Hoy, 28 de enero, se puede afirmar con escasas dudas que la Unión Europea y sus Estados miembros han dejado de ser vistos como “vasallos” de los Estados Unidos. Esta realidad se sustenta en hitos recientes: el giro de Donald Trump respecto a Groenlandia (21 de enero), la retirada de amenaza de aranceles a ocho países europeos y la firma de acuerdos comerciales estratégicos con Mercosur (17 de enero) e India (27 de enero). Al adoptar una política comercial antagónica a la de Washington y negociar con otros cuarenta Estados para establecer zonas de libre comercio, la UE, como primera potencia comercial, abre una nueva era global prescindiendo del “amo”. Resulta una forma muy original de vasallaje llevar la contraria al supuesto amo en todos los asuntos de importancia.

Quizás lo que más interés ha despertado en los medios internacionales es el cambio de posición de Trump sobre Groenlandia, pasando de la pretensión de propiedad “por las buenas o por las malas” a una cooperación de seguridad bajo el paraguas de la OTAN. Inicialmente, Trump amenazó con imponer aranceles suplementarios del 15% a partir del 1 de febrero, escalando al 25% el 1 de mayo, contra ocho países europeos (Noruega, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Países Bajos) que enviaron fuerzas armadas de reconocimiento para reforzar la seguridad de la isla frente a otras potencias.

La presión estadounidense buscaba forzar el reconocimiento de Groenlandia como parte de los EEUU, pero la respuesta europea fue contundente. Por un lado, se produjeron manifestaciones masivas en Groenlandia y Copenhague bajo el lema: “Groenlandia no se vende”. De igual forma, los líderes del Parlamento Europeo amenazaron con bloquear el acuerdo comercial bilateral de finales de julio, bloqueo que finalmente se ejecutó esa misma semana. Ante esto, Trump rectificó su política de adquisición en favor de un acuerdo de seguridad gestionado por el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, a pesar de que el alcance de estas negociaciones y las atribuciones de Rutte para las mismas son limitadas.

Aunque diversos sectores de la opinión pública española aseguraban que Europa se estaba plegando como un “vasallo” ante las medidas de Trump que desafiaban el Derecho Internacional y los valores transatlánticos, el análisis al año de su llegada a la Casa Blanca ofrece una conclusión distinta. Mientras Washington ha optado por un proteccionismo basado en contingentes y aranceles elevados, la Unión Europea ha profundizado su integración y la liberalización comercial, como el Acuerdo UE-Mercosur, firmado el 17 de enero en Asunción, y el Acuerdo UE-India, del 27 de enero, este tratado de libre comercio crea una zona de 2.000 millones de consumidores donde el 90% de los productos tendrá arancel cero en un periodo de cinco años. Otros acuerdos con cuarenta Estados están en fase de negociación o implementación para el año 2026.

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Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.

La Unión Europea y la India prevén anunciar el martes en Nueva Delhi el cierre definitivo de las negociaciones para un histórico Tratado de Libre Comercio (TLC) tras 18 años de diálogo intermitente, informa EFE.

Bautizado por los negociadores como "la madre de todos los acuerdos", el pacto marcaría el fin del proteccionismo indio y busca reducir la dependencia estratégica de ambos bloques respecto a China. En el caso europeo, refleja además la aspiración de buscar nuevos socios y mercados prometedores en medio del caos geopolítico de la segunda Administración Trump.

Estas son las claves principales del acuerdo que sellarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro indio, Narendra Modi:

Para evitar que las diferencias técnicas hicieran descarrilar todo el proceso, los negociadores dividieron el pacto en tres tratados independientes pero vinculados políticamente, explico a EFE una fuente próxima a las negociaciones.

El núcleo duro es el Tratado de Libre Comercio (TLC), que elimina aranceles en el 90% de los productos; un segundo acuerdo de Protección de Inversiones para dar seguridad a las empresas; y un tercero sobre Indicaciones Geográficas (IG) para proteger productos con denominación de origen como el champán, el queso feta, el té Darjeeling o el arroz basmati.

El acuerdo contempla reducir los aranceles del 110% actual a un entorno del 40% inmediato para vehículos de lujo, con una bajada progresiva al 10% en los próximos años.

Bruselas también lograría ventajas en maquinaria industrial, aeronáutica, química y vinos, donde se aplicaría una rebaja gradual. A cambio, la UE abre sus puertas al textil indio. Sin embargo, para cerrar el pacto se han excluido los productos agrícolas sensibles como lácteos y cereales.

Bruselas aspira a que este marco fomente inversiones por valor de 100.000 millones de euros en la India durante los próximos 15 años, con el objetivo de triplicar la presencia de empresas europeas en el país más poblado del mundo.

El escollo principal es el mecanismo de resolución de disputas (ISDS). En las negociaciones se ha propuesto un sistema híbrido que protege a los inversores europeos frente a expropiaciones, pero garantiza el derecho a regular del Estado indio en temas de interés público para evitar demandas abusivas.

Para la India, la prioridad era la movilidad. Se firmará un Memorando de Entendimiento específico para facilitar la migración legal de talento. Esto crearía "vías rápidas" burocráticas para estudiantes, investigadores y trabajadores de alta cualificación tecnológica, ayudando a cubrir el déficit de ingenieros en Europa.

En sentido inverso, se ha pactado un marco de "interoperabilidad" que permite a las empresas europeas procesar datos en la India sin violar las estrictas normas de privacidad de la UE.

El mayor obstáculo técnico es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE que penaliza al acero indio. Para esto, la UE se compromete a apoyar la descarbonización industrial de la India mediante tecnología de hidrógeno verde y a reconocer los sistemas locales de créditos de carbono para evitar una doble imposición a las empresas indias.

La cumbre servirá para reactivar el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC), la gran alternativa occidental a la Ruta de la Seda china. Aunque las obras están ralentizadas por la invasión de Gaza, Bruselas y Nueva Delhi reafirmarán su compromiso político para acelerar las conexiones portuarias y ferroviarias que unirán ambos continentes.

El pacto comercial viene acompañado de un Acuerdo de Seguridad y Defensa, que incluye cooperación en ciberseguridad y ejercicios navales conjuntos, elevando a la UE a socio estratégico de primer nivel para la India.

Este permitirá, por primera vez, el intercambio de información clasificada entre Bruselas y Nueva Delhi, lo que equipara a la India con socios como Japón e incluye cooperación en ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas marítimas y ejercicios navales conjuntos en el Indopacífico.

Oficialmente, Francia sigue insistiendo en que, en lo que respecta al Mercosur, "las cuentas no cuadran". El Ejecutivo seguirá hasta el final echando un pulso para aportar “equidad y justicia” a sus agricultores, según ha informado el Ministerio de Agricultura. Pero entre bastidores, todo el mundo admite que ya está todo decidido.

Tras 25 años de negociaciones, el tratado de libre comercio deberá aprobarse en Bruselas este viernes 9 de enero. Ursula von der Leyen podrá, como estaba previsto, volar a Paraguay para oficializar la firma del texto con los otros tres países: Brasil, Argentina y Uruguay.

Con el anuncio realizado el martes 6 de enero en una carta de la Comisión Europea de una ampliación de 45.000 millones de euros en el próximo presupuesto de la política agrícola común (PAC) para el periodo 2028-2034, Italia se ha sumado a la mayoría de los Estados que desean avanzar hacia la ratificación. En diciembre, la oposición de Giorgia Meloni permitió ganar tiempo frente a una firma del tratado que parecía ya inminente.

Francia, muy aislada, vio así cómo se esfumaba la posibilidad de crear una minoría de bloqueo para contrarrestar un tratado defendido con fervor por Alemania o España.

El miércoles 7 de enero se reunieron en Bruselas los ministros de Agricultura de la Unión para hablar “del futuro de la agricultura y la seguridad alimentaria en Europa”. Una reunión informal que consistió principalmente en negociaciones de última hora para amortiguar el impacto de la firma del tratado en el mundo agrícola.

El importe del presupuesto de la próxima PAC (2028-2034), que debía pasar de 387.000 a 300.000 millones de euros, fue el primer motivo de enfado para los grandes sindicatos agrícolas franceses. Al aceptar que los importes que normalmente se consideran reservas a medio plazo puedan utilizarse por adelantado, la Comisión Europea ha dado un primer paso para apaciguar a los países más recalcitrantes.

Giorgia Meloni y Emmanuel Macron se felicitaron inmediatamente por esta decisión, como forma de dar a conocer que su presión sobre la Comisión había dado sus frutos, y de preparar a la opinión pública para la inexorable firma del Mercosur.

Otra concesión que estaba sobre la mesa era el aplazamiento de la aplicación del impuesto sobre el carbono a los fertilizantes. El mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), que entró en vigor el 1 de enero, tiene por objeto frenar la importación de los productos industriales más contaminantes, entre ellos los fertilizantes.

“Hoy me he mostrado muy firme en Bruselas: ¡hay que suspender su aplicación a los fertilizantes!”, indicó en la red social X la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, quien se felicitó de que el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, la hubiera seguido desde el principio.

Tras una primera versión triunfal del mensaje de la ministra afirmando que el impuesto “se suspenderá”, esta tuvo que aceptar que dicho impuesto “podrá” aplicarse, pero solo tras la adopción de un texto legislativo al respecto. Por lo tanto, no se ha hecho nada.

Este impuesto sobre los fertilizantes supondría un coste adicional medio de 4.000 euros al año por explotación, según los cálculos del Ministerio de Agricultura. En este tema, Francia, que ha liderado la rebelión —sin preocuparse demasiado por sus objetivos en materia de descarbonización—, ha sido secundada por una coalición de países entre los que se encuentran Polonia, Portugal y, ahora, Austria, Hungría, Rumanía e Irlanda.

Ante las protestas de los agricultores, en septiembre se concedió un primer trato de favor a los fertilizantes nitrogenados, ya que la Comisión aceptó una supresión casi total del recargo sobre los valores por defecto de los fertilizantes (los valores del coste del carbono calculados por país).

En cuanto a las medidas destinadas a suavizar la firma del acuerdo con Mercosur, Francia aprobó el martes un decreto que prohíbe la importación de vegetales tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea, en concreto un herbicida y cuatro fungicidas. Al no haber logrado convencer a la Comisión de que avanzara en este tema, Francia decidió adoptar unilateralmente este decreto, que afecta a frutas, verduras y cereales, muchos de los cuales proceden de Sudamérica. La Comisión tiene diez días para decidir si lo acepta o no. Al término de la reunión de ministros de Agricultura, la ministra Genevard aseguró que la Comisión estaba de acuerdo con la prohibición de las importaciones que contuvieran residuos de tres de esas sustancias. “Los agricultores son sensibles a la reciprocidad de las normas de producción”, explicó, y dijo que esperaba “seguir avanzando” en este tema.

¿Serán suficientes esas concesiones para apaciguar al mundo agrícola? No hay nada seguro. La Federación Nacional de Sindicatos y Productores Agrarios (FNSEA), mayoritaria, aseguró que el “trapo rojo” del Mercosur provocaría movilizaciones “más importantes” que las que ya han comenzado esta semana en el campo.

En el ámbito político, mientras que Mercosur cuenta con una oposición prácticamente unánime, no se han hecho esperar las advertencias contra un voto favorable de Francia el viernes. “Si el presidente de la República vota a favor del Mercosur después de todas las declaraciones [que ha hecho], se arriesga a una moción de censura”, declaró el miércoles en una rueda de prensa Bruno Retailleau, presidente de Los Republicanos (LR). Jordan Bardella (RN) aseguró en X que “Macron está preparando a la opinión pública para una verdadera traición a nuestros agricultores, justificada por ‘garantías’ ilusorias y promesas sin futuro”.

En la izquierda, Jean-Luc Mélenchon (LFI) explicó que la firma del tratado sería “una catástrofe” y “significaría el fin de toda esperanza para la agricultura familiar”.

Para el economista de Aitec Maxime Combes, miembro del colectivo Stop Mercosur, las vacilaciones de Emmanuel Macron sobre un tratado cuya filosofía comparte en general no han ayudado a la diplomacia francesa. “Intentan salvar el pellejo mostrando que han obtenido contrapartidas, pero que no cambian nada en el fondo. La oposición al Mercosur es una labor diplomática que requiere cierta constancia”, de la que, en su opinión, Francia ha carecido cruelmente.

Si tiene lugar la aprobación del tratado, como está previsto, en Bruselas, “no será el final de la historia, ya que el Parlamento aún deberá pronunciarse”, concluyó Annie Genevard, reconociendo entre líneas que Francia ya ha perdido.

Traducción de Miguel López

Los países de la Unión Europea han descartado votar este viernes el acuerdo comercial con el Mercosur por el bloqueo de Francia e Italia y planean dejarlo para enero, para que Roma estudie mejor el contenido del pacto, por lo que el pacto no se firmará en Brasil este fin de semana, como estaba previsto, dijeron fuentes diplomáticas a EFE.

El hecho de posponer la firma sería aceptable para los países del Mercosur, indicaron las fuentes, pese a que Brasil, que ostenta la presidencia rotativa del bloque latinoamericano, había advertido de que "no habrá más acuerdo" si no se firmaba este fin de semana.

Una fuente europea dijo que los países del Mercosur habían sido "informados" de la decisión de no celebrar la votación mañana viernes, como inicialmente estaba previsto. El voto en el seno del Consejo de la Unión Europea y la posterior firma tendrían lugar a "principios de enero".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había dicho este jueves al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que está "dispuesta" a firmar el acuerdo "tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores" y pidió al mandatario brasileño "unos días" para resolver si apoyará el pacto ante "problemas políticos con los agricultores" de su país.

La precondición para el viaje de los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea a Brasil para la firma este sábado era que los gobiernos dieran su visto bueno por mayoría cualificada (un 55% de países que representen a un 65% de la población europea), casi imposible dado el rechazo frontal de Francia y las dudas de última hora de Italia. 

Mientras se prepara para presentarse a un cuarto mandato en octubre de 2026, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, espera dar un gran golpe organizando una ceremonia por todo lo alto en Brasilia, el 20 de diciembre, con motivo de la firma definitiva del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

A priori, no faltará nadie en la foto, siempre y cuando los Veintisiete den el mandato a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para firmar. Todos los presidentes de los países “latinos” del Mercosur estarán presentes para celebrar el final oficial, pero sin duda no definitivo, de más de veinte años de negociaciones.

Sin embargo, tras las sonrisas de fachada esperadas, el grupo que firmará este acuerdo con Bruselas está dividido y debilitado. Prueba de ello es que algunos han afirmado que no quieren ir a Brasilia. A mediados de noviembre, la prensa argentina aseguraba que el presidente Javier Milei no asistiría, ya que las relaciones entre Brasil y Argentina están, desde hace meses, bajo mínimos. Paralelamente, el presidente paraguayo alegó que su agenda no le permitiría estar presente. Lula modificó la fecha de la ceremonia, aplazándola del 2 al 20 de diciembre, para adaptarse al calendario institucional de la UE.

Finalmente, ambos estarán presentes. Pero estas reticencias ilustran el nivel de tensiones internas en el Mercosur. Lula ha aprovechado el hecho de que su país ostenta la presidencia rotatoria de este mercado común compuesto por cinco miembros (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y, desde 2024, Bolivia). Pero tanto en Asunción como en Buenos Aires, el triunfalismo del presidente brasileño de izquierdas no ha sido bien recibido.

Su oposición poco tiene que ver con el contenido del acuerdo comercial. Desde el punto de vista de las élites políticas del Mercosur, el interés del acuerdo con la UE es uno de los pocos temas en los que la derecha y la izquierda pueden ponerse de acuerdo. El acuerdo fue impulsado por las izquierdas argentina y brasileña, pero las negociaciones no se vieron interrumpidas por los cambios políticos.

Ni siquiera Milei, que no oculta sus críticas a la Unión Europea, a la que considera demasiado reguladora, se opuso a la firma del tratado hace un año en Montevideo. Su presencia en Brasilia, según el comunicado oficial de la Casa Rosada, vendrá a “demostrar el compromiso del Gobierno mundial con la inserción de Argentina en el mercado mundial”. En cuanto al presidente paraguayo, sus críticas se dirigían más a la lentitud de las negociaciones que a su contenido.

No es que el acuerdo no vaya a tener ningún impacto en las economías locales. Abre las puertas de los mercados de los cinco países a los productos industriales europeos, frente a los cuales las industrias locales suelen ser impotentes, al carecer de un desarrollo tecnológico y una capacidad de producción suficientes.

Todo acuerdo de libre comercio provoca un efecto de especialización y, por lo tanto, hay ganadores y perdedores. Las industrias locales sin duda formarán parte de los primeros, pero en beneficio de los sectores agroindustriales centrados en la exportación. Sin embargo, en esos países, tanto la derecha como la izquierda se apoyan fuertemente en la agroindustria para generar crecimiento.

En otras palabras: las élites locales están dispuestas a sacrificar sus industrias para poder vender carne de vacuno, aves de corral o soja en el mercado europeo. La aceptación transpartidista del acuerdo comercial refleja así la incapacidad del continente para cambiar de modelo económico y su persistente dependencia de la agroindustria.

Sin embargo, este acuerdo en cuanto al fondo esconde enfoques muy diferentes. Para Brasil, el acuerdo con la UE es una forma de responder a la política arancelaria de Donald Trump, ofreciendo mercados sustitutivos en Europa para las exportaciones locales.

En Argentina, donde se acaba de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, se muestra mucho menos entusiasmo. El acuerdo con la UE es sin duda positivo, pero, ante las reticencias de Francia e Italia, Milei ha mostrado en varias ocasiones su escepticismo. Está claro que Europa no es la prioridad del Gobierno argentino.

Detrás de esta diferencia de enfoque, existe una divergencia ideológica entre Brasil y Argentina sobre lo que representa el Mercosur. Desde la llegada de Milei a la presidencia de Argentina, las tensiones no han dejado de aumentar. En un discurso pronunciado el 3 de julio con motivo de la clausura de la presidencia de turno argentina, el presidente libertario advirtió que quería que el Mercosur “adoptara reformas en favor de la libertad comercial”, es decir, que “flexibilizara las condiciones que los une”.

Para Milei, el Mercosur representa un yugo, debido a las normas que impone, no solo en términos de estándares, sino también en términos de restricciones comerciales hacia el resto del mundo. Al ser el Mercosur un bloque comercial, en teoría impide a los países miembros disponer de una política comercial autónoma. “La barrera que hemos erigido para protegernos acaba excluyéndonos”, resume. Porque Milei es un extremista del mercado. Para él, la verdad solo surge de la confrontación competitiva. Por eso se opone a cualquier organización multilateral que pueda “congelar” o “reducir” esa confrontación.

En este sentido, el Mercosur no es, para el presidente argentino, más que un “cinturón de hierro” que genera una “inercia destructiva”. Por eso, en julio, advirtió: “Argentina tomará el camino de la libertad, y lo haremos solos o acompañados.” Una amenaza poco disimulada de abandonar el bloque si este no sigue el camino argentino. En otras palabras, Buenos Aires no reclama nada menos que la hegemonía ideológica sobre el Mercosur.

Por su parte, Lula tiene un enfoque muy diferente. Con una visión clásicamente neoliberal, ve en el Mercosur un medio de integración regional y de desarrollo del crecimiento, un “lugar en el que nos sentimos seguros”, declaró en julio. Evidentemente, la división no es solo ideológica. La posición dominante de Brasil en la región —su PIB representa el 73 % del bloque— hace que tenga todo el interés en dicha integración.

En este sentido, la lucha ideológico-económica entre las dos potencias del Mercosur es también una lucha entre dos capitalismos rivales. Si la izquierda peronista argentina podía defender la idea de una integración en la que parte del capital local accediera al inmenso mercado brasileño, la extrema derecha libertaria defiende la autonomía del capital argentino frente al Mercosur y la integración en el mercado estadounidense.

Desde su elección, Milei exige la posibilidad de negociar acuerdos comerciales bilaterales. En una entrevista concedida a Le Point en febrero, afirmó: “No permitiré que el Mercosur ni nadie impida a Argentina comerciar con el resto del mundo. Evidentemente, quiero firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Tengo buenas esperanzas de que el Mercosur no sea un obstáculo para lograrlo”.

Porque Argentina acaba de anunciar precisamente la puesta en marcha de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Un acuerdo que no solo somete la economía argentina a los intereses de Washington, sino que entra en conflicto directo con el marco del Mercosur. Javier Milei tendrá que pasar de las palabras a los hechos: si quiere imponer un acuerdo de este tipo, sin duda tendrá que salir del Mercosur o hacer cambiar las reglas del Mercosur.

La rivalidad entre ambos países es, por tanto, también un reflejo de oposiciones geopolíticas más amplias. Frente a la Argentina de Milei, que pretende convertirse en la punta de lanza del poder yanqui en la región, el Brasil de Lula juega la carta del “Sur global” y reivindica su integración, junto con China y Rusia, en los BRICS, una organización “antiamericana” para Donald Trump. Brasilia fue castigada con aranceles prohibitivos tras la última reunión de los BRICS, al igual que India y Sudáfrica.

Las relaciones con Washington se han calmado un poco desde entonces, sobre todo despues de una reunión considerada “amistosa” por videoconferencia entre Donald Trump y Lula en octubre. Sin duda, esta es también la razón por la que Javier Milei finalmente ha aceptado ir a Brasilia el 20 de diciembre. Pero, en general, la situación sigue siendo la misma: Buenos Aires apuesta por una relación privilegiada con Estados Unidos, y Brasilia por el multilateralismo. Dos direcciones opuestas que dividen al Mercosur.

En este contexto, Milei cuenta con una ventaja importante: la derecha y la extrema derecha están en auge en la región. Aunque el año pasado perdió a su aliado uruguayo, el presidente de derechas Luis Alberto Lacalle Pou, sustituido por un presidente de centroizquierda, Yamandú Orsi, cercano a Lula, ahora puede contar con el nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, quien durante la campaña citó a Milei como fuente de inspiración. De hecho, asistió a su toma de posesión el 8 de noviembre.

Con el muy conservador Paraguay, el bando de Milei puede ahora contar con el apoyo de tres países miembros para proponer sus reformas; a los que se suman, fuera del Mercosur, Ecuador y Perú, ya en manos de la derecha, y Chile, que también podría dar un giro el 14 de diciembre. En caso de crisis interna en el Mercosur, Argentina podría promover una alternativa regional libertaria y pro-americana con gran parte del continente.

Porque se trata de dos visiones opuestas: por un lado, la de un gran mercado regional bajo la supervisión de Estados Unidos, del que Milei sería una especie de procónsul; por otro, una integración regional centrada en Brasil, pero abierta a asociaciones con otros bloques regionales. Gran parte de los debates internos de los países de la región giran en torno a esta elección. Las elecciones presidenciales colombianas de marzo serán otro momento clave de esta competencia regional.

Si bien Lula se encuentra en una posición de fuerza en la política interna, su posición en la región es menos satisfactoria. Por supuesto, Brasil tiene un gran peso en la economía regional, pero Milei le puede tentar con la posibilidad de una integración en la economía estadounidense. El Mercosur aún no está en peligro, pero es extremadamente frágil. El acuerdo con la Unión Europea podría ser su canto del cisne.

Traducción de Miguel López

Bruselas sella tras veinticinco años de negociaciones el acuerdo de libre comercio con Mercosur, la asociación económica de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. La UE y el bloque latinoamericano se lanzan a crear la mayor zona de libre comercio del planeta, para un total de 700 millones de personas, borrando de un plumazo, si el Tratado es finalmente ratificado, 4.000 millones de euros ingresos en tarifas aduaneras.

“Es el mayor acuerdo jamás creado”, asegura la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Un win-win para ambas partes. Estamos centrados en la justicia y el beneficio mutuo” defendió desde Montevideo. A su lado y de la mano, un circunspecto Lula da Silva, presidente brasileño, mientras el ultraliberal argentino Javier Milei levantaba el pulgar en señal de victoria.

En un viaje exprés a la capital uruguaya para participar en la cumbre con esos cuatro países, la presidenta de la Comisión esquivó el rechazo de Francia o las dudas importantes de otros Estados Miembros como Polonia o Italia o las protestas que a lo largo de los últimos meses han protagonizado agricultores y ganaderos en Bruselas contra la competencia desleal que, argumentan, conllevan productos como la soja brasileña o la carne de vacuna argentina en el mercado único europeo.

Tras el fracasado TTIP con los Estados Unidos y el modificado CETA con Canadá, Bruselas vuelve a la vieja receta de los tratados de liberalización comercial, una herramienta cuestionada ya durante la gran crisis de hace quince años y aún más ahora en pleno siglo XXI, en el mundo postpandemia de las soberanías tecnológica, industrial, energética o agrícola.

La Comisión Europea lo califica como “un acuerdo de asociación revolucionario” con significativos beneficios para consumidores y empresas. El equipo de Von der Leyen esgrime, por ejemplo, que 350 productos europeos cuentan ahora con indicaciones geográficas, denominaciones de origen para protegerlos frente a imitaciones del otro lado del Atlántico; o que los estándares sanitarios y alimentarios de la UE “permanecerán intocables”.

“Se trata de una magnífica noticia, constituyendo el logro más importante de la política comercial exterior de España y de la Unión de los últimos años”, declaró inmediatamente el ministro Carlos Cuerpo. El titular de Economía destacó sobre el pacto que para “nuestro país adquiere una relevancia especial” por el carácter de puente con América Latina.

Llama la atención que esta agenda liberal sea celebrada por un gobierno socialdemócrata. De hecho, fuentes de Moncloa insisten que la firma alcanzada por Von der Leyen en Montevideo fue “un día histórico”, que “España llevaba trabajando muchos años” a favor del acuerdo porque “contribuirá a reforzar nuestra seguridad económica y la autonomía estratégica abierta en la UE” además de favorecer “la diversificación de los flujos comerciales y la resiliencia de las cadenas de suministro”.

No lo ven así agricultores y ganadores, En ASAJA, la patronal del sector primario español, confirman que participarán en Bruselas en las protestas contra el acuerdo UE-Mercosur, al considerarlo una amenaza para todo el campo europeo, insistiendo en que “los productos sudamericanos llegan a Europa con menores y normativas menos estrictas” frente a las mayores exigencias medioambientales, sanitarias o laborales existentes en los 27. Von der Leyen asegura, sin embargo, que “ha escuchado a los agricultores, entendido sus preocupaciones y actuado junto a ellos”.

Desde Paris, un cada vez más debilitado Emmanuel Macron ha reiterado el rechazo de Francia al acuerdo comercial con el Mercosur. Para el presidente de la segunda potencia comunitaria, el texto en sus términos actuales es inaceptable. Macron llamó por teléfono a Von der Leyen para protestar por el resultado de su viaje pero la alemana hizo oídos sordos a sus quejas.

El Gobierno galo dará la batalla en Bruselas bajo la premisa de que “continuará defendiendo sin descanso la soberanía agrícola”. Precisamente, el impacto de este acuerdo en el sector primario también genera grandes recelos en el gobierno italiano de la ultra Giorgia Meloni, que exige las mismas obligaciones a los agricultores de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay que a los europeos si quieren vender libres de tarifas en la UE. Otra gran potencia comunitaria, Polonia, está en el bando francés. Donald Tusk, su primer ministro y ex-presidente del Consejo Europeo, rechazó el texto firmado por Von der Leyen. Varsovia se opone, por ejemplo, a los beneficios arancelarios para la carne de pollo de los cuatro países latinoamericanos.

Para ser ratificado, el Consejo Europeo debe aprobar el acuerdo y Francia y Polonia no cuentan todavía con la minoría de bloqueo. Son necesarios trece Estados Miembros para tumbarlo o, alternativamente, cuatro socios que sumen el 35% de la población de la UE. Con Italia rozarían estas dos condiciones. A Austria, Bélgica y Países Bajos tampoco les convence y su voto decantaría la balanza. En La Haya gobierna una coalición de varios partidos liderada por la extrema derecha, en Viena y Bruselas conservadores y derecha ultranacionalista negocian con otras formaciones un ejecutivo multicolor.

La primera potencia europea sí apoya el acuerdo de libre comercio, pero Alemania ya no dirige con mano de hierro el Consejo como en los tiempos de Angela Merkel. El canciller socialdemócrata Olaf Scholz se tambalea hasta las elecciones del próximo año y las capitales de su área de influencia navegan por aguas diferentes en los nuevos encajes de la derecha con la extrema derecha o los ultranacionalistas. Sólo ACEA, la importante patronal automovilística del continente, y Business Europe, la patronal de patronales, son sus firmes socios con el objetivo de ganar mercado para la maquinaria pesada, los vehículos o los productos tecnológicos y pueden ejercer un lobby importante a favor.

El último y definitivo paso del acuerdo con Mercosur se daría en la Eurocámara. El primer grupo parlamentario, los populares, son favorables al texto, que califican como “un hito histórico” y “la culminación de un largo viaje”. Los socialdemócratas europeos se ponen de perfil. El grupo liderado por la española Iratxe García realizará “un análisis en profundidad del acuerdo y sus implicaciones”. En sus filas, diputados franceses o belgas lo rechazan. Los liberales de Renew, cuartos del Parlamento Europeo, guardan un significativo silencio. Tradicionales impulsores de los tratados de libre comercio, la posición de Macron les compromete porque los franceses son el corazón del grupo. Los Patriotas de Orban, Le Pen, Salvini o Vox, tercer grupo parlamentario, están en contra del acuerdo, que ven como una amenaza para la agricultura y la industria europea.

El texto corre serio peligro de descarrilar en la Eurocámara ya que Los Verdes tampoco lo defienden y han recordado sus preocupantes implicaciones medioambientales. Una de sus referentes, la belga Saskia Bricmont ha criticado con dureza a la presidenta de la Comisión por no “tener a la salud y a los bosques en los países del Mercosur entre sus prioridades”. Los ecologistas critican que estos acuerdos de libre comercio sólo “reforzarán los modelos agro-industriales en detrimento de la agricultura sostenible”. Como denunció en su momento Greenpeace Alemania, tanto los escenarios conservadores como ambiciosos de los científicos muestran, como consecuencia de su entrada en vigor, “un aumento global de las emisiones de metano y óxido nitroso, así como un incremento de las de CO2 en la UE, en Brasil y en Argentina”.

Al inicio de su mandato, y con su segunda Comisión echando a andar, Von der Leyen lanza un órdago a varios gobiernos europeos, aunque suponga enfrentarse a líderes que la han apoyado, como Macron o Meloni. Y definitivamente no parece preocupada por romper los pocos puentes que restan con Los Verdes, también socios de su investidura. Está por ver que no resquebraje aún más las filas socialistas y reciba su primer varapalo por parte de la extrema derecha.

Mercosur y la Unión Europea cerraron este viernes en Montevideo (Uruguay) el texto de un tratado de libre comercio después de casi 25 años de negociaciones y que ahora tendrá que pasar por un proceso de ratificación en ambos bloques, informa EFE.

"Estamos reforzando nuestra asociación como nunca antes", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sentada junto a los jefes de Estado de los países del Mercosur, en una rueda de prensa. "Es un día verdaderamente histórico", aseguró Ursula Von der Leyen.

En ese sentido, recordó diálogos que las partes llevaron a cabo hace 30 años y dijo que este viernes en Montevideo esa visión se convirtió en una realidad, mientras que también aprovechó la oportunidad para agradecer a los negociadores que trabajaron "de forma incansable por muchísimos años".

"Estamos fortaleciendo esta alianza única como nunca antes y al hacerlo estamos enviando un mensaje claro y poderoso al mundo", indicó Von der Leyen, quien añadió que el acuerdo no es solo una necesidad económica, sino también "una oportunidad política".

Por otra parte, apuntó que el acuerdo es una "clara respuesta" ante el fraccionamiento e hizo hincapié en que ambos bloques derribaron barreras que permitirán el ingreso de inversiones en un mercado de más de 700 millones de personas.

Finalmente, le habló a Europa y dijo que será "una ganancia" para dicho continente, que tiene 60.000 empresas exportando al Mercosur y que ahorrará 4.000 millones de dólares a estas.

Durante el anuncio también habló el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien lo hizo en representación de todo el bloque del que su país ejerce hasta este viernes la presidencia pro témpore.

En su discurso, contó que tiene hijos de 18 y de 20 años que cuando se enteraban que el acuerdo había llevado 25 años de negociaciones "no podían entenderlo". "Hoy voy a volver a casa un poco mas tranquilo", enfatizó el mandatario.

Antes de la conferencia, Von der Leyen se reunió durante unos 30 minutos en la sede del Mercosur con Lacalle Pou, Javier Milei, Santiago Peña y Luiz Inácio Lula de Silva.

En plena crisis agrícola, el Ejecutivo francés repite una y otra vez el mismo estribillo: no al acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), mientras no se añadan "cláusulas espejo". "Siempre hemos impulsado la reciprocidad y las cláusulas espejo, y haremos que se respeten", declaró el primer ministro Gabriel Attal durante su discurso de política general ante la Asamblea el 30 de enero. 

De visita en Berlín el 6 de febrero para reunirse con Olaf Scholz, Attal calificó las cláusulas espejo de "cláusulas de sentido común". Marcó así diferencias con el Canciller alemán, firme partidario del Tratado UE-Mercosur en su versión actual: para Berlín, no hay necesidad de añadir cláusulas de última hora a un proyecto que comenzó en el año 2000. 

La posición francesa se ha hecho más audible en los últimos días, pero no es nueva. Como ya advirtió Emmanuel Macron en el último Salón de la Agricultura de febrero de 2023, París no firmará si los países del Mercosur "no respetan las mismas restricciones medioambientales y sanitarias que nosotros imponemos a nuestros productores". 

Esta línea ya aparecía de fondo en el programa establecido por Francia para su presidencia de la UE en el primer semestre de 2022: "Los productos importados [deben estar] sujetos a ciertos requisitos de producción aplicados en la UE". Y ya en 2017, el panel de expertos que trabajó en Ceta, el acuerdo con Canadá, a petición del gobierno del entonces primer ministro francés Édouard Philippe, defendió ese enfoque en favor de una mayor "reciprocidad", inspirándose en trabajos como los del belga Olivier De Schutter (candidato también este año a las elecciones europeas por la lista ecologista en Bélgica). 

El principio subyacente a estas cláusulas espejo es sencillo, al menos sobre el papel: imponer normas sociales o ecológicas idénticas en los dos espacios comerciales en cuestión. Por ejemplo, sería más difícil importar soja argentina, a través del texto UE-Mercosur, o lentejas canadienses, a través de Ceta, si esas soja y lentejas se produjeran utilizando pesticidas prohibidos en la UE. 

Sería el inicio de un "cambio de paradigma", según la expresión acuñada por el Instituto Veblen en un estudio reciente. Ya no sólo nos interesa el producto acabado cuando llega al mercado europeo (¿cumple las normas de la UE?), sino también las condiciones en las que se ha producido (¿qué hay de los pesticidas utilizados o los árboles talados para fabricarlo). "Si no reflexionamos sobre las normas que deben imponerse a los productos importados, corremos el riesgo de convertirnos, con el consumo de estos productos, en responsables de losimpactos que intentamos prohibir aquí en casa", insiste Mathilde Dupré, codirectora del Instituto Veblen. 

En detalle, hay que distinguir entre las cláusulas espejo –incluidas en los acuerdos bilaterales de libre comercio con un país concreto– y las "medidas espejo", más ambiciosas. Estas últimas están integradas en la legislación europea y se aplican sin restricciones geográficas. Se trata de un punto ciego en las políticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Pero la UE ya ha adoptado medidas espejo equivalentes en materia de deforestación y precios del carbono. 

En sus declaraciones, el primer ministro Attal mezcla un poco todo, ya que se refiere a cláusulas espejo, medidas espejo y, más recientemente, "medidas de salvaguardia" a nivel nacional. Sea como fuere, el Ejecutivo francés nunca ha revelado el contenido exacto de las cláusulas que defendería en Bruselas en el marco de las negociaciones de Mercosur: ni su número, ni los sectores que abarcarían, ni mucho menos su redacción exacta. Contactado por Mediapart, el nuevo Secretario de Comercio Exterior, Franck Riester, no ha respondido hasta ahora. 

"Las medidas espejo se aplican a todo lo que entra en Europa: es más eficaz y armonizado que simples cláusulas insertadas en acuerdos de libre comercio. Por eso hemos optado por poner más energía en ello", argumenta Enzo Armaroli, responsable de temas agrícolas de la Fondation pour la nature et l'homme (FNH). 

En la Asamblea Nacional, el diputado del socialista Dominique Potier ha aprovechado la ocasión y ha redactado una propuesta de resolución en la que pide un "intercambio justo" basado en medidas espejo. En este momento cuenta con el apoyo de todos los partidos de la Cámara, excepto LFI, LR y RN. A su vez, el senador verde Yannick Jadot defiende este "proteccionismo verde", alegando que "es un paso en la buena dirección, porque evita el dumping social y medioambiental". 

Pero este ex eurodiputado, que seguía las cuestiones comerciales en Bruselas, también advierte contra "las patrañas francesas sobre las cláusulas de Mercosur": "Antes de la crisis agrícola, todo lo que tenía que hacer Lula era aprobar un pseudo-protocolo adicional para decir lo mucho que se preocupaba por los bosques, y Francia firmaría. Y los países del Mercosur ya estarían gritando por añadir este protocolo jurídicamente no vinculante. Así que añadir cláusulas espejo para elevar los estándares de la agricultura latinoamericana es imposible. Hay mucho bla bla en este asunto". 

El acuerdo de libre comercio entre la UE y Nueva Zelanda, aprobado el pasado noviembre, fue presentado por sus partidarios como un acuerdo de "nueva generación". Entre otras cosas porque incluye una cláusula espejo sobre el vacuno alimentado con pasto (para evitar los cebaderos industriales). Pero en el archipiélago no existen tales cebaderos: esa cláusula espejo es un mero ejercicio de comunicación. 

Por su parte, la eurodiputada Manon Aubry (LFI) advierte contra una "ilusión óptica": "Vamos a poner algunas condiciones a la entrada de productos, pero eso no permitirá revisar completamente la lógica comercial instaurada por la UE". 

Más discretamente, estas cláusulas y "medidas espejo" también son objeto de un profundo debate en la sociedad civil y las ONG. Tanto la FNH como el Instituto Veblen defienden estos planteamientos "espejo" desde un informe de 2021. 

La FNH dijo "¡adelante! a Gabriel Attal cuando habló de introducir "medidas espejo en todas partes". Pero las ONG quieren mantener las distancias con esa comunicación del Gobierno. "El ejecutivo ha hecho de estas cláusulas espejo su línea roja en el texto con Mercosur. En nuestra opinión, este acuerdo sigue siendo incompatible con el Pacto Verde, incluso añadiendo algunas cláusulas espejo. Estos cambios son un paso en la buena dirección, pero no son suficientes", explica Mathilde Dupré, de Veblen. 

Para Attac, Aitec o la Confederación campesina, se trata más bien de una trampa estratégica destinada a hacernos tragar la píldora del libre comercio. En esencia, mientras sigamos discutiendo sobre las cláusulas espejo, seguiremos negociando acuerdos de libre comercio, que se consideran intrínsecamente perjudiciales. 

Para Maxime Combes, economista de Aitec, "la intención de fondo puede ser buena, pero es totalmente inviable". E insiste: "En primer lugar, nunca habrá suficientes cláusulas sobre la mesa para que esto tenga sentido. E incluso si lo conseguimos, ¿cómo podemos comprobar que se respetarán?” 

¿Son las cláusulas espejo un mero greenwashing de los acuerdos? El riesgo es evidente, sobre todo cuando se oye a Marc Fesneau, ministro francés de Agricultura, congratularse el pasado mes de octubre, como si su ministerio y la sociedad civil estuvieran de acuerdo sobre el fondo de la cuestión: "Hemos hecho un trabajo colectivo, con asociaciones y ONG, un trabajo útil, para que esta cuestión [de las cláusulas] entre en el debate". 

"En este caso, llevemos la lógica hasta sus últimas consecuencias", insiste Maxime Combes. “Si sólo comerciamos con economías equivalentes, con países que tengan salarios mínimos altos, normas ecológicas ambiciosas y susceptibles de mejorar... al final, no comerciaremos con nadie". 

Lora Verheecke, del Observatorio de las multinacionales, aporta otras críticas. "En cuanto se incluyan normas medioambientales en las cláusulas de los acuerdos de libre comercio, será muy difícil mejorar después las normas existentes, porque habría que pedir a todos los socios comerciales que lo hagan también". 

También le preocupa un enfoque neocolonial: "En pocas palabras, estamos diciendo a estos países [del Sur]: vais a hacer como nosotros, porque lo hacemos mejor que vosotros”. “No se trata de decir que las normas europeas son mejores", responde Mathilde Dupré, “pero si tomamos como ejemplo el uso de pesticidas, en comparación con Sudamérica, en realidad prohibimos más productos que nuestros socios". 

Tanto la FNH como Veblen insisten en la necesidad de tener en cuenta no sólo las importaciones, sino también las exportaciones: "La UE sigue exportando pesticidas prohibidos en la UE a otras regiones del mundo, y luego nos encontramos importando productos que, por efecto boomerang, han sido tratados con esos pesticidas", describe Mathilde Dupré. 

Sea como fuere, estas diferencias en el seno de la sociedad civil recuerdan las divisiones de la izquierda francesa cuando en junio de 2023 se aprobó en la Asamblea Nacional francesa una resolución crítica con el tratado UE-Mercosur, aceptada por la mayoría de partidos. 

El PS y los ecologistas votaron a favor del texto, junto a François Ruffin, mientras que la casi totalidad de LFI se opuso, por considerar que la moción, que retomaba la idea de las cláusulas espejo, apoyaba la retórica de la bancada gubernamental y preparaba el terreno para la aprobación del texto, apenas retocado. Es muy probable que esas divergencias sigan manifestándose en la próxima campaña de las europeas.

Traducción de Miguel López

La respuesta política y social a los incendios del Amazonas ha ido variando desde que a finales de agosto el fuego empezara a hacerse viral por redes y a generar preocupación entre los más concienciados con los problemas medioambientales. Empezó vinculándose al cambio climático, para luego seguir repartiendo las culpas entre la deforestación, las políticas ecocidas de Jair Bolsonaro, el impacto de la agroindustria… y ahora, las miradas se dirigen al tratado de libre comercio entre Mercosur (Mercado Común del Sur, alianza entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea. Las organizaciones ecologistas exigen su retirada, los países amagan con dar un paso atrás… y la peor noticia es que todos esos factores, en apariencia desconectados, tienen su papel y parte de culpa en el desastre ecológico en la Amazonía, la mayor y más preciada joya natural del planeta.

No es fácil entender cuáles son las causas de que el Amazonas esté ardiendo con especial intensidad este año, ni el alcance del desastre natural, muchas veces distorsionado por cierto sensacionalismo al otro lado del charco. Ni está ardiendo todo el ecosistema, ni ha llegado a un punto de no retorno, ni es el primer incendio que se declara en la zona, ni será el último: la cultura del fuego, el uso de las llamas como herramienta agropecuaria, es común entre lo que trabajan la tierra, ninguna masa arbolada está a salvo del fuego en todo el planeta y en la temporada seca siempre ha ardido la Amazonía. Lo que sí es preocupante es que los incendios forestales han aumentado en la cuenca del río más largo del mundo un 83%, la deforestación creció hasta un cuádruple el último año, y ambos eventos están relacionados en un contexto de cambio climático que convierte los fuegos en superfuegos.

Para entender cómo un tratado de libre comercio agrava las llamas en un ecosistema hay que acudir a dicha deforestación. El origen no está ni en “terroristas incendiarios” ni en el azar de la naturaleza, sino en los procesos extractivistas que esquilman los recursos naturales de la Amazonía. En los países que comparten este tesoro natural lleva décadas impuesto un modelo de agricultura y ganadería industrial que exporta a toneladas soja, aceite de palma, maíz para piensos, carne de pollo y de ternera, explica Tom Kucharz, investigador social y miembro de Ecologistas en Acción, destacado activista en contra de los tratados de libre comercio. “Es una política que ya existe, sin necesidad de acuerdos comerciales”, destaca.

La soja, el maíz y otros cultivos son necesarios para abastecer a la industria cárnica europea, que “se lleva yendo de rositas muchos años”, según denuncia Miguel Ángel Soto, de Greenpeace. Para crear hectáreas de nuevos cultivos es necesario, evidentemente, acabar con la vegetación, pulmón del planeta y sumidero de carbono. La propia actividad ganadera que se desarrolla en los países de la cuenca del Amazonas, y que surte a medio mundo de carne de pollo y de ternera, también necesita de este alimento. Los biocombustibles, falsamente reconocidos como sostenibles, son producto de la mezcla de diésel con aceites de soja o palma. No es un tratado, ni un reaccionario populista al frente del país que alberga el 60% de la Amazonía, sino las consecuencias del libre mercado y la globalización.

Con Bolsonaro todo se ha agravado. Los indígenas lamentan que desde que es presidente de Brasil, los blancos se sienten más legitimados para acometer talas ilegales e, incluso, asesinar a los líderes locales que protestan. El dirigente de extrema derecha rechaza ayuda antiincendios, desmantela las políticas ambientales del país, promete abrir las reservas al desarrollo comercial e industrial… “Cuando ganó Bolsonaro, fue muy evidente que las multinacionales elogiaron al nuevo presidente porque prometió la venta de sectores muy lucrativos”, asegura Kucharz, que habla del “neocolonialismo” de empresas españolas, como ACS o Dragados, que han hecho negocio del extractivismo y que seguirán haciéndolo. Eso sí, “la agroindustria tristemente también creció en las épocas de los Gobiernos de Lula y Rouseff”, señala.

En este contexto se instala el acuerdo comercial entre los países de Mercosur y la Unión Europea. Negociado durante décadas, los esfuerzos se intensificaron en los últimos años debido al proteccionismo de los Estados Unidos de Donald Trump y sus tensiones arancelarias con China. En julio se anunció un principio de acuerdo entre los países. El tratado, en esencia, reduce impuestos y trabas para la importación y exportación. Los europeos, entre ellos España, exportan principalmente maquinaria pesada y automóviles, por lo que la industria recibe el pacto como agua de mayo. Y de lo que importan los sudamericanos, más de un 70% son alimentos y materias primas, según Eurostat. Mercosur, denuncian los ecologistas, fomenta la producción a gran escala que deforesta el Amazonas, enciende los superincendios, mata la biodiversidad y acorrala a los indígenas.

Y, como consecuencia final y derivada del resto, el agravamiento de la crisis climática. La agricultura emite, la ganadería emite, los incendios emiten y los bosques, que absorben buena parte de ese CO2 de más, desaparecen. “Nuestro principal argumento en contra del tratado de Mercosur ante la Comisión Europea es que es incompatible con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París”, denuncia Soto.

El papel de España

“Las importaciones de soja, carne, minerales y otros productos son el resultado del expolio de la selva, de la cual se lucran algunas empresas españolas. Esto solo es posible gracias a regulaciones laxas, que convierten a España en cómplice de estos crímenes contra la naturaleza y la humanidad. Por ello, condenamos el tratado comercial con Mercosur”, aseguraba este martes la organización climática Extinction Rebellion en una carta abierta al ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell. El Gobierno, sin embargo, está lejos de condenarlo. “Se trata de un acuerdo ambicioso, amplio y equilibrado. El Acuerdo UE-Mercosur tiene gran importancia para España desde el punto de vista político, económico-comercial y estratégico”, apuntaba el pasado lunes el Ejecutivo en funciones en una respuesta parlamentaria a la diputada de Unidas Podemos Eva García Sempere.

Con una rebaja arancelaria de más del 90% en los productos, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) aplaudió el acuerdo por la eliminación de hasta 4.000 millones de euros en tasas. Su modelo de negocio, atenazado por la caída en picado del diésel y la transición energética, a la que la industria automovilística se suma mal y tarde, encuentra así una salida de emergencia.

Los agricultores opinan justo lo contrario: el sector primario está en serio peligro si el tratado de libre comercio con Mercosur, finalmente, sale adelante. Los sindicatos agrarios escribieron una carta a Sánchez el pasado julio en la que denunciaban que a partir de la puesta en marcha del acuerdo tendrían que competir, sobre todo en cuanto a carne de vaca y cítricos, con una agroindustria gigante y, según denuncian los ecologistas, sin muchos escrúpulos. El Gobierno, sin embargo, defiende que la Comisión Europea está negociando protección a estos sectores. “Se prevé una limitación a las importaciones de Mercosur para los productos más sensibles, tales como la carne de vacuno y de ave, el etanol, el arroz o la miel, para los que se han negociado contingentes arancelarios. Dada la sensibilidad de los sectores afectados, las cantidades de estos contingentes han sido calibradas por la Comisión, así como la aplicación gradual de los mismos”, afirma el Ejecutivo en la respuesta parlamentaria.

¿Se aprobará?

Todo parecía ir sobre ruedas en julio con la proclamación provisional del acuerdo. Pero, como ha pasado en otras ocasiones, en la negociación por los detalles todo el proceso se puede tirar por la borda. Francia está encabezando un grupo de países de la Unión Europea que barajan retirarse del tratado, como medida de presión a Brasil por su catastrófica gestión ambiental antes, durante y tras los incendios del Amazonas. “Todavía no están todos los textos. Y con el tratado con Canadá tardaron dos años entre el fin de las negociaciones y el cierre. Falta mucho”, explica Kucharz, que no se cree los alegatos del Gobierno de Macron, en plena pelea diplomática con Bolsonaro. “Luego estas cosas desaparecen de la agenda mediática” y los gobiernos acatan y firman, muchas veces sin ni siquiera pasar por el Parlamento, resume, lamentándose, el activista.

El papel de los consumidores, destaca Soto, es muy limitado. Las pequeñas acciones individuales son poco efectivas para frenar el expolio del Amazonas que, creen los ecologistas, se agravará con el tratado con Mercosur. “Ninguna de las grandes cadenas de hamburguesería se ha comprometido a importar carne sostenible. Productos derivados de la soja y del aceite de palma están en muchos alimentos”, explica. Y prácticamente toda la carne que consumimos se alimentan de estos productos. “La única solución”, dice el activista, el único mecanismo útil como ciudadanos de a pie y que ya está siendo apuntado por la ONU, es reducir paulatinamente el consumo de carne en los países occidentales.

La Unión Europea y los países que forman Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) Unión Europeahan anunciado este viernes que han alcanzado un acuerdo de libre comercio tras veinte años negociando, según ha anunciado en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y ha confirmado posteriormente la Comisión Europea, según informa Europa Press. El acuerdo ha llegado después de una semana de intensos contactos a nivel técnico en Bruselas, que desembocaron en varias reuniones a nivel político. En ellas han participado, por el Ejecutivo comunitario, el vicepresidente Jyrki Katainen, y los comisarios de Comercio, Cecilia Malmström, y de Agricultura, Phil Hogan; y por parte de Mercosur los ministros de Asuntos Exteriores de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

"Mido mis palabras con cautela cuando digo que este es un momento histórico. En medio de tensiones comerciales internacionales, estamos enviando la fuerte señal con nuestros socios de Mercosur de que apoyamos el comercio basado en reglas", ha señalado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien ha subrayado que se trata del "mayor acuerdo comercial jamás concluido por la UE". Malsmtröm ha asegurado en un comunicado "el acuerdo dará grandes oportunidades a las empresas y los trabajadores de la UE al abrir mercados que han estado relativamente cerrados hasta ahora, ahorrando a las compañías europeas hasta 4.000 millones de euros en impuestos en la frontera". Al mismo tiempo, ha apostillado, "establece estándares altos y un marco robusto para hacer frente a asuntos como el medio ambiente y los derechos laborales".

Mercosur se ha expresado en la misma línea, haciendo suyo un el comunicado de Argentina, al afirmar que no solo es "un acuerdo sin precedentes para ambos bloques", sino "uno de los más importantes en la Historia a nivel mundial" porque "implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del PIB mundial y con más de 100.000 millones de dólares de comercio bilateral de bienes y servicios".

"Histórico", ha celebrado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Twitter, vaticinando que será "uno de los acuerdos comerciales más importantes de todos los tiempos" que supondrá "beneficios enormes" para la economía brasileña. "Acuerdo histórico entre la Unión Europea y Mercosur", ha aclamado, por su parte, el presidente argentino, Mauricio Macri, en la misma red social. Desde Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez ha hablado igualmente de "hecho histórico". "¡Se amplían nuestros mercados y las posibilidades de crecimiento de nuestros pueblos!", ha celebrado en Twitter. El Ministerio de Exteriores de Uruguay ha valorado además que se trata del "primer acuerdo de gran impacto comercial que alcanza el Mercosur con terceros".

Veinte años después

La UE y Mercosur comenzaron a negociar un tratado de libre comercio en el año 2000 y las conversaciones han pasado desde entonces varias fases, llegando incluso a estar paradas. Ambas partes acordaron en 2016 relanzar unas negociaciones en las que el capítulo agrícola ha sido el gran escollo, especialmente las exportaciones de carne de vacuno del Mercosur al bloque comunitario.

España es uno de los países europeos, junto con Alemania, que más ha impulsado este acuerdo, que ha contado con las reservas de Francia, Bélgica, Irlanda y Polonia. De hecho, Pedro Sánchez y Angela Merkel, junto con los mandatarios de Países Bajos, Suecia, Portugal, República Checa y Letonia, escribieron hace una semana una carta en la que pedían no perder la "ventana de oportunidad" que se había abierto. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, alertó en otra misiva de los riesgos que este acuerdo podría entrañar y ha advertido precisamente este viernes de que su Gobierno no firmaría un hipotético acuerdo con Mercosur si el Ejecutivo brasileño no respeta el Acuerdo de París contra el cambio climático.

45.000 millones en exportaciones europeas

Según ha informado la Comisión Europea, el acuerdo eliminará la mayoría de los aranceles entre ambas partes y las compañías europeas ahorrarán unos 4.000 millones de euros anuales. Las exportaciones de la UE a Mercosur en 2018 ascendieron a 45.000 millones de euros, mientras que las de los cuatro países americanos al bloque europeo tuvieron un valor de 42.600 millones.

Bruselas ha destacado que el pacto impulsará las exportaciones de productos industriales europeos que hasta ahora se han enfrentado a aranceles "a veces prohibitivos", como coches, componentes de automóviles, maquinaria, productos farmacéuticos y ropa y calzado. El sector agrícola europeo, ha resaltado el Ejecutivo comunitario, disfrutará de menores aranceles en los sectores de vinos, bebidas espirituosas y bebidas no alcohólicas. También supone el acceso libre de gravámenes de productos lácteos europeos a Mercosur hasta una cierta cuota. Mercosur además reconocerá un total de 357 indicaciones geográficas protegidas en la Unión Europea, entre ellas el jamón de Jabugo español.

El acuerdo alcanzado también supone la apertura del mercado de contratos públicos de los países del Mercosur a empresas europeas y el acceso a proveedores de servicios en los sectores de la tecnología de la información, las telecomunicaciones y el transporte, entre otros.

La Cancillería argentina ha detallado que lo firmado "se implementará de forma gradual". Así, para los países de Mercosur, los plazos de desgravación arancelaria se extenderán entre 10 y 15 años, mientras que "la UE aceptó plazos de desgravación con el Mercosur de forma inmediata, situación sin precedentes en otras negociaciones del bloque europeo".

Con respecto al Acuerdo de París, ambas partes se han comprometido a respetar los compromisos adquiridos para combatir el cambio climático y el pacto incluye un capítulo sobre desarrollo sostenible que recoge cuestiones como la gestión sostenible y conservación de bosques o el respeto a los derechos laborales.

Sánchez celebra que se haya alcanzado un acuerdo 

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha celebrado el acuerdo alcanzando de libre comercio entre la Unión Europea y (Mercosur) que "ha durado nada más y nada menos que 20 años" de negociaciones. "Es el acuerdo comercial más grande del mundo, por tanto, es una excelente noticia para el empleo, las oportunidades empresariales generadas de prosperidad y desarrollo", ha destacado Sánchez durante su comparecencia ante los medios con motivo de la cumbre del G20 en Osaka (Japón).

Además, ha resaltado que este acuerdo va a suponer "un ahorro arancelario de más de 4.000 millones de euros anuales" para el conjunto de la UE, consolidando "los lazos de amistad y de confianza" entre Europa y la comunidad iberoamericana. "También lanza un mensaje muy importante a favor del multilateralismo en un momento de crecientes tensiones comerciales como, también, estoy convencido habéis sido testigos a lo largo de estos dos días de Cumbre en Osaka", ha añadido.

Sánchez ha agradecido, en nombre del Gobierno de España, a la Comisión Europea y a su presidente, Jean Claude Juncker por el "trabajo que se ha realizado en estos últimos meses para que hoy podamos celebrar un día histórico que une aún más a Europa con la comunidad iberoamericana de la que España se siente tan cerca". El presidente en funciones también ha mostrado sus agradecimientos a los países iberoamericanos involucrados en la resolución de las negociaciones, en particular al presidente de Argentina, Mauricio Macri, que "ha liderado de manera bastante sustantiva el que se hayan podido lograr este importante acuerdo".

Desde finales del año pasado la tirantez latente entre Serbia y la provincia de Kosovo se ha reanimado por la decisión de esta última de aumentar el gravamen de productos serbios, que pasará del 10 al 100%. Una medida puramente ideológica destinada a castigar a Belgrado por no reconocer a la provincia como un país soberano —Kosovo autoproclamó su independencia en 2008—, y para demostrarle que controla plenamente y sin injerencias todo su territorio. Inmediatamente después, la Unión Europea instó a la región a que revocase la decisión que, entre otras cosas, infringe el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (CEFTA, por sus siglas en inglés), pero el Gobierno kosovar se mantuvo en su posición justificándolo como un gesto de presión.

En Kosovo, la inmensa mayoría de la población es de ascendencia albanesa y musulmana —casi dos millones—, frente a una pequeña minoría, al norte, de serbokosovares que profesan el cristianismo ortodoxo —unos 100.000—. Serbia, que se opuso con vehemencia a los aranceles, argumentó que la subida de impuestos afectaría negativamente a dicha minoría, consumidora en gran medida de las manufacturas que produce Belgrado. El dictamen del aumento arancelario fue anunciado justo un día después de que la Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) rechazara la candidatura para su ingreso, una resolución festejada por Serbia, que no consiente que su provincia irredenta forme parte de ningún organismo internacional. Rusia, que también posee conflictos soberanistas en su territorio con Chechenia y Dagestán, se apresuró a cargar contra Pristina hablando de un plan donde, según dice, subyace la "limpieza étnica" de los serbokosovares.

Vuelve el fantasma de las guerras balcánicas

A la decisión económica se le agregó, apenas un mes después, el interés de Kosovo por vertebrar un ejército propio, algo que resucitó los temores pretéritos de un nuevo enfrentamiento violento. El plan de la provincia, aprobado por el Parlamento con la ausencia de los 13 diputados de la minoría serbia, consiste en invertir en torno a 300 millones de euros a lo largo de varios años para convertir a las Fuerzas de Seguridad de Kosovo (FSK) en un ejército nacional inspirado en el Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK, por sus siglas en albanés), que operó en la región en la década de los 90 y cuyo líder, Hashim Thaçi, es hoy el jefe del Ejecutivo kosovar.

Varios soldados del grupo terrorista Ejército de Liberación kosovar (UÇK) durante la guerra de Kosovo. E. P.

El presupuesto se está destinando, principalmente, a reclutar futuros soldados —se quiere pasar de 2.000 activos a 5.000 y 3.000 reservistas, según medios serbios—, adiestrarlos, constituir un Ministerio de Defensa y rearmar a las FSK, que ahora disponen de armas ligeras, con elementos de artillería e, incluso, un sistema de misiles antiaéreos. De nuevo, a la Unión Europea no le gustó nada la idea y llamó a la distensión. Por su parte la OTAN, que desde 1999 mantiene en Kosovo una fuerza militar internacional (KFOR, por sus siglas en inglés), la tildó de “inoportuna”. En el Kremlin tampoco se aplaudió la noticia y Belgrado confesó directamente que la intervención armada es una de las posibilidades que el Gobierno serbio considera —Serbia cuenta con un ejército que ronda los 30.000 efectivos—.

Sin embargo, en la escena internacional Kosovo cuenta con un poderoso defensor de su táctica: Estados Unidos. En Washington no tardaron en felicitar a Thaçi por lo que consideraron una “contribución a la paz y la seguridad en la región”, una reacción poco sorprendente teniendo en cuenta que Estados Unidos entrenó a las FSK cuando fueron creadas. Aun así, la propia Constitución kosovar no contempla la creación de un ejército, por lo que habría que modificarla; un trámite para el que son imprescindibles los votos de los 13 legisladores de la minoría serbia.

Difícil ingreso en la UE

El declive económico, en una zona históricamente deprimida, se agudizó tras las guerras yugoslavas, por lo que tanto Serbia como Kosovo llevan años intentando ganarse el ingreso en la Unión Europea. No obstante, el club europeo tiene reticencias sobre aceptar a las dos naciones y subordina su entrada a la consecución de varias reformas en los ámbitos económico y de derechos civiles y calidad democrática; pero sobre todo, lo que Europa persigue es que ambos erradiquen su hostilidad mutua —un antagonismo que se remonta cientos de años y que se recrudeció a finales de los años 80, debido a la política recentralizadora de Slobodan Milošević—.

Hace algunos meses, la UE fijó 2025 como el año en que Serbia podría entrar en el grupo. Estrasburgo ya lleva más de un lustro intentando que los dos aspirantes a formar parte del grupo comunitario trabajen conjuntamente para llegar a consensos que logren la superación de una enemistad prácticamente inveterada. No obstante, Serbia abandonó sus promesas de normalización diplomática cuando el pasado julio su presidente, el conservador Aleksandar Vučić, rehusó viajar a Bruselas para mantener una reunión con Thaçi.

Ese mismo verano, sin embargo, se produjo un acercamiento que arrojó como resultado una propuesta vista por muchos como un disparate, ya que la solución que ofrecieron Belgrado y Pristina para poder convivir sin una animadversión tan manifiesta fue una redefinición de la frontera entre ambos. Con este remedio ambos gobiernos pretendían hacer ingeniería social para que la minoría de serbios que viven al norte de Kosovo quedasen integrados en Serbia y la minoría de kosovares que viven al sur de Serbia volviesen a pertenecer a territorio de Kosovo. Vučić, incluso, adelantó que si se llevaba a cabo el nuevo dibujo fronterizo reconocería a Kosovo como un país independiente, quedando definitivamente zanjadas todas las disputas, ya que una de las condiciones sine qua non que establece Bruselas para esa hipotética incorporación pasa precisamente por dicho reconocimiento.

Protestas masivas en Serbia

Otro de los elementos desestabilizadores de la región lleva teniendo lugar en el corazón de Serbia desde el pasado 8 de diciembre. Cada sábado, desde hace ya 14 semanas, miles de serbios marchan por las calles de Belgrado para protestar contra el Gobierno, al que acusan de ser autoritario y de socavar libertades fundamentales como la de prensa. Paradójicamente, el mayor impulso que recibieron las manifestaciones vino del propio presidente, que al principio aseguró que no cedería a las peticiones de los manifestantes “incluso si hubiera cinco millones de personas en la calle”. Entendidas esas palabras como una provocación, el sábado siguiente a la comparecencia de Vučić, cientos de miles de serbios volvieron a la calle con una pancarta en la que se podía leer "Uno entre cinco millones" y que se ha convertido en el lema del malestar.

Una de las marchas que cada sábado, desde principios de diciembre, tiene lugar en Belgrado para protestar contra el Gobierno serbio. EFE

Aunque los carteles donde se llama "ladrón" o "dictador" al presidente son numerosos y habituales en las concentraciones, según medios de comunicación locales la popularidad de Vučić no se ha visto damnificada y su formación, el Partido Progresista Serbio —de ideología conservadora—, continúa conservando más del 50% de la intención de voto, tal y como reflejan múltiples encuestas.

Las tensiones étnicas y los nacionalismos que provocaron las guerras yugoslavas en los años 90 continúan vivas en Serbia 20 años después. Aunque organizaciones transnacionales como la Unión Europea, la ONU o la OTAN —que participó en el el conflicto del lado de Kosovo— no pierden de vista la región e intentan mediar para desinflamar los roces, decisiones políticas como la imposición de aranceles o el deseo de rearme generan incertidumbre en un esceneario internacional que recuerda la violenta descomposición de los Balcanes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elogia ahora el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA) como "el modelo a seguir", cuando hace apenas un año forzó la abstención del PSOE, con reticencias internas, a la ratificación del acuerdo en el Congreso de los Diputados por considerarlo que protegía en exceso a empresas e inversores en detrimento de las instituciones y la ciudadanía. Informa Europa Press.

El giro en la posición de Sánchez se evidenció en la madrugada de este lunes (hora española) durante la intervención del presidente en el Global Progressive Forum junto al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en Montreal.

En ese foro, defendió que el CETA forma parte de una nueva generación de acuerdos comerciales que deben ser "el modelo a seguir" porque ofrecen "nuevas respuestas para inquietudes tradicionales".

En junio de 2017, en cambio, Sánchez justificaba sus críticas al CETA en que "en 1.600 páginas del Tratado, sólo hay 4" sobre derechos medioambientales, además de tener diferencias "en el modo de resolución de disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación al Tratado". El CETA, decía entonces, no es tan bueno como para votar a favor ni tan malo como para votar en contra.

Giro de posición del PSOE

La abstención del PSOE al CETA fue una de las primeras posiciones que fijó el líder socialista tras volver a los mandos de Ferraz y supuso un primer enfrentamiento con los barones del partido, en tanto en cuanto suponía modificar la postura favorable que hasta ese momento habían mostrado los socialistas respecto al tratado.

Las dudas que Sánchez tenía sobre el CETA se han disipado, al menos según se desprende de las palabras que ha pronunciado en Montreal. Es más, con motivo de su visita a Canadá los dos gobiernos han firmado una declaración conjunta en la que se afirma que el CETA "proporciona un marco para aumentar los flujos de comercio bilateral".

Y el creciente comercio bilateral entre Canadá y España, continúa el texto, "creará empleos y generará crecimiento y prosperidad en ambos países, en particular para pequeñas y medianas empresas (...) con importantes oportunidades en las áreas de agricultura, tecnologías medioambientales y energías renovables, ciencias de la vida y biotecnología, tecnologías de la información y las comunicaciones y aeroespacial".

“Acuerdo histórico”, “el pacto más importante nunca firmado por la Unión Europea”, “un texto que evidencia nuestra voluntad política inquebrantable por promover el libre comercio”… El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se mostraron así de líricos este martes 17 en Tokio.

En un momento en el que los Estados Unidos de Donald Trump cuestionan día tras día el multilateralismo e imponen medidas proteccionistas y aduaneras a una lista cada vez más larga de productos importados, los tres líderes consideraron que estaban dando la respuesta correcta a los ataques estadounidenses al firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Japón.

Este acuerdo comercial, denominado JEFTA (de Japan-Europe Free-Trade Agreement), venía negociándose desde 2013. Se pretende que sea el equivalente al CETA, el acuerdo comercial con Canadá. Al igual que este último, el acuerdo entre la Unión Europea y Japón tiene por objeto eliminar las barreras arancelarias y reglamentarias con el fin de “liberalizar” el comercio entre ambas partes, que en conjunto representa un tercio del producto interior bruto (PIB) mundial. Pero a diferencia del CETA, el JEFTA se ha negociado y firmado con total indiferencia.

Después de la polémica surgida con el CETA, la Comisión Europea se comprometió a tener en cuenta las críticas. Ha aprendido algunas lecciones, pero no en la dirección esperada por la opinión pública. Para evitar las controversias, primero se aseguró de que todas las negociaciones fueran discretas y se mantuvieran entre bastidores.

Más tarde, decidió descartar las cuestiones espinosas, aquéllas que pueden movilizar a la ciudadanía e incluso, ahora, a algunos gobiernos europeos. Por lo tanto, se ha eliminado el punto más delicado del texto del acuerdo firmado el martes: ya no se creará un tribunal arbitral que permita a una empresa, que se considere perjudicada, demandar a un Estado en nombre de la protección de las inversiones.

Esta retirada parece ser una concesión importante por parte de la Comisión, pero también tiene una inmensa ventaja. Como esto ya no afecta a las prerrogativas nacionales y soberanas, el JEFTA ya no necesita ser sometido a examen y votación de los respectivos Parlamentos nacionales. El JEFTA, presentado como un simple acuerdo comercial, dentro de las prerrogativas de la Comisión Europea, simplemente se someterá por tanto a votación en el Parlamento Europeo lo antes posible, sin consultar en ningún momento a los Parlamentos de los Estados miembros.

Así pues, ya no existe el riesgo de ver cómo un Parlamento valón desmenuza los términos del acuerdo durante semanas, poniendo todos los términos sobre la mesa, a disposición del público; tampoco existe ya riesgo de bloqueo institucional. Cabe recordar que el CETA se aprobó sin contratiempos en el Parlamento Europeo.

Según la presentación de la Comisión, no hay motivos para preocuparse. “El JEFTA es queso y vino frente a coches baratos”, resume el periódico financiero alemán Handelsblatt. Según Bruselas, el sector agroalimentario europeo es el virtual gran ganador de este tratado comercial: el 85% de los productos agroalimentarios europeos podrían entrar en Japón libres de impuestos, en ocasiones tras un período de transición. Tokio parece haberse comprometido a reconocer más de 200 denominaciones geográficas o denominaciones de origen controladas.

A cambio, la industria automovilística japonesa tendrá libre acceso al mercado europeo, pero sólo tras un período de transición de varios años. Las industrias automovilísticas francesa e italiana, en competencia directa con los fabricantes japoneses, corren el riesgo de acusar esta situación. Pero los dos países pueden consolarse vendiendo su chianti y su beaujolais, en nombre de la especialización que tanto defendía el economista Ricardo, uno de los padres del libre comercio.

“Este acuerdo debería suponer un aumento del PIB europeo un 10% superior de lo que tendría que haberlo incrementado el tratado comercial trasatlántico [este tratado, conocido como TTIP o Tafta, está suspendido desde 2016]”, dice Hosuk Lee-Makiyama, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la London School of Economics, encargado de estimar las consecuencias del JEFTA para la Comisión Europea. Sin embargo, no puede dar cifras precisas por sectores, ya que difieren según los elementos de cálculo que se tienen en cuenta en sus modelos, según la revista alemana Wirstchaftswoche.

Sin embargo, hay muchos indicios de que este acuerdo va mucho más allá de lo que los signatarios quieren decir. “El JEFTA es el mayor acuerdo climático jamás firmado”, advierte el Instituto Veblen, que subraya que cualquier referencia al Acuerdo de París ha desaparecido. “Debemos evitar todas las barreras y sobrecargas indebidas”, reiteraron continuamente los lobbies, tanto japoneses como europeos, durante las negociaciones. Está claro que se les ha escuchado.

Por su parte, Greenpeace ya ha lanzado la voz de alerta sobre los numerosos riesgos que entraña este acuerdo con la publicación de documentos de la Comisión. Con este acuerdo comercial, todos los principios y normas de protección de que se ha dotado Europa en las últimas décadas se ven amenazados, según esta ONG internacional.

El JEFTA, insiste Greepeace, no reconoce los principios de cuidado al medio ambiente y la salud. Los grupos químicos y farmacéuticos japoneses han abogado por la exclusión de todas las referencias a sustancias cancerígenas en las presentaciones de los productos.

Greenpeace también señala que el JEFTA representa un ataque a la agricultura de calidad y cuestiona los controles aduaneros a los productos agroalimentarios, al abrir una autopista a los organismos modificados genéticamente, muy empleados en Japón. Este tratado, siempre según la ONG, supone una nueva amenaza social al reducir aún más las protecciones laborales (Japón no ha ratificado todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo) e impulsar la liberalización acelerada de los servicios.

Las condiciones en las que se negoció este acuerdo explican en gran medida el resultado. Según los documentos obtenidos por la ONG Corporate Europe Observatory (CEO) de la Comisión Europea –y de nuevo, ésta se ha negado a ofrecer acceso a los documentos de 2017, el año más importante, alegando “sobrecarga de trabajo”–, los lobbies industriales y financieros participaron en todas las negociacioneslobbies.

Entre 2013 y 2016, asistieron a 190 reuniones con las Direcciones de la Comisión. Las asociaciones de consumidores, las que representan el interés general, el público en general y las ONG sólo fueron invitadas a un 4% de las reuniones durante el mismo período. En cuanto a los sindicatos, ningún directivo, ningún miembro de la Comisión Europea consideró oportuno invitarlos, ni siquiera una sola vez.

Keidanren, la federación que representa a los principales grupos japoneses, parece haber interiorizado plenamente la forma de trabajar europea. “Los grupos japoneses que están presentes en el mercado europeo deben estar activamente representados en el desarrollo de la regulación desde la fase inicial”, explicó en 2015.

En el momento en que el Gobierno italiano confirmó el 13 de julio que se negaba a firmar el CETA, cuando el Gobierno austriaco declaró que no lo firmaría hasta que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se hubiera pronunciado sobre el principio de los tribunales de arbitraje, ¿es realmente útil que la Comisión Europea firme un acuerdo con Japón, que en muchos aspectos recoge los defectos del acuerdo con Canadá? Sin embargo, son estos mismos líderes europeos los que llorarán por el sentimiento antieuropeo imperante y pedirán a la opinión pública que luche contra el populismo. _________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Los gobiernos de la Unión Europea han autorizado este viernes la firma del acuerdo de libre comercio entre el bloque comunitario y Japón, que ambas partes cerraron hace justo un año y que se rubricará en una cumbre que se celebrará en Bruselas el próximo miércoles, informa Europa Press.

A la ceremonia de la próxima semana acudirá el primer ministro japonés Shinzo Abe y la UE estará representada por el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Los tres líderes firmarán tanto el Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés) como el Acuerdo de Asociación Estratégica (SPA).

No obstante, el tratado comercial no entrará en vigor hasta principios de 2019, una vez que el Parlamento Europeo de su consentimiento en otoño de este año y Japón cumpla con sus procedimientos nacionales.

La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, ha celebrado el visto bueno de los Veintiocho a la firma del tratado comercial, que ha calificado como "el más grande y más avanzado" entre los concluidos por la UE, al tiempo que ha garantizado que supondrá beneficios "claros" para los ciudadanos y las empresas europeas.

"Junto con nuestros socios japoneses estamos mandando la fuerte señal al mundo de que nosotros todavía creemos en el comercio abierto y que el proteccionismo nunca es la respuesta", ha subrayado la liberal sueca.

El acuerdo económico cubre tanto productos como servicios –incluidos los financieros– y eliminará los aranceles en el 99% de los productos comerciados una vez concluyan los periodos de transición consensuados, algo más largos en el caso de productos sensibles como los automóviles y productos agroalimentarios.

En la actualidad, las compañías europeas pagan 1.000 millones de euros al año en derechos de aduana por exportar productos a Japón, según calcula la Comisión Europea. Las exportaciones europeas de bienes al país asiático se elevan a 58.000 millones de euros y a 28.000 millones en el caso de los servicios.

Productos agroalimentarios

El acuerdo de libre comercio entre la UE y Japón eliminará "drásticamente" los derechos de productos agrícolas. En concreto, Bruselas calcula que, cuando se aplique totalmente el tratado, el 85% de los productos agroalimentarios de la UE podrán entrar en el país asiático libres de aranceles.

En el caso del cerdo, el producto agrícola más exportado a Japón, se garantizarán las exportaciones libres de derechos de carne de cerdo transformada, mientras que las exportaciones de carne fresca de este animal estarán "prácticamente libres" de derechos. Por su parte, los aranceles de carne de vacuno se reducirán del 38,5% al 9% a lo largo de quince años en para un volumen "significativo" de productos derivados.

Con respecto al vino, el segundo producto agrícola más exportado, los aranceles se eliminarán desde el primer día de aplicación del tratado desde el 15% que se aplica actualmente, al igual que los de otras bebidas alcohólicas. En cuanto a las exportaciones de quesos, se eliminarán progresivamente los aranceles a muchos quesos de pasta dura, como el Goyda o el Cheddar, y se establecerá un contingente libre de derechos para quesos frescos como la Mozzarella.

Japón ha aceptado además proteger 205 indicaciones geográficas europeas, bastantes de ellas españolas, entre ellas el Azafrán de La Mancha, el Queso Manchego o el Turrón de Alicante, así como diversos vinos, uno de los sectores más beneficiados por el acuerdo.

Productos industriales, contratación pública y automóviles

En el capítulo de productos industriales, se eliminarán por completo los derechos de aduana a productos en los que la UE es "muy competitiva", como las sustancias químicas, plásticos, cosméticos, textiles o prendas de vestir. Los aranceles al calzado, a su vez, se reducirán del 30% al 21%.

Por otro lado, los aranceles sobre las exportaciones de productos de cuero como bolsos se eliminarán tras un periodo de diez años, al igual que los derechos sobre productos que tradicionalmente han contado con una importante protección en Japón, como el calzado deportivo o las botas de esquí.

En materia de contratación pública, las empresas europeas podrán participar en las mismas condiciones que las firmas niponas en las licitaciones públicas de las 48 "ciudades núcleo" japonesas, cuya población es de entre 300.000 y 500.000 habitantes. El acuerdo también eliminará los obstáculos existentes en la contratación pública del sector del ferrocarril.

Por último, Tokio y Bruselas pactaron un periodo de transición para eliminar los aranceles en el sector del automóvil, mientras que el proceso de liberalización en el sector de componentes y piezas de vehículos será más rápido.

"Vamos a proteger nuestra frontera con nuestros militares. Es un gran paso", ha dicho en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, donde ha recibido a los líderes de Estonia, Letonia y Lituania. "No podemos tener gente llegando a nuestro país de forma ilegal, desapareciendo y sin comparecer ante los tribunales", ha esgrimido, según Politico.

Este mismo martes, la Casa Blanca ha concretado que la estrategia de Trump para lidiar con la inmigración ilegal que llega a través de la frontera con México incluye la movilización de la Guardia Nacional.

El anuncio de Trump ha tenido lugar después de reunirse con el secretario de Defensa, James Mattis, el fiscal general del Estado, Jeff Sessions y otros altos cargos para abordar el tema migratorio ante la creciente crisis en la zona.

Los efectivos de la Guardia Nacional han sido utilizados durante los últimos años para desempeñar labores de Inteligencia y supervisión en la frontera.

"Hasta que no tengamos un muro y una seguridad apropiada, vamos a tener que defender la zona mediante el uso de militares", ha aseverado el magnate neoyorquino durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde ha lamentado las "lamentables" leyes vigentes en el país.

Horas antes, Trump ha publicado una serie de tweets en los que ha amenazado a México con dinamitar las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA o TLCAN) y con cortar "la ayuda exterior a Honduras y a los países que permitan" que la caravana continúe.

Trump ha reprochado a la anterior Administración de Barack Obama que, gracias a sus regulaciones migratorias, la frontera es tan débil que, si alcanza la línea limítrofe, será como si ésta no existiera. "Nuestras leyes son patéticas", ha lamentado.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha contestado en un comunicado que "México no promueve la migración irregular" y ha recordado que esta Viacrucis del Migrante se produce cada año desde 2010 para "llamar la atención sobre el fenómeno migratorio" y, como en ocasiones anteriores, las autoridades mexicanas han actuado "con estricto apego" a la ley.

Por su parte, el portavoz de la Presidencia de Honduras, Ebal Díaz, ha expresado la "indignación" del Gobierno por lo que considera "una alusión injusta" a la nación centroamericana. "Honduras seguirá trabajando y creciendo con o sin el apoyo del presidente Trump", ha aseverado.

Bush y Obama también desplegarán a las tropas

No se trata de la primera vez que un presidente estadounidense despliega las tropas en la frontera con México para hacer frente a los problemas migratorios.

En 2006, el expresidente republicano George W. Bush anunció un plan para desplegar a unos 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en las zonas fronterizas de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Cuatro años después, en 2010, el exdirigente Barack Obama, desplegó en la frontera con México 1.200 militares en el marco de un plan de unos 110 millones de dólares (98,5 millones de euros), según ha informado la cadena de noticias CNN. Las fuerzas fueron retiradas en 2012 y la supervisión de la zona pasó a realizarse de forma aérea.

Las operaciones de Bush y Obama supusieron un coste total de 1.300 millones de dólares (1.058 millones de euros). Las voces críticas con tales despliegues han alertado en reiteradas ocasiones de que éstas son costosas y resultan ineficientes. Los adeptos han indicado que las tropas ayudan a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

Los líderes del G20, la veintena de economías más industrializadas del mundo, se reunirán este viernes y sábado en Hamburgo (Alemania) en la que se espera que sea una de las cumbres más tensas de los últimos años tras el giro radical en materia económica y política de EEUU. Bajo el lema "Forjar un mundo interconectado", los jefes de Estado y Gobierno de los países que forman parte del foro económico, al que también acudirán como invitados representantes del FMI, la OCDE o el Banco Mundial, debatirán a puerta cerrada sobre terrorismo internacional, crecimiento global, cooperación con África, desarrollo sostenible, energía, sanidad, calidad del empleo, digitalización, papel de la mujer, libre comercio y clima.

Será en los dos últimos temas en los que se espera que se produzca la confrontación más dura entre la Unión Europea y el presidente estadounidense, Donald Trump. Desde que llegó a la Casa Blanca, el mandatario norteamericano no ha soltado la bandera proteccionista que agarró durante toda la carrera presidencial, amenazando con aranceles a la importación de acero y aluminio a varios países y dejando en stand by el TTIP, el tratado que Bruselas esperaba convertir en la joya de su política comercial. Del mismo modo que tampoco ha dejado de lado su manifiesto negacionismo del cambio climático, tomando la decisión de sacar a EEUU del Acuerdo de París, algo que el resto de partes considera "innegociable".

El G20 de las "alternativas"

Una reunión y agenda oficial, marcada por la anfitriona Alemania, que no representa a decenas de colectivos de medio mundo. Por ello, más de 70 organizaciones de 20 países decidieron celebrar durante los dos días previos a la cita de líderes mundiales su propia cumbre, la Global Solidarity Summit, en el centro cultural Kampnagel de Hamburgo. Un foro de discusión, que se movió entre el debate y la protesta social, en el que políticos, científicos y activistas discutieron en 12 paneles y más de 70 talleres las "alternativas" posibles al "sistema que potencia la desigualdad" defendido por el G20.

"El objetivo es coordinarnos a nivel global", señala en conversación con infoLibre desde la ciudad germana Cuca Hernández, miembro de Attac España, uno de los colectivos presentes en el foro. La activista asevera que el conocido como Grupo de los Veinte "sigue ignorando a los ciudadanos" y afirma que es necesario encontrar "alternativas" ante un neoliberalismo que "ha fracasado". "No nos pueden seguir vendiendo que las soluciones se basan en más inversión y más crecimiento", dice Hernández, que añade que es necesario un crecimiento "desde abajo, desde las comunidades".

En la misma línea se posiciona Manuel Pérez-Rocha, investigador del Institute for Policy Studies. El mexicano, asistente a la "contracumbre", detalla a este diario que los colectivos reunidos en la ciudad germana están planteando que la "disyuntiva entre libre comercio y proteccionismo" es "falsa". "Es necesario seguir impulsando caminos alternativos ante la errónea dicotomía entre el desgastado modelo neoliberal y el proteccionismo nacionalista que están imponiendo nuevos gobiernos, principalmente el de Trump", sostiene, exigiendo a renglón seguido un "modelo alternativo" que no se base "en el poder y los intereses de las grandes corporaciones militares, financieras o petroleras".

Coincide con ellos Luciana Ghiotto, activista de Attac Argentina, que asevera que la postura central ha sido plantear que la cumbre de líderes es "ilegítima" porque no es "multilateral". Y se explica: "Los países más chicos no están representados en ese espacio, a pesar de que en ese foro se marcan las líneas políticas y económicas que va a seguir el mundo en los próximos años". En concreto, el G20 está compuesto por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido, EEUU, la UE como bloque comercial y España como "invitado permanente".

La "contracumbre"

La contracumbre, financiada por la Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung –una fundación ambiental alemana–, fue abierta el pasado miércoles por la filósofa india y Premio Nobel Alternativo en 1993, Vandana Shiva, que definió a los países del G20 como "auxiliares" de los poderes económicos. Tras el discurso de apertura, comenzaron dos intensos días de debate a través de más de una decena de paneles y más de 70 talleres. "Los primeros son mesas redondas, donde la participación del público es más limitada. Los segundos están más orientados al debate y al trabajo", explica a infoLibre la diputada de En Comú Podem Sònia Ferrá, que ha participado en alguno de ellos.

Cuarenta y ocho horas en las que se ha analizado el fracaso del neoliberalismo; el incremento de la brecha entre ricos y pobres; el libre comercio y los tratados de nueva generación –TTIP, CETA, TiSA, TLC–; la restricción de los derechos laborales y el papel de los sindicatos; la militarización de las relaciones internacionales y la escalada de tensión entre países; el cambio climático y el aumento de gases de efecto invernadero; el racismo y el cierre de las fronteras ante la llegada masiva de refugiados; la necesidad de confrontar el ascenso exponencial de la extrema derecha; o la privatización de los servicios públicos.

Según explican los activistas consultados, se ha incidido mucho en la "importancia de retomar e implementar los Acuerdos de París", la necesidad de "democratizar los espacios públicos" y los efectos que pueden ir de la mano de los nuevos acuerdos comerciales que se están sellando, unos tratados que, insiste Ghiotto, "avalan a los inversionistas para demandar a los Estados". Pero también, recuerda Hernández, se ha prestado mucha atención a las "experiencias municipales" de recuperación de servicios públicos. Unos procesos remunicipalizadores que, tal y como documentó el Transnational Institute en su último informe, se han asentado en medio mundo. En este sentido, Ferrá se ha encargado de explicar el caso de Barcelona.

La importancia de la presión social

Sin embargo, los asistentes a la cumbre alternativa no han viajado hasta Hamburgo sólo para quedarse sentados en las butacas del centro cultural Kampnagel. También han querido llevar su descontento a las calles de la ciudad germana a través de multitudinarias manifestaciones. "Hay mucha movilización", cuenta la activista de Attac Argentina. Protestas que, para Pérez-Rocha, son fundamentales. "Nosotros planteamos que es necesario tanto incidir dentro de los espacios políticos, con propuestas concretas y alternativas, como ejercer presión social", asevera el investigador del Institute for Policy Studies.

Una oleada de marchas que arrancó el pasado domingo y que sólo desde ayer ya ha sacado a la calle a casi 20.000 personas, según los organizadores –las fuerzas de seguridad rebajan la asistencia a 7.000–. La última, celebrada este jueves bajo el lema "Bienvenidos al infierno" y convocada por grupos anticapitalistas, terminó con enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, que ha utilizado gases lacrimógenos y cañones de agua. Agua a presión que también emplearon el pasado martes contra aquellos que intentaban pasar la noche en una acampada que las autoridades de la ciudad habían autorizado sólo como punto de concentración diurno.

Aunque Pérez-Rocha asegura que las protestas, hasta el momento, han sido "pacíficas", lo cierto es que Hamburgo, la ciudad natal de la canciller alemana, se ha convertido en un auténtico fortín en el que se han establecido zonas de seguridad e, incluso, un centro de detención provisional para 400 personas. "Policías fuertemente armados patrullan las calles apoyados por aviones no tripulados y la última tecnología de vigilancia", describía en un artículo en The Guardian el filósofo croata Srećko Horvat, cofundador, junto a Yanis Varoufakis, de DiEM25, movimiento paneuropeo que también participó en la Global Solidarity Summit. En total, más de 20.000 efectivos de la policía desplegados durante la cumbre del G20.

Los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han sellado este jueves con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, un acuerdo político sobre el tratado de libre comercio tras cuatro años de negociaciones.

"Hemos acordado en principio hoy un Acuerdo de Partenariado Económico", ha anunciado el presidente de la Comisión Europea en rueda de prensa conjunta tras sellar el acuerdo durante la cumbre entre ambas partes celebrada en Bruselas en vísperas de la reunión del G20 en Hamburgo.

"Juntos estamos enviando un mensaje fuerte al mundo de que defendemos un comercio abierto y justo" en vísperas del G20, ha agregado el jefe del Ejecutivo comunitario, que ha dejado claro que ambas partes se han tomado su tiempo para garantizar un acuerdo "justo" que beneficio a ambas partes tras 18 rondas de negociaciones "duras".

Juncker ha avisado de que el acuerdo de este jueves "no es el final del proceso" y ambas partes todavía deberán trabajar "en los próximos meses" para finalizar el acuerdo, "notablemente en cuestiones como la protección de las inversiones" donde ambas partes mantienen divergencias dado que la UE defiende que un tribunal dirima los litigios entre inversores y Estados y Japón, defiende un modelo de arbitraje privado.

"He dejado claro que los tribunales privados no tienen ningún papel para decidir sobre asuntos de interés público. Tenemos tribunales fuertes, independientes en la Unión Europea y Japón. Bajo este acuerdo, harán cumplir el Estado de Derecho y nadie más", ha dicho Juncker, que ha dejado claro que la UE mantiene "en la mesa" su propuesta de tribunal y seguirá peleando con sus socios, "incluido Japón, para trabajar para crear un tribunal de inversión multilateral".

Pese a estas divergencias, Juncker ha dejado claro que no espera "ningún tipo de dificultades" para concluir las negociaciones del tratado de libre comercio en los próximos meses. "Pero necesitamos más tiempo", ha admitido, al tiempo que ha precisado que el "objetivo" es que el acuerdo entre en vigor "a principios de 2019".

El primer ministro japonés ha asegurado que ambas partes han cerrado un acuerdo "de alta calidad" y beneficiará a ambas partes, que representan un mercado de 600 millones de consumidores, representan el 30% del PIB mundial y el 40% del comercio global.del PIB mundial

"Esto es el nacimiento de la mayor zona económica de comercio libre, avanzada e industrializada", ha asegurado el dirigente japonés, que ha confiado en que el acuerdo tendrá "un enorme impacto".

Abe también ha puesto en valor la oportunidad de haber sellado el acuerdo justo antes de la cumbre del G20, con el que dejan claro que "Japón y la UE enarbolarán alto la bandera del libre comercio en medio de tendencias proteccionistas".

Las ejecutivas del PSOE, UGT y CCOO se reunieron este lunes por primera vez tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas. Fue un encuentro de toma de contacto entre las direcciones sindicales y la nueva dirección del PSOE, pero sirvió para abordar uno de los asuntos claves para UGT y CCOO: la derogación de las reformas laborales. Aunque no se suscribió ningún acuerdo ni se trató en profundidad una propuesta concreta, las centrales sindicales aseguran que en la reunión se planteó derogar la reforma laboral aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, el PSOE únicamente afirma que está a favor de derribar el actual marco de relaciones laborales y califica de "cuestión retórica" hablar de derogar la norma aprobada por Zapatero.

La reunión entre las tres ejecutivas estuvo capitaneada por los secretarios generales del PSOE, UGT y CCOO, Pedro Sánchez, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente. Según afirmaron posteriormente tanto los sindicatos como el partido, el encuentro fue muy positivo porque les permitió certificar que comparten un diagnóstico de la situación política y social y también parte de las medidas a aplicar para revertirla. Fernando Lezcano, secretario de Comunicación de CCOO, llegó incluso a señalar que la reunión marca "un antes y un después" en las relaciones entre las tres organizaciones, ya, que todas constatan que "la crisis no ha terminado por mucha propaganda que haga el PP y que, en esa medida, hay que colaborar entre todas las fuerzas progresistas".

Tanto Lezcano como la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, coincidieron con el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, en valorar positivamente la reunión. Los tres, igualmente, señalaron que en ella se trató de forma somera la situación del mercado laboral. Pero, mientras Antoñanzas aseguró que los sindicatos apuestan por "derogar las reformas laborales", tanto la de 2010 como la de 2012, Puente se limito a señalar que en el encuentro "se ha hablado de derogar en la reforma laboral en los términos aprobados por el congreso del PSOE" de hace unos días.

"Consideramos que la derogación de ambas [reformas laborales] es una cuestión puramente retórica, nosotros tenemos muy claro que tenemos que retornar a un escenario de protección máxima de los derechos laborales", pero "no se ha hablado en concreto de derogar las dos reformas laborales", afirmó el portavoz de la ejecutiva del PSOE tras la reunión. La interpretación es diferente a la expresada por los sindicatos: "Hemos hablado de la derogación de las reformas del PSOE y del PP", aseguró Antoñanzas, mientras Lezcano señaló que la "mención expresa" que se había hecho en la reunión sobre la cuestión "iba a recordarnos o a comunicarnos que ellos [el PSOE] se habían manifestado por la derogación de las reformas laborales".

Puente también fue preguntado por la disposición de varios alcaldes del PSC a permitir la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre que promueve la Generalitat de Cataluña. Y fue claro: "La posición del PSOE es la misma que la del PSC: respeto a la legalidad, y no se va a colaborar por parte de ningún ayuntamiento del PSC con el referéndum", sostuvo el portavoz. "Lo que algunos hagan a titulo personal es cosa suya, pero el PSOE no ampara ni apoya este referéndum de ninguna manera", señaló igualmente Puente, en referencia a las declaraciones del alcalde de Blanes, el socialista Miguel Lupiáñez, que ha asegurado que irá a votar aunque le "cueste el carné".

Por otra parte, Puente desautorizó a la secretaria de Cohesión Social del PSOE, la catalana Núria Parlón, que aseguró hace unos días que si el Gobierno promueve la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña, los socialistas recurrirían a la comunidad internacional. "La opinión de Parlón es a título personal" y "no representa al partido" pese a ser miembro de su ejecutiva, sostuvo el portavoz, que aseguró que el PSOE espera "no tener que llegar a esta situación".

Abstención ante un CETA potencialmente inconstitucional

Por otra parte, tras la reunión con los sindicatos, la ejecutiva del PSOE ha mantenido su propio encuentro por separado. El principal punto del día era decidir la posición que adoptarán los socialistas en la votación sobre el tratado de libre comercio con Canada (CETA, en sus siglas en inglés), y no hubo sorpresas, ya que el PSOE ratificó la abstención que ya anunció públicamente hace unos días. Hasta ahora, el PSOE había secundado el CETA tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo.

El encargado de defender el cambio de posición fue el secretario de Política Económica del PSOE, Manuel Escudero, que calificó la absteción de "razonada" y sostuvo que los socialistas quieren con ese voto defender su apoyo al comercio internacional y, a la vez, expresar su rechazo a algunas de las medidas que incluye el CETA. Escudero aseguró que, según su interpretación, aspectos como el tribunal de arbitraje entre empresas y Estados podrían ser inconstitucionales, y además planteó el "manifiesto desequilibrio" en el tratado entre "las salvaguardias a los intereses de los inversores y la protección de los derechos laborales y medioambientales", si bien esas duras críticas no se traducirán en un voto contrario.

Cuarenta y ocho horas después de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, asegurase que su partido se abstendría en las votaciones para ratificar el CETA en el Congreso y el Senado, el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá sigue estando en la picota. Este mismo viernes la presidenta del partido, Cristina Narbona, respondió al comisario europeo de Asuntos Económicos, el socialdemócrata Pierre Moscovici –que el jueves se reunió con Sánchez–, defendiendo el viraje dado por su formación, que hasta ahora siempre ha apoyado el acuerdo con el país norteamericano, y negando que el cambio de postura responda a un acercamiento a Podemos.

Así, en una entrevista en Radio Nacional, Narbona, que anunció el pasado martes en Twitter el giro de los socialistas, afirmó que su partido no cuestiona la globalización sino que rechaza "una forma de globalizar que ha ido encaminando la libertad plena de los capitales a costa de los derechos ambientales, sociales y laborales". En este sentido, puso en cuestión "el exceso de protección a inversores extranjeros" a través de la "creación de discutibles tribunales de arbitraje" y criticó que el tratado "no proteja más que a 27 de las 246 denominaciones de origen" españolas en una "industria fundamental" como la agroalimentaria.

El giro del PSOE en relación con el CETA ha despertado los aplausos de Unidos Podemos, que lo ven "valiente" pero "insuficiente" al no votar en contra. Pero también ha levantado las críticas del PP y el Gobierno. Mientras que el coordinador general de la formación conservadora, Fernando Martínez-Maillo, consideró que el cambio de postura "dibuja un PSOE completamente podemizado, sin rumbo, confuso, radicalizado y populista", el ministro de Economía, Luis de Guindos, apuntó que el tratado comercial es "impecable desde muchos puntos de vista" y llamó a Sánchez a replantearse su posición.

El comercio entre la UE y Canadá supuso, según datos del Parlamento Europeo, 63.500 millones de euros en 2015, una cifra que según Bruselas podría "experimentar" con el tratado "un crecimiento de alrededor de un 20%". En concreto, se exportó desde suelo comunitario por un valor de 35.200 millones de euros –casi 5.500 empresas españolas llevan sus productos al mercado canadiense–, mientras que se importó por 28.300 millones de euros. El país norteamericano, además, fue el cuarto destino más importante para las inversiones de compañías europeas (247.700 millones), mientras Canadá fue el tercer mayor inversor en Europa (165.000 millones de euros). Pero, ¿dónde está el debate?

Destrucción de puestos de trabajo

La Comisión Europea ha repetido por activa y por pasiva que el acuerdo con Canadá impulsará la economía comunitaria. Y se han apoyado en informes del Centre for Economic Policy Research (CEPR) en los que se asegura que la liberalización del comercio y el incremento de las inversiones a ambos lados del Atlántico producirán un aumento del PIB europeo del 0,5%, además de una subida de los salarios del 5% y del número de puestos de trabajo de "varios millones". "Cuando exportas estás produciendo y cuando produces, das empleo", sostuvo este viernes la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Sin embargo, a lo largo de estos últimos años también se han publicado estudios que pronostican todo lo contrario. En CETA without blinders: how cutting 'trade costs and more' will cause unemployment, inequality and welfare losses, una investigación de Pierre Kohler y Servaas Storm, de la Universidad de Tufts, se prevé una destrucción de 230.000 puestos de trabajo –la cifra que ha utilizado este viernes Narbona– en Canadá y la UE, de los que 200.000 serían en suelo comunitario, y una pérdida de ingresos anuales medios de 1.776 euros en el país norteamericano y de entre 316 y 1.331 euros en la UE.

En la misma línea que Tejerina se apoya su compañero de partido Santiago Fisas, eurodiputado del PP y miembro en el Parlamento Europeo de la Comisión de Comercio Internacional: "Es un tratado que permite que la actividad comercial sea mayor, por lo que las empresas venderán más y, por lo tanto, crearán más puestos de trabajo". Algo que, sin embargo, rechaza el europarlamentario Ernest Urtasun, del grupo Los Verdes/ALE y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos: "El libre comercio presupone la plena movilidad entre sectores productivos, algo que es ficticio. Si se produce pérdida de empleo en un sector, por ejemplo el ganadero, es probable que no encuentren otro puesto en otro".

Tribunal de arbitraje

También genera un gran debate el mecanismo de resolución de disputas. Según se recoge en el octavo capítulo del tratado, las diferencias entre las empresas y los diferentes Estados tendrán que dirimirse a través de lo que se ha llamado Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), un mecanismo que contempla cortes de arbitraje para resolver las disputas sin necesidad de recurrir a los tribunales de justicia ordinarios. En este sentido, el CETA recoge que el ICS, elegido por un Comité Mixto formado por representantes de las dos partes, estará formado por 15 miembros: 5 de los Estados de la UE, 5 de Canadá y otros 5 de terceros países.

Los "miembros" del tribunal, señala el artículo 8.27, deberán tener "las cualificaciones necesarias en sus países respectivos para el ejercicio de funciones jurisdiccionales" o ser "juristas de reconocida competencia", además de "contar con experiencia demostrada en derecho internacional público". También, según establece el artículo 8.30, tendrán que ser "independientes", no estarán vinculados ni recibirán instrucciones de ningún gobierno u organización y cumplirán las directrices de la Asociación Internacional de Abogados sobre los conflictos de interés. 

Asimismo, el acuerdo con Canadá recoge en el artículo 8.28 la creación de un tribunal de apelación "para reconsiderar los laudos dictados". Los miembros, nuevamente, "serán nombrados a decisión del Comité Mixto del CETA" y podrán "confirmar, modificar o revocar" sobre la base de "errores en la aplicación o interpretación del derecho aplicable; errores manifiestos en la apreciación de los hechos, incluida la apreciación del derecho nacional pertinente". Los integrantes de esta 'corte' deberán cumplir los requisitos mencionados anteriormente.

Y, ¿cuándo los inversores podrán recurrir al mecanismo de resolución de disputas? El artículo 8.18 del acuerdo establece que se podrá acudir al ICS cuando la otra parte haya "incumplido" una obligación con respecto a la "ampliación, realización, explotación, gestión, mantenimiento, uso, disfrute y la venta o enajenación de su inversión cubierta" o en caso de que el inversor "alegue haber sufrido pérdidas o daños como consecuencia de la supuesta infracción". Sin embargo, y para "mayor seguridad", no podrá demandar si la inversión se ha realizado "mediante una declaración dolosa, ocultación, corrupción o un comportamiento que equivalga a un recurso temerario".

Sobre este aspecto, Urtasun sostiene que se trata de un sistema "privado" que no estará compuesto por "jueces": "Este mecanismo se inventó para aquellos países donde no había seguridad jurídica. Pero en este caso, donde sí la hay, se debería recurrir a los tribunales de justicia", señala el eurodiputado, que afirma, además, que el tratado con Canadá contempla litigar por lo que se conoce como lucro cesante, es decir, ganancias futuribles que dejará de obtener una empresa ante un cambio regulatorio. Y pone como ejemplo el caso de la tabacalera Philip Morris, que se enfrascó en una batalla legal contra Australia por cambios en su legislación sobre el tabaco.

Fisas, por el contrario, asevera que en el caso de los tribunales de arbitraje se está hablando de "jueces profesionales", y apunta que en el CETA se ha mejorado el mecanismo incluyendo el "sistema de apelación", algo poco frecuente en estos acuerdos comerciales. "No son nuevos. Antes, cuando se hacían los tratados bilaterales, ya había tribunales de arbitraje, pero eran completamente privados. Ahora se han mejorado", apunta el eurodiputado, que rechaza, además, que los inversores se puedan enfrascar en una batalla contra un Estado por lucro cesante. En este sentido, los defensores se escudan en que las autoridades tienen el derecho a regular en función del interés general.

Protección del medio ambiente

El acuerdo con Canadá dedica el capítulo 24 al comercio y medio ambiente. Un total de 16 artículos en los que se protege el derecho de cada parte a regular sobre asuntos medioambientales, se obliga a cada bloque a aplicar su legislación nacional en esta materia y se impide que la UE y Canadá ignoren o rebajen su legislación con el objetivo de impulsar el comercio. "Cada una de las Partes procurará garantizar que dicha legislación y dichas políticas contemplen y fomenten niveles elevados de protección del medio ambiente, y se esforzará por seguir mejorando dicha legislación y dichas políticas, así como los niveles de protección correspondientes", señala el artículo 24.3.

En este sentido, el tratado con Canadá completa su 'compromiso' a través de un segundo capítulo, el de desarrollo sostenible (número 22), en el que los dos bloques sostienen que el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección medioambiental son interdependientes y "reconocen la importancia de abordar las cuestiones de desarrollo sostenible evaluando las posibles repercusiones económicas, sociales y medioambientales de las posibles medidas, teniendo en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas". 

Por ello, las partes deberán facilitar un Foro, en el que participen organizaciones de la sociedad civil, para llevar a cabo un diálogo sobre estos aspectos. Para el eurodiputado del PP, por lo tanto, no "debería haber problemas a la hora de proteger los derechos ambientales". "Las normativas canadienses en esta materia son muy parecidas a las europeas, lo que no sucede con otros países. Son muy estrictas", explica Fisas.

Sin embargo, los detractores aseguran que castigará el medio ambiente. Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo, defiende su postura afirmando que el tratado "es un obstáculo en la lucha contra el cambio climático" porque "incentiva el transporte transatlántico, la comercialización del petróleo, el fracking o las arenas bituminosas". "En octubre de 2014, la presión de Canadá en el marco de la negociación del CETA llevó a debilitar la Directiva sobre la calidad de los combustibles de la UE con el objetivo de facilitar la importación de estas arenas bituminosas a nuestro continente", sentencia en conversación con este diario.

Otro de los asuntos que ponen sobre la mesa los críticos es la ausencia de sanciones. En este sentido, es cierto que el acuerdo sólo contempla que en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en materia medioambiental se acudirá a un grupo de expertos que tendrá que pronunciarse al respecto. Si en el informe final que emitirán se concluye que alguna de las partes no ha cumplido, 'infractor' y 'recurrente' abrirán "un debate y se esforzarán (...) por determinar las medidas apropiadas o, en su caso, decidir sobre un plan de acción mutuamente satisfactorio".

¿Privatización de servicios públicos?

El tratado dedica todo el capítulo 9 al comercio transfronterizo de servicios. Ocho artículos en los que se facilita a particulares y empresas de la UE la prestación de servicios a clientes canadienses o viceversa. En este sentido, los dos bloques se comprometen a garantizar un acceso justo y equitativo a estos mercados, concediendo cada una de las partes a los prestadores de servicios y a los servicios "un trato no menos favorable que el que concede" a los suyos propios. Además, ni la UE ni Canadá podrá imponer limitaciones, "en todo su territorio o en un territorio con un nivel de administración nacional, provincial, territorial, regional o local", al número de prestadores de servicios.

Sin embargo, el capítulo "no es aplicable" a una medida que afecte a: los servicios prestados en el ejercicio de facultades gubernamentales; los servicios financieros; la contratación pública por una parte de un bien o un servicio que se adquieran para fines oficiales y no estén destinados a la reventa comercial ni a su utilización en el suministro de un bien o un servicio para la venta comercial; o los servicios de transporte aéreo, los conexos de apoyo a los servicios aéreos y otros servicios prestados por medios de transporte aéreo –con algunas excepciones recogidas en el artículo 9.2–. Además, en el caso de Canadá quedan fuera las industrias culturales y en la UE, los servicios audiovisuales.

Con todo esto sobre la mesa, los detractores del tratado se muestran convencidos de que no se evitan las privatizaciones de servicios públicos. "No se incluye ninguna cláusula horizontal que los excluya", señala Urtasun, que asevera que si, por ejemplo, el Ejecutivo francés decidiese privatizar el sistema sanitario y pasasen a gestionarlo empresas canadienses, el acuerdo con el país norteamericano "complicaría" que el Gobierno galo en un futuro pudiese dar marcha atrás para hacerlo público de nuevo. "Estas compañías llevarían al Estado ante el tribunal de arbitraje", afirma el eurodiputado.

Algo que rechazan, sin embargo, los defensores del CETA. "En ningún caso el sistema europeo de protección de servicios sociales va a cambiar en lo más mínimo", apunta Fisas. Y recuerdan que así quedó reflejado en la declaración conjunta que rubricaron las dos partes. Un texto en el que, en su cuarto punto, establece que la UE y Canadá "afirman y reconocen el derecho de los gobiernos, a todos los niveles, a facilitar y apoyar la prestación de servicios que consideren servicios públicos incluidos los de ámbitos como la salud pública y la educación, los servicios sociales y la vivienda y la recogida, purificación y distribución de agua".

Además, en este mismo apartado, se recoge que el CETA "no impide a los gobiernos que definan y regulen la prestación de estos servicios en favor del interés público" ni tampoco les exigirá "que privaticen ningún servicio" o bloqueará que los "amplíen". "No impedirá a los gobiernos que presten servicios públicos que anteriormente prestaran proveedores de servicios privados ni les impedirá que los servicios que habían decidido privatizar vuelvan a ser públicos", recoge la declaración conjunta, que añade que el tratado "no implica convertir irreversiblemente en parte del sector comercial un servicio público contratado a proveedores privados".

Denominaciones de origen

Otro de los aspectos en cuestión tiene que ver con lo que en el texto se recoge, en el capítulo 20, como Indicaciones Geográficas –la denominación de origen de los productos–. En este sentido, acuerdo de libre comercio establece que Canadá y la UE las "protegerán" e impedirán "el uso de una indicación geográfica de la otra parte" –todas las que están cubiertas aparecen recogidas en el Anexo 20-A– que "no sea originario del lugar de origen especificado" o que, a pesar de serlo, "no haya sido producido o fabricado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la otra parte que se aplicarían si el producto estuviera destinado a su consumo en la otra parte".

Además, el CETA  impide "la utilización de cualquier medio en la designación o presentación de una mercancía que indique o sugiera que la mercancía en cuestión proviene de una zona geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error sobre el origen geográfico de la mercancía". El texto también recoge la posibilidad de que la lista de Indicaciones Geográficas pueda ser en un futuro "modificada", añadiendo nuevas o eliminando aquellas que "hayan dejado de estar protegidas o hayan caído en desuso".

En concreto, el listado de la Unión Europea recoge más de 150 denominaciones de origen de los Estados miembro. De ellas, un total de 27 son españolas, divididas en seis grupos: aceites y grasas de origen animal –Baena, Sierra Mágina, Aceite del Baix Ebre-Montsía, Oli del Baix Ebre-Montsía, Aceite del Bajo Aragón, Antequera, Priego de Córdoba, Sierra de Cádiz, Sierra de Segura, Sierra de Cazorla, Siurana, Aceite de Terra Alta, Oli de Terra Alta, Les Garrigues y Estepa–, carnes –Guijuelo, Jamón de Huelva, Jamón de Teruel, Salchichón de Vic y Llonganissa de Vic–, quesos –Mahón-Menorca y Queso Manchego–, frutas –Cítricos Valencianos y Cîtrics Valancians–, panadería y confitería –Jijona y Turrón de Alicante– y especias –Azafrán de la Mancha–.

La presidenta del PSOE criticó este viernes que sólo sean "27 de 246". Algo que también lamenta Urtasun en conversación con infoLibre: "Deberían estar todas cubiertas. La consecuencia de la ausencia de algunas de ellas es que se pueda empezar a producir un producto y se venda con una denominación de origen que realmente no tiene. Todo eso, claro, con el correspondiente impacto a la industria afectada", asevera el eurodiputado español.

Sin embargo, los defensores del tratado explican que sólo se cubren aquellas susceptibles de ser imitadas, no todas. "Es un avance. Hay que recordar que hasta ahora no se protegía ninguna y se estaba comerciando con Canadá", apostilla Fisas, que afirma que todas aquellas que son "más importantes" están bien cubiertas en el acuerdo.

Preocupación en el sector agrícola y ganadero

Los sectores agrícola y ganadero son los que más preocupados están ante el desembarco de las empresas canadienses. El pasado mes de febrero la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) calificó el tratado de libre comercio como un nuevo "acuerdo injusto" con el que la sociedad europea, y en especial el sector primario, "no sacará nada en claro y sí verá aparecer nuevos competidores que dificultarán su supervivencia". Su preocupación es que el CETA favorezca a las grandes multinacionales comercializadoras y no a la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos.

En este sentido, la Comisión Europea asegura que el acuerdo permitirá que las pequeñas empresas prosperen. Preguntado por las posibles consecuencias que puede tener en el sector agrícola y ganadero, el miembro en la Comisión de Comercio Internacional del PP reconoce que, como en cualquier tratado, "siempre habrá un sector que puede salir más perjudicado", pero rechaza afirmar si en el caso del acuerdo con Canadá pueden ser los pequeños agricultores y ganaderos. "Hay que mirar el tratado en la globalidad", recalca.

Los detractores, sin embargo, tienen claro que no serán pymes las que saquen mayor tajada con el CETA, sino que serán las grandes empresas. "El 99% de las pequeñas y medianas empresas no exportan más allá del Atlántico. En realidad el riesgo que corren es una caída de su cuota de mercado en la Unión Europea debido a la competencia con las grandes compañías canadienses", aseguraron a finales de octubre en un artículo en eldiario.es varios diputados del Progressive Caucus del Parlamento Europeo. 

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, confirmó este jueves que su partido no ratificará el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) en el Parlamento español. Las declaraciones del líder socialista llegan después de que su grupo diese luz verde, junto al PP y Ciudadanos, al dictamen del Tratado en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara baja y rechazase, tal y como había pedido Unidos Podemos, presentar un recurso previo de inconstitucionalidad. "Nuestra posición será la abstención", sentenció Sánchez en referencia a la futura votación en el Pleno del Congreso y Senado, donde no obstante todo apunta a que cosechará el apoyo necesario para ser finalmente ratificado.

El cambio de postura de los socialistas, que adelantó el pasado martes en Twitter la nueva presidenta del partido, Cristina Narbona, ha pillado con el pie cambiado a sus eurodiputados, que en Bruselas han defendido con firmeza un acuerdo económico con Canadá que ha dividido durante los últimos años al grupo socialdemócrata –frente al rechazo de los belgas y algunos franceses en Estrasburgo, el voto favorable de las delegaciones española, alemana e italiana–. "Canadá es un país con el que conviene estar a bien", señaló este jueves la vicepresidenta del Grupo Socialista en el Eurocámara, Elena Valenciano, quien aseguró, no obstante, que respetará "lo que el partido decida".

También criticó el giro dado el secretario general del PSPV y presidente valenciano, Ximo Puig, que recordó en una entrevista en la Cadena Ser que con el CETA, que elimina casi todos los aranceles que gravan los intercambios entre la UE y Canadá, sectores como "el calzado o la cerémica" se verían "muy beneficiados". En este sentido, aunque afirmó que "si hay problemas legales o de seguridad deben resolverse", pidió al partido "seguridad y certidumbre". Según datos ofrecidos por la Comisión Europea, actualmente casi 200 empresas localizadas en la Comunitat Valenciana exportan al país norteamericano sus productos.

Incluso el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, el socialdemócrata Pierre Moscovici, aprovechó su visita a España para intentar que Sánchez, con el que se ha reunido, cambiase su opinión sobre un CETA que considera el acuerdo "más progresista que ha firmado la UE". Sin embargo, el secretario general del PSOE no se movió de su decisión e informó de que los socialistas se abstendrán. "En 1.600 páginas del tratado, sólo hay 4 sobre nuestros derechos medioambientales. Tenemos diferencias en el modo de resolución de disputas, en el desequilibrio en la protección de los derechos laborales frente a los inversores y en la ausencia de penalizaciones en la violación del tratado", argumentó Sánchez.

Derechos medioambientales

La primera preocupación de los socialistas tiene que ver con los derechos medioambientales. Y así lo reconoce en conversación con infoLibre Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del PSOE: "El tratado, además de manera abrumadora, se dedica mucho más a establecer las provisiones de seguridad de las empresas multinacionales que las previsiones respecto a la vulneración del medio ambiente". Para la formación es algo suficientemente "serio" como para que este tema no se quede simplemente en "prosa y deseos".

El acuerdo con Canadá [consultar aquí en PDF] dedica el capítulo 24 al comercio y medio ambiente. Un total de 16 artículos en los que se protege el derecho de cada parte a regular sobre asuntos medioambientales, se obliga a cada bloque a aplicar su legislación nacional en esta materia y se impide que la UE y Canadá ignoren o rebajen su legislación con el objetivo de impulsar el comercio. En este sentido, también se reconoce el "valor" de los "acuerdos comerciales internacionales en materia medioambiental", algo que consideran "un pilar fundamental del desarrollo sostenible".

Los socialistas creen que, en este punto, habría "estado bien" que las dos partes "hubieran establecido compromisos conjuntos" de cumplimiento del Acuerdo de París porque, en palabras de Escudero, "en este momento nos la estamos jugando con el cambio climático". Y lamentan que no se haya establecido un sistema de penalización en el CETA para castigar los casos de incumplimiento de los derechos medioambientales. "Todo esto nos plantea una objeción razonable", explican desde el partido.

Derechos laborales

Por otra parte, la formación capitaneada por Pedro Sánchez también duda que los derechos laborales estén bien salvaguardados en el CETA. Todo lo relacionado con el comercio y el trabajo se encuentra recogido en el capítulo 23 del acuerdo comercial, compuesto por un total de 11 artículos en los que, entre otros aspectos, se protege el derecho de cada una de las partes a regular sobre asuntos laborales y se impide que se ignoren las normas laborales con el objetivo de impulsar el comercio. Además, tanto la UE como Canadá se comprometen a respetar las normas en materia laboral establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como a ratificar y aplicar sus convenios fundamentales y cooperar con ella.

Pero los detractores del tratado ven sólo "buenas intenciones". "No hay obligación de cumplir con la protección de los derechos laborales", asevera Tom Kucharz, portavoz de la plataforma Stop TTIP-CETA, que señala que si alguna empresa o inversor los viola "no sufrirá sanciones" de la contraparte. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en este sentido, recoge el capítulo, se acudirá a un grupo de expertos que tendrá que pronunciarse al respecto. Si en el informe final se concluye que alguna de las partes no ha cumplido, 'infractor' y 'recurrente' abrirán "un debate y se esforzarán (...) por determinar las medidas apropiadas o, en su caso, decidir sobre un plan de acción mutuamente satisfactorio".

Esto no es suficiente ni para Kucharz ni para el PSOE. "La resolución de disputa queda en un terreno de resolución absolutamente voluntario. Si hay acuerdo, lo hay, y si no, no pasa nada", critica Escudero en conversación con este diario. En este sentido, del mismo modo que se quejaba en el caso de los derechos medioambientales, el recién elegido secretario de Política Económica y Empleo lamenta que no se establezca un procedimiento sancionador para castigar estos incumplimientos: "Sólo tiene como mecanismo previsto de resolución un proceso no vinculante de discusiones y reglamentaciones".

Mecanismo de resolución de disputas

Las disputas entre las empresas y los diferentes Estados se dirimirán, tal y como se recoge en octavo capítulo del acuerdo, a través de lo que se ha llamado Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), un mecanismo que contempla cortes de arbitraje para que los inversores extranjeros puedan demandar a los países y resolver así las disputas sin necesidad de recurrir a los tribunales ordinarios. En este sentido, el CETA recoge que el ICS, elegido por un Comité Mixto formado por representantes de las dos partes, estará formado por 15 miembros: 5 de los Estados de la UE, 5 de Canadá y otros 5 de terceros países. Todos ellos, durante un plazo de cinco años.

Para los detractores del acuerdo con Canadá, es "enormemente peligroso" porque los miembros son "abogados en derecho comercial" que ni son "independientes" ni tampoco se eligen "democráticamente". "Es contrario al Estado de derecho", apunta el portavoz de la campaña Stop TTIP-CETA, que critica que estos "abogados" vayan a cobrar "en función de los litigios". "Además, no se establecen periodos de enfriamiento para evitar la falta de independencia de aquellos que hayan trabajado para el sector privado", concluye.

Aunque Escudero reconoce que "los compañeros socialdemócratas que han peleado en Bruselas han conseguido mejorar mucho el mecanismo de arbitraje que se propuso en un primer momento", se muestra preocupado, en primer lugar, por su "naturaleza semipública". "No es un organismo que entre dentro del sistema de jurisdicción europeo", señala el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, que considera que "no va a ser accesible a los ciudadanos europeos y pequeñas instituciones" porque van a tener "muchas dificultades para enfrentarse a grandes inversores y multinacionales".

Además, no ven con buenos ojos la introducción de lo que se conoce como lucro cesante. "Las empresas e inversores podrán litigar no sólo por pérdidas actuales, sino que también tienen la opción de embarcarse en litigios de compensación por ganancias futuribles cuando un cambio en las políticas públicas pudiera afectar a sus inversiones", sostiene Escudero, que muestra sus dudas de que el tratado de libre comercio con Canadá "hubiese pasado un test de aprobación en el Tribunal Constitucional".