Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El coche eléctrico gana al tren: el Gobierno da el protagonismo estrella de su plan europeo al vehículo privado

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, observa un vehículo eléctrico.

13.200 millones de euros, el 18,3% de los 72 millones que España recibirá como inyección directa de dinero procedentes de los fondos europeos Next Generation, se dedicarán a la movilidad sostenible. Es, con diferencia, la partida más generosamente regada de las que se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha hecho público el Gobierno durante la tarde de este martes. La inversión total se divide en 6.536 millones de euros destinados a un "plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos", que incluye una revolución para el vehículo y la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBS) en todos los municipios de más de 50.000 habitantes; y 6.667 millones para el transporte ferroviario que solo incluye actuaciones directas en los corredores europeos y que no menciona una de las reivindicaciones clave del movimiento ecologista: una red de tren extensa, pública y barata que vertebre el territorio al margen de la faraónica apuesta por la Alta Velocidad. 

Era bien conocido que el Gobierno aprovecharía los fondos europeos para fomentar una movilidad sostenible que, históricamente, ha sufrido de muy buenas intenciones y muy pocos recursos. Lo llamativo de lo conocido este martes es tanto la abrumadora cantidad total como la supremacía de esta partida con respecto a otras, como vivienda, salud o ciencia. Lo dedicado al vehículo eléctrico es muy concreto: el plan de acción es claro. España es, en la actualidad, de los países europeos tanto con menos vehículos eléctricos con respecto al total del parque móvil como con menos electrolineras. Ha sido la pescadilla que se muerde la cola: los consumidores no apuestan por esta opción tanto por lo elevado del precio con respecto a sus alternativas con motor de combustión, como por la falta de puntos de recarga que permitan viajes largos con comodidad. Y no había incentivos para instalarlos porque el porcentaje de coches limpios era muy escaso. La intención del Ejecutivo es dar un vuelco total a esta situación en los próximos años regando de dinero público el sector. 

La Ley de Cambio Climático, aprobada por el Congreso y en trámite en el Senado, prevé que las gasolineras grandes estén obligadas a instalar puntos de recarga eléctrica. El PP, que se abstuvo en la votación, manifestó su rechazo debido a que la norma haría que estas infraestructuras se concentraran en grandes ciudades y sus alrededores, donde se encuentran las estaciones de servicio más amplias, dejando igual de vacías las largas carreteras entre poblaciones. Esto se ha acabado. El Ejecutivo prevé "grandes proyectos singulares de infraestructura de recarga en la red nacional de carreteras", con especial foco en "la recarga ultrarrápida" (que permite llenar entera una batería de litio en menos de media hora) y al margen de las gasolineras. 

Además, los 6.000 millones servirán para un plan de "renovación del parque de vehículos mediante la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible". El pasado lunes, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó el plan Moves III, que con hasta 800 millones de euros cuadruplicaba la dotación de la convocatoria anterior ofreciendo hasta 7.000 euros de ayuda a la compra de vehículos eléctricos. El plan del Gobierno no detalla cuánto más se ampliará el presupuesto para esta partida, ahora apoyada por los fondos europeos: pero es de esperar que crecerá, intentando democratizar el uso de esta tecnología. La pescadilla que se muerde la cola caerá en el olvido, pretende el Ejecutivo: adquirir un coche que emita 0 emisiones será barato, y se podrá recargar con facilidad. 

También se prevén inversiones, dentro de este capítulo, para apoyar a los Ayuntamientos a la instalación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBS) en los municipios de más de 50.000 habitantes; otra medida prevista en la ley climática. Las ciudades estarán obligadas a seguir la estela de Madrid Central, prohibiendo con mayor o menor severidad la entrada de vehículos contaminantes en el centro de las ciudades. Los consistorios ya tenían que hacerlo, ahora tendrán dinero europeo para ello. Además, se financiará la "implantación de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas para su uso en la movilidad obligada en medio urbano" y se sacará adelante, dentro del apartado de "reformas", una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. 

No hay tanta concreción en lo dedicado al tren. La empresa pública dedicada a la infraestructura, Adif, dedicó 31.414 millones de euros entre 2008 y 2018 a vías de alta velocidad, frente a los 6.388 millones destinados a las vías por las que circulan los trenes de media distancia y cercanías. La red convencional se ha deteriorado en las últimas décadas en pos de un AVE que, en palabras del propio Ministerio de Transportes, genera una "elevada deuda pública" sin olvidar "los costes medioambientales". Los ecologistas han criticado históricamente una Alta Velocidad que, más allá de su impacto, consideran "elitista". Cuando se publicó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, manifestaron su incredulidad por la ausencia de menciones al ferrocarril. Una extensa red tradicional, más lenta pero que llegue a los principales núcleos poblacionales –como la que disfrutan otros países europeos–, supondría una alternativa cómoda y sostenible a los viajes entre provincias que habitualmente se realizan en coche o incluso en avión. Vertebraría el territorio.

El apartado del Plan de Recuperación dedica 6.667 millones de euros al ferrocarril. Pero no hay pistas de la construcción de más vías convencionales en lugares a donde no llega el tren, o llega en muy malas condiciones –como a Extremadura–. Sí se abordará la "construcción, modernización y mejora" del Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo. Se abordará la conexión de Portugal, Galicia y el centro de la Península con el resto del continente a través de Irún: así como la de Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía a través de Girona. Las regiones implicadas llevan décadas pidiendo inversiones en este sentido: no solo para facilitar el transporte de viajeros, sino también el de mercancías, de vital importancia económica. 

Sin embargo, no hay inversiones previstas en el Plan de Recuperación para la conexión ferroviaria de la España vaciada, con iguales necesidades pero de menos rentabilidad: sí se fomentará la "intermodalidad", la "eficiencia", la "digitalización" y la "interoperabilidad". Otras clásicas reivindicaciones de los expertos en movilidad sostenible se quedan fuera, como la transformación de las ciudades para, progresivamente, quitar espacio al vehículo privado (sea eléctrico o no) en pos del peatón y de la bicicleta. Solo se abordan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBS), necesarias pero no suficientes, consideran los expertos, para disfrutar de una calidad del aire. En todo caso, es innegable el impulso histórico en busca de las emisiones mínimas en el sector de la movilidad y el transporte: clave en una transición ecológica que es la gran beneficiada del plan gubernamental.

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