Las lluvias de las últimas semanas han dejado una cantidad récord de agua para el mes febrero en los embalses españoles. La reserva hídrica ha aumentado otro 5,2% durante la última semana, con incrementos en quince de las dieciséis cuencas, y los embalses acumulan 46.229 hectómetros cúbicos de agua. Ningún mes de febrero del histórico del Ministerio de Transición Ecológica (que comienza en 1988) había registrado tanta agua almacenada. En términos absolutos del año, es también la mayor cifra desde abril de 2014.

En los últimos siete días el aumento ha sido de 2.888 hm3, importante pero inferior al de las dos semanas anteriores, cuando las fuertes lluvias supusieron dos récords consecutivos de incremento de agua embalsada, con un 8,1% y un 10,1%.

Durante esta semana, señala el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península y la máxima se ha producido en Vigo, con 165,9 l/m².

Los embalses de la cuenca de Tinto, Odiel y Piedras son los únicos que no han crecido en los últimos siete días y han bajado del 95,2% al 93,9%.

Según los datos facilitados por el MITECO, todas las cuencas excepto las del Segura están por encima del 61,8 % de su capacidad, que es la que tiene la cuenca del Júcar.

 Ocho de ellas rebasan el 90%. Son las Cuencas Internas del País Vasco (95,2%), Galicia Costa (95,2%), Tinto, Odiel y Piedras (93,9%), Cuencas Internas de Cataluña (92,6%), Guadalete-Barbate (90,9%), Cantábrico Occidental (90,8%), Cantábrico Oriental (90,4%) y Miño Sil (90,4%).

Los incrementos más acusados se han registrado en la cuenca del Ebro, que ha pasado de estar al 74,3 de su capacidad a alcanzar el 81,5% (+7,2), seguida por las del Guadalquivir (del 74,4% al 80,6%, +6,2) y del Segura (39,4% a 45,6%, +6,2).

Algo menos suben las de Guadalete-Barbate (sube un 5,8%), Duero (5,5%) y Guadiana (5,1%).

Las cifras facilitadas por MITECO señalan que la reserva hídrica almacenada en la actualidad, 46.229 hm3 , es superior en 16.380 a la del año pasado en las mismas fechas y en 15.677 a la media de los últimos diez años.

La Casa de Alba esta a un paso de poder volver a utilizar el agua de Doñana para regar su finca Aljóbar de Aznalcázar, cercana al acuífero. Ya lo consiguió durante una década, en los que robó supuestamente entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos de agua. Ahora, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, podría volver a permitirlo pese a que la Guardia Civil y la Fiscalía acusan a la familia de expoliar el acuífero sin permisos.

La empresa Eurotécnica Agraria, vinculada a la Casa de Alba y encargada de la gestión de la finca, podría recuperar su permiso original, que les permitía volver a 605.150 metros cúbicos por año en tres parcelas de 222 hectáreas, gracias a la Confederación. El único paso que falta es el remate de un procedimiento administrativo para los permisos de riego.

Ecologistas en Acción ha considerado "sorprendente" que días después de conocer que la instrucción se alargaría otros seis meses más, la CHG haya modificado, de forma provisional, una concesión de aprovechamiento que supondría extraer agua de más puntos y no solo de un pozo en esta finca por parte de Eurotécnica Agraria SA.

Este nuevo paso ha sido concretado, en un informe-propuesta de la Comisaría de Aguas al que ha tenido acceso EFE, en el marco de un expediente de transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas, en el que se pone de manifiesto la viabilidad técnica y se reconoce un plazo de vigencia durante 20 años, entre distintas "condiciones específicas".

"Resulta sorprendente que la administración que tiene que velar por el interés general y el correcto uso del agua en la cuenca, conociendo la instrucción judicial prorrogada y que ha tenido que informar al juzgado sobre los daños a las masas de agua subterráneas, esté informando de forma provisional, pero favorable, a que usen los pozos investigados en su concesión de agua", ha señalado a EFE un portavoz de los ecologistas.

Esta organización considera que la resolución de la CHG puede ser "usada" por la empresa para solicitar al juzgado el archivo de las diligencias. "Lo lógico sería esperar a que se resolviera la vía penal y, en consecuencia, actuar en vía administrativa a posteriori", ha concluido.

A principios de este septiembre el juzgado decidió prorrogar seis meses más la instrucción sobre estos recursos hídricos vinculados a la Casa de Alba, una decisión adoptada tras la solicitud por parte de la Fiscalía al tratarse de una causa de "cierta complejidad técnica" y a la espera de concretar el posible daño que las extracciones de agua pudieron causar en el medio ambiente.

Por otra parte, el representante legal de Eurotécnica Agraria se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en la instrucción judicial abierta por unos pozos no autorizados administrativamente.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la persona compareciente en nombre de la sociedad investigada se ha acogido a su derecho a no declarar y ha apuntado únicamente que se remitía a lo que ya trasladó la persona física investigada en la instrucción que se sigue en la Sección Civil y De Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Plaza número 1.

En este caso ya declaró como investigado el nieto de la Duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien señaló el pasado 20 de febrero que se había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que motivó luego la causa judicial.

Según las fuentes, además el compareciente ha sido debidamente informado de que en esta causa se investiga una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente, con el posible perjuicio al medioambiente que estas captaciones han podido causar durante distintos años.

La comparecencia de Eurotécnica Agraria haría que no fueran necesarias otras declaraciones de los consejeros delegados de la referida sociedad, entre cuyos miembros del Consejo de Administración están los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que levanta las restricciones sobre la cantidad de agua que pueden usar los cabezales de ducha y que hace en su opinión que las duchas en Estados Unidos "vuelvan a ser geniales", según informa EFE. "Me gusta ducharme bien para cuidar mi hermoso cabello... Tengo que estar de pie en la ducha 15 minutos hasta que se moja... Es ridículo", dijo antes de firmarla.

Según un comunicado publicado por la Casa Blanca, esta orden exige al secretario de Energía, Chris Wright, rescindir de inmediato la norma federal "excesivamente complicada que redefinió el término 'cabezal de ducha'" durante los gobiernos de Barack Obama (2009-2017) y Joe Biden (2021-2025). De acuerdo con el escrito, la derogación será efectiva 30 días después de la fecha de publicación del aviso. Esta norma limitaba el caudal de cada cabezal de ducha disponible en el mercado a nueve litros de agua por minuto.

El mandatario republicano ya se quejó en varias ocasiones de las medidas implementadas por los gobiernos demócratas en materia de eficiencia de agua. Durante su primer mandato (2017-2021) y su campaña presidencial de 2024, Trump habló en varias ocasiones sobre la presión del agua y sus críticas a las regulaciones medioambientales, especialmente las relacionadas con el consumo de agua en productos como duchas, inodoros y grifos.

En los últimos días del mes de noviembre se ha representado en la capital valenciana una comedia musical de Daniel Tormo y otros, basada en textos de Lope de Vega, con el mismo título que la comedia considerada de capa y espada de Lope, que se perdió: El agua de Valencia. El espectáculo, que tenía que estrenarse en los primeros días de noviembre, fue aplazado por la dana y se ha reducido a una semana.

Ni la comedia, con título tan significativo de Lope ni la de Tormo se refieren al agua como tema principal y fuente de vida y muerte en Valencia y su provincia, a pesar de que para la época de Lope ya se habían producido 11 riadas catastróficas en Valencia desde que hay datos de la primera en 1321. Tampoco en la de Tormo, porque, según referencias, “combina humor, drama y espectáculo para acercar al público la rica tradición del Siglo de Oro”. “Como en las mejores comedias urbanas de Lope de Vega, esta es una historia de unos jóvenes que aman, escriben, luchan y tratan de hacerse un hueco en un mundo que no siempre les favorece”.

Quien sí se ha explicado con mucho detalle y documentación sobre el agua de Valencia es el paisano valenciano e historiador Justo Serna, el cual en un artículo en Babelia ( 8/11), escribe como título y resumen "La lluvia no sabe llover, una historia cultural de las riadas en Valencia”. Describe Serna y coloca a Valencia, sus caseríos  y sus huertas, desde su fundación en la época romana, sobre “una superficie aterrada del río Turia en la Hispania Citerior”. Sus consecuencias: las riadas periódicas  y ahora la catastrófica dana. Un artículo-tratado imprescindible y solvente para una reconstrucción eficaz y duradera de la grandísima destrucción de la dana. A pesar de que pertenecemos al primer mundo, y de que se desoyeron las alarmas y que la indignación está justificada, sin la ayuda del Estado no se hubiera reconstruido un puente sobre el Turia en Riba-Roja en un mes. Creo que fue Compromís el que hizo un encendido elogio del grito: “solo el pueblo salva al pueblo”. La solidaridad ha sido abundante, necesaria, pero retirar 120.000 vehículos, y reponerlos, restablecer las comunicaciones, las viviendas, las escuelas e institutos, la red eléctrica y de aguas no se puede lograr sin los recursos e impuestos del Estado. El neoliberalismo fracasa en estos tiempos.   

Con un cuarto del siglo XXI transcurrido, no podemos sino relacionar directamente la dana con el cambio climático derivado del desarrollo intenso industrial a nivel mundial de todos los países. La acción del hombre sobre la naturaleza y los recursos limitados que la misma nos ofrece es innegable. Un primer dato: según WWF, “en España, el 24 de mayo ya habíamos consumido todos los recursos que la tierra puede regenerar en ese año. En términos económicos sería como agotar el saldo disponible y entrar en números rojos”.

Se debate en estos tiempos si la vida comenzó en el agua, pero lo que no admite discusión es que sin agua no hay vida duradera y extensa. Un recurso escasísimo. Si nos atenemos a los datos históricos, de los 25 episodios registrados de riadas desde 1321 a 1957,  hubo 4  riadas en el siglo catorce, 3 en el siglo quince, 5 en el dieciséis, 3 en el diecisiete, otras 3 en el dieciocho, 5 en el diecinueve y una en el veinte, la de 1957.  Ahora que algunos siguen haciendo apología del franquismo, el desvío del Turia se inauguró doce años después ¿ qué hubiera pasado si la riada de 1957 hubiera tenido las consecuencias catastróficas de la dana? La prevención no es una cualidad que nos haya distinguido a los españoles. Nuestra tradición cristiana y acientífica nos lo ha impedido. Fraga Iribarne reiteraba desde la tribuna: ”La lluvia la manda Dios”. La deducción, pues, no es que las riadas hayan sido más frecuentes últimamente, pero sí más intensas y más destructivas. La relación con el cambio climático es innegable, porque las danas son más globales, tanto en España como en el resto del mundo.

El agua, pues, es un recurso natural escaso. Cuando llueve sin control, porque destruye bienes y arrastra a personas indefensas, pero también cuando se prolongan los periodos de sequía con resultados también muy catastróficos. Conociendo que la tierra es un planeta azul porque el 97% en ella lo ocupa el agua de los mares y océanos, solo poco más del 2,5%  es agua dulce, pero no apta para el consumo inmediato porque está congelada en un 70%. El agua potable representa solo el 0.007%, siendo las aguas subterráneas, aguas invisibles, pero de una importancia incalculable.

Las  aguas subterráneas y los acuíferos son imprescindibles para muchos usos. Por su enorme  utilidad  en la agricultura, sin tener en cuenta su utilidad pública más allá, se han construido cientos de pozos ilegales para el riego por parte de particulares. También de las aguas subterráneas, de los acuíferos y de los manantiales se sirven las industrias y empresas para el embotellado de sus aguas. Agua que se nos vende en las tiendas, quioscos y supermercados a un precio no barato. Según la Federación Europea de Aguas Envasadas ( EFBW), ”en 2018, España fue el cuarto país de la UE que más agua embotellada consumió. Superó los 6.300 millones de litros de agua”. Puedo certificar, por experiencia propia, ese afán consumidor. En un tiempo en el que yo veraneé unos años en Denia, los veraneantes primeros de julio y agosto llenaban sus carros en los supermercados, junto a otros productos, con decenas de botellas de agua. 

Según las noticias difundidas por los medios, en  los primeros días de la dana, la UME distribuyó 200.000 litros de agua embotellada. Al no poder restablecerse  la red de tuberías y el servicio a las viviendas, muchas destruidas, es de suponer que esa cantidad se haya multiplicado por dos o por cinco. Porque su consumo depende de la confianza que se tenga en  el agua que llega por los grifos.  Puede que sea el momento de debatir si la captación, explotación y comercialización de las aguas minerales naturales y la de los manantiales esté en manos de industrias y empresas particulares que obtienen con ella importantes ganancias.       

Dice el art. 1.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas: las aguas continentales, superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. A su vez, el Real Decreto 1798/2010 de 30 de diciembre regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano. Este texto es una transposición de las normas y directivas europeas. ¿Ha llegado el momento de que la Comisión Europea, recién aprobada, el Parlamento europeo y los gobiernos que la integran revisen a quién corresponde la competencia de la captación, explotación y comercialización de las aguas señaladas? Es el momento. La modificación del clima lo exige.

PD: Otro asunto del que comentar. En cinco días se cierra el plazo para presentarse a las elecciones de Presidente de la Federación española de fútbol, que se resiste a morir en su forma de gobernarla y no quiere renunciar a la Presidencia. Inhabilitado en su día Rubiales, inhabilitado ahora Pedro Rocha por la Audiencia Nacional, los barones territoriales manejan que Rafael Louzán, otro inhabilitado, se presente a las elecciones de Presidente. Los barones territoriales, que llevan años viviendo de la Federación y del fútbol, pretenden seguir con  el fortín que han creado durante décadas. Acuso al Gobierno y a la ministra de Educación y Deportes y al Consejo Superior de Deportes de su escasa  intervención. Acuso al fútbol femenino de sustraerse a su responsabilidad y acción para intervenir al grito de “Se acabó". Nuestra Lucha es una lucha global. He visto una foto de Teresa Abelleira con Rafael Louzón, a raíz de la conquista del Mundial. Los barones saben cómo ganarse a las futbolistas importantes para que influyan en las demás. Acción, acción, acción.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

Transcurridas casi tres semanas desde el desastre del 29 de octubre, cuando vecinos, voluntarios y empleados públicos todavía luchan contra el fango y la destrucción al sur de València, en los despachos la actividad se vuelve frenética. Técnicos y conseguidores de las grandes constructoras ventean los fondos de ayuda que presienten cuantiosos. Rescatan viejos proyectos y prometen reconstrucción. Y mientras algunos representantes de colegios profesionales se reivindican sin complejos reclamando más hormigón, más presas, más de lo mismo… en las redes sociales se extienden y amplifican sus discursos, empastados con nostalgias de dictadura.

Pero no todo es ruido y, pese a los intentos de pescar en aguas revueltas, hay hechos incontestables que apuntan hacia otro tipo de alternativas. Además, disponemos de mucho conocimiento acumulado acerca de las causas de fenómenos como los vividos en el sur del área metropolitana de València y otras comarcas, que nos pueden guiar en las tareas de restauración de la zona afectada. Así, por ejemplo, es indiscutible que una gestión de la emergencia basada en la alerta temprana a la población hubiera salvado muchas vidas. Por eso, el debate político ha girado –maniobras de distracción de alcance europeo incluidas– en torno a la responsabilidad de la gestión. No se discute la eficacia del instrumento, sino su irresponsable aplicación.

Tampoco hay duda acerca del carácter de la catástrofe. Aunque no todo el mundo lo exprese de manera coherente, es evidente que ésta no es una catástrofe natural. No lo es porque los enormes daños producidos por la avenida se derivan de una ocupación humana del territorio que necesariamente había de generar estos efectos; como ya habían anticipado y registrado los diferentes planes de prevención de inundaciones (Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana –PATRICOVA, o el Plan de gestión del riesgo de inundación PGRI, de la demarcación de Júcar–). Urbanización de zonas inundables, encauzamiento de ramblas, ocupación de espacio fluvial, alteración del flujo natural por sellado de superficies, construcción de infraestructuras lineales (principalmente de transporte), etc. han transformado unas lluvias torrenciales en una catástrofe.

Tampoco se puede argumentar con rigor que la causa del desastre haya sido solo natural. Hasta donde nos asiste el conocimiento científico, aun con las incertidumbres y los límites que le son propios, sabemos que los fenómenos climáticos extremos, como las sequías y las lluvias torrenciales, son cada vez más frecuentes e intensas en la cuenca mediterránea. Ello es consecuencia del calentamiento global producido por el incremento de la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, como el CO2 liberado por la combustión de materiales energéticos fósiles, que mueve nuestra sociedad industrial. A falta de estudios precisos sobre la atribución de este episodio concreto al cambio climático, podemos aventurar que estas lluvias, como las que se producirán en el futuro, alcanzan una dimensión inusitada debido a la acción antrópica. 

La consecuencia es clara: mientras intentamos frenar la emisión de gases de efecto invernadero, con la esperanza de que el clima abandone la senda de desestabilización y vuelva –en un horizonte secular– a ser lo que era, no nos queda otra opción que adaptarnos a fenómenos cada vez más extremos y frecuentes. Y, parafraseando a Naomi Klein, esto lo cambia todo.

No hace falta recurrir a la ciencia –basta el sentido común– para entender que reconstruir, en el sentido estricto de volver a hacer lo mismo de la misma forma en el mismo sitio, es absurdo. La restauración de la zona afectada se ha de abordar con una perspectiva de adaptación a los nuevos riesgos climáticos, aprovechando los conocimientos y experiencias más recientes, sin olvidar que disponemos de instrumentos basados en tecnologías novedosas que, bien utilizados, pueden salvar vidas.

Existe una abundante literatura científica y práctica respecto al empleo de soluciones basadas en la naturaleza (como recuperación de los espacios de inundación, la permeabilización de suelos, etc.) y de sistemas de gobernanza para la gestión del riesgo (seguros, planes municipales, formación y participación ciudadana, etc.). También, experiencias muy próximas de desalojo del espacio fluvial, como la construcción de la nueva Gavarda en una colina, tras la destrucción del pueblo original por la rotura de la presa de Tous en 1982 o la creación de un parque inundable en el Clariano a su paso por Ontinyent después de las inundaciones de 2019. 

Una vez superada la fase de emergencia y recuperada, siquiera provisionalmente, la funcionalidad cotidiana de la zona afectada, habrá que abordar la restauración del territorio y sus infraestructuras (viviendas, servicios municipales, movilidad, etc.) con un enfoque adaptativo. Rescatar planteamientos antiguos basados en obras hidráulicas de defensa es ignorar todo el trabajo de análisis que provocó en la Unión Europea, hace ya más de dos décadas, el abandono del enfoque hidráulico en la gestión del agua, ya entonces obsoleto. El nuevo modelo, basado en la recuperación del buen estado de ríos y acuíferos y el fomento de los usos sostenibles del agua, se complementa con un enfoque preventivo de la gestión de riesgo de inundaciones, en el que el hormigón ocupa un lugar marginal.

Donde empresas y organizaciones corporativas ven una oportunidad de negocio, el conjunto de la sociedad –y, muy especialmente sus representantes electos- deben impulsar un proyecto de restauración coherente, que restituya en la medida de lo posible la funcionalidad vital del territorio afectado, adaptándola al nuevo contexto climático. Establecer y preservar una gobernanza democrática de calidad, basada en el mejor conocimiento disponible, es primordial para que la restauración de la zona afectada se haga en pos del interés general, con un reparto equitativo de riesgos, cargas y beneficios.

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Francesc La-Roca es profesor jubilado de la Universitat de València y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

“El sistema de control oficial vigente en Francia no está concebido para detectar ni para limitar el fraude en el sector de las aguas minerales naturales y de manantial. Tampoco se aplica correctamente, lo que hace posible la comercialización de productos no conformes y potencialmente fraudulentos”.

El 24 de julio, la Comisión Europea publicó un informe irrefutable para las autoridades francesas, tras una auditoría sobre el tratamiento ilegal de las aguas minerales naturales comercializadas por varios fabricantes, entre ellos Nestlé (Contrex, Hépar, Perrier, Vittel).

Esta auditoría, realizada en marzo por la dirección general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, tenía por objeto comprobar el funcionamiento de los controles efectuados por Francia a las embotelladoras de aguas minerales naturales y manantiales, así como las medidas adoptadas cuando las autoridades tuvieron conocimiento del fraude.

“La Comisión ha respondido favorablemente a nuestra petición de transparencia”, declaró a Mediapart Ingrid Kragl, Directora de Información de la ONG de protección de los consumidores Foodwatch, que en febrero pidió a la Comisión Europea que aclarara el escándalo del agua embotellada destapado por varios medios de comunicación.

“Sabemos que el Gobierno francés estaba al corriente del fraude, pero nunca advirtió a los consumidores ni tomó ninguna medida para detener la explotación de las fuentes ni la venta de estas botellas”, prosigue, señalando que la ONG también ha presentado una denuncia contra Nestlé y Alma (que comercializa el agua de la marca Cristaline).

“Se está cuestionando la responsabilidad de las empresas y de las autoridades. Han optado por la opacidad ante los consumidores, las autoridades europeas y otros Estados miembros donde también se comercializan esas aguas”. Este nuevo informe se suma a las investigaciones preliminares abiertas por la fiscalía de Épinal (Vosgos) contra el grupo Nestlé por el tratamiento fraudulento de sus aguas minerales durante más de quince años y por explotación ilegal de pozos durante más de veinticinco años.

La auditoría europea que acaba de publicarse pone de manifiesto las deficiencias de los controles del agua efectuados por las autoridades francesas, que permiten el fraude. Cerca del 30% de las marcas francesas, entre ellas Nestlé (Contrex, Hepar, Perrier, Vittel) y Alma (Cristaline), utilizan técnicas prohibidas para purificar el agua clasificada como “mineral natural”, tratamientos utilizados en particular para evitar la contaminación bacteriana o química.

Los procedimientos utilizados por estas empresas, como el uso de rayos UV, filtros de carbón activo o microfiltros (inferiores a 0,8 µm), sólo están autorizados para el agua del grifo o el “agua potable tratada”. Están estrictamente prohibidos para las “aguas minerales naturales” y las “aguas de manantial”, que no deben someterse a ninguna operación que altere su composición.

Además de la falta de personal, el informe de la auditoría europea señala la “insuficiente experiencia” de los ingenieros y técnicos de las agencias regionales de salud (ARS), responsables de los controles sanitarios de las aguas envasadas. Constatación confirmada por las autoridades francesas, que indicaron a los auditores que el personal “no recibe formación específica en aguas envasadas”.

La función de las ARS consiste en inspeccionar las instalaciones y controlar los análisis de calidad del agua. Sus inspecciones plantean muchas dudas sobre su fiabilidad. La dirección general de Sanidad (DGS), que elabora un informe anual sobre el control de la calidad del agua (basado en datos de las ARS), afirma que las muestras de calidad del agua se toman en puntos definidos por las autoridades, que no varían.

Además, las inspecciones se basan principalmente en automuestreos realizados por el fabricante. Dependiendo del lugar, las inspecciones de las ARS se realizan cada 2 o 3 años, o incluso cada 3 o 5 años. Y, como señalan los auditores, estas “visitas se suelen anunciar al industrial con antelación”.

Durante sus visitas, los inspectores de la ARS “se basan principalmente en la información facilitada por los fabricantes” y apenas realizan comprobaciones en profundidad. Algunos procesos ilegales estaban ocultos, sobre todo en armarios, “lugares inaccesibles e incontrolables. Esto limita la fiabilidad de los controles oficiales”. Además, “algunas máquinas de procesamiento no estaban ocultas, pero estaban situadas en zonas fácilmente accesibles de la planta. Estas prácticas podrían haberse detectado”.

Las técnicas de desinfección, como los microfiltros (por debajo de 0,8 micrómetros) y los rayos ultravioleta, “se aplicaban para garantizar la seguridad microbiológica de varias tomas de los manantiales explotados”. Es decir, para evitar la contaminación del agua. Sin embargo, cuando se revelaron estos tratamientos, la Comisión Europea lamenta que las autoridades francesas, que sabían que se estaban aplicando desde hacía al menos 6 meses, hayan permitido que continuaran después de la inspección.

“Algunos tratamientos no se interrumpieron inmediatamente y las autoridades competentes aceptaron un periodo de desactivación de dos meses. Durante este periodo, el agua tratada siguió comercializándose y etiquetándose como agua mineral natural, a pesar de que no cumplía los requisitos de la legislación europea para ser calificada como tal.” Pero seguía vendiéndose a un precio casi 100 veces superior al del agua del grifo, de la que era equivalente.

A la Comisión le sorprende que las autoridades sanitarias no comprobaran la calidad del agua antes de desinfectarla, permitiendo así que persistiera el riesgo de contaminación. Además, cuando Nestlé se vio obligada a interrumpir la mayoría de los tratamientos, suspendió las operaciones en una de las captaciones de agua, propensa a contaminaciones frecuentes.

Pero esa gran complacencia del gobierno francés con los defraudadores no se detiene ahí. A partir de febrero de 2023, los fabricantes han sido autorizados por decretos gubernativos a utilizar microfiltros, que antes estaban prohibidos. Durante su comparecencia ante la Comisión Europea, Francia justificó esta decisión alegando que las exigencias de la directiva europea “no eran suficientemente claras”.

Los fabricantes no cumplieron ninguna obligación, al no advertir a las autoridades de los riesgos sanitarios de la contaminación del agua ni informar a los consumidores, pero el prefecto y la ARS tampoco. Según la Comisión Europea, las autoridades competentes “podrían haber ordenado la retirada de los productos o interrumpido las operaciones de transformación”.

“No pidieron a los operadores que retiraran, recuperaran o reetiquetaran los productos no conformes. No se ha facilitado información al respecto a los consumidores ni a las autoridades de otros Estados miembros”.

A esto, las autoridades francesas responden que la retirada de productos del mercado se aplica “de manera proporcionada y esencialmente en caso de riesgo para la salud”, riesgo que consideran eliminado, ya que “los tratamientos, aunque prohibidos, aplicados por el productor tenían efectivamente por objeto producir un agua sin riesgo para la salud”. Pero de ahí a clasificarla como “mineral natural”…

Además, hasta la fecha, los organismos sanitarios no tienen conocimiento del estado de los manantiales tratados ni de la naturaleza de su contaminación. Así pues, las autoridades permitieron durante varios meses la venta de agua embotellada, a sabiendas de que su calidad era idéntica a la del agua del grifo, a un precio 100 veces superior, con etiquetado engañoso.

La auditoría concluye que “a pesar del gran número de análisis oficiales realizados, las autoridades competentes no han podido identificar las fuentes contaminadas, las razones para recurrir a tratamientos ilegales, ni la duración de estos tratamientos”.

Esto plantea dudas sobre la fiabilidad del propio sistema de inspección, y los auditores señalan “graves deficiencias”. Las inspecciones in situ “no se basan en los riesgos y no se llevan a cabo con regularidad. Cuando se hacen, suelen limitarse a conversaciones periódicas con los productores, en lugar de controles específicos del estado real de las instalaciones y las operaciones”.

En cuanto a la respuesta de las autoridades ante el fraude, la Comisión denuncia de nuevo las deficiencias e incluso la falta de transparencia. Aunque se han iniciado investigaciones, “las autoridades competentes no tomaron ninguna otra medida (información al consumidor o la retirada del producto etiquetado incorrectamente)”. Los productos fraudulentos no se retiraron inmediatamente del mercado y no se han impuesto multas ni sanciones.

La Comisión ha enviado a las autoridades francesas una lista de recomendaciones encaminadas, en particular, a revisar y reforzar el modo en que se controlan las aguas minerales y a reforzar la cooperación entre los departamentos encargados de esas cuestiones. En respuesta, Francia ha asegurado a la Comisión que está trabajando en ello, y que en enero de 2024 se creará una “policía única responsable de la seguridad alimentaria”, bajo la supervisión del ministerio de Agricultura, un ministerio que escucha a menudo al lobby agroalimentario.

Traducción de Miguel López

Las aguas subterráneas son una fuente crucial de agua dulce para la agricultura, el consumo humano y la industria en general. Sin embargo, estos acuíferos están en peligro por el cambio climático, que los hace más inaccesibles, y su uso excesivo, que amenaza las economías y los ecosistemas.

Científicos de la Universidad de California en Santa Bárbara (EEUU) han publicado en la revista Nature la mayor evaluación de los niveles de agua subterránea en todo el mundo hasta la fecha, que abarca cerca de 1.700 acuíferos. Aunque los mapas satelitales proporcionan información sobre las tendencias de almacenamiento, medir in situ los pozos de monitoreo y analizarlos a escala mundial da a los científicos y a los gobiernos una visión más amplia de las tendencias.

Sus resultados indican que la tendencia general es una disminución global de los recursos hídricos, con un descenso de más de 0,5 metros por año en el siglo XXI, lo que supone una reducción en el 71 % de los acuíferos. Sin embargo, también ofrecen ejemplos de éxito en la gestión y formas para resolverlo.

“Este agotamiento puede tener una serie de efectos indeseables en el suministro de agua para el ser humano. Por ejemplo, afecta a la capacidad de un pozo para bombear agua a la superficie, es decir, que se secan. Asimismo, el bombeo excesivo también provoca la intrusión de agua de mar o la degradación de la calidad. Y, dado que los recursos de aguas subterráneas y superficiales suelen estar interconectados, dicha extracción excesiva puede afectar a la cantidad de agua disponible en los ríos”, dice a SINC Debra Perrone, profesora asociada de la universidad estadounidense en el Programa de Estudios Ambientales.

El equipo de investigación ya publicó en 2021 en Science otro estudio que se centraba en pozos de agua construidos. En este caso, el seguimiento se ha hecho la afluencia de aguas subterráneas. “Los pozos de monitoreo nos dan información sobre el suministro, mientras que los de agua subterránea nos proporcionan datos sobre la demanda”, explica Perrone.

Los científicos recopilaron datos de registros nacionales, subnacionales y de diferentes organismos. En total, duró tres años, dos de los cuales se dedicaron a limpiar y clasificar estos datos. “Eso es lo que se necesita para dar sentido a 300 millones de mediciones del nivel del agua de 1,5 millones de pozos en los últimos 100 años”, aseguran.

Después, transformaron esas cifras en información real sobre tendencias globales, para finalmente revisar más de 1.200 publicaciones y reconstruir los límites de los acuíferos en las regiones de investigación.

Al definir 1.693 sistemas acuíferos en todo el planeta, encontraron que el 36 % de los acuíferos estaban disminuyendo en 0,1 metros por año, mientras que el 12 % decrecían rápidamente a tasas que superaban los 0,5 metros por año. Al comparar estos hallazgos con los datos de agotamiento de las aguas subterráneas de 1980 a 2000, el equipo encontró que el 30 % de los acuíferos estudiados se enfrentaron a un agotamiento acelerado en el siglo XXI, especialmente en las regiones secas.

La profundización de estas aguas es más común en esto climas, con una disminución acelerada especialmente frecuente en tierras áridas y semiáridas cultivadas. “Un hallazgo intuitivo”, según el coautor principal Scott Jasechko, profesor de la Escuela Bren de Ciencias y Gestión Ambiental de la misma universidad. “Pero una cosa es que algo sea intuitivo y otra muy distinta es mostrar que está ocurriendo con datos del mundo real”, añade.

Perrone, recalca: “El agua es un recurso crítico para el consumo humano y la producción agrícola e industrial. El agua subterránea es especialmente importante porque es una fuente fiable y perenne de agua que puede utilizarse durante la sequía, cuando hay menos precipitaciones y disminuye el caudal de nuestros ríos. La sobreexplotación de estos recursos hídricos subterráneos podría dificultar el suministro adecuado a sectores clave durante escasez”.

Los investigadores también encontraron que el 6 % de los acuíferos en los datos aumentaron 0,1 metros por año, mientras que el 1 % aumentó a una tasa de 0,5 metros por año. Este hecho podría ser el resultado de reducciones en el consumo de agua subterránea, la implementación de políticas de consumo, transferencias de agua superficial, o cambios en la cobertura del suelo y proyectos de recarga gestionada. "Este estudio muestra que los humanos pueden cambiar las cosas con esfuerzos deliberados y concentrados", subraya Jasechko.

Uno de los ejemplos está en Tucson, Arizona. El agua asignada del río Colorado se utiliza para reabastecer el acuífero en el cercano valle de Avra. El proyecto almacena este recurso para su uso futuro. “El agua subterránea a menudo se ve como una cuenta bancaria. Rellenar intencionalmente los acuíferos nos permite almacenar esa agua hasta un momento de necesidad", indica Jasechko. Sin embargo, las retiradas han provocado que el poderoso río disminuya en la superficie. El Colorado rara vez llega a su delta en el Golfo de California.

“Nuestro trabajo sugiere que podemos ser prudentemente optimistas, en el sentido de que nuestros datos revelan más de 100 acuíferos en los que el descenso de las aguas subterráneas se ha ralentizado, detenido o invertido. Cautelosos en el sentido de que las tasas de descenso de los niveles de estas aguas son mucho mayores que las tasas de aumento de los niveles de aguas subterráneas: es más fácil empeorar las cosas que mejorarlas”, asegura Perrone.

El agua subterránea almacenada también puede beneficiar la ecología de la región. De hecho, mientras Perrone preparaba un informe de investigación en 2014, descubrió que la recarga de acuíferos puede almacenar seis veces más agua por dólar que los embalses superficiales. Otra opción que proponen es centrarse en reducir la demanda. El equipo se centra ahora en examinar cómo varían los niveles de agua subterránea a lo largo del tiempo en el contexto del cambio climático. Conectar estas tasas de cambio con las profundidades de los pozos reales proporcionará mejores predicciones de dónde está en riesgo el acceso.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

La duquesa de Alba dejó todo atado y bien atado antes de su muerte. No tuvo más remedio: la condición que sus hijos le pusieron para permitirle contraer matrimonio a los 85 años con Alfonso Díez, su tercer esposo y 24 años más joven, fue que repartiera la herencia en vida y que el viudo, cuando lo fuera, quedara al margen. 

Así, tres meses antes de dar el sí, quiero en la capilla del Palacio de Dueñas, el 5 de octubre de 2011, en un día de estampas que describen también de qué hablamos cuando hablamos de Sevilla, Cayetana Fitz James firmó en Madrid ante notario el reparto del grueso de su patrimonio en concepto de donación escriturada por la cual sus hijos se convertían en titulares registrales de sus bienes. 

Ella, la 18ª duquesa de Alba, 11ª de Berwick, 18ª de Híjar además de una larguísima lista de títulos nobiliarios, seguiría administrándolos como gerente y disfrutando de ellos como usufructuaria hasta su fallecimiento, que llegó apenas tres años después, el 5 de noviembre de 2014.

Entonces, según estimó la revista Forbes, el patrimonio de la Casa de Alba estaba valorado en unos 3.000 millones de euros, un listado inabarcable de palacios, castillos, terrenos, valores bursátiles, obras de arte y joyas además de 51 títulos nobiliarios que componen el patrimonio de una de esas familias que siempre salen en las negritas de los libros de Historia. 

Con cierta perspectiva, podría decirse que la única operación verdaderamente ruinosa que se le conoce a los Alba, desde 1430, fecha de la fundación del linaje, es haber perdido La Venus del espejo, joya pictórica y una de las últimas obras que pintó Velázquez que hoy cuelga en las salas de la National Gallery de Londres. 

Manuel Godoy, aquel personaje que pasó de guardia de corps al hombre más poderoso de su tiempo, está detrás de la jugada. En 1802, el rey Carlos IV ordenó al entonces duque de Alba que vendiera ésta y otras pinturas a su mano derecha, un escalador social y político que acumuló honores tan variopintos como Ministro Universal o Príncipe de la Paz. 

Que en plenas guerras napoleónicas el famosísimo valido del rey propiciara que el cuadro llegara al mercado inglés, se diría, que es una mancha en el expediente de éxitos económicos de la Casa de Alba. 

De godoys está escrita la Historia de España y de familias que siempre ganan aunque roben, también. 

Porque habrá que ver en que queda la denuncia formulada por la Fiscalía de Sevilla contra Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, por un posible delito contra el medio ambiente por detracción de aguas de ocho pozos ilegales en una finca de los Alba en el entorno de Doñana. 

En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado a declarar a la hija pequeña de Cayetana, que en la actualidad aparece como representante legal de la empresa Eurotecnica Agraria SA. 

Según consta en la querella adelantada por El País, la empresa tiene como miembros del consejo de administración a varios hermanos, así además de la presidencia rotaria, que en estos momentos ocupa Eugenia, figuran otros hermanos más duchos a la gestión del patrimonio familiar.

De ahí que Alfonso Martínez de Irujo, y mano derecha de su hermano mayor, el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, haya presentado un escrito al juzgado para que en lugar de su hermana pequeña —que a los micrófonos de la prensa rosa preguntada al respecto ha excusado que ella no habla “de esas cosas”— declare como investigado su hijo Luis Martínez de Irujo, gerente los últimos años de la finca Aljobar. De ahí proceden las naranjas regadas con agua no autorizada que llegaban al mercado gourmet con el sello de la Casa de Alba. 

En su página web, no hay en la actualidad mención alguna a la venta de estas naranjas pero en cambio sí figuran productos que procederían de sus fincas, de todas las que tiene repartidas por la península, como chacinas y carnes ibéricas o aceites oliva virgen extra que tienen como reclamo la imagen de la celebérrima duquesa de Alba de Goya. El packaging es irresistible, proporcional, quizás, a sentirse duquesa ante una simple ensalada.

Según consta en la denuncia que ha sido consultada por Infolibre, la finca, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), tiene autorización para riego mediante un pozo para 200 hectáreas de cítricos y otra para un segundo pozo de uso doméstico y ambos debían tener instalado un contador para controlar el volumen de agua consumido. 

Sin embargo, el Seprona de la Guardia Civil ha constatado que, al menos desde hace 10 años, se sacaba sin autorización agua de otros ocho pozos. La Confederación Hidrógráfica del Guadalquivir (CHG) valoró los daños ocasionados al dominio público hidráulico estimándose un consumo de 305.851,73 metros cúbicos y una cuantía económica de 36.702,16 euros. Eso sólo en esta última cosecha. 

Pero el saqueo ha sido mayor, claro.

El agua, la de los diez pozos en total, procede del emblemático acuífero 27, la balsa bajo la tierra que nutre al Parque Nacional de Doñana y cuyo uso sin autorización por parte de muchos propietarios, de tamaño dispar y en los que opera una casuística muy diferente en cada caso, está desde hace años en el objetivo sin que las administraciones logren poner fin a la práctica, tan antigua, tan extendida en todos los ámbitos de la vida, de hacer uso ilegal del bien común en beneficio propio. 

A primeros de noviembre, de hecho, se cumple el mes que se dieron la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para tratar de diseñar una alternativa al conflicto que mantienen ambas administraciones al respecto del uso ilegal del agua por parte de un número indeterminado de explotaciones freseras de la corona norte de Doñana. 

El PP, de la mano de Vox, impulsó desde su mayoría absoluta una proposición de ley para la regularización de todos estos pozos ilegales que, por ahora, está frenada en su tramitación en el Parlamento y a la que le queda tan sólo su aprobación final. 

Las conversaciones, según Julio Díaz, representante de la plataforma de regantes afectados, le constan que se mantienen entre Junta y Ministerio “con discreción”. “Veremos cómo aterrizan para darle una alternativa a estos regantes, porque el plazo para el acuerdo se cumple y tendrán que darnos una salida que nos convenza”, traslada a este medio.

En paralelo, de aquí a final de año, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la administración competente para dar o denegar los permisos de extracción y de perseguir a los infractores, había planificado el cierre de más de 400 pozos, con lo que se llegaría a unos 1.200 pozos precintados en la actual legislatura donde la guerra del agua ha marcado la relación entre el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y del de Pedro Sánchez.

Si bien para el acuerdo todavía no hay certidumbres la única certeza a día de hoy es la máxima que defienden las organizaciones conservacionistas: en el parque, cualquier gota de agua es vida. 

La dinámica es letal: el acuífero de Doñana es un gran succionador de agua, si no la consigue desde donde tiene que obtenerla la recaba de otros ámbitos, como el marino, con lo que se produce la salinización del agua y, con ella, la destrucción continuada y progresiva de la flora y la fauna propia de este ecosistema 

Hay otra consecuencia directa: el progresivo desplome de los pozos que están autorizados para muchos agricultores cuya pequeña explotación es su modo de subsistencia y que luego, cabe señalar, compiten con esos productores, los que se saltan las normas a su antojo, en las mismas condiciones de mercado.

Según la actual ley de aguas, en España no se paga por el uso de aguas subterráneas, el agua de pozo, pero para uso agrícola sí hay que pagar un canon a la comunidad de regantes correspondiente, que es la ordena y distribuye qué cantidad está autorizada para cada uno en función de la explotación, de si es de regadío o de secano, en función de las hectáreas, en función de la singularidad de la cosecha y, en función, en definitiva de la disponibilidad del agua que da el propio declive de las precipitaciones. 

Todo eso lo estudia la CHG, que es la que sondea y, en última instancia , la que autoriza que sea viable el uso del agua o no.

Para Julio Díaz, el criterio que sigue la Confederación, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente, es “en muchos casos, discrecional”. “Hay permisos que se eternizan y otros que salen adelante sin problemas”, opina.

Sea por que haya procesos de solicitud de agua en curso o sea porque se han abierto más pozos de los autorizados inicialmente, lo cierto es poco parece importarle las normas a todos aquellos, pequeños propietarios o grandes latifundistas, que como escribía en la red X Manuel Planelles, se apuntan a la fiesta del agua.

El de la casa de Alba es el último caso eco mediático pero no el único. 

Hace unos días también trascendió el caso de la finca Carrascalejo, propiedad de Miguel Baéz El Litri, ex matador de toros y hace más de 20 años, aquí va el guiño rosa, novio de Eugenia Martínez de Irujo. Es un detalle menor, puede, pero es un apunte de la laxitud con la que se atiende al bien común en determinados círculos.

WWF España, organización internacional que nació en 1961 precisamente para blindar Doñana de la especulación franquista, está detrás de la denuncia del robo de agua en el caso de esta finca de 400 hectáreas propiedad del torero. Su negocio es una variedad de olivo de riego superintensivo que se estaría regando sin autorización con agua procedente del acuífero de Tejada, que linda con el acuífero 27, el de Doñana. 

Según calcula WWF España, un olivo superintensivo de tres o cuatro años que es la edad de los plantados en esta finca, “puede llegar a haber consumido un hectómetro cúbico al año, un millón de litros de agua”, señala Felipe FuentelSaz, coordinador del área de agricultura de esta organización.

Es decir, más de dos millones de metros cúbicos de agua en dos o tres años de riego. O lo que es lo mismo: lo que consume una ciudad de unos 45 mil habitantes al año. 

Estos casos están en una primera fase judicial y habrá que ver los cauces que jueces y fiscales encuentren para sacar adelante el proceso. Por eso la reciente sentencia adelantada por El País de la jueza Isabel de Luque, titular del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla, supone un hito histórico porque es la primera vez que la extracción continuada de agua sin permiso tiene una pena de ingreso en prisión. 

En concreto, la jueza ha condenado a tres años y medio de cárcel, además del pago de 1,9 millones de euros, a cinco hermanos terratenientes, los Campos Peña, propietarios de Hato Blanco Viejo en Aznalcázar (Sevilla), por robar del acuífero del Parque Nacional, entre 2008 y 2013, unos 12 millones de metros cúbicos. 

La sentencia cita el informe del perito del CHG para dimensionar el daño: los propietarios habrían extraído, durante los seis años que ha durado el procedimiento, el agua correspondiente a un tercio del embalse del Gergal, el que abastece a la ciudad de Sevilla; o calculado de otro modo, miles de campos de fútbol con un metro de agua sobre el césped. 

El fallo marca un punto de inflexión porque manda un mensaje en dos vías: por un lado, es un asidero de esperanza para la lucha sin descanso de las organizaciones conservacionistas, que desde hace décadas estudian y llevan ante el juez las pruebas de la degradación del parque por este tipo de prácticas (la denuncia del Hato Blanco Viejo fue impulsada por Ecologistas en Acción) Prácticas que vienen de lejos y que han encontrado la connivencia, el relajo o la falta de observancia desde muchas instancias administrativas. 

El segundo mensaje que manda es una advertencia a los infractores: extraer agua de manera ilegal no sale gratis, aunque perseguir que paguen sea tantas veces frustrante. 

Para Fuentelsaz, “por parte de las autoridades administrativas y judiciales de Sevilla y de Huelva se está analizando el uso correcto del agua y hay que dejarlas trabajar. Estamos viendo que los casos no se archivan, sea quien sea el propietario, grande o pequeño, y que hay sensibilidad en la Fiscalía General del Estado”.

Una lectura que parece haber entendido también el Gobierno andaluz. El pasado miércoles, a la salida de la sesión de control del Parlamento de Andalucía, y abordado por la prensa por este asunto, el presidente Moreno respondió lacónico que “la justicia debe ser igual para todos”.

Aunque tarda en llegar tantas veces por la ineficacia de la administración, que no es capaz de cruzar datos entre distintos niveles para detectar a tiempo, por ejemplo, la reconversión de una finca de secano en una de regadío o la multiplicación de pozos abiertos.

Fuentes expertas en denuncias en materia medioambiental que prefieren mantener el anonimato, dibujan la complejidad al fin de ponerle freno a esto. 

Cuando la Guardería Fluvial de la CHG va a hacer las inspecciones, como la mayoría de fincas están valladas, los propietarios no les dejan entrar (eso pasó en el caso de la finca de los Alba), con lo cual tienen que solicitar autorización al juez de lo Contencioso. Cuando la autorización judicial llega, ya ha pasado un tiempo, la inspección entra, investiga y precinta los pozos sin autorizar que detecten. Y quizás se curse la sanción administrativa al dueño. 

Pero en todo caso, la multa es pequeña (porque sólo corresponde al riego correspondiente a esa cosecha, aunque el pozo lleve abierto años) y es grande la habilidad para el infractor de abrir al día siguiente tantos pozos ilegales más, unos cuantos metros más adelante, como quiera. 

Y de nuevo, vuelta a empezar. 

Si a eso se le añade la ineficacia de la administración porque los procedimientos se caducan y hay muchas sanciones que no se cobran estamos ante el bucle sin fin. 

Por la vía penal, aún más compleja, la investigación debe demostrar que hay un daño sustancial al acuífero, que es la vía que estaría explorando las querellas interpuesta en el caso de la finca de la Casa de Alba y en la del Litri.

Podría diferenciarse, entonces, dos tipos de delincuencia: la del gran latifundista y la del pequeño agricultor que tiene una economía de subsistencia y cuyo riego es incompatible con el mantenimiento del acuífero. A esos procedería, a la vez que se le sanciona, darle una alternativa viable. Y esa es la complejidad de las conversaciones y el acuerdo que buscan proyectar Junta y Gobierno. 

Hay un apunte necesario: quien roba agua puede ser también beneficiario de las ayudas europeas de la PAC (Política Agraria Cómún) porque las administraciones, señalan estas fuentes consultadas, no tienen cruzados los datos. La casuística en estos casos es tan amplia como inexplicable: ayudas que se solicitan para cosechas mayores que la extensión de tierras autorizadas para riego o ayudas que se reclaman para fincas de secano, cuando en realidad  se desarrollan actividades agrícolas de regadío. 

Y luego está, al fin, que sea de todo plano incomprensible que se sigan concediendo permisos de riego a fincas que tienen sanciones administrativas desde hace años, como es el caso que refleja la sentencia de Campos Peña, consultada por este medio, donde en su historial acumulaban desde 1997 hasta una docena de expedientes sancionadores, de distinta cuantía, por uso ilegal de agua.

No hablamos sólo de casos aislados, ni de nombres propios que saltan de la crónica rosa a la de tribunales, hablamos al fin de atender un problema encallado y complejo que necesita de recursos, administrativos y judiciales, y de conciencia social. Esa que se adquiere, tantas veces, de lo visto en casa. Sin que haga falta títulos.

El 27 de Julio de 2023, el Secretario General de Naciones Unidas nos avisó de que hemos pasado de la era del calentamiento global a la de la ebullición global. Aquí, en España, las temperaturas son insoportables. No hay agua y Andalucía “se seca”.  

La Unión Europea y organizaciones de Naciones Unidas como la FAO y el PNUD proponen dejar de ver a la Naturaleza como perversa, como un enemigo al que domesticar en aras al progreso y la modernidad, sino, precisamente, que planteemos soluciones en las que contemos y nos aliemos con la naturaleza. De esta manera podremos mantener y mejorar el bienestar de los ciudadanos ante estos retos fuera de control.  

De acuerdo con el último informe de seguimiento de la sequía del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), a principios de agosto la cantidad de agua embalsada en las cuencas de Andalucía estaba entre las peores de España. Especialmente las de Guadalete-Barbate (18,7%), Guadalquivir (20,8%), y  Mediterráneas Andaluzas (28,9%). Las previsiones meteorológicas ya advirtieron de una primavera seca y un verano muy seco, largo y caluroso. Es equiparable a la gran sequía del 91 al 95, pero en esta además de la duración y de la reducción de las precipitaciones, se añaden las olas de calor, factor hasta ahora inédito, y señal del cambio climático. Ahora mismo las temperaturas están alcanzando récords históricos y si el nuevo año hidrológico continúa como el actual, ¿los pueblos y ciudades de Andalucía habrán entrado  directamente en “ebullición”? 

La reducción de las reservas en los embalses y el descenso de los niveles de los acuíferos se explican en parte por la falta de lluvias y la evaporación, pero fundamentalmente por los desembalses recurrentes para las campañas de riego y por las extracciones de agua de los acuíferos, que no se han recuperado por el  aumento continuo de hectáreas de riego –y que utilizan el 77% de los recursos disponibles– . 

La provincia de Córdoba lleva viéndose especialmente afectada desde hace años pero ahora ya está llegando la sequía a toda Andalucía, incluso a sitios donde nunca había habido problemas de agua. Es el caso de una docena de localidades y aldeas de la sierra de Huelva, donde ya están sufriendo cortes en el suministro  doméstico, entre ellas Aracena e Higuera de la Sierra, uno de los lugares en los que se encuentran parte de los embalses que abastecen al área metropolitana de Sevilla. Con los cortes de agua se espera poder aumentar las reservas de los depósitos municipales de estas localidades al evitar durante las horas de la noche las fugas de agua, que se producen por el mal estado de las redes de distribución.  

En Málaga, el embalse de la Viñuela, que es el principal reservorio de agua para consumo humano de muchos de los municipios de la Axarquía, y con una importante demanda para su uso en regadíos de la comarca, contiene solo 14 hectómetros cúbicos, el 8,48 % de su capacidad total.  

Por el momento en Jáen, Granada y Almería no ha habido restricciones de agua para la población o para sus  visitantes, aunque puede que ocurra si persiste la falta de lluvias. El Negratín en Granada es el segundo embalse más grande de Andalucía y está tan solo al 21% de su capacidad. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha estado restringiendo las dotaciones de agua para riego. Los regantes del arroz en la desembocadura decidieron por ello no producir este año y vender “sus dotaciones reducidas” a los regadíos de Almería a través del trasvase Negratín-Almanzora, desde la cabecera  del río. Sin embargo, la cesión de derechos desde este punto es un mecanismo que en situaciones extremas como esta supone que se usen los recursos al límite, cuando de otra manera se hubiesen mantenido en el río o disponibles en los embalses como margen de seguridad para los municipios de la propia cuenca.  

Además, existen crecientes y sostenidas demandas de agua de riego incluso para cultivos de secano. Ante la falta de lluvias, el regadío quiere asegurarse agua a cualquier precio. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), bajo la dirección y coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, está llevando a cabo la operación chaak contra el presunto uso fraudulento del agua en el riego de cultivos subtropicales en la zona de la Axarquía malagueña, donde han sido investigados 299 aprovechamientos hídricos, entre pozos, sondeos o balsas.  

En Granada la propia planificación hidrológica de la CHG está planteando proyectos como el del trasvase de agua del río Castril desde el Embalse del Portillo, lo que se ha encontrado con una oposición sostenida, cuando no una verdadera guerra del agua entre David y Goliat, por parte de los agricultores tradicionales y las poblaciones del altiplano de Granada. El Castril, quizá uno de los pocos ríos protegidos que se mantiene en un estado mejor que bueno en Andalucía, se desviaría por una conducción para el abastecimiento de Baza, porque depende de un acuífero cuyas extracciones no se controlan y está sobreexplotado. La presión principal es para que el riego del olivar pueda multiplicar sus beneficios y para la incipiente agricultura intensiva que se está instalando en el Altiplano de Granada, con empresas agroindustriales de la región de Murcia, que se están desplazando al reclamo que supone la ampliación de riegos de 7.000 nuevas hectáreas. Un ejemplo de lo que  está por venir en otros sitios de España ante el drama de la sequía. 

Es evidente que ha llegado el momento de actuar de otra forma frente a la falta de agua. Se ha avanzado desde la última gran sequía como en Almería por el avance de la desalación. Sin embargo, la trasformación del  modelo de ciudad y de la economía para hacerla menos dependiente del agua es urgente y necesaria.  Tradicionalmente en España, como en muchos otros lugares, los problemas de falta de agua se han tratado de  solucionar buscando más recursos, lo que es imposible ya que llueve cada vez menos. Sin embargo, para que las necesidades puedan seguir siendo cubiertas en el futuro, nuestro foco debe estar en facilitar, y no impedir, las funciones del ciclo hidrológico natural, además de ajustar nuestros usos de agua a los recursos disponibles. Para ello es necesaria una transformación del modelo de ciudad y un cambio estructural de la economía, especialmente la de regadío, protegiendo al regadío tradicional y apoyando la transición justa hacia otra forma  de desarrollo rural.  

Este nuevo planteamiento se justifica, entre otras cosas, porque nuestros acuíferos –el gran recurso  estratégico frente a las sequías y el cambio climático– están en gran medida agotados o tremendamente deteriorados por la contaminación, especialmente en el medio rural donde, muy a menudo, se carece de alternativas de fuentes de agua. En muchos lugares de Andalucía y del resto de España, el uso del agua subterránea no es sostenible y la cada vez más reducida precipitación es incapaz de regenerar nuestros acuíferos al mismo ritmo que extraemos para regar. Por si fuera poco, impermeabilizamos nuestras ciudades, con lo que impedimos la infiltración en nuestros acuíferos del agua de la que dependemos y el pavimento aumenta el efecto Isla de Calor.  

La sequía es un fenómeno impredecible, pero ya convertido en estructural como compañero de viaje. Un  fenómeno que hace imprescindible más planificación ante la incertidumbre, y más flexibilidad. Requiere blindar realmente los sistemas de los abastecimientos ante la contaminación y las fugas, modificar los sistemas de monitoreo que tenemos, y tener en cuenta no solo el impacto de las sequías en la actividad agraria sino también en la economía de las zonas urbanas, en el bienestar de las personas y el medio  natural. Por ello, de acuerdo con nuestra legislación, el consumo humano es el último uso que se restringiría pero vemos que esto no es tan sencillo y no es siempre el caso. Las áreas urbanas de más de 20.000 habitantes están obligadas por ley a tener planes de emergencia, con acciones que van desde  campañas de concienciación por un consumo responsable al racionamiento. Hay planes en Cádiz, Sevilla, en los sistemas de Emproacsa, Huesna, Lucena, Puerto Real o Chiclana de la Frontera. Sin embargo, en estos momentos, en el Guadalquivir, de los 19 municipios mayores hay cuatro que aún no los han presentado. La situación en las cuencas internas gestionadas directamente por la Junta de Andalucía va más  allá y exige que los preparen los municipios de más de 10.000 habitantes. ¿Pero hasta cuándo vamos a estar  sin movernos en la dirección adecuada apuntada? 

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Josefina Maestu es economista del Agua, profesora Honorifica de la Universidad de Alcalá, exdirectora de la Oficina de Naciones Unidas del Decenio del Agua.

Luis Babiano es antropólogo del Agua y gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS).

El 53 % de los mayores lagos del mundo están en declive y almacenan menos agua que hace tres décadas, según un estudio que publica ha publicado la revista Science. Estos depósitos naturales contienen el 87% del agua dulce líquida superficial de la Tierra. Además, proporcionan servicios ecosistémicos esenciales y son un componente clave de los procesos biogeoquímicos mundiales.

Según los autores, liderados desde el instituto CIRES de la Universidad de Colorado en Boulder (EEUU), este decrecimiento se debe principalmente al cambio climático –por el aumento de las temperaturas y la reducción de los caudales que provocan la evaporación–, el consumo humano y la sedimentación en los embalses.

“Se trata de una especie de ‘desastre progresivo’, ya que se produce a lo largo de años y décadas. El resultado de la sedimentación, por ejemplo, será que los embalses podrán almacenar menos, con lo que serán menos fiables para el suministro de agua dulce y energía hidroeléctrica, sobre todo en países con embalses bastante antiguos”, dice a SINC Fangfang Yao, investigador visitante del CIRES, actualmente en la Universidad de Virginia (EEUU).

La descarga de sedimentos puede ayudar a su eliminación. Las tasas de sedimentación de los embalses se aceleran con el cambio climático, debido al aumento de las precipitaciones extremas, así como a alteraciones del terreno como incendios forestales, corrimientos de tierras o la deforestación. “Si tomamos medidas sobre estos aspectos, se puede paliar el impacto del cambio climático en los embalses”, argumenta el científico, que se motivó para realizar esta investigación a raíz de la desecación del Mar de Aral entre Kazajstán y Uzbekistán.

El estudio se centró en el almacenamiento de agua en lagos y embalses con datos de nueve satélites diferentes utilizando una técnica innovadora para reconstruir los datos de almacenamiento de agua en el pasado. Con esta nueva metodología, los autores pretenden dar a los gestores del agua y a las comunidades una idea de cómo proteger mejor estas fuentes de agua, fundamentales para los ecosistemas regionales. Además, proporcionan un mapa interactivo con las tendencias y controladores del almacenamiento mundial del agua de los lagos.

Entre las masas de agua estudiadas se encuentran 17 lagos peninsulares, 13 de ellos en territorio español. “Aproximadamente la mitad (entre el 40% y el 60%) de los grandes lagos de la península ibérica estaban perdiendo agua. En general, los lagos de Europa occidental están en declive. Pero dos embalses recientemente llenados, los lagos Baixo Sabor y Alqueva, en Portugal, muestran un aumento del almacenamiento de agua. El lago Alarcón, en España, también muestra un aumento del almacenamiento de agua”, puntualiza el investigador.

Los resultados del trabajo subrayan la importancia de tener en cuenta estos efectos en las futuras estrategias de gestión de los recursos hídricos superficiales. Las actividades humanas directas, como la construcción de presas y el consumo de agua, así como el actual cambio climático, amenazan cada vez más estos recursos hídricos esenciales.

“Hay que tener cuidado con el uso del agua en los años de sequía. Si los agricultores se preocupan en exceso por la pérdida de cosechas y utilizan demasiada agua para regar, puede amplificar la sequía y provocar descensos de nivel en los lagos aguas abajo.

Aumentar la concienciación y hacer que se informe sobre el uso del agua será útil para evitar desastres medioambientales en los lagos durante los años de sequía”, continúa Yao.

Para el nuevo trabajo, el equipo utilizó 250.000 instantáneas del área de los lagos captadas por satélites entre 1992 y 2020 para estudiar la superficie de 1.972 de los mayores lagos de la Tierra. Recogieron los niveles de agua con nueve altímetros de satélite y utilizaron datos de agua a largo plazo para reducir cualquier incertidumbre.

En el caso de los lagos sin registros a largo plazo, emplearon mediciones del agua realizadas con instrumentos más recientes en los satélites. La combinación de mediciones de nivel con indicadores de superficie a más largo plazo, es lo que les permitió reconstruir el volumen de los lagos décadas atrás.

“La pérdida de agua de los lagos prevalece en las principales regiones del mundo, como el oeste de Asia Central, Oriente Medio, el oeste de la India, el este de China, el norte y el este de Europa, Oceanía, Estados Unidos, norte de Canadá, sur de África y la mayor parte de Sudamérica”, afirma el experto.

Yao y su equipo también evaluaron las tendencias de almacenamiento en los embalses. Y descubrieron que casi dos tercios de los más grandes experimentaron pérdidas significativas de agua.

"La sedimentación dominó la disminución global del almacenamiento en los embalses existentes", asegura Ben Livneh, otro miembro de CIRES.

Aunque la mayoría de los lagos del mundo se están reduciendo, el 24% experimentó aumentos significativos en el almacenamiento de agua. Los que están en crecimiento tienden a estar en zonas poco pobladas del interior de la meseta tibetana y las Grandes Llanuras del Norte de Norteamérica, así como en zonas con nuevos embalses, como las cuencas de los ríos Yangtsé, Mekong y Nilo.

Los autores calculan que aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, 2.000 millones de personas, reside en la cuenca de un lago que se está secando, lo que indica la urgente necesidad de una gestión sostenible de los recursos hídricos.

"Si el consumo humano es un factor importante en la disminución del almacenamiento de agua de los lagos, entonces podemos adaptarnos y explorar nuevas políticas para reducir la disminución a gran escala", concluye Livneh.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Andalucía, que el próximo 19 de junio se juega su futuro y la presencia de la extrema derecha en San Telmo, tiene varios frentes abiertos en el terreno medioambiental. Y el cambio climático vertebra los problemas ecológicos como la gasolina que aviva el fuego. Es bien sabido, y así lo evidenció la última gran revisión de la literatura científica de los expertos de Naciones Unidas, que el sur de Europa es muy vulnerable al fenómeno no solo por el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos o la subida de las temperaturas, sino por la probable escasez hídrica y la desertificación de los suelos. Y, como muestran las proyecciones, dentro de la península ibérica, el escenario se complica entre Despeñaperros y el Estrecho.

Juanma Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta de Andalucía, reivindica para sí las políticas verdes; no son "de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común", como ha dicho en campaña. Sin embargo, el reto de la crisis ecológica exigirá, si se quieren evitar los peores efectos, un cambio de modelo poco compatible con los principios del conservadurismo político; y mucho menos con la reacción negacionista de Vox, el probable socio de Gobierno. Esto es lo que dicen los datos.

El Visor de Escenarios de Cambio Climático habilitado por el Ministerio para la Transición Ecológica plantea, en el medio plazo (2040-2070), un aumento generalizado de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones en toda España, en base al escenario RCP 4.5., fijado por el IPCC en su informe de 2014; uno de los más probables, en el que se incumple el Acuerdo de París y se llega al máximo de emisiones en 2040 para luego descender. No es el peor de los imaginados por los especialistas convocados por entonces, pero tiene más papeletas para convertirse en realidad. Algunos indicadores del modelo dibujan un peor pronóstico para Andalucía y, en concreto, para el valle del Guadalquivir, entre Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla, la conocida como la sartén de España.

En esta zona se esperan hasta 10 días menos de lluvia al año con respecto a la serie histórica, y entre 50 y 80 días al año con temperaturas mínimas por encima de 20 grados, por encima de la media actual de 30. La evapotranspiración, es decir, la cantidad de agua que pierde tanto la superficie como la vegetación de una zona por el calor, pasará a partir de 2040 de entre los 75/80 mm/día a más de 90 en el peor escenario. Entre Huelva, Sevilla y Cádiz, la media de temperaturas máximas podría alcanzar los 30 grados, frente a los 25 actuales (contando para el recuento las noches y los inviernos), unos registros que serán inalcanzables para el resto de la península, con picos por encima de los 45 grados en la depresión que hace el antiguo río Betis cerca de su desembocadura.

El pasado verano, Montoro (Córdoba), en medio de este triángulo del calor extremo, volvió a romper el récord de temperatura en España al registrar 47,2 grados. El cambio climático no solo amenaza con subir el mercurio, también con escenarios incompatibles con la vida. Junto a la falta de precipitaciones, con la cuenca del Guadalquivir en riesgo de sequía desde hace casi una década, revelan el principal desafío ambiental de Andalucía: el agua. Falta agua. Va a faltar más. El 21% de la superficie andaluza está en un riesgo alto de desertificación, según el borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación. No solo por el cambio climático, sino por la conversión de cultivos de secano en regadío sin control; una estrategia apoyada por la Junta. El modelo ha causado que la mitad sur peninsular concentra el mayor volumen de agua subterránea en mal estado, y más de la mitad de las cuencas andaluzas que vierten al Mediterráneo registran un mal estado químico.

Juanma Moreno, poco sospechoso de negacionista y con políticas medioambientales más ambiciosas que otros presidentes autonómicos de su partido, lo sabe. Y lo explica. Su compromiso para la próxima legislatura es el de encabezar "una revolución del agua como no se ha hecho en otra región europea". Sabe que la región escasea de recursos hídricos y que va a ir a peor en los próximos años, por los efectos inevitables del cambio climático, aunque reduzcamos radicalmente las emisiones. Sin embargo, su receta no pasa por moderar el consumo de los sectores más hidrointensivos, como el regadío, sino por distribuirla más entre cuencas supuestamente "excedentarias" y otras supuestamente "deficitarias"; y por sacarla de donde ahora mismo no la hay con una apuesta por la desalación.

Sin embargo, en el Parque Nacional de Doñana, un ecosistema único y herido de muerte, se pueden comprobar los límites y las contradicciones de la apuesta. El pasado 9 de febrero, PP, Cs y Vox aprobaron, con la abstención del PSOE, una amnistía de las hectáreas de regadío que se quedaron fuera del plan de ordenación del antiguo Ejecutivo socialista. El Gobierno de Susana Díaz estableció que esos terrenos, que llevaban años utilizando el agua de las marismas sin permiso, no tenían derecho a una regularización: y la proposición de ley que salió adelante abre la puerta a que se regularicen, aunque el permiso final para utilizar el recurso hídrico dependerá de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un órgano de Transición Ecológica.

Hay 1.600 hectáreas de regadíos sin permiso en el entorno de Doñana. PP, Cs y Vox quieren que una parte de ellos se regularicen. Organizaciones ecologistas y antiguos directores del parque opinan que el ecosistema necesita que desaparezcan, con una transición justa para los trabajadores.

Las preguntas de fondo son las siguientes: ¿hay agua suficiente en Doñana para el regadío actual? ¿Y para más? ¿La habrá en el futuro? La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha establecido un decrecimiento del 6% de la superficie regada para 2030, el Gobierno central, la Comisión Europea y los ecologistas piensan que no. Los partidos de la derecha parlamentaria andaluza, las patronales agrarias y el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla piensan que sí. La apuesta, además de desaladoras, se basa en trasvasar el agua de las zonas de Andalucía en las que, supuestamente, sobre el recurso hacia las que lo necesiten para mantener viva la industria.

Sin embargo, hay dos obstáculos al plan. Uno, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir planea esos trasvases no para ampliar el regadío, sino para que el actual deje de beber de un acuífero sobreexplotado y que amenaza con desertificar una marisma única en Europa. Y, en segundo lugar, porque ninguna cuenca hidrográfica cercana a Doñana es excedentaria. La sequía hidrológica, a pesar de las intensas lluvias de la primavera en el sur, sigue manteniendo a la práctica totalidad de la zona que abarca al Guadalquivir y sus afluentes en situación de alerta: se teme que haya menos recursos de los que se necesitan. Pero las cuencas vecinas, de donde Moreno pretende extraer agua que sirva al imperio de la fresa, tampoco pueden tirar cohetes.

A día 7 de junio, los embalses de la gaditana cuenca de Guadalete-Barbate están al 34,71%. La media de los últimos 10 años en las mismas fechas es del 68,30%. La cuenca del Tinto, Odiel y Piedras disfruta de mejor salud, pero igualmente disfruta de menos agua que en el pasado reciente: 77% de agua embalsada frente al 84,72% de los últimos dos años. En general, Andalucía se enfrenta a un final de 2022 muy preocupante a nivel hídrico, salvo que el verano, que se prevé seco y más caluroso de lo habitual, traiga un improbabilísimo milagro en forma de precipitaciones.

La desalación, por su parte, encuentra sus límites al otro extremo de la comunidad, en Almería. El "milagro económico" de los invernaderos agotó los acuíferos y no recibe agua de trasvases, por lo que tiene que tirar de desaladoras. Como denuncian la patronal agraria y el Ayuntamiento de Níjar, el municipio con menos renta de España y epicentro de la explotación hortofrutícola, el agua desalada es más cara y reduce los márgenes de beneficio de los agricultores.

La situación de Doñana y la amnistía a los regantes ha sido, de lejos, la principal y más agria polémica del mandato de Juan Manuel Moreno Bonilla al frente de la comunidad autónoma andaluza. No la única. En febrero de 2021, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió a la Junta una rectificación por el decreto que abría la puerta a eximir a determinados proyectos de la evaluación ambiental: solo con la decisión del Consejo de Gobierno, si dicha evaluación "pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto". La también vicepresidenta del Gobierno fue contundente: "Así no".

Argumentó la Junta que la ley estatal de evaluación ambiental también recogía excepciones, pero están más detalladas: el Ejecutivo central puede hacer que un proyecto se libre del examen, pero se tienen que garantizar "formas alternativas de evaluación" y el permiso de la Comisión Europea. Para los ecologistas, no es casualidad: la Junta de Andalucía apuesta por el desarrollismo, la ideología que propugna el avance meramente económico como objetivo prioritario, por encima de la protección y preservación de los espacios naturales –algunos de ellos, únicos en el mundo–. No solo pasa en Doñana.

Ribera y Moreno están de acuerdo en el derrumbe del hotel Algarrobico, un mastodonte ilegal en primera línea de una de las pocas playas vírgenes que sobreviven en el entorno de Cabo de Gata. Pero en el mismo parque, en la zona de Los Genoveses, la Junta ha dado el visto bueno a un hotel. Las asociaciones ecologistas que llevan décadas luchando por mantener a Cabo de Gata libre del impacto humano, garantizando aguas cristalinas y una biodiversidad única, sienten que están a punto de perder la batalla.

El Gobierno de Moreno también ve con buenos ojos el golf en Maro (Málaga), que pone en peligro las explotaciones familiares de frutos tropicales; ha permitido reabrir la mina de Aznalcóllar tras el desastre de 1998; y, como polémica más reciente, ha esquivado la evaluación ambiental en un proyecto de carril ciclista, puro hormigón, en el parque gaditano de los Alcornocales.

Hay una tendencia. Pero también hay límites en la autopista infinita que imagina el desarrollismo: la insostenibilidad de la explotación del recurso es un límite físico, no una ensoñación ecológica. En Andalucía, con la complicidad en varios casos del Gobierno de la Junta que opta a la reelección, el calor aprieta, el agua se agota y los ecosistemas se mueren.

Los PERTE, los proyectos estratégicos incluidos en el Plan de Recuperación con los que el Gobierno pretende impulsar el crecimiento al tiempo que se transforma y moderniza la economía española, suman ya una inyección de 33.283 millones de euros públicos. Los 11 que ya han sido aprobados deben arrastrar inversiones privadas para regar con 71.235 millones los principales sectores productivos nacionales. Ese es el montante de los proyectos diseñados, según el esquema previsto y publicado por el Gobierno, pero la cifra será superior cuando se le añadan las cantidades de dinero privado que movilizarán los dos últimos PERTE aprobados, el de microelectrónica y semiconductores y el de economía social y cuidados, que de momento no han incluido el dato. En el caso del primero, la previsión del Ministerio de Economía es de casi duplicar el monto público comprometido, que alcanza los 12.250 millones de euros, el mayor de los 11 proyectos estratégicos. Trabajo aún no ha informado del dinero privado que atraerá el segundo. Es decir, la transfusión de fondos podría superar los 83.000 millones en cuatro años.

Los PERTE, los proyectos estrella del Plan de Recuperación y Resiliencia que se está financiando con los milmillonarios fondos europeos, se han creado para reactivar la economía tras el parón forzado por la pandemia, pero vienen para quedarse, según proclama el propio real decreto-ley que los regula. No sólo tienen “vocación de permanencia”, sino que además pretenden ser un instrumento que ayude a “corregir fallos de mercado”: deben ser los tractores que arrastren al capital privado cuando este, por miedo al riesgo, no se decide a invertir.

Las diferentes administraciones, empresas, universidades, centros de investigación o asociaciones empresariales que deseen formar parte de un PERTE y recibir las consiguientes subvenciones deben inscribirse en un registro público. Y en algunos de ellos se han constituido “alianzas” a las que, además de los ministerios implicados, se incorporan el resto de los actores privados de cada proyecto y que estará al cargo de su gobernanza. Así, hay una Alianza Salud de Vanguardia para las Renovables Innovadoras o para el PERTE Agroalimentario. Hasta ahora un buen número de grandes empresas, desde Volkswagen hasta Intel, se han integrado en estos proyectos estratégicos. Pero también están pensados para arrastrar a las pymes. Por ejemplo, en el del vehículo eléctrico, el 40% de las empresas participantes deben ser pequeñas y medianas.

De los 11 proyectos aprobados, sólo tres han abierto ya convocatorias de ayudas.

Estos son los proyectos que hasta el momento ha aprobado el Consejo de Ministros.

Fue el primero que recibió la luz verde del Gobierno. Este viernes ha concluido el plazo para acceder a los 2.975 millones de euros en subvenciones correspondientes a la parte industrial del PERTE. En total, están presupuestados 4.300 millones de euros públicos, que deberían movilizar otros 19.700 millones de inversión privada y crear 140.000 empleos.

Uno de los proyectos presentados es una gran fábrica de baterías que Seat/Volkswagen quiere levantar en Sagunto (Valencia) y generará 3.000 empleos. Con una inversión de 3.000 millones de euros, será una de las cinco factorías de baterías para coches eléctricos que el grupo quiere construir en Europa.

Stellantis –Peugeot, Citroën, Opel, Fiat y otras– se ha puesto al frente de dos proyectos: Tesis y Aries. El primero se centra en la fábrica de Opel en Figueruelas (Zaragoza) con 223 millones de euros de inversión, reúne a 23 socios tecnológicos e industriales repartidos por seis comunidades autónomas y servirá para fabricar nuevos modelos de coches eléctricos. El segundo, con un presupuesto de 43 millones de euros, coordinará las plantas de Vigo y Madrid, incluye a 25 empresas, pondrá en marcha un taller de baterías y promoverá la reutilización de agua.

Renault, aliada con Gestamp, Grupo Antolín, Cellnex, Iberdrola o la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros socios, lidera una iniciativa de descarbonización –hidrógeno, combustibles neutros, baterías–, conectividad –vehículos autónomos– y servicios de movilidad. El 70% de las empresas implicadas son pymes.

Otro proyecto corre a cargo de Acciona, que con la china Envision instalará una megafábrica de baterías para coches eléctricos en Navalmoral de la Mata (Cáceres) con una inversión de 2.500 millones de euros.

Con una inyección pública de 982,4 millones de euros hasta 2023, se pretende atraer otros 486,8 millones de la iniciativa privada para estimular tanto el tejido científico como el empresarial. El Gobierno lo denomina “alianza científico-empresarial”. Terapias avanzadas, técnicas innovadoras de diagnóstico y prevención de enfermedades e incluso plataformas para diseñar y producir medicamentos y vacunas son las herramientas con las que se quiere mejorar la salud de la población. El proyecto también incluye acuerdos con las comunidades autónomas para impulsar la transformación digital de la atención primaria.

En la Alianza de Salud de Vanguardia se han integrado desde la Asociación Española Contra el Cáncer y la Federación Española de Enfermedades Raras u organizaciones de pacientes hasta las patronales Farmaindustria y Ametic, de las empresas tecnológicas.

Hasta el momento se ha abierto una convocatoria de ayudas de 50 millones de euros para el sector farmacéutico y de equipos médicos, cuyo plazo acaba el próximo día 15.

Para conseguir la independencia energética y acelerar en la descarbonización, este PERTE tiene previsto dedicar 6.920 millones de euros de dinero público, que deberían movilizar 9.450 millones de iniciativa privada. Y crear 280.000 puestos de trabajo. “Construir una transición energética diseñada y fabricada en España” es el objetivo diseñado por el Gobierno. Como resultado, el país debería ser en 2030 el productor del 10% de los 40 gigavatios que la Comisión Europea se fijó como meta para descarbonizar la economía en 2050.

Ya se ha cerrado una convocatoria de ayudas por importe de 50 millones de euros para que instituciones públicas y privadas sufraguen proyectos de I+D de almacenamiento energético. El próximo día 7 concluyen también los plazos de los cuatro programas de incentivos, por un total de 250 millones de euros, para empresas que presenten proyectos que abarquen toda la cadena tecnológica del hidrógeno renovable, así como proyectos sobre movilidad por hidrógeno, ya sea por carretera, ferroviario, aéreo o marítimo.

El PERTE pensado para reforzar toda la cadena agroalimentaria tendrá un fondo público inicial de 1.803 millones de euros, que podrán atraer otros 2.000 millones de procedencia privada. Habrá 400 millones para que la industria agroalimentaria mejore sus procesos de producción y otros 454 millones para que desde los agricultores y ganaderos hasta las empresas transformadoras y comercializadoras hagan su adaptación digital. También se destinarán 148 millones a apoyar la innovación e investigación y aumentar así la competitividad del sector. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha prometido que este mismo mes estará lista la primera convocatoria de ayudas por 400 millones de euros.

Inteligencia artificial, ciencia en español, turismo de la lengua, industrias culturales. Son algunas de las herramientas para hacer del español y las lenguas cooficiales un activo para impulsar la economía y la competitividad, dice el Gobierno. A este fin se destinarán 1.100 millones de euros, a los que la privada debería sumar otros 1.000 millones.

Con este dinero se quiere crear un Observatorio del Español, que estudie la situación del idioma castellano en el mundo, pero también un banco de datos de la lengua. Igualmente se ha proyectado una Red de Excelencia en Inteligencia Artificial, que costará 330 millones de euros. Además, se digitalizará el Instituto Cervantes y se creará una plataforma tecnológica única para aprender español. Ambos proyectos supondrán un desembolso de 475 millones más.

Aparte de una Alianza para la Nueva Economía de la Lengua que incluirá a universidades, comunidades autónomas y ayuntamientos, así como a la FEMP, ya se ha nombrado una comisionada especial, que supervisará el PERTE, la periodista Cristina Gallach.

Reducir los residuos al mínimo es el objetivo de la llamada economía circular, una manera de producir y consumir que, además de contribuir al crecimiento sostenible, tiene un gran potencial de empleo: en España se podrían crear el 10% de los 700.000 nuevos puestos de trabajo que se calculan para Europa, asegura el Gobierno. De forma que este PERTE asegura la inversión pública de 492 millones de euros, que deberían atraer 740 millones de la iniciativa privada.

La idea es que las subvenciones las reciban sectores como el textil, el plástico y los bienes de equipo, para hacer sus industrias sostenibles, pero también las empresas de cualquier otro sector para que rebajen el consumo de materias primas o gestionen mejor sus residuos, por ejemplo. Se trata de fomentar el reciclaje y la reparación, que se consuman más servicios y menos productos.

En este PERTE están implicados el Observatorio del Sector Textil y de la Moda, las asociaciones Anarpla, de recicladores de plásticos y EsPlásticos, así como Aeólica –aerogenadores–, Unef –módulos solares fotovoltaicos– y Aepibal –pilas y baterías–.

La construcción naval, en permanente reconversión tecnológica y productiva desde hace décadas, deberá utilizar los 310 millones de euros públicos del PERTE para diversificarse hacia nuevos productos. En concreto, las energías renovables marinas y los barcos de bajas emisiones. La previsión es arrastrar hasta 1.150 millones de procedencia privada. No sólo tendrían que crearse 3.100 empleos en ese esfuerzo, sino también mejorar la capacitación profesional de los trabajadores del sector. En conjunto, promete el Gobierno, con esas inversiones la industria naval debería crecer un 9% y su competitividad aumentar un 15%.

El instrumento serán en este caso préstamos con un tramo no reembolsable. Y sus destinatarios, desde start-ups y pymes hasta grandes empresas. Al frente del proyecto estratégico se han situado los astilleros públicos Navantia, la tecnolólgica Siemens y la patronal Pymar, que agrupa a los astilleros privados españoles. Los tres presentaron en 2021 un Plan de Transformación del Sector Naval alineado con los objetivos del Plan de Recuperación, que ha servido de base para el PERTE.

España tendrá su propia Agencia Espacial gracias a este PERTE, al que se dedicarán 2.193 millones de euros públicos, con la intención de incorporar otros 2.340 millones de la iniciativa privada. Además, es un PERTE internacional, porque contará con la colaboración de Portugal en la Constelación Atlántica, un programa satelital de observación de la Tierra para monitorizar el cambio climático.

Aviones de cero emisiones o no tripulados son algunas de las capacidades que gracias a estas inversiones podrá conseguir la industria aeronáutica española.

Modernizar los sistemas de gestión del agua, tanto los urbanos como los agrícolas y para usos industriales, costará 2.125 millones de euros públicos. Unas inversiones que deberán sumar 1.120 millones de procedencia privada. Y crear 3.500 nuevos empleos. Así se conseguirá ahorrar en el consumo de agua, además de aumentar la seguridad del suministro y de las presas y embalses.

El PERTE incluye un plan de digitalización de la gestión del agua, desde el regadío hasta las confederaciones hidrográficas, al tiempo que la creación de un banco de datos y el uso del big data. La intención es también utilizar imágenes captadas desde drones y satélites para administrar el recurso de forma eficiente, así como promover el empleo de contadores inteligentes. Además, se modificará la Ley de Aguas, se actualizará el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y se creará el Observatorio de la Gestión del Agua en España. Las subvenciones las gestionarán las comunidades autónomas.

Los cuellos de botella en las cadenas de producción mundiales han hecho saltar al primer plano la importancia geoestratégica de los microchips. La UE depende de un número limitado de proveedores en Asia, por lo que se ha fijado como objetivo que la producción europea de semiconductores se eleve al 20% de la producción mundial en 2030. El PERTE de los microchips está pensado para conseguir la autonomía nacional en este campo. De hecho, se ha apartado el mayor volumen de fondos de todos los proyectos estratégicos para este PERTE, 12.250 millones de euros, que deberían casi duplicarse con las aportaciones privadas.

El plan integra un total de 11 proyectos, que no sólo deberían reforzar el I+D+i sobre microprocesadores e incluso desarrollar chips cuánticos, sino también crear tanto empresas fabless –no fabrica, sólo diseña y vende los chips— como plantas de fabricación de semiconductores. Además, se prevé constituir un fondo de capital para financiar startups y pymes innovadoras del sector.

La multinacional estadounidense Intel ya ha anunciado una inversión de 200 millones cada uno, que se completa con otros 200 millones de dinero público, en un laboratorio de diseño de microchips que la empresa creará en las instalaciones del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). El proyecto, que se prolongará durante 10 años, generará 300 empleos altamente cualificados.

Este PERTE también tiene ya su comisionado especial, Jaime Martorell, ingeniero de telecomunicaciones que ha trabajado en Silicon Valley.

Cooperativas, sociedades laborales, cofradías de pescadores, mutuas… componen el llamado tercer sector y son los impulsores de la economía social. Representan el 10% del PIB y el 12,5% de empleo, destaca el Gobierno. Un total de 43.000 empresas. Este PERTE intenta impulsar el sector mediante la inyección de 808 millones de euros. Con ese dinero se quiere fortalecer las políticas de igualdad y facilitar la conversión de empresas en crisis o sin relevo generacional en cooperativas de trabajo, así como desarrollar los servicios vinculados al cuidado de las personas, en una sociedad cada día más envejecida.

La Comisión Europea tiene un problema a la hora de cuantificar y medir los avances de su acción climática; y, específicamente, con la agricultura y la ganadería. Es lo que desprende de la última auditoría del Tribunal de Cuentas europeo sobre los gastos climáticos del club comunitario, que representa prácticamente una enmienda a la totalidad de los cálculos de la Unión Europea. Lo que viene a decir el órgano fiscalizador es que Bruselas no ha gastado el 20% de su presupuesto en luchar contra el cambio climático como proclama, porque muchas de las acciones no han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La brecha sobre lo que se ha vendido y lo que realmente ha aportado, dentro de las cuentas, es de 72.000 millones de euros entre 2014 y 2020.

Dentro de este cálculo, el Tribunal de Cuentas europeo carga –sin rodeos ni embellecedores– contra la gestión de la Comisión Europea del impacto climático de la agricultura y la ganadería de los 27. No solo considera que se han vendido partidas como reductoras de las emisiones cuando no está demostrado que hayan aportado, sino que las políticas no han funcionado. "La mitad del gasto en clima de la UE está relacionado con la agricultura y la ganadería", explica el organismo, pero "las emisiones de GEI procedentes de la agricultura en la UE no han disminuido desde 2010". ¿Qué está pasando?

Por un lado, hay gastos en el sector primario que se incluyen dentro del presupuesto climático, que contabilizan como la "acción climática" de Bruselas, que no están realmente reduciendo emisiones; y, por otro lado, hay prácticas y acciones que se entiende que generalmente ayudan en la lucha que están aportando poco o incluso son contraproducentes.

El Tribunal de Cuentas distingue entre la agricultura ecológica y las prácticas no consideradas "ecológicas" pero que, en criterio de la Comisión Europea, aportan a la mitigación del calentamiento global. En cuanto a lo primero, al presupuesto dedicado específicamente a reverdecer o a ecologizar (greening, en inglés) las prácticas agrícolas, el impacto es "muy incierto, pero probablemente bajo", porque los requisitos que se exigen para recibir el dinero son coincidentes con las prácticas que ya se llevan a cabo. En cuanto a otras medidas que reciben dinero europeo, o bien no se persigue su incumplimiento, o bien su contribución es "insignificante"; se calcula el nivel de sobreestimación en 17.500 millones de euros en los últimos cinco años.

El Tribunal de Cuentas relata una incongruencia que es inherente a cualquier política climática destinada a cambiarlo todo para que todo siga igual. Los pagos directos a agricultores y ganaderos a través de los diversos mecanismos habilitados al respecto, que consumen casi la mitad de los recursos del bloque comunitario (como los de la Política Agraria Común, PAC) incentivan la producción y por tanto las emisiones.

"Sin los pagos directos, las emisiones de GEI de la UE procedentes de la agricultura y la ganadería serían entre un 2,5% y un 4,2% menores", explica el informe, porque simplemente se reduciría el músculo del sector; sin embargo, tampoco es la solución perfecta, porque los estudios estiman que lo que se dejaría de emitir aquí se emitiría en otras latitudes, si no cambia la demanda del mercado con respecto a su alimentación.

El órgano fiscalizador critica que la Comisión Europea mezcla continuamente la mitigación del cambio climático (la acción para reducir emisiones) con la adaptación al cambio climático, las políticas destinadas a que los efectos inevitables del fenómeno causen el menor daño posible. En cuanto a lo segundo, muchos expertos vienen años advirtiendo de que la agricultura, y en especial los imperios intensivos del sur y el Levante español, consumen más agua de la que van a tener, por lo que hay que reestructurar el sector. Es decir, adaptarlo al nuevo escenario.

En ese sentido, el Tribunal de Cuentas europeo critica que si bien las ayudas de la Unión Europea "aumentan la capacidad de las explotaciones para hacer frente a choques negativos del cambio climático", esos mismos pagos directos puede hacer que se mantengan las que son "inviables", frenando "los cambios estructurales que podrían ser necesarios para la adaptación". El órgano fiscalizador, en base a la literatura científica, entiende que adaptarse al cambio climático implicará reducir el tamaño y el número de estos negocios; no subvencionarlos en base a unos presupuestos que, además, son calificados por Bruselas como "climáticos" y "verdes".

La lógica de la Comisión Europea que critica la auditoría es parecida a la que, por el momento, está siguiendo España. El Gobierno plantea una reducción del 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector primario en 2050 pero sin restringir el número de instalaciones, como se cuenta aquí. En cuanto a la ganadería, a partir de 2013, explica el Gobierno en su último informe sobre las emisiones, "se observa un cambio de tendencia al alza ligado al aumento en el uso de fertilizantes inorgánicos y al incremento de la cabaña ganadera, siendo las emisiones del sector en 2019 un +8,0% más altas que en 1990". Transición Ecológica asume que es un sector de difícil mitigación y no aspira a descarbonizarlo por completo.

Por otro lado, los impactos de la agricultura y la ganadería en España son cada vez más evidentes, así como la ausencia de un plan concreto para atajarlos y abordar esos "cambios estructurales" que pide el Tribunal de Cuentas. Algunos planes hidrológicos, como el del Ebro, calculan un aumento de las hectáreas de regadío pese a la evidencia de la disminución paulatina de los recursos hídricos en el país y de las advertencias del IPCC, el panel de expertos de la ONU: el sur de Europa será inevitablemente golpeado por la falta de agua.

En la Región de Murcia, los efectos de la agricultura y la ganadería intensivas están en el origen del nuevo episodio de anoxia del Mar Menor, estabilizado en las últimas semanas pero que anticipa un verano complicado; y los regantes, impulsados por los políticos de la zona, piden más agua para sus cultivos mientras el Gobierno admite su retraso a la hora de sacar adelante su estrategia de transición. En Doñana (Huelva), otro ecosistema único está en cuidados intensivos por la presión hídrica de los cultivos que extraen el valioso recurso de los acuíferos, y la derecha ha aprobado recientemente una nueva norma para regularizar hectáreas que se quedaron fuera de la anterior ordenación.

Y, por otro lado, como demuestran los datos más recientes de la Comisión Europea, la alimentación es el ámbito de consumo que acumula más de la mitad de todos los impactos ambientales del lado de la demanda. En cuanto al cambio climático, una sustitución del 25% de proteínas animales por vegetales ayudaría a la acción climática un 15%, calcula el estudio presentado hace unas semanas por Alberto Garzón.

En España no hay una transición ni del agua, ni del regadío, ni de la agricultura, ni de la ganadería, denuncian los activistas que llevan fiscalizando años la gestión hídrica y ecológica del país. A juicio del Tribunal de Cuentas europeo, esos cambios "estructurales" deberían abordarse para que el sector primario reduzca una huella que, por el momento, no ha conseguido reducir.

El pasado lunes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la nueva serie de estadísticas sobre condiciones de vida en las ciudades, referentes a 2019. Dos municipios almerienses, Níjar y Vícar, dependientes casi en exclusiva de la agricultura intensiva mediante regadío e invernaderos, cierran el ranking con la menor renta neta media anual por habitante: 7.097 euros, en el caso del primero, y 7.634 en el caso del segundo. El desarrollo de la industria hortofrutícola de la zona a partir de la década de los 70, calificado de "milagro" por su eficiencia y sofisticación, no es capaz de evitar estos niveles de pobreza. Como se preguntaba Quique González, ¿dónde está el dinero? Los críticos con el modelo señalan al modelo; y los que sustentan al modelo señalan a la población migrante, buena parte de ella sin papeles y malviviendo en chabolas.

No sorprenden las últimas posiciones de Níjar y Vícar. No es la primera vez que cuentan con el dudoso honor de cerrar la lista del INE. La alcaldesa del primer municipio, Esperanza Pérez (PSOE), escribió una carta al respecto la primera vez que el pueblo apareció en esa posición. Echó la culpa a las deudas de la anterior corporación municipal, al trazado del AVE que les deja fuera para el transporte de mercancías y al precio del agua desalada. "Níjar necesita ayuda. Somos una de las poblaciones que más crece en población, casi al mismo ritmo que nuestras fincas de producción de agricultura ecológica, pero los ingresos que recibimos por habitante en el municipio más extenso de España no dan más de sí", aseguraba por entonces la primera edil.

Otras voces apuntan a que el problema es ese: crecer, crecer y crecer. "Hasta finales de la década de los años sesenta, Almería ocupaba el último lugar entre las cincuenta provincias españolas por su renta per cápita. Hoy ha dado un salto espectacular debido a su sector agrario" se podía leer en El País en 1982. "El crecimiento de la renta agraria en Almería a partir de los años sesenta ha sido realmente espectacular y hasta tildado de milagroso". No fue Dios sino la ciencia, de la mano de la técnica, la que obró el milagro: un nuevo sistema de regadío que aprovecha, literalmente, hasta la última gota, y que se conjuga con el sol y el calor del sur peninsular para convertirse en la huerta de Europa.

Sin embargo, el agua no es infinita y el modelo está agotado, en opinión del ecólogo de la Universidad de Alicante Fernando Maestre, que esta semana reflexionaba en Twitter sobre los datos del INE. "Es un problema complejo porque no es solo económico, ni social, ni ambiental... es todo a la vez". La asombrosa eficiencia del regadío almeriense bajo plástico es parte del conflicto, explica el investigador, en base a la paradoja de Jevons: lo ahorrado no se ha utilizado para hacer sostenible la actividad y gastar menos agua, sino para acabar utilizando más recursos hídricos. Las hectáreas de invernaderos en Almería no dejan de crecer.

Cuando las explotaciones mineras se fueron de la provincia andaluza en los 50 tras quedarse sin recurso que extraer, el milagro del regadío devolvió la actividad utilizando el agua de los acuíferos. Se agotaron. Desde 1998, los invernaderos de Níjar solo utilizan agua desalada. No llueve lo suficiente y los trasvases no llegan a esta esquina de la Península. Y ese agua no es barata. Ya está subvencionada; los agricultores y los políticos almerienses quieren aún más subvención. "El milagro almeriense no podría exportar si el agua desalada no estuviese subvencionada", asegura Maestre.

El modelo, además, es desigual, critica el investigador: la insostenibilidad no es solo ambiental, sino económica y social. Necesita mano de obra precarizada, generalmente migrante, con o sin papeles, que hace desplomarse el indicador del INE. 7.097 euros de renta media, mientras que, según el Anuario Agrícola 2021 de la horticultura intensiva almeriense, el valor de los pimientos comercializados alcanzó el millón de euros. "Es una riqueza que está en manos de unos pocos. Se basa en mano de obra migrante en situación irregular. Una masa de trabajadores muy grande que no cotiza y es economía sumergida", considera Maestre.

Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería y nijareño, niega la mayor: la industria hortofrutícola almeriense no utiliza mano de obra irregular. Los sin papeles, que cifra en unas 3.000 personas, están empadronadas en el municipio pero carecen de ingresos, "si eso alguna peonada suelta", y son los que hacen desplomarse a la estadística. Culpa al "efecto llamada": muchos migrantes, habitualmente africanos, consiguen trabajo en la huerta y atraen a sus familiares y amigos, con la esperanza de un puesto de trabajo en la agricultura almeriense.

Regularizados o sin regularizar, las poblaciones de migrantes en infraviviendas en Almería son una realidad difícil de ocultar, así como su vínculo con la industria hortofrutícola. El voto a Vox, que mantiene en estos municipios andaluces un discurso abiertamente xenófobo, se disparó en las últimas municipales, alcanzando un 25,55%. La situación de marginalidad y exclusión de muchos de ellos hace que sean percibidos como el enemigo para buena parte de la población nijereña.

"Algún día la situación va a reventar", considera Maestre: un modelo que se basa en una profunda desigualdad, que sobreproduce frutas y hortalizas en épocas de falta de demanda porque no puede parar, que utilizó el agua barata hasta que se acabó y que ahora consume agua cara y cuyo plástico contamina el entorno. "El mercado no está regulando nada: maximiza el beneficio a corto plazo" a costa de la insostenibilidad. Para el ecólogo, parte de la solución pasa por más Estado: aumentando los inspectores de trabajo y evitando las situaciones de precariedad.

Para COAG Almería, la solución pasa por más madera: en este caso, más agua. Un recurso hídrico desalado asequible y la posibilidad de utilizar las aguas residuales que se generan en los entornos urbanos. Pero tanto el investigador como el representante de la patronal agraria coinciden en la necesidad de un cambio en la cadena alimentaria que deje más dinero en el lado de la producción: que los intermediarios se lleven menos dinero. El futuro a corto y a medio plazo no es halagüeño, con el encarecimiento de prácticamente todos los insumos. "Somos los primeros eslabones de la cadena; tanto el agricultor como el trabajador. O se paga más o esta situación no va a cambiar".

Joaquín Costa, nacido en Huesca en 1846, fue un intelectual clave del siglo XIX y uno de los mayores representantes del regeneracionismo, una corriente que pretendía poner solución a la decadencia española percibida tras el desastre del 98. Su defensa de la construcción de grandes embalses para modernizar y acelerar Aragón en base al regadío fue un elemento central de su discurso. Así se expresaba:

"La condición fundamental del progreso agrícola y social en España, en su estado presente, estriba en los alumbramientos y depósitos de aguas corrientes y pluviales. Esos alumbramientos deben ser obra de la nación, y el Congreso agrícola debe dirigirse a las Cortes y al Gobierno reclamándolos con urgencia, como el supremo desideratum de la agricultura española".

Le hicimos caso. El desarrollismo económico español a partir de los 60 tuvo bastante que ver con la fiebre por los embalses y las presas, que convirtió al regadío en industria, al sur del país en la "huerta de Europa" y a España como el país con más infraestructuras hidráulicas de este tipo del mundo en relación a su superficie y el quinto en términos absolutos. No se trataba solo de garantizarse el recurso más valioso de todos en un país árido: se trataba de hacer negocio, ante el descubrimiento de que ciertos enclaves geográficos –Huelva, Granada, Almería, Murcia, Alicante– eran perfectos para el cultivo de especies impropias de estas latitudes. Solo hacía falta el agua que no caía del cielo.

Y hasta hoy. Sin embargo, muchos expertos llevan años advirtiendo de que la gallina de los huevos de oro está asfixiándose. Las obras hidráulicas fueron claves para garantizar la seguridad de suministro en un país seco y generaron miles de puestos de trabajo en el sector primario, pero ecologistas y técnicos coinciden en que, a pesar de que se aumentó la oferta de agua, la demanda por un regadío sobredimensionado es superior y convierte la gestión hídrica española en insostenible, en el más estricto sentido del término. A las puertas de una sequía meteorológica en todo el país, como es probable, la tensión se recrudece.

La oferta de agua desciende. No solo por una sequía puntual: la crisis climática hace que ya llueva menos de lo normal en España y provocará a corto, medio y largo plazo etapas de ausencia de precipitaciones aún más largas. La demanda, sin embargo, sigue igual o incluso aumenta. Ante esta situación, vuelven a surgir las voces que piden, simplemente, aumentar la oferta: haciendo más embalses, que acumulen más agua, y más trasvases que la muevan de cuencas supuestamente "excedentarias" a cuencas deficitarias. Sin embargo, los críticos aseguran que las presas pueden recoger el recurso, no crearlo ni inventárselo: y la falta de agua presente y futura no se soluciona con más obra pública.

Volvemos a Aragón. El profesor de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo, eminencia internacional de la gestión del agua, lo define con la expresión "demagogia del hormigón": arreglar la escasez con cemento. Los agricultores que se manifestarán en marzo en Madrid lo iban a hacer, en principio, contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, por un diseño de la Política Agraria Común (PAC) que consideran injusta o el retraso en solucionar los problemas de la cadena de producción: pero esta semana han decidido poner en la diana también a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, porque a juicio de los regantes faltan aún más "obras de regulación", una expresión a caballo entre el tecnicismo y el eufemismo para referirse a embalses y trasvases.

La petición de más infraestructura hidráulica ha resucitado también con respecto a Doñana en el pleno del Parlamento andaluz que aprobó el pasado miércoles la regularización de más de 800 hectáreas de cultivos fuera de la ley en el entorno de la marisma. El plan hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir, en proceso de aprobación y que regirá hasta 2030, planea más hormigón: pero no para generar más hectáreas de regadío, sino para que las ya existentes beban de la cuenca vecina del Tinto, Odiel y Piedras en vez de extraer más agua de unos acuíferos sobreexplotados. Sin embargo, la derecha defendió que esos recursos extra se utilicen no para aliviar a Doñana, sino para mantener más negocios. "El agua en superficie es sinónimo de sostenibilidad", aseguró el diputado de Ciudadanos, Julio Díaz.

Es el primer argumento que usan los críticos con la "demagogia del hormigón": más embalses llevan a más hectáreas de regadío en tiempos de "normalidad", por lo que cuando vuelve la sequía se vuelve al problema, porque la voraz demanda ha vuelto a superar a la oferta. "Esta mayor capacidad de regulación ha mejorado la garantía de suministro, pero esta medida no ha sido suficiente, como lo demuestran los acontecimientos adversos que posteriormente a estas obras se han ido repitiendo sequía tras sequía", argumentaba ya en 2004 Juan Antonio López Geta, del Instituto Geológico y Minero de España, en un informe encargado por el primer Gobierno de Zapatero denominado La sequía en España: directrices para minimizar su impacto.

El segundo argumento se basa en que no se puede almacenar lo que no se tiene. "El razonamiento es sencillo: lo que nos falta no son más embalses. Nos falta agua. Si los que tuviéramos estuvieran llenos, concluiríamos que hace falta almacenar más. Pero no pasa eso. Tenemos los embalses vacíos y no llueve. Estamos consumiendo más de la que tenemos". Y de la que vamos a tener. Al habla Julia Martínez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

¿Y no es mejor tener 15 embalses al 20% que cinco a ese mismo nivel? No se puede, contraataca. "Construir un embalse no significa que se vaya a llenar". No funciona así. No tiene sentido edificar una presa en espera de lluvias solo esporádicas, argumenta: tienen que construirse en lugares, como las cabeceras de los ríos, donde las precipitaciones sean más o menos constantes para que la evapotranspiración o las filtraciones no acaben con lo acumulado. Y las cabeceras de los ríos ya están saturadas de obras.

Los trasvases sin ton ni son también son rechazados por Martínez, porque las sequías ya no se circunscriben a un solo territorio: afectan, con cada vez más frecuencia, a todas las cuencas, también en las que se supone que sobra el recurso. Ciudadanos habló el miércoles en el Parlamento andaluz de una cuenca "excedentaria", la del Tinto, Odiel y Piedras: y una "deficitaria", la del Guadalquivir. El trasvase entre ambas zonas ya está aprobado por Transición Ecológica; no para alimentar nuevos regadíos, como defiende la derecha, sino para los ya existentes. Pero la falta de lluvias afecta a toda la comunidad autónoma, con especial incidencia en los últimos meses pero con un déficit que se remonta a 2012.

La misma situación, defiende Martínez, se produce en el Levante y en el trasvase Tajo-Segura: la infraestructura cada vez va a tener menos sentido porque cuando deja de llover aguas abajo, también lo hace aguas arriba. Esta obra hidráulica, clave para mantener el imperio del regadío en el que se sustenta la economía almeriense y murciana, cubre el papel del defenestrado trasvase del Ebro, planteado por José María Aznar en su Plan Hidrológico Nacional y tumbado por el Ejecutivo socialista a su llegada al poder en 2004.

El conflicto significó el primer gran hito de la movilización con respecto al agua en el país; sucedió en Aragón, región para la que, 100 años antes, Joaquín Costa pedía más embalses y más regadíos; y alumbró la Fundación Nueva Cultura del Agua, presidida por Arrojo desde su creación y con Martínez ahora como portavoz. Los argumentos, por entonces y ahora, son muy similares. La "nueva cultura del agua", considerar el recurso como algo finito que no se puede sobreexplotar por razones medioambientales y también económicas, no ha terminado de calar, a juzgar por los debates cíclicos; y a pesar de que la Directiva Marco del Agua, que desde hace 22 años dicta las normas básicas sobre gestión del agua en la Unión Europea, pone límites estrictos a la explotación de las aguas superficiales y subterráneas que España lleva 22 años sin cumplir.

En los nuevos planes hidrológicos, el Gobierno para la Transición Ecológica, con dos décadas de retraso, quiere empezar a cumplir con la directiva y con esa nueva "cultura del agua". Aunque, según la fundación del mismo nombre, con escaso resultado. El Ejecutivo ha eliminado de la planificación 85 embalses "zombis", que pasaban de un ciclo a otro sin ejecutarse nunca. En la cuenca del Guadalquivir, hay previstos un recrecimiento y el trasvase ya comentado: pero, a pesar de los intentos del PP, Cs y Vox, no se prevén más hectáreas de regadío. No pasa igual en otras cuencas, donde se prevén más cultivos intensivos y más obras para sustentarlos. A pesar del cambio climático y a pesar de que desde hace años, todos los organismos competentes reconocen que España va a contar con un 20% menos de agua en un país ya de por sí seco.

En Extremadura, la Junta asegura que la sequía va a ser puntual, por lo que no ve problema en autorizar más regadíos. Y en la cuenca del Ebro, el recrecimiento del embalse de Yesa está a punto de culminarse con el apoyo de Transición Ecológica, pese a una oposición de muchos vecinos que se remonta a 2005, año en el que se empieza a plantear. La Fundación Nueva Cultura del Agua ha presentado alegaciones contra esa y otras obras planteadas, a lo largo y ancho del Estado, "que no se han descartado y que tienen gran impacto ambiental y no hay una racionalidad socioeconómica que las justifiquen".

Ni las presas ni los trasvases salen gratis. No solo en términos estrictamente ambientales, también monetarios. Si los ríos de los que se extrae el recurso se quedan demasiado secos, el impacto ambiental es evidente; los sedimentos se acumulan en los embalses, perdiendo alimento y vida río abajo; y, hasta la fecha, más de 500 pueblos han desaparecido de la faz de la Península en favor de la acumulación de agua. Sin embargo la derecha sigue agitando la construcción de más obras hidráulicas sin hablar de sus costes. El plan ambiental de Vox, según explicó Santiago Abascal en su moción de censura de 2020, consiste en más hormigón en toda España: y muchos agricultores aplaudieron a la extrema derecha este miércoles en el Parlamento andaluz y cargan a diario contra el "ecologismo radical" de la directiva, de los planes hidrológicos y de Ribera. Sin embargo, la oposición a las grandes presas no se hace –solo– por afán medioambientalista. Es porque no hay agua que las llene.

El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles una proposición de ley que abre la puerta a calificar más suelos del entorno del espacio natural de Doñana, en Huelva, como regables; intensificando aún más, como denuncia el Gobierno central, los ecologistas y la propia Comisión Europea, la presión hídrica sobre un ecosistema único en el continente y en estado crítico. El PSOE, muy duro en el debate contra la iniciativa, se ha abstenido con el fin de negociar durante la tramitación.

PP, Cs y Vox, que han presentado la propuesta en dos textos en vez de uno para seguir ejecutando la performance de evitar que el partido liberal y el de extrema derecha coincidan, aseguran que se resarce el "daño causado a cientos de agricultores" onubenses. Unidas Podemos, que se ha quedado sola en el no, ha pedido que dejen de engañar a los trabajadores del campo: ni hay más agua en Doñana para el regadío intensivo, ni la va a haber.

El origen de la proposición de ley aprobada este miércoles se remonta a 2014, año en el que salió adelante el Plan de la Corona Forestal impulsado por el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía. Se regularizaron miles de hectáreas de regadío, principalmente para el cultivo de frutos rojos; y se dejaron fuera entre 800 y 1.900 (según quien calcule), que no contaban con permisos para usar el agua.

La derecha dice que esos agricultores cuentan con "derechos históricos" que les legitima a explotar el recurso. El PSOE andaluz reconoce que pudo cometerse una injusticia con ellos. A su izquierda, Unidas Podemos asegura que no hay más recurso. Y los ecologistas contraatacan: ni derechos, ni históricos. "Regar sin ningún tipo de autorización administrativa y realizar una actividad ilegal durante años no otorga ningún tipo de derecho", atacaba WWF esta semana.

PP, Cs y Vox aseguran que esos agricultores fueron castigados por una ley retroactiva y que ahora, la derecha andaluza les compensará. "Me llena de orgullo y satisfacción ser el ponente de esta ley para resarcir el daño causado a cientos de agricultores de Almonte, Moguer y Rociana", declaró el diputado popular Manuel Andrés González. Durante el debate de la proposición utilizar tres argumentos, dos de ellos incompatibles con la realidad hídrica de la zona que atestigua el plan hidrológico presentado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que regirá hasta 2030.

El primero es que, en palabras literales de González, "no se habla de agua" sino del uso de la tierra. Defienden las derechas que la proposición aprobada este miércoles no habilita automáticamente a esos cientos de hectáreas para instalar cultivos de regadío, sino que simplemente califica las zonas como regables y es competencia de la Confederación Hidrográfica autorizar el uso, que podría ser hipotéticamente de secano. Sin embargo, como recordó Mario Jiménez, del PSOE, es obvio para todos los actores del debate que en Huelva se cultivan fresas, no aceitunas.

El PP argumenta, en segundo lugar, que la iniciativa no compromete el ecosistema de Doñana porque las fincas beneficiadas se sitúan a entre 40 y 50 kilómetros del parque natural. Sin embargo, como manifiesta en sus informes la Confederación Hidrográfica, el regadío de la zona –independientemente de su posición geográfica exacta– bebe de los maltratados acuíferos que dan vida, cada vez menos, al emblemático humedal. Y, en tercer lugar, las tres formaciones reivindican que las hectáreas se deberían regar con aguas superficiales, de ríos y embalses tanto del Guadalquivir como de la cuenca vecina de Tinto, Odiel y Piedras mediante transvases, por lo que las aguas subterráneas no se verían afectadas.

"El agua en superficie es garantía de sostenibilidad", ha afirmado el portavoz de Ciudadanos, Julio Díaz, que ha señalado al Gobierno central por aprobar justo este miércoles la ampliación del desdoble del túnel de San Silvestre, para dotar de más recursos hídricos a Huelva, para apuntarse un tanto ante los regantes. "Lo único que hay que hacer es pasar agua de las cuencas con excedentes a las cuencas deficitarias", ha rematado el representante liberal. Sin embargo, y en base una vez más al plan de la Confederación Hidrográfica para salvar Doñana, estas obras hidráulicas no pueden servir para aprobar más hectáreas de regadío, sino para que las ya existentes dejen de esquilmar los acuíferos. El documento, además, planea reducir un 6% los cultivos intensivos en agua de aquí a a 2030, una meta obviamente incompatible con las intenciones de los proponentes.

Ninguno de los tres partidos de la derecha andaluza mencionó en su intervención la sequía meteorológica e hidrológica que ya azota a la región y que es solo la culminación de unos largos 10 años en los que llueve por debajo de la media en el sur de España. El cambio climático, probablemente, tiene que ver, y es solo el principio: los escenarios a futuro señalan inequívocamente al valle del Guadalquivir como la zona peninsular donde más descenderán las precipitaciones y aumentarán las temperaturas. No es solo cuestión de que cada vez va a haber menos agua: es que el consenso científico sobre Doñana apunta a que los usos del recurso ya son, en la actualidad, mayores a lo que puede soportar un humedal herido de muerte.

Así lo defendió la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, que al igual que sus compañeros de bancada de la derecha, se dirigió a los agricultores presentes en la cámara. Estos no le devolvieron el saludo. Sí lo hicieron con PP, Cs y Vox. La portavoz morada les aseguró que la proposición de ley les pretendía engañar. "El problema es que no hay agua y no se puede ampliar el número de hectáreas de regadío porque el acuífero ya está sobreexplotado. Quienes les han sembrado esta expectativa les están engañando". La reforma del Plan de la Corona Forestal no solo es inviable medioambientalmente, defendió: también económicamente. Se pone en riesgo "toda la agricultura" onubense.

Jiménez, del PSOE, reconoció que el plan de 2014 dejó a algunos agricultores en tierra de nadie. No hizo referencia explícita a la falta de agua, pero se sumó a la hipótesis del engaño. "Con la aplicación literal de esta proposición no se van a legalizar ni siquiera 90 hectáreas, y como terreno agrícola sin tener garantizada el agua. Es un acto de propaganda barata y un engaño masivo a los agricultores". Su partido se abstuvo a pesar de la encendida oposición que manifestó el diputado en la cámara.

El partido socialista quiere negociar. No está de acuerdo la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de su mismo partido. Este mismo miércoles remitió una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, advirtiendo de "los enormes perjuicios, tanto económicos como medioambientales, y también para la imagen de España en el exterior" de la iniciativa legislativa.

El ecologismo tampoco aprueba la posición del PSOE. "Esta propuesta de ley pone en grave peligro a Doñana y el futuro de la agricultura legal. Esta proposición supone un agravio comparativo para aquellos agricultores legales que están haciendo bien su trabajo y que se van a ver perjudicados porque tendrán que compartir un recurso escaso como el agua y sufrir competencia desleal. Esta amnistía supone un grave desprestigio ante el mercado europeo que ya ha puesto la lupa sobre Doñana y la fresa de Huelva", en palabras del coordinador de Proyectos de Agua y Agricultura de la plataforma, Felipe Fuentelsaz. 

Y, por último, la Comisión Europea está escandalizada. No han hecho ni una sola referencia ni el PP, ni Cs ni Vox al rechazo expreso y contundente de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, a la iniciativa. El Ejecutivo comunitario no solo ha amenazado con más sanciones, sino que ha puesto en duda el respeto al Estado de Derecho de los proponentes. Para la derecha, las críticas a la medida son "demagogia". Mientras tanto, las marismas se mueren.

Al margen de debates más culturales que reales, la realidad es que la situación del agro español no es buena a día de hoy. Al margen de grandes explotaciones señaladas por las pésimas condiciones de sus empleados, o el impacto desmesurado de las macrogranjas, los pequeños y medianos agricultores están con el agua al cuello. La expresión es irónica porque, precisamente, la falta de recurso hídrico ya palpable y que se podría agravar durante todo el año se suma a otras presiones: la injusticia de la cadena alimentaria, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) o el encarecimiento de todas las materias primas.

Las movilizaciones de las organizaciones agrarias confluirán en marzo en Madrid. Para entonces se sabrá si la ausencia de precipitaciones arruina solo la campaña del regadío, salvando los cultivos de secano, o si las pérdidas afectan a las dos modalidades. Mientras tanto, el elefante sigue en la habitación sin que apenas nadie se atreva a mencionarlo: el cambio climático ya está aquí y provoca que, simplemente, haya menos agua de la que se necesita para mantener la actual industria agroalimentaria. La escasez no es puntual.

En Andalucía ya lo saben, aunque la postura del Gobierno autonómico amenace espacios especialmente vulnerables a la sequía, como Doñana. La cuenca del Guadalquivir ha visto durante los últimos meses cómo se agravaba una situación que, como reconoce la propia confederación hidrográfica, se remonta a 2012. Desde entonces llueve menos de lo normal. La sequía meteorológica –ausencia de precipitaciones– en el sur ya fue advertida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hace meses, y un otoño seco junto a un enero más seco aún solo han profundizado la herida. En una autonomía donde más del 80% de la demanda se la lleva la agricultura, la sequía hidrológica –falta de agua para todos los usos–es la que realmente pone contra las cuerdas al sector primario.

En Andalucía lleva años lloviendo por debajo de la media, un efecto más de la crisis climática: lo que antes era episódico se convierte en estructural. Pero la situación en Extremadura ilustra a la perfección que no solo se trata de la ausencia de precipitaciones, sino de las consecuencias de la sobredemanda. La región no lleva años con menos lluvias de las normales: la escasez solo se percibe en el último año, según los registros de la Aemet. Suficiente para que los regantes de la cuenca del Guadiana pidan a la Junta y al Gobierno que decrete medidas extraordinarias de compensación y auguren un 2022 complicado. El Ejecutivo autonómico reconoce el problema y el exceso de hectáreas que necesitan del recurso, prometiendo mejoras en la "eficiencia", pero a la vez asegura que los nuevos regadíos planteados no están en riesgo porque la sequía es ocasional.

En todo caso, enero ha sido extraordinariamente seco en todo el país, según el balance de la Aemet hecho público este lunes; lo que ha llevado a otras regiones que no estaban muy preocupadas por las precipitaciones a levantar la ceja, como Galicia o Cataluña, ya en estadio de prealerta. El problema es que la ventana de oportunidad para recuperar una cierta normalidad hidrológica se está cerrando. Aquí lo explica el meteorólogo del Estado Juan Jesús González: "Lo más probable es que no vayan a afectarnos lluvias generalizadas en febrero, por tanto, deberíamos tener un marzo-abril muy muy (casi imposible) lluvioso" para no pasarlo mal en verano.

La confederación hidrográfica del Guadalquivir, la cuenca más afectada, asegura que el suministro para la población está garantizado durante dos años. Para el campo no. Javier Alejandre, responsable de Seguros Agrarios de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), coincide con las previsiones de González: es demasiado tarde para un año normal, sobre todo en lo que se refiere al regadío, que tendrá que evitar siembras que necesiten demasiada agua en verano y que, a la espera de saber el recurso con el que cuentan en las zonas más afectadas, tendrán que regar solo los árboles que corren el riesgo de morir si no reciben humedad.

Para los cultivos de secano, explica, la situación es algo más benigna: las próximas semanas marcarán la diferencia entre "pérdidas consolidadas" y la reversión de la situación. "Estamos en un momento clave donde en las próximas semanas se podrían empezar a acumular pérdidas en el secano". En un escenario parecido se encuentra la ganadería extensiva o semiextensiva, que necesita de unos pastos que no brotan. "Los del suroeste están en una situación muy precaria", asegura el técnico de la UPA.

Los agricultores reclaman la publicación de un decreto de sequía que, entre otras medidas, apruebe generosas exenciones fiscales, dado que todo apunta a que va a ser un 2022 muy duro. En Andalucía ya se está tramitando; en Extremadura, las organizaciones agrarias han empezado esta semana pasada a reclamarlo con insistencia. Pero es solo la punta del iceberg del descontento del campo con el Gobierno. Se puede comprobar de primera mano en las manifestaciones que estos días recorren varias comunidades autónomas y que prevén confluir en marzo en la capital, Madrid.

Hay una mezcla de reivindicaciones concretas y difusas en la movilización del campo español. Alejandre repite en conversación con infoLibre una acusación que se suele repetir en las protestas: la ciudad, los urbanitas, no entienden las preocupaciones ni las necesidades del rural. Y el ministro del ramo, Luis Planas, es de los primeros. También el ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusado por una malinterpretación de sus palabras sobre la ganadería intensiva que replicó durante semanas la derecha con la vista puesta en las elecciones de Castilla y León. Evidentemente, el Ejecutivo no puede hacer que llueva; pero, a juicio de las organizaciones, puede acelerar unos cambios que no terminan de llegar o puede frenar reformas que consideran perjudiciales.

Los cambios en los criterios de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que dicta Bruselas y ha asumido Planas, que se aplicarán a partir de 2023, benefician a las grandes explotaciones y perjudican a los agricultores medianos y pequeños, considera la patronal y muchos de los que les acompañan en las movilizaciones. Y una cadena de producción perversa provoca que los que siembran el tomate y lo recogen tengan que vender el alimento por debajo de lo que les cuesta cultivarlo. A ello se le suma el aumento de los precios de la energía (gas, electricidad, gasolina) y de materias primas como fertilizantes o piensos.

Sin embargo, Planas ya está preparando una reforma de la Ley de Cadena Alimentaria para asegurar que ningún eslabón recibe un precio por verduras, frutas u hortalizas por debajo de los costes de producción. ¿Por qué entonces la hostilidad con el Ejecutivo? "Para los agricultores y los ganaderos acuciados por el día a día, eso no es una respuesta", asegura Alejandre: llevan pidiendo actuaciones desde hace dos años. Si la sequía termina rematando tanto al regadío como al secano, "será un factor de presión muy importante" en las movilizaciones contra la "tormenta perfecta" que acucia al sector, defiende el técnico de UPA.

Las organizaciones agrarias, por otro lado, acusan al Gobierno de ejecutar un "ecologismo radical" que les atenaza: aunque el Ejecutivo central no ha tomado ninguna medida ecologista que dañe especialmente al sector. Sí ha hecho que se cumpla la ley en el trasvase Tajo-Segura, cumpliendo el caudal ecológico (el mínimo de agua que necesita un río para mantenerse sano) que exige la Unión Europea; y ha apretado las tuercas contra las extracciones ilegales de agua en los entornos de Doñana y el Mar Menor, ecosistemas en estado crítico por culpa, entre otras razones, de la agricultura y la ganadería intensiva.

Los ecologistas reclaman una transición justa para el regadío español, que consideran sobredimensionado y culpable del desastre ecológico en demasiadas zonas de la Península: no solo una actuación decidida contra los agricultores que se saltan la norma y que le hacen la competencia desleal a los que la siguen, sino una reducción del tamaño del sector primario ante la evidencia de que cada vez va a haber menos agua. Por ahora, y a diferencia de otros negocios que han cerrado sus puertas por la acción climática como las centrales de carbón, ni las organizaciones, ni las autonomías, ni el Gobierno se plantean este escenario, ni siquiera de manera teórica. El campo sigue teniendo fuerza y capacidad de movilización. Pero no será la última sequía, ni la más grave.

La organización WWF ha desplegado tres pancartas gigantes de forma simultánea en los humedales "en peligro" de Doñana, Tablas de Daimiel y el Mar Menor para exigir el "fin de la impunidad" en el "robo del agua" en España, según informa Europa Press.

WWF ha llevado a cabo esta acción de denuncia con motivo del Día Mundial de los Humedales, en el que alerta de que estos tres humedales "icónicos" se encuentran en riesgo por la "sobreexplotación ilegal de agua subterránea".

Con el lema "STOP robo del agua", que se puede leer en las pancartas, la organización advierte de la situación crítica en los ecosistemas de estos "puntos negros". Asimismo, reclama el cierre de los pozos ilegales, sanciones para los que se "saltan la ley" y, en concreto, al Ministerio para la Transición Ecológica una Estrategia Nacional de Humedales que aborde esta problemática e incluya un plan de restauración de ecosistemas acuáticos.

Mientras en España ya han desaparecido el 60% de los humedales y lagos naturales en las últimas cuatro décadas, según WWF, el problema se ve agravado por el impacto del cambio climático y las decisiones del ser humano.

La situación es especialmente "crítica, en Doñana, "como nunca antes, ha alertado en un comunicado la organización, que advierte del impacto de la propuesta de ley presentada por el PP con Cs y Vox en el Parlamento andaluz para "amnistiar una superficie de unas 1.460 hectáreas de regadío ilegal".

Para WWF, esto supone un "grave ataque directo" al "corazón del humedal de Doñana, Patrimonio de la Humanidad, por lo que este lugar ha acogido una pancarta de denuncia de más de 13 metros.

Asimismo, la organización pide, en una recogida de firmas, al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que suspenda "de inmediato" la tramitación de la "amnistía para los agricultores ilegales que secan Doñana".

De forma simultánea, otro equipo de WWF ha desplegado otra pancarta en El Parque Nacional Tablas de Daimiel, "epicentro del robo de agua en España, y el Mar Menor, escenario del "grave" desastre ecológico "como consecuencia del vertido de nitratos procedentes de la agricultura intensiva y que continúa en grave estado de conservación".

La responsable del programa de Agua de WWF, Teresa Gil, ha subrayado que estas acciones de denuncia quieren poner el foco en el efecto "grave" que supone el "robo de agua" para la conservación de los humedales.

"Actualmente se encuentran en un estado de colapso ecológico sin precedentes y que ya tiene consecuencias negativas para la biodiversidad y para muchas actividades económicas que dependen de ellos", ha avisado Gil.

En datos, WWF calcula, según una investigación, que entre las tres zonas se riega "ilegalmente" una superficie superior a 64.000 hectáreas, lo que ha llevado a estos ecosistemas "al límite".

En concreto, en las Tablas de Daimiel, al menos 51.465 hectáreas de cultivo se riegan con "agua extraída ilegalmente", mientras la superficie regada con agua de la misma forma en Doñana y Aljarafe, es de más de 4.700 hectáreas. Por su parte, en el Mar Menor se han detectado 8.460 hectáreas de cultivo de regadío ilegal en el Campo de Cartagena, detalla la organización ecologista.

Este martes se ha publicado una exhaustiva investigación de la organización ecologista WWF que pone cifras a una práctica conocida por administraciones, agricultores y vecinos: el robo de agua en el regadío español. Según el trabajo de los conservacionistas, realizado a lo largo de un año con ayuda de imágenes a vista de dron, en cuatro de los acuíferos más importantes de España –Mar Menor, Doñana, Tablas de Daimiel y Los Arenales– se extraen ilegalmente 220 millones de metros cúbicos de agua, más de 65.000 piscinas olímpicas, en más de 88.000 hectáreas: ocho veces la ciudad de Barcelona. No es una sorpresa. Las confederaciones hidrográficas, en los borradores de los nuevos planes hidrológicos, reconocen las carencias en el control y la inspección y el fracaso a la hora de poner fin a estas prácticas.

El uso de recursos hídricos sin permiso es un problema, "un escándalo y un delito", según los activistas, por varias razones. Precisamente los cuatro acuíferos analizados por WWF son espacios protegidos que están en riesgo de degradación permanente por, entre otras razones, la esquilmación constante de su agua por la agricultura intensiva. No solo consumimos más de la que tenemos y vamos a tener en un contexto de cambio climático: también consumimos más de la que permitiría la pervivencia de los ecosistemas. Los acuíferos de estas zonas están en mínimos históricos, lo que rompe los ciclos naturales; y altamente contaminados, lo que incluso supone un peligro para el consumo humano. 

Mediante la teledetección, WWF ha contado las hectáreas de regadío identificadas a vista de pájaro y las ha comparado con los permisos de agua concedidos por las confederaciones hidrográficas, tanto a nivel de hectáreas que se salen de los mapas oficiales como a nivel de consumo. La ganadora en este ranking de dudoso honor es la zona del Alto Guadiana, donde se encuentra el humedal de las Tablas de Daimiel. Más de 50.000 hectáreas sin derechos de extracción de las 175.000 totales. La última de las cuatro analizadas es Doñana, con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra, y donde el Ministerio para la Transición Ecológica tomó la iniciativa para cerrar pozos ilegales a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ante la inacción –denuncian los ecologistas– de la Junta de Andalucía y la oposición activa de miembros del PP de Huelva. 

Extracción ilegal de agua. | WWF

¿Por qué pasa esto? Según WWF, se debe a la pasividad durante años de la administración, unida a la falta de medios. "La clave para entender el robo del agua está en que las administraciones responsables desconocen cuánta agua se extrae de pozos por encima de lo autorizado, ya que no tienen capacidad de medir todas las extracciones, ni suficientes medios humanos para controlar estos recursos subterráneos". En el caso de las Tablas de Daimiel, la zona más afectada por esta ilegalidad, la organización habla de una irresponsabilidad activa, no reactiva: "La administración pública se ha saltado su propio límite, que tiene precisamente como objetivo reducir la extracción de agua para revertir el deterioro del acuífero, lo que llevó a que en 2019 se extrajera, en total, un 72% más de agua del volumen permitido". 

La principal responsabilidad es de las Confederaciones Hidrográficas, organismos autónomos adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica, y que velan por el correcto uso de los recursos hídricos en cada una de las cuencas. En la actualidad están perfilando los planes hidrológicos de tercer ciclo, las normas de ordenamiento del agua española de 2021 a 2027, que se encuentran en fase de consulta pública. Los cuatro planes, en su borrador inicial, reconocen la incapacidad de hacerse cargo del problema y anuncian inversiones en más teledetección, control y supervisión de los contadores para evitar estas prácticas. 

Los planes hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021), a la vista del análisis de WWF, han fracasado a la hora de atajar el robo. "En el caso de las aguas subterráneas, el control de las extracciones realmente efectuadas es más complejo debido a las características particulares de su uso, atomizado en multitud de usuarios individuales", asegura la Confederación Hidrográfica del Segura, responsable del Mar Menor. "La importancia del problema permite afirmar que para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica de conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico, es esencial un control efectivo estricto de todas las extracciones". Un "control efectivo estricto" que no se produce en la actualidad. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir centra su análisis en la escasa dotación de agentes medioambientales que permitan cerrar pozos. "El Servicio de Vigilancia y Control del Dominio Público Hidráulico cuenta con 25 agentes medioambientales (personal funcionario) y 27 guardas fluviales (personal laboral). Dada la extensión de la demarcación y la multitud de funciones a realizar, el número total de efectivos resulta insuficiente. Según estimaciones de dicho servicio, para un correcto funcionamiento se debería ampliar el Servicio a un total de 249 efectivos". Es decir, cinco veces más. Y, por su parte, la Confederación Hidrográfica del Duero reconoce las dificultades para poner coto a los derechos adquiridos antes de la entrada en vigor de la ley de aguas y el atasco administrativo fruto de la rotación de cultivos: se necesita más agua, se pide permiso y el dictamen tarda demasiado. 

Las soluciones planteadas de 2021 a 2027 en las cuencas afectadas se parecen. La receta pasa por, en palabras del borrador del plan de la CH del Guadiana, un "impulso de la teledetección" como la que ha utilizado WWF, "mayor dotación de recursos económicos y humanos a los organismos con responsabilidad en la gestión del agua" y compra de derechos de riego para dar alternativas a los agricultores que planeen cambiar de actividad y reducir su impacto.

Otras cuencas se centran en la instalación de contadores, avanzando en su "generalización". El borrador del plan del Segura, que invertirá 200 millones de euros en estas labores, recuerda que lo exige la Comisión Europea: "Se requiere un progreso continuado para ampliar el uso de los caudalímetros, con miras a garantizar que todas las captaciones se miden y se registran y que los permisos se adaptan a los recursos disponibles". "Esta medición es obligada por la ley", recuerda la CH del Guadalquivir, que insiste en que la norma, simple y llanamente, no se cumple. "Diversos motivos (desinterés de los usuarios, falta de capacidad de control de la administración, e incluso problemas tecnológicos y normativos) han impedido su puesta en marcha efectiva de forma generalizada".

WWF propone, además, que Transición Ecológica de un paso adelante y modifique la ley de aguas para, entre otras medidas, limitar los largos procesos administrativos y judiciales "que bloqueen la acción de las autoridades del agua", impedir nuevas concesiones en acuíferos sobreexplotados o reconocer "la información obtenida mediante las imágenes aéreas y espaciales". El Ministerio de Agricultura, a su juicio, debe elaborar un nuevo Plan Estatal de Regadío que retire las superficies ilegales, instaure una moratoria para las nuevas hectáreas o condicione las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) al cumplimiento de la ley. Debe garantizar, además, que las administraciones tienen recursos suficientes para leer los contadores y garantizar su "inviolabilidad".

Las Confederaciones Hidrográficas no deben autorizar ni una sola hectárea más de regadío que beba de los acuíferos en estado crítico, considera la organización. Así aparece en los planes hidrológicos que se preparan. Ya no hay tiempo: como reconocen los borradores, 2027 es el último año que permite la legislación europea para recuperar los ecosistemas dañados y las masas de agua sobreexplotadas. No hay más prórrogas. El Estado debe ponerse manos a la obra para, como asegura el análisis del plan del Guadiana, revertir unas políticas hídricas que han ido en sentido contrario, durante décadas, de lo que marca la Directiva Marco del Agua: priorizando la demanda por encima de la conservación del entorno natural y la sostenibilidad del recurso. 

España aún no está hablando de sequía, pero un "colapso hídrico" es posible de aquí al verano que viene, sobre todo en las cuencas más tensionadas. No solo porque llueva poco, lo que conocemos como sequía meteorológica. También porque tengamos poca agua: sequía hidrológica. Si las precipitaciones son cada vez más escasas por efecto del cambio climático y el consumo es cada vez más alto, las consecuencias parecen inevitables. Los embalses del país están en mínimos históricos, por debajo de los registros de 2020 y 2019 para estas fechas y 12 puntos por debajo de la media. La cuenca del Guadalquivir ha empezado el año hidrológico en situación de alerta y la del Guadiana en emergencia sobre todo en su cabecera, entre Ciudad Real y Albacete. 

El problema añadido es que este otoño podría ser especialmente seco, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). "Para el periodo octubre-noviembre-diciembre de 2021 existe una mayor probabilidad de que la precipitación se encuentre en el tercil seco en toda España, con menor probabilidad cuanto más al este", asegura el Ministerio para la Transición Ecológica que, en su informe mensual de sequía correspondiente a septiembre, advierte de las consecuencias para las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana. "No es una época de demandas importantes, pero se estaría a expensas de la meteorología del final del otoño y del invierno para que no fuera necesaria la adopción de medidas más severas de cara a los meses de mayor demanda del año 2022". 

Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, matiza que "estas predicciones tienen lo que se conoce en términos meteorológicos como pericia limitada", es decir, que el margen de error es amplio porque la estimación se complica a largo plazo. "Pero en principio, lo que se prevé como escenario más probable es que en la mayor parte de la península sea un trimestre con precipitaciones inferiores a las normales". Sin embargo, en el este, incluido Baleares, "los modelos no se ponen de acuerdo". La Aemet hizo definitivas este viernes sus conclusiones sobre lo que está por venir en otoño.

Los embalses no están bien. El gráfico, de la web embalses.net con datos de Transición Ecológica, es muy claro. Tenemos mucha menos agua embalsada que de costumbre, aunque las últimas lluvias han ayudado a aplanar la caída libre vivida en verano, y natural por estas fechas. Lo ocurrido en 2019 y 2020 señala que la situación no es puntual: los recursos hídricos están muy lejos de la media de los últimos 10 años. Están al 39,34% frente al 46% de la misma semana de 2020 y el 51,90% de la media. Murcia es la que se lleva peor parte, con un 22,97% de capacidad en sus pantanos, seguida de Andalucía (31,45%), Extremadura (34,46%) y Castilla-La Mancha (35,54%). 

Hay que tener en cuenta que los embalses no son el único recurso hídrico con el que cuenta principalmente la agricultura, que consume entre el 80% y el 90% del agua dulce con el que cuenta el país. También contamos con el caudal de los ríos, las aguas subterráneas o las desaladoras. Otoño es el mes más lluvioso del año, así que aunque llueva poco, lloverá, pero podría no ser suficiente ni para este año ni para 2022 según reconoce Transición Ecológica, que habla de "medidas más severas". 

Hasta ahora, la sequía meteorológica (ausencia de precipitaciones durante un periodo prolongado de tiempo) no ha hecho aparición todavía salvo en algunas zonas concretas del norte peninsular. Entonces, ¿cómo se explica la situación de los embalses y la alerta de Transición Ecológica? Por la demanda. El regadío intensivo consume entre el 80% y el 90% de los recursos hídricos del país, explica el experto en gestión del agua y activista de Ecologistas en Acción Santiago Martín Barajas. Ante un escenario presente y futuro de escasez de lluvias y de sequías más prolongadas por el cambio climático, esta modalidad de agricultura no ha dejado de crecer: en 2020 alcanzó 3.831.181 hectáreas en 2020, 0,06% más que en 2019 y 1,5% en relación a 2018, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura.

"Ha llovido en los últimos meses lo normal de los últimos años. Lo que está ocurriendo es que ha aumentado el consumo una barbaridad", asegura el ecologista. No solo por el regadío. También por el secano y el aumento de la eficiencia. "El abastecimiento urbano devuelve otra vez al sistema el 80% del agua como mínimo, cuando no más. El regadío devuelve el 10%, pero cada vez menos, porque es cada vez más eficiente". Y el recurso hídrico ahorrado no se utiliza para garantizar la sostenibilidad, sino para ganar dinero. "Se están poniendo en riego decenas de miles de hectáreas anuales de cultivos leñosos, como olivos, viñedos o almendros. Consumen poca agua, sí. Pero si tienes 800.000 hectáreas...", reflexiona. 

"Se va a generar un colapso hídrico en verano", pronostica Martín Barajas, "si tenemos un otoño seco y una primavera seca, que es lo habitual. "No es que lo vean las generaciones venideras, es que sera este verano", insiste. ¿Y cuáles serán las consecuencias? La más llamativa: cortes de suministro en el sur peninsular, como ocurrió en momentos concretos en los 90. Las grandes ciudades, como Madrid, se libran: sus embalses están al 65%. No porque llueva mucho, sino porque el regadío es testimonial. Pero la España rural podría sufrir con el racionamiento de un bien tan esencial, tan vinculado al bienestar básico. 

El Gobierno plantea, en los planes hidrológicos que están en periodo de consulta pública, un 5% de reducción de la demanda hídrica de aquí a 2030. Como ese porcentaje no es suficiente teniendo en cuenta la explotación ya existente y la acción del cambio climático, la solución pasa por nuevas infraestructuras, como trasvases, embalses y desaladoras. Estas últimas son, de hecho, las protagonistas en el plan hidrológico del Segura, una de las cuencas más afectadas por las consecuencias del regadío intensivo. Los ecologistas piden un 25% de reducción del regadío, con una transición justa al estilo de la que se hace en las comarcas mineras. Los regantes y agricultores no quieren ni oír hablar de ninguna modificación en sus planes de negocio. 

Que va a llover cada vez menos en la península no es algo solo aceptado por la totalidad de la comunidad científica española, también avalados por los investigadores en clima más prestigiosos del mundo: los que elaboran los informes del IPCC, el panel de expertos en calentamiento global de Naciones Unidas. Hace unas semanas, presentaron un atlas, con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el que se puede comprobar cómo impactará el cambio climático en cualquier parte del mundo. Asumiendo que nos dirigimos a un escenario de 2 grados por encima de los niveles preindustriales en 2100, lo más probable dado el rumbo actual. 

El atlas del IPCC muestra, en el primer mapa, que la reducción de precipitaciones, en torno al 20%, será mucho más pronunciada en España que en el resto de Europa. El segundo, que marca los días consecutivos de sequía, muestra que precisamente el este peninsular, especializado en el regadío intensivo como modo de vida, sufrirá un aumento de días consecutivos de sequía como no se vivirá en casi ningún otro lugar del continente. Ante un otoño complicado que puede desembocar en un verano de 2022 más difícil aún, la demanda de agua sigue prácticamente inalterada en el país.