Desde que se creó Doyen Sports Investments Limited en mayo de 2011 en Malta, muchas cosas han cambiado, pero no el accionista mayoritario, el ciudadano turco Malik Ali. Primero hubo modificaciones a través de la sociedad Benington Group Assets y, más recientemente, desde junio de este año, de forma directa e individual. Pero en una empresa que invierte decenas de millones de euros en el fútbol europeo, ¿quién es el verdadero propietario? ¿Quien figura formalmente como accionista mayoritario? ¿O quien financia realmente el negocio, sin que su nombre aparezca en los registros?

Doyen, que ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt, está siendo investigada en España por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, hasta ahora en manos de José de la Mata. Como resultado de la operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España. En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido. Entre 2013 y 2016, cuantifica el juez de la Mata, Doyen Sports facturó 22 millones de euros.

Además, mientras Mariano Aguilar aseguraba ser residente en Reino Unido, Juanma López afirmaba ante el fisco que vivía en Suiza. El primero no presentó declaraciones del IRPF entre 2013 y 2016. El segundo omitió en las suyas no sólo los ingresos que recibía de Doyen sino también las que le pagó el Real Madrid como agente del jugador Álvaro Morata.

Su negocio eran básicamente los llamados TPO (Third Party Ownership). El mecanismo consistía en que los clubes acudían a un tercero –como Doyen– para conseguir dinero con el que hacer fichajes, o bien ese tercero adquiría un porcentaje de los derechos económicos del jugador, que recibía al ser traspasado. Como resultado, el tercero tenía capacidad de influir en las decisiones de los clubes para vender a sus jugadores.

Ni un fondo ni un banco

El Parlamento Europeo decidió en 2015, en el marco de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, que todos los Estados miembros de la UE pusieran en marcha registros que obligaran a las empresas a revelar quiénes son los UBO (Ultimate Beneficial Owners) los verdaderos propietarios. Para ser considerado tal no es necesario poseer más del 50% del capital de una sociedad, bastaba con el 25%. En el caso de Malta, que en 2018 adoptó una legislación sobre los beneficiarios efectivos, se estipuló que esta condición se aplique a las personas físicas que directa o indirectamente posean al menos el 25% de las acciones de una empresa o que ejerzan el control sobre ella por otros medios.

El portugués Nélio Lucas fue hasta principios de 2017 el presidente ejecutivo de Doyen y también su socio minoritario, con un 20%. Después dejó la empresa, pero fue obligado a testificar en el juicio de Rui Pinto, el informante que filtró los documentos de Football Leaks, sobre el ataque informático a Doyen en 2015. Tras declarar el pasado día 5, Nélio Lucas será escuchado de nuevo en el tribunal este martes, en una sesión que promete ser animada: en las primeras horas como testigo el empresario se irritó y se mostró impaciente por la cantidad de preguntas que se le hicieron sobre lo que era Doyen y cómo funcionaba.

La abogada del fondo, Sofía Ribeiro Branco, expuso ante los jueces que Doyen funcionaba como cualquier empresa comercial, sujeta a las mismas normas de información que cualquier empresa, sin opacidad. A partir de 2015 la FIFA prohibió los TPO y el negocio de la empresa se resintió. En cualquier caso, la forma en que Doyen operaba en sus primeros años era dudosa: una empresa comercial con sede en Malta que firmaba contratos que se referían a ella misma como un fondo.

“No era un fondo y nunca lo fue, pero podría serlo en el futuro”, dijo Nélio Lucas el 5 de noviembre, admitiendo que en muchos contratos se mencionaba a Doyen de hecho como un fondo, aunque legalmente no lo era. “La propia prensa nos llamó fondo”, añadió. “La prensa puede ser culpable de muchas cosas, pero las propias cláusulas de los contratos se referían a Doyen como fondo”, replicó enseguida la jueza Margarida Alves.

No, Doyen no era un fondo, a pesar de que tomaba participaciones relevantes en los derechos económicos de los jugadores. Tampoco era un banco, aunque había firmado acuerdos que financiaban y daban liquidez a varios clubes desesperados por conseguir dinero. ¿Y estaba realmente controlado por Malik Ali, según consta en el Registro Mercantil de Malta?

Los bancos españoles no hacen preguntas

Los documentos a los que tuvo acceso el consorcio EIC (European Investigative Collaborations), del que son miembros tanto Expresso como infoLibre, muestran que aunque Malik Ali era formalmente el mayor accionista de Doyen –a través de Benington Group Assets, con el 80%; el 20% restante pertenecía a Wood Gibbins & Partners, una sociedad de Nélio Lucas–, la empresa sólo existía gracias a Refik Arif, miembro de la rica familia Arif, que hizo una fortuna en Kazajstán y Turquía, primero con el negocio de las materias primas y los productos químicos, y luego en la construcción y la hostelería. Incluso entraron en Estados Unidos de la mano de Bayrock, asociándose con Donald Trump. El negocio resultó ser un fracaso.

La creación de Doyen Sports Investments en 2011 marcó la entrada de la familia Arif en el negocio del fútbol. Fue Malik Ali, sobrino de Refik Arif, quien dio la cara –y el nombre– en el negocio, y fue el portugués Nélio Lucas, que ya entonces actuaba como intermediario en transferencias de jugadores –tiene ficha en la Federación Española de Fútbol–, quien contribuyó con su experiencia en el sector. Pero fue Refik quien financió la apuesta.

Ese año la entrada de Doyen en el fútbol se financió con un préstamo de hasta 100 millones de euros que Refik Arif concedió a Malik Ali, quien a su vez utilizó esos fondos para financiar a Doyen Sports Investments, con un contrato por el que Doyen pagaba a Benington Group Assets un interés anual del 4,5%. En los informes anuales de Doyen en Malta se asume la existencia del préstamo de los accionistas –de Benington– pero la empresa nunca reveló que el verdadero financiador de la empresa fuera Refik Arif.

En su primer testimonio en el juicio de Rui Pinto, Nélio Lucas nunca mencionó a los Arif, se refirió siempre a Malik Ali. “Los ingresos de mi socio vinieron de su familia. Mi única preocupación era si ese dinero era legal. Hicimos una evaluación y el banco Barclays, en Inglaterra, se aseguró de que el dinero era limpio. Sabía que esos fondos provenían de las inversiones de su familia, pero no tenía que saber exactamente de dónde. Para transferir grandes sumas de dinero, los bancos hacían sus propias gestiones”, declaró el agente portugués, de acuerdo con la cita publicada por el diario luso Público.

Curiosamente, entre los documentos obtenidos por Football Leaks, se encuentra un correo de Lucas en el que se congratula de lo “rápido y fácil” que resulta hacer transferencias de fondos usando “bancos españoles” –en concreto, cita una sucursal de Barclays en España–, a diferencia de Credit Suisse, donde siempre les hacen “millones de preguntas” y les ponen millones de “dificultades”.

Poco después de que el blog Football Leaks publicara los primeros contratos de Doyen, en octubre de 2015, Refik Arif no estaba satisfecho con la forma en que la empresa llevaba a cabo sus negocios y quería más transparencia e información de Nélio Lucas y de la propia Doyen, donde hasta entonces Refik ya había inyectado 40 millones de euros –del total de hasta 100 millones de euros previstos en 2011–. Refik Arif quería un retorno de su inversión. Y quería un reembolso inmediato de 10 millones de euros. Como en muchos otros negocios, el dinero es el rey y quien financia manda. Aunque en el papel y en los registros oficiales Doyen nunca fuera propiedad de Refik Arif.

“Nada ilegal que ocultar”

En nombre de EIC y sus socios, la revista alemana Der Spiegel ha preguntado tanto a Doyen como a Nélio Lucas sobre el control efectivo de la empresa y la participación de Refik Arif en su financiación. “Doyen Sports Investments, sus accionistas e inversores siempre han actuado cumpliendo la ley y de acuerdo con asesoramiento especializado, con las normas y reglamentos de las diversas jurisdicciones en las que ha hecho negocios”, ha sido su respuesta, facilitada a través de la abogada Sofía Ribeiro Branco.

Doyen también dice que no tiene “nada ilegal que ocultar”. Y explica que, tras el ataque informático que sufrió en 2011, informó “inmediatamente a las autoridades competentes del intento de extorsión, que finalmente conduciría a la detención del hacker”. “Además, cabe destacar que la fuente de la información obtenida ilegalmente en la que se basan sus preguntas está siendo juzgada actualmente por múltiples delitos, entre ellos el acceso ilegítimo y la tentativa de extorsión”, concluye.

La posición de Nélio Lucas, que dejó Doyen a principios de 2017 y sigue viviendo en Londres, no es muy diferente. “La actividad de mi antigua empresa se realizó respetando la ley y las normas según los expertos que nos asesoraron”, respondió el agente portugués, negándose a confirmar las informaciones por la que le preguntó Der Spiegel, en nombre de EIC, pero repitiendo que “fueron obtenidas ilegalmente por un ciberdelincuente que está siendo juzgado por haber violado y expuesto la privacidad de varias partes”.

EIC pidió a Nélio Lucas que compartiera la evaluación que ante al tribunal dijo que se había hecho sobre el origen legítimo de los fondos que habían financiado a Doyen, y le preguntó si podía confirmar que el inversor era Refik Arif, mediante el préstamo de 100 millones de euros. Lucas rechazó hacer comentarios al respecto.

“El delito sólo puede combatirse denunciando las irregularidades a las autoridades competentes y, si es necesario, ayudándolas en las investigaciones. Tengo derecho a no hacer comentarios y debo abstenerme de hacerlo por respeto al tribunal. No comentaré ni compartiré las respuestas del testimonio dado en el contexto de un juicio en curso, especialmente cuando mi declaración aún no ha terminado”, argumentó Nélio Lucas a Der Spiegel.

Este martes el agente portugués se encontrará de nuevo con Rui Pinto en el Campus de la Justicia de Lisboa y con el tribunal que juzga a la fuente de Football Leaks desde septiembre. Portugal se halla en estado de emergencia, el fútbol necesita desesperadamente aficionados en los estadios y, cinco años después, las vidas de Lucas y Pinto son muy diferentes. El negocio de Doyen es una sombra de lo que fue.

En su alegato para el juicio que comienza este viernes, la defensa de Rui Pinto juega al ataque. “Es incluso repugnante que una entidad como Doyen Sports Investments se proponga dar al acusado lecciones morales y éticas sobre whistleblowers,  cuando se trata de una persona jurídica con un largo historial, como se demostrará más adelante”, puede leerse en el documento. Creada en 2011, la agencia deportiva Doyen participó en un sistema de traspaso de jugadores que la FIFA terminó prohibiendo, hizo enemigos, de los que Rui Pinto y el expresidente del club luso Sporting CP Bruno de Carvalho son sólo algunos ejemplos, y tuvo que reorganizarse obligada por las revelaciones de Football Leaks. En cualquier caso, ¿qué es Doyen?

En su última entrevista con la revista Der Spiegel, Rui Pinto resaltó la complejidad del universo Doyen cuando se le pidió su opinión sobre la empresa. “¿Qué Doyen? ¿Grupo Doyen, Doyen Capital, Doyen Sports? A día de hoy aún no sé de qué Doyen estamos hablando. Porque la denuncia era que se había producido un acceso ilegal a su sistema corporativo en Londres, y se refería al Grupo Doyen. ¿Pero qué es el Grupo Doyen? ¿Cuál es la conexión entre las empresas? No hay ninguna conexión. Y el denunciante, la víctima, es Doyen Sports. Pero esta empresa no tiene ninguna conexión con Doyen Capital, de Londres”, explicaba Rui Pinto.

Creada en 2011, Doyen fue la marca elegida por la familia Arif, de origen turco y kazajo, para entrar en el fútbol europeo, con dos negocios principales. Uno de ellos era la agencia de deportistas, un negocio gestionado en Londres por Doyen Global Limited, a su vez controlada por Doyen Marketing Limited de Malta, que tenía a Malik Ali como beneficiario final. Ali es uno de los sobrinos de Refik Arif, que dirigía las compañías mineras de la familia, y cuyo hermano mayor, Tevfik Arif, ganó notoriedad haciendo negocios inmobiliarios con Donald Trump entre 2005 y 2009.

Pero, además de representar a futbolistas y de dedicarse al marketing deportivo, la familia Arif quería entrar en un negocio financiero que renta grandes márgenes: la compra y venta de fichas de jugadores. Llevó a cabo esta actividad a través de Doyen Sports Investments Limited, registrada en mayo de 2011 en Malta. El objetivo era adquirir porcentajes de los derechos económicos de los futbolistas, lo que aliviaba las finanzas de los clubes. La propiedad de los derechos económicos de los jugadores por parte de terceros –Third Party Ownership, TPO– fue prohibida por la FIFA en 2015, pero varios fondos de inversión encontraron cómo eludir esa restricción diseñando nuevos modelos de contratos y soluciones de financiación para hacer frente a la enorme necesidad de liquidez de algunos clubes europeos.

Fue entonces cuando la familia Arif conoció a Nélio Lucas, un portugués que asumió la dirección de Doyen Global en marzo de 2013 en Londres, ciudad que abandonaron en febrero de 2017, pocos meses después de las revelaciones del consorcio periodístico European Investigative Collaborations (EIC), del que forma parte infoLibre, en Football Leaks. En diciembre de 2016, este proyecto destapó los esquemas que Cristiano Ronaldo y otras estrellas del fútbol europeo utilizaban para ocultar sus ingresos a Hacienda, pero también el negocio de Doyen. Un año antes, en septiembre de 2015, Doyen ya se había estremecido por las revelaciones que hizo un blog, también llamado Football Leaks, sobre los secretos de la industria del fútbol. Fue en ese momento cuando nació el proceso que a partir de este viernes sienta a Rui Pinto en el banquillo de los acusados.

El ataque informático tenía como objetivo los servidores que Doyen utilizaba en Londres, propiedad de Doyen Capital, pero el caso que investiga a Rui Pinto es el resultado de una denuncia por extorsión presentada por la maltesa Doyen Sports Investments. En el Registro Mercantil británico figuran inscritas dos sociedades de nombre similar, ambas de la familia Arif y ambas ya extinguidas: Doyen Capital LLP –a la que se hace referencia en el recurso de Rui Pinto– se creó en 2011 y se disolvió en noviembre de 2016; Doyen Capital Services Limited se creó en 2015 y se disolvió en diciembre de 2017.

Gerente y socio de los Arif

En sus primeros cuatro años, Doyen Sports Investments protagonizó algunas relevantes operaciones en el fútbol portugués. La empresa poseía la mayor parte de los derechos económicos del argentino Marcos Rojo, que el Sporting compró al Spartak de Moscú en 2012 por cuatro millones de euros, para venderlo después, en 2014, al Manchester United por 20 millones. Doyen también negoció en 2012 el traspaso del holandés Ola John desde el Twente al Benfica. Y participó, en 2014, en la adquisición por el Manchester City del francés Eliaquim Mangala, del FC Porto.

Nacido en Condeixa-a-Nova en 1979, Nélio Lucas comenzó a hacer negocios a los 18 años como organizador de eventos. Poco después, entró en la representación de jugadores de fútbol y en la organización de eventos deportivos a través de World Football Management, para unirse después a una empresa británica, Stellar Group, cuyo propietario pertenecía al círculo de uno de los más destacados intermediarios del fútbol europeo, el israelí Pini Zahavi. Lucas trabajó con Zahavi en las empresa Soccer Investments and Representations entre 2002 y 2011. Fue entonces cuando saltó a Doyen.

Pero el empresario portugués no sólo fue el gerente de la familia Arif. También se convirtió en su socio, al adquirir el 20% del capital de Doyen Sports Investments a través de otra compañía maltesa, Wood, Gibbins & Partners. En marzo de 2017, Nélio Lucas dejó Doyen, cuyo mando estaba en manos de Timucin Kaan, un chipriota que ya trabajaba con la agencia deportiva en 2012, tras abandonar Barclays Capital. Pero eso no es todo lo que cambió en Doyen.

Reorganización

Aunque Doyen Sports Investments sigue activa –pero con dificultades–, en los meses posteriores a la salida de Nélio Lucas el grupo de la familia Arif se reorganizó. En enero de 2018 Doyen Marketing Limited –controlada por el turco Malik Ali– entregó la empresa londinense Doyen Global Limited a Timucin Kaan, que pasó a controlarla a través de una sociedad llamada Studholme Limited. Y con esa operación en Londres supuso el cambio de nombre de Doyen a Kin Partners Ltd, aunque manteniendo en lo esencial las operaciones de la agencia deportiva. La compañía tiene ahora dos docenas de empleados, pero ha cambiado sus oficinas en el 78 de New Oxford Street, en el centro de Londres, a otro lugar a pocas calles de distancia.

Kin Partners –antes Doyen Global Limited– ha acumulado pérdidas de 3,7 millones de libras (4,1 millones de euros) en los últimos tres años, durante los cuales ha conseguido ingresos de 14,4 millones de libras (16 millones de euros). En 2019, con un volumen de negocios de 4,17 millones de libras, la empresa registró pérdidas de 1,8 millones, según las cuentas consultadas por el diario portugués Expresso, también miembro de la red EIC.

¿Y qué hay de Doyen Sports Investments? El caso en el que se acusa a Rui Pinto de 90 delitos surgió de una denuncia en la Policía Judicial presentada por Doyen Sports Investments y Nélio Lucas a principios de octubre de 2015, después de que el gerente de Doyen fuera contactado por un misterioso Artem Lobuzov, quien le sugirió entonces que el blog Football Leaks dejaría de publicar informaciones sobre la empresa a cambio de un pago de entre medio millón y un millón de euros.

Nélio Lucas recurrió entonces a su abogado Pedro Henriques para presentar una denuncia por extorsión en nombre de Doyen Sports. Semanas más tarde, la Policía Judicial organizó con Nélio Lucas y Pedro Henriques un encuentro en la gasolinera A5 de Oeiras con el abogado Aníbal Pinto, que representaba entonces al autor del blog. Esa reunión, grabada por la policía, convenció a las autoridades judiciales de que el hombre que estaba detrás de la identidad de Artem Lobuzov era Rui Pinto, ya que Aníbal Pinto dijo conocer a su representado por un litigio por malversación el año anterior, relacionado con una cuenta bancaria en las Islas Caimán.

La investigación llevó a las autoridades judiciales a Budapest, lo que culminó con la detención de Rui Pinto en enero de 2019 y su extradición a Lisboa en marzo de ese año. Allí se le mantuvo en prisión preventiva hasta el pasado agosto. Durante el proceso, Doyen ha sido asesorado legalmente por Vieira de Almeida, uno de los mayores bufetes de abogados de Portugal. Algunos de sus letrados habían trabajado antes para otro despacho de la competencia, PLMJ, cuyos buzones de correo electrónico fueron presuntamente hackeados por Rui Pinto.

Investigada por la Audiencia Nacional

Durante este proceso, no sólo Nélio Lucas se retiró del grupo de la familia Arif, sino que también la propia Doyen Sports Investments terminó involucrada en al menos dos investigaciones penales en España y Portugal.

El 4 de agosto, el Diário de Notícias reveló que la empresa maltesa tiene una cuenta bancaria en Portugal con ocho millones de euros que está congelada y está siendo investigada por el Ministerio Público por sospechas de fraude fiscal y blanqueo de dinero.

La información sobre esta investigación figura en una sentencia del Tribunal de Apelación de Oporto en la que se desestima un recurso de Doyen para tratar de anular la suspensión de su cuenta bancaria en Portugal, decretada el 24 de enero de este año. La investigación del Ministerio Público tiene su origen en la comunicación a las autoridades de una orden de transferencia de 530.000 libras que despertó sospechas, destinada a una empresa que prestaba servicios exclusivamente al grupo Doyen.

Posteriormente, otro intento de transferir cuatro millones de dólares al paraíso fiscal de Santa Lucía aumentó las sospechas de la Fiscalía. En la orden de enero se señalaba que la cuenta bancaria en Portugal había estado prácticamente inactiva entre junio de 2015 y enero de 2019, siguiendo después una serie de órdenes –incluido un depósito de 4,6 millones de euros procedente de una cuenta en Suiza–, que suscitaban la sospecha de que esa cuenta en Portugal podía estar siendo utilizada para operaciones de blanqueo de dinero.

Bloqueada desde 2015 por la prohibición de nuevas TPO según las normas aprobadas entonces por la FIFA, Doyen ya no podía seguir con estas operaciones, por lo que sólo gestionaba los derechos que ya poseía, además del negocio menos atractivo de preparar contratos de publicidad para deportistas y músicos. Pero no fue sólo la investigación en Portugal lo que convirtió la vida de Doyen en una pesadilla.

En España, los acuerdos sobre los derechos económicos de los futbolistas, los préstamos a los clubes y los contratos de derechos de imagen llevaron a las autoridades a abrir una investigación en la Audiencia Nacional contra Doyen Sports Investments por los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero, que incluye la acusación contra dos de sus representantes en el país –Mariano Aguilar y Juan Manuel López, ex futbolistas del Atlético de Madrid–, pero también contra Nélio Lucas, que fue llamado para su interrogatorio hace poco más de un año. Contactado por Expresso, Lucas no quiso hacer ningún comentario. La Justicia española le reclama el pago de al menos cinco millones de euros en impuestos correspondientes al ejercicio de 2013.

Hoy Doyen parece ser una sombra del prometedor negocio de inversiones deportivas que emprendió hace casi una década. El pasado día 2 se publicó en el Registro Mercantil de Malta el acto de transferencia de las acciones de Doyen Sports Investments en el también maltés Benington Group Assets a la esfera directa de Malik Ali, que reside en Turquía. La familia Arif está poniendo en orden su casa. Pero lo que queda de su influencia en el fútbol europeo es todavía una nebulosa sin contornos definidos.

Cannabis medicinal sin licencia

¿Y Nélio Lucas? Desde que dejó Doyen, el empresario portugués ha mantenido un perfil bajo. Dueño de una pequeña empresa británica, D Ruption Ltd, que abrió en 2017, el antiguo socio de la familia Arif creó en diciembre de 2018 en Portugal una sociedad llamada Silver Decade, donde tiene como socio minoritario –con un 5%– al empresario João Rafael Koehler. La compañía pretendía producir cannabis con fines medicinales, pero ni siquiera pidió la preceptiva licencia a la Autoridad Nacional del Medicamento portuguesa, Infarmed. Koehler aseguró a Expresso que ya no es socio de Lucas.

A principios del año pasado, Nélio Lucas también se convirtió en director de la empresa suiza June Capital Partners, que Expresso encontró inactiva. Mientras tanto, el empresario portugués sigue siendo accionista de Vela Management Limited, una sociedad maltesa que, según ha revelado Football Leaks, tiene negocios con el FC Oporto y con Energy Soccer, vinculada a Alexandre Pinto da Costa, hijo del presidente de ese club.

Lucas es el número 24 de la lista de testigos llamados por la defensa de Rui Pinto a declarar en el juicio. En total serán 45 nombres, incluido el del whistleblower y exanalista de la NSA Edward Snowden. Pero también el de Bruno de Carvalho, el ex presidente del Sporting que en su mandato –2013 a 2018– declaró la guerra al fondo de la familia Arif, negándose a abonar la parte de Doyen en el traspaso de Marcos Rojo al Manchester United. Doyen ganó el litigio y el Sporting fue condenado a pagar.

En los próximos meses, Rui Pinto, Bruno de Carvalho y Nélio Lucas pasarán por los mismos pasillos del Juzgado Central de lo Penal de Lisboa, y tendrán la oportunidad de retroceder media docena de años. Contarán las historias de una Doyen bastante diferente de lo que es hoy en día.

El juicio en Portugal contra Rui Pinto comienza la próxima semana. El hombre detrás de las revelaciones de Football Leaks forma parte de un programa de protección de testigos tras llegar a un acuerdo para colaborar con las autoridades judiciales lusasporque necesitan la información que él posee.

Rui Pinto pasea entre vacas y cerdos en un lugar solitario no muy lejos de Lisboa. Dos policías siguen al joven de 31 años mientras camina con dos reporteros de la revista alemana Der Spiegel. Hay reglas estrictas sobre lo que se puede revelar de su ubicación actual: “Mi vida corre peligro”, dice. Sin embargo, parece estar de buen humor. Por primera vez en año y medio es un hombre libre. Y sus posibilidades de ser absuelto en el próximo juicio en Lisboa han aumentado recientemente.

Nuestro paseo junto con Pinto fuera de Lisboa tuvo lugar la víspera de la final de la Liga de Campeones del pasado domingo entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, que se jugó en la capital portuguesa. Iba a ser la primera de dos entrevistas. Como nadie antes que él, Pinto es el responsable de descubrir el lado oscuro del fútbol profesional. Mientras el mundo del fútbol celebra el culmen de la temporada en el estadio del Benfica de Lisboa, Pinto vive a pocos kilómetros de distancia bajo protección policial en una casa segura.

Pinto ha hecho muchos enemigos poderosos en los últimos años. Compartió más de 70 millones de documentos confidenciales –un total de 3,4 terabytes de datos– con Der Spiegel y sus socios del consorcio periodístico European Investigative Collaborations (EIC), en el que desde España participa infoLibre. Desde 2016, se han escrito más de 1.000 artículos basados en esos datos, algunos de los cuales han tenido importantes consecuencias legales. Cristiano Ronaldo fue condenado a 23 meses de prisión suspendida por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y tuvo que pagar unos 20 millones de euros. Algunos de los agentes deportivos más importantes del mundo siguen siendo investigados por delitos fiscales y blanqueo de dinero. Los documentos de Football Leaks han creado problemas incluso al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que está siendo investigado por la Fiscalía suiza.

Hasta ahora, sin embargo, sólo una persona ha pisado la cárcel como resultado de las filtraciones de Football Leaks. El propio Rui Pinto.

El portugués ja sido acusado de piratería informática y de intento de chantaje. El juicio comienza el próximo viernes. En diciembre, Pinto habló de sus perspectivas más bien sombrías en una entrevista con Der Spiegel, incluyendo una posible sentencia de hasta 25 años de prisión. Pero una de las razones que ahora justifican su mayor confianza es el acuerdo al que ha llegado con la Justicia portuguesa. Pinto le ha dado acceso a su mayor tesoro: ha abierto ocho discos duros encriptados que contenían 17,5 terabytes de información.

No es fácil encontrarse con Pinto en estos días. Der Spiegel le envió repetidas solicitudes de entrevista en los últimos meses, pero Pinto las rechazó todas sin dar ninguna explicación. Estaba en arresto domiciliario y no se le permitió decir a nadie que negociaba con la Justicia. Ahora puede estar oficialmente libre, pero debe consultar a la policía para discutir los posibles riesgos cada vez que quiere salir. Para su cita con la revista alemana, los guardianes de Pinto han impuesto estrictas medidas de seguridad. También han proporcionado la dirección de un apartamento de vacaciones, donde puede celebrarse nuestra reunión el día de la final de la Liga de Campeones.

A última hora de la tarde del día anterior a nuestro primer encuentro, Pinto envió una dirección a través de un servicio de mensajería encriptada. Conduce al aparcamiento de un supermercado situado lejos de Lisboa. “Envíeme el número de matrícula de su coche de alquiler”, pide, y señala una hora a la que deberíamos llegar.

Al día siguiente, un coche aparece en el aparcamiento unos minutos después de la hora que habíamos acordado. Dos hombres con mascarillas quirúrgicas bajan las ventanillas, asienten brevemente e indican que debemos seguirlos. En el camino, hacen varios giros repentinos, aparentemente para evitar que nos sigan. Cuando el coche finalmente se detiene en un área de descanso apartada, Pinto abre la puerta y salta del asiento trasero. Lleva una gorra de béisbol, gafas de sol y, por supuesto, una mascarilla.

“Algunos de mis actos pueden ser considerados ilegales”

Exestudiante de Historia que emigró a Budapest en 2015, Pinto ha sido acusado por los fiscales portugueses de piratear servidores y robar datos confidenciales de clubes de fútbol, bufetes de abogados, investigadores y agencias deportivas.

Desde el comienzo del proyecto Football Leaks, Pinto ha insistido en que no se ve a sí mismo como un hacker. Sin embargo, en diciembre pasado, le dijo a Der Spiegel: “Acepto plenamente que, desde el punto de vista de la ley portuguesa, algunos de mis actos pueden ser considerados ilegales”. En su escrito de defensa, presentado al tribunal a principios de esta semana, explica lo que eso significa. Pinto lamenta haber violado la ley para acceder a los datos. Dice que estaba convencido de que esa información le ayudaría a descubrir delitos graves y que no pensó adecuadamente en las consecuencias de sus actividades. “Puedes hacerme todas las preguntas que quieras”, dice Pinto. “Pero antes del juicio no podré responder a todo. El tribunal es el lugar adecuado para explicar mi posición”.

Al día siguiente, Pinto aparece en un apartamento secreto varias horas antes del comienzo de la final de la Liga de Campeones. Es una habitación escasamente amueblada con una cama doble, dos sillones reclinables y un pequeño televisor en el piso inferior de una casa de vacaciones. Pinto se sienta en uno de los sillones y recuerda el último año y medio. Habla del acoso y la “tortura psicológica” sufridos en una prisión de Budapest, donde fue encerrado tras su arresto en enero de 2019. Hungría lo extraditó a Portugal, donde fue puesto en aislamiento durante más de medio año.

Pinto está orgulloso de haber superado ese momento. “Después de salir del aislamiento, a veces tenía problemas de concentración”, recuerda. Sentía como si una gran puerta se hubiera abierto delante de él, añade, y le resultaba difícil tratar con grupos de personas.

En abril, Pinto fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario y es oficialmente un hombre libre desde el 7 de agosto. Una comisión formada por jueces, fiscales y funcionarios del Ministerio de Justicia sigue creyendo que corre peligro. Pinto no sólo ha levantado ampollas entre las estrellas y los clubes de fútbol, sino también entre los dirigentes políticos de Catar, Abu Dabi y Angola. Aun así, dice que puede “dormir bastante bien por la noche”. Puede vivir con el riesgo, asegura, ya que su principal objetivo era denunciar delitos.

Pinto elude las preguntas sobre cómo accedió a los datos. Afirma que su papel era sólo buscar, recoger y analizar la información sobre posibles delitos antes de pasársela a periodistas o investigadores privados. No se ve a sí mismo como un hacker, sino como un denunciante.

El problema de Doyen

También hay otra forma de verlo. La mayor debilidad de Pinto en el tribunal es la acusación de intento de extorsión, que pone en duda sus supuestas nobles intenciones. “Lamento sobre todo una cosa: haber tenido ese contacto con Nélio Lucas”, indica Pinto. De hecho, fue una denuncia presentada por la agencia de marketing deportivo Doyen y su gerente Lucas lo que llevó al actual juicio. Pinto supuestamente pirateó los sistemas informáticos de la empresa en 2015. En un correo electrónico, exigió una suma de “entre 500.000 euros y un millón” a cambio de no publicar los documentos. También se puso en contacto con un abogado que luego se reunió con Lucas y su asesor jurídico en una gasolinera de Lisboa para discutir el acuerdo. La policía grabó en secreto las conversaciones. Der Spiegel y la red EIC informaron de estas acusaciones en 2016.

“Yo era un ingenuo entonces”, continúa Pinto. Dice que quería probar hasta dónde llegarían Lucas y Doyen para evitar la publicación de documentos comprometedores.

Hace unos días, el diario portugués Público mostraba un correo electrónico que puede cuestionar la imagen de Pinto. El artículo afirma que en el correo sugirió a su antiguo abogado, que también se enfrenta ahora a un proceso judicial, que el dinero que se le pidió a Doyen fuera canalizado a través de paraísos fiscales como Malta o Chipre. ¿Realmente estaba Pinto considerando hacer uso de esos canales opacos? Esta es exactamente la misma acusación que él mismo ha hecho durante todo este tiempo a la industria del fútbol.

“Si es necesario, explicaré este correo en el tribunal”, recalca Pinto. Y aclara que, antes de que se hiciera cualquier pago, él ya había roto las negociaciones. Por eso no cometió un delito, añade.

En el mundo del fútbol, Doyen tenía fama de ser una compañía especialmente dudosa. La empresa de marketing deportivo compró participaciones en derechos de traspaso de futbolistas profesionales y luego obtuvo enormes beneficios de la posterior venta de esos jugadores. En algún momento, ese sistema, conocido como TPO (Third Party Ownership) o transmisión a terceros de los derechos económicos de los futbolistas, fue demasiado lejos incluso para la FIFA, y el organismo rector del fútbol mundial lo prohibió.  

En Malta, donde Doyen Sports está registrada, la Autoridad de Servicios Financieros multó a la empresa por conceder préstamos ilegales. Las autoridades españolas están investigando a Doyen Sports y a Lucas por sospechas de fraude fiscal basadas en la publicación de documentos de Football Leaks. Otros dos directivos de la agencia también han sido acusados de blanqueo de dinero. Las autoridades portuguesas congelaron ocho millones de euros de una cuenta de Doyen en la primavera de 2019, interesadas en una transferencia prevista de millones de euros al paraíso fiscal de Santa Lucía. La investigación aún está abierta. Hasta ahora Lucas y Doyen no han hecho ninguna declaración pública sobre estas acusaciones.

La policía tiene dudas sobre el origen de los millones que Doyen ha invertido en el mundo del fútbol. Los documentos de Pinto sugieren que el capital de la red de Doyen provenía de oligarcas kazajos que ganaron millones en el sector de las materias primas tras el colapso de la Unión Soviética. Tevfik Arif, el padre de uno de los antiguos jefes de Doyen, se dedicó al negocio inmobiliario con Donald Trump. Incluso el Comité de Inteligencia del Senado de EEUU destacó la semana pasada los contactos de Arif con Rusia y Turquía en un informe: “La información obtenida por el comité sugiere que estuvo involucrado en el crimen organizado ruso, en blanqueo de dinero y tráfico de personas que se remontan al menos al año 2000”. Arif negó todas las acusaciones al solicitársele un comentario.

Football Leaks reveló cómo al fútbol profesional no le importa en absoluto cuál sea la fuente de dinero que le sirve para pagar salarios, comisiones y traspasos de jugadores.

También Isabel dos Santos y los 'Luanda Leaks'

Pinto ha entregado estos datos a la Justicia portuguesa. Su generosa colaboración con los investigadores probablemente también fortalecerá su posición ante el tribunal. Pero, ¿cómo se materializó el acuerdo?

Pinto dice que siempre ha querido trabajar con los portugueses, pero sólo con la condición de que los documentos contenidos en sus discos duros no fueran usados en su contra. Durante mucho tiempo, la Fiscalía no quiso aceptar el trato. Pero la presión sobre los investigadores aumentó cuando, en enero, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), entre cuyos miembros se encuentra el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, publicó los resultados de su investigación sobre Isabel dos Santos, la angoleña que es la mujer más rica de África. Las informaciones de los Luanda Leaks rastrearon todo un sistema cleptocrático de corrupción y blanqueo de dinero en Angola. Los documentos procedían de Rui Pinto. “Es repugnante que Portugal se haya convertido en la lavandería de las élites angoleñas”, subraya Pinto. Afirma que sus gobernantes se enriquecieron a pesar de que el país sufren una pobreza extrema.

Dos Santos niega las acusaciones. Sin embargo, su publicación ha dado al traste con el sistema de la angoleña y ahora los medios de comunicación portugueses consideran a Pinto un valioso informante, después de haberle tachado de hacker, pirata o espíahacker. También ha obligado a las autoridades lusas a admitir que los datos que posee Pinto pueden ser utilizados para destapar ilegalidades en muchos ámbitos diferentes.

Pero el problema que tenían las autoridades portuguesas era que no podían llegar a los documentos sin la ayuda de Rui Pinto. Los discos duros tienen contraseñas de más de 40 caracteres de longitud y cada disco ha sido encriptado individualmente. Pinto advirtió de que Dos Santos era sólo la punta del iceberg y que aún había muchas más irregularidades que podían revelar sus datos, también en Portugal.

Así que parece que a los investigadores les conviene más trabajar con Rui Pinto. El director de la Seguridad del Estado luso incluso ha elogiado a Pinto por su ayuda. Cuando se le pregunta si cree que podría ser enviado de nuevo a prisión, Rui Pinto responde: “No lo creo”. Su equipo de defensa está compuesto por tres abogados: el abogado portugués Francisco Teixeira da Mota y su hija Luísa, y el abogado francés y experto en casos de whistleblowers William Bourdon. Quieren llamar a 45 testigos, incluyendo al estadounidense Edward Snowden. Y ya han tenido éxito con sus alegaciones de posible parcialidad de dos de los tres jueces sorteados para el juicio. Después de mostrar en Facebook que es un ferviente seguidor del Benfica de Lisboa y de darle un Me gusta a un artículo crítico con Pinto, el juez que presidía el tribunal se retiró del caso, así como la segunda jueza, que había sido representada en otro caso por uno de los actuales abogados de los demandantes.

Menos fútbol, más investigación

La entrevista ya ha durado varias horas para cuando comienza la final de la Liga de Campeones. Pinto quiere salir a tomar un poco de aire fresco cuando los jugadores del Bayern de Múnich y del Paris Saint-Germain salen al campo. A su regreso, sigue con un ojo la final que enfrenta a los dos clubes patrocinados por Catar, mientras que al mismo tiempo charla con su novia. “El fútbol son los aficionados, el verdadero ambiente”, destaca Pinto, “no este evento de plástico donde el dinero lo domina todo”.

Ahora parece que el portugués se está alejando poco a poco del fútbol, el deporte por el que corrió todos estos riesgos. Hoy en día, le apasionan más otros temas como la investigación de la corrupción, el fraude y la evasión fiscal. Pinto relata que aprovechó el tiempo en la cárcel para leer numerosos libros de investigación, incluyendo algunos sobre el abuso de poder por parte de los Estados.

Tras el partido, Pinto desaparece en coche con sus guardaespaldas hacia un lugar no revelado, donde tiene previsto prepararse para el juicio. Dice que aún no le preocupa lo que pueda ocurrir después. “Quiero resolver mi situación legal primero”, concluye Pinto. “Quiero ser absuelto”.

En el largo pasillo que da acceso a la sala 1 del tercer piso del Campus de la Justicia de Lisboa, las paredes de cristal dejan pasar la luz del exterior, en un viernes importante para Rui Pinto, el informante de Football Leaks. Para unos, un simple hacker, un pirata informático. Para otros, el whistleblower que ha hecho posible la denuncia que ha sacudido los cimientos de la industria del fútbol europeo en los últimos años. Desde 2016, el joven portugués ha proporcionado a Der Spiegelmás de 70 millones de documentos, que la revista alemana ha analizado junto con sus socios de la red periodística European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Los documentos han sido la fuente que ha servido para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales han dado lugar a procedimientos judiciales. La jueza de instrucción Cláudia Pina ha comenzado este viernes un partido en el que Pinto, de 31 años, se juega su futuro.

Son las 14:22 horas y Rui Pinto entra en la sala, esposado, vigilado y protegido por tres miembros del Grupo de Intervención de Seguridad Penitenciaria (GISP) y por otros cuatro hombres de la Policía de Seguridad Pública. En la sala, poco más de media docena de abogados que representan al fondo de inversión y agencia deportiva Doyen y a otros demandantes, además de dos abogados defensores de Pinto y una abogada de Aníbal Pinto, también acusado.

El joven portugués se presenta con la misma chaqueta de punto oscura de las sesiones anteriores de la instrucción, con el mismo pelo de punta y con la misma serenidad. Es probable que sepa que el Oporto, el club de su corazón, juega este viernes con el Braga, y que sus rivales, el Sporting y el Benfica, se enfrentarán en el estadio José Alvalade, en Lisboa. Una vez terminada la jornada en el Campus de la Justicia, volverá a la prisión de la Policía Judicial y a su pequeña celda. Será desde allí, por la radio, donde seguirá los dos partidos. ¿Le apetecerá aún hacerlo?

Pero lo que le ha llevado al juzgado no es un partido de fútbol. En un trámite que ha durado menos de una hora, Rui Pinto ha sido informado de por qué tendrá que responder ante la justicia. La jueza Pina ha decidido que será juzgado por un total de 90 delitos, no por los 147 de los que le acusaba en septiembre la Fiscalíalos 147 de los que le acusaba en septiembre la Fiscalía. Su abogado, Francisco Teixeira da Mota, aseguró al final de la vista preliminar que la decisión de la jueza tiene “aspectos positivos y negativos”.

Es cierto que la magistrada ha eliminado más de 50 delitos –sobre todo referidos a la violación de correspondencia–, en aquellos casos en que los afectados no presentaron una denuncia contra Pinto. También es cierto que 68 de los 74 delitos de acceso ilegítimo –que implican una pena máxima de hasta cinco años– se han convertido en delitos de acceso indebido –con una pena máxima de hasta dos años–.

Pero muchos de los cargos presentados por los fiscales han sido considerados válidos por la jueza. Así, Rui Pinto deberá ser juzgado por intento de extorsión a Doyen. Y por sabotaje informático al Sporting de Lisboa. También tendrá que responder por seis delitos de acceso ilegítimo –por entrar ilegalmente en los sistemas de Doyen, Sporting, el bufete PLMJ, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), la Oficina del Fiscal General y la consultora Score–, 68 de acceso indebido –a otros tantos buzones de correo electrónico– y 14 de violación de la correspondencia, por haber leído o divulgado el contenido de otras tantas direcciones de correo electrónico.

Más condena que por asesinato o fraude fiscal

Ninguno de esos delitos, individualmente, le supondrá a Rui Pinto, si es condenado, más de cinco años de prisión. Sin embargo, la suma de varios de ellos puede traducirse fácilmente en una pena por el tiempo máximo de prisión en Portugal, 25 años. En teoría, Rui Pinto puede ser sentenciado a una condena de prisión mayor que la cumplida por muchos asesinos. Mayor incluso que los 15 años a los que ya ha sido condenado el exbanquero José Oliveira e Costa, fundador del Banco Portugués de Negocios (BPN), por los delitos de fraude fiscal, estafa y abuso de confianza. Salvando las distancias entre ambos casos, tanto por el tipo de delitos como por la situación de los acusados: Rui Pinto está en prisión preventiva, Oliveira e Costa está en su casa con un brazalete electrónico.

En la vista preliminar, la magistrada también ha decidido mantener en la cárcel a Pinto y dictaminado que los tribunales portugueses son competentes para juzgar a Rui Pinto por su supuesto intento de extorsión a Doyen, rechazando así la tesis de los abogados defensores.

Rui Pinto tiene la certeza de que después de un año en prisión –fue detenido el 16 de enero de 2019 en Budapest y extraditado a Lisboa en marzo– se enfrenta ahora a ocho meses decisivos. La Justicia portuguesa tiene hasta el 22 de septiembre para juzgarlo. Si el juicio no ha concluido para entonces, Rui Pinto tendrá que ser puesto en libertad y esperar el final del proceso fuera de la cárcel.

Y será en estos próximos ocho meses cuando Rui Pinto y sus abogados jueguen sus principales bazas, intentando rebatir las acusaciones del Ministerio Público y evitar la condena.

En cualquier caso, y  pese a haber reducido el número de delitos de 147 a 90, en el auto hecho público este viernes la jueza de instrucción Cláudia Pina asume buena parte de los términos de la acusación de la Fiscalía.

Niega que sea un ‘whistleblower’

La magistrada señala que “los hechos de la acusación están suficientemente probados”, rechaza la idea de que Rui Pinto pueda ser considerado un whistleblower –un informante, principalmente porque no formaba parte de ninguna de las empresas cuya información hizo pública– y asume que el acusado había obtenido información que no debía haber conseguido: “Al acceder a los buzones [de correo electrónico], accede a innumerables datos personales”, observa. La jueza Pina no deja de mencionar el pasado de Rui Pinto, incluyendo el desvío de dinero de un banco de las Islas Caimán, un caso que no llegó a los tribunales porque las partes llegaron a un acuerdo y el informático portugués devolvió el dinero.

En la lectura de su decisión, la instructora también afirmó que “no hay duda” de que, debido a los hechos descritos por el Ministerio Público, se cumplen los requisitos para ser acusado del delito de intento de extorsión. Cláudia Pina recordó los acontecimientos de septiembre y octubre de 2015, cuando Pinto, bajo la identidad virtual de Artem Lobuzov, invitó al fondo Doyen a hacer una “donación” de entre medio millón y un millón de euros para detener las revelaciones del blog Football Leaks.

La jueza Pina admiteque a Rui Pinto le “asiste la razón” cuando argumenta que no debe ser juzgado por violación de la correspondencia de personas que no han presentado una denuncia. Por eso han decaído más de medio centenar de cargos. Pero otras 14, que se presentaron como demandantes durante la investigación de la Fiscalía, llevarán a Rui Pinto ante el tribunal por lo que, según la Fiscalía, vio y no debería haber visto.

Entre los denunciantes de esos 14 delitos de violación de la correspondencia se encuentran el ex abogado del despacho PLMJ João Medeiros –ahora en Vieira de Almeida–, cuyos correos electrónicos y documentos fueron publicados, en diciembre de 2018, en el blog Mercado de Benfica, así como la abogada Inês Almeida Costa, que también ha cambiado PLMJ por Vieira de Almeida. El mismo Vieira de Almeida que, desde 2015, representa a Doyen en el caso contra Rui Pinto.

Al salir del tribunal, la abogada de Vieira de Almeida que defiende a Doyen, Sofia Ribeiro Branco, no quiso hacer comentarios. Parecía tranquila, como el resto de los abogados, incluyendo el de Rui Pinto. En las próximas semanas se sabrá cuándo comenzará el juicio. En sus nuevas salidas del establecimiento penitenciario de la Policía Judicial, Pinto tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones que pesan sobre él. Son 90. Tantas como minutos tiene un partido de fútbol.

Será allí, ante el tribunal, donde se jugará su futuro. Hace un año, Pinto confió en una entrevista con la revista alemana Der Spiegel que su padre le había advertido, cuando era niño, que no podía ser un hincha de fútbol porque ese deporte podía destruirle la vida. Parece una profecía.