía local abrió su coche allí aparcado y Triana depositó allí el bolso grande en el que se encontraba el arma homicida, así como otros enseres.

"Las tres eran necesarias" 

Según la Fiscalía y la acusación particular, las tres mujeres elaboraron de forma conjunta "un plan" y Raquel Gago conocía los propósitos homicidas de las otras dos y colaboró con ellos por amistad a Triana. "Las tres eran necesarias, cada una con su perfil, para llevar a cabo su fin, que era asesinar a Isabel Carrasco y quedar impunes".

No obstante, según la defensa de Gago, ésta no conocía los planes de la autora confesa y su hija y "no se encontraba en la calle Lucas de Tui esperando a nadie. No ocultó nada en su coche de forma previamente concertada, ni participó en un seguimiento a Isabel Carrasco".

Lo que sí está probado es que Raquel Gago no entregó el arma homicida hasta 30 horas después de cometerse el crimen. El 13 de mayo 19.20 horas llamó a un policía nacional y dijo que había encontrado de forma casual el arma en su coche.

El fiscal jefe provincial de León y representante de la acusación pública en el caso del crimen de Isabel Carrasco ha solicitado una pena de 23 años de prisión para cada una de las tres imputadas por la muerte violenta de la política leonesa, Montserrat González, su hija Triana Martínez y la policía local Raquel Gago.

La hipótesis que baraja el fiscal jefe, Emilio Fernández, es que las armas que se encontraron en el registro domiciliario practicado en la casa en la que vivían habitualmente Montserrat González y Triana Martínez estaban también a disposición de Raquel Gago, según una información de El Diario de León recogida por Europa Press.

De acuerdo a esta hipótesis, las tres sospechosas tenían a su alcance el revólver con el que se cometió el crimen y, también, otra pistola que apareció en el registro practicado por los agentes.

Por otro lado, en el escrito de calificaciones del fiscal se ha propuesto la declaración de 62 testigos y peritos para el esclarecimiento del caso de cara al juicio, cuya fecha aún está sin determinar.

Entre ellos, figuran, además de los interrogatorios a las tres imputadas, hasta cinco testigos directos del crimen, el policía jubilado y su esposa, que se encontraban en la zona en el momento de los hechos y que facilitaron la detención de la Montserrat González y Triana Martínez, y un vecino de León que también presenció de forma cercana lo ocurrido.

También serán citados a declarar policías, el expresidente de la Diputación, Marcos Martínez, una vecina de Carrasco que presenció los seguimientos, el novio de la víctima, las amigas con las que Raquel Gago estuvo la noche después del crimen y el controlador de la ORA con el que se encontró minutos después de la muerte de Carrasco.

El juez Eloy Velasco dictó ayer jueves cinco órdenes de prisión sin fianza, las primeras del caso Púnica, lo que señala a sus destinatarios como imputados de primer orden en la llamada operación y cuya libertad comportaría riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Para otros ocho imputados decretó prisión eludible bajo fianza y al noveno le dejó en libertad, aunque se mantienen con cargos.

En un primer auto, Velasco decretó prisión provisional incondicional para el todavía presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, y el empresario Alejandro de Pedro Llorca,a quien el juez define como "cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo en mucha parte al de David Marjaliza", el amigo empresario de Francisco Granados. Es en esa resolución donde el magistrado sostiene que Martínez Barazón, que el miércoles cumplió cinco meses al frente de la Diputación leonesa, participaba en alguna de las empresas de De Pedro a las que dio contratos. 

Respecto del empresario José Luis Huerta Valbuena, dueño de la empreas Waiter Music SL y de otras dedicadas a organización de eventos, el juez subraya que "históricamente ha sido adjudicataria de numerosos contratos públicos" en diversos municipios de Madrid, "así como en empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, donde Francisco Granados ocupó cargos de relevancia".

Apuntando al gigante Arpegio

Velasco abre una espita de contenido todavía impredecible cuando menciona de forma expresa que Huerta ha tenido como clientes también a "empresas públicas regionales" como Arpegio Áreas de Promoción Empresarial –ahora ya extinguida y reconvertida en Nuevo Arpegio–, el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) o la Fundación Arpegio "durante ejercicios en los que Francisco Granados ocupaba cargos de relevancia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid".

Mastodonte de la administración madrileña tanto por recursos como por su amplísimo margen discrecional de maniobra sin control de la oposición, el conglomerado Arpegio tuvo como presidente a Francisco Granados entre 2004 y 2011. 

Por la tarde, el magistrado hizo otro tanto –dictar prisión sin fianza– con el actual alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza; el director de Mercado Público de la multinacional Cofely, Pedro García Pérez; y la socia de David Marjaliza y administradora de varias de sus empresas, Ana María Ramírez.

Sujeto a un expediente de expulsión del PP, Marcos Martínez apenas lleva cinco meses como presidente de la Diputación, cargo al que ascendió tras el asesinato de quien lo ocupaba hasta entonces, la todopoderosa Isabel Carrasco.

Según Velasco, que bebe en una investigación que además de registros ha incorporado pinchazos telefónicos y un extensísimo análisis documental, en ese corto periodo de tiempo Marcos Martínez habría puesto en marcha varios procedimientos negociados de adjudicación vinculados a la estación de esquí de San Isidro para favorecer a empresas ligadas a Alejandro de Pedro.

¿Con qué objetivo? "A cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos de PP para continuar como presidente de la Diputación de León".  Pero, además de eso, el propio Marcos Martínez “tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias”.

Granados contraataca 

El juez pospuso para este viernes las declaraciones de los dos imputados principales de la trama, el exsecretario general del PP madrileño y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, y David Marjaliza su amigo empresario y también exconcejal del PP en Valdemoro.

Poco después de que se confirmase el aplazamiento de la comparecencia, Granados anunció una denuncia por detención ilegal. El hombre que durante años fue la mano derecha de Esperanza Aguirre fue detenido el lunes. El miércoles, y para evitar que alguno de los imputados pudiese alegar que se había superado el plazo de arresto legal, el juez Velasco formalizó la orden de detención judicial. Es decir, los arrestados ya no estaban bajo tutela policial sino de la del juez instructor.

La Justicia no ve enaltecimiento del terrorismo en las críticas que desean la muerte a los políticos. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha archivado el procedimiento que se seguía contra uno de los acusados de haber cometido este delito, que fue detenido 16 días después del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, a causa de los comentarios que realizó en redes sociales justificando el crimen. 

El arrestado fue capturado después de llevarse a cabo la llamada Operación Araña, que se saldó con 21 detenidos por supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo que habrían cometido al publicar en redes sociales insultos y mofas contra víctimas de ETA, mencionando en algunos de los casos a damnificados como Irene Villa o Miguel Ángel Blanco. Por su parte, el detenido cuyo caso ha sido archivado, según informaron en su momento fuentes de la Guardia Civil, publicó tras el asesinato de Carrasco frases como "Que gentuza de este calado no reciban un tiro en la cabeza sí que es un escándalo" y "Si España fuese un país normal, el terrorismo contra esta gentuza estaría legalizado".

No obstante, en este caso, Pedraz ha tomado en consideración la opinión de la Fiscalía, que argumenta que las expresiones utilizadas no pueden tomarse como "una concreta exaltación de las acciones terroristas cometidas por una organización o sus miembros" ni como un menosprecio para las víctimas de estos delitos. El magistrado, en este sentido, señala que las publicaciones por las que se acusaba al arrestado "se sitúan más bien en la crítica a los políticos" y hace hincapié en que ni han "adquirido una amplia difusión pública al concretarse en el entorno de amistades" ni han "favorecido o alentado la comisión de actos terroristas".

"Hay que limpiar las redes de indeseables"

El archivo supone contradecir la opinión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que en mayo dio orden a la Policía de investigar los posibles delitos cometidos por parte de los usuarios de redes sociales que hubieran hecho comentarios ofensivos sobre el asesinato de Isabel Carrasco. Las detenciones que se realizaron –que se unieron a las 21 de la Operación Araña– tenían, según el Ministerio, una intención "ejemplarizante". "Hay que limpiar las redes de indeseables", insistía Fernández Díaz apenas 24 horas después del asesinato de la presidenta de la Diputación de León.

"Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que las redes sociales son una isla en la que atacar, insultar, calumniar, defender la violencia o desear la muerte a alguien desde el anonimato sale gratis", señalaba Interior, que llegó incluso a proponer que se estableciese una regulación especial para sancionar las acciones de este tipo que se cometieran en la red. No obstante, la inexistencia de estas reglas específicas no evitó, por ejemplo, que se llevase a cabo la Operación Araña o que la juez de lo Penal número 24 de Madrid condenase a principios de mayo a un joven a pagar una multa de 1.300 euros por haber cometido un delito de injurias contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a través de las redes sociales.

Los comentarios aparecidos tras la muerte de Carrasco, sin embargo, suscitaron un fuerte debate sobre la necesidad de penas especiales para eventuales delitos cometidos en Internet. En el PSOE hubo posiciones enfrentadas: mientras que en el Congreso el portavoz de Sanidad de los socialistas, José Martínez Olmos, urgió al Gobierno a aprobar normas para que las amenazas vertidas a través de Internet tuvieran "las mismas consecuencias que si se hiciesen físicamente", el diputado Antonio Trevín aseguró que la legislación actual es "suficiente" para perseguir este tipo de delitos.

La misma postura sostuvo el portavoz de CiU en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida, que afirmó tajantemente que "el Código Penal da mucho de sí". Y también fue en la misma línea Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPyD, que señaló que su formación no es partidaria de un endurecimiento de las leyes actuales, pero sí de que "puedan aplicarse con eficacia". Quien mostró una postura más contraria fue IU, cuyo portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, tachó de "caza de brujas" el intento de buscar responsabilidades en las redes sociales en este caso, si bien se mostró favorable a investigar los comentarios que hubieran podido traspasar "el límite de la injuria y la calumnia".

Según los expertos consultados en su día por infoLibre, precisamente estos fueron los delitos que pudieron haberse cometido con los comentarios vertidos en las redes sociales tras el asesinato de Carrasco: injurias o calumnias, que podrían tener el agravante de la "publicidad" y que además podrían complementarse con un delito de "apología de la violencia". 

En el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que Montserrat González en su declaración quiso poner de manifiesto "profundas e injustas inquinas" contra su hija por parte de Carrasco y que esta inquina podría estar motivada porque el alcalde de León y otras personas "influyentes" en la ciudad pensaban que Triana "iba a ser más que la fallecida y a Isabel no le gustaba esta situación" porque su hija podía hacerle sombra.

Asimismo, consta en la declaración que la presidenta de la Diputación de León y del PP leonés "no podía admitir que alguien tan joven le hiciese sombra" además de que la asesina confesa asegura que Carrasco "se jactaba de hacer el mal a la gente y que por desgracia" su hija "se cruzó en su camino".

Montserrat González, que se negó a hacerse la prueba de residuos en la mano, reconoce que llegó a la situación que la llevó a disparar a Isabel Carrasco por "la desesperación, la injusticia con su hija generada por esta persona, que su hija actualmente no puede dormir ya que Isabel lleva haciendole la vida imposible desde hace mucho tiempo (unos tres años)".

Por su parte, Montserrat Triana Martínez González en su declaración explica que "ha sido tratada mal" por Isabel Carrasco, lo que ha tenido en su persona y en su vida "consecuencias muy negativas, tales como depresión, lo que provocó que llegara a perder 25 kilos".

Asimismo, el sumario recoge que Montserrat Triana no puede "conciliar el sueño desde hace años" por lo que ha tenido que tomar medicación, además de que Isabel Carrasco la llamaba a altas horas a su móvil "con un número oculto, prevaliéndose siempre de su situación de superioridad y que le pedía cosas oficiales y privadas para ella y para sus amigos".

"Me vi en la obligación de hacer justicia por todo lo que se le estaba haciendo a mi hija". Así justificó Montserrat González, asesina confesa de Isabel Carrasco, su crimen ante la jueza el día 14 de mayo, según la información publicada por diferentes medios la mañana de este viernes. El Diario de León, El MundoEl Mundoy el Diario de Castilla y León son los tres periódicos que han tenido acceso al sumario. 

"Lo llevé a cabo porque no podía más por lo injusto de la situación a la que estaba llevando a mi hija la tal Isabel", declaró González ante la Policía la noche anterior. "Estaba completamente harta y no podía más", remarcó durante su conversación con las autoridades.

En su declaración judicial, la autora del crimen explicó que fue la "desesperación" y "la injusticia con mi hija que actualmente no puede dormir, ya que Isabel le lleva haciendo la vida imposible desde hace ya mucho tiempo" lo que le llevó a acabar con la vida de Carrasco.

Culpó a la presidenta de la Diputación de León de "perjudicar" a su hija, Triana Martínez, laboralmente: "En las oposiciones fue Isabel quien influyó para que le dieran la plaza al otro aspirante". Aseguró, además, que a Triana "le había surgido un buen trabajo de su especialidad en Valladolid y otro en León e Isabel llamó para que no le dieran el trabajo". 

González defiende la inocencia de su hija

"Isabel acosaba a Triana", apuntó durante su declaración. Denunció que su hija "había adelgazado 25 kilos" y que un médico le "advirtió de que podía hacer algo contra sí misma".

En este sentido, González trató de exculpar a su hija explicando que cuando ella le "contaba sus problemas", le decía "que no se preocupara que ya se solucionaría todo". Sin embargo, como señala el Diario de León, en el sumario queda claro que Triana llama a su amiga Raquel Gago instantes después de producirse el asesinato.

También la exculpó en su versión de los hechos. Ante la jueza explicó cómo llevó a cabo el crimen: "El primer disparo lo hice de espaldas. Isabel no vio que venía. Los otros dos disparos fueron con ella en el suelo [...]. No sé dónde le di. Isabel no se movió. No vi si sangraba. Después me di la vuelta y me fui". Tras cometer el asesinato "iba rápido porque estaba fatal, muy mal, medio ida y entonces vi a mi hija", explicó. "En ese momento le di el bolso y le dije que lo tirara y que me iba para el coche".

Recalcó que "no había preparado el encuentro para darle el bolso". "No quiero implicar a mi hija por nada. Para eso me hubiera ido al coche y nos íbamos las dos", en lugar de acudir a un mercado en el que, al parecer, se deshizo de la ropa que llevaba.

Respecto al registro efectuado en la casa de su hija donde aparecen varias fotos de Carrasco, aseguró "que eran para carteles del PP" que iba a hacer Triana. A pesar de tratar de desvincular a su hija del crimen, al ser preguntada "por las anotaciones sobre armas que se encontraron en el registro practicado en el domicilio", respondió que correspondían "a búsquedas en Internet que hicieron juntas y apuntó mi hija".

El arma del crimen

La asesina confesa de Carrasco negó que alguien le instruyera en el manejo de armas: "No tengo conocimiento de armas. El revolver lo cargué yo, es muy fácil. He mirado por Internet". Minutos después, Montserrat González se contradijo al asegurrar que se lo enseñó la persona que le "vendió el arma". 

Según explicó a la jueza, la persona que le facilitó el arma "se llama Armando" y es de Gijón. "Se la compré hace dos años. No fue tan fácil comprar un arma. Ese señor es conocido en Gijón, lo sé por comentarios de la gente, de los mercadillos", relató González en su declaración. Explicó que su teléfono no lo había anotado "porque siempre estaba allí".

Contó que el revolver marca Taurus calibre 32 H&R Magnun, el arma del crimen, le costó "2.000 euros" y recalcó que "lo compraría hace dos años", aunque desconoce "el día, ni el mes". También reconoció que compró otro arma y que "la dejé en casa de mi hija".

Acceso a la prensa y medios de comunicación

Según informa el Diario de León, pese a que en todo momento se dio a entender que Montserrat González y Triana Martínez permanecieron aisladas e incomunicadas durante el tiempo que estuvieron detenidas en la Comisaría, la declaración de Montserrat González demuestra que no fue así.

Las declaraciones de González ante la jueza demuestran que tuvo acceso a prensa escrita y hasta a la televisión. Al final de su declaración ante los agentes de la investigación se queja del trato que los medios están dando a su hija, poniendo de manifiesto, como consta en el sumario, "que está en completo desacuerdo con los medios de comunicación (prensa escrita y televisión) con el trato dado a su hija".

Tras esta afirmación, Montserrat González  insiste en la inocencia de Triana Martínez: "no tiene nada que ver con los hechos reseñados" y por eso llega, incluso, a exigir que "no quiere que permanezca detenida".

La jueza de instrucción número 4 de León ha dictado este viernes prisión provisional, comunicada y sin fianza, para Raquel Gago, la policía municial que entregó el arma con el que pudo ser asesinada la presidenta de la Diputación Provincial de León Isabel Carrasco.

Los delitos de los que presuntamente se le acusan son: homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas, han informado fuentes jurídicas.

La detenida será conducida a la prisión de la localidad de Mansilla de las Mulas.

Dos personas han sido imputadas en la mañana de este viernes por comentarios en redes sociales relacionados con la muerte a tiros de la presidenta de la Diputación de León y del PP en esa provincia, Isabel Carrasco. Las imputaciones se han producido después de que el ministro del Interior diera orden a la Policía de investigar publicaciones en Facebook y Twitter y de que su departamento manifestara la intención de que se realizaran detenciones con "intención ejemplarizante".

El primero de los imputados es un joven de 19 años que ha quedado en libertad con cargos por orden del juzgado de Instrucción número 6 de Sueca (Valencia). Natural de Tavernes de la Valldigna, ha sido detenido por incitar a la violencia contra los políticos en las redes sociales. Este internatua celebró el asesinato de la presidenta de la Diputación de León y del PP en esa provincia, Isabel Carrasco.

Así lo ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en su cuenta de Twitter, en la que añade que el juez ha abierto una causa contra este joven en la que está imputado por un delito de apología para la comisión de asesinato. El magistrado le ha impuesto la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

El joven fue la primera persona arrestada en España por "expresar su conformidad" con el asesinato de Isabel Carrasco. La operación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona podía estar realizando manifestaciones de apología a la violencia a través de las redes sociales en relación con el asesinato de Carrasco.

'Así se hace, a matarlos a todos', 'Más tiros en la cabeza de PPeros', 'Isabel CarrasKO' o 'que me los pongan en fila uno al lado de otro y que me den un AK-47 que verás como acabo con todos esos hijos de puta fascistas de mierda', son algunas de las frases, escritas en valenciano, que el joven publicaba en su espacio en la red.

En el registro practicado en el domicilio del detenido los agentes se incautaron de diverso material informático consistente en una torre de ordenador, un ordenador portátil, cinco lápices de memoria, tres discos duros y cinco tarjetas de memoria, además del teléfono móvil particular del detenido.

Por su parte, una segunda persona ha sido imputada en Jerez de la Frontera (Cádiz) por difundir comentarios en la redes sociales en las que se mofaba del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y en los que pedía la muerte de otros políticos, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El segundo imputado llegó a grabar una canción que difundió por las redes sociales y en la que elogia "la puntería" de la "justiciera" que disparó contra la presidenta de la Diputación de León y pide "bombas nucleares en la cara" de los políticos. En torno a esta publicación hay numerosos comentarios de gente a favor de la canción y que defienden la libertad de expresión.

Las fuentes consultadas indican que se identificó a esta persona buscando en páginas webs. Fue posible encontrar datos personales y técnicos facilitados por las web donde este vídeo fue publicado. La identidad responde a las iniciales J. A. M. y tiene 19 años y domicilio en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Se encuentra imputado no detenido por los delitos contra la integridad moral (art. 173 CP, vejaciones graves) y contra los derechos y libertades fundamentales (art. 510 CP) denominado "delito de odio" que penaliza la provocación a la discriminación, al odio o al violencia contra grupos o asociaciones.

También la difusión de informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad (art. 510.2) y ambos perseguibles de oficio. Este individuo, tras ser localizado, fue trasladado a Comisaría este jueves a las 16 horas para ser oído en declaración como imputado, pero se negó a declarar.

Aunque parezca mentira, la campaña electoral de las europeas del 25-M ha llegado a su ecuador. Casi sin hacer ruido, con una tensión prácticamente por los suelos que preludia una baja participación en las urnas y marcada por dos parones, la tragedia de los cinco niños fallecidos en Badajoz y, sobre todo, el asesinato a tiros de la presidenta del PP y de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Una primera semana de campaña, por tanto, muy al ralentí, y dominada en los últimos días por el debate sobre la posibilidad de una gran coalición, orillado por unos (los socialistas) para que no triture sus expectativas electorales y utilizado por otros (IU, UPyD y otros pequeños partidos) para demostrar que el bipartidismo busca a la desesperada un plan de salvamento. El PP, el otro protagonista necesario, lo defendió y luego se puso de perfil.

La de las europeas de 2014 está siendo una de las campañas más atípicas de la democracia, por el bajo tono de los dos grandes partidos y la palpable desmovilización del electorado. El PP llegó a ella arrastrándose incluso con desgana, al nombrar Mariano Rajoy a su candidato, Miguel Arias Cañete, con los comicios incluso convocados. El resultado fue un arranque con poca fuerza, únicamente calentado por una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que describía un paisaje muy apretado entre conservadores y socialistas –el exministro sólo aventajaría a Elena Valenciano en 2,7 puntos, siempre tras aplicar la cocina–, ambos muy desgastados frente a la pujanza de terceras fuerzas. 

Bajo ese síndrome, se pusieron en marcha los motores del 25-M. Cañete, sacando pecho de la gestión del Gobierno de Rajoy, advirtiendo a los electores que apuesten por él para "no repetir los errores del pasado", centrando el discurso en que España ya empieza a salir del agujero y camina hacia la recuperación y agitando el recurrente fantasma de la herencia recibida –"Los españoles tienen memoria y saben quién hace daño y quién construye y en España quien construye siempre es el PP"–. Valenciano, llamando a decir en las urnas un "no como una casa a Rajoy y a [Angela] Merkel", a lanzar un mensaje de que hace falta otra salida de la crisis, derrotar a una derecha "cínica y desalmada", "machista" y "clasista" como la del PP y ganar "para todos los españoles, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, para todas las personas que están sufriendo". Willy Meyer, el cabeza de lista de IU, pidiendo el voto por ser el partido que defiende a la gente y no a la troika ni los grandes lobbies, frente al candidato del "gran capital" (Cañete) y la candidata de la "gran decepción" (Valenciano). Y Francisco Sosa Wagner, el número uno de UPyD, animando a los ciudadanos a romper la "barrera terrible" del bipartidismo. 

PP y PSOE, ¿son lo mismo o son lo opuesto?

No había comenzado oficialmente la campaña y ya sonó la primera nota anormal. El accidente, en Badajoz, del microbús en el que resultaron muertos cinco menores. La conmoción por la tragedia se coló en los mítines y cambió ligeramente la planificación. Valenciano, por ejemplo, cambió Cáceres, adonde tenía previsto desplazarse el viernes 9, por Salamanca. 

Los socialistas afinaron toda la trompetería posible para marcar el arranque de campaña con su nosomoslomismo.es. Un mensaje destinado a contestar a IU y a partidos como UPyD o Podemos, para subrayar sus diferencias con el PP. "Somos lo opuesto", exclamó la candidata. El PSOE era y es consciente de que buena parte de su campaña ha de contrarrestar el efecto corrosivo de que es la cara B del PP, una idea reiterada por los pequeños partidos y que ha calado en un electorado cada vez más descreído de la política y de las dolorosas recetas aplicadas para aplacar la crisis. "No es lo mismo. Qué razón tiene, don Alfredo", le replicó Cañete, quien aprovechó la línea trazada por Ferraz para, una vez más, contrastar la gestión de los conservadores con la de los socialistas en el pasado y lucir sus logros en la negociación comunitaria en temas como pesca y agricultura. 

Para el PP, a fin de cuentas, estos comicios del 25-M son el primer test nacional al Gobierno de Rajoy. Una victoria en las urnas, interpretan en Génova, significaría que los ciudadanos han entendido que su durísimo menú de recortes, sacrificios y subida de impuestos era necesario para sacar a España del hoyo. Alfredo Pérez Rubalcaba aceptó el envite: si el presidente quiere convertir las europeas en un plebiscito a mitad de mandato, sea. "Si él quiere que digamos sí o no, vamos a decir claramente que no", clamó el secretario general en un acto en el que recordó (otra vez) que no son "iguales" los que construyen que los dinamitan el Estado social. 

Poco más había andado la campaña. El domingo la inundó un mensaje que aún no ha desaparecido: la gran coalición. Cañete, en una entrevista realizada por Colpisa y publicada en los medios del grupo Vocento, dijo no descartar la alianza de PP y PSOE "si el interés general lo exige en el futuro", tras las próximas generales, para las que todas las encuestas pronostican un hundimiento nunca vista del bipartidismo. Sus palabras obligaron a Valenciano a salir del paso vía Twitter, negando por completo esa posibilidad, y atribuyendo tal hipótesis al PP, cuyo objetivo era hacer "daño" al PSOE. 

El misil de Felipe González

Si hablar de la gran coalición hace "daño" al PSOE, entonces quien se lo hizo, apenas horas después, fue Felipe González, quien en una entrevista en El objetivo de Ana Pastor, en La Sexta, defendió la entente de los dos grandes "si el país lo necesita". El expresidente del Gobierno no hacía sino reconocer una operación de la que había informado infoLibre: cómo sectores económicos, políticos (también la Zarzuela) y periodísticos estaban alimentando, desde noviembre pasado, una maniobra para facilitar el pacto de PSOE y PP tras las próximas generales, si ninguna de las dos consigue fuerza suficiente para gobernar. 

Automáticamente, la presión recayó en las filas socialistas. Rubalcaba, a primera hora de la mañana del lunes, intentó zanjar el debate y tranquilizar a sus huestes con una declaración categórica en Onda Cero: "Mientras yo sea secretario general, no habrá Gobierno de concentración". Sin embargo, la herida ya estaba hecha y los cuadros socialistas no dejaban de sangrar por ella y bufar contra González: en el PSOE existe una convicción generalizada de que no es posible una gran coalición, pero que el expresidente lanzara ese misil, en plena campaña, no hacía sino servir en bandeja a los pequeños partidos el mensaje de que el bipartidismo se está moviendo para intentar salvarse. Unas palabras "inoportunas" que "no ayudan" a Valenciano, se oía con reiteración en el partido. La dirección, para desembarazarse de un sambenito muy molesto, centró su diana en IU, "el único" partido que sostiene a un Gobierno de derechas, el de Extremadura. Dándole las llaves del Ejecutivo, hace tres años, y absteniéndose en la moción de censura presentada por Guillermo Fernández Vara, ahora.

Pero ese mensaje se ahogó pronto. En la tarde del lunes, la campaña se paralizó. La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, había sido abatida a tiros presuntamente por la madre de una antigua trabajora de la institución provincial que fue despedida. El suceso provocó la suspensión de los mítines electorales y el aplazamiento del cara a cara entre Cañete y Valenciano, solicitado por los socialistas. Un debate televisado, por cierto, que a punto estuvo de peligrar por el desacuerdo de los equipos de los dos grandes partidos respecto a la estructuración de los bloques temáticos. El PP apretaba para incluir un área de políticas sectoriales, y el PSOE al final cedió, siendo consciente de que Génova tendía una trampa para huir de los asuntos domésticos más polémicos, como la contrarreforma del aborto, cuyo combate ha intentado capitalizar Valenciano desde el principio. 

Normalidad a medias

El miércoles, la campaña recuperó normalidad a medias, porque los candidatos de los principales partidos se dejaron ver sólo durante la mañana para tener tiempo para preparar el duelo en TVE. Cañete puso en el terreno de juego la expresión maldita para los socialistas, pero para llevar el ascua a su molino, para reclamar una "gran coalición con el PP" para que España sea "importante" en la UE. Valenciano, mientras, llamó a no "perder la esperanza", a votar contra una derecha que está quitando "hasta las ganas de vivir", y reiteró que si los conservadores vencen, habrá "más sufrimiento". La candidata compartía escenario, por cierto, con uno de los dos posibles aspirantes al liderazgo del PSOE, Eduardo Madina. Con él estuvo primero en Coslada y después en Torrejón, donde recibió los abucheos de los tenderos de un mercadillo. 

Quienes no han aparcado el debate sobre la gran coalición han sido IU o UPyD. Cayo Lara advirtió de que ese "fantasma" recorre España, Willy Meyer, que está "muy ultimada" e insistió en que su federación propone una "gran coalición con lo público", con los parados, con los trabajadores y con las mujeres para derrotar al bipartidismo "destructor" del Estado social. Rosa Díez, a su vez, recordó aquello que le dijo el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, que si el bipartidismo peligra, conservadores y socialistas se pondrían de acuerdo para "aplastarles como una nuez". 

La moción de censura presentada por Vara en Extremadura la semana pasada encajaba en ese guión inicial previsto por el PSOE. Servía para subrayar sus diferencias con el PP y arrinconar a IU. La propia federación era consciente de que los socialistas habían buscado meter ese gol pero, al final, sortearon el órdago diciéndole a Vara que no podían aceptar su iniciativa porque ni la había negociado ni había presentado su programa alternativo. Ferraz ni siquiera logró evidenciar la fractura entre la cúpula de Lara y su franquicia extremeña, porque en esta ocasión ambos actuaron juntos. Vara perdió la moción, como estaba cantado, pero ni siquiera combatió a IU por ayudar, con su abstención, a la supervivencia de José Antonio Monago. Lara, mientras, aprovechó ayer jueves su visita a Navarra para recordar al PSOE que Rubalcaba "vetó directamente" una moción de censura contra la presidenta foral, Yolanda Barcina, que era "sólida, con propuestas y diálogo previo", frente a la "moción de ficción" de Extremadura. 

En Cataluña, comunidad en la que se han volcado todos los grandes partidos, el debate ha discurrido por otros derroteros. Centrado en la consulta del 9 de noviembre y en la pugna de CiU y ERC por el primer puesto del podio electoral. El PSC puja por hacerse hueco y no desplomarse del todo, consciente de una abultada derrota le sumiría aún más en su crisis interna. 

El giro que puede imprimir el debate

Así las cosas, Cañete y Valenciano llegaron anoche al primer y único cara a cara de esta campañaanoche al primer y único cara a cara de esta campaña. Uno, para denigrar la herencia recibida, demostrar a los ciudadanos que el PP es la formación que mejor puede defender los intereses de España en Europa y hacer que recupere el peso en las instituciones comunitarias. Otra, para que quedasen "muy claras las diferencias" con los conservadores, llamar a la movilización y concienciar de la necesidad de un "giro a la izquierda" de la UE. "Somos muy distintos y servimos a intereses muy diferentes", concluyó la candidata. 

En esta recta final, se verá hasta qué punto convulsiona la campaña el duelo televisado entre los dos grandes candidatos, en el que se vio más firme y a la ofensiva a la dirigente socialista. Para empezar, si introduce tensión, un elemento fundamental que hasta ahora no se ha visto por ningún lado y que ha tenido su traslación en los mítines. PSOE y PP han huido de grandes espacios, por miedo a pinchar. Y aun así, se han visto gradas vacías y actos con baja afluencia de simpatizantes. 

La semana decisiva para las europeas comienza ahora. O tal vez se podría decir que la campaña del 25-M comienza (con suerte) ahora. 

Según fuentes de la investigación, el joven difundió desde su cuenta personal de Twitter casi una decena de mensajes en los que muestra un apoyo explícito al asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco o aboga por matar a más dirigentes del partido. De hecho, el mismo día del asesinato de Carrasco escribió el siguiente tuit: 

"Así se hace, a matarlos a todos", "Más tiros en la cabeza de PPeros", "Isabel CarrasKO" o "que me los pongan en fila uno al lado de otro y que me den un AK-47 que verás como acabo con todos esos hijos de puta fascistas de mierda", son algunas de las frases, escritas en valenciano, que el detenido publicaba en su espacio en la red.

Tras tener conocimiento de la existencia de estos mensajes, agentes de la Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna iniciaron una investigación para identificar al autor de los tuits y del perfil de Twitter. Algunos de los mensajes aluden directamente al asesinato de la líder del PP de León y son de fecha 12 de mayo, mientras que hay otros con fecha anterior.

En el registro practicado en el domicilio del detenido los agentes procedieron a la incautación de diverso material informático consistente en una torre de ordenador, un ordenador portátil, cinco memorias USB, tres discos duros y cinco tarjetas de memoria, además del teléfono móvil particular del detenido.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sueca (Valencia).

La titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de León acordó en la madrugada de este jueves la prisión provisional, comunicada y sin fianza de Montserrat Triana Martínez González y su madre, María Motserrat González Fernández, esta última autora confesa del asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación del León. Las detenidas, que de madrugada fueron conducidas a la prisión de Villahierro, en la localidad de Mansilla de las Mulas, declararon el miércoles por separado en el Juzgado, ante juez, fiscal y abogado de la defensa. La primera en hacerlo fue la madre, de 8.00 a 24.00 horas; a continuación lo hizo la hija, de 24.00 horas a 4.15 de la madrugada, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La jueza, tras escuchar las dos declaraciones y atendiendo a la petición del fiscal, acordó la prisión preventiva por la gravedad del delito: podrían ser condenadas al menos a un delito de homicidio penado con hasta 20 años de cárcel; el riesgo de fuga, y la posibilidad de sustraerse a la acción de la Justicia, por el alto numero de años de prisión que conlleva el posible delito cometido; y por la posibilidad de obstruir o interferir en la investigación de los hechos delictivos, al existir una tercera persona implicada en los hechos que en este momento está en libertad.

No es la primera ocasión en la que el planteamiento se repite desde el Ministerio. Hace poco más de dos semanas, el 28 de abril, ese mismo departamento informaba de 21 arrestos en el transcurso de la conocida como Operación Araña, un dispositivo de la Guardia Civil dirigido contra presuntos delitos de enaltecimiento de las acciones de la banda terrorista ETA cometidos a través de plataformas como Facebook y Twitter.

Para Antonio Trevín, diputado y portavoz de Interior del PSOE, es necesario distinguir entre aquellos mensajes que son "de mal gusto" y aquellos que "incitan a la violencia". Los primeros, señala a infoLibre, deberían quedar enmarcados en el ámbito de la ética, mientras que con los segundos convendría "extremar el celo para identificar a los autores". Trevín admite que "no es fácil" establecer límites y aboga por cuidar en todo momento el "equilibrio con el derecho a la libertad de expresión".

En cualquier caso, el diputado socialista insiste en que hay ejemplos "evidentes" y "palmarios" en los que se traspasan los límites: "Y en esos casos –apunta–, no me parece mal que se persiga a los autores que inciten a la violencia". Para perseguirlos, considera que la legislación actual es "suficiente" y que no hace falta una nueva reforma. Además, se muestra partidario de que sea siempre el sistema judicial el que determine las responsabilidades.

Finalmente, dice que es lógica una "especial sensibilidad" en España para con aquellos contenidos que incitan a la violencia, habida cuenta de los antecedentes de violencia terrorista, y señala que "en los próximos tiempos, las sentencias sobre estos casos irán creando jurisprudencia y complementando la legislación vigente", lo que permitirá tener "una mayor claridad en las actuaciones".

Caza de brujas

Desde Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, diputado y portavoz de Justicia del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, califica de "caza de brujas" el intento de buscar responsabilidades en las redes sociales en este caso, y estima que responde a una estretegia emprendida desde Interior para politizar "desesperadamente" el asesinato de Carrasco, pese a que es "cada vez más claro" que se trata de un crimen "común" y no político.

"Hay que saber deslindar, y si un comentario entra en el límite de la calumnia o la injuria que se denuncie y se investigue para atribuir responsabilidades desde el punto de vista personal, pero en absoluto se puede abrir una caza de brujas a la búsqueda de un autor intelectual que no ha existido", ha agregado este miércoles Llamazares, que reclama que "si se tiene que investigar lo que ha pasado en Internet, que se haga de todo, no sólo de una parte".

Tolerancia cero con la violencia

Por su parte, el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha expresado en declaraciones a este diario que la formación magenta no es partidaria de un endurecimiento de las leyes actuales, pero sí de que "puedan aplicarse con eficacia". Para ello, y para que las redes sociales no se conviertan en un espacio de "impunidad", considera necesario dialogar con empresas como Facebook y Twitter para que se "responsabilicen de los contenidos" que en sus redes se publican.

En esa misma línea, agrega que "con tutela judicial" estas plataformas deberían estar obligadas a proporcionar datos sobre la autoría de determinados mensajes, y reclama una normativa europea sobre esta materia. Además, dice que UPyD tiene "tolerancia cero" ante la violencia, por lo que se muestra conforme con posibles detenciones tras la muerte de Carrasco si un juez así lo ordena. "Eso sí, esto hay que hacerlo siempre y no sólo cuando afecta al propio partido", ha zanjado.

Ambigüedad de Interior

Tras la orden de Interior de investigar los mensajes, el diputado nacionalista y vocal del PNV en la subcomisión de estudio sobre redes sociales del Congreso de los Diputados, Joseba Agirretxea, ha afirmado tener la impresión de que "el Gobierno actúa a bote pronto y de forma reactiva", puesto que "anuncia medidas sobre delitos ya tipificados en el Código Penal sin concretar qué tipo de medidas se trata". Agirretxea aboga además por un debate en esa subcomisión de la Cámara baja: "El lugar en el que corresponde debatir posibles medidas".

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, señaló por su parte este martes que el vigente Código Penal ya permite perseguir insultos o amenazas vertidos en redes sociales como Twitter por lo que tachó de innecesaria una nueva regulación de estos asuntos: "Ya existen instrumentos para perseguir este tipo de comentarios. El Código Penal da mucho de sí", dijo. Durán agregó además que es "complicado" regular asuntos en los que colisionan el derecho a la libertad de expresión con el derecho al honor de las personas.

Buscar enemigos

BNG y ERC son las formaciones que se muestran más críticas con la reacción de Interior. La diputada del Bloque Rosana Pérez considera que se trata de un movimiento para "coaccionar" a los ciudadanos y evitar movilizaciones sociales: "Lo que se publica en la red puede resultar desagradable y hay algunas opiniones con las que no concordamos, pero detener o investigar con el fin de limitar la libertad de expresión es un exceso más propio de otro régimen", asegura. Pérez acusa además al ministro Fernández Díaz de "llevar a la ciudadanía hacia la Ley de Seguridad Ciudadana" con anuncios como este que, concluye, "no sorprenden" en él.

Desde las filas de ERC se añade que lo adecuado sería "perseguir los delitos hasta donde marca el Código Penal", pero advierten que "cualquier opinión es libertad de expresión". "No vale todo", añaden, pero el ámbito de las redes sociales no necesita "ninguna regulación específica". Esquerra también acusa a Interior de buscar "extraños enemigos en las redes sociales", algo que tachan de "nueva salida de tono". "Parece que como en Twitter se opina se quiere convertir Twitter en el enemigo", zanjan.

No hace un mes, el 28 de abril, el Ministerio del Interior informaba de la detención de 21 personas en el marco de la Operación Araña. Una actuación de la Guardia Civil "contra el uso público de las redes sociales para la comisión de presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo de ETA, así como de humillación de las víctimas del terrorismo", según definieron en el ministerio. Además de perseguir una conducta delictiva, en el departamento de Jorge Fernández Díaz presumían de la "intención ejemplarizante" de los arrestos. Para el Gobierno, aquel episodio se ha convertido en un precedente de lo que puede ocurrir con la investigación abierta el pasado lunes por la tarde cuando la red social Twitter albergó mensajes ofensivos contra Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, minutos después de ser asesinada a tiros.

En este caso, la Policía también pretende que aquellos mensajes en los que se haya incitado al odio, se haga apología de la violencia o se injurie a la fallecida, tengan su reproche penal o administrativo. De hecho, no se descartan detenciones en los próximos días.

De todo el arco parlamentario, son los partidos de izquierda los que han reaccionado de una forma más crítica a los últimos anuncios de Interior de los últimos días a raíz del asesinato de la presidenta del PP de León. Desde IU, por ejemplo, Gaspar Llamazares, califica de "caza de brujas" el intento de buscar responsabilidades en las redes sociales en este caso, y estima que responde a una estretegia emprendida desde Interior para politizar "desesperadamente" el asesinato de Carrasco, pese a que es "cada vez más claro" que se trata de un crimen "común" y no político.

En este episodio, desde el Gobierno se insiste de nuevo en el fin "ejemplarizante" del resultado que puedan tener las investigaciones abiertas. "Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes porque si no se da la sensación de que las redes sociales son una isla en la que atacar, insultar, calumniar, defender la violencia o desear la muerte a alguien desde el anonimato sale gratis", insisten desde Interior. Unas palabras prácticamente calcadas a las del ministro cuando este mismo martes anunció que en los próximos días se pondrá en contacto con el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para estudiar posibles cambios en la legislación para evitar la "incitación al odio" en internet. "Quien pone esos límites son las autoridades judiciales [...] Pero la apología del delito y la incitación al odio está claro que es una conducta que debe ser rechazada y debe tener un reproche penal o administrativo, pero un reproche sin duda".

Además del contenido de los mensajes que Interior dio traslado a la Policía, en el ministerio subrayan la relevancia que muchos de ellos alcanzaron, logrando altas cantidades de retuits y "llegando incluso a ser trending topic", el tema del momento en la red social Twitter. "El tema de la publicidad, de la repercusión, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar cada uno de los casos", explican.

Otros precedentes

Pese a que de las declaraciones del ministro pueda desprenderse que no es posible perseguirse este tipo cpmportamientos en las redes sociales, lo cierto es que el Código Penal ya tipifica este tipo de delitos sin tener en cuenta el soporte. Para muestra está la propia Operación Araña, donde el campo de trabajo de los investigadores también fue las redes sociales. Y otro caso que suena mucho a los conservadores: a principios de este mes, la juez de lo Penal número 24 de Madrid condenó al pago de un de 1.300 euros a un joven por un delito de injurias a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a través de las redes sociales. En este caso fue la propia delegada del Gobierno la que interpuso la denuncia.

Interior es consciente del debate abierto en las últimas horas sobre la competencia o no de la Policía para abrir la investigación de oficio, sin denuncia previa. En el equipo del ministro recalcan recalcan que es "perfectamente posible". También es consciente de las críticas que les han llovido desde todos los sectores –desde judiciales a los partidos de la oposición– por haber puesto ahora sobre la mesa ahora el debate sobre la necesidad de emprender cambios legales para perseguir comportamientos delictivos en internet. Al respecto, las fuentes consultadas defienden que del mismo modo que se persigue la violencia en los campos de fútbol con una legislación específica, debe estudiarse qué hacer para que en internet también sea un lugar seguro.

"La siguiente vas a ser tú"

Son numerosos los dirigentes del Partido Popular, sobre todo de Castilla y León, los que en los últimos días han lanzado a Interior peticiones públicas para que algunos de los comportamientos en las redes sociales –sobre todo en Twitter– no queden impunes. Su preocupación, coinciden algunos de estos dirigentes es que las amenazas o las injurias salten de las pantallas de los ordenadores a la calle. Y citan como ejemplo la detención, hecha pública en la tarde de este miércoles, de un hombre en Arnedo (La Rioja) por amenazar a una concejal del PP un día después de la muerte de la presidenta de la Diputación de León. "Tu compañera ya está bajo tierra, la siguiente vas a ser tú", fue una de las frases que la concejal incluyó en su denuncia según fuentes conocedoras del caso consultadas por infoLibre.

Tanto desde el Ministerio del Interior como desde el Grupo Parlamentario Popular consideran que lo delicado de esta cuestión hace necesario que los posibles cambios legislativos que se emprendan partan del "maximo consenso parlamentario", por lo que creen que el foro idóneo para debatirlo es la subcomisión sobre redes sociales que lleva meses trabajando en el Congreso de los Diputados.

A tenor de las primeras reacciones de los grupos parlamentarios, lograr el consenso en este campo va a ser bastante complicado. Jorge Fernández Díaz resumió hace un par de días que había que "limpiar" las redes de "indeseables" estudiando la forma de abordar instrumentos legales extra que permitan hacer compatible la libertad de expresión y el derecho a la información con el derecho de los ciudadanos a su honor, intimidad y seguridad. En el arco parlamentario hay quienes creen que no existe ningún tipo de lagunas en esta materia y que la legislación vigente es suficiente.