Las autoridades turcas han detenido hasta ahora a diez personas supuestamente relacionadas con el ataque armado del martes cerca del edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, informó este miércoles la agencia de noticias oficial turca Anadolu y recoge EFE. 

Cinco de las diez personas fueron detenidas esta madrugada de miercoles en operativos en Estambul y en Izmit, y el resto había sido arrestado pocas horas después del incidente, que terminó con un atacante muerto y otros dos agresores heridos.

Según Anadolu, los dos atacantes hospitalizados serán trasladados a dependencias policiales tras su tratamiento.

Las autoridades determinaron que los tres atacantes —dos de ellos hermanos— viajaron de Izmit a Estambul en un vehículo alquilado y están vinculados al Estado Islámico (EI).

El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, señaló anoche que el atacante muerto tenía “vínculos con una organización que explota la religión”.

El Consulado israelí está cerrado desde finales de octubre de 2023, tras el inicio del genocidio en Gaza el 7 de octubre.

La Policía australiana presentó este miércoles 59 cargos contra Naveed Akram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo, por su presunta implicación en el atentado contra una celebración judía ocurrido el domingo en la playa de Bondi, en la ciudad de Sídney.

Entre las acusaciones figuran 15 cargos de asesinato, así como delitos de intento de homicidio; comisión de un acto terrorista; exhibición pública de un símbolo terrorista prohibido; y colocación de un explosivo en o cerca de un edificio; según señalaron las autoridades en un comunicado.

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur (JCTT, por sus siglas en inglés) informó de que el acusado fue detenido bajo custodia policial en el hospital, donde permanece internado con heridas críticas, tras salir ayer del coma, y deberá comparecer este miércoles ante el tribunal mediante videoconferencia.

El ataque, que se prolongó durante unos nueve minutos, dejó 15 víctimas mortales de edades comprendidas entre los 10 y los 87 años, de las cuales doce han sido identificadas oficialmente hasta el momento.

Durante el ataque, Sajid Akram, de 50 años, origen indio y padre del acusado, murió tras ser abatido por la policía en el lugar de los hechos, al ser señalado como segundo hombre armado.

La comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, señaló que por ahora no existen indicios de la implicación de otras personas, aunque advirtió de que la investigación sigue en curso y los datos podrían variar conforme avancen las pesquisas.

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que padre e hijo actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por ideología vinculada al Estado Islámico (EI). En noviembre viajaron al sur de Filipinas, donde operan células islamistas.

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Castellón a tres personas, una de ellas ha ingresado en prisión, que supuestamente integraban la primera célula en España de la organización terrorista The Base, nacida en 2018 con el objetivo de alcanzar la supremacía blanca a través de ataques terroristas cometidos por redes de autocapacitación paramilitar, según informa EFE.

La Dirección General de la Policía Nacional informa este lunes de estas detenciones practicadas el pasado martes por agentes de la Comisaría General de Información especializados en la lucha contra el terrorismo y el radicalismo tras detectar a principios de año a un individuo muy radicalizado y alineado con los postulados terroristas supremacistas de The Base.

Se trata de una organización que opera como una red descentralizada y clandestina de pequeñas células operativas, cuyos principales postulados ideológicos son el supremacismo, el aceleracionismo militante y la preparación para una 'guerra racial'.

Durante la investigación se descubrió la existencia de una célula cohesionada, integrada por otras dos personas más, cuyos integrantes se encontraban altamente radicalizados, basando su estilo de vida en los postulados de la organización terrorista, y en disposición de realizar atentados. 

Habían ya realizado varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar.

Los agentes también pudieron comprobar cómo los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual de carácter aceleracionista.

En los últimos meses, los detenidos habían endurecido su discurso radical, alentando a llevar a cabo acciones violentas, llegando incluso a manifestar abiertamente, que estaban dispuestos a realizar ataques selectivos para la causa.

Además, el líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de The Base, el cual hace un mes realizó un llamamiento para la consolidación de las células expandidas a nivel internacional y la ejecución de ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales.

Esto, sumado al acopio de armas observado, propició que en la madrugada del pasado martes los agentes pusieran en marcha un operativo policial para la detención del líder y sus dos máximos colaboradores.

Los agentes incautaron en los cinco registros practicados en la provincia de Castellón dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, más de una veintena de armas blancas, un completo equipamiento táctico militar que utilizaban en las actividades de capacitación, material y documentación de carácter aceleracionista y supremacista, propaganda neonazi, así documentación ensalzando otras organizaciones terroristas.

La operación Cascadia ha estado dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en tanto que agentes de Europol han participado en la fase de análisis de información llevada a cabo durante la investigación que contína abierta a las órdenes del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia nacional, quien decretó el ingreso en prisión del líder de la célula.

La Policía británica confirmó este jueves la detención de dos personas en relación con el ataque a una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra), en el que se produjeron tres muertos (incluido el atacante) y al menos cuatro heridos y que ha sido considerado como atentado terrorista, según informa EFE.

En declaraciones desde Scotland Yard en Londres, el subcomisario Laurence Taylor, jefe de la unidad nacional contra el terrorismo, informó de estos arrestos y reiteró que el presunto autor resultó también muerto por disparos de los agentes.

"Creemos conocer su identidad, pero por razones de seguridad en el lugar de los hechos, no podemos confirmarla en este momento", afirmó Taylor.

Anteriormente, fuentes policiales indicaron que los artificieros investigan "objetos sospechosos" en el cuerpo del supuesto atacante, cuya imagen pudo verse en vídeos en las redes sociales, primero en pie con algo extraño en la cintura y después abatido en el suelo.

El subcomisario expresó sus condolencias a las víctimas y sus familiares y calificó de "devastador" que este ataque se produjera en el día de Yom Kippur, el más sagrado del calendario judío, cuando las sinagogas están especialmente concurridas.

En una rueda de prensa posterior, el jefe de la Policía del Gran Mánchester (GMP, por sus siglas en inglés), Stephen Watson, confirmó que las dos víctimas mortales del atentado pertenecen a la comunidad judía y que el atacante fue interceptado y posteriormente tiroteado hasta morir por los agentes apenas siete minutos después de haber recibido el primer aviso.

También indicó que cuatro personas permanecen en el hospital y bajo tratamiento tras haber resultado heridas graves en el ataque.

La Policía antiterrorista trabaja con la GMP en la investigación del suceso, que empezó en torno a las 09.30 hora local (08.30 GMT) cuando un coche arrolló a varios transeúntes y un hombre -se cree que el guardia de seguridad- fue acuchillado a las puertas del templo.

El jefe de la GMP dijo que, en este momento, se sabe que el vehículo se dirigió intencionadamente hacia los viandantes en el exterior de la sinagoga y que el conductor del coche "fue visto entonces atacando a gente con un cuchillo" y portaba sobre su cuerpo un chaleco "que tenía la apariencia de un artefacto explosivo". 

"Un gran número de feligreses acudía a la sinagoga en el momento del ataque, pero gracias a la inmediata valentía de los cuerpos de seguridad, de los fieles en el interior y de la rápida respuesta de la Policía, se le impidió el acceso al atacante", agregó Watson.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo, al volver antes de tiempo de una cumbre europea en Dinamarca, que se aumentará la seguridad en todas las sinagogas del país y que esta tarde presidirá una reunión del comité COBRA de emergencias para analizar otras medidas.

Además de los políticos, varias organizaciones musulmanas, así como también cristianas, denunciaron el "cobarde" ataque y llamaron a la convivencia pacífica entre las religiones.

Este atentado se produce después de que se detectara en el Reino Unido un aumento de los delitos antisemitas e islamófobos desde el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y la subsiguiente guerra en Gaza.

La coalición liderada por Estados Unidos y el Reino Unido llevó a cabo este sábado bombardeos a gran escala en el que murieron decenas de personas contra los rebeldes chiíes hutíes del Yemen -grupo respaldado por Irán- tras anunciar éste la reanudación de los ataques contra los barcos vinculados a Israel, recoge EFE.

Los bombardeos fueron ordenados por el presidente estadounidense Donald Trump, quien prometió utilizar una "fuerza letal y abrumadora" contra el grupo y pidió a Irán que corte "inmediatamente" su apoyo, mientras que los hutíes anunciaron que habrá represalias.

Este ataque es la mayor operación militar de EEUU en Oriente Medio desde que Trump regresara a la Casa Blanca en enero, que, además, coincide con el anuncio de más sanciones contra Irán.

Los hutíes, cuyo nombre oficial es Ansar Alá (Partidarios de Dios), es un grupo rebelde chií zaidí que surgió en el Yemen en los años 90 y que lleva décadas luchando contra el Gobierno yemení internacionalmente reconocido. Su origen se remonta al movimiento 'Juventud Creyente' liderado por Husein Badreddin al Huti, de quien tomaron el nombre.

El movimiento, que profesa mayoritariamente la rama del islam zaidí chií y que está financiado y apoyado por Irán, tomó en 2014 la capital del Yemen, Saná, así como varias zonas del norte y oeste del país.

El conflicto en el país se recrudeció en 2015 cuando una coalición militar encabezada por Arabia Saudí y apoyada por EEUU intervino para hacer frente a los rebeldes, dando lugar a una guerra que sigue a día de hoy y que ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados.

El grupo adquirió más influencia en los últimos años debido a su retórica antiestadounidense y antiisraelí, pero también por sus ambiciones regionales y su oposición a las políticas de Arabia Saudí en la región.

Los hutíes, liderados actualmente por Abdulmalek al Huti, forman parte del denominado 'Eje de la Resistencia', que está encabezado por Irán e incluye al grupo islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza y Hezbolá en el Líbano, entre otros movimientos armados minoritarios.

Según varias estimaciones, el grupo cuenta con entre 100.000 y 200.000 combatientes y un amplio arsenal armamentístico proporcionado en gran medida por Irán.

En noviembre de 2023, después del ataque de Hamás el 7 de octubre a Israel, los hutíes lanzaron varios ataques con misiles al sur del Estado judío y contra navíos mercantes en el mar Rojo para ejercer presión económica, lo que provocó graves disrupciones en esta estratégica ruta.

Estas agresiones cesaron con la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza a finales de enero, hasta que el pasado martes los rebeldes anunciaran la reanudación de la prohibición del paso de todos los barcos israelíes o vinculados a ellos en los mares Rojo y Arábigo.

Lo hacen después de que venciera el 1 de marzo el alto el fuego sin que progresaran las conversaciones sobre el siguiente paso, por lo que Israel reanudó sus ataques contra el enclave palestino e impidió la entrada de ayuda humanitaria.

Ante esta situación, los hutíes afirmaron que procederán a atacar los buques hasta que se permita la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino tras el fin del ultimátum de cuatro días que dieron.

El grupo chií fue designado a principios de marzo por Estados Unidos como organización terrorista, una medida que había anunciado Trump mediante una orden ejecutiva nada más volver a la Casa Blanca y que impacta a cualquiera que los apoye financiera o materialmente.

Sin embargo, no es la primera vez que ocurre, ya que en enero de 2021, casi al término de su primer mandato, el mandatario republicano ya designó a los hutíes como terroristas, pero Joe Biden levantó la orden debido a la crisis humanitaria.

Pero las amenazas reales de Trump a los hutíes llegaron este sábado por la noche, después de que el miércoles aseguraran que reanudarían los ataques contra "cualquier embarcación israelí", por lo que EEUU lanzó ataques contra varias ciudades del Yemen, dejando al menos 31 muertos y más de un centenar de heridos.

El mandatario aseguró este domingo que "ninguna fuerza terrorista impedirá que los buques comerciales y navales estadounidenses naveguen libremente por las vías marítimas del mundo", en un mensaje cargado de advertencias a Irán, a quien pidió que detenga su apoyo a los hutíes.

El atentado contra la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, del que el martes se cumplen diez años, causó 12 muertos pero sobre todo una enorme conmoción en Francia y en buena parte del mundo, que se solidarizó con el eslogan Je suis Charlie (Yo soy Charlie). El ataque llegó tras una larga polémica en Francia sobre la laicidad democrática y la contraposición entre el respeto a las religiones y el derecho a la libertad de expresión y a la crítica, por muy descarnada que sea, ha recordado EFE.

La cuestión ha seguido candente en este país, que tiene la mayor comunidad musulmana de Europa, con el asesinato en 2020 del profesor de secundaria Samuel Paty por haber mostrado algunas caricaturas de Mahoma en una clase sobre moral y civismo acerca de la libertad de expresión.

Charlie Hebdo, fundada en 1970 bajo un ideario anticlerical y anarquista, quedó en el punto de mira de los islamistas tras reproducir en 2006 las polémicas caricaturas de Mahoma que había publicado el diario danés Jyllands-Posten el año anterior, además de añadir algunas propias.

Tras años de polémicas en el espacio público, el 7 de enero de 2015 los hermanos Saïd y Chérif Kouachi, islamistas de origen argelino que habían jurado fidelidad a Al Qaeda, entraron en la redacción armados con fusiles de asalto para vengarse de la publicación.

El ataque, muy rápido, dejó once muertos en el edificio: ocho trabajadores de Charlie Hebdo, entre ellos cinco dibujantes (uno fue Stéphane Charbonnier 'Charb', que era también el director), así como un invitado, un policía asignado a la protección de la revista y un conserje del edificio.

Posteriormente, los hermanos Kouachi asesinaron a sangre fría a un policía herido durante su huida. Su huida les llevó a una toma de rehenes en una imprenta industrial fuera de París, donde murieron dos días después en una intervención de una unidad especial de la policía.

La conmoción del atentado y de los asesinatos cometidos justo después por Amedy Coulibaly, un amigo de los Kouachi, fue inmensa, y el lema Je suis Charlie (Yo soy Charlie) dio la vuelta al mundo en solidaridad con la revista y las víctimas.

Más un millón de personas participaron en una manifestación en París el 11 de enero, a la que asistieron el presidente François Hollande y numerosos jefes de Estado y Gobierno extranjeros. En total, unos cuatro millones de personas participaron en las concentraciones en Francia.

Charlie Hebdo se mantiene fiel a sus principios, aunque desde una redacción situada en un lugar secreto, con caricaturas y artículos muy ácidos contra el poder y las religiones (sea católica, judía o musulmana). Este mismo martes se publica un número especial doble de 32 páginas con nuevas caricaturas sobre las religiones producto de un concurso internacional, del que se publicarán 300.000 ejemplares.

El número, que también incluirá los resultados de un sondeo sobre el apoyo en Francia a la caricatura, a la blasfemia y a la libertad de expresión, es un nuevo exponente de "la decisión de Charlie Hebdo de continuar haciendo su trabajo" a pesar de todo, aseguró el redactor jefe, Gérard Biard, al anunciar su publicación.

La revista ya había publicado en diciembre un libro homenaje a sus ocho compañeros asesinados, titulado Charlie Liberté. Le journal de leur vie (Charlie Libertad. El diario de su vida), en el que se repasa y homenajea su labor profesional desde sus inicios.

Mientras tanto, los trabajadores más destacados viven desde hace diez años bajo protección policial permanente. Como resume uno de ellos, el dibujante Riss, "el placer de dibujar es más fuerte que el miedo".

El ataque contra Charlie Hebdo fue el inicio de un año y medio trágico en Francia por los golpes del terrorismo yihadista. "El terrorismo islamista nos declaró la guerra", recuerda Hollande en una entrevista que publicó este domingo el diario Ouest France.

Solo un día después, Coulibaly, otro islamista amigo de los Kouachi, asesinó en Montrouge, una ciudad dormitorio al lado de París, a una agente en prácticas de la Policía Municipal y al día siguiente atacó un supermercado judío en la capital, con cuatro víctimas mortales y cuatro heridos graves, antes de morir en un asalto policial.

En los meses siguientes hubo en el país varios intentos de atentados y diversos ataques, con dos muertos, que palidecieron con los del 13 de noviembre.

Ese día, tres comandos de nueve hombres llegados de Bélgica atacaron el Estadio de Francia durante un partido de fútbol Francia-Alemania, las terrazas de varios cafés de París y la sala de cociertos Bataclan, con un total de 130 muertos y más de 400 heridos.

Ya en 2016, otro terrorista solitario atacó con un camión a la multitud que presenciaba los fuegos artificiales de la fiesta nacional del 14 de julio en el famoso Paseo de los Ingleses de Niza (sureste), con 86 muertos y más de 450 heridos.

El atentado contra la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, del que el martes se cumplen diez años, causó 12 muertos pero sobre todo una enorme conmoción en Francia y en buena parte del mundo, que se solidarizó con el eslogan "Je suis Charlie" (Yo soy Charlie). Pero la revista dice que sigue siendo fiel a sí misma, según informa EFE.

El ataque llegó tras una larga polémica en Francia sobre la laicidad democrática y la contraposición entre el respeto a las religiones y el derecho a la libertad de expresión y a la crítica, por muy descarnada que sea. 

La cuestión ha seguido candente en este país, que tiene la mayor comunidad musulmana de Europa, con el asesinato en 2020 del profesor de secundaria Samuel Paty por haber mostrado algunas caricaturas de Mahoma en una clase sobre moral y civismo acerca de la libertad de expresión.

Charlie Hebdo, fundada en 1970 bajo un ideario anticlerical y anarquista, quedó en el punto de mira de los islamistas tras reproducir en 2006 las polémicas caricaturas de Mahoma que había publicado el diario danés Jyllands-Posten el año anterior, además de añadir algunas propias.

Tras años de polémicas en el espacio público, el 7 de enero de 2015 los hermanos Saïd y Chérif Kouachi, islamistas de origen argelino que habían jurado fidelidad a Al Qaeda, entraron en la redacción armados con fusiles de asalto para vengarse de la publicación.

El ataque, muy rápido, dejó once muertos en el edificio: ocho trabajadores de Charlie Hebdo, entre ellos cinco dibujantes (uno fue Stéphane Charbonnier 'Charb', que era también el director), así como un invitado, un policía asignado a la protección de la revista y un conserje del edificio. 

Posteriormente, los hermanos Kouachi asesinaron a sangre fría a un policía herido durante su huida. Su huida les llevó a una toma de rehenes en una imprenta industrial fuera de París, donde murieron dos días después en una intervención de una unidad especial de la policía. 

La conmoción del atentado y de los asesinatos cometidos justo después por Amedy Coulibaly, un amigo de los Kouachi, fue inmensa, y el lema "Je suis Charlie" (Yo soy Charlie) dio la vuelta al mundo en solidaridad con la revista y las víctimas. 

Más un millón de personas participó en una manifestación en París el 11 de enero, a la que asistieron el presidente François Hollande y numerosos jefes de Estado y Gobierno extranjeros. En total, unos cuatro millones de personas participaron en las concentraciones en Francia. 

Charlie Hebdo se mantiene fiel a sus principios, aunque desde una redacción situada en un lugar secreto, con caricaturas y artículos muy ácidos contra el poder y las religiones (sea católica, judía o musulmana).

Y esa fidelidad seguirá este aniversario, ya que el mismo martes publicará un número especial doble de 32 páginas con nuevas caricaturas sobre las religiones producto de un concurso internacional, del que se publicarán 300.000 ejemplares. 

El número, que también incluirá los resultados de un sondeo sobre el apoyo en Francia a la caricatura, a la blasfemia y a la libertad de expresión, es un nuevo exponente de "la decisión de Charlie Hebdo de continuar haciendo su trabajo" a pesar de todo, aseguró el redactor jefe, Gérard Biard, al anunciar su publicación. 

La revista ya había publicado en diciembre un libro homenaje a sus ocho compañeros asesinados, titulado Charlie Liberté. Le journal de leur vie (Charlie Libertad. El diario de su vida), en el que se repasa y homenajea su labor profesional desde sus inicios.

Mientras tanto, los trabajadores más destacados viven desde hace diez años bajo protección policial permanente. Como resume uno de ellos, el dibujante Riss, "el placer de dibujar es más fuerte que el miedo".

El ataque contra Charlie Hebdo fue el inicio de un año y medio trágico en Francia por los golpes del terrorismo yihadista. "El terrorismo islamista nos declaró la guerra", recuerda Hollande en una entrevista que publica este domingo el diario Ouest France. 

Solo un día después, Coulibaly, otro islamista amigo de los Kouachi, asesinó en Montrouge, una ciudad dormitorio al lado de París, a una agente en prácticas de la Policía Municipal y al día siguiente atacó un supermercado judío en la capital, con cuatro víctimas mortales y cuatro heridos graves, antes de morir en un asalto policial.

En los meses siguientes hubo en el país varios intentos de atentados y diversos ataques, con dos muertos, que palidecieron con los del 13 de noviembre.

Ese día, tres comandos de nueve hombres llegados de Bélgica atacaron el Estadio de Francia durante un partido de fútbol Francia-Alemania, las terrazas de varios cafés de París y la sala de conciertos Bataclan, con un total de 130 muertos y más de 400 heridos.

Ya en 2016, otro terrorista solitario atacó con un camión a la multitud que presenciaba los fuegos artificiales de la fiesta nacional del 14 de julio en el famoso Paseo de los Ingleses de Niza (sureste), con 86 muertos y más de 450 heridos.

Aviones de combate turcos destruyeron 32 objetivos "terroristas" en bombardeos llevada a cabo en el norte de Irak y Siria, en respuesta al atentado atribuido a la guerrilla kurda del PKK que causó cinco muertos a las afueras de Ankara. El Ministerio de Defensa subrayó en un comunicado recogido por EFE que "32 objetivos pertenecientes a los terroristas fueron destruidos con éxito" y que las operaciones "continuarán de manera decidida".

Según un comunicado de la kurdosiria Fuerzas de Siria Democrática (FSD), al menos doce personas murieron, entre ellas dos niños, y veinticinco resultaron heridas en los bombardeos contra el norte y el este de Siria. Además de las zonas pobladas, Turquía atacó con cazas y drones un total de 42 sitios civiles, incluidas "panaderías, centrales eléctricas, instalaciones petroleras y puestos de control de la Fuerza de Seguridad Interna".

"Esta agresión bárbara repetida demuestra la hostilidad de Turquía hacia nuestro pueblo en el norte y este de Siria. Es un duro recordatorio de la amenaza que supone la mentalidad criminal de Turquía para la paz y la estabilidad de la región", denunció.

Esta ofensiva se produjo como respuesta al atentado terrorista ocurrido el mediodía del miércoles en las instalaciones de la Industria Aeroespacial Turca (TUSAŞ) en Ankara, uno de los principales centros de defensa del país, que causó cinco muertos y 22 heridos.

Los dos atacantes, un hombre y una mujer, fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. Aunque aún no se han determinado oficialmente las identidades de los atacantes y nadie asumió la responsabilidad del ataque, las autoridades turcas han vinculado el atentado con el grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

El Ministerio de Defensa destacó que el ataque aéreo se realizó en virtud del derecho legítimo de defensa, según lo establecido en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El objetivo principal es "neutralizar" elementos de la guerrilla kurda y otras organizaciones terroristas para prevenir futuros atentados.

Todo se fundió a un horrible negro cuando la luz del sol comenzaba a iluminar un nuevo día. Era 11 de marzo de 2004. Y el reloj marcaba las 7:39, hora punta. En ese preciso instante, tres bombas explosionan en un tren que llega a la estación madrileña de Atocha desde Guadalajara. Tres minutos después, cuatro más estallan en otro convoy a la altura de la calle Téllez. Y, simultáneamente, se registran otras tres explosiones en las estaciones de Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia. Es el peor atentado perpetrado en suelo europeo. La barbarie yihadista arrebata en la capital 193 vidas –a la que luego se sumaría la de un policía en las operaciones posteriores– y deja más de dos millares de heridos. Centenares de familias rotas en mil pedazos por el terrorismo.

Aquella masacre cogió con el pie cambiado a las fuerzas de seguridad. Es cierto que, por aquel entonces, España tenía bien desarrolladas las capacidades antiterroristas. El problema es que se prestaba atención, principalmente, a la amenaza procedente de ETA. Pocos efectivos policiales, como recuerda Carola García-Calvo, investigadora del Real Instituto Elcano, estaban dedicados en cuerpo y alma a observar entonces el fenómeno del yihadismo. Aunque ya se habían desarrollado algunas operaciones importantes en esta línea. En 1997, Appreciate, centrada en el Grupo Islámico Armado (GIA). En 2001, Dátil, que desarticuló una célula de Al Qaeda en España, la de Abu Dahdah. Un golpe importante para la organización terrorista en suelo europeo.

El CNI no puso en marcha hasta poco antes del 11M un departamento específico dedicado al yihadismo en su División de Contraterrorismo. Pero los atentados provocaron un punto de inflexión. "Forzaron un cambio de paradigma que nos obligó a adaptar nuestra mirada y comprender que la principal amenaza para la seguridad nacional iba a ser, a partir de ese momento, el terrorismo yihadista", apunta Manuel Gazapo Lapayese, doctor en Relaciones Internacionales y analista especializado en seguridad. Un fenómeno, completa, que no estaba constituido por "un enemigo ubicado en un espacio concreto" y con una "estructura organizacional tradicional", sino que se trataba de "una amenaza asimétrica, rizomática y resiliente, con capacidad para extenderse por todo el planeta".

Desde entonces, y a lo largo de las dos últimas décadas, se ha avanzado mucho en ese terreno. Tras los atentados de Madrid, explica García-Calvo, los recursos destinados en las Fuerzas de Seguridad para luchar contra el yihadismo se "intensificaron inmediatamente". "Las capacidades se multiplicaron casi por seis", apunta la experta. En After the Madrid Bombings: Internal Security Reforms and the Prevention of Global Terrorism in Spain, el especialista Fernando Reinares señala que solo en la legislatura posterior al 11M los servicios o unidades externas de información, que son los que se ocupan fundamentalmente de cuestiones de terrorismo internacional, crecieron en un 72% en la Policía Nacional y un 22% en la Guardia Civil.

Es imposible saber cuántos efectivos hay destinados en la actualidad en las Fuerzas de Seguridad del Estado a combatir el yihadismo. Dicha información tiene carácter secreto. Como también aquella relativa a la estructura y organización de la lucha antiterrorista. Unidades que con el paso del tiempo se han ido especializando. "Se han introducido dos perfiles: por un lado, especialistas en árabe y en mensajes, tanto en red como por otras vías de propaganda; y, por otro, expertos operativos en lucha antiyihadista, gente que se infiltra en este tipo de comunidades", señala Rafael Calduch. Este perfil fue clave, por ejemplo, en la operación Caronte, que permitió la desarticulación de una célula yihadista en la provincia de Barcelona gracias a la infiltración de un Mosso d'Esquadra.

La descoordinación en las fuerzas de seguridad fue otro de los problemas que pusieron de relieve el 11M. El domicilio de Jamal Zougam, uno de los condenados por los atentados de Madrid, ya había sido registrado a mediados de 2001, encontrándose en el mismo, tal y como se desprendió en la instrucción de Dátil, propaganda yihadista. El nombre de Allekema Lamari, uno de los suicidas en el piso de Leganés, ya había salido en el procedimiento seguido en su día en relación al Grupo Islámico Armado y se situaba bajo el radar de los servicios secretos. Y el de Serhane Ben Abdelmajid, alias el Tunecino, otro de los suicidas de Leganés, ya había aparecido dos años antes en una agenda que la Guardia Civil incautó en otra operación contra un destacado miembro de Al Qaeda en Barcelona.

"Tras los atentados, se establecieron marcos para compartir información", señala la investigadora de Elcano. En mayo de 2004, el Gobierno creó el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA). Y una década después, tras apreciar los vínculos que existían entre dicho fenómeno y el crimen organizado, lo fusionó con el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). Fue así como surgió el actual CITCO. Integrado por miembros de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI o cuerpos de seguridad autonómicos, el mismo se encarga de "recibir, integrar y analizar informaciones y análisis operativos que sean relevantes para elaborar la correspondiente inteligencia criminal estratégica y de prospectiva".

Los expertos también destacan los avances en materia de cooperación con otros países. Tanto a nivel policial como de inteligencia y judicial. En este último aspecto se centra Dolores Delgado, actual fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y durante más de una década –desde 2007 a 2018– coordinadora de la lucha contra el terrorismo yihadista. "Se potenció la coordinación internacional", explica en conversación con infoLibre. Primero, se conformó el llamado tripartito, en el que se integraban los ministerios públicos de España, Francia y Marruecos. Un grupo al que, posteriormente, se unieron los colegas de Bélgica y que permitía, cuenta, un intercambio continuo de información entre los distintos Estados.

"El envío de datos en tiempo real mejoraba nuestras investigaciones, porque el terrorismo yihadista es internacional y se nutre de indicios que se producen en otros países", trata de resumir Delgado. La fiscal habla sobre el valor de la "inteligencia judicial" dados los puntos de conexión que existen entre las distintas causas relacionadas con el yihadismo y la interrelación de actores. "Esto permite identificar patrones de conducta", dice. Citábamos antes a Lamari o Zougam. Pero otro ejemplo lo podemos encontrar con Abdelbaki Es Satty, imán que surgió como cabecilla de los atentados de Barcelona de 2017, el primer ataque yihadista desde el 11M. Su nombre ya había aparecido más de una década antes en Chacal, otra causa que en su día se siguió contra una supuesta red de apoyo a individuos que participaron en los atentados de Madrid.

El legislador también fue adaptando, tras la matanza en la capital, el ordenamiento jurídico a la nueva realidad. Se empezó a prestar más atención a la financiación, se suprimió la exigencia de que existiera una organización para poder aplicar el tipo de terrorismo o se incluyeron en el Código Penal conductas como el autoadoctrinamiento, la difusión de propaganda terrorista y el traslado o establecimiento en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista. Era, entonces, la época dorada del Estado Islámico y su propaganda. De los combatientes extranjeros. De las mujeres engañadas para desplazarse a zonas en conflicto. "Se empezó a ver en Siria una suerte de Califato terrenal", señala Delgado.

Calduch también pone el foco sobre el papel de Instituciones Penitenciarias: "Se intentan controlar los procesos de radicalización en las cárceles". Algo en lo que también se detiene García-Calvo. En las prisiones, explica, se trabaja en dos ámbitos. Por un lado, en lo que se refiere a "la prevención de la radicalización y el reclutamiento de jóvenes para la causa terrorista". Por otro, en lo que tiene que ver con la "rehabilitación y reintegración de yihadistas". Según una respuesta reciente del Gobierno al Grupo Parlamentario Popular, de las 27 personas que a finales de noviembre se encontraban cumpliendo condena por delitos de terrorismo yihadista –no se cuentan las que están en prisión preventiva–, 17 participaban en el nuevo programa de desradicalización.

La prevención es un pilar fundamental en la lucha antiterrorista. "El elemento clave para poder hacer frente a este fenómeno no es tanto la lucha armada o las intervenciones militares, que también, sino especial y esencialmente el trabajo a la hora de prevenir la captación y radicalización violenta", asevera Gazapo. El terrorismo yihadista, cuyos "dinamizadores de contenido" y "reclutadores" actúan tanto desde las cárceles como a través de Internet, es capaz de "elaborar un relato que se inserta, como si de un virus se tratara, con enorme facilidad en las mentes y corazones de sujetos de toda índole o perfil". De ahí la importancia "absolutamente estratégica", apunta el analista internacional, de elaborar "narrativas preventivas y contranarrativas".

Han pasado dos décadas desde aquel terrible 11M. Veinte años en los que, según los datos del Ministerio del Interior, se han llevado a cabo 408 operaciones antiyihadistas en nuestro país en las que se han detenido a 1.047 personas –71 en lo que va de legislatura–. "España está razonablemente preparada para hacer frente a esta amenaza", apunta Gazapo. Lo cual no quiere decir, sin embargo, que no existan riesgos ante un fenómeno extremadamente complejo. "El terrorismo de etiología yihadista se caracteriza, en este momento, por apostar por técnicas de ataque de baja complejidad operativa y bajo coste económico, lo que hace que sea mucho más complejo, detectarlo, prevenirlo y neutralizarlo", completa el experto.

Coinciden con él todos los especialistas consultados por este diario. "No se puede tener la certeza total de que no ocurran acciones aisladas", dice Calduch. "La seguridad total es imposible", deja claro García-Calvo. "Lo que se puede hacer es reducir el nivel de riesgo adelantándonos con investigaciones constantes", completa Delgado. Y en este sentido, dicen las dos últimas, hay que tener siempre un ojo puesto fuera de nuestras fronteras. Porque este tipo de terrorismo, explican, es muy sensible a los vaivenes internacionales. De ahí que, por ejemplo, la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista decidiese en octubre reforzar el nivel 4 de alerta con nuevas medidas tras la escalada de tensión en Oriente Próximo. Un grado alto en la escala de riesgo que se mantiene desde 2015, tras los atentados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia.

La palabra terrorismo está hoy muy devaluada, al menos si se atiende a los usos con los que se emplea recientemente no solo en el discurso político, sino especialmente en el saber experto de las decisiones judiciales. Parecería que cualquier manifestación de disenso colectivo sobre las decisiones de organismos públicos o de agentes privados, en la medida en que produzcan trastornos importantes del orden público, entran dentro de esta categoría de actos terroristas, y esta calificación se defiende y se expande en el espacio mediático ya de por sí exasperado cotidianamente.

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua hay tres acepciones de lo que significa terrorismo:

Se podría pensar que las dos primeras acepciones pueden ser utilizadas en clave esencialmente política, y que por tanto pueden dar lugar a un uso preciso de la noción “terrorismo”. De esta manera, se puede enunciar que estamos en presencia de un “Estado terrorista” en la medida que ha adoptado decisiones que han causado actos de violencia extrema contra personas o cosas, tanto en el interior de sus fronteras como sobre otras poblaciones vecinas. Pero también, desplazando el concepto e invirtiendo los términos, cabe hablar de terrorismo de Estado cuando se arbitran en el seno de un Estado nacional determinado medidas gubernamentales en las que reiterada y sistemáticamente se efectúan disposiciones represivas, criminales, en general medidas de tipo autoritario que son dirigidas contra los conciudadanos que son considerados enemigos del Estado. Ninguna de estas acepciones son las que entran en juego en el uso actual del concepto “terrorismo”.

En un contexto diferente, se ha empleado la expresión “terrorismo patronal” como el conjunto de acciones que buscan conscientemente reducir y obstaculizar derechos laborales o privar de empleo sin causa  e ilegítimamente a las personas trabajadoras. Es una expresión que la jurisprudencia ordinaria ha entendido que no vulnera el derecho al honor ni a la imagen de la empresa a la que se imputa la misma pese a que se haya reproducido en pancartas y octavillas, así como en correos electrónicos dirigidos a clientes de la empresa afectada, puesto que se produce en el marco de un conflicto laboral prolongado.

La expresión “terrorismo patronal” se ha convertido en lugar común en nuestra sociedad al utilizarse de manera habitual por sindicatos o incluso por partidos políticos. Esto ha devaluado socialmente su significado, convirtiéndose en una crítica dura, pero sin que ninguna persona razonable lo asocie propiamente con el concepto de terrorismo” (STS  172/2017 de 28 de febrero de 2017 (JUR\2017\69885). Una conclusión que reitera la STS 28 de febrero de 2017 (R. 103/2016), insistiendo en la "necesidad de valorar las expresiones litigiosas en un contexto de crítica y de contienda", pues "cuando la discusión alcanza recíprocamente un nivel alto de tensión puede justificar la utilización de expresiones ... que '[s]i bien ... pueden resultar hirientes y entrañar una descalificación personal y profesional, este factor no es suficiente en el caso examinado para desvirtuar su amparo en la libertad de expresión”. Es decir, que se admite el uso retórico de la noción de terrorismo equiparado a la segunda acepción del diccionario RAE que implica que “ninguna persona razonable” pueda equiparar esta expresión con “el concepto” de terrorismo, además de precisar que estos “excesos verbales” están protegidos por la libertad de expresión colectiva, especialmente garantizada en un contexto de conflicto laboral prolongado como era el caso sobre el que se decidieron las sentencias citadas.

La tercera acepción es la que tiene un mayor interés actual, en la medida en que describe una conducta criminal que tradicionalmente ha sido considerada como un grave delito. Y ello siendo conscientes de que “nuestra cultura jurídica carece de un significado unívoco y preciso y ello, seguramente, porque el terrorismo, además de hacer referencia a un hecho delictivo, es un concepto histórico, con una fuerte carga emotiva o política, que en cada momento y lugar ha sido aplicado a realidades muy diversas que difícilmente pueden recibir un tratamiento unitario”, y la evolución normativa se caracteriza por una fuerte ambigüedad y determinación. Pero, pese a ello, “puede decirse que la noción de terrorismo que ofrece nuestra legislación vigente gira en torno a la existencia de dos elementos, estructural y teleológico, que son la organización armada y el fin o resultado político” (LAMARCA, C., “Sobre el concepto de terrorismo. (A propósito del caso Amedo)”.

En nuestra cultura política, la noción de terrorismo está ligada a la acción de organizaciones armadas que persiguen un resultado político contrario al marco institucional vigente. Y esta concepción, ya arraigada por razones evidentes desde las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado como una conducta ligada a la lucha armada, se ha visto confirmada ante otro tipo de terrorismo de raíces diferentes, el llamado terrorismo yihadista, cuya acción en Madrid el 11 de marzo de 2004 fue definitoria de su alcance. La posterior concreción del Pacto antiyihadista del 2015 en una reforma del Código Penal debe entenderse en todo caso inscrita en esta línea evolutiva. 

Pero, esperando a este análisis sobre lo que se debe entender realmente por terrorismo desde el punto de vista de la norma penal, no cabe ignorar el desbordamiento que se está haciendo de esta noción, centrada en la tercera acepción del diccionario RAE, en el terreno de la política. Terrorista ya es una cualidad delictiva de la que participan multitud de agentes políticos y sociales. Se extendió su uso en las elecciones generales con el estribillo “que te vote Txapote” con el que se identificaba con el terrorismo a partidos que habían condenado desde siempre la acción armada de ETA o que incluso habían sufrido atentados de este grupo terrorista. La resurrección de ETA, desaparecida a partir del 2011, es decir nada menos que hace doce años, era empleada como invectiva política por la principal fuerza de la oposición, el Partido Popular, como forma de denostar a sus adversarios políticos en el proceso electoral y en los debates consiguientes, una imputación que se reiteró con más fuerza tras la formación de gobierno ya en el otoño del 2023, al entender que se trataba de un gobierno apoyado en grupos directamente conectados con su pasado terrorista, lo que se concentra en la expresión “bilduetarra”. El tremendismo y la falsedad de este discurso no han impedido al Partido Popular y a los medios que reproducen su argumentario continuarlo y reiterarlo como una cláusula de estilo.

Pero en esta primera versión, la noción de terrorismo se sigue asociando a la terrible experiencia histórica de la lucha armada que ETA llevó a cabo en el País Vasco hasta el anuncio del cese de a misma el 20 de octubre del 2011. Sin embargo, progresivamente, este término ha ido ampliándose en el discurso del Partido Popular a las movilizaciones populares y los disturbios públicos efectuados en Cataluña y principalmente en Barcelona, con ocasión tanto de la fracasada declaración unilateral de independencia como en la posterior respuesta a las sentencias condenatorias del Tribunal Supremo a través del llamado Tsunami Democratic.

La orientación política de esta nueva hipérbole en el discurso es clara, desprestigiar e incriminar penalmente a los dirigentes de Junts per Catalunya, culpables de haber propiciado la investidura del gobierno de coalición progresista, y de esta manera situar el debate sobre una ley de amnistía en el centro de la conversación que se quiere transmitir a la opinión pública añadiendo a la acusación de inconstitucionalidad de esta medida, la de su imposible aplicación a “terroristas”, como los activistas independentistas que entran dentro del ámbito de aplicación de la norma proyectada. Que este propósito haya estado acompañado –o quizá inducido– por la actividad de un juez instructor de la Audiencia Nacional es, a estos efectos, algo indiferente, porque lo relevante es la insistencia en que cualquier alteración del orden público o producción de desórdenes se equipara a una situación de violencia y de terror y por tanto es susceptible de ser calificada como terrorismo.

Hay así terrorismo catalán independentista que convive con el apoyo y la complicidad de los partidos del gobierno con el terrorismo etarra a través del sostén que proporciona a sus decisiones un grupo como Bildu, cualidad terrorista que se contagia a otros partidos nacionalistas como BNG en las elecciones en marcha en la comunidad autónoma gallega. Pero también se llama terrorismo enfrentar a la policía y a los agentes del juzgado en la oposición a un desahucio en Lavapiés, y reclamar el cese de la masacre ciudadana y de los crímenes de guerra en Gaza significa apoyar el terrorismo de Hamás y el gobierno que lo viabiliza es “amigo de Hamás”, él también por tanto cómplice del terrorismo de este grupo. Todos son terroristas, todo es terrorismo para el Partido Popular. Demasiados terrorismos, ciertamente.

No se trata solo, como con acierto ha señalado Enric Juliana, de que el uso táctico del término terrorismo pueda crear un peligroso precedente, sino que esta retórica que hace recaer sobre fuerzas democráticas imputaciones gravísimas de culpabilidad respecto de crímenes violentos causados por organizaciones armadas, degrada hasta límites desconocidos el tejido pluralista que conforma el marco constitucional en el que nos movemos. Es un episodio muy negativo de banalización de una conducta criminal que ahora se aplica como idea-tipo tanto a la acción de las fuerzas políticas democráticas como a la definición de actos de confrontación y de conflicto que se despliegan en la realidad social. Banaliza asimismo a las víctimas reales del terrorismo, que se ven involucradas en el contexto de la ampulosidad falseada de un discurso de deslegitimación de la actuación del gobierno y de la mayoría parlamentaria que lo sostiene.

Dejemos al terrorismo dentro de los límites en los que el lenguaje y el sentido común lo mantienen. Contengamos su uso exorbitante y precisemos finalmente su significado técnico como conducta criminal perseguida por el derecho penal.

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Antonio Baylos es catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla La Mancha.

El 6 de octubre de 2017, los detectives de Alp Services presentan a su cliente, el agente de los servicios de inteligencia de Emiratos Árabes Unidos llamado Matar, un informe completo sobre el primero de los proyectos que ha contratado con los suizos. Lleva por título Árnica –una planta medicinal– y su objetivo es “obtener pruebas de que Catar no sólo financia a los Hermanos Musulmanes y a sus organizaciones terroristas en Europa, sino también a otros individuos y grupos terroristas”. Para empezar, explican en el documento, se han centrado en dos objetivos localizados en Suiza, “históricamente un núcleo clave para la Hermandad y sus estructuras financieras clandestinas”. Pero al mismo tiempo ofrecen a los emiratíes, “sin ningún coste extra”, otros ocho focos de atención. “Nuestros resultados pueden utilizarse para informar sutilmente a los medios y la opinión pública europeos sobre los peligros de los Hermanos Musulmanes y de Catar”, presumen. Con “informar sutilmente” quieren decir “filtrar a los medios de comunicación europeos información perjudicial sobre la Hermandad y Catar”. Los detectives suizos venden a su cliente que esa exposición de los Hermanos “como lo que realmente es, un peligroso grupo terrorista”, servirá además de presión sobre “los ingenuos y complacientes funcionarios europeos y les obligará a actuar contra la Hermandad y Catar”.

Uno de esos proyectos de investigación adicionales tiene por escenario España. Así aparece en los documentos obtenidos por Mediapart y compartidos con infoLibre y el resto de los medios del consorcio European Investigative Collaborations (EIC). También han formado parte de la investigación los medios suizos Heidi News y RSI Television, así como Domani (Italia) y Daraj Media (Líbano). De hecho, los detectives suizos prepararon para los emiratíes al menos cinco casos de estudio sobre los Hermanos Musulmanes en España. Con sus correspondientes mapas de relaciones.

Sólo dos meses antes de la presentación de Árnica, los días 17 y 18 de agosto, un grupo yihadista había matado a 16 personas y herido a otras 140 en un atropello múltiple en Las Ramblas de Barcelona, que fue seguido de otro en Cambrils (Tarragona) durante la huida de los terroristas. El ataque fue, en realidad, una consecuencia imprevista del golpe planeado por la célula, que se frustró por la explosión accidental del arsenal con que sus miembros pretendían perpetrar un gran atentado con bombas en Barcelona. Los detectives de Alp aprovechan la matanza para buscar “posibles vínculos entre esos terroristas, los Hermanos Musulmanes y Catar”, explican a sus clientes emiratíes.

Para entender el momento en que se produce la oferta de los suizos, hay que recordar que poco antes, en junio, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto habían decretado el boicot contra Catar. Le exigían que cerrara la cadena Al Yazira y cesara en su apoyo a los Hermanos Musulmanes. La rivalidad entre los regímenes del Golfo Pérsico había llegado a su cénit.

El primer paso de Alp será, según dicen, recurrir a personas “cercanas a los servicios de inteligencia españoles”, cuya identidad no precisan. Mencionan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero eso no significa que hablaran con ningún espía español. En lo que califican como “visión preliminar”, los detectives suizos se limitan a reproducir tres párrafos de otro informe que Alp encargó antes a Livingstone & Company, una empresa de inteligencia empresarial con sede en Londres. De las 32 páginas del documento, 12 corresponden al estudio que la Cámara de los Comunes británica elaboró en 2015 sobre los Hermanos Musulmanes. A su vez, esos únicos tres párrafos que Livingstone dedica a España tienen como única fuente una noticia de El País que remite a un informe, esta vez sí, del CNI.

Tanto Livingstone como Alp mencionan los fondos con los que Catar financia instituciones musulmanas en España, pero omiten que el informe del CNI citado por El País detalla también las ayudas enviadas por Arabia Saudí, Kuwait, Libia, Marruecos…y los propios Emiratos Árabes Unidos.

A continuación, Alp cita como segunda fuente al Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC). En los documentos a los que ha tenido acceso este periódico se incluye, en efecto, la referencia a una fuente del SIGC. A su nombre figura la provisión de tres pagos, de 1.000 euros cada uno, por otras tantas investigaciones en España, con fecha de septiembre de 2017. También aparece un comentario: “No muy bueno, demasiado especulativo”.

En todo caso, los suizos lamentan “la falta de interés” del Gobierno español en investigar los vínculos entre Catar y los Hermanos Musulmanes, una indiferencia que atribuyen al hecho de que los cataríes ayudaron al CNI a liberar a los tres periodistas españoles secuestrados en Siria en julio de 2015: Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre.

Por el contrario, Alp se dedica intensamente a desentrañar la supuesta penetración de la hermandad en España. Por ejemplo, de la media docena de casos de estudio preparados, uno intenta demostrar que los Hermanos Musulmanes están sustituyendo en el País Vasco a la banda terrorista ETA. Ese es su título: “HM, la nueva ETA”. Para construir el caso, los suizos encargan de nuevo un informe a la agencia Castor & Polux. En junio de 2018, los detectives de Barcelona les envían una due dilligence sobre Ahmed El Hanafy Mesalem, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas (Ucide) del País Vasco, a quien consideran miembro de los Hermanos Musulmanes y promotor de comunidades islámicas en ese territorio. Nacido en Egipto pero con la nacionalidad española desde 1995, El Hanafy lleva desde 2006 como figura visible de la comunidad musulmana en el País Vasco e interlocutor ante las administraciones. También era imán de la mezquita Assalam, en Bilbao.

Los detectives sólo pueden informar sobre sus multas de tráfico y dos ayudas para la promoción del trabajo autónomo que le concedió el Gobierno vasco en 2013. Al tiempo, revisan sus redes sociales y las entrevistas que concedió a los medios. Por ejemplo, resaltan que negoció y consiguió en 2008 que el Ayuntamiento de Bilbao abriera un cementerio islámico en Derio. O que se reunió con la entonces viceconsejera de Justicia Idoia Mendia en 2011 y con el lehendakari Íñigo Urkullu en 2015. Incluso grabó un vídeo donde expresaba su apoyo al entonces candidato a la alcaldía de Bilbao por el PNV, Juan Mari Aburto. Ese mismo año, publicó un comunicado contra los ataques terroristas en París. Nada incriminatorio.

Sin embargo, según argumenta Castor & Polux, el cada vez mayor número de musulmanes en el País Vasco “ha despertado la alarma sobre posibles atentados terroristas”. Alp Services, en su informe posterior a los emiratíes, va más allá y asegura que debido al creciente número de yihadistas identificados en el País Vasco, estos se han convertido en la “principal amenaza terrorista tras el desmantelamiento de ETA”. Lo cierto es que, desde 2012 y según cifras oficiales, en el País Vasco han sido detenidos 28 radicales islámicos, mientras que en Madrid han ido arrestados 86 y en Cataluña 137. Los musulmanes residentes en el País Vasco representan el 3,3% de la población, por debajo de la media nacional, el 4% y muy por debajo del 8,25% que representan en Cataluña.

Es más, en su esfuerzo por armar el caso, Alp destaca que la “apertura acelerada de nuevos centros islámicos” en el País Vasco ha “coincidido” con una serie de hechos dispares y sin relación entre sí: la desaparición de ETA; una reunión del exlehendakari Patxi López con el jeque propietario del Málaga FC, miembro de la familia real catarí; la compra por parte del fondo soberano de Catar de una participación del 6,16% de Iberdrola y la “creciente presencia de salafistas” en territorio vasco.

Como fuentes de información, Alp utiliza un blog que combina el negacionismo climático, la islamofobia y el ultraliberalismo, o diarios de la extrema derecha como alertadigital.com, que le ayudan a sostener que los radicales islámicos se han aliado con Podemos, Amaiur, Bildu y los independentistas catalanes. Por su parte, Castor & Polux critica el “acercamiento” entre el Gobierno vasco, la Ertzaintza –de la que señala su supuesta “mala reputación”– y la comunidad musulmana, después de que El Hanafy se sentara “a la misma mesa” con miembros de la Policía autónoma “a petición” del propio Ejecutivo.

Preguntado por infoLibre, El Hanafy niega pertenecer a los Hermanos Musulmanes, aunque expresa sin problemas su apoyo al Gobierno que encabezó Mohamed Morsi en Egipto tras la primavera árabe. “Por fin”, añade, “un país árabe tenía el gobierno democrático que anhelamos todos”. Lo contrapone con los regímenes del Golfo: “Son contrarios a nuestra línea”. El Hanafy enmarca sus reuniones con el Ejecutivo vasco o con el Ayuntamiento de Bilbao en su voluntad por mantener “buenas relaciones” con las instituciones. “Somos españoles, lo hemos dicho siempre”, concluye.

Entre los informes a los que ha tenido acceso infoLibre se encuentra otro redactado después de que Alp elaborara el suyo sobre la amenaza terrorista en el País Vasco. Es del 4 de septiembre de 2018. Reproduce los argumentos incluidos en los documentos de las agencias española y suiza, pero carga mucho más las tintas: “La gradual sustitución del nacionalismo etarra por el islamismo parece ser el regalo envenenado de las inversiones cataríes en el País Vasco”. Incluso menciona una “alianza” entre los Hermanos Musulmanes y el nacionalismo vasco, que, a juicio del autor, muestra “una peligrosa sustitución de un terrorismo antiespañol por uno anticristiano y antioccidental. Hasta Sabino Arana debe de estar revolviéndose en su tumba”. A continuación, recuerda que los etarras se entrenaron con milicias islámicas en el Magreb, además de atribuir la colaboración de las organizaciones musulmanas con la Ertzaintza a “la estrategia de los Hermanos de jugar entre los dos bandos”.

El informe concluye comparando a los Hermanos Musulmanes con la mafia. “Como las organizaciones mafiosas, están organizados en familias […] y niegan la pertenencia al grupo”, resume. Un símil que también utiliza Alp Services en los mapas de relaciones enviados a Emiratos. “Su discurso ha sido bien estudiado para parecer lo suficiente moderado en relación al salafismo como para ganar subvenciones en Europa, y lo suficientemente identitario, antiliberal antijudío y antioccidental para ganar una base de votos cautivos entre los inmigrantes musulmanes y la izquierda antiliberal. Con esta estrategia, aumentan su influencia con cada ataque terrorista islámico, cada barco de refugiados y cada manifestación de la extrema derecha europea, criminalizando cualquier crítica a su creciente influencia como acto de islamofobia o de racismo”, se lee en el informe.

Después entra en consideraciones incluso económicas, destacando que el mercado de productos halal, “mezcla de superstición y comercio”, supera ya en volumen al de los alimentos bio, mientras que la banca halal es despachada como un “negocio que oculta el cobro de intereses tras artimañas disfrazadas de preceptos”.

Sólo unos días después, el 9 de septiembre, Okdiario publica una información sobre el miembro de la Comisión ADOS del Gobierno vasco que “lanza mensajes de apoyo a los terroristas de ETA” y critica a Ajuria Enea por “multiplicar sus gestos” hacia la comunidad musulmana. El texto repite parte del currículo de actividades de Ahmed El Hanafy recopilado por los detectives al servicio de Alp. Estos, como ha publicado infoLibre, se felicitan enseguida ante su cliente de Emiratos porque el digital de Eduardo Inda ha publicado este y otros cuatro reportajes preparados por ellos.

A preguntas de este periódico, un portavoz de la Comisión ADOS asegura que ni ellos ni el Gobierno vasco “en ningún momento ha tenido relación alguna con los Hermanos Musulmanes”. Según explica, las relaciones con la comunidad musulmana en Euskadi se establecen “a través de personas y entidades representativas de su diversidad”. Sus miembros, añade, “asumen explícitamente una cultura de convivencia y derechos humanos frente al terrorismo, la violencia o la radicalización en cualquiera de sus formas o expresiones, así como frente al racismo, la xenofobia y la islamofobia”.

Creada en abril de 2018, la comisión está integrada por un total de 16 personas, entre representantes del Gobierno vasco, las diputaciones foreales, la federación de municipios vascos y miembros de la comunidad musulmana. Es una comisión meramente asesora, sin presupuesto ni personal propio, que se reúne cuatro o cinco veces al año. Hasta ahora, según consta en su plan de trabajo para los próximos tres años, se ha dedicado a habilitar en los cementerios de diferentes municipios espacios donde enterrar a los ciudadanos musulmanes. También han constituido un Consejo de Imames e iniciado un programa piloto de formación dirigido a estos guías religiosos. Incorporar menús escolares adaptados, la apertura de nuevos centros de culto o cómo celebrar la Fiesta del Cordero en plena pandemia son algunos de los asuntos de los que se ha ocupado la comisión en sus cinco años de funcionamiento. Su objetivo, “promover un islam enraizado en la sociedad vasca”, destacan.

El Ministerio del Interior ha autorizado desde que Fernando Grande-Marlaska es titular de esta cartera que 28 presos de la banda terrorista ETA dejen de estar clasificados en el régimen más duro al progresarlos del primer al segundo grado y ha autorizado 27 acercamientos, según datos recopilados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) consultados por Europa Press.

A fecha de 30 de noviembre de 2019, en prisión hay 221 presos de ETA –ocho son preventivos–, doce menos que en agosto de 2018, por cumplimiento de penas o por resultar absueltos. En primer grado están clasificados 166 etarras --eran 203 hace año y medio-- y en segundo grado ahora hay 56 penados por delitos relacionados con la actividad de ETA.

En total, 28 etarras han sido progresados de primer a segundo grado (otros tres están ya en libertad), nueve han dejado de estar en primer grado por su puesta en libertad y otros dos también están en libertad tras pasar por el régimen abierto al estar clasificados en tercer grado.

Según los datos de la AVT con información facilitada por el Ministerio del Interior y por el Gobierno en respuestas parlamentarias, desde que Marlaska es ministro se han autorizado 27 acercamientos de presos de ETA, más otros cuatro que no se incluyen en la estadística global: Javier Moreno fue progresado a un tercer grado que implicaba un traslado y también se autorizaron por cuestiones organizativas los de Sergio Polo, María Lizarraga e Iñigo Gutiérrez Gutiérrez.

Dos alejamientos

Del total de acercamientos, todos son presos de ETA y dos del GRAPO. Solo dos tenían delitos de sangre: Kepa Arronategi (preso de ETA trasladado de Almería a Zuera el 13 de septiembre de 2018) y Fernando Silva Sande (preso del GRAPO que fue trasladado de Madrid a La Coruña el 26 de noviembre de 2018). Cuando el Gobierno del PSOE informó que procedería a un acercamiento de presos vinculándolo al fin de ETA, puntualizó que no se verían beneficiados presos con delitos de sangre y que, previamente, informaría a las asociaciones de víctimas.

En este tiempo, dos presos de ETA también han sido alejados del País Vasco. Se trata de Jon Enparantza, que pasó de la cárcel de Álava a la de Madrid el pasado 28 de octubre, y Arantza Zulueta, que fue trasladada desde Álava a la cárcel de Valencia el 11 de noviembre, según los datos recopilados por la AVT.

Aparte de los presos de ETA, en las cárceles españolas hay en la actualidad 139 presos por delitos de terrorismo yihadista, de los que 88 son penados. Por su parte, 28 han pasado de preventivos a penados desde agosto de 2018 y un preso más ha quedado en libertad al cumplir su condena.

Además, hay 17 por su pertenencia al GRAPO y ocho por su relación con el terrorismo gallego. La AVT también recopila los siete ingresados en prisión provisionalmente por formar parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una facción violenta de los Comités de Defensa de la República (CDR) que fue desarticulada en una operación de la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido este miércoles en el Congreso que no habrá traslados colectivos de presos de ETA y que, de haber acercamientos, serán individuales y de acuerdo a la ley penitenciaria. "Mi lealtad con las víctimas es férrea, no permitiré críticas falsas ni que se utilicen a las víctimas por interés político", ha defendido, afeando al PP su estrategia de "inyectar odio" en la sociedad al utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno.

Como en anteriores intervenciones parlamentarias, Grande-Marlaska se ha mostrado molesto especialmente con el PP, a quien ha reclamado "lealtad al Estado" en lo referente a la política penitenciaria. Ha recordado que este verano se produjeron los traslados desde Asturias a Basauri (Vizcaya) de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, aunque cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Traslados que el Gobierno de Rajoy defendía "con ahínco"

"Las víctimas no van a permitir que se mienta en relación con su situación. Exijo responsabilidad, coherencia y lealtad", ha insistido el ministro. "No se puede criticar algo que defendieron algunos con tanto ahínco", ha continuado, citando declaraciones de dirigentes del PP en el pasado, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, partidarios de poner fin a la dispersión si ETA desaparecía. "Flaco favor hacen inyectando odio", ha dicho.

En su intervención inicial ante la Comisión de Interior, Grande-Marlaska ha defendido que los traslados penitenciarios no cuentan como beneficios en lo referente a la progresión de grados.

El PP, sin embargo, ha mantenido la petición de explicaciones al entender que sí ha habido un cambio en la política penitenciaria como "pago por los votos" del PNV y otros partidos nacionalistas para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. "El PP será garantía de que la humillación a las víctimas no se produzca", ha defendido Marimar Blanco, que ha preguntado al ministro si comparte la tesis del Gobierno vasco de que se deben acercar también a los presos "más duros".

El PNV ha sostenido que "el primero que utilizó la lucha contra ETA como arma arrojadiza" fue el PP, y que ahora siguen haciendo esto cuando critican el fin de la dispersión o la ley vasca de abusos policiales por las denuncias de torturas en la lucha antiterrorista. "Está clarísimo", ha dicho el diputado Mikel Legarda, "el Gobierno cambia de política porque ETA ha desaparecido y no va a volver".

Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, ha defendido que el cumplimiento de la ley penitenciaria exigiría que más de un centenar de terroristas −"presos vascos", para ella− deberían ser excarcelados de manera inmediata. Además, ha criticado que se mantenga el primer grado, el más estricto, para la mayoría de presos etarras, comparando esta situación con la de Iñaki Urdangarín, clasificado en segundo grado "en tiempo récord".

"No vamos a permitir la inmigración violenta"

El ministro del Interior también ha justificado la devolución a Marruecos de los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado 22 de agosto, afirmando que esta acción "mandó un mensaje claro" a las "organizaciones criminales que trafican con personas".

"El mensaje es que la inmigración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta", ha destacado, para después reivindicar la "seguridad y protección" de las fronteras de España con el país alauí desde el respeto a los derechos humanos. "Seguridad, sí, pero sobre todo humanidad. Pero humanidad no es igual a permisividad", ha precisado el responsable del Ministerio del Interior, que ha comparecido este miércoles en el Congreso.

Grande-Marlaska ha acudido a la Cámara baja a petición propia tras la "reactivación" del Acuerdo de Readmisión firmado en 1992 entre España y Marruecos, en virtud del cual los 116 inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla fronteriza de Ceuta fueron devueltos al país magrebí apenas 24 horas más tarde. El convenio permite a España entregar al país vecino a quienes han accedido de manera irregular a territorio español desde allí, independientemente de su país de origen.

La aplicación de este acuerdo, según ha explicado el ministro, se debe a que tanto España como Marruecos "han querido mandar un mensaje claro" a las mafias dedicadas a la trata de seres humanos. "No vamos a permitir la inmigración violenta que atente contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha resaltado.

Marruecos solo acepta el convenio en casos concretos

Grande-Marlaska ha destacado que la reactivación del acuerdo por parte de Marruecos "por lo general, no ha sido aceptada": solamente ha aceptado hacerlo "en casos específicos". Durante su intervención, ha hecho hincapié en el impulso de la cooperación y las relaciones entre Maruecos y España desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

En este sentido, ha asegurado que España va a reforzar el control fronterizo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, matizando que se impulsará el uso de "medios más modernos, no lesivos", en clara referencia a las concertinas con cuchillas cortantes.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a España a indemnizar con 30.000 y 20.000 euros respectivamente a los etarrasIgor Portu y Mattin Sarasola al considerar probado que ambos recibieron un "trato inhumano y degradante" por parte de la Guardia Civil cuando fueron detenidos en enero de 2008. Un año antes, el 30 de diciembre de 2006, ambos habían puesto una bomba en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) que acabó con la vida de dos ciudadanos ecuatorianos que estaban durmiendo en sus coches, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, y dejó decenas de heridos. Por estos hechos, están condenados a 1.040 años de cárcel cada uno. 

La corte atribuye al Estado las "lesiones" descritas en los certificados forenses aportados por Portu y Sarasola y recuerda que ni las autoridades nacionales ni el Gobierno presentaron argumentos "convincentes" o "creíbles" que las explicaran. Los demandantes alegaron que tras ser detenidos en Mondragón (Gipuzkoa) por agentes de la Guardia Civil estos los trasladaron a una pista forestal en la que fueron "pateados" y "golpeados" antes de llevarlos a la comisaría de Intxaurrondo, en San Sebastián.

Como consecuencia de estos hechos Portu pasó ocho días hospitalizado, tres de ellos en la UCI, y necesitó tratamiento durante 27 días en total; mientras que Sarasola no se recuperó totalmente hasta 14 días después de los hechos. Ambos entregaron a los jueces varios informes que acreditaban estos daños. Por su parte, los agentes siempre defendieron que sus lesiones se produjeron por su propia resistencia y que nunca trasladaron a los terroristas a ninguna pista forestal. 

Los jueces de Estrasburgo consideran que los hechos denunciados fueron "lo suficientemente graves como para ser considerados tratos inhumanos y degradantes", aunque no "torturas","torturas" cuestión que justifican en el hecho de que los denunciantes no alegaron que las lesiones en cuestión hubieran tenido "consecuencias a largo plazo" para ellos y ante la "ausencia de una prueba concluyente relativa a la finalidad del trato infligido". 

El conocido este martes es el primer fallo del TEDH contra España por infligir malos tratos a personas detenidas. Sí existen nueve condenas previas por no investigar debidamente supuestos casos de tortura, siete de ellos relativos a miembros de ETA y su entorno durante el periodo de detención policial incomunicada. No obstante, la abogada Patricia Goicoechea, directora adjunta de Rights International Spain (RIS), ONG especializada en la defensa de los derechos y libertades civiles, señala que este caso es "particular" porque ya existía una condena previa por estos hechos de la Audiencia de Provincial de Gipuzkoa, que en diciembre de 2010 impuso penas de entre dos y cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación a cuatro guardias civiles por torturas graves y lesiones.

No obstante, apenas un año después, en noviembre de 2011, la Sala Penal del Tribunal Supremo absolvió a los cuatro agentes condenados. Los jueces el alto tribunal pusieron en entredicho las contradicciones de los denunciantes y calificaron sus declaraciones de no verosímiles, no dieron credibilidad a los testigos por sus vínculos con el entorno abertzale y afearon a la audiencia no haber aplicado la posición más favorable a los guardias civiles acusados como, a su juicio, impondría la presunción de inocencia.

El fallo conocido este martes supone un tirón de orejas para el Supremo, al que los jueces de Estrasburgo reprochan que se limitara a desestimar la demanda de los etarras sin entrar a considerar si el uso de la fuerza física por los agentes durante su arresto había sido "estrictamente necesario y proporcionado". También cuestionan que el alto tribunal no atribuyera valor probatorio a informes médicos del Instituto Forense Vasco en los que la Audiencia de Gipuzkoa había basado la condena inicial de los agentes, excluyéndolos sobre la base de que se habían sido basado en una premisa falsa: el propio maltrato.

Precedentes  

En todo caso, la sentencia supone un antes y un después porque supone la primera condena a España por malos tratos a detenidos. Hasta ahora los únicos fallos habían sido relativos a la violación de la la prohibición de la tortura y otros malos tratos al no investigar de manera eficaz y exhaustiva las denuncias existentes al respecto. El último de ellos, del 31 de mayo de 2016, dio la razón a Xabier Beortegui Martínez, presunto miembro de Ekin, organización que formaba parte de ETA, que denunció haber sufrido malos tratos durante cuatro días en los que estuvo detenido en 2011. 

La corte europea dijo entonces que "si existen motivos razonables para creer que hubo malos tratos, incumbe a las autoridades competentes del estado iniciar una investigación imparcial de oficio y sin demora". Algo que no ocurrió en ese caso ni tampoco en los Jon Patxi Arratibel Garciandia (2015), Beatriz Etxeberria Caballero y Oihan Unai Ataun Rojo (2014), Martxelo Otamendi Egiguren (2012), Aritz Beristain Ukar (2011) y Mikel San Argimiro Isasa (2010), tal y como han fallado los jueces de Estrasburgo.

Existen otras dos sentencias más. En noviembre de 2004 el TEDH también condenó a España por no haber abierto una investigación "profunda y efectiva" sobre las denuncias formuladas por 15 supuestos simpatizantes de la organización independentista Terra Lliure. España tuvo que indemnizarlos con 132.000 euros. También fue indemnizada, en este caso con 30.000 euros, la ciudadana nigeriana Beauty Solomon, que asesorada por Women’s Link Worldwide, denunció haber sido insultada y agredida por policías nacionales durante un control de identidad selectivo. Estrasburgo determinó que los tribunales españoles no indagaron "en serio" estos hechos. 

Lagunas

Organizaciones como RIS han puesto el foco en las lagunas en la lucha contra la tortura en España. Entre las cuestiones clave que, según la ONG, requerirían de una mayor clarificación por parte del Estado español está el propio régimen de incomunicación para determinados delitos, que es precisamente al que estaban sometidos los etarras amparados por Estrasburgo. Goicoechea critica la "propia existencia" de este régimen, que sigue pudiendo mantenerse durante un plazo máximo de trece días en total, de los cuales cinco son en custodia policial y el tiempo restante en prisión provisional. Cuestiona también que los detenidos bajo este régimen no pueden entrevistarse con su abogado en privado, ni antes ni después de realizar su declaración a la policía. 

Por otro lado, Goicoechea alude también a la necesidad de reforzar la formación del conjunto de funcionarios públicos –jueces y fiscales, fuerzas del orden, profesionales sanitarios...– para que conozcan bien las disposiciones de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y asuman la prohibición absoluta de proferir malos tratos a personas detenidas y para que sepan detectar indicios de tortura o tratos degradantes.  

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó poner en libertad provisional a tres presuntos yihadistas, que están a la espera de sentencia tras haber sido juzgados, por haber excedido el tiempo que han pasado en prisión, según informó Europa Press.

Yassin el Mourabet, Abdessadek Essalhi y Walid Oudra fueron detenidos en Madrid en noviembre de 2015 y desde entonces han estado en prisión provisional. Fueron juzgados el pasado 4 de diciembre por un posible delito de integración en organización terrorista y la Sala todavía no ha dictado sentencia.

"Visto el tiempo que llevan privados de libertad", dado "el estado de deliberación de la sentencia", y "sin ánimo de prejuzgar el fallo" de la misma, la Sala acordó la libertad provisional de los tres con la obligación de que comuniquen su domicilio, entreguen su pasaporte y comparezcan una vez a la semana en el juzgado más cercano.

La Fiscalía pedía inicialmente nueve años de prisión para cada uno de los sospechosos, quienes supuestamente formaban parte de una red de difusión de contenidos del grupo terrorista Estado Islámico y de adoctrinamiento. Después, durante el juicio, rebajó su solicitud a siete años.

Además, en su escrito de acusación el Ministerio Público apuntaba que había indicios de que los acusados pretendían atentar contra un centro de musulmanes del credo sufí –contrario al Estado Islámico, que es del grupo suní–, en el madrileño barrio de Prosperidad.

Información sobre posibles combatientes en siria

Durante la investigación, se requisó en los ordenadores de los sospechosos información de posibles combatientes del Estado Islámico en Siria, poemas de índole yihadista e imágenes de armas de fuego, así como varios documentales, uno de ellos bajo el título de La tentación de la Yihad en el que aseguran que se trata de un "precepto esencial".

En los registros los agentes también se incautaron de libros como Enriquecer los cerebros, documentos sobre la necesidad de que las mujeres musulmanas lleven velo, folios hablando de la muerte y hasta versos sobre los méritos del profeta "en sus batallas" y la necesidad de que sea acompañado por los mártires.

La investigación permitió relacionar diversos perfiles de integrantes del Estado Islámico con El Mourabet, a quien le sitúa en un primer nivel de subestructura terrorista, "por encima y en directa relación adoctrinadora" con Essalhi, según consta en el escrito del fiscal.

También se hace eco de las conversaciones telefónicas grabadas en las que apuntaban que estaban siendo instruidos desde Marruecos gracias a contactos en Casablanca, como es el caso de Essalhi, quien confesó a su suegra que se postulaba a favor de tendencias salafistas radicales. Este mismo, aprovechando la situación de inestabilidad de Oudra, le guió hacia la defensa radical del Islam, supervisándole "constantemente".

La Policía Nacional ha detenido este martes en Melilla a un joven de 21 años de nacionalidad española por su plena adscripción y compromiso con la organización terrorista Dáesh y que realizaba labores de captación utilizando internet y las redes sociales. Además, llevaba a cabo actividades de adoctrinamiento que realizaba en su entorno más próximo.

Según ha informado la Policía, el arrestado era muy discreto en Internet, mostraba siempre un perfil privado en redes sociales sólo accesible para sus amigos, se auto adiestraba mediante el acceso constante a sitios web con imágenes, vídeos y textos de Dáesh que descargaba y visualizaba de manera compulsiva para después adoctrinar a terceras personas.

En el marco de esta operación policial se va a tomar declaración a dos personas más —dos hombres de 21 y 28 años de origen español— sobre los que el principal detenido ejercía un papel adoctrinador. Les había llevado a interiorizar las doctrinas de Dáesh, a apoyar y enaltecer sus acciones terroristas, a valorar la posibilidad de cometer atentados, e incluso a defender el ataque terrorista ocurrido en Barcelona el pasado mes de agosto.

Evolución de la actividad delictiva

El arrestado había sufrido un intenso proceso de radicalización en el que su actividad delictiva había ido evolucionando hacia un auto adoctrinamiento continuo y progresivo que le había llevado a navegar en Internet de manera exclusiva sobre contenidos referentes a la organización terrorista.

Los vídeos a los que accedía eran de gran calidad y de contenido muy violento y explícito. Además demostraban un importante dominio de la red, ya que este material propagandístico e incitador a la comisión de atentados se distribuye a través de una red de comunicaciones de difícil acceso para impedir su localización.

Según los investigadores, el detenido adoptaba medidas de seguridad extraordinarias al mostrarse muy reservado y cauto para evitar ser detectado por los agentes policiales. Entre otras cosas, evitaba hacer comentarios en público que le posicionasen a favor de Dáesh, y se guardaba el discurso para las reuniones que mantenía con aquellas personas de su círculo más íntimo a los que pretendía adoctrinar y adherir a la causa terrorista yihadista.

Contacto directo con condenados vinculados a Dáesh

Además, el arrestado había mantenido contacto directo con individuos condenados actualmente por su pertenencia e integración en la organización terrorista Dáesh, procesados que captaban, adoctrinaban y enviaban combatientes desde Melilla y Marruecos a zonas de conflicto.

Entre ellos, destaca la figura de un melillense que se marchó en 2012 y que se convirtió en dirigente de una katiba yihadista en Mali y que supuestamente falleció en combate en 2016 en Tombuctú. Las continuas detenciones en su entorno no sólo no provocaron el cese de su actividad sino que se vio incrementada y reforzada.

La Policía destaca que, con esta nueva operación se neutraliza una potencial amenaza ya que el detenido se encontraba en un punto de plena disposición con la organización terrorista que podría haberle llevado a cometer atentados —tal como reclama Dáesh y siguiendo el ejemplo de otros terroristas que han cometido atentados en Europa y en EEUU—.

La operación, que continúa abierta, se ha desarrollado bajo la supervisión del Juzgado Central Instrucción número 2 y la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Las detenciones se han producido en colaboración con la Brigada Provincial de Información de Melilla.

Desde el 26 de junio de 2015, fecha en el que el Ministerio del Interior elevó a 4 el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detenido a 209 terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 254 desde principios de 2015.

Sin querer realizar un resumen del coloquio, si quisiera señalar algunos de los planteamientos que se expusieron principalmente por parte del profesor Jackson, que es además director adjunto del National Centre for Peace and Conflict Studies de la Universidad de Otago y cofundador de la revista académica Critical Studies on Terrorism. A grandes rasgos, sus análisis y planteamientos sobre el fenómeno del terrorismo (así como el de otros teóricos) se clasifican en la corriente conocida como “estudios críticos de terrorismo” que aportan un enfoque distinto a la perspectiva que, si se me permite la expresión, podríamos llamar tradicional u oficial sobre este fenómeno.

Algunas de las ideas que se plantearon en este acto giraron en torno al debate entre libertad vs. seguridad (en el que actualmente se están vulnerando derechos de los ciudadanos en nombre de la seguridad), en si el terrorismo es la mayor amenaza (no lo es, aunque interesa sobredimensionarla y en este punto las empresas de armamento y de seguridad obtendrían grandes beneficios) o se cuestionaron algunas de las medidas antiterroristas, como es la colocación de bolardos en las calles (si el terrorista no puede atentar con un vehículo, buscará otras vías). Para hacer frente al fenómeno del terrorismo, el profesor Jackson afirmó que hay que plantearse el por qué nos quieren atacar.

Estos planteamientos irían en línea opuesta a las visiones y medidas que están aplicando los gobiernos occidentales en relación al terrorismo yihadista. Sirva de ejemplo el caso francés, en el que se ha llegado a normalizar el estado de excepción después de los atentados terroristas de noviembre de 2015, tal y como expuso brillantemente el profesor Fernando Flores en este medio. O el caso británico, en relación a como gestionar la posible vuelta de ciudadanos británicos que viajaron a países como Siria para unirse al Dáesh (las autoridades británicas calculan que serían alrededor de 850 personas).

Recientemente, el ministro de Estado del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, Rory Stewart, afirmaba en una entrevista radiofónica en la BBC que “la única manera de solucionarlo [la cuestión de los posibles retornados] será, en casi todos los casos, matarlos”. Eso sí, lejos de territorio británico y a pesar de las cuestiones morales que se puedan plantear. Estas palabras están en la misma línea que las señaladas por el enviado especial de EEUU para la coalición contra Dáesh, Brett McGurk, en las que señalaba que su misión consiste en “asegurarse que cada luchador extranjero que se une a la organización en Irak y Siria muera en Irak y Siria”.

Ambas declaraciones, que a penas han tenido alguna repercusión en los medios de comunicación españoles tan ocupados con la cuestión catalana (que ha servido para tapar cuestiones incómodas como este tipo de declaraciones o el caso Gürtel), pueden generar una serie de interrogantes legales y éticos que pueden ser difíciles de justificar en sociedades democráticas (¿o no?).

Una sociedad democrática basada en un Estado de derecho consolidado no puede permitirse este tipo de “soluciones”. El desafío al que nos enfrentamos como sociedad es que estas aterradoras medidas encontrarán defensores entre políticos, medios de comunicación y ciudadanos. Y no nos asombremos o pensemos que eso no va con nosotros, porque eso ya lo hemos visto aquí, en la España que estos meses lleva por bandera el Estado de derecho y la ley en cuestiones territoriales y, en cambio, justifica ante su población que los presuntos yihadistas de Barcelona y Cambrils fueron “abatidos” (o lo que es lo mismo, muertos por disparos de los Mossos d’Esquadra, como prefiera).

Salvo contadas excepciones, poco se ha cuestionado desde los medios de comunicación y partidos políticos que durante días y semanas los supuestos terroristas fuesen “abatidos” (hagan la prueba y busquen como en muchas de las noticias no indican que fueron muertos por disparos sino que fueron “abatidos”). Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, en un excelente artículo reflexionaba sobre este hecho y exponía como había quienes defendían que, debido a la excepcionalidad del terrorismo yihadista, había que “recurrir a medidas excepcionales, también por lo que se refiere a los derechos y garantías de los terroristas, y aun de los sospechosos de serlo”. Pero no lo olvidemos, cuando fueron “abatidos” eran eso, presuntos terroristas.

Por otro lado, la ciudadanía española no sólo no ha cuestionado el procedimiento, sino que lo ha aplaudido. “¿Qué quieres que nos maten ellos primero?”, se preguntan. “Es la única manera de solucionarlo”, concluyen compungidos.

Por lo tanto, aunque en España también hemos matado-abatido a los terroristas, estos hechos no pueden ni deben normalizarse en una sociedad democrática. El principal objetivo debe ser detener al presunto terrorista (no hay que parar de repetirlo), interrogarlo y llevarlo ante la justicia (salvo excepciones en las que matar sea el último recurso).

Por ser un tema tan complejo, nuestros políticos deberían aportar a sus ciudadanos explicaciones coherentes y sinceras sobre las medidas para hacer frente al terrorismo en lugar de aprovecharse de nuestros temores. Debemos, como mínimo, replantearnos muy seriamente las políticas nacionales e internacionales frente al terrorismo que, no sólo no han sido efectivas (y continúan sin serlo), sino que además retroalimentan al monstruo.

Tal y como se expuso en el coloquio sobre terrorismo al que me he referido al inicio, queremos solucionar los problemas con violencia y después nos sorprende que ellos la utilicen. Pero para hacer frente al terrorismo de forma más eficaz hay que aportar una visión más amplia, abarcando todas las causas de esta barbarie, en la que la vía armada no puede ser la soluciónla solución. Hay que atacar las vías de financiación de estos grupos, ejercer un control real sobre el comercio de armas, aumentar la colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados, y apostar por una mayor educación política de la ciudadanía, todo ello sobre la base irrenunciable del respeto a los derechos humanos.

Estos (y otros) deben ser los mecanismos sobre los cuales articular otras políticas para ser más eficaces y extender la idea de que sí son posibles otras formas de entender y afrontar el terrorismo.

La investigación abierta tras los ataques de Cataluña que se cobraron la vida de quince personas se va a centrar, en esta segunda fase, en la conexión que la célula yihadista desarticulada tenía con el extranjero y en concreto con Francia, Marruecos y Bruselas, según han informado fuentes jurídicas que recogen Europa Press.

Este es uno de los temas que se han tratado en el encuentro convocado este jueves por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en el que ha participado la cúpula fiscal del organismo, así como los mandos de información de los tres cuerpos policiales al frente de la investigación de los ataques de La Rambla y Cambrils.

Las fuentes consultadas han hecho hincapié en que la comunicación entre Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil es continua desde el primer momento y que el juez ha delimitado la labor de cada cuerpo quedando ésta perfectamente delimitada y coordinada.

Así, los Mossos continuarán al frente de las pesquisas dentro de su competencia territorial y Policía Nacional hará lo propio con lo relativo a otras comunidades y con la comunicación con el extranjero, según las mismas fuentes que precisan que aunque la labor de los Mossos hasta el momento ha sido más notoria, la investigación se lleva desde el inicio de la misma entre los tres cuerpos.

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) será el centro fundamental de coordinación y las conclusiones a las que se lleguen derivadas de la investigación que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional confluirán en este organismo.

Segunda parte: comisiones rogatorias a Francia, Marruecos y Bélgica

Tras una primera parte de la investigación, centrada principalmente en averiguar las identidades de los terroristas de Cataluña y reconstruir los hechos previos y posteriores al atropello mortal de La Rambla y el asalto en Cambrils (Tarragona), se inicia una segunda en la que toma protagonismo el contacto con el exterior y en concreto en tratar de averiguar qué vínculos podrían tener los doce sospechosos con París, Bruselas y Marruecos, para lo que se solicitarán las comisiones rogatorias correspondientes.

En esta segunda fase también se analizarán con mayor cautela detalles concretos de las pesquisas como los resguardos de compra hallados –algunos de ellos casi calcinados– en la masía de Riudecanyes (Tarragona) y que sirvió de guarida para la célula.

Dichos tiques revelan la compra los días 1 y 3 de agosto de 500 litros de acetona así como de material necesario para la confección de artefactos explosivos.

El imán fue el dinamizador del grupo

Las mismas fuentes han concretado que hasta el momento los investigadores no han hallado la figura de una persona cercana a los jóvenes de Ripoll que les instruyera en el uso de explosivos –los cuales almacenaron en el chalet de Alcanar donde se produjo la deflagración con más de un centenar de bombonas de butano– y apuntan al imán de la localidad gerundense Abdelbaki Es Satty como la persona que radicalizó y dinamizó al resto de terroristas, como ya señalaron los cuatro detenidos que declararon el pasado martes en la Audiencia Nacional.

Tras el análisis de estas pesquisas no se descarta practicar nuevas diligencias como futuras detenciones o solicitar la declaración de testigos para esclarecer los detalles de los atentados terroristas.

Las mismas fuentes explicaron que se trata de Moussa Oukabir, de 17 años de edad y nacionalidad marroquí, y que habría fallecido anoche por disparos de los Mossos cuando se disponía, junto con otros cuatro terroristas a cometer otro atentado en esta localidad tarraconense.

Moussa Oukabir es, según las fuentes consultadas, el terrorista a quien se atribuye la autoría material del atentado de Barcelona, y quien a las 16:50 de la tarde, emprendió un atropello masivo desde la Plaza de Cataluña hasta casi la entrada del Liceo. Condujo a toda velocidad y tratando de atropellar a la mayor cantidad de gente posible por la calzada central de La Rambla, por donde paseaban a esa hora cientos de peatones.

Abandonó el vehículo en el mosaico de Miró y huyó. Los testigos presenciales afirmaron que se trataba de una persona de rasgos árabes, de 1,70 de estatura y que vestía una camisa clara de rayas azules.

Las fuentes consultadas por Europa Press explican que se trabaja con la hipótesis de los miembros de la célula terrorista le ayudaron a escapar de la operación jaula activada por los Mossos en Barcelona. Según estas fuentes, habrían usado el Audi A3 que después, sobre la una de la madrugada, usaron para intentar perpetrar otro atentado en la localidad tarraconense de Cambrils.

Moussa Oukadir se unió a ellos en esta nueva acción terrorista, pero en esta ocasión, los Mossos d'Esquadra lograron neutralizarlos a tiros, después de que los terroristas atacaran a un transeúnte en la cara con un arma blanca e hirieran a otros seis, uno de ellos, una mujer, que ha fallecido este mediodía en el hospital.

Uno de los agentes de la policía autonómica logró abatir él solo a cuatro terroristas de los cinco que resultaron muertos en la operación de los Mossos. Hasta el momento, han sido identificados tres de esos cinco. Uno, el ya mencionado Moussa Oukabir y los otros dos son los hermanos Omar y Mohamed Hychamy. Este último, de 24 años de edad, nacido en Mrir (Marruecos) el 15 de enero de 1993, por lo que cuenta con 24 años de edad. La residencia que figura en los archivos policiales, según ha podido saber Europa Press, es la localidad de Ripoll, en Gerona. No contaba con antecedentes penales por terrorismo.

Los investigadores creen que los integrantes más importantes de la célula terrorista están muertos o detenidos. No obstante, explican que están tratando de averiguar si había una persona que liderara la citada célula y de quién se trataba. Las fuentes consultadas explican que el atentado de Cambrils ha abierto buenas líneas de investigación y señalan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están recibiendo abundante información, que están analizando para establecer vínculos.

La Ley del Menor no contempla penas de cárcel para los autores de delitos de terrorismo si tienen menos de 18 años, ya que todas las medidas son de internamiento en centros especializados y complementadas con libertad vigilada y la asistencia a cursos dirigidos a la reinserción.

En términos generales, la medida de internamiento es de un máximo de 8 años, si bien según las fuentes consultadas en el caso de menores a partir de 16 años y si se da el caso de pluralidad de infracciones graves, como serían el asesinato o delitos terroristas, esta medida de internamiento puede llegar a los 10 años.

Si el autor o autores de los atentados son menores irían a un centro de internamiento, pero al cumplir los 18 años ya ingresarían en prisión para cumplir lo que les restara de medida.

La diferencia es muy notable en el caso de que los terroristas sean mayores de edad, ya que en este caso, la condena se impone acumulando la pena por cada uno de los delitos cometidos y el cumplimiento efectivo de prisión podría ser de un máximo de 40 años o prisión permanente revisable.