“El último escándalo de Orpea: los oscuros negocios con una trama societaria oculta en Luxemburgo”. Así titulaba infoLibre, en mayo de 2022, una información sobre un holding llamado Lipany y formado por más de 40 compañías que ayudaron a la expansión del grupo de residencias por media Europa. Un año y medio después, fuerzas policiales de de seis países han realizado registros en busca de pruebas sobre actividades presuntamente delictivas ejecutadas a través de dicha trama.

La amplia operación transfronteriza tuvo lugar en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia y Portugal los pasados días 11 y 12 de enero, a petición de las autoridades galas. La Fiscalía de Nanterre –localidad al oeste de París– es la que investiga la comisión de hasta cinco presuntos delitos: fraude, apropiación indebida de activos empresariales, blanqueo de capitales, corrupción y abuso de confianza.

Ochenta y cuatro agentes franceses llevaron a cabo registros e interrogatorios junto con sus homólogos europeos. No se ha facilitado información sobre la ubicación exacta de los registros.

Las actividades de Lipany fueron desveladas por el consorcio periodístico Investigate Europe, en una investigación en la que participó infoLibre.

Un fiscal implicado en el caso confirmó a Investigate Europe que los registros se refieren, al menos en parte, al holding secreto luxemburgués Lipany, que había sido creado por algunos de los principales directivos del grupo de residencias.

Por su parte, un portavoz de Orpea declaró que “el grupo está cooperando plenamente con las autoridades”.

Las redadas policiales no afectaron a España, donde Orpea es el segundo mayor grupo de residencias de mayores, solo por detrás de DomusVi. En la Comunidad de Madrid, Orpea es la empresa líder del sector. En el conjunto de España gestiona más de 50 centros residenciales.

Cuando los periodistas de Investigate Europe contactaron a Orpea, antes de publicar la información en mayo de 2022, un portavoz del grupo admitió que algunas de las conclusiones de la investigación periodística coincidían con una denuncia formal contra "personas anónimas" que Orpea acababa de presentar. Dicho portavoz añadió que, dos semanas después de recibir las preguntas de Investigate Europe, Orpea había despedido a Sébastien Mesnard, antiguo director financiero del grupo y uno de los implicados en Lipany.

Descrito como un posible "vehículo de blanqueo de capitales y corrupción" por una fuente cercana a la investigación, Lipany amasó activos por valor de casi 100 millones de euros, en su mayoría propiedades vinculadas a Orpea en Italia, Francia, Bélgica y, en menor medida, Alemania.

Lipany es propiedad oficial de Roberto Tribuno, antiguo jefe de Orpea en Italia. La mayoría de las filiales y actividades del holding también implicaban estrechamente a Sébastien Mesnard.

La investigación periodística detalló cómo la pareja utilizó Lipany y su laberinto de filiales para operaciones dudosas. En Francia, encubrieron el pago de una comisión secreta de 700.000 euros a un intermediario y registraron información fiscal falsa en los estados financieros de al menos 14 empresas vinculadas a proyectos de Orpea. En Italia, burlaron las normas del IVA y vendieron sistemáticamente residencias de Orpea a Lipany, con lo que el grupo pagaba luego alquileres al holding luxemburgués.

Posteriores revelaciones de Investigate Europe e infoLibre mostraron que, en julio de 2022, Orpea prometió nuevos fondos a su socio luxemburgués casi sin intereses, en un esquema que involucraba a Mesnard, a pesar de que oficialmente había sido despedido dos meses antes. En 2023, Orpea también compró varias propiedades francesas a Lipany por una cantidad no revelada y le cedió la supervisión de dos instalaciones en Italia.

Tanto Mesnard como el ex consejero delegado del grupo Yves Le Masne se encuentran en prisión preventiva desde junio de 2023. También se está investigando a un tercer exdirectivo.

Orpea, que gestiona 1.000 centros médicos en todo el mundo, está sumido en una grave crisis desde la publicación en enero de 2022 de Les Fossoyeurs (Los sepultureros), un libro en el que se describen pautas de maltrato a los pacientes en las residencias del grupo. Las autoridades francesas recibieron decenas de denuncias de familiares de residentes por negligencia grave e incluso homicidio. En diciembre de 2023, el Estado francés adquirió una participación mayoritaria en la endeudada empresa como parte de un rescate de 605 millones de euros con fondos públicos.

El grupo francés de residencias Orpea siguió haciendo negocios con la compañía luxemburguesa Lipany después de que Investigate Europe (IE) e infoLibre revelaran el año pasado las supuestas operaciones irregulares de ambas compañías, que están ahora bajo investigación judicial en Francia [puedes leer aquí la información]. Así lo demuestran nuevos documentos del Registro Mercantil de Luxemburgo, a los que ha tenido acceso IE. Lipany es un holding que está controlado por antiguos directivos de Orpea y que llegó a amasar activos por valor de casi 100 millones de euros. La multinacional francesa de residencias también está siendo investigada en el país vecino por presuntos malos tratos a residentes y malversación de fondos públicos.

Las nuevas revelaciones muestran que, incluso después de que Orpea presentara en abril de 2022 una denuncia a las autoridades contra exdirectivos del grupo en la que se cita expresamente a Lipany, ambas compañías siguieron haciendo negocios entre sí. En julio de 2022, Orpea prometió nuevos fondos a Lipany casi sin intereses, en un plan en el que participó el ex director financiero del grupo, despedido oficialmente dos meses antes. En 2023, Orpea también compró varias propiedades francesas a su socio luxemburgués por una cantidad no revelada y le cedió la supervisión de dos instalaciones en Italia.

Fundada en 2007, Lipany pertenece a Roberto Tribuno, un contable de 60 años que fue consejero delegado de Orpea Italia hasta 2017. Aunque en teoría es independiente del grupo de residencias, el holding luxemburgués acumuló acciones en centros de Orpea en Italia y Francia y, en menor medida, en Alemania, así como inversiones en Bélgica. Tras las revelaciones periodísticas, Orpea perdió el 19% de su valor en Bolsa y anunció oficialmente el despido del director financiero, Sébastien Mesnard.

Orpea es la empresa que más residencias explota en la Comunidad de Madrid y la segunda en el conjunto de España, donde tiene más de 50 centros y 8.000 plazas. Solo DomusVi gestiona más geriátricos. La multinacional francesa, que cuenta en todo el mundo con más de mil residencias, se ha visto inmersa en un gran escándalo desde la publicación en enero de 2022 de Les Fossoyeurs, un libro en el que se describen los malos tratos en centros del grupo. Su autor, el periodista galo Victor Castanet, acusaba a la empresa de maltratar a sus 260.000 residentes enfermos o ancianos, en particular racionándoles la comida y los productos de higiene. Las denuncias hundieron las acciones de Orpea, al tiempo que se multiplicaban las quejas de las familias afectadas. Las autoridades francesas investigan ahora si el maltrato institucional formaba parte de la actuación del grupo.

A preguntas de Investigate Europe, Orpea declinó hacer comentarios sobre las últimas transacciones con Lipany. "Es probable que las cuestiones planteadas entren en el ámbito de investigaciones pasadas, actuales o futuras", indicó un portavoz, añadiendo que el grupo denunció a las autoridades malas prácticas internas. Esto llevó a los jueces a abrir una investigación en junio de 2023 sobre abuso de confianza, fraude corporativo, blanqueo de capitales y corrupción. Mesnard e Yves Le Masne, ex consejero delegado de Orpea, fueron detenidos por la policía en el marco del procedimiento.

"Es muy raro que se detenga a sospechosos por delitos de cuello blanco", admite una fuente jurídica cercana a la investigación. El papel de Mesnard en Lipany es fundamental para la investigación. "La empresa puede haber sido utilizada como vehículo de blanqueo de capitales y corrupción", añade dicha fuente. "Orpea puede seguir siendo rehén de sus inversiones compartidas con Lipany, ya que sus lazos comerciales son difíciles de romper", concluye. Los abogados de Mesnard no respondieron a las preguntas planteadas por los periodistas de IE.

Aunque los investigadores están estudiando las actividades de Lipany hasta la denuncia de Orpea de abril de 2022, Investigate Europe descubrió otras operaciones dudosas que se han producido desde entonces.

El 5 de julio de 2022, Casamia International, filial italiana de Orpea, aumentó su línea de crédito a Lipany a 150 millones de euros, con un interés nominal del 0,1%, según los documentos corporativos depositados en el Registro de Luxemburgo. Los implicados se han negado a revelar el límite anterior, pero el 31 de diciembre de 2021 ya se habían utilizado 82 millones de euros de la línea existente. No se utilizó más dinero el año siguiente y Orpea no quiso decir si se prestó alguno en 2023. A través de Casamia International, el grupo es un acreedor histórico de Lipany, con préstamos por valor de decenas de millones de euros registrados en cuentas luxemburguesas e italianas desde 2017.

Aunque Mesnard fue despedido por Orpea dos meses antes, se mantuvo como presidente de Casamia International hasta el 6 de julio de 2022, un día después de que se firmara la ampliación de crédito a Lipany. Unas semanas antes, había presidido una asamblea ordinaria de Casamia International.

Al mismo tiempo que Orpea comprometía más efectivo para Lipany, también cancelaba la paga de beneficios de sus empleados. "Los directivos del grupo explicaron entonces que tenían que devolver 55 millones de euros [de fondos públicos malversados] al Estado por sus chanchullos y que no había más dinero para nosotros", afirma Kéline Sivadier, representante sindical de los trabajadores. "Estamos muy enfadados al conocer estas nuevas revelaciones", añade, en declaraciones a IE.

Laurent Guillot, el nuevo jefe de Orpea, prometió "tolerancia cero" tras su toma de posesión el 1 de julio de 2022, lo que no impidió que la compañía y Lipany prosiguieran sus intercambios inmobiliarios en 2023. El 29 de marzo, Orpea adquirió RSS Seniors+ y sus participaciones en 13 residencias francesas en las que Orpea era hasta entonces socio minoritario. El precio de venta o las conexiones con Lipany no se revelaron en las cuentas anuales.

En Italia, dos centros construidos con financiación de Orpea abrieron sus puertas en primavera bajo la marca Comfortcura, la red de residencias de Lipany. Situadas en Milán y cerca de Venecia, pertenecen a Rodevita, una firma luxemburguesa participada en un 45% por Orpea y en un 55% por Roberto Tribuno. En 2018, Orpea concedió a Rodevita un préstamo sin intereses de 20 millones de euros, con la aprobación de Sébastien Mesnard.

Aunque Sébastien Mesnard ya ha sido sustituido al frente de las estructuras italianas de Orpea, los datos del Registro Mercantil de Italia apuntan a que sigue en el consejo de dos filiales de Lipany en las que también participa el grupo, vinculadas a un geriátrico en Génova.

Lipany y su propietario, por su parte, no han sido apartados por Orpea, aunque figuraban en su denuncia por malversación de activos de la empresa. Roberto Tribuno sigue figurando como director de varias empresas propiedad conjunta de Lipany y Orpea, según el registro italiano. También figura como miembro del consejo de administración de tres filiales de Orpea en Italia, entre ellas Casamia International y su dueña directa, otra compañía denominada LTC Invest.

La relación de Tribuno con estas dos entidades es profunda. Lipany mencionó por primera vez un préstamo sin intereses de 40 millones de euros de Casamia International en sus cuentas de 2017. En diciembre de ese año, Lipany compró Casamia International a LTC Invest, para volver a vendérsela doce meses después por el mismo precio. Las transacciones tuvieron siempre lugar unos días antes del cierre de las cuentas anuales.

De 2009 a 2018, Lipany y Orpea intercambiaron 14 empresas italianas vinculadas a geriátricos, algunas de ellas cambiando de manos varias veces. Desde que estalló el escándalo de Orpea el año pasado, su dirección se ha apresurado a culpar a un puñado de exdirectivos. "Se ha robado a los accionistas, igual que se ha robado a la empresa", insistía Guillot a principios de año. "Han sido víctimas de la anterior dirección".

La operación "manos limpias" se ha acelerado recientemente, ya que Orpea está a punto de ser nacionalizada parcialmente. El Estado francés acordó en febrero inyectar 605 millones de euros en Orpea antes de finales de año, a cambio de una participación mayoritaria en la endeudada empresa.

Si los problemas legales ya han comenzado en Francia para Sébastien Mesnard, su socio Roberto Tribuno parece relativamente tranquilo. En marzo de 2023, fue absuelto de los cargos de fraude y malversación en una residencia propiedad de Lipany en Liguria. Los jueces italianos dictaminaron que las pruebas documentales sobre una presunta malversación de 260.000 euros de fondos públicos, se presentaron demasiado tarde.

Durante el último año, Tribuno reorganizó algunas de sus inversiones, añadiendo una nueva capa de opacidad a su estructura empresarial. Desde julio, casi todas sus filiales italianas son filiales de dos nuevas sociedades luxemburguesas creadas por Lipany: Turbie SA y Simplon SA. Como resultado, el nombre de Lipany ya no es visible como accionista directo de Orpea en Italia. Tribuno no quiso responder a ninguna de las preguntas planteadas por IE.

Orpea también está estudiando un cambio de nombre para hacer borrón y cuenta nueva. "Sin duda ocurrirá cuando estemos preparados, para hacer realidad nuestra evolución", anunció el consejero delegado Laurent Guillot en la televisión este verano. Pero los casos judiciales no desaparecerán. Las familias de los residentes han presentado tantas denuncias por malos tratos contra la empresa que su dirección no fue capaz de establecer el número exacto en su último informe anual.

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Con información de Lorenzo Buzzoni.

Edición: Chris Matthews, Manuel Rico.

Dos exejecutivos del gigante europeo de las residencias de mayores Orpea fueron puestos en prisión preventiva este jueves tras la apertura de una investigación judicial acusados de los delitos de abuso de confianza, fraude, abuso de activos corporativos, blanqueo de capitales organizado y corrupción, dijo el viernes a la agencia francesa AFP la Fiscalía de Nanterre.

Se trata del ex director gerente y el ex director financiero del grupo. Una tercera persona, el ex subdirector general del grupo, ha sido puesta bajo control judicial. La Justicia francesa abrió en mayo de 2022 una investigación preliminar tras las denuncias presentadas por el propio grupo denunciando "desfalcos" internos "que habrían sido cometidos por ex altos ejecutivos" , dijo la Fiscalía entonces en un comunicado de prensa.

infoLibre y sus socios de Investigate Europe habían descubierto en la primavera de 2022 una supuesta trama que llevaba a cabo transacciones financieras dudosas bajo el paraguas del gigante empresarial. La investigación, firmada por Manuel Rico, entonces director de investigación de infoLibre, y los periodistas Max Peigné, Leïla Miñano y Lorenzo Buzzoni, revelaba los negocios del gigante de las residencias, segundo grupo con más centros en suelo español, con una trama societaria oculta en Luxemburgo. El holding luxemburgués, llamado Lipanu, está formado por más de cuatro decenas de compañías que ayudaron a la expansión del grupo de residencias en Italia, Francia, Bélgica y Alemania. Tal como publicaba este medio, sociedades de la trama encubrieron el pago de 700.000 euros a un comisionista francés, presentaron cuentas en el Registro Mercantil con información fiscal falsa y burlaron las normas italianas del IVA.

El trabajo tuvo una enorme repercusión que afectó a la situación bursátil de la compañía, fue reconocida por esta (que despidió a su director financiero) y destapó un modus operandi de comisiones que infoLibre y los demás medios de la investigación fueron destapando bajo el paraguas del consorcio internacional.

La investigación desarrollada por infoLibre y otros medios que colaboran con el consorcio periodístico Investigate Europe ha sido nominada al Premio de Periodismo Daphne Caruana Galizia, que concede el Parlamento Europeo y recompensa cada año al "periodismo de calidad que promueve o defiende los principios y valores fundamentales de la Unión Europea". La nominación recae concretamente sobre el trabajo en torno a la multinacional del sector de las residencias Orpea, un reportaje publicado por infoLibre el pasado 17 de mayo,

La justicia ha lanzado una importante operación contra el gigante francés de las residencias de ancianos Orpea. Los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra las Infracciones al Medio Ambiente y a la Salud Pública (OCLAESP), asistidos en las regiones por varia unidades de investigación, lanzaron un registro simultáneo de varias decenas de establecimientos del grupo, según la información de Mediapart, socio editorial de infoLibre, confirmada por una fuente judicial.

Los investigadores, que ya habían registrado la sede de Orpea el 8 de junio, actúan en el marco de la investigación preliminar por "maltrato institucional" llevada a cabo por la fiscalía de Nanterre, a partir de varias decenas de denuncias de familiares de residentes por "puesta en peligro de la vida de terceros", "omisión de socorro a una persona en peligro", "homicidio involuntario" y "violencia por negligencia", presentadas tras la publicación del libro de investigación Les Fossoyeurs, del periodista Victor Castanet.

Orpea "confirma la información publicada hoy [por este martes] de que es objeto de un registro en algunos de sus establecimientos" y "apoya las investigaciones en curso", informó el grupo en un comunicado.

El gigante de las residencias de ancianos ya está implicado en varios procesos judiciales, desencadenados tanto por el libro de Víctor Castanet como por las investigaciones de Mediapart y de Investigate Europe, en la que participó infoLibre (puedes consultar aquí nuestra información sobre los oscuros negocios de Orpea con una trama societaria oculta en Luxemburgo).

Una de las investigaciones en Nanterre se refiere a las sospechas de "falsificación y uso de falsificaciones, y violación de la legislación laboral al abusar de los contratos de duración determinada", y se abrió el pasado mes de febrero. A raíz de un informe del Gobierno, se amplió a las sospechas de "malversación de fondos públicos" (ver nuestras revelaciones aquí y aquí).

También se ha abierto una investigación por "uso indebido de bienes sociales", a raíz de una denuncia presentada por Orpea, con motivo de una investigación de Mediapart, Investigate Europe e infoLibre. Revelamos que Orpea se había apoyado, con la mayor discreción, en una empresa luxemburguesa llamada Lipany, que había recuperado 92 millones de euros de activos en cuatro países europeos, entre ellos Francia. Y nuestro artículo demostró que Lipany realizó varias operaciones financieras dudosas con Orpea.

En Italia, dos estructuras se vieron implicadas en la evasión fiscal y el fraude a la financiación pública. En Francia, Lipany ayudó a Orpea a encubrir el pago de una comisión oculta de 700.000 euros a un intermediario, mientras que catorce empresas propiedad de los dos grupos reclaman en su contabilidad oficial una ventaja fiscal a la que no tienen derecho. Orpea nos había confirmado, antes de la publicación, que "algunos de los hechos" que le habíamos presentado acababan de ser objeto de una denuncia penal por "abuso de bienes corporativos" dirigida al fiscal de Nanterre.

Los registros de este martes han enturbiado aún más la situación del mayor grupo de residencias de ancianos del mundo y el segundo en Francia. En España explota 50 centros, lo que le convierte en el segundo grupo más importante, por detrás de DomusVi. Desde principios de 2022, una treintena de ejecutivos han sido despedidos, entre ellos el antiguo director general Yves Le Masne. Desde entonces se han sucedido dos directores generales. 

Orpea también se enfrenta a importantes dificultades financieras. Bajo el peso de una deuda de 9.500 millones de euros, anunció el 26 de octubre que podría quedarse sin liquidez ya a principios de 2023. Para evitar el impago, Orpea ha abierto un procedimiento de conciliación amistosa con sus acreedores para intentar reestructurar su deuda. 

Estos registros se produjeron el mismo día en que el grupo presentaba su nuevo plan de transformación, titulado ¡Orpea cambia! Contigo y para ti. El grupo dice que quiere volver a centrarse en sus empleados y en la calidad de la atención. Para restablecer su situación financiera, Orpea también tiene previsto vender parte de sus bienes inmuebles.

Las patronales de las residencias llevan dos años quejándose de que la hecatombe sufrida durante la pandemia, con 20.000 residentes fallecidos durante la primera ola en la primavera de 2020, ha llevado a una “criminalización” injusta de todo el sector. Y también sostienen que el tipo de gestión de los centros, pública o privada, no ha sido un factor diferencial en la afectación provocada por el covid. ¿Son ciertas ambas afirmaciones?

Para saberlo con exactitud es necesario conocer el impacto del virus en cada una de las más de 5.150 residencias que estaban operativas en España cuando llegó la pandemia. En mayo de 2020, infoLibre solicitó conocer esa información desglosada por centros a través de los portales de Transparencia de las 16 comunidades autónomas y las tres diputaciones forales vascas que tienen las competencias sobre el sector residencial. Algunas comunidades respondieron dentro de los plazos legales, otras después de que así se lo ordenasen las comisiones de Transparencia correspondientes y en tres casos la petición llegó a los tribunales. Tras una reciente sentencia del TSJ de Galicia que falló a favor de infoLibre, la Xunta facilitó la información y este periódico dispone ya de los datos de 14 comunidades autónomas. Todas excepto Aragón, Asturias y Castilla y León.

La realidad que dibujan esos datos es inequívoca. Es cierto que no se puede generalizar, como prueba el hecho de que en la mayoría de las residencias no falleció nadie con covid o síntomas compatibles durante los dos primeros meses de la pandemia. Pero también es verdad que la afectación fue mucho mayor en aquellos centros gestionados por las principales multinacionales y grupos privados del sector. Un hecho que choca de forma frontal con la versión que defienden las principales patronales ­–AESTE y CEAPs–, a pesar de que ellas sí disponen lógicamente de toda la información de lo ocurrido en sus centros. Hay que señalar que ambas patronales están controladas precisamente por las multinacionales y grandes grupos del sector. La principal empresa de España, DomusVi, fue también la que acudió a los tribunales en Galicia con la pretensión de que se mantuviesen ocultos los datos de aquella comunidad.

En las 14 comunidades autónomas que han facilitado los datos a infoLibre estaban operativas 3.949 residencias en marzo de 2020. Pues bien, en 2.473 no se registró ni un solo fallecido con covid o síntomas compatibles, lo que equivale al 62,6% del total.

En ocho territorios ese porcentaje fue bastante más alto, situándose entre el 73,6% de Baleares y el 94,5% de Canarias. Pero también hubo cuatro comunidades donde la cifra no llegó a la mitad: Cataluña (48,0%), Castilla-La Mancha (42,7%), La Rioja (41,9%) y Madrid (28,2%). Como en casi todos los datos relacionados con el impacto del covid en las residencias durante la primera ola, la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP) tiene con diferencia las peores cifras. En el caso de residencias sin fallecidos se desvía más de 34 puntos porcentuales de la media de España.

Además, en otros 641 centros (16,2% del total) el número de personas muertas con covid o síntomas compatibles se quedó por debajo de cinco. De forma que, sumados ambos porcentajes, se concluye que casi en el 79% de las residencias de España el impacto del covid fue nulo o moderado.

El problema se concentró en el 21% restante de centros, y muy especialmente en los 165 donde murieron veinte o más personas y en los 54 con cuarenta decesos o más. En total, 219 residencias transformadas en trampas mortales para quienes allí vivían.

Hay que señalar que estos datos solo recogen los fallecimientos de personas con covid o síntomas compatibles. En las comunidades donde se desplomó la derivación a los hospitales de residentes enfermos –Madrid, Catalunya, Castilla y León–, se disparó también el número de mayores fallecidos por otras causas o que tenían covid pero no consta así en las estadísticas oficiales, puesto que en aquellos dos primeros meses faltaron test de diagnóstico en muchos lugares. En Madrid, por ejemplo, fallecieron 9.470 residentes en marzo y abril de 2020, de ellos 5.795 diagnosticados con covid o síntomas compatibles. Pero las órdenes de no trasladar pacientes a hospitales afectaron tanto a quienes tenían covid como a quienes sufrían otras enfermedades. El resultado es que 7.291 personas murieron en las residencias madrileñas sin recibir atención hospitalaria. En Cataluña y Castilla y León el número de mayores que fallecieron en los propios centros también se situó por encima del 70% del total. Y aunque Castilla-La Mancha no facilita esa información porque alega que no la tiene, otros datos relacionados con el impacto de la pandemia apuntan a que también superó o se acercó a esa cifra.

En las 14 comunidades que han facilitado los datos a infoLibre fallecieron con covid o síntomas compatibles 15.010 residentes. Este periódico cruzó esos datos desglosados por centros con la información de quién gestionaba en aquel momento cada uno de ellos, para así poder analizar si la gestión pública o privada fue un elemento diferencial.

Es importante indicar que este periódico no analizó quién era titular de la residencia, sino quién la gestionaba. La diferencia es muy importante ya que en España hay más de 750 centros que son de titularidad pública, pero que están privatizados. En los dos últimos años se han publicado informes en varias comunidades –Castilla y León, Navarra, Galicia– sobre el impacto de la pandemia en residencias, que entre otras cuestiones estudian los datos por tipo de gestión. Pero, en todo ellos, ese análisis se hace según la titularidad del centro. Ello supone atribuir los fallecimientos de los centros privatizados al sector público, lo que distorsiona de forma clara los resultados. Además de ser completamente ilógico, puesto que lo significativo es saber quién gestiona la residencia y no quién es el dueño del inmueble.

Un primer análisis sobre el impacto del covid en las residencias según el tipo de gestión muestra el siguiente resultado: los centros de gestión pública disponían de un 13,23% de las plazas y en ellos se produjeron el 12,96% de los fallecimientos (1.945 personas), mientras que en las residencias de gestión privada se concentraban el 86,77% de las plazas y en ellas se contabilizaron el 87,04% de los decesos (13.065 mayores). La afectación fue, por tanto, ligeramente menor en las residencias de gestión pública.

Por comunidades autónomas, en diez fue menor el impacto del covid en los centros públicos, mientras que en Extremadura, País Vasco, Castilla-La Mancha y Cataluña fue menor en las residencias de gestión privada.

La mera división entre gestión pública y privada tiene, no obstante, un problema obvio: incluye en un mismo grupo –el sector privado– realidades completamente diferentes, desde la residencia de 40 plazas propiedad de una pequeña sociedad familiar a los geriátricos de multinacionales que están en manos de fondos de inversión cuyo objetivo declarado es obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Por no hablar de que ese sector privado incluye tanto a las empresas como a las entidades sin ánimo de lucro –muchas controladas por congregaciones religiosas– y las cooperativas.

Un ejemplo muy claro de esa diversidad es el tamaño de las residencias: el 76% de todos los centros de España tienen menos de cien plazas. Sin embargo, los geriátricos gestionados por los principales grupos son mucho más grandes: 162 plazas de media en los centros de Orpea, 156 en Ballesol, 155 en Amavir, 147 en Vitalia Home, 139 en Sanitas y 133 en DomusVi. Una situación que obedece simplemente a una cuestión económica: la rentabilidad es mayor en las residencias más grandes. Pero las consecuencias del tamaño de los centros van mucho más allá de la economía, como demostró la pandemia, ya que las posibilidades de contagio son más altas en las macrorresidencias (hay más trabajadores y familiares de visita) y también son muchos más los residentes que se pueden ver afectados. El Gobierno central tenía la intención de atajar este problema cuando inició las negociaciones para aprobar un nuevo modelo residencial, pero al final terminó cediendo ante las presiones de la patronal y aceptó que sigan abiertas todas las macrorresidencias ya operativas o en construcción (puedes consultar la serie sobre este tema publicada por infoLibre aquí, aquí y aquí).

En definitiva, para realizar un análisis más afinado del impacto del covid en las residencias según el tipo de gestión es preciso tener en cuenta las diversas realidades que se agrupan bajo la etiqueta de “sector privado”. En esa línea, la gestión del centro por uno de los grandes grupos mercantiles ofrece unos resultados contundentes: las 30 principales empresas gestionaban el 27,49% de las plazas residenciales en las catorce comunidades autónomas (80.707 en números absolutos) y en ellas se produjeron el 36,51 de los fallecimientos (5.480 personas). Una significativa diferencia de nueve puntos porcentuales que deja una idea clara: la mortalidad fue mucho mayor en los geriátricos gestionados por los grandes grupos empresariales que en el resto.

Esas 30 empresas contaban como mínimo con 800 plazas cada una. Entre ellas destacan las ocho gigantes del sector, que cumplían la doble condición de explotar más de 40 centros y gestionar más de 4.500 camas: DomusVi, Orpea, Ballesol, Vitalia Home, Sanitas, Amavir, Colisée y Clece. Todas ellas, por cierto, controladas por fondos de inversión o multimillonarios españoles o franceses.

Pues bien, esas ocho grandes multinacionales explotaban el 18,07% de las camas operativas en las 14 comunidades y en sus geriátricos se produjeron el 24,45% de las muertes. Una diferencia de 6,3 puntos porcentuales.

También dentro de esas ocho gigantes hay diferencias claras: las que tuvieron peores datos fueron Amavir, DomusVi y Orpea. Por el contrario, Clece, Vitalia Home y Colisée tuvieron menor porcentaje de fallecidos que de plazas gestionadas. Hay que señalar, no obstante, que el hecho de que Castilla y León sea una de las comunidades que oculta los datos puede ser significativo en los casos de Clece y Colisée, ya que eran precisamente los dos grupos privados que explotaban más geriátricos en la región. En el caso de Clece, filial del grupo ACS de Florentino Pérez, estaban en Castilla y León 30 de los 66 centros que gestionaba entonces en toda España. Y dicha comunidad fue la tercera donde más residentes fallecieron durante la primera ola de la pandemia, por detrás de Madrid y de Cataluña.

LAS TRES COMUNIDADES QUE OCULTAN LOS DATOS

La solicitud de datos planteada por infoLibre terminó en tres casos en los tribunales de justicia: Galicia, Asturias y Castilla y León. Y todo apunta a que ocurrirá lo mismo en Aragón.

En Galicia, el entonces Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) se negó inicialmente a entregar los datos de las residencias privadas, aunque no tuvo inconveniente en difundir los de las públicas. infoLibre recurrió ante la Valedora do Pobo, que ordenó a la Xunta hacer pública la información. Pero entonces fue DomusVi quien acudió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para solicitar que se mantuviera oculta. En una contundente sentencia, el tribunal rechazó el pasado mes de mayo la maniobra de la multinacional. DomusVi tenía dos meses para acudir al Supremo, pero no lo ha hecho, por lo que el fallo del TSXG ya es firme. Eso llevó a la Xunta a entregar los datos a este periódico.

En Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón (PSOE) se negó a facilitar la información correspondiente al periodo entre el 1 de marzo y el 8 de abril de 2020 (del 9 de abril en adelante publicó los datos en una web). El TSJ de Asturias rechazó el recurso planteado por este periódico, con el argumento de que facilitar la información solicitada exigía al Principado "reelaborar" los datos. infoLibre ha acudido en casación ante el Tribunal Supremo, que aún no ha decidido si admite o no a trámite el recurso.

En Castilla y León, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) se negó a entregar la información solicitada, con argumentos casi idénticos a los que rechazó el TSXG en Galicia: que su difusión vulneraría la protección de datos personales de los residentes y afectaría negativamente a los intereses económicos y comerciales de las empresas. El pleito está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia autonómico fije fecha para la votación y fallo sobre el recurso contencioso planteado por infoLibre.

La otra comunidad que no ha facilitado aún los datos es Aragón, donde la solicitud de acceso a la información aún está en fase administrativa. El Consejo de Transparencia tardó año y medio en resolver la reclamación de infoLibre contra la negativa del Gobierno de Javier Lambán (PSOE) a facilitar los datos. En marzo de 2022, dicho órgano ordenó al Ejecutivo autonómico que diese trámite de audiencia a las residencias antes de resolver sobre la solicitud y que comunicase la apertura de dicho trámite al periodista de este periódico que solicitó la información. Cinco meses después, el Ejecutivo de Lambán no ha hecho nada.

A la vista de esta insólita situación, en la que el Gobierno autonómico incumple las resoluciones del órgano de Transparencia y deja en una clara indefensión a quien solicita el acceso a información pública, infoLibre presentó el pasado 10 de agosto lo que se denomina reclamación previa a la interposición de un recurso contencioso por inactividad de la Administración. Cuando un ciudadano quiere llevar a los tribunales a una Administración al entender que está incumpliendo una obligación legal, es obligatorio presentar una reclamación previa, una especie de última oportunidad para que cumpla en el plazo de dos meses. Si transcurrido ese tiempo la Administración sigue sin cumplir, el ciudadano ya puede acudir a los tribunales.

En los próximos días, infoLibre publicará dos informaciones específicas detallando el impacto de la pandemia durante la primera ola en las residencias de Euskadi, Navarra y Galicia, los últimos a los que ha tenido acceso.

Los Gobiernos central y autonómicos decidieron indultar a las macrorresidencias, de forma que en España seguirán abiertos todos los centros con más de 120 plazas que ya están operativos o se encuentran en construcción. Pero, ¿a quién beneficia esta decisión? La respuesta es muy clara: en primer lugar a los grandes grupos multinacionales que dominan el sector, después a la propia Administración pública y por último a entidades de la Iglesia católica.

Como desveló ayer infoLibre en la primera entrega de esta serie sobre las macrorresidencias, a finales de 2020 estaban funcionando en España 856 centros con más de 120 plazas. En el primer borrador sobre el nuevo modelo residencial presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, sí se ponía fin a los centros de grandes dimensiones, que debían remodelarse en un plazo máximo de cinco años para no superar el tope de plazas fijado. Pero en el acuerdo finalmente aprobado en junio en el Consejo Territorial, se indultó a todos los centros operativos o en construcción, que podrán seguir funcionando con independencia del número de plazas que tengan. Solo tendrán que atenerse al límite de 120 plazas aquellos que obtengan la licencia de obra tras la entrada en vigor del acuerdo.

Si a esas 856 residencias se le suman las que han sido abiertas en 2021 y en lo que va de año, además de las que están en construcción, el resultado es que en España funcionarán más de un millar de centros con más de 120 plazas.

A finales de 2020, había en España 5.178 residencias operativas, según los datos facilitados por los 16 Gobiernos autonómicos y las tres diputaciones forales vascas competentes en la materia. Es un sector donde conviven desde multinacionales en manos de fondos de inversión a pequeños negocios familiares. Desde centros gigantes a otros con menos de 50 plazas, tamaño con el que contaban 2.370 residencias, lo que equivale al 45,7% del total.

Como es lógico, los intereses de los gestores son muy diferentes, aunque las voces patronales que más se escuchan son las que representan a las grandes empresas. Y para estas tener muchas camas es fundamental, puesto que los beneficios crecen de forma muy significativa según se va incrementando su número. Y a la inversa, claro, cada plaza menos se traduce en menor facturación y beneficios.

En España se pueden identificar ocho gigantes del sector privado empresarial: DomusVi, Orpea, Ballesol, Vitalia Home, Sanitas, Amavir, Colisée y Clece. A finales de 2020, esas ocho compañías explotaban en conjunto 485 centros y 64.060 camas. Sus principales dueños son fondos de inversión y multimillonarios franceses y españoles.

Pues bien, esos ocho gigantes gestionaban en aquel momento 274 macrorresidencias, lo que supone un tercio de todas las existentes en España.

DomusVi es el grupo hegemónico en España y el único que tiene centros en todas las comunidades autónomas. Está en manos de fondos ingleses y franceses, con una compleja estructura societaria que pasa por varios países y termina en Jersey. De las 139 residencias que gestionaba a finales de 2020, 84 tenían más de 120 plazas (el 60,4% del total).

Visto desde otra perspectiva, una de cada diez macrorresidencias de España está gestionada por DomusVi. No hay ninguna otra entidad pública o privada, o Administración, que tenga un número tan alto de centros de grandes dimensiones. Por tanto, se puede concluir que la principal beneficiada por el indulto a las macrorresidencias acordado en el Consejo Territorial –integrado por el Gobierno central y los autonómicos– es la multinacional DomusVi.

Otros cuatro gigantes empresariales explotaban una treintena de macrorresidencias cada uno. Se trata de Orpea (36 centros), Ballesol (32), Sanitas (32) y Amavir (31). Por su parte, Vitalia Home tenía 29 y Colisée contaba con 21. El grupo que disponía de menos era Clece, propiedad del empresario Florentino Pérez, situación que se debe esencialmente a que dicha compañía explota muchos centros propiedad de ayuntamientos, que suelen ser instalaciones más pequeñas.

Tras los grandes grupos multinacionales, la segunda gran beneficiada por la amnistía a las macrorresidencias son las diferentes Administraciones públicas, dueñas en total de 172 residencias con más de 120 plazas, lo que equivale al 20% de las existentes en España.

Hay que destacar que una cosa es que la Administración sea titular del centro y otra que lo gestione. De hecho, en 59 casos se trata de centros privatizados, mientras que los 113 restantes cuentan con gestión pública.

De esas 59 macrorresidencias privatizadas, 22 estaban en manos de alguno de los gigantes empresariales. En concreto, DomusVi tenía trece, Clece explotaba cuatro, Amavir contaba con tres y Vitalia Home disponía de dos.

Si nos fijamos en el tipo de Administración titular del macrocentro, 140 eran propiedad de las comunidades autónomas, las diputaciones forales vascas o los cabildos insulares. En 16 casos pertenecían a ayuntamientos o entidades municipales, en 15 a diputaciones provinciales y en uno al Estado (una residencia en Melilla).

Por comunidades autónomas, Madrid es la que tiene más macrorresidencias de titularidad pública, con un total de 32. A continuación se sitúan Castilla y León (19), Andalucía (16), País Vasco (16), Castilla-La Mancha (15) y Galicia (14).

La tercera gran beneficiada por el indulto gubernamental es la Iglesia católica. Hay que tener en cuenta que, si la Iglesia funcionase como un solo grupo, sería el principal en España con diferencia. Pero lo cierto es que despliega su actividad a través de múltiples entidades, desde órdenes religiosas hasta fundaciones, Cáritas o incluso los propios obispados. En conjunto, en torno a un 11% del total de camas en residencias están en manos de organizaciones de la Iglesia.

La principal entidad en cuanto a número de centros es la congregación de monjas de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con 114 repartidos por España. Si no diferenciamos entre sociedades mercantiles y entidades sin ánimo de lucro, las Hermanitas serían el segundo grupo de España por número de residencias y de camas, sólo por detrás de DomusVi.

Pues bien, también en cuanto a número de macrorresidencias ocupan esa segunda posición. En concreto, 53 de sus centros cuentan con más de 120 camas.

La Fundación San Rosendo controla cinco macrorresidencias, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl gestiona cuatro y Cáritas se encarga de tres. A ellas hay que sumar otras cuantas decenas de centros en manos de fundaciones o asociaciones individuales. Por ejemplo, la residencia más grande de España es el Hogar Santa Rita, situada en la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz. Dispone de 710 plazas autorizadas y está gestionada por una fundación católica.

Otro de los grandes operadores del sector es Mensajeros de la Paz, entidad controlada por el padre Ángel, que explota diez macrorresidencias en España.

infoLibre publicará mañana la tercera y última entrega de esta serie sobre las macrorresidencias, que se centrará en analizar en qué medida influyó el tamaño de los centros en el impacto que tuvo la pandemia en las residencias.

Patrick Métais recuerda su trabajo en Luxemburgo como si fuera ayer. El antiguo director médico de la multinacional de residencias Orpea pasó un año entero, de enero a diciembre de 2011, como administrador de una oscura empresa llamada Health Luxembourg Invest (HLI). "Llevaba una década trabajando para Orpea cuando Jean-Claude Marian [el fundador de la compañía], me pidió que fuera a Luxemburgo para lanzar una nueva filial", rememora.

El emblemático doctor Marian le dijo que renunciara a su puesto en Orpea para unirse a HLI. El objetivo declarado de su destino, según Métais, era conseguir nuevas instalaciones en Luxemburgo, en el norte de Francia y en Suiza para el gigante europeo de las residencias. Tanto el reto como el salario de 24.000 euros al mes resultaban tentadores.

Sin embargo, Luxemburgo no se limitó a servir de lanzadera para la expansión europea de Orpea. El Ducado, territorio de baja fiscalidad, también fue el lugar desde donde Orpea abonó comisiones secretas para hacerse con nuevas residencias. Así lo evidencian documentos y testimonios obtenidos durante los últimos meses por el consorcio periodístico Investigate Europe (IE) y sus socios, entre ellos Mediapart en Francia e infoLibre en España.

Al menos en una de las operaciones apareció involucrada Lipany, una trama societaria que realizó desde Luxemburgo múltiples negocios con Orpea, cuya existencia fue desvelada por Investigate Europe y sus socios hace dos semanas [puedes leer aquí la información publicada en infoLibre]. Esta información provocó un importante desplome de la cotización del grupo de residencias en la Bolsa de París.

Orpea, al igual que otras multinacionales, ha convertido el cuidado de los mayores en un enorme negocio que llena los bolsillos de sus accionistas y ha hecho multimillonario a su fundador, el ya jubilado Jean-Claude Marian. Su sede está en Francia y tiene como principal accionista al fondo de pensiones canadiense CPPIB. Con establecimientos en 23 países, cuenta con una red de 1.100 centros y más de 110.000 camas. En España explota 52 residencias, que disponen en conjunto de más de 8.000 camas. Es el segundo principal operador del sector, solo por detrás de DomusVi, y el líder en la Comunidad de Madrid, donde tiene 23 geriátricos.

Patrick Métais explica que, al principio, HLI parecía una sociedad normal. Compartía una pequeña oficina en el Boulevard Joseph II, en la ciudad de Luxemburgo, con otro socio histórico de Orpea, Jean-François Remy, "un tipo al que no conocía muy bien y que debía ocuparse de la parte administrativa, mientras yo tenía que centrarme en la parte médica".

Remy, un intermediario autónomo del norte de Francia, ayudaba a la multinacional a comprar inmuebles y a obtener de las autoridades las licencias necesarias para la apertura de residencias. Mencionado por primera vez en el libro de investigación Les Fossoyeurs (Los sepultureros) del periodista francés Victor Castanet, que sacó a la luz el maltrato de Orpea a los residentes, Remy era uno de los proveedores comerciales de la multinacional. 

La implicación de Orpea en HLI no terminaba con Métais y Remy. El entonces director financiero del grupo de residencias, Sébastien Mesnard, viajaba a Luxemburgo casi todos los meses para "revisar" su trabajo, según Métais. Todo parecía indicar que HLI formaba parte de Orpea. 

Pero había una anomalía: la empresa no fue creada por la multinacional, sino por otra compañía denominada Yellowstone SA. Propiedad de Jean-François Remy, Yellowstone SA fue fundada en Luxemburgo en 2009 y, al menos sobre el papel, es completamente independiente de Orpea.

Al ser preguntado por Investigate Europe, Remy admitió que HLI fue utilizada para pagarle una importante comisión a espaldas de los auditores de Orpea. La sociedad, afirma, fue creada siguiendo las instrucciones de Yves Le Masne. entonces director general de la multinacional: "Le Masne me prometió 1,5 millones de euros de comisión por conseguir centros de 80 plazas en cualquier lugar de Francia. Lo conseguimos en Vouziers, en la región de las Ardenas. Quería abonar la mitad de ese importe a través de Luxemburgo, así que constituí HLI a petición suya". Le Masne no respondió a las preguntas de Investigate Europe.

Cuando Métais inició su mandato en HLI en 2011, "era un cascarón vacío", diseñado únicamente para pagar su generoso salario, con fuertes gastos de funcionamiento financiados por préstamos de Orpea.

Pero justo dos días después del nombramiento de Métais, se produjo una curiosa transmisión de acciones: el 49% de la empresa se vendió a una de las filiales oficiales de Orpea: Brige SA. El precio de la transacción, 715.190 euros, fue astronómico, dado que HLI no tenía otro valor que su capital social de 31.000 euros.

Esta adquisición fue, por tanto, una maniobra para ocultar el pago de la comisión secreta a Remy de 700.000 euros (los otros 15.190 se correspondían exactamente con el 49% del capital). Por un lado, permitía a Orpea "ocultar esta recompensa a sus auditores, explica Remy. Un auditor podría preguntarse por qué un intermediario recibía semejante suma por obtener una licencia para una residencia que las autoridades francesas conceden gratuitamente. 

El esquema estuvo a punto de ser descubierto dos años después por una imprudencia de Orpea, sostiene Remy.

En 2013, la policía registró la sede de la multinacional mientras seguía la pista del pago de otra comisión.

Los directivos de Orpea tenían mucho miedo, recuerda Remy, de que los investigadores dieran con la comisión de Vouziers. "Unos meses después, Gérard Tubiana, jefe de desarrollo de Orpea, nos dijo que tenía que dejar de ser administrador de HLI", añade.

Tubiana, que era administrador desde 2011, dimitió el 6 de enero de 2014. El mismo día, acudió al rescate Lipany, el socio empresarial secreto luxemburgués de Orpea. Así lo demuestra una carta que recibió Remy, firmada por dos directivos de Brige, informándole de que se había traspasado el 49% del capital de HLI "a la compañía Lipany SA".

Las cuentas de Lipany de 2014 recogen esta operación, realizada por el mismo importe que tres años antes, 715.190 euros, Lipany depreció de inmediato esta inversión en sus libros, admitiendo que el valor real de HLI era casi nulo.

Dado que Lipany era una sociedad desconocida –y permaneció en el anonimato hasta que Investigate Europe reveló sus vínculos con Orpea hace dos semanas–, el vínculo entre la multinacional y HLI quedaba en teoría roto y la operación de encubrimiento se había completado.

Roberto Tribuno, ex director general de Orpea en Italia y dueño oficial de Lipany, niega cualquier actuación irregular. "No conozco al Sr. Remy y no tengo conocimiento de ningún pago de comisiones por parte de Health Luxembourg Invest, ya que no estoy involucrado en las operaciones de las empresas filiales", declaró Tribuno a Investigate Europe. Tribuno añadió que Lipany compró las acciones de HLI "con vistas a desarrollar nuevas actividades en Luxemburgo".

A pesar de estas precauciones, Métais fue interrogado por la policía en 2013 sobre su trabajo en HLI y su conocimiento de las actividades de Yellowstone con Orpea. Remy también tuvo que entregar documentos relacionados con sus empresas luxemburguesas y sus negocios con el grupo de residencias. La sede de la multinacional fue incluso registrada en dos ocasiones por la policía, en 2013 y 2021.

Sin embargo, queda una pregunta: ¿cómo recibió Remy la segunda mitad de su comisión de 1,5 millones de euros?

"Los 800.000 euros restantes se transfirieron a la sucursal suiza de Yellowstone", explica el propio Remy. La matriz del grupo Yellowstone estaba en Chipre y la sociedad luxemburguesa había creado filiales en Suiza y Francia. El negocio suizo, indica, estaba en manos de un representante local, ya que sólo los residentes pueden tener una empresa en el país.

Cuando se le preguntó sobre HLI y las comisiones reveladas en este artículo, Orpea declinó hacer comentarios. "Sus preguntas se refieren a asuntos que, según el conocimiento del grupo, ya son objeto de investigaciones penales", escribió Orpea en un comunicado enviado a Investigate Europe. "Orpea, que ya ha cooperado plenamente con las investigaciones realizadas, se reserva sus declaraciones para los investigadores".

Le Masne y Tubiana no respondieron a las cartas y correos electrónicos enviados por los periodistas para conocer su versión. Tampoco lo hizo Sébastien Mesnard, que dejó Orpea en medio de las revelaciones de Investigate Europe sobre Lipany.

El discreto pago a Remy no es la única transacción dudosa entre Orpea y sus proveedores comerciales. Investigate Europe descubrió que se crearon varias empresas o cuentas bancarias en Suiza y Luxemburgo como vía para abonar comisiones a los intermediarios que conseguían residencias para el grupo. Uno de estos negocios, aunque al final fracasó, es un ejemplo paradigmático del modus operandi.

En abril de 2015, la ciudad francesa de Charleville-Mézières, cerca de la frontera belga, bendijo la venta de 17.848 metros cuadrados de terreno en un antiguo polígono industrial. El objetivo era construir una residencia para personas mayores y en el periódico local se informó de que la parcela y la licencia para explotar 80 camas se vendieron a "una filial de Orpea".  

Según las actas del ayuntamiento, el precio acordado fue de 178.000 euros (apenas 10 euros por metro cuadrado). Pero Charleville-Mézières no negoció con Orpea. Durante meses, estuvo en contacto con Yellowstone SAS, la filial francesa del grupo creado por Remy.

"Yves Le Masne me pidió que pusiera en marcha este negocio", afirma Remy, señalando al entonces director general de Orpea. "La idea era que yo me encargara del trato, de las tareas administrativas y de la planificación urbanística, para luego vender la empresa a Orpea por un precio mucho más alto". La estratagema habría disfrazado otra comisión secreta como una adquisición de capital a través de Luxemburgo.

El alcalde de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, presentó personalmente el proyecto al pleno, según informó la prensa. Sin embargo, no reveló a los concejales que el ayuntamiento había estado negociando durante meses con la filial de una empresa con sede en Luxemburgo.

"La corporación dio luz verde a la venta de terrenos locales a una empresa [Yellowstone SAS] que decía actuar en nombre de Orpea", argumentó Ravignon, antiguo asesor del presidente Nicolas Sarkozy, al ser contactado por Investigate Europe. Sin embargo, nada relacionaba entonces aparentemente a Yellowstone SAS con Orpea.

Al final, como el terreno resultó estar contaminado, los 178.000 euros prometidos nunca se pagaron y la ciudad se quedó con la parcela. Orpea no consiguió su residencia, pero sí cubrió parte de la inversión de Remy comprando Yellowstone SAS. La empresa, valorada en 40.000 euros, fue adquirida oficialmente por 35.000 euros por la filial inmobiliaria de Orpea (Niort 94). El canje se discutió mediante mensajes de texto, vistos por Investigate Europe, entre Remy y Sébastien Mesnard, director financiero del grupo hasta finales de 2021.

Yellowstone SAS, rebautizada como Résidence Ardennaises, figura ahora como un cascarón vacío en las cuentas oficiales de Orpea.

No es de extrañar que Ravignon confiara en Remy. El antiguo negociador de Orpea nació a un tiro de piedra de Charleville-Mézières, en el pueblo de Rouvroy-sur-Audry. Su abuelo, un reconocido empresario local, tenía una amplia red de negocios y llegó a ser alcalde del pueblo.

"Ravignon y yo nos conocemos desde siempre. Posteriormente, se convirtió en asesor de Nicolas Sarkozy en el Palacio del Elíseo", cuenta Remy.

Las empresas de Remy en Luxemburgo son una prueba de sus vínculos con personajes poderosos del noreste de Francia. En los archivos de Yellowstone SA aparece otro nombre interesante: Alain Guillaumin, director general del Consejo de las Ardenas hasta 2014. Las residencias entraban dentro de su ámbito de actuación, según ha podido saber Investigate Europe por documentos públicos. En 2013, por ejemplo, Guillaumin firmó una ordenanza que fijaba el rango de precios de un centro de Orpea cuya apertura fue asegurada por el propio Remy.

Tras su trabajo como alto funcionario, Guillaumin fue nombrado administrador de Yellowstone entre 2018 y 2021. A preguntas de Investigate Europe, Guillaumin respondió que "se había unido a Yellowstone porque Jean-François Remy tenía planes para construir residencias". Añadió que no había conflicto de intereses entre su antiguo cargo público y el de administrador de Yellowstone porque "había transcurrido un periodo de más de tres años, el periodo que fija la normativa". Remy también destaca que Guillaumin no realizó "favor alguno" a Orpea mientras trabajó para la Administración. En cuanto al periodo posterior a 2017, Remy afirma: "Le sugerí que se convirtiera en administrador de HLI porque estaba buscando financiación para nosotros, y eso le ayudaría en sus esfuerzos, que en todo caso no dieron ningún fruto". 

Cuando una periodista de Investigate Europe se reunió por primera vez con Remy en la ciudad de Metz, el empresario llevaba una camisa de cuadros y un maletín. "No tengo nada que ocultar", repetía entre cada explicación. A sus 66 años, ya no trabaja para Orpea y parece ignorar por qué el grupo puso fin a su fructífera asociación de 15 años.

"Creo que hacia el final, sabía demasiado", indica Remy, lo que incluye datos sobre la vida personal y los gastos de algunos de los principales directivos de Orpea. Cuando estaban en privado, se soltaban, mantiene Remy.

¿Sabía efectivamente demasiado? Orpea no quiso hacer comentarios.

En 2003, mucho antes de su ruptura, la multinacional y el empresario habían sentado las bases de su cooperación. El primer contrato que Remy consiguió para Orpea fue el de la residencia Patrice Groff, también en Charleville-Mézières. 

Ya entonces, su comisión cogió un desvío por Luxemburgo. Remy asegura que las instrucciones sobre el tipo de pago, aunque no sobre la cantidad, venían directamente del fundador de Orpea, Jean-Claude Marian, ahora multimillonario retirado que vive en un exilio fiscal en Bélgica. 

Yellowstone aún no existía, pero su antecesora, Compagnie de Conseils et Services CSS SA, tenía el mismo propósito. Registrada en 2002 por sociedades pantalla de la isla de Nuie, un paraíso fiscal, esta fiduciaria fue utilizada para pagar una comisión de "un millón de francos", confesó Remy. 

Veinte años después, la memoria no le fallaba, a pesar de la nueva moneda europea. En 2003, los estados financieros de CSS SA recogían efectivamente 156.900 euros en concepto de "prestación de servicios".

Investigate Europe localizó a otro antiguo proveedor de negocios de Orpea que fue administrador de CSS SA junto a Remy. Bajo condición de anonimato, confirmó que él mismo envió la factura a la multinacional. También reveló cómo acabó la historia.

"La policía vino una mañana", relató. "Abrí la puerta y se incautaron de todos los archivos". Según comprobó Investigate Europe en los registros de la empresa, la desaparición de CSS SA se produjo tras la visita de los agentes judiciales enviados por los servicios de la Seguridad Social. Como la empresa no podía pagar los 44.000 euros que debía en concepto de cotizaciones sociales, un juzgado declaró su quiebra y fue dada de baja.

Este desafortunado asunto no impidió a los intermediarios de Orpea continuar su lucrativa colaboración con la multinacional. 

Lejos de las colinas septentrionales de las Ardenas, la expansión meteórica de Orpea llegó también al sur de Francia. Allí, en Bouches du Rhône, la venta de dos residencias también implicó comisiones dudosas pagadas a través de jurisdicciones extranjeras. 

Una de ellas está siendo investigada por la fiscalía financiera francesa por "fraude fiscal y blanqueo agravado", según informó la revista francesa Challenge el pasado mes de octubre. Las declaraciones de varias fuentes directas han permitido a Investigate Europe rastrear estas transacciones. 

En 2008, salieron al mercado dos residencias: Les Alizées en Saint-Cyr-sur-Mer y Paul Cezanne en Aix-en-Provence. Uno de sus principales propietarios, la familia marsellesa Fabre, querían retirarse del negocio. Georges Dubois, un intermediario local, avisó sobre la oportunidad al entonces jefe de desarrollo de Orpea, Léon Guimbretière. La escritura de venta se firmó rápidamente. Las instalaciones de Saint-Cyr se traspasaron "por 10 millones de euros y Paul Cezanne por 15 millones de euros", explicó a Investigate Europe Patrice Fabre, uno de los vendedores. 

Pero el acuerdo era doble. En un acuerdo secreto con los negociadores de Orpea, los Fabre también pagaron una suma oculta de 2,5 millones de euros. El dinero llegó primero a la cuenta bancaria de Dubois en España, antes de encontrar el camino hacia la cuenta del jefe de desarrollo en Suiza. "Cuando comprobé mi cuenta, no podía creerlo", afirmó el ex ejecutivo bajo condición de anonimato. 

Posteriormente, realizó un viaje a Ginebra con Dubois y los Fabre para repartir el botín. Remy, que de alguna manera también apareció en la foto ese día, aseguró a Investigate Europe que sólo le invitaron a visitar una residencia de ancianos en la ciudad, hasta que Guimbretière le pidió “que les llevara a la Banca Svizera Italiana".

Este banco fue cerrado en 2016 por las autoridades locales tras un caso de malversación de fondos.

"Esperé en el vestíbulo a que resolvieran sus asuntos y nos fuimos a comer cerca", recordó Remy. "Fue entonces cuando me enteré de la comisión suiza y de cómo se transfirió a través de España".

Hoy, los antiguos socios se pasan la pelota unos a otros. Guimbretière acusa a Remy de estar detrás de toda la operación, mientras que Remy afirma que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esta versión es corroborada por Patrice Fabre, que dice que sólo trató con Guimbretière y con Dubois. 

Fabre sostiene que aceptar aquella operación era una necesidad. Dada la pésima situación financiera del centro Paul Cezanne, consideró que era la única manera de "salvar" a su familia. Y destaca que declaró ante Hacienda el dinero que recibió de Suiza, y que ni él ni su padre han sido sancionados por las autoridades fiscales.

Investigate Europe no pudo contactar con Dubois, pero Guimbretière reconoció que se embolsó 500.000 euros con esta operación, la única de esa naturaleza en su carrera, destaca. Y asegura que nunca participó en ninguna otra trama con Remy.

El reparto exacto de los 2,5 millones depositados en Suiza sigue siendo un misterio. Guimbretière reconoce que recibió 500.000 euros. Patrice Fabre se niega a dar la cantidad, pero dice que recibió menos de dos millones de euros y "lo declaró todo" ante Hacienda. Remy jura que "no tocó ni un céntimo", ya que no estaba implicado en el caso. En cuanto a Dubois, Investigate Europe no pudo contactar con él. 

14 años después, los protagonistas siguen culpándose mutuamente de esta decisión que, según sospecha la Fiscalía francesa, estaba diseñada para enriquecer a los intermediarios y vendedores mientras engañaban a las autoridades fiscales.

Este tipo de maniobra también dio a Orpea una ventaja considerable frente a sus competidores a la hora de adjudicarse nuevas residencias. Este tipo de prácticas permitía pagar precios más elevados, con un recargo que escapaba a la fiscalidad en Francia. Guimbretière insiste en que Orpea no sabía nada del acuerdo. También en este caso, Orpea dijo que sólo hablaría con la policía.

Interrogada por la revista Challenge cuando se conoció la investigación, Orpea declaró que sus directivos no estaban "directamente implicados", y añadió que al no ser "parte en el procedimiento, Orpea no tiene acceso al expediente del caso". 

Sin embargo, al menos el antiguo jefe de desarrollo está implicado en la investigación. Según dijo a Investigate Europe, no sólo fue escuchado por los investigadores, sino que también se le obligó a pagar 400.000 euros en concepto de impuestos. En cuanto a Orpea, no es de extrañar que no pudiera revisar el caso, ya que aún estaba en su fase preliminar. Sin embargo, la sede del grupo fue registrada por agentes anticorrupción el pasado mes de octubre en el marco de la misma investigación. 

La fiscalía financiera francesa lleva investigando el contrato de Bouche-du-Rhône desde 2017.

"Llevo 14 años con esta historia", se lamenta el ex jefe de desarrollo. "He cometido un error y no hay día que no me arrepienta. Cuando manejas millones, puedes perder la cabeza y quieres sacar tu tajada...". En la conversación telefónica con Investigate Europe, este empresario jubilado sigue intentando relativizar las cosas: "Después de todo, lo que hicimos sólo es dinero... No matamos a nadie, no murió nadie".

La cotización de Orpea se desplomó este miércoles en la bolsa de París horas después de que una investigación publicada a primera hora de la mañana por el consorcio periodístico Investigate Europe, en el que infoLibre participa como único medio español [ver aquí], y Mediapart. La acción perdió hasta un 29% de su valor durante la sesión, antes de recuperarse y cerrar con un -19,17%.

En un comunicado enviado a la agencia AFP, el gigante francés de las residencias de ancianos dijo que había despedido a su antiguo director financiero, sin precisar la fecha, Sébastien Mesnard, el principal ejecutivo de Orpea mencionado en la investigación periodística. Mesnard había sido degradado el pasado diciembre, pero seguía en el grupo como responsable de financiación. 

La investigación reveló que Orpea se apoyó en una empresa luxemburguesa llamada Lipany, que acumuló 92 millones de euros de activos en cuatro países europeos, Francia, Italia, Bélgica y Alemania

Mostraba además que Lipany había realizado varias operaciones financieras dudosas con Orpea. En Italia, dos estructuras se vieron implicadas en casos de evasión fiscal y fraude a los fondos públicos. En Francia, Lipany ayudó a Orpea a encubrir el pago de una comisión oculta de 700.000 euros a un intermediario, mientras que catorce empresas propiedad de los dos grupos reclaman en su contabilidad oficial una ventaja fiscal a la que no tienen derecho.

A preguntas de Investigate Europe, Orpea confirmó antes de la publicación que "algunos de los hechos" que les presentamos eran objeto de una denuncia penal por "abuso de los bienes sociales" dirigida al fiscal de Nanterre.

El líder mundial de las residencias de ancianos reaccionó en el comunicado indicando que ya había despedido a su antiguo director financiero Sébastien Mesnard, implicado en nuestra investigación por su proximidad a Lipany. Dejó su puesto de director financiero el pasado mes de diciembre para convertirse en director financiero y contable del Grupo. "Sébastien Mesnard ya no trabaja para la empresa y ya no tiene acceso a su sistema de correo electrónico", dice el comunicado. 

Orpea añade que quiere "arrojar toda la luz sobre las acusaciones formuladas contra el grupo" desde la publicación en enero del libro-investigación Les Fossoyeurs, de Victor Castanet, y que ha "detectado hechos potencialmente delictivos que ponen en duda el comportamiento individual". El grupo añade que ha tomado "las primeras medidas disciplinarias, y varias personas ya han dejado la empresa", entre ellas el Sr. Mesnard. 

Tras negarse a respondernos antes de la publicación de nuestra investigación, Orpea confirma en su comunicado que se niega a comentar el fondo del asunto, "ya que éste se encuentra en los tribunales".

Traducción: Mariam Azarkan

El perfecto manual para ocultar el pago de 700.000 euros a un comisionista usando para ello sociedades en Luxemburgo. Eso es lo que desvela una de las operaciones más sospechosas del último escándalo que afecta a Orpea, una de las principales multinacionales del sector de las residencias de mayores y que explota 52 geriátricos en España.

Un trabajo del consorcio periodístico Investigate Europe, en el que participa infoLibre como único medio español, demuestra que Orpea se ha apoyado en un oscuro holding luxemburgués llamado Lipany para su expansión en varios países europeos. Y también ha sacado a la luz diversas operaciones irregulares cometidas por sociedades que integran la trama societaria (puedes leer aquí la investigación completa).

Pues bien, una de esas actuaciones muestra lo sofisticadas que pueden ser las operaciones diseñadas por multinacionales como Orpea para camuflar una comisión que desean ocultar en su contabilidad oficial. En sus diversas fases implicó la participación de hasta cuatro sociedades en Luxemburgo.

A continuación, se describe paso a paso cómo funciona ese manual para comisionistas.

El origen de la operación está en una comisión que Orpea acordó abonar a Jean-François Remy, quien actuaba como intermediario para la multinacional. Su trabajo consistía en buscar centros que Orpea pudiera adquirir o conseguir las licencias necesarias para que un geriátrico pudiera operar.

En un libro de investigación titulado Les Fossoyeurs (Los sepultureros), del periodista francés Victor Castanet, Remy cuenta que en una ocasión recibió 700.000 euros como parte de una comisión por conseguir una de esas licencias, pero Orpea quería ocultar el pago a su auditor financiero. Así que la multinacional le pidió que creara una sociedad en Luxemburgo, de la que luego Orpea compraría el 49% de las acciones. "Era mucho más presentable para los auditores, ya que no se trataba del pago de una factura por "asesoramiento técnico", sino de una inversión en una empresa", explica Remy.

El intermediario no revela en el libro de Castanet el nombre de ninguna de las sociedades implicadas, pero Investigate Europe ha logrado identificar las empresas que participaron en la operación y los documentos que avalan su versión.

Jean-François Remy era dueño de una sociedad en Luxemburgo llamada Yellowstone SA que utilizó para constituir, el 30 de septiembre de 2010, una filial en el Gran Ducado. La denominó Health Luxembourg Invest (HLI) y se creó con un capital de 31.000 euros.

El 13 de enero de 2011, Orpea decidió pagar 715.190 euros por el 49% de HLI, la sociedad constituida tres meses antes por Remy. Pero el único valor de la compañía eran los 31.000 euros aportados como capital social. Por tanto, las acciones que estaba comprando Orpea tenían un valor de 15.190 euros (el 49% de 31.000).

De ahí la cantidad que abonó Orpea: 700.000 euros de comisión, más 15.190 euros que costaban las acciones.

Para esta operación, Orpea utilizó una de las múltiples filiales que tiene en Luxemburgo. En concreto, una compañía denominada Brige SA.

Investigate Europe ha tenido acceso a las cuentas de Yellowstone –la vendedora de las acciones de HLI– y de Brige –la compradora– donde se recoge la operación.

Orpea había logrado pagar de forma camuflada la comisión a Remy, pero ello le había generado un problema: tenía en la contabilidad de Brige un activo tóxico, por el que había pagado un sobreprecio de 700.000 euros.

Para solucionar este problema entra en juego una cuarta sociedad, también con sede en Luxemburgo y llamada Lipany. El dueño de esta compañía es Roberto Tribuno, que en aquel momento era presidente de Orpea en Italia. Y, como desvela la investigación periodística de Investigate Europe, Lipany es la matriz de un holding con más de 40 filiales que han hecho negocios con Orpea en Francia, Italia, Bélgica y Alemania.

En 2014, Lipany le compra a Brige el 49% del capital que tenía en HLI. Y lo hizo exactamente por el mismo precio que en la primera operación: 715.190 euros.

Ese mismo año, Lipany depreció el valor de esta inversión en sus libros, admitiendo que el valor real de HLI era casi nulo.

Orpea había solucionado el agujero en sus cuentas, gracias a que Lipany acudió a su rescate.

Parece lógico pensar que Orpea le pagó ese favor a Tribuno, pero es algo que Roberto Tribuno no ha querido explicar. A preguntas de Investigate Europe, Tribuno señaló lo siguiente sobre la compra del 49% del capital de HLI, que a día de hoy sigue perteneciendo a Lipany: "Health Luxembourg Invest fue adquirida con el fin de desarrollar nuevas actividades en Luxemburgo. No conozco al señor Remy, y mucho menos a su empresa Yellowstone SA. Y no tengo conocimiento de ningún pago de comisiones". De acuerdo con esta versión, Tribuno adquirió la compañía para desarrollar nuevos negocios, pero el mismo año que compró las acciones por 715.190 euros se dio cuenta de que no valían prácticamente nada.

Por su parte, Jean-François Remy confirmó a Investigate Europe el cobro de los 700.000 euros a través de Brige, la filial de Orpea.

Más allá del caso concreto de Remy, este tipo de operaciones suelen plantear problemas en el terreno tributario. Hacienda regula en todos los países qué ingresos debe declarar una persona como renta personal y qué se puede atribuir a una sociedad. En muchos países de la UE, entre ellos España, el tipo impositivo para un ingreso de 700.000 euros sería más del doble como renta personal que como sociedades. A ello se suma otra circunstancia: la mayoría de las empresas afrontan gastos que no tiene una persona física y que reducen el beneficio final, que es la cantidad por la que se paga impuestos. Por ejemplo, la luxemburguesa Yellowstone SA abonó en impuestos en 2011 –el año que ingresó los 700.000 euros de comisión– un total de 21.637 euros.

Orpea, una de las principales multinacionales del sector de las residencias de mayores y segundo grupo con más centros en España, se ha apoyado en un oscuro holding luxemburgués llamado Lipany para su expansión en varios países europeos.

Documentos y testimonios obtenidos durante los últimos meses por el consorcio periodístico Investigate Europe (IE) y sus socios –entre ellos Mediapart– durante los últimos meses permiten sacar ahora a la luz esa trama societaria opaca. Y también algunas de las actuaciones irregulares que cometieron las sociedades que la integran. infoLibre es el único medio español que participa en esta investigación.

En Francia, Lipany fue utilizada para encubrir el pago de una comisión presuntamente ilegal de 700.000 euros a un intermediario. Por otra parte, sociedades cuya propiedad comparten el holding luxemburgués y Orpea llevan desde 2018 presentando cuentas en el Registro Mercantil francés con información fiscal falsa, según la versión oficial ofrecida por la multinacional a preguntas de Investigate Europe. Una explicación que equivale a culpar a quien ha sido director financiero de la propia Orpea hasta diciembre de 2021, Sébastien Mesnard, que es también quien dirige las compañías.

En Italia, los responsables de Lipany burlaron a través de una cooperativa las normas sobre el IVA, hasta que las autoridades tributarias lo descubrieron y le impusieron una fuerte sanción.

En la trama hay dos ejecutivos que desempeñan un papel clave. Uno es el citado Sébastien Mesnard. El otro es Roberto Tribuno, durante una década el hombre fuerte de Orpea en Italia y que se declara beneficiario único de la sociedad luxemburguesa matriz del holding (Lipany SA). La estructura incluye más de 40 empresas que han hecho negocios con Orpea en Francia, Italia, Bélgica y Alemania.

Investigate Europe planteó a Orpea las primeras preguntas sobre sociedades y operaciones de la trama el 19 de abril. Fue entonces cuando admitió que existían “errores” en las cuentas de las sociedades francesas cuya propiedad comparte con Lipany. Sin embargo, cuando los periodistas le enviaron un cuestionario más detallado sobre sus negocios con el holding luxemburgués, Orpea alegó que no podía "comentar la información o las alegaciones contenidas” en las preguntas porque "algunos de los hechos identificados han sido llevados a la Fiscalía". El portavoz añadió que algunos de los hallazgos de Investigate Europe también habían sido identificados por el grupo de residencias tras realizar “auditorías especializadas”. 

Efectivamente, Orpea presentó hace varias semanas ante la Fiscalía de la localidad francesa de Nanterre una denuncia contra “personas no identificadas” por una presunta administración desleal. Investigate Europe ha podido saber que entre los hechos descritos en la denuncia figuran operaciones con Lipany y Tribuno. Por su parte, un portavoz de la Fiscalía indicó que no han abierto aún una investigación porque la denuncia de Orpea es reciente y aún la están “analizando”.

Aunque la multinacional francesa ha decidido ahora mover ficha y presentarse como víctima de esa presunta administración desleal por parte de alguno de sus ejecutivos, lo cierto es que durante los últimos 13 años realizó múltiples negocios con el holding luxemburgués.

Orpea, al igual que otras multinacionales, ha convertido el cuidado de los mayores en un enorme negocio que llena los bolsillos de sus accionistas y ha hecho multimillonario a su fundador, el ya jubilado Jean-Claude Marian. Su sede está en Francia, cotiza en la Bolsa de Paris y tiene como principal accionista al fondo de pensiones canadiense CPPIB. Con establecimientos en 23 países, cuenta con una red de 1.100 centros y más de 110.000 camas. En España explota 52 residencias, que disponen en conjunto de más de 8.000 camas. Es el segundo principal operador del sector, solo por detrás de DomusVi, y el líder en la Comunidad de Madrid, donde tiene 23 geriátricos.

La multinacional es protagonista de un enorme escándalo en Francia. En un libro de investigación titulado Les Fossoyeurs (Los sepultureros), el periodista francés Victor Castanet reveló cómo Orpea, pese a estar subvencionada con dinero público, ha recortado agresivamente los gastos para el cuidado de los mayores. Tras la denuncia de Castanet y las revelaciones de Investigate Europe sobre los contratos de trabajo irregulares del grupo, un fiscal francés inició varias investigaciones penales contra Orpea por indicios de maltrato a los residentes, malversación de fondos públicos y violación de la legislación laboral. Las autoridades galas también están investigando decenas de denuncias presentadas por familiares de ancianos residentes en Orpea, alguna de ellas por "homicidio involuntario".

En España también son múltiples las quejas de familiares por el trato que reciben los residentes, tal y como desveló infoLibre. En relación con la catástrofe vivida en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia, la Fiscalía ha interpuesto tres denuncias por lo ocurrido en otros tantos centros de Orpea. Hay que señalar que el Ministerio Público sólo ha interpuesto en total una decena de denuncias, pese a que en marzo y abril de 2020 fallecieron 9.470 personas en las residencias madrileñas, de ellas 7.291 sin recibir atención hospitalaria.

La mejor forma de certificar el carácter secreto que ha tenido hasta ahora Lipany está en la Bolsa de París. Todas las empresas cotizadas envían al regulador bursatil un informe anual detallado sobre sus cuentas y actividades. Los documentos presentados por Orpea entre 2007 –año de la fundación de Lipany– y 2020 suman más de 4.100 páginas. En ellas no hay ni una sola referencia a la sociedad de Luxemburgo. 

El beneficiario último de Lipany, según consta en el Registro Mercantil del Gran Ducado, es el financiero italiano Roberto Tribuno. Nacido en 1963 en la localidad de Biella, a finales de los años noventa trabajó en Londres, donde fundó con otros socios una compañía dedicada al asesoramiento legal y financiero llamada Bridge Kennedy International. Con el cambio de siglo, Tribuno ya aparece vinculado a diversas sociedades en Italia que terminarían formando parte de Orpea en dicho país. Pero el salto cualitativo en su carrera se produce en febrero de 2005, cuando Orpea Italia le concede amplios poderes para gestionar la compañía, convirtiéndose de hecho en su hombre fuerte.

Poco después, en junio de 2007, se funda la sociedad luxemburguesa Lipany. Su propietario se esconde detrás de una compañía de Panamá (Beston Enterprises Inc.) y otra de las Islas Vírgenes Británicas (Bynex International Ltd.), que eran formalmente los accionistas de Lipany. A preguntas de Investigate Europe, Roberto Tribuno sostiene que es dueño del holding luxemburgués desde 2009.

Lipany permanecía hasta ahora en el anonimato, pero no así Beston Enterprises y Bynex International, que aparecieron vinculadas al escándalo de los papeles de Panamá. Ambas eran sociedades pantalla, sin actividad alguna, utilizadas para montar estructuras fiduciarias cuyo único objetivo es ocultar la identidad de sus dueños. Cuando aparecieron sus nombres públicamente, dejaron de ser útiles y fueron disueltas. Así que Tribuno controla ahora Lipany a través de otra sociedad, cuyo nombre se negó a desvelar a Investigate Europe.

Un reciente informe de la ONG francesa Cictar descubrió que Beston Enterprises y Bynex International ya fueron usadas para crear otra sociedad luxemburguesa que compró el edificio de una residencia de ancianos gestionada por Orpea en Francia. "Esto ayuda a mantener en el anonimato a los beneficiarios de las transacciones inmobiliarias de Orpea. Una falta de transparencia que plantea serias dudas si tenemos en cuenta que Orpea es una empresa que cotiza en bolsa y que recibe millones de euros de dinero público cada año”, explica Mike Lewis, de Cictar.

Uno de los hechos más sorprendentes de las relaciones entre Orpea y lo que podríamos llamar el ‘grupo Lipany’ es la compraventa de sociedades entre ellas, a veces en operaciones de ida y vuelta en un corto periodo de tiempo. Pongamos un ejemplo para ilustrarlo: los cambios de propiedad de la sociedad Casamia Asti Srl, dueña de un inmueble en la localidad italiana del mismo nombre que acoge un geriátrico. El 29 de abril de 2014, Orpea vendió la compañía por 5.0 millones de euros a una filial de Lipany. El 30 de diciembre de 2016, la filial de Lipany se lo vendió a una sociedad del grupo Orpea por 5,2 millones. El 28 de diciembre de 2018, Orpea se la revendió a Lipany por 5,0 millones.

Lo ocurrido con Casamia Asti no es un hecho aislado, sino una práctica frecuente. Investigate Europe ha podido documentar hasta 14 operaciones de compraventa de sociedades entre Orpea y Lipany. Detrás de ellas podría ocultarse una práctica de ingeniería fiscal para pagar menos impuestos. A preguntas de los periodistas, Orpea se negó a realizar cualquier comentario alegando que sólo hablará con las autoridades judiciales tras la presentación de su denuncia. Roberto Tribuno, por su parte, asegura que sus compañías “cumplen con toda la normativa civil, contable y tributaria”. Y añade: "Todas las operaciones entre Lipany y Orpea se han realizado siempre con todas las aprobaciones necesarias por parte de los respectivos órganos responsables de ambos grupos, que siempre han actuado con pleno conocimiento de los hechos".

Las cuentas de Lipany dan prueba de la importancia económica que tiene esta estructura paralela montada por Tribuno: en 2019 declaraba tener activos por 92,9 millones de euros. Algo más de siete millones eran dinero en efectivo, pero la mayor parte de ese capital era el valor de sus filiales y préstamos realizados a estas. Otro de los asuntos opacos es saber cómo se financia Lipany, que declara deudas por importe de 94,4 millones, de los que solo 10 millones son préstamos de entidades financieras, mientras que los 84,4 millones restantes están clasificados como “otras deudas” no relacionadas con entidades del grupo. ¿Quienes son esos misteriosos acreedores? El financiero italiano se negó a identificarlos y se limitó a señalar que “Lipany financia sus actividades con fondos propios y fondos de terceros obtenidos en los mercados financieros primarios y secundarios”. En todo caso, lo que es cierto es que estos desconocidos acreedores están entre los beneficiados por Lipany: entre 2015 y 2019 recibieron pagos por importe de 4,8 millones en intereses por sus préstamos.

En los últimos diez años (2010 a 2019), Lipany ha pagado menos de 20.000 euros por el impuesto de sociedades. Y es que, en ocho de esos diez años, la compañía propiedad de Tribuno declaró pérdidas. Pese a que las compañías tienen la obligación de presentar anualmente cuentas en el Registro Mercantil, las últimas que constan de Lipany son las de 2019. Una circunstancia que acrecienta su opacidad.

A preguntas de Investigate Europe, Orpea aseguró que jamás ha sido accionista de Lipany y definió a Roberto Tribuno como un “socio histórico” del grupo.

Lipany es la empresa central de la red societaria a nombre de Tribuno en Luxemburgo, pero en absoluto la única. Hay otras tres compañías relevantes creadas en el Gran Ducado.

La primera se llama Scarano SA y fue constituida en 2006 por las mismas empresas pantalla usadas para montar Lipany (Beston Enterprises y Bynex International). Scarano fue utilizada para entrar en el mercado belga, donde creó en 2013 la filial Laurita Belgium SPRL. Tribuno admite que es accionista de sociedades en Bélgica y Alemania, donde sostiene que actúa solo como inversionista. Scarano fue disuelta en 2018.

La segunda es Health Luxembourg Invest. Desde 2014, Lipany es dueña del 49% de su capital, aunque en este caso lo más llamativo es comprobar quién es propietario del 51% restante: Jean-François Remy, un intermediario que cobró millonarias comisiones del grupo Orpea a cambio de conseguirle licencias para residencias en el norte de Francia. La compra de ese 49% por parte de Lipany tenía como objetivo encubrir el pago de la comisión a Remy [tienes todos los detalles de la operación en esta noticia: Manual para el pago de una comisión en Luxemburgo].

La tercera se llama Rodevita SA y su historia también nos ofrece datos importantes. Aunque Tribuno es el hombre fuerte de Orpea Italia desde 2005, además ejerció como consejero delegado a partir de 2011. En marzo de 2016, dos meses antes de que el grupo francés anunciase que Tribuno dejaría dicho cargo, se constituyó Rodevita. El 55% del capital pertenece a Tribuno y el 45% restante a Brige, otra sociedad luxemburguesa del grupo Orpea. Rodevita cuenta ya con seis filiales en Italia cuyo objetivo es poner en marcha centros para la multinacional.

Es decir, poco antes de que dejase de ser el primer ejecutivo de Orpea Italia, la multinacional decidió crear otra línea de negocio con Tribuno como socio mayoritario. Y no queda ahí la cosa: Orpea también pone parte de la financiación sin intereses. En concreto, el 13 abril de 2018, Brige le hizo un préstamo de 20 millones de euros a Rodevita, que esta compañía transfirió a su vez diez días más tarde a una filial italiana. También sin intereses. En otras palabras: dinero de Orpea se está utilizando para financiar a coste cero una sociedad de Luxemburgo donde Tribuno es el accionista mayoritario.

Luxemburgo también es el lugar desde el que Orpea permitió a Tribuno entrar en el mercado de Alemania. En concreto, Lipany adquirió el 5,2% del capital de cuatro compañías luxemburguesas que son dueñas de inmuebles en localidades germanas donde operan clínicas o residencias de mayores. Orpea controlaba el resto del capital en esas cuatro sociedades. Una de ellas fue vendida en 2020, mientras que las otras tres siguen en manos de Orpea y Lipany.

Roberto Tribuno declara ser el propietario de Lipany, pero hay otra persona que tiene un papel trascendental en todos los negocios del holding luxemburgués con Orpea: Sébastien Mesnard, el director financiero de la multinacional hasta diciembre de 2021.

Sébastien Mesnard entró en Orpea en 1998 y fue nombrado máximo responsable financiero en 2007. Hace medio año pasó a llevar la dirección de financiación y contabilidad. El ejecutivo francés ha compartido tareas de administración con Tribuno en una decena de sociedades italianas. En la mayoría disponía de capital Orpea, por lo que se podía entender que estaba representando sus intereses. Pero también mantuvo ese puesto en compañías cuando eran filiales de Lipany.

Pero hay vínculos más directos entre Mesnard y Lipany. Al menos en tres ocasiones, Lipany designó al ejecutivo francés como uno de los apoderados que podía ejecutar en su nombre compraventas de sociedades italianas con Orpea. ¿Qué sentido tiene que Lipany apodere a Mesnard? A priori ninguno, puesto que ni Orpea ni su directivo declaran tener acciones en la compañía luxemburguesa de Tribuno. Pese a los reiterados intentos de Investigate Europe por conocer la versión de Mesnard, este no ha respondido a las preguntas planteadas.

Pero la prueba definitiva de los estrechos lazos entre Tribuno y Mesnard se encuentra en Francia. Y es que ambos son accionistas de tres sociedades dedicadas a la actividad inmobiliaria: SCI CFPSV Versailles Jupiter, SCI CFPSV París Rousseau y SCI CFPSV París Mechain. Las tres fueron constituidas en 2014 con un capital de 10.000 euros, repartido de una manera muy significativa: Mesnard es dueño del 99% y Tribuno del 1% restante. No parece que Mesnard necesitase realmente esos 100 euros de Tribuno para poner en marcha las empresas. La presencia del italiano sólo se explicaría si ambos tienen un acuerdo más amplio de compartir accionariado en sus negocios conjuntos. “Mi 1% en ciertas compañías francesas es una inversión privada que no tiene ninguna conexión ni con Lipany ni con Orpea, y yo no participo en su administración”, declaró Tribuno a los periodistas.

Uno de los capítulos más sorprendentes de esta historia es el que ocurre en torno a la sociedad francesa RSS Seniors+, que cuenta con 14 filiales. El titular es este: Orpea asegura que su entonces director financiero ha declarado falsamente en las cuentas de las sociedades que están integradas fiscalmente en la multinacional francesa.

Los hechos son los siguientes. RSS Seniors+ es una compañía que pertenece desde 2018 a Roberto Tribuno, a través de la sociedad Laurita Belgium, una filial belga de Lipany. RSS Seniors+ dispone de 14 filiales, donde tiene el 51% del capital, mientras que el 49% restante pertenece a Orpea (a través de Niort 94, sociedad que agrupa buena parte de sus inversiones inmobiliarias en Francia).

Las 15 empresas están administradas por un presidente, que desde 2018 es Sébastien Mesnard. Todas ellas tienen además su domicilio en la sede central de Orpea cerca de París. Y en las cuentas anuales de esas compañías, presentadas ante el Registro Mercantil y consultadas por Investigate Europe, figura la siguiente afirmación desde 2018: “La compañía forma parte de un grupo fiscal cuya compañía matriz es Orpea SA”.

De acuerdo con la legislación francesa, para poder integrar fiscalmente a una filial, la matriz tiene que controlar al menos el 95% de su capital. Pero, en este caso, Orpea no tiene ninguna acción de RSS Seniors+ y sólo dispone del 49% en sus filiales. Por tanto, esa integración fiscal sería fraudulenta.

La multinacional francesa niega que esa integración fiscal exista. Investigate Europe envió a Orpea un ejemplo de cuentas anuales donde constaba dicha afirmación. “Podemos confirmar que RSS Seniors+ y sus filiales no forman parte del grupo fiscal de Orpea. Las afirmaciones en ese sentido contrario en las cuentas anuales son erróneas”, respondió por escrito el portavoz del grupo.

Por tanto, si la versión oficial de Orpea es correcta, lo que está afirmando la multinacional es que su entonces director financiero estuvo tres años presentando en el Registro Mercantil cuentas con afirmaciones falsas, que además afectan directamente a la propia Orpea al describir una integración fiscal inexistente.

"Parece difícil de creer que las cuentas hayan podido ser tan groseramente incorrectas durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta", señala Eric Vernier, experto francés en fraude fiscal. Sébastien Mesnard y las dos empresas auditoras que certificaron las cuentas no respondieron o se negaron a realizar comentarios.

"No estoy al corriente de las afirmaciones realizadas por RSS Senior + ni de su corrección. Como accionista de la compañía matriz [Lipany], no estoy implicado en las operaciones de las filiales y menos aún de las filiales de las filiales", explica Roberto Tribuno.

Desde su fundación, Lipany ha tenido una actividad especialmente intensa en Italia, donde ha llegado a tener hasta 19 filiales. La mayoría de ellas siguen activas y su negocio principal está relacionado con Orpea. Filiales de Lipany son propietarias de media docena de inmuebles que están alquilados a la multinacional francesa. En otros casos, las compañías de la estructura paralela de Tribuno prestan servicios de gestión y administración de los centros de Orpea.

Además de sociedades mercantiles, Tribuno y Mesnard montaron en Italia también una cooperativa denominada Esse Tre, cuya gestión les ocasionó problemas con las autoridades tributarias.

Esse Tre no era formalmente parte del ‘grupo Lipany’, pero en la práctica funcionaba como una entidad más de la trama. La actividad de la cooperativa era gestionar residencias de mayores, “con un contrato llave en mano”. Es decir, Esse Tre se encargaba de todo, incluida la contratación del personal. Las residencias que gestionó Esse Tre operaban bajo la marca Orpea. Y varias eran propiedad de Lipany.

A pesar de que era evidente que se dedicaba a una actividad mercantil, los administradores de Esse Tre decidieron facturar con un IVA del 4% como si fueran una cooperativa dedicada a una labor social. Dado que Orpea era el único cliente de Esse Tre, estas dos entidades eran las grandes beneficiadas, mientras que la única perjudicada era la Hacienda italiana. Las autoridades tributarias abrieron una inspección que terminó en una sanción a la cooperativa que superó el medio millón de euros, además de tener que regularizar los pagos de IVA pendientes.

Como resultado, Esse Tre quedó en 2017 en situación de quiebra... pero Orpea salió al rescate. La cooperativa gestionaba en ese momento siete residencias para el grupo Orpea, que decidió comprar “la actividad económica” de la cooperativa y gestionar así directamente los centros. La multinacional abonó 1,75 millones de euros en concepto de fondo de comercio, algo que parece difícilmente justificable si se tiene en cuenta que Orpea ya era el único cliente de la operativa y que Esse Tre no aportó ningún otro valor comercial que no tuviese ya la multinacional. En realidad, el único cambio fue que los trabajadores cobraban antes sus nóminas a través de Esse Tre y pasaron a recibirlas directamente de Orpea.

En la reunión del consejo de administración de Orpea Italia que decidió pagar ese dinero a Esse Tre estaba Sébastien Mesnard, que apoyó la operación para salvar a una cooperativa quebrada por la gestión de un consejo que él mismo presidía. En la documentación consultada por Investigate Europe consta que la operación había recibido el visto bueno de la central de Orpea en Francia y que se había solicitado un informe independiente que avalase la conveniencida de la compra.

El análisis de las cuentas de Esse Tre muestra otro dato sorprendente: en sus nueve años de actividad declaró gastos en consultoría superiores a los diez millones de euros.

En relación con la cooperativa, Roberto Tribuno destaca que su mandato como administrador “finalizó en 2016”. En todo caso, la inspección fiscal se abrió por ejercicios anteriores, en los que tanto Tribuno como Mesnard eran los administradores. En cuanto a los gastos de consultoría, afirma que durante los años que él estuvo en el consejo “no se abonaron” diez millones en gastos de consultoría (esa cifra abarca hasta 2018, con Mesnard al frente los dos últimos años). Eso sí, Tribuno se negó a aclarar si sus empresas recibieron parte de ese dinero. Por último, indica que, de acuerdo con sus conocimientos, “los gastos de gestión de Esse Tre se produjeron en condiciones normales de mercado”.

Los negocios comunes y los intereses accionariales compartidos son tantos que muchas veces resulta difícil saber dónde termina Lipany y donde empieza Orpea, o viceversa. Pero hay situaciones en las que el posible conflicto de intereses es más que evidente. Veamos tres situaciones especialmente llamativas. 

Durante el tiempo en que Roberto Tribuno fue el hombre fuerte de Orpea Italia, tomó muchas decisiones que afectaban directamente a las empresas del ‘grupo Lipany’. Es decir, estaba en las dos partes de la mesa. Pero como lógicamente no podía firmar los contratos en representación de las dos compañías, en nombre del ‘grupo Lipany’ actuaba su padre, Carlo Tribuno. Nacido en octubre de 1928, en algunas de las operaciones que firmó, Carlo Tribuno ya había cumplido 88 años.

Tomemos por ejemplo el caso de NHS Srl, una sociedad italiana creada en febrero de 2014. Los socios constituyentes fueron New Horizons, parte del ‘grupo Lipany’, y Orpea Italia. La primera se quedó con el 80% de las acciones y la segunda con el resto. El contrato de constitución de NHS está firmado por Roberto Tribuno en nombre de Orpea y por su padre en nombre de New Horizons. Dos años después, en julio de 2016, Orpea Italia decidió vender el 20% de sus acciones a New Horizons. De nuevo, el contrato de compraventa aparece firmado por padre e hijo.

Otro caso significativo lo constituye la sociedad Verdello Srl. Una filial de Lipany la compró en diciembre de 2014 y siete meses después se la revendió a Orpea Italia con una plusvalía de casi 1,4 millones de euros. En esta última operación, Tribuno firmó en nombre de Lipany y Mesnard en representación de Orpea. Un año antes, ambos habían constituido las tres inmobiliarias en Francia mencionadas anteriormente. El conflicto de intereses parece difícilmente superable: New Horizons (administrada por Tribuno) le vende una sociedad a Orpea Italia (cuyo CEO es Tribuno) y en nombre de la multinacional firma su entonces director financiero (que tiene negocios privados conjuntos con Tribuno).

Es difícil de creer, pero aún hay más. La auditora interna tanto de Orpea Italia y alguna de sus filiales como de diversas sociedades del grupo Lipany es la misma persona, Marzia Ferrara. De nuevo, nos encontramos ante alguien que está en los dos lados de la mesa. Pero es que además Marzia Ferrara es... ¡socia de Roberto Tribuno! En concreto, Ferrara es accionista minoritaria de Bridge Kennedy International Srl y de Euro BKI Srl, compañías dedicadas a la asesoría fiscal y contable en las que Tribuno es el socio mayoritario. Ferrara entró en el capital de la primera en 2002 y en el de la segunda en 2012.

“Marzia Ferrara es una profesional independiente que, junto con los otros miembros de la Junta de Auditores de Cuentas, han llevado a cabo de forma conjunta y colectiva las actividades de control y auditoría que les han sido asignadas, sin que se haya detectado ningún conflicto de intereses”, responde Tribuno sobre su socia.

UN HOMBRE RICO

Los negocios con Orpea han convertido a Roberto Tribuno en un hombre con un patrimonio notable.

Una de sus principales empresas inmobiliarias se llama Mountain Property Developments United y tiene la sede en el Reino Unido. Constituida en 2004, en sus últimas cuentas declaraba inversiones inmobiliarias por importe de 7,58 millones de euros y deudas de 1,50 millones, por lo que su patrimonio neto es de 6,08 millones. Está administrada por Tereza Hassapis, consultora con residencia en Chipre.

Esta sociedad británica está controlada también desde Luxemburgo, en concreto desde una sociedad llamada Ezine Invest SA, donde Roberto Tribuno declara tener el 50% del capital y un familiar directo suyo el otro 50%. Por cierto, cuando esta compañía fue creada en 2004, sus accionistas fueron las dos mismas sociedades pantalla que crearon Lipany y Scarano (Beston Enterprises y Bynex International).

En Francia, hemos visto que Tribuno es socio de Mesnard en tres inmobiliarias, aunque en ellas declara tener solo un 1% del capital. Más importante es otra compañía, denominada Sara y con sede en París, donde Tribuno tiene el 99,9% de las acciones y su mujer el 0,1% restante. Cuando se constituyó en 2011, Tribuno aportó a la compañía inmuebles en París Niza, que valoró en algo más de un millón de euros. 

Por supuesto, a ello hay que sumarle el valor del ‘grupo Lipany’, cuya matriz en Luxemburgo declara unos activos por 92,9 millones de euros. Es cierto que sus deudas incluso superan ligeramente esa cantidad, pero al no conocerse quiénes son los acreedores, es imposible calcular el valor real de la compañía para Tribuno. Si las deudas son con terceros, su patrimonio neto sería muy bajo, al contrario que si son con otras sociedades controladas por el financiero italiano.

Y luego están sus empresas dedicadas a la consultoría empresarial, como Bridge Kennedy International, con sedes al menos en Italia y Reino Unido. A esa actividad también se dedica la italiana Euro BKI Srl.

Roberto Tribuno niega cualquier irregularidad en su actividad mercantil, pero lo cierto es que su nombre figura en la denuncia que ya está analizando la Fiscalía francesa. En cuanto a Sébastien Mesnard, Investigate Europe preguntó a Orpea si era uno de los altos ejecutivos que “han abandonado recientemente la compañía”, según anunció la multinacional en una nota de prensa a principios de mayo. Es una más de las preguntas que Orpea ha dejado sin responder.

Un terremoto de gran magnitud sacude con fuerza al líder del sector residencial europeo. En los últimos cinco días, la multinacional ha retrocedido en Bolsa, ha cesado de forma fulminante a su consejero delegado y se ha situado bajo la lupa de las autoridades galas. El grupo se encuentra inmerso en una enorme crisis reputacional tras la publicación en Francia de Les Fossoyeurs (Los sepultureros), una extensa investigación en la que se relatan malas prácticas en la atención a los residentes. Un problema que, no obstante, no se circunscribe al país vecino. Aquí en España, familiares y extrabajadores del grupo denuncian situaciones similares. Ancianos sin cambiar durante horas, llamadas de emergencia que tardan una eternidad en ser atendidas, escasez de personal o problemas con la alimentación. "Todo con tal de ganar dinero", dicen. Desde el grupo, por su parte, aseguran que "cualquier reclamación que pudiera surgir es atendida de forma individualizada", haciendo "seguimiento de cada una de ellas" y "dando respuesta con celeridad"

La relación de Esther Ortega con la multinacional residencial, cuyo principal accionista es un fondo de pensiones canadiense, fue la culminación de un largo periplo para olvidar. Primero probó suerte con Ballesol, otro de los grandes grupos del sector. Luego, le concedieron una plaza en la red pública. Pero aquel centro se ubicaba en Alcalá de Henares, a casi cuarenta minutos en coche de donde ella vivía. "Fue entonces cuando solicité Orpea Alcobendas", cuenta al otro lado del teléfono. En aquel momento, su padre, que tenía reconocida la dependencia, apenas podía moverse. Finalmente, le concedieron una de esas plazas que el Ejecutivo autonómico tiene concertadas con el grupo.

La historia de Ricardo de la Poza también comienza en esa ciudad situada al norte de la capital. Con un grado avanzado de alzheimer, a su esposa Amparo le dieron plaza en un centro público de Alcobendas. El edificio era antiguo, sí. Pero la atención, estupenda. El problema es que a ambos les separaba media hora en coche. Por eso, no tardó en buscar una alternativa en su localidad. Y así llegó Amparo a Orpea Las Rozas. "Nos gustó. Las instalaciones eran estupendas y te lo saben vender muy bien", dice. Igual que desembarcaron la madre y el padre de Raquel Torrelo en Orpea Buenavista. "En apariencia, todo era muy bonito y a mi madre, que había visto el centro en un folleto, le convenció", relata la hija.

Pero todos ellos se fueron desengañando poco a poco. Sus experiencias, a pesar de proceder de residencias diferentes de la multinacional y haber llegado a ellas tanto por la vía concertada como la privada, son coincidentes en gran cantidad de aspectos, que van desde la alimentación hasta la asistencia y cuidados de los más mayores. "Yo he tenido que ponerme a echar una mano a residentes cuando iba a ver a mi madre porque no había nadie", sostiene también María S., que prefiere que su apellido no se refleje en el reportaje. En su caso, la experiencia con Orpea comenzó de rebote. Su madre se encontraba en un centro con el que estaban encantados. Hasta que la multinacional lo compró. "Ahí empezaron los problemas. Se empezaron a apretar las tuercas para reducir gastos", cuenta.

En su caso, pudieron hacer frente a una plaza privada. Igual que los padres de Torrelo, que abonaban mensualmente por su estancia casi tres mil euros cada uno. Una posibilidad que, sin embargo, resultaba inalcanzable para Ortega. Por eso, cuenta, a su papá no le quedó más remedio que compartir habitación, con la ausencia total de privacidad que eso conlleva. "Tuvo que ver cómo compañeros suyos agonizaban en la cama de al lado, con la simple separación de un biombo. ¿Para qué tenían entonces la enfermería, de adorno? Cuando te quejas, además, te dicen que tener plaza concertada tiene algunos inconvenientes. ¡Vamos, que si eres pobre te jodes! ¿No tienen derecho a vivir dignamente sus últimos momentos?", relata indignada la hija al otro lado del teléfono.

Pero hay más. Mucho más. Ortega habla de un "descontrol absoluto" durante el tiempo en el que su padre estuvo en el centro. Torrelo, de un "auténtico caos". "Si estaba atendido era porque yo me encargaba de ir subsanando todas las carencias con las que me encontraba", explica la primera. Es algo en lo que coinciden todos los familiares. "Muchas cosas era yo el que me encargaba de hacerlas", sostiene De la Poza. Una falta de atención que, cuentan, se veía con claridad a la hora de solicitar asistencia. "Tocabas el timbre y te podías morir esperando", sostienen. Por eso, Torrelo le tenía dicho a su madre que si nadie se presentaba en la habitación llamase directamente a la recepción del centro. "Teníamos que andar con trucos de ese tipo", se lamenta.

Unos problemas de atención que todos achacan a la falta de personal. En teoría, en la planta en la que se encontraba Amparo, la mujer de De La Poza, tenía que haber media docena de auxiliares. Pero él nunca los vio. "Lo habitual es que estuvieran tres como mucho", explica. De ahí que se encontrase en alguna ocasión con situaciones dantescas. "Yo he tenido que ayudar a una hija a levantar a su madre que se había caído", explica. Algo a lo que ha tenido que hacer frente también Ortega. Cuenta que uno de esos días en los que fue a visitar a su padre se topó con una mujer gritando, con las piernas medio dobladas y agarrada a una barandilla. "Tuve que encargarme de bajar corriendo a dar el aviso para que alguien viniese", señala.

"La falta de personal la tienen porque quieren", apunta Alejandro Salado, auxiliar de enfermería. El joven conoce bien el grupo. Durante años ha trabajado como gerocultor en la residencia que Orpea tiene en San Lorenzo de El Escorial. El problema con los recursos humanos no es nuevo. Tampoco derivado de la pandemia. Es algo que siempre ha estado ahí. "Muchos días falta personal en plantilla que la empresa no puede cubrir o tarda en cubrir, cargando más el trabajo. Casi siempre estamos por debajo de los que deberíamos ser", avisaron en junio de 2019 al comité de empresa nueve empleados del turno de tarde. Una situación de la que el órgano de representación de los trabajadores alertó a la compañía: "Hemos tenido días con una plantilla funcional muy reducida".

Por aquel entonces, al auxiliar de enfermería se le había abierto un expediente disciplinario previo tras una inspección de la Comunidad de Madrid en la que se detectaron "incidencias" en cuanto a "los registros de alimentación y hidratación e higiene" correspondientes a uno de los residentes. "Los hechos descritos demuestran una falta de responsabilidad por su parte (...) que pone en peligro la atención dispensada a los residentes", recogía la carta informativa de apertura del procedimiento. "Los días citados, el número de auxiliares en el turno de tarde han sido de 10 y 11, por lo que los tiempos de cada función (alimentación, ingesta hídrica, aseo, acostar, tirar basuras...) son mayores por la falta de personal (...). Si se atiende a las funciones dadas hace un año, que no se ajustan a la realidad actual, es inviable realizar los registros dentro de nuestra jornada", trató de defenderse el trabajador.

El gerocultor terminó demandando a la empresa. Y el caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras pasar por primera instancia. En la sentencia se considera probado que "al menos durante un periodo de seis meses" el empleado "trabajó en el turno de tarde compuesto por 7 personas". "Es evidente que la carga de trabajo del actor superaba en mucho más del doble la que la normativa vigente establece", recogía la resolución judicial. El centro, según las propias cifras que constan en el fallo, tenía por aquel entonces 170 plazas. Por tanto, a cada una de las personas del turno de tarde le correspondían, en caso de que el centro estuviese completo, casi 25 residentes.

¿Las consecuencias de esta carencia de recursos humanos? "No te daba tiempo a atender todas las peticiones, la comida se daba a toda prisa, produciéndose, en ocasiones, atragantamientos...", se encarga de resumir Salado. Y luego estaba el problema de la higiene. "Siempre se quedaban algunos residentes sin cambiar", cuenta. Algo con lo que luego se encontraban los familiares. "Había días en los que iba a ver a mi padre y me lo encontraba orinado", cuenta Ortega. Era algo que, por lo que él le trasladaba, sucedía con cierta frecuencia. "Y con los pañales me ponían también muchos problemas", recuerda su hija. "Había mañanas en las que el pasillo olía de forma vomitiva", insiste De La Poza, que también se ha topado con las mismas carencias.

Las familias también ponen el foco sobre la alimentación. De hecho, esa fue la primera reclamación que puso Torrelo. Y lo hizo después de comer con su padre en uno de los salones en los que se podían sentar a almorzar las visitas. "Es lamentable la calidad de la comida. Te ponen un plato en el que no identificas si lo que te están dando es carne o pescado. Hasta unos simples macarrones dejan mucho que desear", explica. También cuenta que tuvo algún que otro encontronazo con el centro cuando su padre, que siempre había sido muy "comilón", le decía que no había comido. "El colmo fue cuando un día vimos que se lo llevaban a la habitación dos minutos después de que hubiera comenzado el turno de la comida", asevera.

Poco antes de que estallase la pandemia, el padre de Torrelo falleció con casi cien años. Su madre, con 96, continúa ahora mismo en el centro. Les gustaría poder llevarla a una pública, pero "la lista de espera es interminable". También perdió la vida antes de que estallase la crisis sanitaria Amparo, la mujer de De La Poza. El deterioro ya era enorme y los medicamentos poco más podían hacer. Un golpe tremendo que se vio agravado por la llamada que su marido recibió apenas veinticuatro horas más tarde. Una llamada procedente de la asistente social de la residencia. "Me dijo que tenía que ir de inmediato a recoger sus cosas porque necesitaban la habitación libre. Me quedé de piedra con esa falta de humanidad", rememora en conversación con este diario.

La pandemia sí que pilló tanto a Ortega como a María S. con sus padres en los centros del grupo. En cuanto tuvieron la oportunidad, les sacaron de allí. Y ahora son ellas las que se hacen cargo de sus cuidados. "Alquilé una grúa, una cama regulada, me hice con una silla para el baño y me los llevé a casa, los saqué de aquella barbaridad", explica la primera. En el caso de María, vendieron la casa familiar, alquilaron un apartamento y contrataron a alguien que apoyase tanto a ella como a su hermana en las labores de cuidado. Lo hicieron después de que su madre se tirase un mes largo ingresada en el hospital, al que llegó en plena primera ola gracias al seguro privado que pagan. "Por lo menos puedo decir que ella sigue viva", sostiene. Según datos oficiales, en Orpea Alcobendas fallecieron 38 personas con covid confirmado o síntomas compatibles en los meses de marzo y abril. El mismo número que, según los registros oficiales, perdieron la vida en Orpea Valdemarín.

Este diario se ha puesto en contacto con el grupo en España para preguntarle tanto por las deficiencias detectadas por los familiares como por la falta de recursos humanos denunciada por el extrabajador. Sobre lo primero, señalan que "cualquier reclamación que pudiera surgir es atendida de forma individualizada y se hace seguimiento de cada una de ellas dando respuesta con celeridad" y que "la compañía tiene protocolizado y definido planes de actuación en caso de producirse situaciones excepcionales". Y en relación con las carencias de personal, se muestran contundentes: "Como no puede ser de otra manera, por política de empresa, nuestros centros deben cumplir escrupulosamente con la normativa vigente que regula los requerimientos de personal. Cabe decir que en muchas ocasiones el número de profesionales de nuestros centros excede al mínimo establecido por norma".

Al otro lado de la frontera, la multinacional se enfrenta a una enorme crisis reputacional. Un terremoto que comenzó con la publicación del libro Les Fossoyeurs, una extensa investigación del periodista Victor Castanet en la que se pone de manifiesto un modelo de negocio que prioriza la obtención de la máxima rentabilidad económica en perjuicio de la atención y los cuidados. La obra recoge casos de racionamiento de comida, de medicamentos, de pañales. "Eran tres pañales máximos al día. Y ni uno más. No importaba si el residente estaba enfermo, si tenía un malestar gástrico o si había una epidemia. Nadie quería saber nada", relata en la investigación, por ejemplo, una auxiliar de cuidados.

El escándalo ha sido mayúsculo. En los últimos cinco días el grupo ha retrocedido en Bolsa un 25%, al tiempo que el Gobierno galo ha anunciado que investigará lo sucedido. Mientras, el gigante de las residencias ha intentado taponar la herida cesando de forma fulminante al consejero delegado Yves Le Masne y nombrando al actual presidente no ejecutivo, Philippe Charrier, como nuevo máximo ejecutivo. Pero el terremoto no cesa. Y menos después de conocerse que Le Masne vendió casi 590.000 euros en acciones de la firma a finales del pasado mes de julio, solo unas semanas después de que el periodista trasladara a Orpea una batería de preguntas detalladas sobre las acusaciones que se recogen en su obra, tal y como desveló el semanario galo Le Canard Enchaîné.

Un negocio privado con dinero público. Esa es quizá la mejor definición de lo que ocurre en España en el sector de las residencias de mayores, y es una realidad cada vez más evidente en el caso de la prestación de servicios de salud mental. De acuerdo con los datos recabados por infoLibre, las cuatro principales empresas privadas en este último sector facturaron en 2020 unos 140 millones de euros, que en su mayoría procedían de las arcas públicas.

Tres de las cuatro compañías –Grupo 5, Mentalia y Hestia Alliance– son claramente dependientes del dinero público. Su principal vía para conseguir los fondos son los conciertos, que consisten en cobrar a la Administración por cada plaza que ponen a su disposición para los pacientes que lo necesiten. En otros casos el pago se produce por gestionar centros tutelados o centros de rehabilitación. El único de los grandes grupos que no vive del dinero público es Ita Salud Mental, aunque parte de sus ingresos tengan su origen en las Administraciones.

infoLibre contactó con las cuatro empresas para que le confirmaran su cifra de facturación en 2020 correspondiente a salud mental, ya que la mayoría tienen además otras actividades. La única que respondió a esta pregunta fue Grupo 5. En los otros tres casos, este periódico realizó sus estimaciones basándose en las últimos cuentas presentadas por las sociedades en el Registro Mercantil.

De acuerdo con ello, la facturación de estas cuatro empresas en el área de salud mental fue la siguiente: 47 millones Ita, 35 millones Mentalia, 33 millones Grupo 5 y 25 millones Hestia Alliance y la Clínica López Ibor.

Tal y como desveló este lunes infoLibre, las cuatro principales compañías privadas de salud mental en España tienen como accionista mayoritario o significativo a un fondo de inversión, y tres de ellas pertenecen a grupos empresariales europeos cuya actividad principal es la gestión de geriátricos: Korian es el dueño de Ita Salud Mental, Orpea es la propietaria de Hestia Alliance y DomusVi controla Mentalia. El elenco se completa con Grupo 5, que pertenece al fondo español Corpfin.

A continuación se detallan las cifras más relevantes de estas cuatro firmas.

GRUPO 5

Esta empresa pertenece desde 2017 al fondo de inversión Corpfin. Gestiona 68 centros –56 en la Comunidad de Madrid– en los que existen 2.106 plazas, distribuidas en residencias, centros de día, de rehabilitación laboral o psicosocial, pisos supervisados y equipos de apoyo comunitario.

La compañía facturó 67 millones en 2020, de los que "aproximadamente la mitad" corresponden a su división de salud mental, según indicó una portavoz de la empresa a este periódico.

En la Comunidad de Madrid tiene una posición hegemónica, conseguida gracias a las adjudicaciones para la gestión de los recursos de la red pública. La inmensa mayoría de sus ingresos son fondos que proceden del Gobierno regional. Por ejemplo, de las nueve residencias que explota, tres son públicas y cuatro tienen plazas concertadas. Y lo mismo ocurre con los centros de día y los centros de rehabilitación psicosocial o laboral. Ese dominio de Grupo 5 en Madrid se ha acrecentado aún más en 2021, puesto que ha recibido al menos siete adjudicaciones para gestionar centros de titularidad pública.

La sociedad matriz de Grupo 5 se llama CCFIV G5 Holding SL y en 2019 acordó repartir dividendos a sus socios por importe de 34,7 millones de euros, según consta en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Los datos de 2020 aún no son públicos.

MENTALIA

La marca comercial del grupo DomusVi en el área de salud mental dispone de 14 centros y 1.339 plazas. En doce de ellos, todas o parte de las plazas están financiadas mediante conciertos con las Administraciones públicas. Las únicas excepciones son los establecimientos de Pamplona y de Lleida, que son completamente privados.

En concreto, Mentalia recibe fondos al menos de los Gobiernos de Madrid, Andalucía, Asturias, Canarias y Euskadi. Y también ha firmado acuerdos con el Gobierno de Castilla-La Mancha, que financia plazas en centros situados en provincias limítrofes, ya que no hay ninguno de Mentalia en dicha comunidad autónoma.

DomusVi ingresó en España en 2020 más de 600 millones de euros, buena parte de ellos a través de sus 140 geriátricos, pero no quiso aclarar a infoLibre qué parte de la facturación correspondía a la división de salud mental. Así que este periódico revisó en cada caso las cuentas publicadas en los respectivos Registros Mercantiles por las cinco sociedades del grupo que se dedican a dicha actividad: Casta Salud y sus filiales Instituto Psiquiátrico Montreal, Quinta Médica Residencial, Sando Gestión Social y Sanatorio de Usurbil. Las cuentas de las cuatro primeras corresponden a 2019 y las de la última a 2018, lo que en este caso supone una irregularidad administrativa puesto que las empresas tienen la obligación de depositar anualmente sus cuentas en el Registro. El resultado es que entre las cinco facturaron 28,3 millones. Esta cifra se acercará fácilmente a los 35 millones en 2020, ya que Mentalia incorporó ese año nuevos centros en Madrid y Andalucía.

Al igual que ocurre con las residencias de mayores, parte de los beneficios de Mentalia terminan en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey, en una sociedad del fondo Intermediate Capital Group (ICG), principal accionista del grupo DomusVi.

HESTIA ALLIANCE Y CLÍNICA LÓPEZ IBOR

El grupo Orpea adquirió hace tres meses los nueve centros de salud mental de Hestia Alliance y, desde 2017, es propietaria de la Clínica López Ibor. Segundo operador de residencias de mayores en Europa y en España, Orpea ya explota más de 50 clínicas psiquiátricas en Alemania, España, Francia, Italia y Suiza.

Hestia Alliance nació en Cataluña y allí sigue teniendo su principal fuente de ingresos. Al igual que ocurre con Grupo 5 y con Mentalia, se trata de una compañía que vive básicamente de los recursos públicos, a través de los conciertos.

Antes de la adquisición por parte de Orpea, la matriz del grupo era Bimpedi SL (anteriormente denominada con dudosa sensibilidad Inversiones Homeless SL), que a su vez tenía una decena de filiales dedicadas a la prestación de servicios sociosanitarios y de salud mental. La más importante por facturación era SSR Hestia, que ingreso 45,4 millones de euros el año pasado, con origen en su mayoría en las arcas de la Generalitat como reconoce la firma en sus cuentas: “En el 2020 la sociedad ha mantenido los ingresos del CatSalut respecto al 2019, que representan una parte relevante de los ingresos de la sociedad. El CatSalut ha realizado un incremento de tarifa que se compensa con un incremento en el convenio de los trabajadores”.

Pero no solo están concertados sus centros en Cataluña. La Comunidad de Madrid también paga, por ejemplo, por las plazas en la Residencias Hestia Esquerdo.

En total, todo el grupo Hestia Alliance facturó 71 millones de euros en 2020. A preguntas de este periódico, la empresa no ha querido aclarar cómo se divide la facturación entre su actividad sociosanitaria y de salud mental. El análisis de las plazas gestionadas en años anteriores en cada una de esas áreas permite concluir que en torno a un 30% de los ingresos son atribuibles a la división de salud mental.

En cuanto a la madrileña Clínica López Ibor, en 2019 declaró un importe neto de la cifra de negocios de 4,68 millones de euros.

ITA SALUD MENTAL

Esta compañía pertenece desde marzo de 2021 a Korian, líder europeo en el sector geriátrico y el tercero más importante en el campo de la salud mental. Los cinco años anteriores había formado parte de Magnum Capital, el fondo de private equity liderado por Ángel Corcóstegui, ex consejero delegado del Banco Santander.

La cifra de facturación de Ita Salud Mental ascendió a 46,9 millones en 2020. Cuando se produjo el último traspaso de propiedad, la empresa indicó que este año esperaba ingresar 50 millones.

El grupo, que es especialista en trastornos alimentarios y adicciones, dispone en total de 39 recursos dedicados a la salud mental (desde hospitales a consultas externas). Su principal centro de negocios está en Cataluña, seguido de Andalucía, Madrid y Comunitat Valenciana.

De las cuatro empresas principales, Ita Salud Mental es la que tiene una menor dependencia del dinero público. En diversas comunidades, no obstante, sus centros tienen plazas para personas derivadas desde la sanidad pública. Además, una de sus divisiones –llamada Consulting– se encarga de centros tutelados cuya gestión se adjudica mediante concursos públicos.

Para “facilitar la financiación” a los potenciales pacientes o sus familias, Ita Consulting firmó en enero de 2020 con CaixaBank una línea de microcréditos de hasta 25.000 euros por solicitante.

El tiempo que la empresa perteneció a Magnum Capital estuvo controlada desde dos sociedades con sede en Luxemburgo: Itacare Sàrl y Magnum Capital II (SCA) SICAR. Es una práctica habitual entre los fondos de private equity, que localizan en aquel país la matriz de sus compañías con el objetivo de pagar menos impuestos.

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Si tienes información relevante sobre el sector de la salud mental o hay algún tema que te gustaría que investigásemos, te agradezco que me escribas a: manuelrico@infolibre.es

El sector de la salud mental en España está siguiendo un proceso casi idéntico al experimentado en la última década por las residencias de mayores. Primero, una adjudicación cada vez mayor de recursos públicos a empresas privadas. Y, como consecuencia de ello, un interés creciente de los fondos de inversión por hacer negocio con dicha actividad. El paralelismo se completa con la coincidencia de actores: los principales grupos de residencias son los que están haciéndose con esa parte de la salud mental convertida en mercado.

El resultado es que las cuatro principales compañías privadas de salud mental en España –Ita, Mentalia, Hestia y Grupo 5– tienen como accionista mayoritario o significativo a un fondo de inversión. Y las tres primeras pertenecen a grupos empresariales europeos cuya actividad principal es la gestión de geriátricos.

Este año, se produjeron dos operaciones de compraventa que ahondaron en la tendencia señalada.

En marzo, Korian comunicó la adquisición de Ita Salud Mental, que dispone de 39 centros en ocho comunidades autónomas. Korian tiene su sede en Francia y es la firma líder europea en gestión de residencias, un sector donde en España no entró hasta 2019, pero ya cuenta con 16 geriátricos que operan bajo la marca Seniors.

En junio, Orpea anunció la compra de Hestia, que dispone de nueve centros de salud mental. Orpea es el segundo operador del sector geriátrico tanto en Europa como en España. Aquí controla más de 50 residencias de mayores. Orpea es también dueña, desde 2017, de la Clínica López Ibor, uno de los centros emblemáticos de la psiquiatría en España.

Esas operaciones mercantiles desvelan dos elementos significativos de lo que está ocurriendo con el boyante negocio de la salud mental.

Primero, que en algunos casos ya nos encontramos en la fase donde los fondos de inversión revenden sus compañías, en general con importantes plusvalías. La fase del pelotazo. Korian le compró Ita Salud Mental al fondo Magnum Capital, liderado por Ángel Corcóstegui, exconsejero delegado del Santander que se embolsó una indemnización de 102 millones de euros cuando abandonó el banco en 2002. Magnum Capital es, por cierto, un ejemplo paradigmático de cómo puede uno enriquecerse con negocios en el ámbito de los mayores y de la salud mental, donde compró y revendió Casta Salud, Geriatros –ambos ahora parte de DomusVi– e Ita.

Magnum Capital es un fondo de private equity (capital privado), un tipo de vehículo inversor que se caracteriza por comprar compañías no cotizadas en Bolsa, hacerlas crecer de forma acelerada y revenderlas en un periodo que a ser posible no exceda los cinco años. La mayoría de las veces realizan las adquisiciones acudiendo a un endeudamiento elevado, de forma que buscan entrar en sectores que generen una alta liquidez para poder devolver los préstamos. Si encima hay fondos públicos garantizados, como ocurre con las residencias de mayores o los centros de salud mental, más atractivo es el negocio. Como es obvio, su librillo para ganar dinero lo aplican de forma idéntica a todas las compañías que compran y venden, con independencia de la actividad a la que se dediquen.

Y, segundo, que el crecimiento de las compañías controladas por fondos se produce en buena medida tirando de chequera, mediante la adquisición de firmas de la competencia. Un hecho que acelera la concentración del sector, de forma que cada vez hay menos operadores, pero con un poder creciente. Ello va dejando fuera de la actividad a las empresas familiares o medianas. Orpea le compró Hestia a un grupo de empresarios catalanes que lideraba el actual tesorero del FC Barcelona, Ferran Olivé.

El cambio en la propiedad de Ita Salud Mental y de Hestia este mismo año ha transformado de forma clara el quién es quiénquién es quién en el sector. En 2017 ya había caído en manos de un fondo otra de las empresas hegemónicas en el campo de la salud mental, Grupo 5, adquirida por Corpfin. En aquel momento, por cierto, Grupo 5 disponía de dos grandes ramas de actividad: mayores y salud mental. Pero Corpfin vio la oportunidad de hacer caja rápidamente con la venta de los seis geriáticos que tenía en cartera, así que se los traspasó en 2019 a... Korian, que daba sus primeros pasos en el mercado español.

El elenco de las cuatro principales empresas de salud mental se completa con Mentalia, que pertenece al grupo DomusVi, líder en España con diferencia en el sector geriátrico –explota 140 centros– y tercer operador europeo más importante. Aunque Mentalia es una marca comercial reciente, de 2019, una de las empresas que terminó integrándose en lo que ahora es DomusVi tiene actividad en el sector desde 2014. Se trata de Geriatros, que aquel año adquirió Casta Salud, gestora entonces de cuatro establecimientos para el cuidado de pacientes con problemas de salud mental. Tanto Geriatros como Casta Salud tenían como accionista mayoritario a Magnum Capital, que con la integración de ambas compañías iba engordando Geriatros para su posterior venta, que ejecutó en 2015 con unas plusvalías de casi 200 millones de euros logradas en tres años.

Grupo 5, Ita, Mentalia y Hestia ya controlan en conjunto 5.000 plazas de salud mental repartidas en más de cien centros en 13 comunidades autónomas, según los datos recopilados por infoLibre. En apenas cuatro años han duplicado sus recursos. Los únicos territorios donde ninguno de esos grupos está presente son Cantabria, Castilla-La Mancha, Illes Balears y La Rioja. Y donde más extendida está la mercantilización es con diferencia en la Comunidad de Madrid, como ocurre con muchos otros servicios públicos después de tres décadas de gobiernos ultraliberales del PP. La penetración de estas empresas es también significativa en Cataluña y, en menor medida, en Comunitat Valenciana y Andalucía.

Los grandes grupos privados suelen ofrecer todo tipo de servicios, desde la hospitalización de larga estancia a los centros de día pasando por consultas externas, centros dedicados a la rehabilitación psicosocial o laboral, pisos tutelados o el trabajo de equipos de apoyo comunitario. Varios tienen unidades específicas de atención a adolescentes y niños, o de trastornos alimentarios y adicciones.

La combinación de las dos unidades de negocio –mayores y salud mental– tiene una expresión evidente en el campo de la psicogeriatría. Por ejemplo, Orpea cuenta con dos de esas unidades en sus residencias madrileñas de Aravaca y Villanueva de la Cañada, para atender a los mayores con antecedentes de patologías psiquiátricas o con demencias. DomusVi presta ese servicio en el geriátrico de Monte Alto, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Como es obvio, los fondos no estarían tan activos en el sector si no considerasen que hay una buena oportunidad para hacer negocio. Algunos datos avalan ese interés. Los grupos de diagnósticos que causaron más estancias hospitalarias en 2019 fueron los trastornos mentales y del comportamiento (15,1% del total), por delante de las enfermedades del aparato circulatorio (14,1%) y las del aparato respiratorio (11,0%). En total, se produjeron 5.965.518 estancias por trastornos mentales y del comportamiento, que además fueron las más prolongadas –50,6 días de media–, según la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria elaborada por el Instituto de Estadística (INE). En este terreno, por cierto, la diferencia es notoria entre los hospitales públicos (31,9 días de estancia media) y los privados (104,4 días). La pandemia, además, parece haber acrecentado los trastornos. El 40% de los españoles asegura haber tenido algún problema de salud mental en el último año, según el estudio 'Psi-Covid-19' impulsado por la cátedra 'Contra el Estigma' de la Universidad Complutense de Madrid (hay que advertir, no obstante, que esta cátedra está impulsada por una de las grandes empresas del sector, Grupo 5).

Junto a los cuatro principales grupos, para entender el mapa de la salud mental privatizada en España hay que tener en cuenta otras dos cuestiones.

Existe una quinta empresa que dispone de recursos importantes, el grupo Pere Mata, que explota una amplia red de dispositivos en las regiones sanitarias de Camp de Tarragona y de Terres de l’Ebre. Todos ellos son de titularidad pública de la Generalitat, pero están gestionados de forma privada por Pere Mata. Entre ellos se encuentra el Psiquiátrico de Reus, construido a principios del siglo XX, que no solo fue un lugar emblemático en el tratamiento de las enfermedades mentales sino que también alcanzó fama como parte del patrimonio arquitectónico modernista de la ciudad. Pere Mata gestiona unas 1.400 camas de salud mental y facturó en 2019 más de 46 millones de euros. Pero no tiene vocación de extenderse fuera de Tarragona, por lo que no puede compararse con los otros grandes grupos del sector que se expanden por toda España. En cuanto a su propiedad, el capital está repartido entre más de 500 accionistas, ninguno de los cuales alcanza el 10%. Tres empresas catalanas –Grup Jubis SL, Famitex Inversiones SL y Gaudiré SL– figuran a la cabeza de ese accionariado tan fragmentado.

Mucho más importante es el protagonismo de dos entidades religiosas, la Orden de San Juan de Dios y las Hermanas Hospitalarias. Durante más de un siglo, desempeñaron un papel hegemónico en la administración de lo que se llamaban “manicomios”. En la actualidad aún mantienen una posición de privilegio, como demuestra el hecho de que entre ambas gestionen casi 6.200 plazas de salud mental.

A continuación, infoLibre detalla los datos principales de las cuatro principales empresas y las dos entidades religiosas que operan en el sector.

Residencia de Grupo 5 en Madrid.

grupo 5

Propietario: Corpfin.

Principales recursos: Gestiona 68 centros y 2.106 plazas, distribuidas en residencias, centros de día, de rehabilitación laboral o psicosocial, pisos supervisados y equipos de apoyo comunitario, según datos facilitados por la empresa.

CCAA donde opera: Dispone de 56 centros en Madrid, 6 en Extremadura, 5 en la Comunitat Valenciana y 1 en Euskadi.

Creado en 1988, Grupo 5 inició su actividad en el campo de las emergencias sociales y las personas sin hogar. Se encargo, por ejemplo, de la gestión de la primera campaña municipal contra el frío en el Ayuntamiento de Madrid. Diez años después abrió sus primeros centros de salud mental. A finales de 2020 tenía 2.133 trabajadores y gestionaba 131 centros o servicios en áreas que incluyen desde la dependencia a la protección a la infancia o la educación infantil. La salud mental representa la mitad de su negocio.

Es especialmente fuerte en la Comunidad de Madrid, donde en 2011 se convirtió en la entidad que atendía más personas con problemas de salud mental. Su crecimiento se produjo en gran medida gracias a las adjudicaciones para la gestión de recursos de la red pública. Las residencias son un buen ejemplo: siete de las nueve que explota ingresan fondos de la Comunidad madrileña (tres son públicas y cuatro tienen plazas concertadas). También recibió múltiples adjudicaciones para la gestión de centros de rehabilitación psicosocial y laboral. Un grupo, en definitiva, alimentado por las privatizaciones.

Grupo 5 también tiene una presencia significativa en Extremadura (se encarga de las residencias de Mérida y Plasencia) y en la Comunitat Valenciana (lleva las residencias y los centros de día de Benidorm y Elda). Este año ha estado a punto de quedarse con un nuevo centro en Cáceres, pero el Ayuntamiento se dio cuenta de que su normativa le impedía ceder de forma gratuita los terrenos a una empresa con ánimo de lucro, así que la operación se frustró en el último momento. Es posible que sean las Hermanas Hospitalarias quienes se encarguen de un recurso que hasta ahora gestionaba Feafes, una organización estatal creada en 1983 y que agrupa a unas 300 entidades de familiares y pacientes (ahora denominada Confederación Salud Mental España).

El propietario de Grupo 5 desde el año 2017 es Corpfin, a través de una sociedad denominada CCFIV G5 Holding SL. Corpfin fue creada hace tres décadas por Felipe Oriol –consuegro de Esperanza Aguirre–, que permaneció en la entidad hasta 2019. Su entrada en Grupo 5 se produjo a través del cuarto fondo que levantó y, según explica la compañía en su propia web, ahora está en la “fase de desinversión”. En otras palabras: venderá Grupo 5 en cuanto reciba una oferta económica atractiva.

Como desveló en su día infoLibre, Corpfin se benefició de una polémica operación pilotada desde la Comunidad de Madrid en época de Aguirre con una empresa de gimnasios relacionada con Ignacio González, expresidente madrileño y presunto capo de una organización criminal desarticulada en la operación Lezo.

Mentalia

Propietario: DomusVi. 

Principales recursos: Dispone de 14 centros y 1.339 plazas, según datos facilitados por la empresa.

CCAA donde opera: Tiene 5 centros en Madrid, 2 en Euskadi y 1 en Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra.

DomusVi se convirtió en el símbolo negativo por excelencia de la hecatombe ocurrida en las residencias de mayores en España durante la primera ola. Primero, por un hecho objetivo: en sus centros fallecieron más de 2.100 mayores durante el año pasado. Y, después, por la nula empatía de su consejera delgada, Josefina Fernández Miguélez, que en una comparecencia en el Parlamento gallego afirmó literalmente: “No nos avergüenza ganar dinero cuidando a los que más lo necesitan”. Cuando pronunció esas palabras, en noviembre de 2020, ya habían fallecido dos mil personas en las residencias de DomusVi. Hace apenas dos semanas, DomusVi decidió apartarla del cargo.

Líder indiscutible del sector geriátrico en España –gestiona 140 centros– y tercero en Europa, DomusVi lleva también años en el negocio de la salud mental. El origen de esa actividad se encuentra en una de las compañías pioneras en España en el tratamiento de las enfermedades mentales, Casta Salud, que nació en 2001 como una división del grupo de ingeniería Eptisa. Tras abrir un primer centro en Arévalo (Avila), en 2009 abrió otros tres en Asturias, Madrid y el País Vasco. Dos años antes se había hecho con el 60% del capital Magnum Capital. El fondo de Corcóstegui decidió en 2014 integrarlo en otra empresa entonces de su propiedad, Geriatros, y desde entonces la división de salud mental ha ido acompañando al grupo de residencias en sus sucesivos cambios de propiedad.

En 2014 Casta Salud tenía cuatro establecimientos y en Mentalia son ahora 14, un crecimiento logrado básicamente mediante la adquisición de centros de la competencia. Entre las compras más destacadas figuran el madrileño Instituto Psiquiátrico Montreal –que aportó al grupo tres unidades de atención a adolescentes– y el antiguo Hospital Madrid, ambas realizadas en 2020. Un año antes se había producido el cambio de marca comercial, de forma que los recursos de salud mental de DomusVi pasaron a operar con el nombre de Mentalia.

DomusVi es el mayor exponente en España de cómo determinados servicios sociales se han convertido en un objeto de mercado que va pasando de un fondo a otro, y enriqueciendo a sus inversores en cada traspaso de la propiedad. En las sucesivas compras y ventas, el grupo ha estado bajo el control de hasta cuatro fondos diferentes: Magnum Capital, Palamon Capital Partners, PAI Partners e Intermediate Capital Group (ICG). Este último adquirió en 2017 el 55% del capital de DomusVi, empresa que entonces se valoró en 2.400 millones. Hace tres meses, DomusVi abordó una ampliación de capital, que dejó a ICG con algo menos de la mitad del accionariado y el valor de la compañía se situaba ya en 4.300 millones.

Entre los actuales accionistas minoritarios de DomusVi están, además de ICG, al menos otros cuatros fondos con sede en Francia: Mérieux Equity Partners, Arkea Capital, Flandrin Finance y UI Investissement.

Centro de Hestia en Cataluña.

HESTIA alliance Y CLÍNICA LÓPEZ IBOR

Propietario: Orpea.

Principales recursos: Hestia Alliance dispone de 9 centros de salud mental y, según Alimarket, en 2020 gestionaba más de 500 camas. [infoLibre lleva diez días esperando a que la empresa le facilite las cifras actualizadas].

CCAA donde opera: Explota 4 centros en Cataluña, 3 en Madrid y 2 en Galicia. A ellos hay que sumarle la Clínica López Ibor, en Madrid.

Orpea es el segundo operador de residencias de mayores en Europa y en España. Al igual que sus principales grupos competidores –DomusVi y Korian–, también Orpea está apostando con fuerza por su división de salud mental. En la actualidad ya explota más de 50 clínicas psiquiátricas en Alemania, España, Francia, Italia y Suiza.

Su primera incursión en este campo en España la realizó en 2017 mediante la adquisición de la Clínica López Ibor, fundada en 1967 y considerada un referente de la psiquiatría española en el siglo XX. Este centro coordina las dos unidades de psicogeriatría que Orpea tiene en sus residencias madrileñas de Aravaca y Villanueva de la Cañada. En febrero de 2020, a través de López Ibor, Orpea abrió una unidad de atención mental para menores de 25 años en las instalaciones de la clínica Ruber Juan Bravo de Madrid.

Hace apenas tres meses, Orpea anunció una nueva compra, esta vez de uno de los principales grupos del sector de la salud mental: Hestia Alliance. Esta compañía estuvo presidida hasta entonces por Ferran Olivé, tesorero del FC. Barcelona en la directiva de Joan Laporta. Hestia inició su actividad en 1986 en el Hospital Sant Gervasi de Barcelona. En la actualidad dispone de 15 centros en total, aunque solo nueve atienden a pacientes con problemas de salud mental. Los otros seis son sociosanitarios o residencias de mayores.

Hestia Alliance gestiona buena parte de sus recursos bajo la fórmula de los conciertos, es decir, cobra de la Administración por prestarle servicios.

Durante la pandemia, la Generalitat abrió un expediente sancionador al centro sociosanitario Hestia Palau, por mala atención a enfermos que terminaron falleciendo y falta injustificada de información a los familiares.

Años antes, Hestia Alliance ya había estado en el centro de la polémica cuando El País desveló que el Gobierno de Artur Mas le había cedido la gestión de un hospital público después de que la empresa donase 80.000 euros a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) en 2010, en la recta final de la campaña electoral que llevaría a Mas a la presidencia de la Generalitat. Hestia siempre negó que existiera relación alguna entre la donación del dinero y la adjudicación del hospital.

El accionista de referencia de Orpea es el fondo de pensiones Canada Pension Plan Investment Board, dueño del 14,5% del capital. Los Peugeot, familia dueña de la empresa automovilística del mismo nombre, controlan el 5,1%. El 80,4% de las acciones cotizan en la Bolsa de París.

Centro de Ita Salud Mental en Barcelona.

ita salud mental

Propietario: Korian.

Principales recursos: Dispone de 5 clínicas de hospitalización, 12 instalaciones médicas y 12 hospitales de día y consultas, con un total de 900 plazas operativas, según datos facilitados por la compañía a los medios en marzo [infoLibre lleva diez días esperando a que la empresa confirme estas cifras].

CCAA donde opera: Tiene 13 centros en Cataluña, 8 en Andalucía, 6 en Madrid, 5 en Comunitat Valenciana, 3 en Euskadi, 2 en Aragón, 1 en Murcia y 1 en Galicia.

El grupo es especialista en trastornos alimentarios y adicciones. Su origen está precisamente en la empresa Ita Clínic BCN, dueña en Barcelona del Institut de Trastorns Alimentaris. El proceso de expansión del grupo se inició en 2016, cuando dicha compañía fue adquirida por Magnum Capital –sí, el mismo que fue dueño de Geriatros y de Casta Salud–, y pasó por compras como las de las clínicas Previ en la Comunitat Valenciana o los centros ABB en Andalucía. Pese al crecimiento de los últimos años fuera de Cataluña, es en esta comunidad donde sigue teniendo una mayor presencia. Otra vía de expansión ha sido lo quela firma denomina “proyecto antenas”, que consiste en abrir consultas externas en hospitales propiedad de otros grupos. Tras un acuerdo con Quirónsalud –líder de la sanidad privada en España–, Ita ya abrió cinco de esas consultas en sus hospitales.

Otro acuerdo llamativo cerrado por Ita recientemente es una línea de crédito específica de un millón de euros para “facilitar la financiación” a los potenciales pacientes o sus familias. Lo firmó en enero de 2020 con CaixaBank. Y es otro ejemplo evidente de que hay muchos actores que entienden que hay negocio en la salud mental.

El resultado es que Ita Salud Mental pasó de las cinco instalaciones que gestionaba cuando fue adquirida por Magnum Capital a las 39 que explotaba en marzo de este año, cuando el fondo de Corcóstegui revendió la compañía a Korian.

El grupo Korian es el más grande de Europa de residencias de mayores, pero también está haciendo una apuesta estratégica por la salud mental. De hecho, tres meses antes de adquirir Ita, compró en Francia la empresa más fuerte del sector, Inicea. También tiene presencia en Italia, de forma que ya explota la tercera red europea en el campo de la salud mental.

La mayoría del capital de Korian cotiza libremente en la Bolsa de París –el 61,47%, según sus últimos datos–, pero desde hace años tiene tres accionistas de referencia. El principal es Predica, dueña a finales de 2020 del 24,32% del accionariado, y que es una aseguradora de la entidad bancaria Crédit Agricole. Otra aseguradora, Malakoff Humanis, controla el 7,66%. Y el 6,51% está en manos de uno de los principales fondos de pensiones de Canada, Investissements PSP.

ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS

Propietario: La Iglesia católica.

Principales recursos: Cuenta con 19 dispositivos, entre hospitales, centros de día y consultas externas, según los datos facilitados por la orden religiosa. En ellos existen 3.541 camas de salud mental.

CCAA donde opera: Tiene centros en Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Galicia y Madrid.

En esta orden religiosa sostienen que su fundador, Juan de Dios, ya se dedicó a “asistir y acompañar a los enfermos con problemas de salud mental en la Granada del siglo XVI”. De forma que la salud mental es una actividad a la que se dedican desde hace casi 450 años.

Lo cierto es que en España gestiona ahora 3.541 camas, lo que convierte a la Orden de San Juan de Dios en el principal grupo privado del sector, aún por delante de las principales empresas. Buena parte de los recursos disfrutan de conciertos de colaboración con diferentes Administraciones públicas, aunque la portavoz de la entidad no ofreció información más detallada a infoLibre “puesto que los centros son autónomos”.

Aunque su situación dominante en el sector obedece en parte a razones históricas, ello no significa que no siga abriendo nuevos centros. Hace apenas tres meses, sin ir más lejos, abrió una residencia en Gran Canaria subvencionada por el Cabildo.

Hermanas hospitalarias

Propietario: La Iglesia católica.

Principales recursos: Tiene 14 hospitales o centros con plazas residenciales, de los que 11 cuentan además con recursos comunitarios (centros de rehabilitación psicosocial o laboral, pisos asistidos, hospital de día). En 2020 gestionaba 2.639 plazas de salud mental, según los datos aportados por la orden religiosa.

CCAA donde opera: Está presente en todas las comunidades salvo Asturias, Illes Balears, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia.

Hermanas Hospitalarias es una institución de la Iglesia católica que se fundó en 1881 en Ciempozuelos (Madrid) para paliar la situación de abandono sanitario y exclusión social de las mujeres con enfermedad mental de la época. Actualmente, gestiona en España 14 hospitales o centros residenciales de salud mental, donde existen 2.639 plazas, sin contar otras 2.500 dedicadas a la atención psicogeriátrica.

Los 14 centros tienen “concierto con las Administraciones Públicas, en diferente proporción, según la realidad territorial de cada comunidad autónoma”, según indicó una portavoz de Hermanas Hospitalarias a infoLibre. Uno de los últimos conciertos lo firmaron en junio con el Gobierno de Navarra, por un importe de 64,1 millones de euros en nueve años (29,4 se destinan a atención de salud mental y el resto a mayores y discapacidad). Otro ejemplo: la Comunidad de Madrid decidió en 2016 financiar a las entidad con 13 millones anuales para el mantenimiento de cerca de 1.100 plazas de salud mental en residencias, centros de día y centros de rehabilitación laboral y psicosocial.

En 2020, Hermanas Hospitalarias había anunciado una inversión de 60 millones, pero la pandemia ha paralizado o retrasado algunos proyectos. Los que están en marcha son los de los centros de Ciempozuelos (Madrid), Pamplona y Santander. El área de salud mental y psicogeriatría supone más del 65% de su actividad.

La entidad religiosa también establece acuerdos con alguno de los gigantes del sector sanitario. Hace tres meses, por ejemplo, lo hizo con Quirónsalud Málaga para atender a los pacientes que precisen ingreso en unidad psiquiátrica especializada.

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Si tienes información relevante sobre el sector de la salud mental o hay algún tema que te gustaría que investigásemos, te agradezco que me escribas a: manuelrico@infolibre.es

Los datos se corresponden con los decesos producidos durante marzo y abril y fueron facilitados este martes por la Comunidad de Madrid a un periodista de infoLibre, que los solicitó a principios de mayo acogiéndose a la Ley de Transparencia. Esos dos fueron los meses críticos de la pandemia en Madrid. En mayo y junio la cifra de decesos atribuidos al covid-19 se incrementó unicamente en 189, hasta situarse en 5.984. Es decir, el 96,9% de las muertes ocurrieron en los dos primeros meses de pandemia. Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), es la comunidad donde más residentes perdieron la vida: el 30% de los registrados en toda España. 

En marzo y abril fallecieron en total 9.470 personas que vivían en las residencias madrileñas. De acuerdo con los registros oficiales, 1.118 tenían covid-19, 4.677 mostraban síntomas compatibles con el virus y otras 3.675 murieron por otras causas. Por tanto, el 61,2% (5.795) habrían perdido la vida por la pandemia y el 38,8% restante por otras causas.

Aunque el sistema de recogida de información era lógicamente idéntico para todos, el análisis de los datos muestra que algunos geriátricos fueron más laxos que otros a la hora de atribuir la causa del fallecimiento al virus. Los ejemplos más llamativos son los siguientes: el centro de Ballesol en Mirasierra registró 20 decesos y no atribuyó ni uno solo al virus; el de Orpea en Pinto sufrió 19 muertes y adjudicó una al Covid-19, y el de Albertia en San Sebastián de los Reyes padeció 41 fallecimientos y consideró que sólo 11 los había provocado la pandemia.

A continuación se reproduce el listado íntegro con el número de decesos desglosados por residencias y se analiza en detalle cómo afectó la pandemia a los principales grupos.

Gestión pública vs. gestión privada 

En la Comunidad de Madrid están registradas 475 residencias, de las que 472 estaban operativas durante los meses de marzo y abril. El sector está profundamente privatizado: sólo hay 27 centros de titularidad y gestión pública –25 a cargo de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y dos municipales–, mientras que los 445 geriátricos restantes están en manos privadas. Por tanto, sólo el 5,7% de las residencias tienen gestión pública. Este porcentaje se duplica si analizamos el número de plazas autorizadas porque parte de los centros que gestiona la AMAS tienen gran capacidad: el Doctor González Bueno es el más grande con 604 camas y hay otros seis con más de 400. El resultado es que hay 45.962 plazas de gestión privada (el 87,9% del total) y 6.330 de gestión pública (12,1%).

Pues bien, en cuanto al número de decesos durante la pandemia, 644 se produjeron en residencias de gestión pública (11,1% del total) y 5.151 en las privadas (88,9%). En términos globales, aunque la diferencia no es muy grande, son menos malos los datos de los geriátricos públicos.

La AMAS tiene a su cargo 6.258 camas y en sus centros perdieron la vida 644 personas. Es decir, uno de cada diez residentes. El virus azotó con fuerza especial a siete centros, todos ellos con más de 40 víctimas y que están entre los treinta con peores cifras (Doctor González Bueno, Reina Sofía, Francisco de Vitoria, Adolfo Suárez, Nuestra Señora del Carmen, Gran Residencia y Arganda del Rey). Todos menos el Adolfo Suárez tienen más de 400 plazas, un dato más para la reflexión sobre la conveniencia de tener macroinstalaciones de este tipo, que se han mostrado especialmente vulnerables cuando entra en ella un virus letal como el covid-19.

En 10 geriátricos madrileños se registraron 60 o más fallecimientos durante la pandemia y en otros 28 la cifra de residentes muertos se situó entre 40 y 59. Esta luctuosa lista la encabeza el centro de Ballesol en Alcalá de Henares, con 84 mayores muertos por el virus o con síntomas compatibles.

En el lado contrario se sitúan los 131 centros que no atribuyeron ninguna muerte al covid-19 (el 27,7% del total). Es probable que la cifra real sea algo inferior, a la vista de casos como el comentado de Ballesol Mirasierra, aunque se trata de una excepción ya que sólo en cinco de los 131 perdieron la vida seis o más residentes.

Los datos de los grandes grupos

La inmensa mayoría de esas residencias sin víctimas no pertenecen a la docena de grandes grupos que tienen cada vez mayor influencia en el sector residencial madrileño. Esos 12 grupos cuentan con 136 geriátricos y 22.665 camas (el 43,3% del total). Y en sus instalaciones perdieron la vida 2.989 personas, lo que equivale al 51,8% del total de decesos. Un porcentaje claramente superior al de camas gestionadas.

El principal grupo privado es Orpea, que cuenta con 23 geriátricos y 4.023 plazas. En marzo y abril fallecieron 544 de sus residentes, un porcentaje del 13,5% respecto al total de camas. En 15 de sus instalaciones hubo 20 o más víctimas, lo que da una idea de lo extendido que estuvo el virus en sus centros.

Amavir tiene 21 residencias y registró 516 decesos, un 14,8% en relación con las 3.483 camas que gestiona en la Comunidad. En 12 de sus instalaciones se registraron 20 o más muertes.

DomusVi es el tercer principal operador de la Comunidad de Madrid con 17 residencias y 2.692 plazas gestionadas. Su ratio de fallecimientos es aún peor que los de Orpea y Amavir: se sitúa en el 15,6% puesto que 419 mayores perdieron la vida a causa del virus durante los dos meses críticos de la pandemia.

A continuación en número de camas se sitúan Sanitas y Ballesol. El primero tiene 19 geriátricos y 2.538 plazas, mientras que el segundo cuenta con 13 centros y 2.474 camas. Los dos han padecido el mismo porcentaje de fallecimientos en relación con los residentes: un 8,8%. Una cifra por debajo del resto de grandes grupos. Hay que hacer no obstante la salvedad de que Sanitas es también con diferencia quien atribuyó menos fallecimientos en sus intalaciones al covid-19 en comparación con otras causas: consideró que sólo 224 de los 462 decesos totales registrados en sus instalaciones se debieron a la pandemia (un 48,5%). En el caso de Ballesol ese porcentaje es mucho más alto (el 58,5%), aunque cuenta con el llamativo ejemplo de Mirasierra, donde asegura que ninguno de los 20 fallecimientos se debió al virus. En total, murieron 217 residentes en centros de Ballesol.

Tres grupos que operan exclusiva o mayoritariamente en Madrid se sitúan a continuación en número de camas gestionadas: Los Nogales (2.278), Albertia (1.002) y Casablanca (979). Los Nogales es dueño de la segunda residencia con más víctimas de toda la región, la que tiene en Hortaleza con 80 decesos, y en total contabilizó 284 muertes en sus instalaciones. Un porcentaje del 12,5%.

Albertia es, junto a Sanitas y Ballesol, el único de los doce principales grupos cuya ratio de fallecimientos en relación con las plazas de sus centros se sitúa por debajo del 10%. En concreto, en el 9,8, después de que perdieran la vida 98 residentes de sus seis residencias.

Mucho más malas son las cifras de Casablanca, que registró 166 muertes en sus ocho geriátricos. El porcentaje de fallecimientos en relación con las plazas es del 17,0%, el segundo peor de las doce empresa analizadas.

Mensajeros de la Paz, Vitalia Home y Aralia gestionan menos de mil plazas, pero sus cifras en términos comparativos son muy malas. La ratio entre residentes fallecidos y camas gestionadas se eleva al 17,6% en el caso de Mensajeros de la Paz (970 plazas y 171 decesos); al 16,8% en Aralia (778 plazas y 131 muertos), y al 16,4% en Vitalia Home (827 plazas y 136 fallecidos).

Cierra el grupo de grandes empresas Caser, que dispone de 621 plazas autorizadas en sus tres centros. En ellos perdieron la vida 83 personas, lo que equivale a un 13,4% de los residentes.

Todos los demás operadores de la región gestionan menos de 500 plazas. El más conocido es Clece, que cuenta con 403 plazas en cuatro residencias, donde murieron 28 personas. Una ratio del 6,9%, más baja que la de todos los demás grupos analizados.

Los cientos de millones de euros de dinero público que cada año salen de las Administraciones en dirección a empresas privadas, a cambio de que cuiden en residencias a nuestros mayores, ¿en qué bolsillos terminan realmente?

infoLibre ha analizado el número de geriátricos que tienen los 48 principales grupos que operan en España y la estructura de propiedad de los que gestionan 15 o más residencias (13 sociedades mercantiles, tres fundaciones y una cooperativa). Las principales conclusiones respecto al accionariado de las 13 empresas son las siguientes:

La realidad sobre los verdaderos dueños de las residencias en España obliga a matizar dos ideas bastante extendidas.

La primera es que el sector está controlado por capital francés. Es cierto que cinco de las 13 grandes compañías forman parte de un grupo francés (DomusVi, Colisée, Orpea, Amavir y Korian), pero las mercantiles francesas también tienen sus accionistas. Y tirando del hilo societario se concluye que en tres de esos casos el dueño principal es un fondo de inversión inglés, de Jersey o de Canadá.

Así que la afirmación más exacta sería que parte de los geriátricos españoles están en manos de empresas con sede en Francia, aunque de capital no necesariamente galo. Una apreciación que por cierto no sólo sirve para España, sino también para otros países europeos, si se tiene en cuenta que los cuatro principales grupos de la UE son, por este orden, Korian, Orpea, DomusVi y Colisée.

La segunda idea matizable es que los fondos son propietarios de empresas. Los fondos no ponen el dinero, son meros intermediarios que lo captan entre sus clientes, y ellos lo que aportan es la estructura societaria y la gestión de la inversión. Pero los propietarios de las compañías son, obviamente, quienes han puesto el dinero.

De forma que cuando se afirma que ICG es el principal accionista de DomusVi, o CVC el propietario de Vitalia Home o IK el dueño de Colisée, en realidad no se está hablando con precisión: ICG, CVC o IK constituyeron sociedades que compraron esas empresas. Pero alguien puso el dinero en esas sociedades constituidas por ICG, IK o CVC y, por tanto, esos inversores son los verdaderos dueños de las compañías.

¿Y quiénes ponen el dinero? Una parte lo que se denomina "inversores institucionales" –fondos de pensiones, bancos, compañías de seguros, sociedades de inversión–, pero también personas físicas que acumulan importantes patrimonios, en no pocas ocasiones en el extranjero y fuera del alcance de las respectivas Haciendas nacionales. Conocer su identidad es casi siempre una misión imposible porque esa es una de las grandes ventajas que les ofrecen los fondos de inversión: son estos los que crean estructuras societarias, a veces en paraísos fiscales o en territorios fiscalmente opacos, para que puedan permanecer en el anonimato. En ocasiones se busca además la "optimización fiscal" creando una trama de empresas por diferentes países, como desveló infoLibre en el caso de Vitalia Home.

Buena parte de los fondos que hacen negocio con las residencias, en España y en Europa, están especializados en lo que se conoce como private equity. Son fondos que como norma invierten en empresas que no cotizan en Bolsa, buscan un crecimiento lo más rápido posible de la compañía y planean desde el primer momento salir del accionariado a medio plazo –si es posible antes de cinco años– con importantes plusvalías.

El sector de las residencias en España

En abril de 2019, existían en España 5.417 centros residenciales, según datos de Envejecimiento en red, una plataforma ligada al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) que es quien realiza los estudios estadísticos más sólidos sobre este tema. De ellos, 3.844 eran privados (71% del total) y 1.573 eran públicos (29%). Hay que señalar que estas cifras incluyen todo tipo de alojamientos colectivos para personas mayores, y no sólo residencias, aunque estas predominen claramente. Pero también existen pisos tutelados o centros psicogeriátricos, por citar ejemplos de otro tipo de alojamientos. [Puedes consultar aquí el informe completo].

Hay que señalar que en el sector privado no sólo se incluyen las sociedades mercantiles con ánimo de lucro –aunque sean la gran mayoría–, sino también otras entidades como fundaciones, asociaciones y cooperativas.

La mayoría de esos 3.844 centros privados aún están gestionados por pymes u otras entidades, es decir, no pertenecen a grandes cadenas. Pero en la última década se ha producido un proceso acelerado de concentración, de forma que ya hay diez grupos que cuentan con más de 40 residencias. Ocho son empresas y dos son fundaciones.

Después hay una importante brecha en tamaño, puesto que el siguiente grupo tiene 22 geriátricos, muy lejos de las cifras de los grandes operadores. Podríamos hablar de grupos de tamaño medio, que gestionan entre 10 y 22 centros. En esa situación se encuentran 11 empresas (Savia, Caser, Aralia, l’Onada, Korian, Albertia, Emera, Gesmed, Mutuam, Los Nogales y Sergesa), una cooperativa (GSR) y tres fundaciones (Gerón, Rey Ardid y Vallparadís).

infoLibre analiza a continuación la estructura societaria de los 13 grupos empresariales que tienen 15 o más residencias, con el objetivo de responder a la pregunta inicial: ¿a qué bolsillos se transfiere el dinero público para el cuidado de los mayores? En un último apartado también se describe más someramente la actividad de las tres fundaciones y la cooperativa que disponen de más de 15 establecimientos.

Antes de entrar en ese análisis, es necesario precisar dos cuestiones metodológicas. La primera es que la clasificación se ha realizado por el número de residencias, pero el orden variaría si se tuvieran en cuenta el número de plazas gestionadas que declaran los propios grupos. Así, según datos del estudio más reciente de Alimarket, el orden sería el siguiente: DomusVi, Orpea, Vitalia Home, Ballesol, Sanitas, Amavir, Colisée y Clece. La segunda es que sólo se han tenido en cuenta residencias, no centros de día, pisos tutelados o cualquier otro tipo de instalación sociosanitaria.

1. DomusVi: 138 residencias

Accionista principal: Intermediate Capital Group (ICG), un fondo de inversión con sede en Londres.

Otros accionistas relevantes: Sagesse Retraite Santé (SRS), un “vehículo de inversión” del multimillonario francés Yves Journel.

DomusVi explota 138 geriátricos y es, con diferencia, el líder del sector en España. Alimarket le atribuye casi 19.500 camas. Es el único operador que está implantado en las 17 comunidades, aunque su presencia es especialmente significativa en Galicia, donde tiene su domicilio social, con 30 residencias; Madrid (17); Comunidad Valenciana (15); Andalucía (13); Cataluña (12); Castilla-La Mancha (11) y Euskadi (10).

DomusVi es en realidad una marca comercial. El grupo opera en España a través de decenas de sociedades mercantiles diferentes –por ejemplo, Quavitae Servicios Asistenciales SA o Geriatros SA–, que son las titulares de los centros y las que se presentan a las adjudicaciones públicas. Como desveló infoLibre, 82 Administraciones alimentan la expansión de DomusVi con dinero público, a través de la concertación de plazas o de la concesión de la gestión de residencias de titularidad pública (lo que se conoce como "gestión indirecta"). De sus 138 residencias, 90 se nutren de fondos públicos (el 65% del total). Varios de sus centros acumulan un importante número de fallecimientos por el coronavirus, según informó este periódico.

La matriz de esas sociedades mercantiles en España es Geriavi SL, con sede en Vigo, y la cara visible del grupo es Josefina Fernández Miguélez, su consejera delegada.

Geriavi SL tiene como socio único a la mercantil francesa DomusVi SAS. Además de en España, la multinacional gala tiene geriátricos en Francia, Portugal, Chile, Colombia, Uruguay y China.

El 27 de julio de 2017, DomusVi SAS anunció que la mayoría de su capital pasaba a estar en manos del fondo de inversión inglés Intermediate Capital Group (ICG) y de Sagesse Retraite Santé, propiedad del multimillonario francés Yves Journel, fundador del grupo en 1983.

ICG adquirió la mayoría del accionariado a otro fondo de inversión –PAI Partners–. Lo hizo a través de dos vehículos de inversión: ICG Europe VI e ICG Enterprise Trust. Este último, en su página web, explica perfectamente en pocas palabras qué tipo de negocios busca: “Invertimos en rentables empresas no cotizadas generadoras de efectivo”.

2. CLECE: 61 residencias

Accionista principal: Florentino Pérez, dueño del 12,52% del grupo ACS, propietario único de Clece.

Otros accionistas relevantes: Alberto Cortina y Alberto Alcocer, quienes controlan el 5,07%, y el fondo de inversión Blackrock, propietario del 5,05%.

Clece es la división del grupo ACS dedicada a la prestación de servicios, desde limpieza a mantenimiento. En el ámbito de los geriátricos su crecimiento en los últimos años ha sido muy importante, hasta situarse el segundo del sector en número de centros, con 61. Un dato que es poco conocido, en parte porque son diversas empresas del grupo las que gestionan las residencias, que no operan bajo una marca única. En concreto, hay cinco compañías con actividad en geriátricos: la propia Clece SA y sus filiales Senior Servicios Integrales SA, Zaintzen SA, Clece Vitam SA y Enequip Serveis Integrals SL.

Clece es también la segunda empresa en cuanto a implantación autonómica, ya que gestiona geriátricos en 14 comunidades; todas menos Asturias, Galicia y Navarra. Alimarket calcula que tiene casi 4.900 plazas residenciales.

No han trascendido datos sobre fallecimientos en residencias de Clece a causa del coronavirus. El 30 de marzo, la empresa presumió públicamente de que “en 80 de sus 84” geriátricos no había ningún residente contagiado, según publicaron diversos medios [esa cifra de 84 incluye otros establecimientos además de las 61 residencias]. Ese día, según un listado interno de la Comunidad de Madrid al que ha tenido acceso infoLibre, habían fallecido seis personas con síntomas compatibles con covid-19 de la residencia Pablo Neruda de Ciempozuelos, gestionada por Clece.

En cuanto a los propietarios del grupo ACS, su principal accionista es el también presidente del Real Madrid Florentino Pérez, quien a través de la sociedad Inversiones Vesán controla el 12,52% del grupo que preside.

A continuación se sitúan Alberto Cortina y Alberto Alcocer, dueños entre ambos del 5,07% del capital de ACS, según el informe integrado de 2019 del grupo. Conocidos como los ‘Albertos’, ambos son primos y empresarios. Su abuelo fue el primer alcalde franquista de Madrid (Alberto Alcocer y Ribacoba) y el padre de Cortina fue un ministro de la dictadura (Pedro Cortina Mauri).

Los tres principales accionistas de ACS figuran entre los hombres más ricos de España: Pérez ocupa el 9º puesto, Cortina el 23º y Alcocer el 24º.

En el accionariado de ACS también ocupa un lugar destacado BlackRock, dueño de un 5,05%, uno de los principales fondos de inversión del mundo.

El grupo que preside Florentino Pérez tiene otros accionistas muy minoritarios –por debajo del 1%– y más del 75% de las acciones se negocian en Bolsa.

3. VITALIA HOME: 51 residencias

Accionista principal: Tres sociedades limitadas con sede en Jersey. Cada una controla cerca del 25% del capital de Vitalia Home. Se denominan CVC Capital Partners VI (A) LP, CVC Capital Partners VI (B) LP y CVC Capital Partners VI (C) LP.

Otros accionistas relevantes: Chema Cosculluela tiene el 10,02% del capital y Portobello Fondo III el 9,98%. El 5% restante está en otras tres sociedades creadas por CVC en Jersey: CVC Capital Partners VI (D) LP, CVC Capital Partners VI Associates LP y CVC Capital Partners Investment Europe VI LP.

Vitalia Home tiene en la actualidad 51 residencias para mayores, según la información facilitada a este periódico por su portavoz. Tiene presencia en ocho comunidades, destacando Andalucía, con 21 centros; Aragón, donde tiene su domicilio social, con ocho, y Cataluña y Madrid, con cinco en cada territorio. Alimarket indica que gestiona casi 8.000 camas.

Uno de los casos más dramáticos ocurridos en España tiene como protagonista el centro de Vitalia Home en Leganés, donde entre el 1 de marzo y el 16 de abril se produjeron 96 muertes, según datos de los familiares de los residentes, que han denunciado a la empresa ante la Fiscalía. Tal y como publicó infoLibre, dicho geriátrico obtiene unos beneficios netos de un millón de euros al año. Los familiares llevan tiempo protestando por la falta de personal, que redunda en peores “cuidados de los mayores”.

Una segunda residencia del grupo con problemas es Vitalia Home Sants, en Barcelona, donde los familiares de los residentes aseguran que a fecha 15 de abril se habían producido ya 29 fallecimientos, una cifra que el centro reducía a 21.

Como desveló infoLibre, los verdaderos dueños de Vitalia Home se esconden en seis sociedades de las islas Jersey, un territorio fiscalmente opaco. El 6 de marzo de 2017, el fondo de inversión británico CVC anunció la adquisición del 80% de Vitalia Home. Para esa compra, CVC montó una estructura que pasa por Holanda, Luxemburgo y Jersey, con el fin de “optimizar fiscalmente” la inversión y ocultar la identidad de quienes ponen el dinero.

Tirando del hilo societario se llega desde la matriz española del grupo –Vitalia Plus SA– a la firma luxemburguesa Vitaly Holdings Sàrl, pasando antes por la española Vivaly Inversiones Globales SL y la holandesa Vivaly Investments BV. La compañía luxemburguesa está a su vez participada por seis sociedades constituidas en Jersey por el fondo de inversión y de nombre muy similar. CVC Capital Partners VI (A) LP, CVC Capital Partners VI (B) LP y CVC Capital Partners VI (C) LP controlan cada una casi un 25% de Vitalia Home. Las otras tres sociedades –CVC Capital Partners VI (D) LP, CVC Capital Partners VI Associates LP y CVC Capital Partners Investment Europe VI LP– tienen una participación minoritaria, que en conjunto suma el 5% del grupo español.

Este periódico preguntó a Chema Cosculluela, presidente de Vitalia Home, por la identidad de los dueños de esas sociedades, pero se negó a facilitarla con el argumento de que desconocía “la organización interna de CVC”. En el fondo de inversión, cuyo socio director en España es Javier de Jaime, remitieron por su parte a Vitalia Home. En definitiva, ni uno ni otro aclaran la identidad de los propietarios.

El accionariado se completa con un 10,02% en manos de Chema Cosculluela, una parte directamente y el resto a través de una sociedad suya (Geralia Home SL), mientras que el 9,98% restante es propiedad del fondo de capital riesgo español Portobello Fondo III. Precisamente, este último fondo había comprado el 89,98% de Vitalia Plus SA dos años antes, el 18 de febrero de 2015. Posteriormente, le vendió el 80% a CVC y se quedó con el 9,98%. El socio director de Portobello Fondo III es Iñigo Sánchez-Asiáin, en su día el máximo responsable de private equity en el Banco Santander.

4. COLISÉE: 50 residencias

Accionista principal: IK VIII Fund, con sede en las Islas Jersey, tiene la mayoría absoluta.

Otros accionistas relevantes: La familia del fundador, Patrick Teycheney, y ejecutivos del grupo mantienen el 14% del capital.

El grupo Colisée es el cuarto más importante de España gracias a dos adquisiciones realizadas en los últimos años, que le han permitido crear una red de 50 geriátricos y más de 5.900 camas. Los centros están repartidos por siete comunidades, aunque su negocio está muy concentrado en tres: Comunidad Valenciana, donde tiene 25 residencias; Castilla y León, donde cuenta con 11, y Cataluña, donde gestiona nueve.

Colisée inició su proceso de expansión en el mercado español con la compra, en julio de 2018, de la empresa STS Gestió de Serveis Sòciosanitaris SL, que explotaba cuatro residencias en Tarragona. Pero el gran impulso vino en febrero de 2019 con la adquisición del grupo belga Armonea, que era dueño en España de las residencias La Saleta Care.

Todos los geriátricos siguen operando bajo su marca original y, de hecho, 23 de los 50 lo hacen con la denominación La Saleta Care.

La matriz en España se denomina Colisée Homecare SL (antes se llamaba Freya Investments 2018 SL) y su accionista único es la mercantil francesa Colisée International SAS. ¿Y quiénes son los dueños de la compañía francesa? Pues lleva seis años en manos de diversos fondos y ahora está controlado por IK Investment desde las islas Jersey, en el Canal de la Mancha.

En julio de 2014, el fondo Eurazeo PME adquirió la compañía francesa. Con una cartera de inversiones de más de 18.000 millones de euros y sede en Francia, Eurazeo PME tiene como accionistas mayoritarios a la familia Decaux –Jean Claude creó una de las principales empresas del mundo de publicidad exterior– y al banquero Michel David-Weill. Como es habitual en las estrategias inversoras de los fondos, Eurazeo PME hizo caja en cuanto pudo: tres años después, le vendió Colisée al fondo IK Investments.

“En junio de 2017, Eurazeo PME vendió su participación en Colisée al fondo de inversión IK Investment Partners por 236 millones de euros, multiplicando por 2,5 su inversión inicial”. En estos términos explica en su web Eurazeo PME la operación.

¿Y quién es IK Investment Partners? Un fondo de private equity de capital originariamente sueco y ahora con sede en Londres, aunque buena parte de sus inversiones las realiza desde sociedades creadas en Jersey. Es lo que ocurrió con la compra de Colisée, vehiculada a través de IK VIII Fund. El fundador de Colisée, Patrick Teycheney, y el equipo directivo de la compañía mantienen en conjunto un 14% de las acciones. Una vez más el rastro del dinero se pierde en un territorio fiscalmente opaco.

Además de en España, Colisée tiene residencias en Francia, Italia, Bélgica y China.

5. ORPEA: 49 residencias

Accionista principal: Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), que tiene el 14,5% del capital.

Otros accionistas relevantes: La familia francesa Peugeot, a través de la firma de inversión FFP Invest, y la familia belga Boël, a través del holding Sofina SA.

Orpea gestiona 49 geriátricos en España. Un portavoz de la compañía indicó a infoLibre que, de ellos, en 38 disponen de plazas públicas concertadas con las respectivas Administraciones. En total, añadió, cuentan con "aproximadamente 8.200 camas".

La matriz en España es Orpea Ibérica SA, de la que dependen 17 filiales, que son las que explotan los geriátricos. Sus 49 centros se reparten por 11 comunidades, aunque su implantación es especialmente fuerte en Madrid (23 residencias) y Andalucía (10).

Varias residencias de este grupo también figuran en el tenebroso listado de las que más fallecimientos acumulan. Pese a la opacidad de la Comunidad de Madrid, que no informa del número de decesos por cada centro, infoLibre tuvo acceso a un listado oficial de muertes a fecha 30 de marzo. En aquel momento, de los 15 geriátricos con más fallecidos, tres eran de Orpea: Loreto (34 muertes), Sanchinarro (34) y Aravaca (24). El de Sanchinarro ha sido denunciado ante la Fiscalía por la asociación Defensor del Paciente. Además, el centro Santo Domingo, en Algete, fue intervenido por la Comunidad ante la crítica situación en la que se encontraba. Y en Alcobendas, familiares de residentes aseguraban el 10 de abril que ya se habían producido 17 fallecimientos.

Como presidente de Orpea Ibérica SA figura Yves Le Masne, director general de la multinacional francesa. El director de Operaciones de la filial española es Manuel Aznar Aznar.

El accionista único de la mercantil española Orpea Ibérica SA es la francesa Orpea SA. ¿Y cuál es la estructura accionarial de esta última? El 78,4% cotiza en Bolsa y el 21,5% restante está en manos de tres accionistas: Canada Pension Plan Investment Board, que tiene el 14,5% del capital; FFP Invest, que dispone del 5,0%, y Sofina SA, que cuenta con el 2,0%. Este es el reparto a fecha 22 de enero de 2020, justo después de que el fundador del grupo, el médico Jean-Claude Marian, vendiese el 6,3% de las acciones que tenía en la compañía. 

El fondo de pensiones de Canadá (CPPIB) es una sociedad estatal (Crown corporation) que gestiona los ahorros para la jubilación de 20 millones de canadienses. A finales de 2019, tenía activos valorados en 420.400 millones de dólares. Entró en el capital de Orpea SA en 2013 y lleva invertido en la compañía 410 millones de euros.

FFP Invest es una compañía de inversión cuyo socio único es el holding FFP. Controlado por la familia Peugeot, es el principal accionista de la empresa automovilística PSA Group (34%). Entró en el capital de Orpea SA en 2011.

Sofina SA es un holding internacional con sede en Bruselas cuyos principales accionistas son tres sociedades del Grupo Boël, que controlan conjuntamente el 54,5% de la compañía. Los Boël son una de las familias de industriales más conocidas de Bélgica. Entró en el capital de Orpea SA en 2013.

Orpea es el segundo grupo de residencias de Europa, donde opera en 12 países. También tiene establecimientos en Brasil y China.

6. SANITAS MAYORES: 47 residencias

Accionista principal: La entidad británica sin ánimo de lucro BUPA controla el 100% del capital.

Sanitas Mayores es la división del grupo sanitario centrada en servicios para la tercera edad. Tiene 47 residencias repartidas por 11 autonomías, de las que 19 están en Madrid, 11 en Cataluña y cinco en el País Vasco. Dispone de más de 6.300 camas, según Alimarket.

El consejero delegado de Sanitas, Iñaki Ereño, aseguraba en una reciente entrevista en El Mundo que “esta industria está siendo injustamente tratada”. Y añadía: “Las residencias de mayores son para cuidar, y no para curar. En la pandemia se nos ha cargado de una responsabilidad para la que no estamos preparados. Nosotros, al estar dentro de un grupo sanitario, hemos tenido más facilidad para medicalizarnos, pero muchas otras han tenido más dificultades”.

Pero la realidad es que diversas residencias de Sanitas están entre las que más muertes han sufrido. El mismo periódico ponía curiosamente como ejemplo de residencia que “frenó la expansión” del covid-19 el centro de Sanitas en Carabanchel, pese a que el 12 de abril ya acumulaba 31 fallecidos. Curiosa forma de "frenar" un virus. En Vitoria, el 30 de marzo iban 18 decesos en la residencia San Martín, que se convirtió en uno de los primeros grandes focos de transmisión en la capital alavesa.

La matriz en España es Sanitas Mayores SL, cuyas acciones pertenecen en un 72% a Grupo Bupa Sanitas SL y en un 28% a Sanitas Sociedad Limitada de Diversificación. Pero el propietario último del 100% de las acciones de la compañía dedicada a las residencias –al igual que de la división sanitaria– es la entidad The British United Provident Asociation Ltd, la cabecera del grupo BUPA, que tiene su domicilio social y fiscal en Londres. Sanitas Mayores SL lo tiene en España.

BUPA es una multinacional británica aseguradora, que no tiene accionistas y se supone que tampoco ánimo de lucro, puesto que los beneficios debe reinvertirlos en la propia compañía. Pese a ello, en el Reino Unido ha recibido críticas por poner el foco en exceso en multiplicar sus ganancias. Tiene filiales en Australia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Hong Kong, Irlanda, Nueva Zelanda, Polonia y Turquía.

7. BALLESOL: 46 residencias

Accionista principal: Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro, junto a sus respectivas familias, son dueños de algo más del 25% del capital cada uno. José Luis Díaz López y familia disponen de algo más del 16,5%. Todos ellos están ligados a la aseguradora Santa Lucía. La familia Vivas Soler, una de las fundadoras de la empresa, controla algo menos del 25%.

Ballesol gestiona 46 residencias distribuidas por 12 comunidades, con una implantación más relevante en Madrid (13 centros), Comunidad Valenciana (7), Andalucía (6) y Cataluña (5). Alimarket afirma que gestiona más de 7.300 camas. Fuera de España, tiene un geriátrico en México.

Con 60 mayores fallecidos, el centro de Ballesol en Alcalá de Henares (Madrid) era el segundo que más muertes había registrado en la Comunidad de Madrid, según datos oficiales a fecha 30 de marzo a los que accedió infoLibre. En la residencia de Mirasierra, en Madrid capital, se habían producido nueve decesos en la misma fecha.

Los geriátricos están gestionados por la empresa Intercentros Ballesol SA, cuyo accionista mayoritario es Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA. A 31 de diciembre de 2018, era dueña del 75,29% del capital social de Ballesol. El resto del capital está controlado por la familia Vivas Soler, entre ellos Dolores Soler Brull –una de las fundadoras de la compañía en 1990– y su hijo José Ignacio Vivas Soler, que es además presidente del grupo y de una de las patronales del sector de las residencias (Aeste).

En una carta de patrocinio (confort-letter) suscrita en 2016 y ratificada en 2017, en relación con un préstamo hipotecario por importe inicial de 69 millones que recibió del Banco Santander, Santa Lucía se compromete a no perder el control mayoritario en el accionariado de Intercentros Ballesol SA hasta que haya devuelto el dinero al banco. Y, en caso de perderlo, a dotar a la empresa de los medios financieros necesarios para hacer frente al préstamo.

¿Y quiénes son los propietarios de la aseguradora y, por tanto, los dueños últimos de las residencias Ballesol? Santa Lucía es propiedad de tres grupos familiares, herederos de quienes se hicieron con el control de la compañía en 1943. Son los siguientes:

– Modesto Álvarez Otero y familia. Fue consejero delegado de Santa Lucía hasta diciembre de 2017. En la última lista Forbes de los cien españoles más ricos, figura en el puesto 59, con un patrimonio de 450 millones de euros. Su hija Clotilde Álvarez Calvo es ahora miembro del consejo de administración de la aseguradora. Controla dos sociedades patrimoniales, Inmobiliaria Prico SL y Sierra Oriel SL, dueñas en conjunto del 33,3% de Santa Lucía.

– Carlos Javier Álvarez Navarro y familia. Es el actual presidente de Santa Lucía y está en el puesto 83 de la lista Forbes, con una riqueza aproximada de 325 millones. La familia Álvarez Navarro también controla el 33,3% de la aseguradora a través de las patrimoniales Neregur SL y Salonta SL.

– José Luis Díaz López y familia. Es el actual consejero delegado de Santa Lucía. No aparece en Forbes, pero sí en la lista de los más ricos de El Mundo, en el puesto 73. Tiene junto a su familia el 22,2% de la aseguradora, por vía de las sociedades Dehesa de las Cabrerizas SL e Inversfam Sistemas SL.

8. AMAVIR: 41 residencias

Accionista principal: La familia francesa Mulliez, quinta fortuna de Francia con un patrimonio de 32.000 millones de euros.

Amavir está presente en siete comunidades, con un total de 41 centros, pero más de la mitad están concentrados en Madrid, donde tiene 21. En Castilla-La Mancha, Cataluña y Navarra dispone de cinco en cada territorio. Gestiona 6.223 plazas, de ellas 3.083 concertadas y 3.140 privadas, según los datos facilitados por un portavoz de la compañía a infoLibre.

De esos 41 geriátricos, 13 se construyeron con financiación privada, 27 a través de modelos de colaboración público-privada en los que la construcción corre a cargo del adjudicatario que a cambio gestiona la residencia durante una serie de años (hasta 75) con un número de plazas concertadas, y sólo uno es de gestión indirecta (titularidad pública gestionado por una entidad privada). “Hace cinco años que la compañía no participa en concursos de gestión de centros públicos, al no compartir los criterios con los que se convocan en la gran mayoría de los casos, con una priorización casi absoluta del precio o mejor oferta económica por encima de otros requisitos”, destaca el portavoz de Amavir.

El geriátrico más afectado por el coronavirus del grupo, de los datos que han trascendido hasta ahora, es el de Vilanova del Camí (Barcelona). El 6 de abril iban 27 decesos y diez días después la cifra se había disparado hasta los 47. El Ayuntamiento anunció que denunciaría lo ocurrido en la Fiscalía. En la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los datos oficiales logrados por infoLibre, el 30 de marzo había siete centros de Amavir que habían sufrido al menos diez decesos: Colmenar Viejo (18), Ciudad Lineal (18), Valdebernardo (15), Torrejón de Ardoz (11), Arganzuela (10), Alcalá de Henares (10) y Usera (10).

Amavir es una marca comercial lanzada en 2017, tras la fusión de dos grupos de residencias: Amma y Adavir. Fue una operación de la compañía francesa Maisons de Famille, que entró en el accionariado de Adavir en 2013 y adquirió Amma en 2016, por un importe de unos 220 millones de euros.

La sociedad principal de Amavir es Planiger SA, de la que dependen la mayoría de los centros, aunque además tiene cuatro filiales que gestionan otras tantas residencias. Planiger SA tiene dos accionistas: Maisons de Famille SAS, que controla el 85,46% del capital, y Geroplan SL, que tiene el 14,54% restante.

Por su parte, Maisons de Famille SAS es una compañía constituida en Francia en 2003 y filial del fondo de private equity Creadev, perteneciente a la Asociación Familiar Mulliez, que cuenta con más de 150 empresas en 50 países. Entre ellas, Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin o Norauto. En el sector de las residencias, el grupo opera en Francia, España, Italia y Alemania.

La revista Challenges calculaba en 2019 la fortuna de Gerard Mulliez y su familia en 32.000 millones de euros, la quinta más grande de Francia.

9. SAVIA: 22 residencias

Accionista principal: Enrique Ortiz, condenado en una de las piezas de Gürtel por financiar ilegalmente al PP, controla el 42,5%. El mismo porcentaje tiene Rafael Fuertes Quintanilla, presidente del grupo de alimentación El Pozo.

Otros accionistas relevantes: El constructor Domingo Alcocer Aguilar tiene el 15% restante.

Savia gestiona 22 geriátricos, todos ellos en la Comunidad Valenciana.

El grupo creció al calor de las adjudicaciones del PP valenciano, cuando gobernaba la Generalitat, y en medio de un conflicto de intereses llamativo: entre los propietarios de Savia estaba la familia de Juan Cotino, quien benefició a la empresa desde la Conselleria de Bienestar Social que él mismo dirigía. Cotino falleció este mes de coronavirus. Estaba procesado por una de las piezas de la trama Gürtel.

El escándalo de las residencias Savia llevó incluso a crear una comisión de investigación en las Cortes valencianas. Tras 16 meses de trabajo y 89 comparecencias, todos los grupos –salvo el PP– aprobaron un dictamen en el que se certificaba que el Gobierno valenciano de Francisco Camps dio un “trato de favor” al grupo de residencias. Savia resultó adjudicataria del 40% de los centros y Cotino adoptó medidas para “consolidar el negocio” de su familia.

La mercantil titular de los 22 geriátricos es Centros Residenciales Savia SL, que tiene como accionista único a la empresa Gerocentros del Mediterráneo SL. Esta última, que constituyeron diez constructoras en el año 2000 poco antes de la adjudicación de residencias por parte de la Generalitat, ha sido siempre la empresa clave de la trama. Sus dos socios de referencia eran la familia Cotino –a través de la compañía Sedesa, que dirigía Vicente, el sobrino del político– y el empresario alicantino Enrique Ortiz –por medio de Ortiz e Hijos–. Ambos están entre los nueve empresarios valencianos que confesaron, en uno de los juicios de la Gürtel, haber financiado ilegalmente al PP de Camps.

Los Cotino terminaron saliendo del accionariado de Gerocentros del Mediterráneo SL, que según las cuentas correspondientes a 2018 se repartía de la siguiente forma: el 42,5% de las participaciones estaba en manos de Cívica Servicios y Medio Ambiente SL, el nuevo nombre de la firma Ortiz e Hijos, cuyo consejero delegado es el propio Enrique Ortiz condenado en Gürtel; otro 42,5% pertenece a Grupo Corporativo Fuertes SL, que controla Rafael Fuertes Quintanilla, presidente de El Pozo Alimentación; y el 15% restante es de Doalco SA, sociedad que preside Domingo Alcocer Aguilar, un constructor de Orihuela que ya hace quince años era noticia por recibir adjudicaciones sospechosas.

10. CASER: 20 residencias

Accionista principal: la sociedad cooperativa suiza Patria Genossenschaft controla de forma indirecta un 23,8% del capital de Caser, a través de su participación en la compañía de seguros Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG.

Otros accionistas relevantes: La Fundación Bancaria Ibercaja tiene el 8,7% de Caser.

Caser Residencial cuenta con 20 geriátricos, repartidos por nueve comunidades. País Vasco, con cinco, y Madrid, con tres, son los territorios donde tiene mayor presencia. Todas las residencias son propiedad de la empresa; es decir, no gestiona centros que sean titularidad de un tercero.

En dos de sus geriátricos se ha vivido con especial virulencia el coronavirus. En Caser Residencial Alto del Pardo, de Vitoria, habían fallecido una treintena de residentes y un trabajador, a fecha 23 de abril. En el centro Caser de Santo Ángel, en Murcia, las muertes eran más de “una decena” el 7 de abril y la Fiscalía abrió una investigación para determinar si se había producido una omisión de socorro. Familiares de los residentes denunciaron una situación de “abandono”.

En cuanto a la estructura societaria, la explotación de los geriátricos corre a cargo de Caser Residencial SA, cuyo socio único es Caser Residencial Gestión SL, propiedad a su vez de Caja de Seguros Reunidos Compañía de Seguros y Reaseguros SA (Caser SA). Esta última es la matriz de la compañía.

Caser SA está en medio de una importante reestructuración de su capital. En enero de este año, la aseguradora suiza Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG anunció la adquisición del 70% de las acciones de Caser SA. Tres entidades financieras españolas se reparten el 30% restante a partes casi iguales: Ibercaja, Unicaja y Liberbank. La operación, que está pendiente de la aprobación por las autoridades de Competencia, supone la salida de Caser SA de algunos de sus socios históricos, entre ellos Caixabank, Bankia, Abanca y la francesa Covéa.

¿Y quiénes son los dueños de la suiza Helvetia? Según informa en su web, el 65,9% de sus títulos se negocian en Bolsa y el 34,1% está en manos de Patria Genossenschaft, una peculiar cooperativa, que reinvierte la mayor parte de los dividendos de Helvetia en la propia compañía. Patria Genossenschaft era una aseguradora de Basilea que se fusionó en 1996 con Helvetia. Su nombre desapareció del logo, pero pervivió en forma de cooperativa que tiene el 34,1% de sus acciones y garantiza así “su independencia”. “Una construcción genial”, según Doris Russi Shurter, la presidenta del consejo de administración de la aseguradora suiza.

En definitiva, los miembros de la cooperativa Patria Genossenschaft serán, en cuanto Competencia de luz verde a la compra de Caser por Helvetia, los dueños de un 23,8% de las residencias Caser.

En cuanto al resto de accionistas de Caser SA, las tres entidades financieras españolas que suman en conjunto el 30%, su estructura de capital es la siguiente, de acuerdo con los últimos informes corporativos presentados:

– Ibercaja está en manos de fundaciones herederas de las antiguas cajas de ahorro. La principal, la Fundación Bancaria Ibercaja, que es dueña del 87,8% de sus acciones.

– Unicaja tiene como accionista de control a la fundación bancaria del mismo nombre (49,68%). Rafael Domínguez de Gor, fundador de la empresa textil Mayoral, dispone del 7,1% a través de su sociedad Indumenta Pueri SL. Domínguez de Gor está en el puesto 50 en la lista Forbes de los españoles más ricos, con un patrimonio atribuido de 500 millones de euros.

– Liberbank tiene como principal accionista a la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias (23,29%), seguida por el fondo de inversión británico Oceanwood Capital Management LLP (17,69%).

Por tanto, de forma indirecta, la Fundación Bancaria Ibercaja controla el 8,7% de Caser Residencial, la Fundación Bancaria Unicaja el 4,9%, la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias el 2,3% y el fondo de inversión Oceanwood Capital Management LLP el 1,76%.

11. ARALIA: 19 residencias

Accionista principal: El procesado en Gürtel José Luis Ulibarri Cormenzana y su familia controlan al menos un 63,15% del capital, a través de las sociedades Enantar SA y Elodea SA. Una tercera empresa, Conseil Cabinet SA, que los investigadores judiciales también situaron en la trama societaria de Ulibarri, tiene el 35,85% restante.

Aralia gestiona 19 residencias, en cuatro comunidades: 8 en Castilla-La Mancha, 6 en Castilla y León, 4 en Madrid y una en Aragón. Según detalla la empresa en su web, de las 1.903 plazas que tienen sus geriátricos, 1.577 están concertadas con las Administraciones correspondientes, es decir, casi el 83%. Más de la mitad de esas plazas financiadas con dinero público –778 en concreto– las paga la Comunidad de Madrid en las cuatro residencias que Aralia tiene en la región.

Otra Administración que confía en la empresa de José Luis Ulibarri –procesado en dos piezas de Gürtel por pagar dinero a cambio de adjudicaciones y detenido en la operación Enredadera– es Castilla-La Mancha. De las ocho residencias que gestiona allí Aralia Servicios, seis son propiedad de la Junta. En ellas hay 337 plazas concertadas.

La empresa de Ulibarri no parece tener especial sensibilidad a la hora de cuidar a las personas mayores. Al menos sus cuatro residencias en Madrid son un ejemplo de gestión catastrófica, antes y después del estallido de la epidemia.

Antes del coronavirus. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), anunció en enero que pensaba retirarle a Aralia la concesión de tres de sus residencias por incumplimientos graves. El geriátrico de Leganés acumulaba en noviembre del año pasado casi 500 reclamaciones de familiares de residentes por falta de personal, mala limpieza y alimentación de pésima calidad. La empresa llegó a alegar ante un tribunal que tener sucio un geriátrico no incumplía el contrato.

Después del coronavirus. Datos oficiales de fallecidos en las residencias de Madrid a 30 de marzo, a los que ha tenido acceso infoLibre, demuestran que en esa fecha habían fallecido 27 residentes en el centro de Isabel la Católica, 22 en Peñuelas, 16 en el Ensanche de Vallecas y 4 en el Parque de los Frailes. Los tres primeros están en Madrid ciudad y el último en Leganés. En total, 69 muertes en los cuatro geriátricos de Aralia en el mes de marzo. Los familiares de Peñuelas pidieron a la Fiscalía que investigue por "irregularidades y opacidad". Una familiar de una fallecida en el centró Isabel la Católica ofreció un testimonio desgarrador: “Llevaba 16 días sin saber de mi madre cuando la residencia me llamó para decirme que había muerto”.

Aralia Servicios Sociosanitarios SA, la sociedad que explota los geriátricos, tenía tres accionistas a finales de 2018, según las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil. José Luis Ulibarri y su familia –su mujer Milagros Fernández Alonso y los tres hijos del matrimonio, Soledad, Enrique y Adriana– controlan el 63,15% del capital a través de dos sociedades rebautizadas tras el escándalo Gürtel: Enantar SA (antes Peñalba Servicios Inmobiliarios SA), que tiene el 32,66% de las participaciones, y Elodea SA (antes Begar SA), que dispone del 31,49%. Esta última está en proceso de liquidación.

El capital de Aralia Servicios Sociosanitarios SA se completa con la mercantil Conseil Cabinet SA, que tiene como administrador único a José Antonio Díez González. Los investigadores judiciales de Gürtel identificaron a esa empresa como una de las cinco que Ulibarri utilizó para comprarle un yate a Francisco Correa, el capo de la trama corrupta.

12. L’ONADA: 19 residencias

Accionista principal: Cinta Pascual Montañés, empresaria de Tarragona y presidenta de la patronal catalana del sector de residencias (ACRA).

L’Onada gestiona un total de 19 residencias: 17 en Cataluña, 1 en la Comunidad Valenciana y 1 en Madrid, en esta última comunidad bajo la marca OnaCare. Aunque la empresa se inició en el sector hace 25 años –con un geriátrico en el municipio tarraconense de Sant Carles de la Rápita–, su expansión se aceleró a partir de 2010, con la apertura de 14 centros en una década.

De momento han trascendido muy pocas noticias sobre fallecimientos en sus geriátricos. La principal afecta al centro de La Sagrera en Barcelona, donde han muerto entre 13 y 17 mayores hasta el 7 de abril, según la Coordinadora de Residencias 5+1.

Las residencias dependen de la mercantil Residencia Tercera Edat l’Onada SL, con sede en Barcelona, y que actúa como matriz de un grupo empresarial con 13 filiales y muy diversificado. Abarca desde la cadena de panaderías Tradicionarius a sociedades dedicadas a la actividad inmobiliaria. Además de la matriz, sólo hay otra compañía que se dedica a la gestión y explotación de residencias y equipamientos para la tercera edad: L’Onada Golden Beach SL.

La administradora única de Residencia Tercera Edat l’Onada SL es Cinta Pascual Montañés. Una portavoz de la empresa, a preguntas de este periódico, confirmó que también era la principal accionista. Pascual es la presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), la patronal del sector en Cataluña, y también del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), una de las patronales españolas.

13. KORIAN: 15 residencias

Accionista principal: los dueños de 39 bancos regionales franceses agrupados en la sociedad holding Rue la Boétie SAS.

Korian gestiona 15 residencias en España que operan a través de la marca Seniors. Tiene centros en sólo cuatro provincias españolas: 6 en Málaga, 1 en Cádiz, 6 en las Islas Baleares y 2 en Valencia. En total, suman más de 2.000 camas.

Esa reducida implantación se explica porque la compañía francesa Korian ha entrado hace poco más de un año en el mercado español a través de la adquisición de dos pequeñas compañías de residencias. En enero de 2019 anunció que había comprado la compañía Seniors, dueña de siete geriátricos en Andalucía. Seis meses más tarde comunicó que se había hecho con las residencias de Grupo 5 en Baleares.

Korian es la empresa líder del sector en Europa, con presencia en Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y Holanda.

En cuanto a su estructura societaria, la matriz en España se llama Korian Residencias Spain 2018 SL, que es la propietaria de las cinco sociedades limitadas que explotan sus residencias. La matriz española tiene como accionista único a la francesa Korian SA.

El 61,4% de las acciones de Korian SA cotizan en Bolsa, según los últimos datos facilitados por la compañía. El resto está en manos de sus tres principales accionistas: Predica SA, que dispone del 24,2% del capital; Malakoff Médéric Humanis, que tiene un 7,70%, y PSP Investments, que cuenta con el 6,60%.

Predica SA es una compañía de Crédit Agricole Assurances (CAA Group), que forma parte del conglomerado de Crédit Agricole, uno de los principales bancos europeos. A su vez, el principal accionista de la entidad financiera es Rue la Boétie SAS, un holding de 39 bancos regionales franceses.

Malakoff Médéric Humanis es una entidad mutualista francesa, sin ánimo de lucro, que no tiene accionistas.

El fondo de pensiones Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) es uno de los principales de Canadá. Se trata de una entidad estatal (Crown corporation), con sede en Montreal y que maneja unos 168.000 millones de dólares en inversiones.

Fundaciones, asociaciones y cooperativas

Más del 70% de los geriátricos y de las plazas residenciales están en España en manos privadas. Se trata básicamente de entidades mercantiles, pero también hay fundaciones, asociaciones y alguna cooperativa. Cuatro de ellas gestionan al menos 15 residencias y, por tanto, están entre los 17 principales grupos que operan en España. Destaca especialmente Mensajeros de la Paz, que con una red de 110 geriátricos ocupa el segundo puesto en el ranking, sólo por detrás de DomusVi.

MENSAJEROS DE LA PAZ: 110 RESIDENCIAS

Mensajeros de la Paz gestiona 110 residencias, que se reparten por 11 comunidades, según los datos facilitados por la asociación a infoLibre. Prácticamente todas ellas son titularidad de terceros. La organización tiene una estructura descentralizada, con asociaciones regionales que disponen de su propia personalidad jurídica, y eso se traslada también al mundo de las residencias: 17 se gestionan desde Madrid, 77 desde las diferentes delegaciones territoriales y 16 en UTE con otras entidades (8 con OHL-Ingesan, 7 con la asociación Madimex y 1 con Alomar).

Fundada en 1962 por el sacerdote Ángel García Rodríguez –conocido como el padre Ángel–, Mensajeros de la Paz declara que su objetivo es “ayudar a los más desfavorecidos, a paliar la pobreza infantil, al maltrato de la mujer, a ayudar a familias en riesgo de pobreza, a inmigrantes en situación difícil”. Su presencia no se limita a España. Está legalmente constituida en 50 países de cuatro continentes. El presidente de la asociación es el padre Ángel y el vicepresidente, Sergio Mella.

Desde que se inició la pandemia, el padre Ángel ha solicitado ayuda en varias ocasiones para sus residencias. También realizó algunas declaraciones que no generaron precisamente entusiasmo en la extrema derecha, como pedir el premio Príncipe de Asturias para el Gobierno. Lo cierto es que algunos geriátricos de Mensajeros de la Paz están entre los más golpeados de España por el virus, en especial el situado en La Bañeza (León), que llevaba 72 muertes el 21 de abril. En el centro Montserrat Caballé, de Madrid, eran 17 los fallecidos el 30 de marzo.

FUNDACIÓN SAN ROSENDO: 45 RESIDENCIAS

La Fundación San Rosendo gestiona 45 geriátricos, todos ellos en Galicia, y dispone de 2.832 camas, según información facilitada a infoLibre por la entidad. Esta presume del bajo número de plazas concertadas que tiene, “lo que garantiza la independencia de las instituciones públicas”. El último dato actualizado, correspondiente a este mes de abril de 2020, es que sólo 577 plazas en residencias de personas mayores (20,3% del total) contaban con financiación pública. 

El mayor problema con el coronavirus lo ha tenido la fundación en la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, en la localidad de A Farixa (Ourense). El 8 de abril, en ese geriátrico se registraban nueve muertes y 139 positivos de covid-19. El centro tiene 176 plazas. La Fiscalía Superior de Galicia decidió abrir una investigación, tras recibir una denuncia de la asociación REDE, para averiguar si se cometió algún delito en la gestión de la residencia.

Como en todas las fundaciones, el máximo órgano es el Patronato, que en el caso de San Rosendo está controlado por el Obispado de Ourense. El sistema es el siguiente: el Obispado propone dos patronos y Cáritas designa uno; y estos tres patronos nombran a su vez al resto, hasta un máximo de siete, entre “personas relevantes” de la sociedad ourensana “que compartan los valores y objetivos de la fundación”.

A preguntas de este periódico, una portavoz de la entidad indicó que “los patronos no representan a ninguna institución” y que el Obispado “no interviene en la gestión" de los geriátricos. “La Fundación cuenta con un equipo directivo que gestiona y toma decisiones sobre los centros, dirigido por José Luis Gavela. Este equipo ha renovado la confianza del Patronato desde hace 20 años”, añadió.

Fundada en 1992, el principal impulsor de la Fundación San Rosendo fue el cura Benigno Moure Cortés, que sigue siendo presidente honorario. Gran amigo de Manuel Fraga –exministro franquista que fue presidente de la Xunta entre 1990 y 2005–, recibió las más altas distinciones del Gobierno gallego por su “meritoria labor” asistencial en el cuidado de mayores. Moure fue condenado a cinco años de cárcel por estafar 600.000 euros a una anciana con Alzhéimer, pero evitó la prisión alegando incapacidad, pese a que caminaba tranquilamente por Ourense sin ni siquiera la necesidad de un bastón. El actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lideró hace tres años una campaña de reconocimiento público de Moure, cuando ya había sido condenado como estafador.

FUNDACIÓN GERÓN: 21 RESIDENCIAS

De las 17 principales empresas o fundaciones de residencias de España, la Fundación Gerón es quizá la que tiene menor proyección mediática. Resulta difícil encontrar noticias sobre ella, ni sobre sus patronos, a pesar de que gestiona 21 geriátricos: 14 en Andalucía, 3 en Castilla-La Mancha, 2 en Canarias, 1 en la Comunidad Valenciana y 1 en Ceuta.

Hasta el año pasado, la Fundación llevaba un centro más en Cádiz, titularidad del Obispado gaditano, que decidió retirarle la gestión. Aunque inicialmente la entidad se quejó de la “decisión unilateral” del Obispado, al final ambas partes llegaron a un acuerdo. La Diócesis cedió el centro a otra fundación.

El mayor foco de coronavirus en sus residencias se produjo de momento en La Caridad de Lebrija (Sevilla), donde el 21 de abril habían fallecido ocho mayores.

Fundada en Sevilla en 1994 como asociación con el mismo nombre, se transformó diez años después en fundación, y lo más llamativo quizá sea que sus patronos lo son con carácter “vitalicio”. Y, de momento, así ha sido: las mismas diez personas que firmaron las escrituras de la fundación en 2004 son las que componen el Patronato 16 años después. Alguno ha cambiado de función, pero la composición permanece intacta. Y el presidente siempre ha sido también el mismo: Antonio Jesús Aguilar Orgaz.

GSR: 19 RESIDENCIAS

Gestión de Servicios Residenciales (GSR) es la única cooperativa entre los principales grupos de residencias. Gestiona 19 geriátricos: 14 en Euskadi, 3 en Navarra, 1 en La Rioja y 1 en Cantabria. En total, cuenta con más de mil camas.

GSR forma parte de la Corporación Mondragón, con sede en dicha localidad guipuzcoana, que es uno de los principales grupos empresariales de España: en 2018 tuvo unos ingresos de más de 12.200 millones de euros y una plantilla de 81.837 trabajadores. GSR es una de las 266 empresas y cooperativas integradas en dicha corporación.

Fundada en 2003, GSR cuenta con unos 350 socios, lo que significa que la mitad de sus trabajadores son cooperativistas.

El mayor brote conocido en sus centros se ha producido en Aretxabaleta (Guipúzcoa), donde el 25 de abril habían fallecido al menos tres personas.

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Si tienes información relevante sobre lo que está ocurriendo en las residencias, te agradezco que me escribas a: manuelrico@infolibre.es