Las compañías del ÍBEX 35 ganaron 36.400 millones de euros en 2016, un 18% más que el año anterior, pero han elevado sus plantillas apenas un 0,3%. De hecho, sólo una, Inditex, ha aumentado de personal al crecer su actividad; el resto tiene más empleados únicamente porque ha adquirido otras empresas. Ferrovial, que compró ese año Broadspectrum, una firma australiana, también fue la compañía donde más crecieron los gastos de personal, 1.000 millones de euros, un 36,1%.

Sin embargo, el gasto total en personal de las 35 empresas del ÍBEX se redujo en un 0,7% –481,16 millones de euros– en 2016 respecto del ejercicio anterior. Y aún más cayó el gasto medio de personal, un 3,6%. La compañía que más lo recortó fue Telefónica, casi un 21%, seguida de Caixabank –13,4%– y Endesa –11,7%–. Si la atención se pone en el gasto salarial medio, resulta que las mayores compañías españolas sólo subieron sus sueldos un 0,5% en 2016. El gasto de personal –salario, cotizaciones a la Seguridad Social, indemnizaciones por despido, aportaciones a planes de pensiones y retribuciones con acciones– por empleado de las empresas del ÍBEX 25 es de 55.000 euros al año; de esa cifra, 33.000 euros corresponde a los salarios.

Este conjunto de cifras procede de la radiografía que la Fundación Primero de Mayo de CCOO ha hecho del selectivo bursátil español en su informe anual sobre los indicadores de buen gobierno de estas 35 compañías. Para explicar la contención de la partida de personal de estas grandes empresas, además de al número de trabajadores, hay que atender a los cambios en las características de las plantillas. De las 35 empresas del ÍBEX, sólo 18 publican cuántos de sus empleados trabajan a tiempo parcial. En conjunto, los trabajadores por horas representan el 16,57% de su personal, un punto por encima de la media nacional en 2016. Ese año, además, crecieron un 14,2% respecto del anterior, mientras que los trabajadores a tiempo completo sólo aumentaron un 3%.

Pero las cifras se multiplican en algunas compañías. En Inditex, el 61% de su plantilla tiene jornadas a tiempo parcial jornadas a tiempo parcial. La segunda empresa con más empleados con este tipo de contrato es Ferrovial, y cuenta con muchos menos: el 14,8%. Indra alcanza el 14% y Mediaset, el 12,6%. En AENA, Banco Popular y Red Eléctrica, casi toda la plantilla tiene empleos a jornada completa.

A tenor de las cifras reveladas por el informe, algunas de las grandes compañías han aumentado el número de sus trabajadores apostando con verdadero entusiasmo por el empleo a tiempo parcial. Así, Bankinter elevó nada menos que un 777% la nómina de sus empleados por horas en 2016, e Indra un 112,3%, mientras reducía la de trabajadores a tiempo completo un 18,4%. Mediaset la aumentó un 58,4% y Meliá Hotels un 48,7%. También Caixabank y el Banco Santander han optado por las medias jornadas, con un alza, respectivamente, del 26% y el 23,3% –y un descenso del tiemplo completo del 4% en este último caso–. Pero la compañía que más empleados a tiempo parcial contrató en 2016, en números absolutos, fue Inditex: 10.439, casi cinco veces más que Indra –2.539 personas– y el Santander –2.000–.

Por el contrario, la tasa de temporalidad de las 35 grandes el ÍBEX, el 16,7%, está casi 10 puntos por debajo de la media nacional. Excepto en una empresa, la constructora ACS, en la que asciende al 67%, muy por encima del 28% de Meliá Hotels o el 25,6% de Técnicas Reunidas. En Inditex, el 20% de la plantilla tiene un contrato temporal. Por el contrario, no llega ni al 1% el empleo de este tipo en Bankia, Cellnex, Merlin Properties, Red Eléctrica y Banco Popular.

Techo de cristal

En conjunto, las mujeres representaban en 2016 el 48% de las plantillas del ÍBEX, 1,2 puntos porcentuales más que el año precedente. Once de las 35 empresas del índice emplean a más mujeres que hombres: en Inditex las trabajadoras suman el 75,7% y en los supermercados DIA, el 65%. Pero también son mayoría en el Banco Sabadell –56%–, el Santander –55%– y Mapfre –55%–. Por el contrario, en Acerinox apenas equivalen al 11,6%, en Gamesa al 18% y en Cellnex al 20%.

Las grandes del ÍBEX son un claro ejemplo del techo de cristal: pese a que las mujeres equivalen a casi la mitad de sus empleados, sólo el 13% de los altos directivos lo son: 54 de un total de 413. El informe destaca que en seis empresas no hay ni una sola mujer en sus equipos de dirección: Acerinox, Merlin Properties, Gamesa, Telefónica, Iberdrola y Viscofan. En Acciona e Inditex, las compañías con más directivas, sólo tienen a cuatro mujeres cada una en la cúpula ejecutiva. Inditex, además, es la empresa con mayor plantilla femenina: 122.974 trabajadoras. Otro ejemplo: el 54,6% de los empleados de Bankia son mujeres, pero sólo uno de sus cinco altos ejecutivos lo son.

Al pasar a los consejos de administración, resulta que las mujeres representaban sólo el 20% de sus miembros en 2016, después de que ese año se incorporaran siete nuevas consejeras. En cualquier caso, Abertis y Santander cuentan con un 40% de mujeres en sus consejos, mientras que Red Eléctrica e Iberdrola alcanzan el 36% y el 35%. En cambio, Cellnex no tiene ninguna consejera y Técnicas Reunidas nombró a su primera mujer en 2016. Repsol, Técnicas Reunidas, Mediaset, Ferrovial, Bankia, Endesa, Amadeus y Viscofan sólo cuentan con una. Es más, sólo dos de las 89 consejeras del ÍBEX tienen cargos ejecutivos: Ana Patricia Botín en el Santander y Concepción Dancausa en Bankinter. La mayoría, el 31%, son consejeras independientes.

Los mejor pagados y los más 'pobres'

Si el gasto de personal de las compañías del ÍBEX se redujo en 2016, y más aún el gasto por empleado, las retribuciones de sus primeros ejecutivos se elevaron un 9,2% y un 8,6% las de los equipos de dirección. Sin embargo, la remuneración de los consejos de administración se redujo un 3,4%.

De media, los presidentes ejecutivos y consejeros delegados cobraron cuatro millones de euros. Aunque quedaron muy por encima las retribuciones del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, que se llevó 15,3 millones gracias a un paquete de opciones sobre acciones, o los 9,9 millones de Ana Patricia Botín. Pablo Isla se embolsó 10,4 millones en Inditex e Ignacio Sánchez Galán 9,4 millones en Iberdrola. Los pobres del ÍBEX son los presidentes de las semipúblicas AENA –166.000 euros para José Manuel Vargas–, Bankia –750.000 euros para José Ignacio Goirigolzarri– y Red Eléctrica –750.000 también para el consejero delegado, Juan Francisco Lasala–.

De esta forma, la brecha entre los salarios de las cúpulas del ÍBEX y los que cobran sus trabajadores se ensancha. En 2016, la retribución media de un presidente ejecutivo o consejero delegado equivale a 123 veces el sueldo medio de su plantilla. Y esa distancia aumentó 10 puntos respecto al año anterior. Pero se trata de un promedio. Si se pone la lupa en algunas empresas, la brecha se convierte en abismo. En Inditex, la diferencia entre lo que cobra Pablo Isla y la nómina media de sus empleados es una ratio de 559Pablo Islaratio. En Ferrovial, Rafael del Pino cobra 406 veces el salario medio. En el Banco Santander, la remuneración de Ana Patricia Botín multiplica por 233 el sueldo medio de sus trabajadores. Por el contrario, las empresas menos desiguales son también las semipúblicas AENA –con una ratio de 4,7–, Red Eléctrica –12,1– y Bankia –14,4–.

El desfase entre las máximas retribuciones y los sueldos de las plantillas se entiende mejor si se tiene en cuenta que Inditex tiene el tercer gasto salarial medio más bajo del ÍBEX, 18.500 euros. Sólo en DIA, con 15.000 euros, y en Meliá Hotels, con 18.400, el sueldo medio es peor. La empresa con mejores salarios, por el contrario, es la inmobiliaria Merlin Properties, que paga una media de 283.000 euros a cada uno de sus 132 empleados, la plantilla más pequeña del selectivo. Esta socimi también es una de las empresas con menor desigualdad entre trabajadores y cúpula directiva: su primer ejecutivo cobra 22 veces el sueldo medio; sus consejeros, el triple, y los miembros del equipo directivo, 1,5 veces la retribución promedio.

Repsol, reina del blindaje

En el otro extremo, las cuatro empresas con brechas más amplias, tanto si se consideran los primeros ejecutivos, como los consejeros y la alta dirección, son Inditex, Santander, Ferrovial y Mapfre. Además, de los 759 contratos blindados de que disfrutan los consejeros, ejecutivos y directivos del ÍBEX, 244 pertenecen a Repsol –45 menos que en 2015–. A considerable distancia le siguen los 77 de Grifols y los 62 de BBVA. Cinco empresas dicen no tener ninguno: ACS, AENA, Banco Popular, Bankinter y Mapfre.

Finalmente, el informe de la Fundación Primero de Mayo destaca que cinco empresas del índice pagaron en 2016 dividendos a sus accionistas muy por encima de los beneficios obtenidos. Gamesa distribuyó 1.026,9 millones de euros entre sus accionistas, casi 3,5 veces los beneficios de ese ejercicio. Acerinox, casi el doble de lo que ganó: 124,2 millones de euros. Los 3.647,9 millones de euros en dividendos repartidos por Telefónica multiplican 1,5 veces sus resultados. Ferrovial los superó 1,4 veces y Mediaset los excedió en casi cinco millones de euros.

La reprobación de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, no ha salido adelante en el Pleno de del Ayuntamiento de Madrid por la falta de voto de la alcaldesa, Manuela Carmena, en segunda vuelta. La propia alcaldesa ha reconocido en un punto posterior del Pleno que ha sido "un error".

"Creí que apoyaba la tecla verde (de votación) pero por alguna razón no debí apoyarla bien, es el único motivo. Con el sistema de votación electrónica puede haber errores", ha explicado la regidora.

En una primera votación, con voto individual a petición del PP, el resultado había quedado empatado por la ausencia del delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, de baja de paternidad. La alcaldesa ha votado entonces "sí" a la reprobación.

El reglamento obliga a una segunda votación en caso de empate, situación que desempata la presidencia del pleno, esto es, la alcaldesa. En esta ocasión la regidora no ha votado, por lo que por un voto de diferencia, los votos de PP y Cs han conseguido rechazar la proposición presentada por el PSOE y transaccionada por Ahora Madrid por el "comportamiento partidista y discriminatorio" de Dancausa.

El secretario general de CCOO en el Ayuntamiento de Madrid, Juan Carlos Nicolás, ha reconocido a Europa Press que se ha tratado de un error de la alcaldesa y que agradecen el apoyo de PSOE y Ahora Madrid contra el "acoso de Delegación".

El concejal socialista Ramón Silva ha llevado a Cibeles las actuaciones de Delegación de Gobierno contra el acuerdo de recuperación de las 35 horas, el de condiciones de trabajo y retribución de los bomberos, la compensación por el no adelanto del horario en temporada estival en las instalaciones deportivas, la clasificación del personal laboral (afecta a 4.200 personas) o sobre los fondos de negociación colectiva.

Todo ello unido a los cuatro recursos presentados por Delegación contra las modificaciones de crédito en relación al Plan Económico-Financiero (PEF), que afectó a un monto de 271 millones de euros y por los que, tras el levantamiento de las medidas cautelares, se han perdido 69 millones, ha indicado.

La portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, ha explicado que lo que ha tratado de hacer el Gobierno municipal desde el primer momento es tratar de devolver los derechos mermados por el PP, frustradas por la "hiperactividad" de Delegación. "Lo sorprendente es que haga algo más que recurrir", ha ironizado.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha declarado este lunes ante el juez que la investiga por un delito societario sobre una transacción de Mercamadrid que dicha operación fue "buena" para la empresa pública, al tiempo que ha criticado la falta de "unidad de acción" por parte del Consistorio actual.

Dancausa ha declarado durante hora y cuarto ante el magistrado del Juzgado número 15 de Instrucción de Plaza de Castilla, José Luis Calama. Luego, en declaraciones a los periodistas, ha dicho que el interrogatorio ha transcurrido "con absoluta normalidad". "Ha sido positivo haber podido explicar al juez los beneficios de esta operación para Mercamadrid y espero que archive la causa", ha agregado.

La delegada ha aseverado que con dicha transacción se obtenían "beneficios para Mercamadrid". "Eludía una posible responsabilidad patrimonial de 8 millones, ponía en marcha unas naves que eran muy importantes, se aseguraba un canon que tenía concedido hasta 2032 y revertía estas naves para el Ayuntamiento. La operación no tenía ningún coste para el Ayuntamiento porque Mercasa era el que pagaba el contrato de arrendamiento que Mercamadrid realizaba con Merca Ocio", ha explicado.

La representante del Gobierno central en Madrid ha reconocido que hubo "una serie de problemas" con dicha concesión porque el hotel se puso en marcha pero las naves "no consiguieron las licencias".

"Cuando yo llegué en 2013 (como concejal delegada de Economía) veo que había un problema con una demanda de Merca Ocio como contestación a la que Mercamadrid había hecho reclamándole las cuotas que había dejado de pagar por un importe de 600.000 euros. Y había una reclamación de 8 millones, una cantidad importante. Por eso se decide hacer una propuesta tanto del secretario general, letrados, director general y el comité ejecutivo (de Mercamadrid) para esa operación, que vemos que es buena para Mercamadrid. Teníamos un problema importante y lo resolvimos de esa forma porque pensábamos que era lo mejor para Mercamadrid", ha detallado.

​​​​​​​Dancausa también ha negado que como consecuencia de la misma haya un perjuicio para las arcas públicas municipales de 11 millones de euros, como se ha reclamado. "Ese perjuicio sólo podía ocurrir si en 2032 no se ha hecho nada con esas naves, es decir, en el supuesto de ese contrato de arrendamiento se mantuviese hasta ese año y no se hiciera nada", ha añadido Dancausa, quien ha apuntado que en la actualidad dichas naves siguen vacías.

Además, ha acusado al actual Consistorio de Ahora Madrid de "no haber hecho lo que tenía que hacer". "Aquí falta una unidad de acción. Cuando se inicia una operación por un gobierno, si no es fraudulenta, que no es el caso, lo que hay que hacer es tratar de llevarla a término. Y lo que han hecho es llevarla a los tribunales por la vía penal y no tiene ningún sentido", considera.

Por último, Concepción Dancausa se ha mostrado "tranquila" y con la "conciencia tranquila" tras la declaración de hoy. "He contado al juez lo que tenía que contar. Ahora nos queda conocer su propia opinión, es la más importante. Me gustaría el sobreseimiento y creo que no tiene por qué continuar el proceso", ha dicho.

También han declarado hoy el expresidente de Mercasa Eduardo Ameijide; el entonces jefe del departamento comercial de Mercasa, Florencio Casillas; el consejero delegada de Konin 22, que fue la empresa inicial a la que le dieron la concesión traspasando los derechos a MercaOcio, Juan María López Alvarez.

En el caso están investigados todos los que estaban en el Consejo de Administración de Mercamadrid y de ellos de momento sólo han declarado tres personas. En total, el juez investiga a un total de 14 personas.

Un caso muy complejo

En 2001 la empresa Mercamadrid S.A., participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Madrid, convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie suya de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.

​​​​​​​Mercamadrid estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22 cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera.

Siguiendo el relato de la Fiscalía, Merca Ocio comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado.

Merca Ocio formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8 millones de euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

​​​​​​​Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, en 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Merca Ocio y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid "incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional".

Luego Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la vicepresidenta Segunda de Mercamadrid María Dolores Flores Cerdán. Fue ella misma quien un mes más tarde suscribió en representación de Mercamadrid con Merca Ocio dos acuerdos de transacción que puso fin a la vía judicial.

Para la Fiscalía el "enriquecimiento ilícito" de Merca Ocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208,40 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013 cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377,20 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.

En total, hasta octubre de 2016 Merca Ocio recibió 2.255.349,51 euros "para obtener el uso de dos salas —de su propiedad— que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno".

También recuerda la Fiscalía que el acuerdo no resultaba "equitativo" para ambas partes ya que Merca Ocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda "perfectamente contrastada" y a su compensación con rentas futuras. Incluso, subraya que, en contra de lo que afirmaba el informe técnico, la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios no era "viable".

Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81% superior al precio de mercado y deja bien claro que en el "momento actual" no consta "si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Merca Ocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos".

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha sido llamada a declarar el próximo 20 de noviembre en condición de investigada por un presunto delito societario por el caso Mercamadrid, según han confirmado a Europa Press fuentes del organismo gubernativo.

Además, tal y como ha adelantado este miércoles el diario ABC, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid también ha llamado a declarar como investigada a la consejera delegada de Konin 22 —la empresa que se hizo con el concurso traspasando los derechos a Merca Ocio—, María López Álvarez.

En calidad de testigos, serán interrogados ese mismo día el entonces jefe del departamento comercial de Mercasa, Florencio Casillas, y el expresidente de Mercasa Eduardo Ameijide. En total, el juez investiga a un total de 14 personas.

Dancausa ya compareció el pasado 20 de julio en la Comisión Constitucional del Congreso tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid de incoar diligencias por presunto delito societario contra ella en su etapa como concejal delegada de Economía y Hacienda y presidenta de Mercamadrid en 2013 y otros exmiembros del Consejo de Administración de esta sociedad mixta, tras la denuncia cursada por la Fiscalía Provincial de Madrid.

Esa actuación se produjo después de que el actual concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la actual presidenta de Mercamadrid, Marta Higueras, acudieran a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar presuntas irregularidades en relación al contrato de Mercamadrid y Merca Ocio, que acarrearía un perjuicio patrimonial de 11 millones de euros.

En su declaración, la delegada del Gobierno en Madrid defendió que el contrato de Mercamadrid y Merca Ocio estaba avalado por los informes técnicos (en los que no participó), y rechazó que ese acuerdo supusiera un daño patrimonial de 11 millones de euros a las arcas municipales. Además, se mostró "indignada" por la decisión de la Fiscalía de aceptar la denuncia cursada con intención "torticera" por parte del equipo de Gobierno de Ahora Madrid.

Dancausa detalló, a su vez, que existe un informe elaborado por el despacho de abogados en 2016 a petición de Mercasa, no incorporado en la denuncia, que concluye que la operación "no presenta ninguna irregularidad". En la misma línea, aludió a otro informe de la Abogacía del Estado que recomendaba la rescisión del contrato pero no recurrir a la vía judicial.

Por otra parte, aseguró que se trataba de una operación a tres bandas (Mercamadrid, Merca Ocio y Mercasa) que era "beneficiosa" para Mercamadrid porque iba a evitar un litigio que se podía "perder" con Merca Ocio desde 2011, que hubiera supuesto pagar 8 millones de euros.

Denuncia de la Fiscalía

En 2001 la empresa Mercamadrid S.A., participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Madrid, convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie suya de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser Konin 22, S.A.

Mercamadrid estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22 cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, quien se subrogó en la posición de la primera.

Siguiendo el relato de la Fiscalía, Merca Ocio comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado.

Merca Ocio, por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de ochomillones de euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Meca Ocio y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla, "incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional".

El 31 de octubre de 2013 Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la vicepresidenta segunda de Mercamadrid, María Dolores Flores Cerdán. Fue ella misma quien un mes más tarde suscribió en representación de Mercamadrid con Merca Ocio dos acuerdos de transacción que puso fin a la vía judicial.

Para la Fiscalía, el "enriquecimiento ilícito" de Merca Ocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208,40 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013 cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377,20 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.

En total, hasta octubre de 2016 Merca Ocio recibió 2.255.349,51 euros "para obtener el uso de dos salas —de su propiedad— que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno".

También recuerda la Fiscalía que el acuerdo no resultaba "equitativo" para ambas partes ya que Merca Ocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda "perfectamente contrastada" y a su compensación con rentas futuras. Incluso, subraya que, en contra de lo que afirmaba el informe técnico, la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios no era "viable".

Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81 por ciento superior al precio de mercado y deja bien claro que en el "momento actual" no consta "si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Merca Ocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos".

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid incoa diligencias previas por presunto delito societario contra la actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, por una actuación en Mercamadrid realizada en 2013, cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital.

Dancausa y los otros quince señalados por el auto, todos ellos miembros del Consejo de Administración de Mercamadrid en el momento de la operación denunciada, son calificados en la instrucción como investigados.

La Fiscalía Provincial de Madrid presentó una denuncia el pasado mes de abril ante el Juzgado Decano de Instrucción contra dieciséis personas, entre ellas Concepción Dancausa, el hermano de Ignacio González, Pablo González o el director general de Seguridad de la Comunidad Enrique Núñez.

Según ha informado Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha incoado diligencias previas por un presunto delito societario contra Dancausa, Pablo González, Enrique Núñez, José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo J.M. del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Álvarez y José Domingo Rodríguez Losada.

A todos ellos se les ha dado traslado de la denuncia formulada por la Fiscalía Provincial de Madrid, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.

La denuncia del Ayuntamiento

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la presidenta de Mercamadrid, Marta Higueras, presentaron hace un año ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en la sociedad mixta Mercamadrid, participada por el Ayuntamiento en un 51%.

En su denuncia, la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid S.A. convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración. En ambos casos la empresa adjudicatoria resulto ser Konin 22, S.A.

Mercamadrid S.A. estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon superficiario para el hotel 97.604,37 euros anuales y para la otra superficie impuso otro canon que ascendía a 41.830,44 anuales. En 2003, no obstante, Konin 22 S.A. cedió los dos derechos de superficie a la entidad Mercaocio Hoteles 22, quien subrogó en la posición de la primera.

Mercaocio Hoteles 22 S.L. comenzó a explotar el negocio pero en marzo de 2010 dejó de abonar importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa reclamando el dinero adeudado.

Mercaocio Hoteles 22 S.L., por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8.004.535,12 euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de resturación.

Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a paga. Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, adoptó un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial el litigio.

El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Mercaocio 22 S.L. y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla, "incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representacuión de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional".

El 31 de octubre de 2013 Torrecilla dimitió de su cargo y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la Vicepresidenta Segunda de Mercamadrid María Dolores Flores Cerdán. Fue ella misma quien un mes más tarde suscribió en representación de Mercamadrid con Mercaocio dos acuerdos de transacción que pudo fin a la vía judicial.

Para la Fiscalía el "enriquecimiento ilícito" de Mercaocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por los cánones superficiales impagados al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208,40 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013 cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377,20 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.

En total, hasta octubre de 2016 Merca Ocio recibió 2.255.349, 51 euros "para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno".

También recuerda la Fiscalía que el acuerdo no resultaba "equitativo" para ambas partes ya que Merca Ocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda "perfectamente contrastada" y a su compensación con rentas futuras.

Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81 por ciento superior al precio de mercado y deja bien claro que en el "momento actual" no consta "si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Merca Ocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos".

Informe de Ayuntamiento

En ese extenso informe municipal, recogido por Europa Press, se narraba que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a Merca Ocio durante veinte años para evitar un litigio judicial. "Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria", apuntaba el escrito presentado. Las naves "no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10 por ciento del beneficio anual" de Mercamadrid", señalaba la denuncia.

Así, el documento detallaba que "si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad" lo que "es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio".

Daño patrimonial de 11 millones

Sánchez Mato remarcó así que el daño patrimonial para Mercamadrid "puede superar los 11 millones". "Hablamos de la realización de un determinado acuerdo extrajudicial que llevó a la asunción por el anterior equipo de gobierno de unos compromisos económicos muy dañinos para la sociedad y además no hay explicación técnica que lo justifique", destacó semanas atrás el concejal.

En la denuncia se ponían en conocimiento de la Fiscalía otras operaciones como la realización de la ampliación de las infraestructuras de Mercamadrid por una inversión de más de 77 millones de euros.

Según la Cadena Ser, el ayuntamiento de Madrid presentará la demanda civil contra Mercaocio este viernes y asegura que, hasta que concluya el proceso judicial, depositará el juzgado el pago del alquiler de unos 50.000 euros mensuales por las naves vacías de Mercamadrid.

El Consistorio de Manuela Carmena entiende que hay indicios de la comisión de un presunto delito y la existencia de una simulación en el contrato de alquiler de las naves vacías en Mercamadrid y por las que esta obligado a desembolsar unos 50.000 euros al mes hasta el año 2031, en total 12 millones de euros brutos. El acuerdo es del anterior equipo municipal de Ana Botella con la delegada del gobierno Concepcion Dancausa al frente de Mercamadrid.

La demanda civil se presenta después de que la Fiscalía Provincial haya presentado una denuncia por delito societario contra Dancausa, el hermano de Ignacio González, Pablo González, como director de operaciones de Mercasa y otros catorce cargos públicos.

En la demanda, firmada por la primera tenienta de alcalde, Marta Higueras y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, el Ayuntamiento de la capital pide la nulidad del contrato de arrendamiento y la devolución de las cantidades abonadas hasta hoy, en total unos 3 millones de euros de los 12 millones brutos blindados por contrato hasta el año 2032. Hasta que se resuelva la demanda el consistorio depositará el importe de arrendamiento en el juzgado.

La Fiscalía de Madrid ha presentado ante los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia que, entre otros, se dirige contra la actual delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, por un delito societario, según han confirmado a Europa Press fuentes fiscales.

El motivo, según ha adelantado el diario El País, es una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.

Ambos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia por presuntas "prácticas irregulares" encontradas en esta sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51 por ciento, con "responsabilidades políticas por mala gestión".

En ese extenso informe, recogido por Europa Press, se narraba que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves de Merca Ocio durante veinte años para evitar un litigio judicial. "Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria", apuntaba el escrito presentado. Las naves "no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10 por ciento del beneficio actual de Mercamadrid", señalaba la denuncia.

Así, el documento detallaba que "si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad" lo que "es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Merca Ocio si hubiese perdido el litigio".

Daño patrimonial de 11 millones

Sánchez Mato remarcó así que el daño patrimonial para Mercamadrid "puede superar los 11 millones". "Hablamos de la realización de un determinado acuerdo extrajudicial que llevó a la asunción por el anterior equipo de gobierno (del PP) de unos compromisos económicos muy dañinos para la sociedad y además no hay explicación técnica que lo justifique", destacó el concejal.

En la denuncia se ponían en conocimiento de la Fiscalía otras operaciones conocidas recientemente. "En determinados años, y aprovechando la ampliación de sus instalaciones, se produjeron una serie de gastos desproporcionados. Un ejemplo es la realización de la ampliación de las infraestructuras de Mercamadrid por una inversión de más de 77 millones de euros que no ha servido para incrementar ni los ingresos ni la rentabilidad de la sociedad", señalaba el documento.

Con este informe, el Gobierno municipal pedía a la Fiscalía que investigue por si los hechos fueran constitutivos de uno o varios delitos.

Dancausa no comparte la decisión de la Fiscalía

Por su parte, Dancausa no comparte la decisión que ha tomado la Fiscalía contra el Consejo de Mercamadrid cuando ella estaba en el mismo y ha defendido su actuación en esta empresa avalada por informes jurídicos y económicos.

En un escueto comunicado, Dancausa ha aclarado que en "ningún caso" ha sido "encausada por fraude" sino que la Fiscalía "lo que hace es dar traslado para que el Decanato determine si procede abrir una causa judicial por un delito societario del artículo 295 del Código Penal (administración desleal) contra el Consejo de Administración de Mercamadrid".

"Respeto la decisión que ha tomado la Fiscalía Superior de Madrid no la comparto en absoluto. Nos obstante, si los Tribunales estiman que es necesario dar más explicaciones sobre esa operación, estoy a su total disposición para facilitarles la labor", ha señalado.

Asimismo, en relación con esta operación, se ha ratificado en las declaraciones que hizo cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió presentar la denuncia. "El origen de esta operación se remonta a 2001. Las actuaciones de las que estamos hablando contaban con todos los informes jurídicos y económicos favorables y fueron aprobadas por todos los miembros presentes en el Consejo de Administración", ha dicho.

Por último, ha querido dejar claro que el objetivo de la gestión que se realizó en Mercamadrid durante el año y medio que fue presidenta fue "velar por el mejor interés de la empresa en un momento muy complicado", puesto que estaban "sufriendo el efecto de los peores momentos de la crisis".

Dancausa en Mercamadrid

Fuentes próximas a la actual delegada de Gobierno han recordado que en 2013 Dancausa ocupaba la presidencia del Consejo de Administración pero no desempeñaba funciones ejecutivas, "como es habitual en los consejos de administración de las empresas del Ayuntamiento de Madrid".

Del mismo modo, han señalado que la operación consistió en llegar a un acuerdo que "fuera viable" para los intereses de Mercamadrid en un conflicto originado en 2001. Para ello, con los informes favorables correspondientes del Secretario General del Consejo de Administración, a su vez letrado asesor del mismo, y a propuesta de la Comisión Ejecutiva, se concluyó en una propuesta de transacción.

Esta propuesta consistía en que unas naves construidas por Merca Ocio en la superficie cedida en su día por Mercamadrid a tales efectos pasarán a disposición de esta última empresa mediante un contrato de alquiler con la finalidad de que fueran subarrendados por Mercasa.

El destino final de esta operación era que Mercasa pudiera utilizar las naves para su proyecto Mercaorigen. Con esta operación, indican las mismas fuentes, se eliminaba el riesgo de las demandas pendientes por importe de 8 millones de euros; se daba uso económico a unas naves que ya existían y se dotaba a Mercamadrid de un nuevo factor de competitividad, con unos precios adecuados al mercado.

Esta operación fue aprobada en el Consejo de Administración del 16 de octubre de 2013, por 18 votos a favor, incluida la representación de Mercasa, ninguno en contra. Además, apuntan que las auditorías realizadas, tanto la externa, como las internas realizadas por la Intervención General del Ayuntamiento, "no pusieron ningún reparo a la operación".

El contrato de alquiler entre Mercamadrid y Merca Ocio se firmó el 28 de noviembre de 2013. "Posteriormente a la aprobación de la operación y a la firma del contrato, en la Comisión Eejcutiva de 5 de diciembre de 2013, Mercasa plantea, sorpresivamente, que para que su inversión fuera rentable, la concesión del Ayuntamiento a Mercamadrid debería extenderse más allá de la fecha establecida, que era enero de 2032", han señalado.

Así, ha defendido que desde aquel momento, el "empeño" de la Presidencia de Mercamadrid "fue buscar soluciones para dar viabilidad a la condición planteada por Mercasa".

Mercasa es una de las empresas que se han registrado en el marco de la Operación LezoOperación Lezo, que se ha saldado con la detención y entrada en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. También se ha detenido y está en la cárcel su hermano, Pablo González, directivo de Mercasa hasta hace unos días, cuando, tras el estallido de la operación, procedieron a cesarle.

"Alguien debe pensar en dimitir"

"La Fiscalía encausa por fraude a la delegada del Gobierno en Madrid. Creo que alguien debe pensar en dimitir", ha opinado Sánchez Mato en Twitter. No ha sido el único edil de Ahora Madrid en pronunciarse a través de esta vía. Así, la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, ha explicado que se siguen levantando alfombras después de que hace un año llevasen a la Fiscalía la "ruinosa operación inmobiliaria en Mercamadrid".

El consejal de Centro y Chamberí, Jorge García Castaño, ha destacado que con Ahora Madrid Mercamadrid bate récords de crecimiento, mientras que con el PP fueron "años y años sumido en la corrupción". El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, ha arremetido contra el "desprecio por lo público y la pésima gestión" al haber cedido terrenos municipales para acabar pagando 41.500 euros al mes al beneficiario hasta el año 2032. El edil de Fuencarral-El Pardo y Villaverde, Guillermo Zapata, ha indicado que "no es Aguirre, es el PP".

Un millar de agentes de hasta 20 grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos popularmente como antidisturbios, formarán parte este sábado del dispositivo dispuesto por la Delegación del Gobierno de Madrid para velar por la seguridad en la sesión de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, informaron a Europa Press fuentes policiales.

Un portavoz de la Policía Nacional explicó que el dispositivo será el "adecuado" para garantizar el correcto desarrollo tanto de la sesión de investidura como de las protestas en la calle. Incluirá el despliegue de vallas y la restricción del tráfico y de la circulación de peatones en las calles aledañas al Congreso de los Diputados.

El dispositivo, algo inferior al dispuesto en el 'Rodea el Congreso' de 2012 donde se registraron graves disturbios, se terminó de perfilar en la reunión de coordinación celebrada este viernes con la vista puesta en la manifestación "contra el golpe de la mafia" de la Coordinadora 25S, que comenzará a las 17.30 horas desde la plaza Cánovas del Castillo.

Media hora después, las Marchas de la Dignidad 22-M convocaron en este mismo punto otra manifestación con el lema "Contra la represión, amnistía. No al pago de la deuda. Pan, trabajo, techo y dignidad". Pretenden que sirva de preparación de las protestas que anunciaron en distintos lugares de España el próximo 3 de diciembre.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, aseguró por la mañana que es "evidente" que los organizadores de la Coordinadora 25S "trabajan para Podemos". En este sentido, deseó que la manifestación, que no pasará por la Carrera de San Jerónimo donde se ubica el Congreso, se desarrolle "sin alterar el orden público".

El lema de esta marcha será "Ante el golpe de la mafia, democracia" y se llevará a cabo entre las 17.30 y las 21.00 horas. Comenzará en la plaza de Neptuno, a escasos metros del Congreso de los Diputados, y seguirá por el Paseo del Prado, plaza de Cibeles (sin rodearla), calle de Alcalá y Puerta del Sol. Los organizadores utilizaron un cartel en el que aparece en primer término Rajoy con una pistola humeante, acompañado por el rey y los socialistas Felipe González y Susana Díaz.

La polémica por la celebración de esta manifestación se coló este miércoles en el debate parlamentario previo a la primera y fallida votación de investidura de Rajoy. Aunque Podemos se limitó a mostrar su "simpatía" por la protesta, dirigentes y colectivos integrados en el partido de Pablo Iglesias sí ofrecieron su apoyo explícito.

Grupos de izquierda

Es el caso de Anticapitalistas, corriente crítica pero que pactó con Iglesias en el proceso abierto en Madrid, el Círculo de Podemos Pueblo Nuevo o Ganemos Madrid. También se suman organizaciones como Izquierda Unida –Alberto Garzón tratará de abandonar su escaño para participar en la protesta– o Izquierda Castellana, con las que Podemos concurrió en las pasadas elecciones del 26 de junio, y que son dos de las principales impulsoras de la manifestación convocada oficialmente por la Coordinadora 25S y autorizada por la Delegación del Gobierno.

El manifiesto de convocatoria alude a "un gobierno ilegítimo de un régimen ilegítimo". "Debemos demostrar que su régimen es pasado y que sólo nosotras desde abajo", dicen, "podemos construir un futuro". "Frente a su Congreso vacío de democracia oponemos nuestras plazas llenas de lucha", defienden.

Multas de hasta 30.000 euros

La Ley de Seguridad Ciudadana contempla multas de hasta 30.000 euros para quienes participen en concentraciones frente al Congreso de los Diputados siempre que se perturbe de forma grave la seguridad.

La conocida como 'Ley Mordaza' –cuestionada por la oposición, que pide su derogación– contempla en su artículo 36 las 23 faltas graves castigadas con una sanción de entre 601 y 30.000 euros. "La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas" es uno de los escenarios castigados.

El Código Penal fija también la pena de hasta un año de prisión en el caso de alterar el normal funcionamiento de la Cámara Baja. "Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento", establece el artículo 494.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, guarda silencio ante las numerosas críticas y peticiones de dimisión o cese de las que ha sido objeto tras tumbar el juzgado número 11 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid la prohibición de exhibir banderas independentistas catalanas –esteladas– en la final de la Copa del Rey de fútbol que se celebrará este domingo en el estadio Vicente Calderón (Madrid).

A preguntas de este diario, fuentes de la Delegación se limitaron a expresar que el auto "se acata" y que "no se va a recurrir". Sobre si Dancausa se plantea abandonar su cargo, no hubo respuesta oficial. Fuentes del departamento añadieron, informa Europa Press, que "independientemente del auto la Delegación sigue compartiendo el criterio estrictamente técnico" que había adoptado, porque "es un debate de seguridad ciudadana, no de símbolos".

El auto conocido este viernes [ver en PDF] subraya que la no adopción de la suspensión cautelar "haría perder la finalidad legítima del recurso por razones obvias, dada la prontitud de la celebración del evento" y argumenta que "en ningún caso ha resultado probado" que la exhibición de esteladas "pueda incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana", sino que está amparada por "la libertad ideológica".

Petición de dimisión

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió la dimisión o el cese de Dancausa: "Cuando un poder público intenta impedir un derecho democrático como la libertad de expresión, en un país normal se exigen responsabilidades: la dimisión o, si no hay dimisión, el cese", explicó en rueda de prensa desde la Generalitat. Puigdemont también exigió "explicaciones y rectificaciones" a los ministros que habían avalado la prohibición de ir con esteladas al campo.

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, también pidió la dimisión de Dancausa. En declaraciones a los medios, señaló: "Nos parecía desproporcionada la medida porque en democracia toda restricción de la libertad de expresión hay que hacerla de una manera justificada y esto no estaba justificada". "No se puede echar gasolina al fuego como se pretendía con esta medida. Sería bueno que asumiese la responsabilidad y presentase la dimisión o que la cesase el Gobierno", recomendó.

José Manuel López, portavoz de Podemos en el parlamento madrileño, acusó por su parte a Dancausa de utilizar la Delegación como "plataforma para la campaña electoral". "La Ley del Deporte entró en funcionamiento en 2007 y hasta ahora no se han prohibido ninguna estelada y curiosamente se prohíbe en este partido. El PP de nuevo intenta utilizar las instituciones a su servicio porque está en campaña electoral. ¿Qué es lo que ha cambiado de 2007 a aquí? Dancausa ha utilizado su puesto para hacer campaña", dijo.

El juzgado número 11 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha tumbado este viernes la prohibición de portar banderas independentistas catalanas –esteladas– en la final de la Copa del Rey de fútbol que se celebrará el domingo en el estadio Vicente Calderón (Madrid), acordada por la Delegación del Gobierno en Madrid. Así, el juez ha estimado parcialmente el recurso de la asociación de abogados Drets.

En el juzgado número 15 sigue pendiente de resolverse el recurso del F.C. Barcelona contra la misma decisión. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid consultadas por este diario, cabe la posibilidad de que el juez del número 15 "asuma" o "haga suya" la resolución del juzgado 11 siempre y cuando esté de acuerdo con ella.

El auto del juzgado 11 conocido este viernes [ver en PDF] no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión e indica que la suspensión de la decisión de la Delegación del Gobierno "se mantendrá hasta que se dicte sentencia firme que ponga fin al proceso". Además, subraya que "la no adopción de la medida de suspensión cautelar de la actuación impugnada haría perder la finalidad legítima del recurso por razones obvias, dada la prontitud de la celebración del evento".

Defensa del pluralismo

El juez argumenta que "en ningún caso ha resultado probado" que la exhibición de esteladas "pueda incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana", y que tampoco se ha justificado "en qué medida infringe el orden jurídico existente" o pudiera suponer una "perturbación grave de los intereses generales" la "manifestación de una ideología política o creencia".

Añade que "libertad de expresión, de opinión e ideología no se reconoce de una manera absoluta" por "la necesidad de evitar su colisión con otros derechos y libertades también fundamentales", si bien "no se entiende (...) que la exhibición de banderas que manifiestan un sentimiento o ideología pueda, en principio, constituir o generar violencia, racismo, xenofobia o intolerancia en el deporte, siendo una mera manifestación de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los pensamiento, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción" protegido en el artículo 20.1 de la Constitución.

"El valor del pluralismo político comporta la libertad para pensar, expresarse y participar o no participar en los procesos políticos en condiciones de transparencia e igualdad con los demás actores políticos, y en la medida en que la democracia implica pluralismo, ampara la discrepancia y las formas en las que ésta pueda manifestarse, siempre que esa expresión sea, a su vez, respetuosa con los derechos de los demás", se insiste en el escrito.

No habrá contraorden

El recurso de la asociación Drets señalaba que la prohibición "no encuentra fundamento legal" porque la estelada es "un símbolo reconocido por el Parlament de Catalunya como pacífico y no violento, cuya exhibición queda amparada por la Libertad de expresión y la Libertad Ideológica", ambas protegidas por la Constitución. También mencionaba que no puede considerarse "su exhibición como susceptible de alterar el orden público" y que las esteladas se han exhibido "de forma masiva y general en las últimas Copas del Rey disputadas por el F.C. Barcelona sin que ello haya producido alteración alguna del orden público". 

Además, solicitaba una segunda medida cautelar que el juzgado no ha aceptado, consistente en que se emitiera una nueva orden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "declarando de forma expresa" que se pueden exhibir y portar esteladas en la final de la Copa del Rey. El auto razona que no han "resultado debidamenta acreditadas" las circunstancias "muy excepcionales" que deberían concurrir para acceder a esa petición.

Decisión polémica

La decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid había provocado una intensa polémica. El organismo que dirige Concepción Dancausa había basado la prohibición en la Ley contra la Violencia en el Deporte, que impide exhibir "pancartas, símbolos, emblemas o leyendas" que "inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de manifiesto desprecio".

Ese criterio había contado con el respaldo de miembros del Gobierno en funciones y del PP, mientras que los partidos de la oposición y autoridades catalanas habían expresado su rechazo. También un buen número de expertos en Derecho Constitucional cuestionaron la prohibición, al entender que carece de justificación porque la estelada o es ilegal ni fomenta el odio, de modo que se estaba limitando la libertad de expresión.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la entrada de banderas independentistas catalanas –esteladas– a la final de la Copa del Rey de fútbol, que enfrentará al Barcelona y al Sevilla el 22 de mayo en el estadio Vicente Calderón. El organismo que dirige Concepción Dancausa alega para justificar la decisión el artículo 2.1 de la Ley contra la Violencia en el Deporte, que contempla como delitos o faltas "la exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de manifiesto desprecio".

La decisión ha generado una intensa polémica. En la tarde de este jueves, los grupos parlamentarios en el Congreso de Democracia y Libertad y ERC solicitaron la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para explicar una prohibición que tacharon de "ataque grave a la libertad de expresión". El president de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, Carles Puigdemont y Ada Colau respectivamente, anunciaron que no asistirán al encuentro en señal de protesta, y el conseller de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, consideró que el Gobierno "no tiene vergüenza" al prohibir la bandera. Cargos del PSOE como el portavoz en el Senado Óscar López y exdiputado Eduardo Madina también criticaron la decisión, al igual que hicieron dirigentes de Podemos como el secretario general del partido, Pablo Iglesias.

Dancausa, por su parte, ha defendido la prohibición y ha dicho que la bandera estelada es una "enseña partidista" que "no es legal" y que puede generar "conflicto" en este evento, por lo que su no autorización es una cuestión de orden público y "no hay ninguna razón política" en ello. Dancausa ha insistido en que las esteladas pueden emplearse como un "elemento de propaganda política" y ha afirmado que en partidos anteriores ya se adoptaron decisiones similares para "prevenir el orden público". Cargos del PP y del Gobierno en funciones han apoyado ese criterio. El portavoz conservador en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho que se trata de una bandera "ofensiva" para muchos españoles, mientras que el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García Margallo, ha afirmado que la enseña en cuestión está "fuera del orden constitucional".

Una decisión injustificada

Joaquín Pablo Urías, doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, asegura que se ha hecho una "interpretación muy discutible" de la norma para justificar la decisión, porque "se ha considerado que la estelada incita al odio o la violencia". "No cabe utilizar la Ley contra la Violencia en el Deporte para prohibir expresiones que no gustan al Gobierno. Este es un caso de insuficiencia argumentativa y de uso de la ley con interés político", sostiene Urías, que recuerda que la estelada no tiene carácter "oficial" pero advierte de que tampoco es "ilegal" ni tampoco "ofensiva". A preguntas de infoLibre, la Delegación del Gobierno en Madrid no aclaró si ha solicitado algún informe jurídico para determinar si la bandera estelada puede ser considerada un símbolo que fomente la violencia.

Más contundente incluso es el Doctor en Derecho Constitucinal y profesor Fernando Álvarez-Ossorio: "Creo que no tiene fundamento ninguno. Esto no hay por dónde cogerlo", dice sobre la decisión adoptada. "La estelada no es una bandera que incite al odio–comenta–, sino una bandera que emplean quienes libremente consideran que Cataluña debe ser independiente. La ley está hecha, por ejemplo, para que en un estadio no entre una esvástica". Álvarez-Ossorio recuerda que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han amparado reiteradamente las ideas que "chocan, inquietan o perturban" a las propias, y defiende que el ámbito de la libertad de expresión ampara la exhibición de la estelada. "Si no la libertad de expresión no sería tal, sino un tratado de buenas maneras", zanja.

En la misma línea, Fernando Flores, profesor titular de Derecho Constitucional, asegura que la ley que invoca la Delegación del Gobierno "no está dirigida a prohibir banderas que expresen una determinada ideología, sino a impedir la entrada de banderas nazis, símbolos racistas o que atenten contra los derechos de los demás". Flores admite que pueda haber gente que se sienta "ofendida" por las esteladas, pero afirma que la prohibición no es la solución y recuerda que hay otras opciones, como "separar a los aficionados" en el campo o un despliegue policial amplio para impedir disturbios. "Las banderas en este caso no son un motivo que justifiquen la prohibición, sino una excusa. Son banderas legales, no oficiales, pero legales. Prohibirlas es sacar las cosas de quicio", considera.

Una bandera legal

Precisamente sobre la legalidad de la bandera, los expertos recuerdan que la estelada no es inconstitucional, como algunos cargos políticos han sostenido. Lo que va contra la Constitución es que las instituciones la utilicen en actos y organismos públicos en sustitución de la bandera oficial que, en el caso de Cataluña, es la compuesta por cuatro barras rojas sobre un fondo amarillo. Así, por ejemplo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el pasado 6 de mayo el recurso interpuesto en junio del pasado año por CiU contra la decisión de la Junta Electoral Central que prohibió el uso de la estelada en espacios y edificios públicos de las cuatro provincias catalanas durante la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015 por simbolizar las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella.

Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco añade que "a la estelada exhibida por un particular no le afecta la legislación de banderas oficiales al no ser una institución", de modo que en tema que nos ocupa "es irrelevante que sea bandera oficial o no". Vírgala recuerda que la ley sólo contempla la posibilidad de prohibir banderas que inciten a actos violentos o terroristas o que "constituyan un acto de manifiesto desprecio", y afirma que la estelada no encaja en esa definición: "La estelada es una bandera independentista que, por sí sola, no induce ni a la violencia ni al terrorismo. Si la Delegada del Gobierno tuviera pruebas en sentido contrario, tendría que mostrarlas en su resolución con datos concretos en los que basarse para demostrar que tiene conocimiento de que determinadas personas tienen intención de provocar la violencia con la estelada. Si no, su decisión es claramente inconstitucional", zanja.

Limita las libertades

Las fuentes consultadas por infoLibre también consideran que la decisión de la Delegación del Gobierno atenta contra la libertad de expresión. Vírgala dice que los particulares están cubiertos "por la libertad de expresión del artículo 20.1.a de la Constitución" cuando muestran banderas esteladas y que "la limitación de la libertad de expresión o de cualquier otro derecho fundamental ha de interpretarse siempre muy restrictivamente". "El Constitucional solo permite limitaciones a la exhibición de símbolos o banderas si incitan a la realización de actos violentos o de odio contra personas o determinados colectivos", advierte el experto, que considera que esta circunstancia no está acreditada en este caso, de modo que no ve justificada la prohibición.

Para Urías mostrar la bandera es "un ejercicio de libertad de expresión" para cuya limitación sería necesaria una "argumentación específica" que en este caso no se ha ofrecido por parte de la Delegación. "Se están vulnerando derechos fundamentales", coincide Flores, que menciona varios aspectos controvertidos: "La decisión no cumple el criterio de legalidad porque no tiene un respaldo legal claro, no cumple el criterio de necesidad porque no es necesario impedir que se muestre la bandera para evitar una situación violenta, y tampoco se cumple el de proporcionalidad", insiste. "Con toda seguridad se está dañando la libertad de expresión", dice también Álvarez-Ossorio.

Finalmente, y sobre los cacheos y registros que podría practicar la Policía en las inmediacioes del recinto deportivo para impedir que los espectadores accedan al estadio con las banderas prohibidas, Vïrgala dice que "están permitidos por la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, pero sólo si hay indicios de que se portan instrumentos para producir violencia o para cometer delitos, lo que no es el caso". "Podrían realizarse cacheos para incautar instrumentos de violencia, pero no simplemente para apoderarse de esteladas", dice.

Flores apunta que esos registros conculcan la libertad personal que consagra el artículo 17 de la Constitución, pues sólo pueden practicarse ante una "causa justificada" que a su juicio no existe en este caso. Urías discrepa y los considera "razonables" toda vez que se ha establecido la prohibición de introducir las banderas, mientras que Álvarez-Ossorio no sólo los rechaza, sino que cree que pueden ser "contraproducentes" y provocar situaciones de "tensión" y "conatos de violencia" como los que, supuestamente, se quieren evitar. En esa misma línea, el experto opina que la decisión de la Delegación del Gobierno "hace daño a las instituciones, a las relaciones con Cataluña e incluso deja en mal lugar al rey". "Quien ha tomado esta decisión puede haber inoculado en el evento un ambiente de violencia que no existía antes", concluye.

Otras polémicas

No es la primera ocasión en la que la estelada causa polémica en el deporte español. La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA –el órgano de gobierno del fútbol europeo– multó en junio de 2015 con 30.000 euros al Barcelona porque el público exhibió banderas independentistas en un partido contra el Juventus italiano. En octubre de 2015 el mismo organismo impuso otra sanción por el mismo motivo, aunque por un importe de 40.000 euros. Esa última sanción quedó, sin embargo, suspendida cautelarmente unas semanas después porque el equipo catalán recurrió a instancias superiores. En cualquier caso, es importante señalar que la UEFA dispone de su propio reglamento deportivo que se aplica en las competiciones europeas que organiza y que establece, en artículo 14, que "toda forma de propaganda ideológica, política o religiosa" está prohibida. El ámbito de la legalidad y el del reglamento deportivo de la UEFA no es, por tanto, comparable.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, sostuvo este domingo que, a su juicio, la Cabalgata de Reyes "no es el lugar para reivindicar políticas de igualdad", a raíz de la iniciativa de los distritos de San Blas-Canillejas y Puente de Vallecas donde mujeres se disfrazarán de Reyes Magos en sus respectivas cabalgatas.

En una entrevista concedida a la Cadena COPE y recogida por Europa Press, Dancausa aseguró que con iniciativas como esta no se piensa "en los verdaderos protagonistas, que son los niños", ya que lo que consiguen es "confundir a los niños".

Así, sobre las políticas de igualdad, la delegada del Gobierno apuntó que no cree en el sistema de cuotas, al considerar que no son necesarias en países donde las mujeres tienen acceso a la educación. "Cuando las mujeres han tenido acceso a la educación de forma mayoritaria no han necesitado que nadie las ponga", subrayó.

De esta forma, manifestó que una de sus responsabilidades más "difíciles" a lo largo de su carrera política fue su labor como directora general del Instituto de la Mujer. "Llegamos en el año 1996, el PP tenía poca credibilidad en temas de la mujer, y era nuestra prueba de fuego como partido político que gobernaba por primera vez", agregó, afirmando que demostraron que "las mujeres del PP" creen en la igualdad "exactamente igual que las del PSOE y de otros partidos".

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, señaló este viernes que sería “un error” cambiar los nombres de algunas calles de Madrid que recuerdan a personajes relacionados con el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista. “La historia de este país es la que es y ha tenido periodos extraordinarios y periodos probablemente más oscuros, pero yo creo que ignorar lo que ha pasado, eliminar los símbolos, tratar de borrarlo, a mí me parece un error”, sostuvo Dancausa.

La delegada del Gobierno advirtió de que si finalmente se cambia la nomenclatura de estas calles, se estaría ignorando una parte de la historia de España, lo que podría llevar a cometer los mismos errores en un futuro. “La realidad es que si no aprendemos de lo que ha pasado, volveremos a caer en los mismos errores”, argumentó, informa Europa Press.

El nuevo equipo de Gobierno municipal de Madrid, encabezado por Manuela Carmena, ha planteado esta semana la posibilidad de sustituir los nombres de algunas calles de la capital con reminiscencias franquistas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Deberíamos celebrar el cambio de actitud de la Delegación del Gobierno, que ha decidido no correr a palos a estos ciudadanos a pesar de que agredían a periodistas que cumplían con su trabajo, y de que la concentración no estaba autorizada. Digo deberíamos porque esta vez no se ha tratado al personal como si fuera ganado, los ojos de los que allí se encontraban permanecen todavía en sus órbitas a falta de impactos de las consabidas pelotas de goma que habitualmente se usan en este tipo de eventos, y ninguno de los asistentes ha tenido que ser ingresado en un hospital tras pasar por los métodos correctivos de las fuerzas represivas.

Uso el condicional cuando afirmo que deberíamos celebrar este trato a la ciudadanía porque soy muy mal pensado y me temo que esto no es un cambio de tendencia. En las siguientes acciones de protesta, es posible que vuelvan a llover los palos y que se solicite de nuevo la documentación a los agredidos para que tengan que pasar, como dios manda, por las correspondientes dependencias judiciales a explicar delante del magistrado su insistente resistencia a la autoridad.

Y uno que observa lo surrealista de la situación en la que se ve inmerso un contribuyente que tiene que ir a defenderse a la sala de un tribunal por haber sido apaleado, piensa que eso de la resistencia a la autoridad debe referirse a la oposición que presenta el tejido óseo a ser atravesado por las porras de los policías por tener una densidad mayor. La concentración de los osteocitos es un fenómeno ajeno a la voluntad del que discrepa y de difícil solución. No debe cargar el apaleado con la pena de la resistencia, pues es responsabilidad del Altísimo tomar la decisión de hacer nuestro cuerpo poco flexible y nada receptor a los impactos con objetos contundentes.

Ahora, los que somos utópicos y demagógicos sólo aspiramos a que doña Concepción Dancausa dé el mismo trato a los que no son de los suyos, y todos tan contentos. Fue emotivo leer su mensaje en las redes sociales condenando las agresiones que sufrieron los periodistas durante esa concentración, en presencia de la policía, como si fuera una ciudadana más y no tuviera la menor responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos.

Me habría gustado que, ya que se ponía a condenar, condenara también que los señores uniformados se limitaran a pedir la documentación al periodista al que rompieron la cámara que, atónito, creía estar viviendo el mundo al revés. Menos mal que, al menos, no siguieron las indicaciones de los que allí protestaban a favor de la democracia y contra el totalitarismo que traerá Carmena cuando gritaban a los periodistas: “Os tenían que meter un tiro”.

En fin, el caso es que la señora condesa consorte del receptor de las subvenciones que tanto detesta, acostumbrada ella a ocupar el poder después de maniobras turbias como la que dio en llamarse Tamayazo, en honor a uno de los dos diputados que con su ausencia impidieron la llegada a la Presidencia de la Comunidad de Madrid de Rafael Simancas, vuelve a las andadas convocando a todas fuerzas políticas “democráticas” a una macedonia contranatura para evitar que los soviets tomen el Ayuntamiento.

La patética rueda de prensa en la que la altruista condesa se ofrecía para regenerar la democracia parecía más bien un atril de una casa de subastas en la que la señora ofrecía una oportunidad a los buenos entendedores para que se apuntaran a la carroza de los ganadores, que es donde se reparte el turrón. Recordemos que afirmaba con vehemencia no conocer de nada, ni tener ganas, al señor Tamayo, hasta que este se plantó en la Puerta del Sol montando el pollo y exigiendo que le recibiera la presidenta. Por supuesto la señora condesa dijo que no le iba a recibir por tratarse de un ser corrupto y felón, para acto seguido hacerle entrar porque el sospechoso diputado que la llevó a la Presidencia se despachó allí mismo con declaraciones acerca de exigencias extrañas sobre supuestas deudas impagadas.

Amenazaba con irse de la mui si no se cumplía lo pactado. El caso es que al final el señor Tamayo entró y no sé qué pasaría en el despacho que no se ha vuelto a saber de él. O sea, que quedó contento el hombre con lo que acordó con la señora condesa a la que no conocía de nada, pero que reclamaba como garante de la deuda pendiente el tradicional “cómo va lo mío”. La cosa se solucionó con plena satisfacción de la parte demandante. Hay que ver lo convincente que es esta señora, debería dejar su puesto de cazatalentos y aprovechar su historial para entregarse de pleno al de amansadora de malhechores, tal vez un día llegaran a hacer una película con su vida: La mujer que susurraba a los corruptos.

“Si al final no pasa nada”, debe pensar doña Esperanza ante la reticencia de los demás a formar parte del frente anti Carmena, sabedora de que el pueblo traga con lo que le echen, y de que los suyos apoyan cualquier superchería porque esto de aceptar las reglas del juego no es lo suyo, son portadores de valores eternos y el fin supremo que dirige sus destinos está por encima de estas tonterías de la democracia y su servidumbre.

“Estos son idiotas”, se dirá cuando echa las cuentas de los millones que hay en juego en los superpelotazos urbanísticos pendientes en Chamartín, Plaza de España, Operación Manzanares, y demás… Para colmo, mientras escribo este artículo, se hace pública la sentencia del Tribunal Constitucional que da vía libre a la privatización del Canal de Isabel II que gestionara ella misma y que como las operaciones anteriores son vitales para el progreso, el desarrollo de la ciudad y también de las iniciativas privadas que ven euros donde los demás quieren ver zonas verdes, centros culturales y espacios para la expansión del populacho.

Al enterarse de la sentencia le debe haber dado un repente como los de la niña de El exorcista. Me la imagino con la cabeza dando vueltas, echando espumarajos por la boca y pegando botes en el colchón al pensar en la canalización de euros que podría derivarse a la talega de los colegas en un Plan Eurológico Nacional y que se pierde en la mar océana de lo púbico.

La imbécil de Carmena no se entera del beneficio que hay detrás de estas operaciones, como dijo Jeff Bush con respecto a la guerra de Irak ante la reticencia del pueblo español a entrar en el conflicto. Carmena no es ni joven ni emprendedora, no es la niña de Rajoy y dificulta el normal desarrollo de la economía productiva, liberal y nacional católica, en favor de los deseos del populacho, que sólo piensa en su bienestar y el de sus hijos porque no tiene visión de la Historia, apenas es capaz de contemplar el pequeño círculo de terreno que abarca el campo visual cuando inclina su testuz para pastar en las fértiles praderas del amo. “Hay todo un universo ahí afuera que sólo los grandes visionarios saben interpretar”.

Estos bolivarianos son un freno para la economía y no saben con quién se la juegan. Todavía apelan a la democracia para llevar adelante sus demagógicos e inviables programas. Si no saben aprovechar una Alcaldía, que no se metan y dejen espacio a los demás.

Aún queda una última oferta que la señora Aguirre puede hacerle a Carmena: “Quédate en casita, te hago socia de las empresas adjudicatarias y te llevas una pasta todos los meses. Es legal, te lo juro”.

Y lo es, por eso debemos aprovechar la satisfacción que produce ver patalear a esta caterva de amorales. Subamos a la superficie, llenemos los pulmones de aire y dejémonos rozar por este sol radiante, que hay que volver a la inmersión.

Así es la triste vida de los cazadores de perlas.

Hay voces bien sonoras en los medios que dieron por muerto y enterrado el 15-M por navidad del mismo año. Que el PP ganara por mayoría absoluta las elecciones generales les puso todavía más fácil la gimnasia de darse la razón a sí mismos y concluir que aquello había sido una especie de enorme botellón sin mayor significado sociológico, amplificado por algunas televisiones y por esa gente que dedica el tiempo libre a discutir en las redes sociales. Cuando Sol volvió a llenarse de vez en cuando, o se produjeron concentraciones multitudinarias y pacíficas ante el Congreso, esas mismas voces no aceptaron que el espíritu del 15-M siguiera vivo sino que decidieron que se trataba de grupos muy bien organizados y peligrosos para la estabilidad institucional, de modo que lo apropiado era endurecer la legislación sobre el derecho de reunión y manifestación y sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Una labor a la que el PP se ha entregado con entusiasmo.

La salud del muerto

El resultado de Podemos en las elecciones europeas de hace un año, por sorprendente que fuera para políticos, tertulianos y encuestadores de todo signo y condición, permitió de inmediato lucirse a los mismos perspicaces analistas que habían dado por muerto el 15-M, porque decidieron que Podemos era la articulación política de aquel movimiento indignado. No han explicado cómo se puede articular políticamente a un muerto, y tampoco importa mucho a estas alturas. (*)

Me preguntan colegas de un canal británico de televisión dónde creo que está hoy el 15-M. Y respondo eso que sienta tan mal en algunas tertulias españolas: no lo sé. Entre otras razones porque seguramente nunca estuvo en ningún “sitio” concreto. Algunos creyeron o quisieron creer que todo empezaba y acababa en la Puerta del Sol, o en unos cuantos blogs, o en determinadas plazas de barrios de las ciudades. Otros quizás pensaron que bastaba con traducir en propuestas políticas unos cuantos gritos de la indignación, desde el “no nos representan” hasta “democracia real” o “no hay pan para tanto chorizo”. Quien se arrogue en exclusiva la representación del 15-M contradice precisamente una de las esencias de su espíritu, y ese tacticismo quizás le pase factura.

Efectos visibles

Harán falta más de cuatro aniversarios para averiguar exactamente la trascendencia sociológica y política del 15-M. O de los 15-M, porque en ningún momento se ha tratado de un movimiento único, ni en origen ni en desarrollo. Como mucho, uno se atreve a citar a los colegas británicos algunas cosas que probablemente no habrían sucedido en España sin el 15-M: no existiría Podemos; ni el rápido empuje de la réplica a ese fenómeno desde la derecha, Ciudadanos; ni se habría extendido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); ni se habría elevado tanto la exigencia de transparencia y honestidad en la política; ni se habría hecho tan evidente la crisis del bipartidismo o incluso del partidismo. Sin el 15-M posiblemente los aparatos de las formaciones de izquierda seguirían acomodados en su inercia, en su modo de vida, confiando ciegamente en las marcas y muy poco en las personas. Ni en el PSOE habrían pensado para Madrid en Ángel Gabilondo ni en Izquierda Unida habrían pedido a Luis García Montero que diera un paso más en su compromiso. En el PP, por el momento, resulta muy complicado percibir consecuencias del 15-M. (Desde el poder todo se ve o se intenta ver con mucha mayor distancia).

Lo ocurrido hasta hoy sería inexplicable sin la realidad digital, sin las redes sociales, pero también sin la insoportable corrupción y sin una gestión injusta de las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera. El 15-M tampoco fue un big-bang del que surgió un mundo nuevobig-bang. Hay mucha gente en la marea blanca, en la verde, en las protestas que echaron abajo la ley Gallardón contra el aborto y en todo tipo de movimientos cívicos (incluidos muchos militantes de grupos políticos y sindicatos) que llevan peleando en defensa de los derechos sociales desde mucho antes de la primera acampada de Sol.

Una de las mayores bobadas que hubo que escuchar en mayo de 2011 sobre el 15-M fue que hacía daño a la Marca España. Acaba de repetirlo la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, a quien habrán llamado los mismos colegas del canal británico, sorprendidos por cierto de que el PP siga encabezando todas las encuestas pese a los escándalos de corrupción. Según ellos, eso sí que mancha la Marca España.

(*) Si a alguien le interesa conocer el origen y desarrollo de Podemos, últimamente se han publicado hasta nueve ensayos diferentes. Por la información que aporta, cabe destacar 'Podemos. Objetivo: asaltar los cielos', de Jacobo Rivero, editado por Planeta.

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, sostiene que el 15-M "favorece al partido político Podemos", y no "a ningún otro partido ni situación general española" como la "Marca España".

La sustituta de Cristina Cifuentes fue preguntada en una rueda de prensa por unas declaraciones del Alto Comisionado de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, en las que sostuvo que el debate que suscitó el 15-M hace cuatro años, surgido días antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas, "enriquece" a todos.

"Yo lo que creo es que favorece en todo caso al partido político Podemos. Que yo sepa no ha favorecido a ningún otro partido ni a ninguna otra situación general española", dijo Dancausa. Sostuvo que "otra cuestión es que fuera difundido en toda España" y ha sostenido que, sinceramente, no cree que "fuera la mejor imagen".

La delegada del Gobierno recordó que, como ya ocurrió en la jornada de reflexión de las elecciones autonómicas y locales de 2011, la Junta Electoral Provincial y la Central puede prohibir actos para ese día aunque no se comuniquen oficialmente, como es el caso de la concentración y asamblea convocada por el 15-M para el próximo día 23 en la Puerta del Sol.