El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha solicitado la expulsión del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de la carrera judicial tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos.

La representación legal de este empresario ha pedido anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscala general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes, González Amador pide en primer término que se anule dicho decreto y se le dé oportunidad de formular alegaciones, al considerarse "víctima de los hechos protagonizados" por García Ortiz y, por tanto, tener "interés legítimo" en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. 

El pasado mes de noviembre, el Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general por un delito de revelación de datos reservados al difundir información reservada de la investigación a Alberto González Amador por fraude a Hacienda.

Aquella sentencia veía "excesiva" que esa pena afectase a su continuidad en la carrera fiscal, pero determinó que no correspondía al Supremo decidir sobre su expulsión o suspensión como fiscal.

Días después, la Inspección Fiscal estudió el asunto y dio su visto bueno para que Álvaro García Ortiz -que estaba en régimen de servicios especiales como fiscal general- se incorporase a la carrera, y la nueva fiscala general del Estado acordó su reingreso. 

Fuentes fiscales explicaron a EFE que el alcance del fallo de la sentencia resulta claramente delimitado porque se impuso a García Ortiz una pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general por tiempo de dos años, "sin que se efectúe ninguna referencia más ni respecto de su condición de fiscal de carrera y/o el ejercicio de sus funciones fiscales".

Sin embargo, en su recurso, de manera subsidiaria a que se le permita hacer alegaciones, la pareja de Díaz Ayuso argumenta que procede la "incapacidad" de García Ortiz para las funciones fiscales "por haber sido condenado por delito doloso a pena superior a seis meses".

Esa causa de "incapacidad" y la pena principal de inhabilitación conduce a "la pérdida de la condición de fiscal", según González Amador, que se apoya en su escrito en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Reglamento del Ministerio Fiscal. 

Según el empresario, esta última norma determina que para la rehabilitación en la carrera, es necesario justificar que el afectado tiene "extinguida la responsabilidad penal y civil" y que le han sido cancelados los antecedentes penales, lo que en el caso de García Ortiz, dice González Amador, se produciría en 2029.

Cita, por ejemplo, el artículo 35 del reglamento, que establece que la "pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público determinará la pérdida de la condición de fiscal una vez que la sentencia condenatoria sea firme, con el alcance que en la misma se establezca".

Luego se sorprende de quién ha podido alentar la violencia en las calles. Ayuso no para, desde insultar gravemente al presidente (que ya es tema recurrente) hasta invocar y resucitar a ETA y a sus muertos, reviviendo el fantasma del terrorismo.

Y provocando con ello el odio y el rencor en las calles permanentemente.

Lo de ETA ya huele hasta mal, de las veces y años que lo ha repetido: "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, en complicidad con Pedro Sánchez.” ¡Por dios, Ayuso! 

Para completar la jugada, además de lo de "Pedro Sánchez chorizo", y a la calle, o a prisión, etc., PP-Ayuso también atacó a la Venezuela de Maduro, para que no quedase ningún frente sin cubrir. 

Ahora nos vuelve insultando e injuriando a Pedro Sánchez, diciendo lo de perro y “me gusta la fruta”. Cosa que repite también su pareja González Amador. 

¿Qué aporta esta dictadorzuela al electorado del PP y a la ciudadanía madrileña?

Sin embargo, en la fachería de Madrid genera muchas risas, cachondeo y viva la madre que te parió. Tiene muchos fans, más cerca de Vox que del PP clásico, conservador, no el de Feijóo, ni de los 'voceros' Tellado y doña Cuca.

Parece la emperatriz de Chamberí, con mando en Madrid y por encima de PP-Almeida y por encima de su “perrosánchez”.

Ya hace días, varios diarios anunciaban que “Ayuso quiere certificarse como la única voz legítima de la derecha dura y de una parte de la extrema derecha”. Efectivamente no desea simplemente que Vox se debilite…Quiere hacerse con un montón muy significativo de sus electores y de sus demandas cercanas al fascio. Un PP duro más alejado de su conservadurismo tradicional.

En unos registros efectuados en la Comunidad de Madrid han aparecido actas sobre muertes en residencias: ”No fueron admitidos muchos en el hospital ni tuvieron paliativos”. Así de crudo: murieron muchos de ellos.  

Le salpican los escándalos de sus gestores en el tema sanitario metiéndose en el sistema público de salud, favoreciendo a los que se enriquecen a costa de la salud de los ciudadanos. Pablo Gallart, el CEO de la empresa gestora del hospital público de Torrejón, fue el que ordenó rechazar pacientes para ganar más.

Los registros en la Consejería de Políticas Sociales y varias organizaciones que visitaron los centros hablan de casos en los que “se niegan a hacer traslado por no cumplir criterios y el paciente fallece”. Y describen la falta de recursos: “El personal auxiliar lleva dos meses durmiendo en la residencia”. 

En 2023, Ayuso proclamó: "Contamos con todos los españoles de bien, con la Corona, con el poder judicial, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con las Fuerzas Armadas. Esta nación no se dejará doblegar por un pacto entre un político fuera de control y unas minorías rabiosas y corruptas".

Encima, con estas palabras, denigra a la ciudadanía y todos los españoles de bien. Y con esas proclamas, muy mal le hace a la Corona, a las fuerzas Armadas y a las fuerzas conservadoras democráticas.

Influye descaradamente en los juzgados de la Audiencia de Madrid y en el Colegio de Abogados, a favor de su pareja, con su poder en lo judicial y en la política de Madrid. Sí, porque es un 'chorizo' recalcitrante. Y encima “chulea” de su novio Alberto González Amador, defraudador confeso (a través de su abogado) de más de 350.000 euros a Hacienda, entre otras fechorías fiscales.

Además de la sanidad pública, también las enseñanzas públicas, especialmente las universidades madrileñas, las "pauperiza" hasta el extremo.

PP-Ayuso riega abundantemente con publicidad las radios y medios de comunicación de derechas y beneficia a los obispos, especialmente a Losantos e Intereconomía, etc., etc. etc.

El clan Ayuso, con ella como dictadorzuela de “Chamberí", (además de “emperatriz” facha), busca potenciar el bloque reaccionario (su línea dura “pepera” y Vox). 

De nosotros depende pararla o consentirla. Las fuerzas progresistas deben dar a PPayuso, y sus secuaces una respuesta contundente, en la calle y en las urnas.

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Ángel Lozano es socio de infoLibre.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su renuncia a través de una carta que ha enviado a primera hora al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras ser condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación para el cargo, según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía.

El Tribunal Supremo impuso dicha pena por filtrar datos reservados, en relación con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La dimisión llega sin conocer todavía los pormenores de la sentencia. El fallo se saldó con su inhabilitación y le obligaba a indemnizar con 10.000 euros al novio de Isabel Díaz Ayuso.

En su carta, García Ortiz solicita al ministro de Justicia su cese a petición propia "sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia" del que por ahora solo se conoce el fallo. "Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española", señala.

El hasta ahora fiscal general del Estado expresa en la misiva su "profundo respeto a las resoluciones judiciales" y a la voluntad "siempre presente" en su mandato que es, subraya la de "proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales".

"Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional", sostiene.

García Ortiz agradece al Ejecutivo "la confianza depositada" que, considera, es la misma que ahora devuelve, al entender que, "una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".

Varios centenares de personas se concentraron este domingo frente al Tribunal Supremo en protesta por la decisión de los magistrados.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha destacado este lunes que el nuevo fiscal general del Estado será una persona comprometido con el servicio público, la verdad y la ley como, según ha dicho, lo ha sido durante toda su trayectoria Álvaro García Ortiz.

Alegría ha vuelto a proclamar en una entrevista en TVE recogida por EFE la inocencia de García Ortiz, tras ser condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado.

García Ortiz ha presentado este lunes su renuncia a través de una carta que ha enviado a primera hora al ministro de Justicia, Félix Bolaños, una decisión que Alegría ha negado que haya sido adoptada por indicación del Gobierno. "En absoluto", ha respondido al ser preguntada la portavoz, que ha asegurado haberse enterado unos minutos de iniciar la entrevista y ha expresado su respeto a la renuncia del fiscal general.

Ha incidido en que ahora lo que le corresponde al Gobierno es activar el proceso para nombrar a su sustituto y, en ese sentido, ha apuntado que será una persona con una dilatada trayectoria en el ámbito jurídico.

"Una persona comprometida, como lo ha sido además, durante toda su trayectoria, Álvaro García Ortiz, con el servicio público, con la verdad y con la ley", ha añadido.

Alegría no ha concretado si el Gobierno aprobará el nombre del candidato en la reunión de este martes del Consejo de Ministros.

Preguntada sobre si deberían estar pensando ya en adelantar las elecciones como ha apuntado el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha reiterado que el Gobierno esta determinado a agotar la legislatura, consciente de la complejidad parlamentaria. Esteban ha afirmado este domingo que si fuera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iría pensando en el "cómo y cuándo" convocar elecciones al no tener garantizada una mayoría en el Congreso.

Alegría ha subrayado que el resto de fuerzas políticas sabe cuál es la hoja de ruta del Gobierno y ha incidido en que seguirán trabajando en la misma línea de diálogo para sacar adelante sus iniciativas.

Entre ellas, la senda de déficit que votará este jueves el pleno del Congreso, aunque en este caso se ha dirigido al PP, al que le ha advertido de que "no se puede soplar y sorber al mismo tiempo".

Tras puntualizar que la mayoría de las comunidades están gobernadas por los populares, ha dicho que sería un ejercicio de irresponsabilidad por parte del PP rechazar la senda de déficit, cuando se prevén 5.000 millones de euros para las autonomías.

Por ello hay que pensar que el objetivo próximo va por la familia y por Pedro en persona. Un juez ad hoc se encargará pasado un tiempo y, como se justificará en una sentencia judicial, la democracia seguirá siendo tal, cuando pasaremos a la dictadura de Aznar, el sustituto de Franco por razones obvias, y añadiendo unos votos de jóvenes que no saben lo que supone la dictadura en el único país del mundo que ha dominado el fascismo 40 años. 

Qué se puede hacer para evitar esta catástrofe es algo que no se me ocurre en un país en que se ve claramente que la transición fue un cuento chino porque los fascistas seguían gobernando, con aquel Felipe que gobernó unos años por un acuerdo para que no incordiara demasiado. Y conste que nunca le he criticado por ello porque comprendo en qué país vivíamos entonces, con la metralleta en la sien… El problema real es que Franco está presente. Cómo luchar contra eso es algo que el Gobierno debe decidir porque después de 50 años es momento de hacer algo más serio, aunque te la juegues. El futuro está demasiado oscuro para muchos españoles que hemos visto la verdad de una España libre y de los éxitos en muchas cosas, pero esos éxitos de la economía, el deporte, la tecnología, etc., están en peligro, aunque la juventud se crea otra cosa porque solo ven RRSS.

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Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.

El exjuez Baltasar Garzón ha afirmado que el juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "nunca se debería haber producido", porque, en su opinión, "no hay elementos que sostengan la acusación" que se mantiene en su contra, según informa EFE.

En declaraciones a los medios antes de participar en el II Encuentro sobre Memoria Histórica organizado por la Diputación de Cádiz, Garzón ha dicho seguir con "mucha perplejidad" las sesiones que se celebran esta semana, que, según ha señalado, están dejando "acreditado" que "no existen bases sólidas" para el procedimiento.

"Lo estoy siguiendo con mucha perplejidad porque ese juicio nunca se debería haber producido, porque no hay elementos desde mi punto de vista que sostengan la acusación que se mantiene contra el fiscal general", ha afirmado Garzón, quien ha confiado en que "la justicia deje claramente lo que debe ser", una "sentencia absolutoria".

Ha dicho que el origen del caso estuvo en una noticia "errónea y falsa" difundida a partir de una información generada por "un jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid", reconocida como tal por él mismo, ha continuado, y que "dio lugar a una serie concatenada de acontecimientos que, sin más sustento que la voluntad de algunos, han decidido que la persona a la que había que apuntar era el fiscal general del Estado".

El exjuez ha advertido de que el proceso ha causado "un perjuicio a la Administración de Justicia" y ha generado "desconfianza desde la sociedad hacia el sistema judicial", un daño que, en su opinión, "va a tardar tiempo en restablecerse". 

Desde la absolución que reclaman la defensa y la Fiscalía hasta los seis años de prisión y 12 de inhabilitación que pide una de las siete acusaciones en la causa. Ese es el horizonte que encara a partir del lunes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el juicio que arranca en el Tribunal Supremo.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, van de la mano en su petición de absolución mientras que la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, novio de Isabel Diaz Ayuso, y las seis de la acción popular solicitan condenas de prisión, inhabilitación, suspensión como fiscal y multa, en mayor o menor grado, por los delitos de presunta revelación de secretos, prevaricación y subsidiariamente por infidelidad en la custodia de documentos.

Este es el escenario que encara el fiscal general:

Fiscalía

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, acompañada por el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, solicita la "libre absolución" de Álvaro García Ortiz, al sostener que los hechos "no son constitutivos de delito alguno".

La número dos del Ministerio Público subraya que "ninguna intervención puede atribuirse" a García Ortiz en la divulgación de los correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador sobre el caso de fraude fiscal contra el novio de Ayuso, y señala que la información contenida en los mismos ya era conocida por otras personas antes que el fiscal general.

La Abogacía del Estado, representada por José Ignacio Ocio y Consuelo Castro -quien fue abogada general del Estado-, reclama la absolución porque entiende que "los hechos atribuidos no constituyen ilícito penal alguno" ante lo que considera "operación perfectamente orquestada" desde la Comunidad de Madrid para presentar al novio de la presidenta madrileña como "víctima de una operación política".

García Ortiz actuó en el "legítimo ejercicio de sus competencias como fiscal general para evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía" y sus miembros, "cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación".

González Amador pide cuatro años de prisión, 108.000 euros de multa, tres años de suspensión de empleo público así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general al acusarle de filtrar datos "confidenciales" de su caso de fraude fiscal, para construir "un relato político lesivo".

Además, solicita una indemnización de 300.000 euros por los "padecimientos personales, profesionales, empresariales, familiares y lesiones procesales irreversibles, sin que exista un día desde el 14 de marzo de 2024 en que algún personaje político o periodístico no denomine a través de los medios de comunicación como delincuente o defraudador confeso a González Amador".

Son seis: El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oir, Vox y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que es la que insta a una mayor condena de seis años de cárcel y 12 de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de revelación de secretos.

Las otras cinco acusaciones solicitan cuatro años de prisión y tres años de suspensión para cargo público, inhabilitación especial para el cargo de jefe del Ministerio Público, pero varían en las multas que oscilan entre los 81.000 euros que pide el Colegio de la Abogacía de Madrid, que fue la que dio origen a la querella junto a González Amador, y los 216.000 euros que reclama Manos Limpias.

El Tribunal Supremo ha confirmado que no suspende cautelarmente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de sus funciones, a cinco días de que arranque el juicio por el que se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión, según informa EFE.

La Sala de lo Penal ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) contra la decisión del juez que denegó la suspensión provisional de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, tras la apertura de juicio oral contra él por delito de revelación de secretos.

En su auto de apertura de juicio oral, el magistrado Ángel Hurtado explicó que existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal por vía administrativa, que no contempla la del fiscal general del Estado, lo que a su juicio entendía como "un vacío legal".

La Apif recurrió esta decisión indicando que el Reglamento del Ministerio Fiscal establece que se acordará la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal cuando se dicte auto de apertura de juicio oral por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas y que el fiscal general se integra dentro del concepto "cualquier miembro del Ministerio Fiscal".

Y señalando que, de no suspenderle, sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en el juicio y podría impartirle órdenes que comprometerían la imparcialidad de ese fiscal.

Pero la Sala no lo entiende así cuando dice que "ni el Estatuto Orgánico ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal contemplan una suspensión cautelar específica del fiscal general del Estado durante un proceso penal".

Tampoco resulta de aplicación analógica la ley del Poder Judicial donde se establecen los supuestos de suspensión de jueces y magistrados porque ya existe un régimen específico en el ámbito del Ministerio Fiscal, para establecer esa medida.

Igualmente el argumento de que su continuidad como fiscal general puede acarrear que de órdenes al fiscal del juicio lleva a "suponer una presunción genérica para los integrantes de la carrera fiscal" que "no resulta corroborada por el propio ejercicio de la acusación particular".

Además, los magistrados destacan que "no parece viable" su suspensión "dada la previsión del nombramiento del fiscal general y su posición institucional en cuanto cúspide de la institución que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad (...) así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social y la propia Constitución".

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha rectificado la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de cara al juicio al descontar la eventual multa que se le pudiera imponer por el delito de revelación de secretos, por lo que la rebaja de 150.000 a 75.000 euros, según recoge EFE.

Hurtado ha tomado esta decisión una vez que García Ortiz ha consignado ya un aval de 150.000 euros ante el alto tribunal, que ha cubierto en parte con un bien inmueble, para asegurar la fianza con vistas al juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

El pasado día 9, Hurtado impuso al fiscal general el pago de una fianza de 150.000 euros, dispuesta para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos.

Sin embargo, el magistrado ha dictado "de oficio" un auto en el que rectifica esa cuantía al excluir la eventual multa para el delito de revelación de secretos que se pudiera imponer al fiscal general.

Explica que el abogado de González Amador, en su recurso contra el de apertura de juicio oral, solicita que se corrija el error material de integrar la multa en el cálculo de la fianza, para lo cual hizo referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional.

La corte de garantías aprobó una sentencia en 2023 que declara inconstitucional la inclusión en el cálculo de la fianza de una cuantía para asegurar una posible multa en el juicio porque equivale a "anticipar la pena".

El instructor indica que su auto, notificado hoy, no responde a dicho recurso, pero afirma que sí ha introducido un elemento que no fue tenido en cuenta cuando se fijaron esos 150.000 euros y, "puesto que tiene repercusión favorable al acusado, no es cuestión de esperar más tiempo y prolongar la decisión sobre este particular.

Hurtado entiende "oportuna" esa rebaba "en atención a esa nueva circunstancia, dejando para el debate del recurso el resto de las consideraciones sobre los demás particulares, en particular el relativo a la cuantía por responsabilidad civil". 

Antes de conocerse esta decisión, el fiscal general tenía previsto recurrir la fianza directamente ante la Sala de lo Penal descartando el recurso previo ante el instructor, porque consideraba esa cantidad excesiva, aunque ahora está por ver si finalmente recurre o no.

Y aunque González Amador advirtió en su recurso al juez de este error, insiste en que la fianza no puede ser inferior a 300.000 euros porque "jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general".

Por tanto, "siendo la lesión continuada y actualizada diariamente con la intensidad propia del relato político que persigue desde su origen, la indemnización de los continuos perjuicios morales no debe valorarse en un importe inferior a 300.000 euros".

Recordemos los inicios del sainete: 

El novio de la presidenta Díaz Ayuso factura en plena pandemia unos dos millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas al principal proveedor sanitario de la Comunidad de Madrid, el grupo empresarial Quirón. Solo este hecho suscitaría a cualquiera sospechas de compadreo como mínimo, si no de genuina corrupción.

El novio de la presidenta defrauda unos 350 mil euros de esos dos millones, según confiesa su abogado en un correo electrónico a través del cual negocia con la Fiscalía que le persigue por el fraude que la inspección de Hacienda ha detectado (de la declaración de la inspectora ante el tribunal que acabamos de conocer podría hacerse una novela). Ese mensaje de correo, apenas unas líneas, es el ridículo pero crucial objeto sagrado de nuestra disparatada historia.

Un día nos enteramos de la existencia de este señor y de sus problemas fiscales porque se publica el susodicho correo en diversos medios y porque hablan de él el jefe de Gabinete de Ayuso y la propia novia-presidenta. Lo hacen sin sordina y con toda solemnidad, para afirmar lo contrario de lo que es. En una contradicción casi infantil, la presidenta habla de “un particular”, para a continuación afirmar que se le persigue por ser su pareja, y afirma que en realidad todo no es más que una inspección como la que sufren miles de españoles cada año y que en realidad es al particular al que se le debe dinero. El “particular”, un desconocido hasta entonces, se convierte en un personaje público gracias a la intervención de la novia, del jefe de Gabinete y de decenas de portavoces oficiales que salen a defenderle.

Un presunto/confeso defraudador –tengo que tener cuidado con lo que escribo, porque a mí me ha caído una querella por llamarle defraudador confeso sin matices…–, con la ayuda del jefe de Gabinete, de la novia presidenta, de algún medio afín y del Partido Popular en bloque, se pretende hacer pasar por una víctima de la dictadura bolivariana sanchista, arrasando de paso con la credibilidad de los funcionarios de Hacienda y de la Fiscalía que persigue el supuesto delito.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre cuyas obligaciones está la información pública de los procedimientos judiciales, emite una nota de prensa destruyendo el bulo: aquí hay un caso de posible delito fiscal, no una mera regularización fiscal a un particular y menos aún la persecución política de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se discute inicialmente la validez de esa nota de prensa, pero pronto se fija que esa publicación no tiene nada de ilegal.

Y entonces empiezan los afectados a acusar al fiscal general del Estado de haber filtrado el famoso correo electrónico, lo que sería un delito de revelación de secretos. No hay ni una sola prueba. Al contrario: una decena de periodistas afirman que tenían ese correo antes que García Ortiz. Pero da igual. Se monta un circo político en el que se busca el origen de la filtración con algunos personajes secundarios que salsean la narración. Lo de siempre: los listillos ingenieros del caos (MARodríguez es el decano español de la disciplina) logran con una sucesión abigarrada de acontecimientos que se olvide el verdadero origen del asunto. La carga de la prueba pasa a estar no contra Ayuso sino contra el fiscal general. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado y otro compañero de un total de tres instruyen para que se juzgue al fiscal, con un abrumador voto en contra del otro magistrado.

Y entonces, una vez más aplicando el manual, el debate se desplaza de manera tramposa hacia la dimisión de García Ortiz. Como aquel marido infiel al que la esposa sorprende en la cama con su amante y trata de fijar el debate en la obligación de llamar a la puerta antes de entrar. Ridículo pero eventualmente eficaz.

La dimisión del fiscal general sería una auténtica claudicación colectiva. La ciudadanía renunciaría a la verdad, a la limpieza y a su propia soberanía frente a los poderosos. El fiscal general es el representante del “ministerio público”: encarna el interés general y es el garante mayor de los derechos de la ciudadanía. El juez juzga pero los fiscales defienden el interés colectivo.

MAR y Ayuso se empeñaron en hacer del delito fiscal confesado por el particular novio de la presidenta una víctima del voraz Gobierno de Pedro Sánchez, implicando falazmente al fiscal. Elevaron de paso al empresario al olimpo de los famosos. El PP les siguió enardecido y también lo hicieron los magistrados, jueces y fiscales conservadores, constatando la enorme influencia de la ideología cuando se imparte justicia. Metieron incluso al rey en el lío. Lograron parcialmente su objetivo, desviaron la atención y convirtieron en delincuente al fiscal. Va a servir de poco, porque todo indica que el novio va a ser condenado, pero la fachosfera habrá logrado generar el suficiente lío como para que la indemostrable filtración de un correo electrónico humille a fiscal, sentándole en un banquillo.

Pues bien, que el fiscal general se mantenga en su cargo no es un mal menor ni una circunstancia desagradable. Frente al brutal ataque al fiscal por motivos espurios, su permanencia es una victoria de la democracia. Es la ciudadanía orgullosa manteniéndole el desafío a los señoritos. Plantándoles cara. Torciéndoles el pulso. Su renuncia sería una renuncia del pueblo, señor fiscal. No se rinda, por favor.

Dos inspectoras de Hacienda han ratificado los informes que elaboraron sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los que detectaron irregularidades que entienden que suponen fraude fiscal, y en los que la Fiscalía se basó para denunciar y dar pie al procedimiento judicial que se sigue contra él, informa EFE.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha tomado declaración este viernes a la persona que realizó la inspección y a una inspectora de la Unidad de Delitos de la Agencia Tributaria que luego hizo un segundo informe ratificando el primero, según han detallado fuentes jurídicas.

La primera inspectora ha declarado durante más de dos horas y media ratificando el informe que elaboró a finales de 2023 tras una inspección que comenzó en mayo de 2022, en el que reflejó irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de Alberto González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.

La testigo ha expuesto su informe, que consta de unos 200 folios, y ha contestado a preguntas de todas las partes, sobre todo de la defensa, que ha ido exponiendo las discrepancias técnicas que detectaba, han informado fuentes presentes en la declaración.

Fuentes de la defensa de Alberto González Amador han adelantado que valorarán si presentan un informe pericial para argumentar esas discrepancias.

La segunda inspectora ha declarado durante unos minutos en los que ha ratificado el informe que hizo sobre la investigación de su compañera, que validó.

Ambas, según otras fuentes presentes en las testificales, han afirmado que desconocían que Alberto González Amador era pareja de Isabel Díaz Ayuso cuando abrieron la inspección y presentaron la denuncia a la Fiscalía por fraude fiscal y falsedad documental.

De acuerdo con esas fuentes, las peritos también han indicado que el fiscalista al que recurrió González Amador, Javier Gómez Fidalgo, -quien le representó en las reuniones con Hacienda durante la inspección- conocía los métodos utilizados por su cliente en los presuntos fraudes.

La magistrada Inmaculada Iglesias citó a estas dos testigos el pasado 24 de febrero, después de que González Amador se acogiese a su derecho a no declarar como investigado en la causa, abierta hace casi un año y que nació de una denuncia de la Fiscalía basada en estos informes de la Agencia Tributaria sobre la empresa Maxwell Cremona, administrada por el novio de Ayuso.

En este procedimiento principal, Alberto González Amador está investigado por dos presuntos delitos de fraude fiscal de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas en el que habrían intervenido presuntamente los otros cuatro investigados en la causa.

El novio de la presidenta madrileña se mostró en un primer momento dispuesto a reconocer estos hechos: su abogado propuso por correo un pacto al fiscal y reconoció en su nombre la comisión de dos delitos a cambio de una rebaja en la petición de pena.

La filtración a la prensa de este correo acabó desembocando en una causa judicial abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos

La magistrada que investiga a González Amador abrió el pasado mes de octubre una pieza separada para indagar si pudo incurrir en "otros delitos distintos", como corrupción en los negocios o administración desleal, mediante el uso de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención.

Precisamente este jueves ha trascendido que la jueza le ha citado para que declare como investigado el próximo 10 de abril en el marco de esta pieza separada, después de que la Audiencia Provincial avalara la apertura de la misma.

Los delitos por los que se investiga al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no implican dispendio de fondos públicos. Esa es una de las razones esgrimidas por el PP para quitar trascendencia a la citación como imputado de Alberto González Amador que, el próximo 10 de abril, tendrá que declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, que se suman a los dos delitos fiscales y al de falsedad documental por los que ya estaba imputado. Es un argumento similar al utilizado por la propia Ayuso cuando la Audiencia de Madrid avaló la nueva pieza separada del caso con las nuevas infracciones: "Es un asunto que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid", dijo la presidenta.

Tanto la inspección de Hacienda abierta a González Amador y a su empresa, Maxwell Cremona, como el escrito de denuncia contra él interpuesto por la Fiscalía de Madrid desmienten ambos argumentos. Los dos nuevos delitos imputados al comisionista tienen carácter societario, sí, pero se produjeron en negocios con responsables del principal contratista sanitario de la administración que dirige Ayuso, el gigante Quirón, cuyos servicios hospitalarios a la Comunidad costaron en 2024 más de 715 millones de euros procedentes de los impuestos de todos los madrileños.

El propio auto conocido este miércoles por el que la jueza cita a declarar a González Amador así lo refleja. La resolución explica que los presuntos delitos imputados por el novio de Ayuso se habrían cometido "en su propio nombre" y como responsable de su empresa Maxwell Cremona, "en connivencia con los responsables de Quirón Prevención" que, además, podría haber resultado perjudicada con la operación. Lo que investiga ahora la instructora y por lo que la pareja de Ayuso tendrá que responder es una supuesta comisión pagada por González Amador a la esposa del presidente de esa compañía sanitaria, Fernando Camino. Maxwell, la empresa de Amador le compró por casi medio millón de euros una sociedad a la mujer del ejecutivo.

La operación fue sospechosa, según los inspectores, porque el precio pagado por el novio de Ayuso fue excesivo y no se correspondía con un el de una firma sin empleados ni medios materiales para operar. Después, Amador utilizó supuestamente esa sociedad, a la que denominó Masterman & Wittaker, para sus tratos con Quirón. Lo hizo, según Hacienda, la Fiscalía y la instructora del caso, de manera instrumental con el objetivo de pagar menos impuestos. El informe de la Agencia Tributaria considera que esa operación, en la que fue parte el responsable del principal contratista sanitario madrileño, fue "artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria". La jueza, por el momento, no ha citado a declarar a Camino ni a su esposa.

Como sostuvo la Fiscalía en la Audiencia de Madrid, Masterman, la sociedad que compró Amador a través de su empresa a la mujer del presidente de Quirón por 499.836 euros, "en realidad carecía de valor". Lo demuestra, según el Ministerio Público, el hecho de que, posteriormente, Maxwell Cremona, la sociedad del novio de Ayuso con la que la adquirió, le transmitiera al propio Amador todas las participaciones de Masterman por 3.000 euros. "No es irrazonable la decisión del juzgado instructor de considerar que su compra en realidad encubría el pago de una comisión ilícita", según el fiscal. Es decir, que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid habría pagado una comisión ilícita a una de las principales contratistas sanitarias de su Gobierno.

Después de que la Audiencia de Madrid avalara los nuevos delitos achacados a González Amador, sus abogados reclamaron a la instructora que paralizara la pieza principal del caso, en la que se le investiga por dos delitos fiscales y falsedad documental, y cuya instrucción está a punto de concluir. La defensa del novio de Ayuso argumentó que, en caso de que se demostrara que los ingresos por los que dejó de tributar tuvieran procedencia ilegal, no se le podría imputar un fraude fiscal con ellos, según el Supremo. Varios penalistas consultados por infoLibre explicaron que ha habido varias sentencias en sentido contrario y consideraron que, tras la petición, solo se oculta una maniobra dilatoria.

La pareja de Ayuso, a través de uno de sus abogados, Carlos Neira, ofreció el 2 de febrero de 2024 un pacto al Ministerio Público en el que confesaba sus infracciones tributarias. "Ciertamente se han cometido dos delitos fiscales", afirmó su defensor en un correo enviado ese día a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. Pese a la imputación de nuevos delitos, expertos penalistas consideran que el pacto sigue siendo la única vía y la más segura para evitar una condena que implique la entrada en prisión.

La exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera ha asegurado ante el juez que no recuerda quién le envió por whatsapp un pantallazo del correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía haber cometido delitos fiscales, al tiempo que ha negado haber recibido instrucciones del Gobierno para difundirlo, según informa Efe

Sánchez Acera, actual secretaria de organización del PSOE de Madrid, ha comparecido como testigo ante el magistrado del Supremo Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos por la filtración de datos de la investigación contra Alberto González Amador por fraude a Hacienda.

Su nombre apareció en la causa tras el análisis del móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato. Ella le envió el correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía en su nombre al fiscal la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública", de cara a su intervención en la Asamblea de Madrid.

La que fuera asesora de Moncloa ha declarado que recibió un "pantallazo" de un documento -no el correo- en el que González Amador reconocía estos delitos y en el que no se veía ni el remitente ni en el destinatario, según informan fuentes jurídicas.

En su interrogatorio, que ha durado una hora, ha dicho que esta información no le llegó del fiscal, ni de la Fiscalía ni de Moncloa.

Ahora bien, la testigo no ha sabido precisar qué persona concreta fue la que le envió ese documento, que ella recibió por whatsapp.

Las acusaciones han insistido en esta cuestión pero ella ha dicho una y otra vez que no se acuerda de quién le envió ese pantallazo, que ella, en calidad de número tres de la ejecutiva socialista madrileña, remitió a su vez a quien era entonces secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y solo a él.

Además, ha reconocido que cambió de móvil y que no conserva sus mensajes. Otras fuentes explican que Sánchez Acera cambió de terminal por seguridad, y que un técnico del Ministerio de Transformación Digital, adonde se fue con Óscar López, le borró todos los mensajes al pasar de un teléfono a otro, por eso no recuerda quién le mandó el pantallazo.

En un momento del interrogatorio, Sánchez Acera ha insinuado que esa información también la podía sacar otro partido, como Más Madrid.

También ha asegurado que no hubo ningún plan para difundir esta información con el fin de desprestigiar a Ayuso, ni se comentó en las reuniones por la mañana.

El juez la citó porque consideraba que puede ser útil "conocer el recorrido que pudo haber tenido el correo" del 2 de febrero de 2024 "hasta su aparición en la mañana del día 14 de marzo en el digital elplural.com, y en qué circunstancia circuló a través de las personas por las que pudo haber pasado".

De hecho, en el auto de 13 de enero por el que citaba a declarar como imputado a García Ortiz, el juez menciona que el polémico correo objeto de la filtración circuló "con salida" de la Fiscalía "y destino Presidencia del Gobierno"; "y de ahí" al medio elplural.com.

Por su parte, el antiguo secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés ha asegurado al juez que no tuvo el correo ni tuvo constancia del mismo hasta que lo publicó ElPlural.es la mañana del 14 de marzo, ya que él estaba centrado en las elecciones catalanas, por tanto, esta cuestión la dejó en un segundo plano.

Como Sánchez Acera, con quien ha dicho que no habló aquel día porque casi no tienen relación, Vallés también cambió de móvil, si bien en su caso ha dicho que conserva los mensajes, y que estaría dispuesto a entregar su terminal al magistrado, que no lo ha estimado necesario, según las fuentes.

Además, ha explicado que le remitió noticias a Lobato sobre este asunto pero con la intención de que estuviera atento en la Asamblea.

Para el escritor y periodista Daniel Bernabé (Madrid,1980), todo lo que rodea el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tiene importantes derivaciones que faltan por investigar y por sacar a la luz. Considera que el fraude fiscal es sólo la punta del iceberg que puede esconder tramas económicas vinculadas a las fortunas que se dedican a favorecer la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Asimismo, muestra su preocupación ante la posición tomada por una parte del Poder Judicial que se ha autoproclamado como “el freno de seguridad de este país secular”.

“Es uno de los temas más preocupantes ahora mismo. Construir una Justicia que funcione razonablemente bien es muy difícil en un país. Se ve en muchos lugares en vías de desarrollo., pero en España, en general, la Justicia funciona. Tiene problemas específicos como la lentitud o los sesgos de entrada en la carrera, pero ahora hemos entrado en otra etapa. Lo comenté hace dos o tres años en infoLibre y había quien lo consideraba demasiado dramático. Dije que parte del Poder Judicial se estaba constituyendo en una tercera cámara, en la Cámara de los Lores, que se creía con la capacidad censurar las acciones del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Algo así como si los jueces fueran parte de una determinada España sacrosanta que tiene que velar por el resto. Bajo su consideración, este país dice y hace cosas que no debería hacer. Y esos jueces se perciben a sí mismos como el freno de seguridad de ese país secular”.

“Todo el mundo se ha quedado, como es normal, con las declaraciones enormemente clasistas que hizo contra Irene Montero. Pero Velasco también vino a decir que el PSOE no había ganado las elecciones y que tiene menos legitimidad que si las hubiera ganado. Eso es completamente incierto. La legitimidad no te la da quedar el primero. Te la da el conseguir en el Congreso los votos para la investidura. El señor Velasco lo sabe, pero al decirlo nos muestra la forma que tienen ellos mismos de percibirse: este no es un gobierno legítimo y tenemos que venir nosotros a poner orden. Este pensamiento muestra lo profundamente antidemocráticos que son algunos de estos jueces de los altos tribunales, y es algo muy preocupante que se viene a sumar a todo un escenario donde gente del poder mediático, del poder económico y por supuesto, de la derecha política, actúan en conjunción para no respetar el resultado del 23 J. Este es el gran problema que tenemos”.

“Podemos denominar a esta serie de investigaciones en torno al fiscal general del Estado, con una palabra técnica que se llama choteo. Se están choteando de todos nosotros y especialmente de García Ortiz, al que parece que quieren hacer pasar por debajo del futbolín. De todas las filtraciones que hay se ponen a investigar la que afecta a la pareja de Ayuso. Y resulta que se ha filtrado ya todo lo que tiene que ver con la investigación de esa filtración. Hombre, esto es choteo. Parece que lo que viene a decir es: mira, es nuestro país y nosotros hacemos lo que queremos. Lo importante es no dejarse conducir por las maniobras de Miguel Ángel Rodríguez y si hubo una filtración de la Fiscalía. A mí me interesa relativamente poco en relación con la realidad de este caso”.

“He comentado en infoLibre, en artículos que he sacado relacionados con el caso de la pareja de Ayuso, que la cuestión va mucho más allá del fraude fiscal. Éste, aun siendo grave, González Amador se lo podía haber quitado de encima diciendo que le habían asesorado mal. Lo que se suele decir en este tipo de delitos. Sin embargo, esta gente entró en pánico y eso me llamó mucho la atención. Creo que hay mucho más que un fraude fiscal. Como explicaba en ese artículo, hay una serie de operaciones continuadas, una coincidencia societaria de años entre González Amador y Fernando Camino, un directivo o presidente de la empresa Quirón Prevención, una empresa que tiene multitud de contratos públicos de la Comunidad de Madrid. Y estas dos personas, González, Amador y Fernando Camino, han tenido una coincidencia societaria de años, donde ha habido operaciones en las que ellos se han llevado gran cantidad de dinero por venta y compra de material sanitario”.

“Esta es una operación de 40 y pico millones de euros sobre la que González Amador se lleva 2 millones y sobre la que hace el fraude fiscal de 350.000. Me llama la atención que alguien que gana 2 millones por dos llamadas de teléfono encima defraude a Hacienda. Resulta que unos meses después González Amador le compra a la mujer de Fernando Camino por medio millón de euros una empresa que solo valía 30.000. Esto indica un flujo de ese dinero como puente a otro lado. En operaciones que ha tenido con Quirón se ha involucrado una tercera empresa, un servicio de análisis que realizó un trabajo por un valor de unos 200.000 €. González Amador cobró a Quirón un millón. Un beneficio de 800.000. ¿Quirón regala el dinero? Creo que esto golpea de lleno a la privatización sanitaria encubierta que se está produciendo en la Comunidad de Madrid. Por eso se han puesto tan nerviosos con este caso. La cuestión del fraude fiscal es la punta del iceberg que tapa todo lo que hay debajo”.

“El Congreso ha constatado que los partidos, aparte de su dinámica interna, se ven muy influenciados por los acontecimientos externos. Ha habido dos. Por una parte, el PSOE está abandonando progresivamente las tesis socio liberales con las que empezó este siglo. Se ven destellos socialdemócratas, cosa que me parece buena noticia. Tiene que constatarse en la práctica. Sánchez ha anunciado una empresa estatal de la vivienda que opere desde la administración central, pero tiene que ponerse en marcha y obtener resultados constatables. Esa sería una buena noticia. El otro fenómeno es que el PSOE ha celebrado el Congreso bajo asedio. Sentían que las maniobras de la derecha judicial y política han cohesionado al partido. Se centran más en una cierta épica de resistencia. Pero tiene un lado negativo, había una cierta mitomanía en torno a Sánchez. Hay que tener cuidado con ciertas adoraciones a figuras individuales”.

“Sumar está en un momento de inacción, afectado evidentemente por casos como el de Errejón. El intento de Yolanda Díaz de conformar dos cosas a la vez, un partido propio, que es el movimiento Sumar y una coalición, ha llevado a un grupo parlamentario que está en un momento de paralización. No se ve que vaya hacia ninguna parte. Dentro de esos partidos que forman el grupo parlamentario, el que más se ha destacado estos meses ha sido Izquierda Unida con la aparición de Antonio Maíllo. El dirigente andaluz ha vuelto a la política para dar un perfil más propio a Izquierda Unida en un momento en que va a hacer falta inteligencia política, mano izquierda, saber coser las diferentes sensibilidades de este espacio. Sumar tiene que buscar una definición propia, diferente al del PSOE, pero necesaria y útil para la gobernabilidad del país”.

“A mí siempre me ha extrañado que la buena labor —y en eso, creo que hay consenso— de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo no se parezca a la que está haciendo en su espacio político, en Sumar. Había una gran disparidad entre lo que Yolanda Díaz era como ministra de Trabajo y lo que Yolanda Díaz ha sido luego como candidata de Sumar. Incluso la forma de expresarse que tenía Díaz como ministra de Trabajo cuando tenía sus intervenciones en el Congreso, era mucho más tajante, se la veía mucho más segura. Ahora está inmersa en el intento de aprobación de la rebaja de horas de trabajo. Puede ser una medida importante, pero comparada con la reforma laboral o el tema del SMI, es menos llamativo. La rebaja de horas en un momento donde sobre todo lo que se necesitan son sueldos más altos no sé hasta qué punto va a ser una medida que consiga movilizar simpatías hacia su lado”.

“Hay que tener en cuenta el factor Podemos. Si hubiera posibilidades de renovar el gobierno podrían llegar a algún tipo de pacto, pero yo soy de los que creo que Podemos va a optar por tirar por separado. Creo que ellos han hecho una lectura a largo plazo que viene a decir que tarde o temprano en España van a gobernar PP y Vox y que ellos van a heredar esas ruinas y a constituirse como la única resistencia de izquierdas hacia el gobierno de la derecha con la ultraderecha. Sobre todo, desde septiembre Belarra y Montero no pierden oportunidad para declarar que el PSOE es igual al PP, que para tener este gobierno nos da igual tener el gobierno de la derecha. Es un mensaje constante acompañado, además, de una apelación a la radicalidad escenográfica que no lleva a ninguna parte pero que para determinado público de izquierdas queda aparente. La cuestión es que creo que es malo para el país”. 

“Esta vez Trump no ha ganado las elecciones como una excentricidad del sistema, sino con un plan y una serie de individuos con mucho poder, mucho dinero y sobre todo con capacidad y herramientas para adulterar la opinión pública. Nuestras sociedades se están viendo enormemente afectadas por algo que podríamos denominar el golpe tecnológico. Afecta al corazón de lo que tiene que ser una democracia, que es que los ciudadanos tengan un criterio mínimo para entenderse, unos elementos comunes sobre los que discutir. Y creo que directamente eso se ha vaporizado. Ahora mismo tenemos capas sociales que directamente tienen una percepción sobre la realidad completamente alterada. Y esto tiene que ver, sobre todo, con la capacidad de intoxicación que los millonarios tecnológicos tienen a través de sus redes sociales”.

 “Vivimos en una sociedad en la que se va a escuchar a quien piense como los dueños de los algoritmos, y eso es terrible. En las últimas semanas hemos visto cierta pista de por dónde se debería salir de esto. La ha dado el ministro Óscar Puente con la dana de Valencia. Ha habido un intento inducido por la extrema derecha de fomentar el caos. Se llegó a decir que España era un Estado fallido. Este tipo de barbaridades quedan impunes. Pero no podemos únicamente quejarnos de la manipulación, ni pensar que denunciándola se va a arreglar. Cuando las personas entran en esas dinámicas tóxicas en las redes sociales reaccionan de manera hostil cuando se les muestra que lo que dicen no es cierto. Puente no ha entrado en esa dinámica. Se ha puesto a demostrar que la democracia es útil, que tiene efectos reales. Y sin tener que legislar, algo difícil ahora. Se ha puesto a ejecutar presupuesto, hacer obra pública. Por ahí podría ir la nueva empresa estatal del alquiler. Y a eso habría que sumar un acompañamiento cultural que haga sentirse al ciudadano medio otra vez como parte importante de la vida de su país”.

“Feijóo, como todas las derechas europeas, está expuesto a la competencia de una ultraderecha que no tiene reglas y eso le puede llevar a algunas equivocaciones. Por otro lado, en Europa ya no estamos en la etapa neoliberal, estamos en otra cosa que todavía no sabemos qué es. El Estado ha intervenido de manera decisiva y exitosa desde la crisis del 2020 en adelante, y eso ha dejado a las derechas fuera de juego. Y como no sabemos cuál es su plan, han optado por el incendio. Además, Feijóo llegó después de que el anterior líder fuera eliminado en un golpe palaciego por denunciar las prácticas inmorales del hermano de Ayuso. Ayuso es el personaje clave de la derecha en este país, me atrevería a decir que es mucho más inquietante que Vox. A Vox se le ve venir. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso es la destilación más evidente de la derecha populista capaz de tener a su alrededor toda una arquitectura de poder. Es la líder de un movimiento de involución reaccionaria en España y la líder política de este país que más debería preocupar a cualquier demócrata”.

Como presuntamente son varias las víctimas de este político, es probable que en algunas de ellas fuera esa no violencia instintiva lo que impidió que Errejón descubriera de repente que su poder no era tanto. En cualquier caso, como esto va para largo, de momento toca prudencia.

Sin salir de lo que ocurre dentro de las parejas, sean estables o casuales, me sigue preocupando más la formada por Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador, pues comienza a parecer importante la cantidad de dinero de todos, más otros recursos públicos, que de manera quizás no legal han podido disfrutar, él a solas o con ella. No debemos olvidar que, para evitar males mayores, su abogado reconoció por escrito que Amador había defraudado 350.951€. Por tanto, esta vez no me conformaré con lo de “presunto”. Y más cuando noticias de este lunes mismo, 27 de octubre, indican que el volumen del fraude real que está aflorando supera con mucho el importe reconocido.

Hablando de instintos, es probable que González Amador se dejara llevar también por aquel que dice que “quien a buen árbol se arrima…” cuando eligió acercarse a Isabel, pues todo el mundo sabía ya que las empresas de su padre y de su madre habían conseguido dinero público: 400.000€ en avales que no devolvió él y 1.000.000€ de 25 contratos públicos para ella. Después vino lo de su hermano con 234.000€ en comisiones por intermediar con las mascarillas, un asunto muy feo pero que a quien le costó el liderazgo del PP fue a un tal Pablo por molestar a la todopoderosa Isabel.

Pero algunas de las personas que actúan por instinto también pueden tener poca cabeza y, en el caso de Amador, ser tan osado como para que te salgan a devolver 2.910,56€ en un Impuesto de Sociedades, el de 2022, y no sacar de la declaración algunos gastos (de los dudosos) para conseguir que te salga a pagar y llamar menos la atención. Es un lugar común lo de que Hacienda revisa más declaraciones a devolver que de las otras. De hecho, Miguel Ángel Campos, de la SER, titulaba así su crónica del 24 de octubre: “Hacienda inició la inspección a la empresa pantalla del novio de Ayuso porque presentó una declaración a devolver”.

Pues no. Resulta que Amador incluyó hasta el hilo dental para que se lo pagáramos entre todos, un producto que dentro de unos años puede que se haya convertido en el símbolo de la prepotencia de los tontos que un día se creyeron “listos”.

Y como una cosa lleva a la otra, no será esta la primera vez que una maldad descubierta sirva para fabricar una buena idea. Esto es lo que me ha ocurrido pensando en las trampas del novio de Ayuso con los impuestos. Por tanto, una que le debo al madrileño, aunque nunca me pedirá que se la pague.

Resulta que le he preguntado al buscador cuántas personas renuncian cada año a la devolución que les corresponde tras realizar el borrador de la declaración del IRPF y la primera noticia que aparece es de The Objective donde se dice que en la última campaña, la del ejercicio 2023, fueron 42.848 contribuyentes los que renunciaron y 1.253.985,72€ el importe total de las mismas.

Es muy poco dinero, pero la idea que le propongo al Pedro Sánchez más participativo consiste en que se incluyan cuatro opciones para que, quien decida renunciar a la devolución y, por tanto, donar al Tesoro Público un dinero que es suyo, sea también quien elija su destino entre, por ejemplo, las siguientes opciones:

1.    Los presupuestos del Estado.

2.    Los de su Comunidad Autónoma.

3.    Los del Ayuntamiento donde reside.

4.    La Casa Real.

Se incluye la Casa Real porque su titular actual quizás ya no roba tanto como el anterior, aunque podría hacerlo sin miedo a los tribunales. Además, Felipe VI anunció en marzo de 2020 que renunciaba a la herencia de su padre, lo que podría provocar que terminara pobre y desamparado tras la proclamación de la III República.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el archivo de la querella de Alberto González Amador contra los fiscales por un presunto delito de revelación de secretos por funcionario y lamenta que el magistrado instructor no dirija la investigación contra el "entorno" de la defensa del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Así consta en un escrito, al que tuvo acceso Europa Press y ha adelantado la 'Cadena Ser', en el que el fiscal Javier Montero insta al "archivo de las presentes actuaciones por carecer de relevancia penal la emisión de la nota de prensa difundida por la Fiscalía el pasado 14 de marzo".

Reclama "la inhibición de las presentes actuaciones a los Juzgados de Instrucción de Madrid por carecer de competencia objetiva el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al no existir ningún indicio de criminalidad en los hechos atribuidos en la querella a los dos querellados". En el escrito, el fiscal asevera que se está "ante una investigación meramente prospectiva basada en simples sospechas, que no alcanzan ni de lejos la categoría de indicios y que, sin embargo, el instructor considera suficientes para proceder a ella".

En los argumentos, el fiscal esgrime que "ni la querella explica el fundamento y finalidad de esas diligencias interesadas, ni el instructor hace ningún razonamiento sobre su pertinencia, necesariedad o relación inmediata con los hechos objeto de la querella". "Es más, lo que hace el Magistrado instructor en su resolución es admitir todas y cada una de las diligencias solicitadas, sin alterar una sola coma o vocablo respecto a la propia exposición de la querella", critica. Recalca a continuación que "el instructor está dando carta de naturaleza a la versión expuesta en la querella, que no olvidemos, es la versión unilateral de una parte procesal y con la que en absoluto está conforme el Fiscal".

Así, lamenta que "no se tienen en cuenta ni se efectúa pronunciamiento judicial alguno en relación con los argumentos del Ministerio Fiscal expuestos en el informe que evacuó sobre la admisión a trámite de la querella" y critica que se "da prácticamente por supuesto que la filtración de los correos electrónicos entre el Fiscal y el abogado de Alberto G. A. y también de la denuncia interpuesta en su día y remitida al Juzgado Decano de Madrid ha sido obra de la Fiscalía".

Le resulta "sorprendente" además que "teniendo el órgano judicial la misión de averiguar la verdad jurídica material, la investigación exclusivamente se dirige hacia miembros del Ministerio Fiscal y no hacia otras personas que hayan podido tener algún tipo de intervención en estos hechos". Por ello, "y dado que otras personas indiciariamente implicadas en estos hechos no son objeto de investigación", el fiscal anuncia que "instará en la tramitación de este procedimiento, en su caso, la práctica de aquellas diligencias a que hubiera lugar en averiguación de los hechos, de la verdad jurídica material, que es el objetivo principal de la fase de instrucción de cualquier procedimiento penal".

En otro apartado, critica las diligencias solicitadas para que se indique quienes son los responsables de la difusión del comunicado, ya que entiende que parte "de un hecho que no considera cierto ni respecto del que exista ningún indicio: que se hubiera producido una brecha de seguridad en la Fiscalía Provincial de Madrid".

Asevera al respecto que "tal afirmación debe ser objeto de prueba y no tomada como una acrítica conclusión, pues que la filtración proviniese de la Fiscalía es una hipótesis remota respecto de la que no existen indicios suficientes". "La posible violación de seguridad pudo producirse, especialmente, en el entorno del investigado por los hechos denunciados por el Ministerio Fiscal, puesto que es donde de forma objetivamente constatable se produjo la primera filtración de los correos electrónicos remitidos para alcanzar una conformidad", por lo que entiende que "estas diligencias resultan de todo punto improcedentes".

Insiste en que "ningún indicio o prueba material existe de que la filtración de los correos electrónicos fuera realizada desde el ámbito de la Fiscalía, sino que más bien parece que se hizo desde el entorno de la defensa". Así, recuerda que a las 23 horas del 13 de marzo de 2024 un diario digital publicaba una noticia, "contraria a la realidad", según el fiscal, sobre "el ofrecimiento por parte de la Fiscalía de un acuerdo a González, y que reproducía contenidos concretos de los correos electrónicos". "Ese medio cita en el desarrollo de la noticia 'fuentes próximas a la defensa', lo que excluye naturalmente que partiera de ninguno de los querellados aforados ni de la Fiscalía", recoge el escrito del fiscal.

Quienes a finales de los ochenta jugaban con aquellos libros de dibujos de la serie ¿Dónde está Wally? saben que el protagonista de una historia puede esconderse en medio de una multitud de personajes, objetos y detalles que extravían al observador. Un mes después de su estallido, el caso de Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, ha derivado por momentos en un nuevo Wally donde la hojarasca camufla lo esencial. Porque lo sucedido a partir de que el 12 de marzo saliera a la luz la denuncia de la Fiscalía contra el novio de la presidenta de Madrid por sus manejos tributarios –un fraude de 350.000 euros reconocido por su propio abogado así como la supuesta emisión de facturas falsas a través de sociedades instrumentales– desencadenó de inmediato un terremoto. Pero la tinta de calamar ha ocultado con frecuencia dónde se encuentra el epicentro de esta historia.

En esa estrategia para que el auditorio mire el dedo y no la luna se inscribe no solo la querella de González contra la Fiscalía por revelación de secretos y el respaldo del Colegio de Abogados de Madrid a sus tesis, sino sobre todo el discurso del PP, que define al deudor de Hacienda y a su pareja como víctimas de una “cacería política”. La derecha se esfuerza por borrar el pecado moral y supuestamente penal del fraude tributario de la actual pareja de la presidenta de Madrid para situar en primer plano el caso de corrupción abierto contra un asesor del exministro socialista José Luis Ábalos –el caso Koldo– o las informaciones de todo tipo –verificadas, tergiversadas o directamente fruto de bulos– relativas al papel de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en negocios privados sobre los que, a día de hoy, no pesa ninguna investigación.

En su querella, González Amador llega a lanzar una afirmación que chirría: que la actuación de la Fiscalía, que con un comunicado oficial confirmó la noticia sobre cómo el abogado del investigado había reconocido el delito de fraude, se incardina en una estrategia ligada a “una exclusiva causa”: “la relación sentimental que el mismo mantiene, no dudando nadie de que de haber sido mantenida una relación sentimental con cualquier otra persona, jamás se habrían producido las conductas y los hechos delictivos que nos ocupan”.

La idea de que lo del novio de Ayuso es un asunto “particular” – a pesar de la evidencia de que el caso posee máximo interés público y por tanto relevancia dado que afecta no a un particular del género común sino nada menos que a la persona con quien convive la presidenta de Madrid– y de que son usuales las “discrepancias” entre Hacienda y los contribuyentes –eso último lo dijo la consejera madrileña del ramo– sigue marcando el rumbo del PP, más allá de las amenazas a medios por investigar el caso. A lo largo de este mes, la derecha ha desplegado una estrategia que busca rebajar la tasa de importancia política de un caso que ya está en manos de un juzgado y tapar así el asunto central: que Alberto González Amador adeuda a la Agencia Tributaria el equivalente a más de 10 salarios anuales medios. Y que el deudor es el compañero sentimental de la máxima responsable del Ejecutivo madrileño, gobierno que mantiene una relación contractual de primera con la empresa con la que este hace negocios. Y que además el deudor comparte con ella un piso de lujo valorado en un millón, comprado por él cuando Hacienda ya había iniciado su investigación en 2022 y que tardó un año en quedar inscrito en el Registro de la Propiedad, con lo que el cambio de titularidad se mantuvo en secreto hasta después de las autonómicas que depararon a Ayuso una arrolladora mayoría absoluta.

Al igual que en lo que respecta a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta y que cobró 234.000 euros de una empresa, Priviet Sport, que suministró mascarillas al Gobierno de Madrid –Anticorrupción no vio indicios de delito–, la cresta de la ola de la pandemia resultó esencial para el novio de la presidenta. En 2020, González Amador ingresó dos millones de comisión por mediar en la adquisición de material de protección por la pontevedresa Mape Asesores SA, que luego se lo vendió a la Xunta. En su consejo de administración se sienta Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención SL, empresa que en el ejercicio siguiente –2021– abonó a dos empresas de González 1,6 millones.

Aquel año se produjo el levantamiento del velo sobre la relación de pareja con Isabel Díaz Ayuso, cuya fecha de inicio se desconoce y sobre la que informó la revista Lecturas en mayo de 2021. Poco después, fue el día 17 de junio cuando se formalizó con Quirón Prevención SL el segundo contrato para los reconocimientos médicos de la plantilla adscrita a la administración madrileña. El primero, fechado en 2018 y cuya orden de adjudicación había firmado Ayuso como viceconsejera de Presidencia, se le otorgó en un concurso donde desbancó a la anterior prestataria del servicio, Más Prevención SL. En el segundo concurso, el de 2021, Quirón Prevención no tuvo competidores. El encargo de los chequeos, extendido en el tiempo gracias a sucesivas prórrogas de sendas adjudicaciones, ya le ha reportado 3,12 millones, el doble de lo previsto en las licitaciones originales.

Adicionalmente a lo expuesto dos párrafos más arriba, Fernando Camino es uno de los cofundadores de la mercantil panameña Insumos Médicos del Pacífico SA, a cuya junta directiva perteneció González Amador entre 2014 y 2022. Su nombre desapareció de los documentos registrales en mayo de 2022. Exactamente el día 12, aquel en que Hacienda inició su investigación sobre el impuesto de sociedades correspondiente en 2020 y 2021 a las sociedades Maxell Cremona y Masterman & Whitaker SL. Ambas compañías son de González Amador, que presta servicios de consultoría a Quirón Prevención SL. Y la segunda –Masterman– ofrece visos de empresa pantalla o fantasma, según sostiene Hacienda con un alud de argumentos que acabarán sujetos a examen por la jueza que le imputa delito fiscal y falsedad documental.

¿Con qué fin se constituyó aquella sociedad -Insumos Médicos- en un país, Panamá, que la UE sigue considerando paraíso fiscal? ¿Nació conectada a Quirón, entre cuyas metas –para cuya consecución también trabajó González, según Hacienda– se encuentra la expansión en Latinoamérica? De momento, no hay respuesta. Ni Fernando Camino ni Quirón están sujetos a investigación penal. El nombre de su filial especializada en riesgos laborales aparece en multitud de ocasiones en el informe de Hacienda. Supuestamente aceptó facturas falsas de Masterman & Whitaker. El grupo ha declinado hasta ahora dar explicaciones sobre el marasmo con Alberto González, a quien tampoco ha logrado hasta ahora localizar infoLibre.

Filial del mayor holding sanitario de España, que pasó de estar controlada por sociedades de las Islas Caimán a tener como principal accionista a la multinacional alemana Fresenius, Quirón Prevención y su matriz, Quirón Salud, constituyen una pieza clave en el puzle de este caso. Tanto que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido ya explicaciones por “el triángulo amoroso de Ayuso, su pareja y el grupo Quirón". Aunque la Consejería de Sanidad aduce que Quirón Prevención “no tiene nada que ver” con Quirón Salud, basta entrar en la web de la filial para topar en grandes caracteres con el siguiente aserto: “Formamos parte del grupo Quirónsalud”.

Pero lo cierto es que, como en una imprevista carambola, el potente vínculo profesional de Quirón Prevención SL con el compañero sentimental de Ayuso, su “principal cliente” y así lo señala la denuncia de la Fiscalía, ha desenterrado el debate sobre un ángulo ciego de la política del Ejecutivo madrileño y que por razones todavía pendientes de análisis se ha mantenido durante lustros en una especie de limbo: las relaciones de la sanidad pública con el gigante sanitario.

Gestor de cuatro hospitales integrados en la red pública madrileña –Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba, de titularidad pública; y la Fundación Jiménez Díaz, propiedad del holding–, resulta materialmente imposible ofrecer una cifra de cuánto aporta al grupo Quirón cada año la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre puso en marcha su modelo de “colaboración público-privada” apenas avanzada la primera década del siglo.

Y no es factible dar cifras porque, además de lo contabilizado en el presupuesto anual de la Comunidad de Madrid, entra aquí en juego un factor que, como ha ido publicando infoLibre en los últimos años, ha garantizado a Quirón una alimentación económica extra y de nuevo opaca: las llamadas convalidaciones de gasto, fórmula legal pero excepcional que permite abonar facturas sin que, por razones inusuales, su emisión derive de un procedimiento administrativo y sin que, por tanto, haya habido fiscalización previa del gasto. Un ejemplo: entre 2020 y 2023, el Gobierno de Ayuso ingresó al hospital Fundación Jiménez Díaz 707 millones por convalidaciones de gasto. Ese importe se aproxima, y mucho, a lo que en un solo ejercicio –2022– asignaba el presupuesto madrileño (726.433.522 euros) a los cuatro hospitales que operan bajo la batuta de Quirón más al Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa.

Aunque la Consejería de Sanidad ha declarado su interés por llegar a las “convalidaciones cero”, lo tangible a día de hoy es que nadie ha explicado ni a la oposición ni a la ciudadanía qué hay tras cifras monumentales como la referida. Es decir, por qué se paga mediante una herramienta excepcional a un hospital con el que existe un convenio. Para la oposición, la imposibilidad de completar el puzle llega a la cumbre al aparecer el palo que bloquea la rueda parlamentaria: las peticiones de información y las preguntas en la Asamblea de Madrid sobre el tema Quirón acaban tumbadas por la Mesa, donde el PP tiene mayoría absoluta.

En múltiples casos, la explicación oficial se resume así: la pregunta o solicitud se refiere a expedientes de legislaturas anteriores a la actual. De momento, todavía es pronto para aventurar si las diligencias judiciales abiertas contra González Amador y otros involucrados en la supuesta trama de facturas falsas acabará desvelando datos ignotos sobre los pagos a Quirón, otro Wally de la política madrileña.

Por lo que se ve y se lee; a la luz de las declaraciones y las manifestaciones; tras oír las amenazas de una oposición que promete una legislatura bronca; me temo que, siendo realista, se hace necesario admitir ante todas y todos ustedes, sin andarse por las ramas ni con medias tintas, que tengo motivos para preocuparme y andar con cuidado, porque la cuestión evidente, palmaria, innegable a todas luces, es que me pasa una cosa, al parecer, rarísima, que casi me convierte en un excéntrico, un punto y aparte, un marciano. Y es que cada vez que hay unas elecciones y se forma un nuevo Gobierno, sea del signo que sea, lo primero que deseo, tanto si ganó la opción por la que yo apostaba como si no, es que lo haga bien, a su manera; que el país avance, la gente viva lo mejor posible y las cosas que no funcionan se arreglen. Pero no da la impresión de que sea una actitud muy habitual: la política está tomada por personajes sin estilo, que no saben ni ganar ni perder. Eso que hacen los entrenadores de los equipos de fútbol infantiles cuando acaban los partidos, hacer que las y los jugadores de cada equipo se saluden y deseen suerte, no se ve en nuestras instituciones: al contrario, lo que hemos visto tras la sesión de investidura es a Núñez Feijóo advertir al presidente electo que sus próximos cuatro años le planteará una lucha sin cuartel, le va a montar un infierno. Que lo cortés no quita lo valiente, como diría Groucho Marx, podría entenderlo un niño de cinco años: ¡que traigan a un niño de cinco años! Y cuando aparezca, que lo lleven a dar una teórica a la calle de Génova.

No habían pasado ni cinco minutos desde que se hizo pública la composición del nuevo Consejo de Ministros cuando ya aparecieron algunos miembros del PP descalificándolo en su conjunto, afirmando que ninguno de sus miembros tiene la preparación necesaria para desempeñar su tarea con éxito y que se trata de un gabinete hecho “a medida de la amnistía.” Ésta, lo hemos escrito y dicho en innumerables ocasiones, es una concesión al independentismo perfectamente discutible y que, sin duda, tiene divididos a las y los españoles entre quienes la rechazan y quienes más que aprobarla la consideran un mal menor. Las multitudinarias concentraciones de estos días prueban que el perdón y olvido de los delitos producidos durante el procés tienen muchos detractores e indigna a una parte significativa de las y los ciudadanos que tienen todo el derecho a expresar su disconformidad.

Otra cosa son los grupos ultras que recurren a la violencia física y verbal, comandados por algunos diputados a los que sorprende que no se les haya abierto ya un proceso judicial por sus provocaciones e insultos a las fuerzas del orden, y las amenazas intolerables de algunos cargos del Partido Popular, una de ellas afirmando que Pedro Sánchez “merece un tiro en la nuca”; otro haciendo un montaje con la cara del presidente superpuesta a la de Kennedy sentado en el coche descubierto en el que estaba a punto de morir y deseándole “la misma buena puntería” a los tiradores de un eventual atentado. ¿Esos son quienes hablan de terrorismo y encapuchados? Y, en general, ¿ser constitucionalistas era ir a la calle de Ferraz a cantar el Cara al Sol y lanzar vivas a Franco? Feijóo no ha condenado ninguna de esas cosas, lo mismo que Ayuso, que iba a alzar la voz ante cada "caso de corrupción”, no ha dicho ni pío de la condena a sus compañero de partido Alfonso Rus, de Valencia, al que le han caído cinco años de cárcel por robar el dinero de todas y todos.

Igual es que ya está servida con eso de "me gusta la fruta", el chascarrillo grosero con el que, al parecer, pretende tapar dos cosas: el haber insultado al presidente del Gobierno en el Congreso y el hecho de que lo hizo por decir la verdad: que al anterior secretario general y candidato a La Moncloa de su partido, Pablo Casado, lo echaron por denunciar el trato de favor de Ayuso a su hermano, con el asunto de las mascarillas. Ella, por supuesto, se puede indignar todo lo que quiera, pero la prensa está llena de denuncias relacionadas con su familia, de los 400.000 euros que prestó Avalmadrid a su padre y que nunca fueron devueltos, al contrato a dedo de un millón y medio que la Comunidad adjudicó a un empresario amigo suyo e íntimo de su hermano, y pasando por la adjudicación de otros 925.000 euros por parte de la Consejería de Sanidad y por procedimiento de emergencia a una empresa cuyo administrador único, sorpresa, sorpresa, es socio de la madre de la presidenta.

Ojalá el nuevo Gobierno lo haga bien y todos nos beneficiemos de sus aciertos. Ojalá en Cataluña lo haga mejor que el PP de Rajoy, a quien le montaron un referéndum ilegal, le declararon la independencia y se le escapó Puigdemont en un maletero a Bélgica. Ojalá se atenúe o desaparezca la crispación que llena de cristales rotos nuestra convivencia y a nadie se le ocurra hacer ruido de sables, aunque sean de hojalata. Para eso, discursos incendiarios y zafios como el de Ayuso deberían evitarse. De ahí a un Milei como el que va a hundir Argentina, hay un paso. No se traguen esa fruta: está envenenada.

El Ayuntamiento de Leganés, gobernado ahora por el Partido Popular, ha formalizado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que siga el proceso abierto para juzgar la actuación de la Comunidad de Madrid durante la pandemia en las residencias de ese municipio, según fuentes del Alto Tribunal.

La anterior corporación de Leganés, en manos del PSOE, llevó a los tribunales un recurso contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó esa denuncia del ayuntamiento por la “inactividad” en la medicalización de las residencias. Ante esta situación, se decidió acudir al Tribunal Supremo. 

Y ese recurso de casación fue admitido a trámite por parte del Tribunal Supremo el pasado 20 de julio, que entiende que sí hay motivos para estudiar el caso denunciado en su día por el Ayuntamiento. Pero para seguir el proceso hacía falta otro paso: que el propio consistorio formalizara ese recurso de casación presentando un nuevo escrito con todos los argumentos tras el ‘sí’ del Alto Tribunal.

Pero desde el inicio del procedimiento judicial se ha producido un movimiento político que podía cambiar todo: el Ayuntamiento, tras el 28M, pasó a estar gobernado por el Partido Popular (con Miguel Ángel Recuenco al frente de la Alcaldía) con un pacto de gobierno con el partido independiente de Unión por Leganés (ULEG). Por lo tanto, se trata de un ayuntamiento dominado por los populares que tiene una causa abierta contra el Ejecutivo de Díaz Ayuso en el Supremo.

Desde el consistorio no han querido aclarar el paso dado por en el Supremo en esta batalla legal y se han limitado a expresar fuentes del equipo de alcalde que se remitían a las declaraciones hechas en su día por el regidor: “Dije, repito y mantengo, el alcalde de Leganés no va a interferir en la decisión que tenga que tomar el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Leganés”.

Pero el paso sí se ha dado finalmente y, como confirman fuentes del Tribunal Supremo a infoLibre, el recurso de casación fue formalizado en la plaza de las Salesas el pasado 10 de octubre, a pesar de que se podía haber retirado. Esto supone un paso más para llevar a juicio al Gobierno de Ayuso por su gestión de las residencias, en aplicación del denominado Protocolo de la Vergüenza, en un municipio donde se calcula que murieron 270 personas por covid en los geriátricos.

El recurso es otro frente judicial para la Puerta del Sol en los tribunales por las residencias después de que este mismo mes un juzgado de Collado Villalba haya reabierto una causa dirigida contra la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero por las muertes que se produjeron durante la pandemia en el centro residencial Torrelodones-Sanitas Mayores. En el auto se ha ordenado practicar diligencias, pero si se hayan indicios, se elevará a un tribunal superior por sus condiciones de aforados. La dirigente popular comentó entonces a los medios, tras conocer la noticia, que “no tiene recorrido” y que espera su archivo.

En el caso del Ayuntamiento de Leganés se recurre contra la Consejería de Sanidad con motivo, según consta en el recurso de casación que se presentó en el Tribunal Supremo, de la “inactividad” de la Administración por “falta de adopción de medidas relativas a las residencias de mayores y centro socio-santiarios ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, respecto a las residencias de mayores situadas en el municipio”.

En el primer paso que se dio en el Supremo el Ayuntamiento señaló que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “se considera, con todo respeto, no ajustada a derecho, siendo gravemente lesiva a los intereses generales, y afecta a un gran número de situaciones, tanto en sí misma considerada, como por trascender el caso objeto del proceso”.

El consistorio en su recurso señalaba que el Gobierno de Díaz Ayuso no había cumplido con las obligaciones que se recogían en la orden del Ministerio de Sanidad del 19 de marzo de 2020, en la que, en su segundo apartado, solicitaba la “adopción de medidas relativas a las residencias de mayores y centro socio-sanitarios ante la situación de crisis sanitaria”. Además, se denunciaba que no se obedecieron las propias instrucciones de la Consejería madrileña de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad que pedían un refuerzo para estos centros.

Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó los recursos de Leganés y del Ayuntamiento de Alcorcón al entender que esas directrices no eran de obligado cumplimiento. Esto supuso un giro en la doctrina del TSJM que cuando se presentaron los recursos por “inactividad” en 2020 sí dictaron medidas cautelarísimas en las que se instaba a la Consejería de Sanidad a medicalizar las residencias de los municipios y a dotarlas de más medios para proteger a los internos y trabajadores.

El TSJM adoptó, así, la tesis que la Comunidad de Madrid defendió desde que empezó el proceso en abril de 2020: no existía "como tal una obligación de dotar de un uso sanitario a los centros residenciales", dijeron en respuesta a la demanda de estos ayuntamientos. Por eso el Ayuntamiento de Leganés decidió no cerrar la puerta e intentar la vía del Supremo cuando gobernaba el PSOE.

Los partidos de la oposición actual de la izquierda siempre han tenido el temor a que el actual equipo de gobierno del PP retirara, como tiene competencias, ese recurso del Supremo y decidiera dejar de dar la batalla contra la Comunidad de Madrid. Desde el PSOE se solicitó sin éxito al alcalde que confirmara si se había dado este paso jurídico o no. En una moción celebrada en septiembre los populares votaron en contra de que se siguiera este procedimiento mientras que se posicionaron a favor PSOE, Podemos, Más Madrid, Vox y ULEG.

Con este recurso, el Ayuntamiento de Leganés, una de las joyas del PP de Madrid en el sur, se convierte en un quebradero de cabeza para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Recuenco fue una de las principales apuestas de la presidenta madrileña durante las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo en su objetivo de afianzarse en lo que era el cinturón rojo madrileño.

De hecho, la plaza de toros de Leganés fue el lugar escogido por Ayuso para hacer uno de sus grandes actos durante aquella campaña y donde presentó a todos sus candidatos en el sur. Aquel día Recuenco, junto a Ayuso, lanzó en un baño de masas este mensaje:  “La Comunidad de Madrid apuesta por el sur y por Leganés. Tenemos grandes problemas compartidos, nuestras calles están sucias y no son seguras y, por culpa de los últimos años de gobiernos socialistas, no ocupamos el lugar que nos corresponde. Los alcaldes socialistas nos quieren empobrecidos en todos los sentidos, políticamente les beneficia, porque un ciudadano próspero es un ciudadano libre y no está a expensas de la propaganda y los favores del PSOE. El sur está atascado por los socialistas y no lo vamos a permitir. Vamos a ganar Leganés, la zona sur y la Comunidad. Y lo vamos a hacer porque tenemos más ganas que nadie, como dice nuestro eslogan”.

En Ferraz miran de cerca lo que está pasando en su partido rival. La dirección del PSOE no descarta que Alberto Núñez Feijóo trate de ir a una investidura fallida, pero ve ya "tocado de muerte" al líder de los populares y a los conservadores camino de una "guerra" interna.

Los socialistas, según fuentes de la dirección del partido, no ven posible que Feijóo arme una mayoría para la investidura. En su opinión, lo que está haciendo el presidente del PP es "postureo": "Lo está alargando para no precipitar su caída".

En la dirección del PSOE insisten en que Feijóo "no tiene plan B" y destierran la "ocurrencia" de Vox de que diputados díscolos del PSOE puedan apoyar una posible investidura de Feijóo con la ultraderecha.

El análisis político que hacen en la sala de máquinas del PSOE es que Feijóo simplemente quiere ganar un poco de tiempo "para no parecer el perdedor" en estos momentos. Los socialistas no tiene ansiedad por alcanzar un acuerdo con el bloque progresista hasta que no se constituyan las Cortes, pero no quieren desvelar ningún tipo de detalle.

En Ferraz anticipan que en el PP habrá una "guerra" en los próximos meses, que ya se empieza a intuir, en su opinión, en el debate que se ha abierto internamente sobre si Feijóo tienen que intentar una investidura fallida o no. 

El análisis que hacen en el PSOE es que el líder del PP no se va a quedar toda la legislatura si no consigue llegar a La Moncloa, aunque podría pactar con su partido pilotar una transición ordenada.

No obstante, en el PSOE creen que esta vez no se "santificará" a un candidato como pasó con Feijóo tras la época de Pablo Casado, sino que habrá primarias. Y tienen claro que en ese proceso aparecerá como aspirante la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Isabel Díaz Ayuso se presentará", vaticinan las fuentes, que subrayan ya cómo una parte de la derecha, como Esperanza Aguirre, ya están dibujando ese futuro escenario.

Año nuevo, vida nueva. Eduardo Rubiño dejará atrás la Asamblea de Madrid este 2023 camino al Palacio de Cibeles. Será uno de los nombres que acompañe a Rita Maestre (Más Madrid) en la lista para disputarle el bastón de mando a José Luis-Martínez Almeida (PP). Y lo hace tras unos años en un Parlamento regional que se ha convertido en un “circo” y en un “estercolero”, según confiesa, por obra y gracia de Isabel Díaz Ayuso.

Rubiño (Madrid, 1991) ha tenido que soportar hasta que Vox le diga que “cuide” su salud durante la celebración del Orgullo LGTBi. Él se ha convertido en uno de los grandes referentes del colectivo y en símbolo de una generación de nuevos políticos que luchan día a día frente a los pasos hacia atrás que busca la ultraderecha. Pero falta mucho por hacer, advierte, como la escasa representación trans en las instituciones. Que empiecen las campanadas.

LOS CUARTOS

1- ¿Quedan muchos armarios por abrir en la política?

Hemos abierto uno fundamental: la aprobación de la ley trans. Espero que acabe con la brecha de que todavía no tenemos suficientes representantes trans en las instituciones. En el Congreso no hay. 

2- ¿Qué hace un chico como usted en un lugar como la política?

Si se lo hubieran preguntado a mi yo de hace diez años, probablemente fliparía. Intentar ahora mismo cambiar la ciudad de Madrid de arriba a abajo con Rita Maestre.

3- ¿Es tan asfixiante la Asamblea de Madrid como se ve en la televisión?

Desgraciadamente creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid es la mayor responsable de haberla convertido en un estercolero y en un circo romano que abochorna a mucha gente. La política debería ser otra cosa y hay que dignificarla. Eso pasa por hablar de los temas que le importan a la gente en lugar de insultar sin parar a la oposición.

4- ¿Qué es lo más fuerte que le han dicho en la Asamblea?

Sin duda, que me cuidara en el Orgullo. De lo que estaban hablando era de una cuestión de la salud sexual y hacían referencia en ese caso a la viruela del mono. Fue Vox, y supone resucitar estigmas que creíamos olvidados, propios de los años ochenta cuando se luchaba contra lo peor del VIH. 

1- ¿Es usted el nuevo Pedro Zerolo?

No diría tal cosa en ningún caso. Afortunadamente esta generación, con una pluralidad de perfiles y de referentes desde todos los ámbitos de la cultura y la política, viene pisando fuerte y demuestra que es una cosa más colectiva que hace unos años, cuando había grandes pioneros ejemplificados en personas individuales.

2- ¿Qué le diría a Isabel Díaz Ayuso si le invitara a comer en la Puerta del Sol?

Que dejara de insultar a los sanitarios. ¿Qué le han hecho? ¿Por qué ese maltrato? ¿Qué gana con eso? Lo único que quieren es que les dejen trabajar y que tengamos una sanidad decente, que es lo que nos conviene a todos. También a una persona como ella.

3- ¿Es más de Pedro Sánchez o de Yolanda Díaz?

De Yolanda Díaz, sin ninguna duda. Y, desde luego, de quien soy más es de Íñigo Errejón. Pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo es una fuente de esperanza y, desde luego, de resultados para cambiar a mejor la vida de la gente como está demostrando con las medidas que está sacando adelante.

4- ¿Dejamos para otra vida la unidad de la izquierda?

La pluralidad también es necesaria. Nosotros, que somos una fuerza netamente madrileña, hemos demostrado que nuestro carril tenía identidad propia y nos ha permitido ser la alternativa de gobierno al PP. Eso es una lección importante.

5- ¿Por qué Madrid es tan de derechas?

Lleva más de 25 años en manos de unos señores que la han convertido en un auténtico laboratorio de sus políticas y han puesto a funcionar toda la maquinaria para tejer una red clientelar y dominar la televisión pública. Telemadrid es ahora mismo un NO-DO y un aparato de propaganda al servicio de la presidenta. Pero hace unos años demostramos que se puede ganar la ciudad de Madrid, y lo vamos a volver a hacer este 2023.

6- ¿A qué saben las magdalenas de Manuela Carmena?

Tengo que reconocer que no las he probado nunca. Me quedé con las ganas. Pero de Carmena creo que recordaré siempre lo que supuso de esperanza para la ciudad de Madrid y el cambio de rumbo, que ahora heredamos con mucho orgullo.

7- La Justicia europea ha condenado a España por la contaminación de Madrid y Barcelona, ¿nos está matando el aire de la capital?

Desde luego que sí. Es una de las asignaturas pendientes. Durante nuestros años de gobierno intentamos poner todas las medidas para empezar a corregir un problema enorme y desgraciadamente estamos muy lejos porque se están dando pasos atrás. Si tenemos una multa ahora es porque Almeida no ha hecho los deberes. Hay que volver a corregir el rumbo para que la UE no nos vuelva a tirar de las orejas.

8- Defina a Almeida con una palabra.

Titere. Es un títere de Ayuso. Ha quedado reducido a eso después de esa guerra cruenta en el PP. Incluso fuentes del Partido Popular autorizadas dicen que no tiene interés en ser alcalde. Ni siquiera tenemos que decirlo nosotros.

9- Se ve de concejal de…

Eso lo decidirá la alcaldesa. Estaré donde Rita me necesite.

10- ¿Se imagina a la ultraderecha gobernando en España después de las siguientes elecciones generales?

Hay que hacer todo lo posible para que no quepa ni imaginarlo porque sería terrible. Pero, sobre todo, lo que tenemos es que ilusionar con un proyecto social y progresista que devuelva la esperanza. El miedo no va a parar a la ultraderecha.

11- Si fuera el presidente del Gobierno mañana, ¿cuál sería la primera ley que aprobaría en el Consejo de Ministros?

Necesitamos una ley de cambio climático en condiciones, que incida en cómo se revolucionan las zonas de bajas emisiones en las ciudades.

12- Convenza a una feminista en desacuerdo con la ley trans por qué tiene que existir esa norma.

Los derechos de las personas trans no le restan derechos a nadie. Y ya que están tan preocupados porque esta ley supuestamente va a incitar a la hormonación, hay que decir que es justo lo contrario. Lo que hace es que no sea obligatoria. Por lo que deberían estar mucho más tranquilas.