Treinta organizaciones de consumidores europeas denunciaron este jueves a Google, Meta y TikTok ante la Comisión Europea por "haber fracasado" a la hora de combatir los anuncios de estafas financieras que aparecen en sus plataformas.

La denuncia llega tras haber analizado la política publicitaria de las tecnológicas en trece países europeos y haber detectado casi 900 anuncios fraudulentos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, informó la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) en un comunicado.

Tras tener conocimiento de su existencia, Google eliminó el 60% de los anuncios denunciados ante la empresa; Meta el 43 % y TikTok el 23 %, señaló BEUC, que junto a otras 29 organizaciones -entre ellas las españolas ASUFIN y CECU -acusan a las compañías de violar la ley de servicios digitales (DSA) de la UE.

"Meta, TikTok y Google no solo no eliminan de forma proactiva los anuncios fraudulentos, sino que tampoco actúan con la suficiente contundencia cuando se les notifica sobre este tipo de estafas", dijo el director general de BEUC, Agustí Reyna.

Por eso, piden a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales, ante las que también han presentado su denuncia, que investiguen la política publicitaria de las tres compañías y que les impongan multas si "continúan incumpliendo" sus obligaciones.

"Es fundamental exigir responsabilidades a Meta, TikTok y Google. Si no toman medidas contra las estafas financieras que circulan en sus plataformas, los estafadores seguirán llegando a millones de consumidores europeos a diario, poniendo a las personas en riesgo de perder cientos o miles de euros a causa del fraude", añadió Reyna.

Giuliano Da Empoli lo dijo con la precisión de quien lleva años buscando la frase exacta. “La ventana de oportunidad para dominar los procesos digitales de manera ordenada se ha cerrado”. El politólogo y novelista italiano lo admitió sin eufemismos este jueves en Barcelona, ante el I Encuentro sobre Derechos Digitales. Y añadió, con la misma franqueza: “Deberíamos haberlo entendido hace mucho tiempo. No lo hicimos. Yo el primero”.

Frances Haugen llegó a una conclusión parecida por otro camino. La ingeniera que en 2021 filtró 20.000 páginas de documentos internos de Facebook lleva cinco años intentando que Meta rinda cuentas. En ese tiempo ha visto investigaciones, titulares y debates regulatorios. Y ha visto también otra cosa: que Meta es hoy sustancialmente más rentable que cuando ella decidió hablar. “Si quieren llevarse un buen jarro de agua fría sobre el trabajo realizado en cinco años, espero que no tengan en su vida una gráfica como esta”, afirmó mientras proyectaba la evolución de los beneficios de la empresa.

Dos voces, dos trayectorias, el mismo diagnóstico de fondo. El poder digital ha ganado terreno. Los instrumentos para limitarlo existen. Y quienes podrían activarlos, por razones distintas, no lo hacen.

Da Empoli ofreció en Barcelona la explicación más útil para entender cómo se llegó hasta aquí. Durante años, los efectos tóxicos del entorno digital —la polarización, la desinformación, la erosión del espacio público— fueron en gran medida el subproducto involuntario de un modelo de negocio. Las plataformas optimizaban para captar atención, y captar atención premiaba la rabia. No había un plan detrás. “Era casi accidental. No era una conspiración política de alguien que quería dominar el mundo. Era el efecto secundario de un modelo de negocio”.

Ese tiempo terminó. “Ahora estamos en una fase distinta. Todo esto es explícito. Es un nuevo bloque de poder”. Un bloque que articula a los grandes actores tecnológicos con actores políticos afines, con la Administración estadounidense actual como eje visible. Y que tiene un programa definido aunque sus componentes no compartan el mismo horizonte ideológico: eliminar todo lo que limite su poder. Parlamentos, medios de comunicación convencionales, jueces, la ley.

Para ilustrar la naturaleza de esa alianza, Da Empoli citó un episodio reciente. Elon Musk habló ante una asamblea de extrema derecha en Londres, vinculada al entorno del activista ultra Tommy Robinson. Les dijo lo que querían escuchar: que había que deshacerse del Parlamento, que era legítima la insurgencia civil. La multitud respondió con entusiasmo. Pero cuando alguien le preguntó por el futuro, Musk respondió que sería fantástico: robots por todas partes, nuestras vidas completamente gobernadas por ellos. “Ahí se notó que el público era un poco menos receptivo”.

Los populistas nacionalistas quieren restaurar un orden pasado, vertical, gobernado por tradición. Los tecnólogos de Silicon Valley han dejado atrás no solo la nación sino la especie. No tienen el mismo fin. Pero esa contradicción, subrayó Da Empoli, “es en realidad irrelevante, porque cuando estás en una lucha por el poder no necesitas ponerte de acuerdo en el objetivo final. Solo necesitas ponerte de acuerdo en lo que quieres eliminar”. Lo que les une, concretó, es estructural: cualquier contrapeso, cualquier freno, cualquier procedimiento que los ralentice.

Haugen llegó al mismo punto desde los datos. Elon Musk demostró, con su llegada a Twitter, que era posible despedir a los equipos de seguridad sin que la empresa sufriera consecuencias relevantes. Meta siguió el ejemplo. Y la inteligencia artificial completó el ciclo: permite hacer coincidir la atención de los usuarios con los anunciantes con tanta precisión que ya no importa que la gente use menos los productos. Los ingresos siguen creciendo. El margen de beneficio de Meta es hoy más elevado que hace cinco años, y su tasa de crecimiento, más alta que hace tres.

“Los mecanismos que permiten extraer cierta virtud del mercado dejan de funcionar porque los incentivos están desalineados”, dijo Haugen. Las personas proporcionan la atención, las plataformas venden esa atención y los anunciantes la compran. Cuando los incentivos solo apuntan en una dirección, la experiencia de los usuarios puede deteriorarse indefinidamente sin que el modelo de negocio se resienta.

Da Empoli hizo en Barcelona una precisión terminológica que consideró relevante antes de hablar de soluciones. Cuando se habla de enfrentar el mundo digital, dijo, es importante hablar de “leyes” y no llamarlas regulación. “Eso hace que parezcamos burócratas. Lo que intentamos es que estas plataformas y estos actores se sometan a la ley”.

Europa, recordó, tiene el DSA —el Reglamento de Servicios Digitales—, el DMA —el Reglamento de Mercados Digitales— y la Ley de Inteligencia Artificial. Los mencionó explícitamente y sostuvo que ninguno es un instrumento deficiente. De hecho, dijo, “son bastante inteligentes”. El problema no es su calidad jurídica. El problema es que la Comisión Europea no los está aplicando. “Están legalmente obligados a hacerlo", pero no lo hacen "por preocupaciones geopolíticas”.

La formulación de Da Empoli no deja mucho espacio para la ambigüedad. Bruselas tiene miedo. Miedo de Washington, que ha hecho llegar el mensaje de que aplicar estas normas equivale a una posición hostil frente a la administración estadounidense. Antes, el lobby era intenso pero implícito. Ahora es explícito. Y la Comisión, de momento, cede.

“Lo primero es hacer que les resulte muy difícil no aplicar las leyes que ya existen”, defendió Da Empoli. Y luego, presionar para que eso ocurra.

Para explicar qué está en juego cuando esas leyes no se aplican, recurrió a un ejemplo pequeño y preciso que recoge en su libro La hora de los depredadores. Una localidad francesa vio dispararse el tráfico de repente: coches pasando por delante de colegios y hospitales sin que nadie entendiera por qué, hasta que descubrieron que era una aplicación de navegación la que redirigía vehículos desde la autopista porque el algoritmo había identificado un atajo de un minuto. El alcalde era, en teoría, la autoridad responsable de la circulación en su municipio. Pero quien decidía por dónde iban los coches era una app. “¿Quién es soberano?”, se preguntó Da Empoli.

Su conclusión no fue que haya que combatir esa aplicación. “Sería como luchar contra la electricidad”. El problema no es la herramienta. El problema es la ausencia de cualquier obligación de incorporar criterios de bien público. “Quizá puedes establecer una norma que le impida enviar diez mil vehículos en pocos minutos por una calle donde hay un colegio o un hospital. Quizá puedes quedarte con la herramienta y configurarla de manera que se optimice no solo para el beneficio económico, sino para el bien público. Es técnicamente posible. Es factible. Solo hace falta voluntad para hacerlo”.

Haugen, por su parte, llegó a Barcelona con una propuesta concreta para ese punto ciego entre el diagnóstico y la acción. Y la dirigió, de forma explícita, a la audiencia europea.

Su argumento parte de una paradoja económica. Una cantidad enorme de dinero publicitario europeo viaja cada año a Estados Unidos para financiar a las grandes plataformas. “No estamos hablando de miles de millones de dólares, sino de decenas de miles de millones”, señaló. Cada vez que un usuario europeo ve un anuncio de una marca europea en sus redes sociales, ese dinero está financiando el modelo que tanto Da Empoli como ella critican.

La vía legislativa, reconoció Haugen, está prácticamente atascada en Estados Unidos. “Cada legislatura aprobamos menos leyes que la anterior, y así llevamos 25 años”, dijo con ironía. Europa tiene más capacidad. Pero la regulación sola, desde su punto de vista, no cambia los incentivos de fondo. Para eso hace falta que el dinero se mueva.

Los boicots publicitarios tampoco funcionan, o no de forma duradera. En 2020, la campaña Stop Hate for Profit consiguió que un número significativo de grandes anunciantes retiraran su publicidad de los productos de Meta en respuesta a la gestión de la plataforma durante los disturbios relacionados con el movimiento Black Lives Matter. Funcionó durante un tiempo. Luego, los anunciantes volvieron. “Fue un proceso muy doloroso para los anunciantes”, reconoció Haugen. Los boicots operan por privación: extraen energía del sistema, pero no generan nada nuevo. Son difíciles de sostener y fácilmente reversibles en cuanto la presión mediática decae.

La propuesta que Haugen presentó en Barcelona funciona de otra manera. No se trata de retirar dinero, sino de redirigirlo. No de boicotear, sino de establecer condiciones.

La idea es concreta. Haugen propone que los grandes anunciantes se comprometan a destinar un porcentaje de su inversión publicitaria en línea —ella habla de un 10% como punto de partida— a plataformas que estén dispuestas a publicar cinco métricas sobre su impacto en los menores. No tienen que abandonar las plataformas actuales. Solo tienen que condicionar una parte de esa inversión a que exista transparencia.

Las cinco métricas que propone son las siguientes. La primera, violencia sexual: cuántos usuarios recibieron un mensaje sexual no deseado en los últimos siete días. La segunda, calidad del sueño: en qué medida el uso de la plataforma afecta al descanso de los adolescentes. La tercera, rendimiento escolar: si la plataforma afecta a la capacidad de los menores de rendir bien académicamente. La cuarta, consentimiento: si el usuario puede dejar de usar la plataforma cuando quiere. La quinta, comunidad presencial: si el uso de la plataforma favorece el encuentro en persona con las personas del entorno del usuario, o si, por el contrario, tiende a aislarlo y retenerlo dentro de la plataforma.

La inspiración para la primera de esas métricas viene de un testimonio concreto. Arturo Bejar, exempleado de Meta, declaró ante el Senado de Estados Unidos en 2022 que una de cada ocho niñas de entre 13 y 15 años había recibido un mensaje sexual no deseado en Instagram en los siete días anteriores a una encuesta. Haugen subrayó en Barcelona un dato que, según ella, pasó casi desapercibido: entre el 1% y el 2% de esas chicas recibieron diez o más mensajes de ese tipo en ese mismo periodo. “Ese número no va a bajar hasta que Meta tenga que publicar la frecuencia con la que eso ocurre justo al lado de sus cifras de pérdidas y ganancias”.

La lógica es que la transparencia obliga. Si las plataformas saben que los grandes anunciantes condicionan su inversión a la publicación de esos datos, tienen un incentivo económico directo para mejorar esas métricas. Y si no las mejoran, al menos las hacen visibles.

Haugen puso un ejemplo deliberadamente incómodo. Disney es uno de los mayores anunciantes en los productos de Meta. “Deberíamos preguntarle a Disney por qué se niega a comprometerse a destinar parte de su inversión publicitaria a plataformas dispuestas a ser honestas sobre si los menores están recibiendo comunicaciones sexuales no deseadas”, afirmó. ”Eso debería ser una petición elementa”l. Una empresa cuya marca se construye sobre la infancia invierte cantidades millonarias en plataformas que, según sus propios documentos internos, conocen el daño que causan a los menores y deciden no publicarlo.

Si los anunciantes empiezan a desplazar una parte de su inversión hacia plataformas alternativas —aunque sea de forma gradual, un 10% en seis meses, un 20% en dos años—, generan una señal para los inversores. Y esa señal puede hacer viables modelos de negocio que hoy no son rentables porque no hay capital dispuesto a financiarlos. “Pueden invertir en un futuro para Europa o pueden invertir en el statu quo que impulsa Estados Unidos”, dijo Haugen.

Da Empoli apuntó en la misma dirección, pero desde otro ángulo. La segunda línea de acción que propuso en Barcelona, más estructural y más difícil que presionar para que se apliquen las leyes existentes, es construir un modelo alternativo, ni estadounidense ni chino. No un modelo de rechazo tecnológico, sino de diseño diferente. El entorno digital actual, explicó, se parece a la comida basura: fácil, adictiva, en última instancia dañina. Lo que Europa podría intentar construir es algo más parecido a la cocina lenta: “Más sano, pero que siga siendo atractivo, satisfactorio y en última instancia mucho más gratificante”. Pero eso implica dar espacio a creadores y empresas, y posiblemente financiación pública.

El poder digital no es un fenómeno natural ni inevitable, concluyó Da Empoli. Es una construcción. Si no tiene límites, no es porque los límites sean imposibles. Es porque quienes podrían imponerlos llevan demasiado tiempo con demasiado miedo para intentarlo. Haugen añadiría un matiz: algunos de esos “quienes” no son gobiernos ni reguladores, sino empresas que cada semana depositan decenas de miles de millones en las cuentas de las plataformas que dicen querer cambiar.

Yaël Eisenstat lleva más de 25 años trabajando contra el extremismo —primero como oficial de inteligencia, luego como diplomática, después como asesora en la Casa Blanca—. Para su sorpresa, en 2018 fue contratada por Facebook con el fin de dirigir su trabajo global de integridad electoral en publicidad política. Al segundo día, su título había cambiado. Al sexto mes, dimitió.

Esa trayectoria fue el hilo conductor de su intervención este martes en la apertura del I Encuentro por los Derechos Digitales de Barcelona, donde presentó su diagnóstico sobre la relación entre el diseño de las plataformas, la regulación vigente y los límites de lo que los investigadores externos pueden realmente saber sobre cómo funcionan estos sistemas.

La regulación europea —el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), las obligaciones de transparencia algorítmica, los requisitos de auditoría para plataformas de muy gran tamaño— sitúa a Europa en una posición aventajada respecto a Estados Unidos. Eisenstat lo reconoció sin ambigüedades. Pero añadió una condición que altera sustancialmente el diagnóstico optimista: esa ventaja regulatoria depende, en última instancia, de lo que las propias plataformas decidan mostrar.

Meta, puso como ejemplo, dispone de la biblioteca de anuncios más completa que existe en este momento. Pero también tenía CrowdTangle, la herramienta que permitía a investigadores externos analizar la difusión de contenidos en sus plataformas. “La mataron. CrowdTangle ya no existe”, se lamentó. La herramienta que hacía posible investigar a Facebook fue cerrada por Facebook.

La investigación que ella dirige desde Cybersecurity for Democracy, con sede en la Universidad de Nueva York, depende de poder acceder a datos sobre amplificación algorítmica. Sus propios estudios han demostrado que “los cambios en la amplificación cambian las experiencias de las personas con los debates públicos en las redes sociales de maneras muy distintas del contenido en sí que las personas están publicando”. No basta, por tanto, con analizar qué se dice. Hay que saber a quién se lo está enviando el algoritmo, con qué intensidad y por qué. Pero esos datos, en gran medida, los controlan las empresas.

Parte del material que Eisenstat utilizó en su presentación procede de documentos internos filtrados, principalmente a través de la exempleada de Facebook Francis Haugen. Algunos tan reveladores como una presentación interna fechada en 2016 en Alemania que mostró cómo el 64% de todos los grupos extremistas en ese país se habían formado a través de las herramientas de recomendación de la plataforma. “Esto vino de su propia investigación. No es de alguien del exterior”, subrayó.

El mismo patrón aparece en los datos sobre discurso político. Twitter, antes de convertirse en X, documentó en un informe interno que el contenido político recibía una amplificación sistemáticamente mayor cuando pasaba por su sistema de recomendaciones que cuando simplemente aparecía en una línea de tiempo cronológica. Y que los tuits publicados por cuentas de la derecha política recibían más amplificación que los de la izquierda. “Twitter lo sabía, y de hecho lo escribieron” en sus documentos internos, dijo Eisenstat.

En este contexto, la pregunta que se plantea no es solo si Europa tiene mejores leyes. Es si esas leyes pueden aplicarse de forma efectiva cuando los datos que acreditarían el incumplimiento están en manos de quien presuntamente incumple.

Durante la conversación posterior a su ponencia, el moderador le preguntó si la situación había mejorado desde 2018, el año del escándalo de Cambridge Analytica y el año en que ella fue contratada por Meta. Su respuesta fue directa: “No. Lamento decir esto, pero en este momento probablemente estamos en el punto más precario”.

La explicación que ofreció tiene lógica geopolítica. Estas empresas se construyen, crecen y se expanden principalmente desde Estados Unidos. Y es el “panorama legal permisivo estadounidense” el que ha permitido que ese modelo se exporte al resto del mundo. “Creo que arreglarlo en los Estados Unidos es imperativo. Y en este momento tenemos allí menos protecciones que en la última década”.

Esa asimetría tiene consecuencias directas para Europa. El DSA puede obligar a las plataformas a auditar sus algoritmos, a presentar informes de riesgo sistémico, a dar acceso a investigadores acreditados. Pero la arquitectura de negocio que produce los problemas —el modelo publicitario, el sistema de recomendación optimizado para el compromiso, la monetización del contenido radical— se diseña en California y se exporta globalmente con las mismas características.

Hacia el final de la conversación, Eisenstat insistió en un concepto bien conocido, el “dividendo del mentiroso”. La idea es que la proliferación de contenido sintético —vídeo, audio e imágenes generadas por inteligencia artificial— no solo produce falsedades. Produce duda sistemática sobre lo real. “El dividendo del mentiroso es cuando tienes tanta duda sobre lo que es real y lo que es falso” que es suficiente para que cualquiera pueda poner en duda algo, explicó. El beneficio para los actores de mala fe no es solo poder mentir. Es poder negar cualquier evidencia real alegando que es fabricada.

Sobre la inteligencia artificial en general, Eisenstat fue cautelosa en sus matices pero clara en su diagnóstico de fondo. Reconoció usar herramientas como ChatGPT o Claude, pero dijo que nunca permitirá que una IA agente acceda a su calendario o a sus datos personales. “Es una pelea desigual pedirle a un individuo que se enfrente solo a las empresas más intrusivas y poderosas de nuestra vida”, afirmó, y situó en los gobiernos la responsabilidad de establecer los límites. El trabajo del Estado, dijo, es proteger la vulnerabilidad de sus ciudadanos frente a prácticas que explotan sus datos más íntimos, “sin necesidad de prohibir estas empresas ni de ilegalizar ningún discurso”.

Sobre el modelo de negocio subyacente, fue más tajante. La mayoría de estas plataformas, dijo, venden comodidad: la respuesta más rápida, aunque no sepas si es precisa; la ropa en tu puerta antes que en la tienda. “Por toda esa comodidad, ¿a qué estás renunciando?”, preguntó. La misma herramienta de segmentación que te muestra las zapatillas que querías “también se está utilizando para dirigirte hacia un discurso político, para dirigir hacia ti teorías de la conspiración. No se trata solo de venderte zapatillas”.

La sesión incluyó también una referencia a la reciente decisión de Ursula von der Leyen de apoyar las restricciones de acceso de menores a las redes sociales. Eisenstat señaló que los documentos internos de las propias plataformas “muestran una y otra vez que saben que están generando adicción en los niños, que les están sirviendo contenido dañino y que no están resolviendo estos problemas”. Sobre la prohibición por edad, matizó que cada país puede fijar su propio umbral, pero que “una prohibición por sí sola” no cree “que resuelva todo el problema”.

Los primeros veredictos de jurado en Estados Unidos contra Meta —en Nuevo México y Los Ángeles— han comenzado a establecer jurisprudencia sobre una distinción que Eisenstat considera central: que los daños no son solo consecuencia del discurso que circula por las plataformas, sino del diseño de las plataformas mismas. Su equipo participó como testigo en el caso de Nuevo México y parte de su investigación fue utilizada en ambos juicios.

Es la misma distinción que, si prospera en los tribunales estadounidenses, podría reforzar la base legal de la regulación europea. O que, si no prospera, dejará esa regulación dependiendo de lo que las empresas decidan, voluntariamente, dejar ver.

La investigación abierta contra Meta por no impedir el acceso a sus redes sociales a los menores de 13 años es la última de las acciones emprendidas por la Comisión Europea para poner coto a las prácticas abusivas de las tecnológicas, que van desde las brechas a la privacidad de sus usuarios y la difusión de bulos, desinformación o contenido pornográfico ilegal hasta acciones monopolísticas y contra la competencia.

Desde que en otoño pasado los 27 pactaron una declaración conjunta donde se reconocía la adicción que las redes sociales, las plataformas online y la Inteligencia Artificial generaban en los menores por sus contenidos diseñados específicamente, los Estados de la UE han ido introduciendo leyes y normas para limitar la edad de acceso, mientras la Comisión Europea, aprovechando la nueva Directiva de Servicios Digitales, abre investigaciones contra las grandes tecnológicas por su funcionamiento.

Instagram y Facebook, propiedad de Meta, aplicaron medidas para restringir el acceso de los niños y niñas que “no parecen estar siendo efectivas”, reprocha el Ejecutivo comunitario, para denunciar que “no prevén adecuadamente el acceso de los menores de 13 años a sus servicios ni los identifican rápidamente ni los retiran si han conseguido acceso”. Meta “está claro que ahora mismo no está haciendo lo suficiente” en la protección de la infancia, reprocha la vicepresidenta de la Comisión al frente del departamento de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. Una denuncia pública desde Estrasburgo, con motivo de la sesión plenaria del Parlamento Europeo, que se suma a otras, como las dos abiertas contra la plataforma de X.

Grok, la inteligencia artificial de la antigua Twitter, está siendo investigada formalmente por los riesgos asociados con la difusión de contenido ilegal en la UE relacionado con imágenes sexuales explícitas manipuladas de mujeres y hasta de abuso de menores. Un proceso sumado al que está en marcha desde 2023 por las obligaciones supuestamente incumplidas por X para mitigar el contenido relacionado con material terrorista.

La eurodiputada socialista Laura Ballarín califica estas investigaciones como actuaciones necesarias y urgentes ante “la alarmante falta de control por parte de las plataformas” digitales. La política, voz en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, cree aun así que estas investigaciones llegan en muchos casos tarde, ya que mientras los procesos de Bruselas avanzan con lentitud, la plataforma de Elon Musk opera “sin asumir responsabilidades reales”.

Las llamadas para que la UE ponga coto a los desmanes digitales de las plataformas de Internet, redes sociales o la Inteligencia Artificial han ido en aumento en los últimos tiempos. El grupo parlamentario de Los Verdes escribió en una carta abierta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que los escándalos de Grok sobre imágenes falsas de abuso a menores o violencia sexual contra mujeres eran “una desgracia” y “un comportamiento inimaginable” que exigían “apoyar alternativas europeas frente a las plataformas sociales dominantes” con fondos comunitarios, además de que Bruselas y los Estados miembros “investiguen de forma rigurosa y refuercen nuestras leyes, incluyendo cualquier ley criminal que sea violada”.

Precisamente los ministros europeos de Telecomunicaciones discutieron este jueves en Chipre el futuro europeo de la Inteligencia Artificial y su regulación. Óscar López, el titular español, asegura que la posición del Gobierno al respecto es “muy sólida”, que “España no quiere retroceder” y que la Unión necesita “una regulación para que Europa consiga una IA fiable”. En todo el continente, señala el ministro López, “han surgido voces a favor de proteger a nuestros menores, especialmente en redes sociales, y la mayoría de edad. Ahora mismo hay dos países, Francia y España, que tienen una ley de protección del menor, pero los demás no la tienen y están discutiendo cómo hacerlo”.

Antes que España, a principios de año, la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley que modificaba la existente sobre protección del menor e introducía los 15 años como límite para acceder a las redes sociales. Por debajo de esa edad, tendrían prohibido ser usuarios en esas plataformas, como también quedaría prohibido el uso de los teléfonos móviles en los institutos. Francia se convirtió en el pionero europeo de esta regulación después de que la ANSES, su Agencia de Seguridad Sanitaria, declarase que aplicaciones como TikTok, Snapchat o Instagram provocan severos efectos negativos en los adolescentes. Hasta ese momento, sólo Australia tenía una prohibición semejante en el planeta.

Los estudios de la Comisión Europea tras la introducción de la Directiva sobre Servicios Digitales hablan de que el 97% de los jóvenes de la UE emplean a diario Internet y que las redes sociales son la principal fuente de información para el 65% de ellos. El departamento que dirige la comisaria Virkkunen “reconoce que Internet tiene mucho que ofrecer a la infancia y a la juventud, desde el aprendizaje hasta la exploración del mundo”, pero que “también están aumentando los riesgos online para la juventud que necesitan atajarse”.

La eurodiputada Laura Ballarín insiste en que el avance tecnológico no puede producirse a costa de la seguridad de los colectivos más vulnerables, “la tecnología no puede avanzar dejando atrás la protección de menores y mujeres. Regular no es frenar el progreso: es garantizar derechos”. Los países europeos están tomando nota de estos llamamientos y el coto a las redes sociales y la Inteligencia Artificial avanza.

Dinamarca está introduciendo estrictas normas para la protección online de los menores, incluyendo la prohibición de usar las redes sociales por debajo de los 15 años si no existe un control parental específico. El gobierno de la primera ministra Mette Frederiksen ha adoptado esta medida después de que bajo su impulso como presidencia rotatoria del Consejo Europeo, los ministros de los 27 pactasen el pasado otoño la Declaración de Jutland donde se afirma que “los diseños adictivos mantienen colgados” a los menores en el mundo online, “en riesgo a contenido ilegal, contenido extremista y dañino y expuestos a contactos inapropiados”. El documento, pactado por todos los gobiernos sin excepción, reconoció “la necesidad de requerir una verificación privada y efectiva de la edad en las redes sociales”.

El gobierno austríaco trabaja en una prohibición semejante incluso con una edad aún más baja, los 14 años, como medio para combatir la adicción, las enfermedades mentales y el contenido dañino por Internet. En Alemania, democristianos y socialdemócratas también está elaborando una regulación que fuerce a las redes sociales a introducir sistemas de verificación de edad, con el mínimo de los catorce años y la obligatoriedad de versiones juveniles para los menores de dieciséis.

En otros países estas iniciativas también se abren paso. El debate ya está en el seno de la coalición de gobierno italiano, con el objetivo de adaptar las regulaciones existentes hacia un uso más restrictivo para los adolescentes más jóvenes en las redes sociales, con límites como los catorce o quince años, y en Bélgica, la región de Flandes, aprovechando sus competencias sobre protección de menores, ha introducido el mínimo legal de 13 años para acceder a plataformas como TikTok o Instagram.

La Comisión Europea acusó este miércoles a la tecnológica estadounidense Meta de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram.

Por eso, obligó a ambas redes sociales a "reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar (las cuentas) a menores de 13 años", según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, y de no hacerlo, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6 % de su facturación anual.

La Comisión señaló que pese a que los propios términos y condiciones de Meta establecen que los menores de 13 años no pueden abrirse una cuenta en sus redes sociales, las medidas que lleva a cabo la plataforma para evaluar la edad de sus usuarios "no parecen ser efectivas".

En concreto, Bruselas aseguró que los usuarios pueden mentir sobre su edad al abrirse una cuenta, diciendo que tienen al menos 13 años, sin que existan "controles efectivos para verificar la veracidad de la fecha de nacimiento".

El Ejecutivo comunitario afirmó también que la herramienta de Meta para advertir de la presencia de menores de 13 años en sus redes sociales "es difícil de usar y poco efectiva", ya que hay que clicar hasta siete veces para acceder al formulario de denuncia.

E incluso cuando se ha advertido a la compañía de que un menor de 13 años se ha abierto una cuenta, "a menudo no se realiza un seguimiento adecuado y el menor denunciado puede simplemente seguir utilizando el servicio sin ningún tipo de control", exponiéndole a "contenido inapropiado para su edad".

Bruselas dijo que el análisis que hace Meta sobre el riesgo que suponen sus redes sociales es "incompleto y arbitrario" y contradice "una gran cantidad de evidencias" en la UE que indican que entre el 10 y el 12% de los menores de 13 años acceden a Facebook e Instagram.

La conclusión de la Comisión llega en pleno debate sobre la necesidad de establecer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales y cuando varios países ya han aprobado legislación al respecto: Francia, Italia, Dinamarca y Grecia las han prohibido a los menores de 15 años y España, a los de 16.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario aseguró este mismo mes que la aplicación móvil que ha desarrollado para verificar la edad de los usuarios, garantizando completamente su privacidad, ya está "técnicamente preparada" para poderse usar.

La aplicación, no obstante, no es obligatoria, sino que es una herramienta que Bruselas pone a disposición de las plataformas para cumplir con la ley de servicios digitales, que les obliga a proteger de manera especial a los menores.

El Ejecutivo comunitario aspira a que los veintisiete países del bloque y las plataformas empleen esta aplicación para lograr un uso armonizado en toda la UE, aunque las tecnológicas podrán acabar utilizando sus propios sistemas de verificación de edad.

Una redacción publica un reportaje en Facebook o en X. Horas después, la publicación ha desaparecido. No hay aviso previo, no hay explicación, no hay nadie al otro lado que responda. No hay responsabilidad. Solo un mensaje automático que remite a las condiciones de uso. El medio puede reclamar, claro. Puede rellenar un formulario, esperar días, recibir otra respuesta automática. O no recibir nada. Eso, con distintas variantes, ha ocurrido a medios de toda Europa en los últimos años: desde cabeceras con décadas de historia hasta emisoras locales con una docena de periodistas.

Para cambiarlo, la Unión Europea hace tiempo que puso en marcha su capacidad de legislar. Y ahora las cosas ya han llegado al punto en el que las grandes plataformas tienen que responder. Es lo que declaró el pasado 22 de abril el Media Board de la Unión Europea, el organismo creado para velar por la independencia y la pluralidad del periodismo en el continente y en el que España está representada a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El texto celebra las directrices que la Comisión Europea aprobó el pasado 6 de febrero y urge a Meta, Google, TikTok, X y el resto de las grandes tecnológicas a que las apliquen “cuanto antes”. Esas directrices no son sugerencias: son las instrucciones concretas, punto por punto, que explican cómo deben construir las plataformas un mecanismo para que los medios de comunicación puedan identificarse como tales y quedar protegidos frente a borrados arbitrarios. La ley que los obliga lleva más de un año en vigor. El mecanismo todavía no existe en ninguna de ellas.

Para entender el estado actual de la cuestión, hay que remontarse a 2024, cuando la Unión Europea aprobó el Reglamento Europeo de la Libertad de Medios, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act). Es la primera norma de ámbito europeo que intenta blindar el periodismo independiente frente a dos tipos de presión: la de los gobiernos y la de las grandes plataformas digitales.

Su artículo 18 es una de las piezas más prácticas de ese edificio. Establece que las plataformas más grandes —las que superan los 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE— tienen que tratar a los medios de comunicación de forma diferente a como tratan a un usuario corriente. Un periódico, una radio o una televisión que publica contenidos en Facebook, YouTube o TikTok no puede estar sujeto a las mismas reglas informales que alguien que cuelga un vídeo de su gato.

Concretamente, la ley les exige tres garantías básicas: que la plataforma avise al medio con antelación si va a borrar o limitar uno de sus contenidos, que le explique los motivos con claridad y que le dé 24 horas para responder antes de que el borrado se haga efectivo. Si un medio considera que está siendo limitado de forma sistemática e injustificada, puede exigir además un diálogo formal y que sus quejas sean atendidas con prioridad.

Suena razonable. El problema es que, para beneficiarse de estas protecciones, los medios primero tienen que identificarse como tales ante cada plataforma. Y para que eso sea posible, cada plataforma tiene que crear un mecanismo —un botón, un formulario, algún tipo de canal específico— a través del cual los medios puedan presentar esa declaración. Hasta febrero de 2026, nadie había explicado con suficiente detalle cómo debía ser ese procedimiento. Las plataformas, en ausencia de instrucciones precisas, no lo habían construido. Eso es exactamente lo que las directrices de la Comisión vienen a resolver.

Las directrices —publicadas en el Diario Oficial de la UE con la referencia C/2026/901— son bastante concretas. No dejan demasiado margen a la interpretación.

Lo primero que establecen es que ese mecanismo de declaración tiene que ser visible y accesible. No puede estar enterrado en un submenú de configuración avanzada. Debe estar disponible en todos los idiomas oficiales de la UE y ser fácil de encontrar para cualquier redacción, con independencia de su tamaño o sus recursos técnicos.

Para declararse como medio de comunicación, las organizaciones periodísticas tendrán que proporcionar siete elementos concretos. Entre ellos: que producen contenido informativo, que son editorialmente independientes —esto es, que no están controladas por un gobierno, un partido político o un Estado extranjero—, que están sujetas a algún mecanismo de supervisión regulatoria o de autorregulación reconocido (un consejo de prensa, un defensor del lector, un código deontológico acreditado), y sus datos de contacto y los del regulador o autoridad competente en su país.

Hay un punto que merece atención especial: las directrices exigen también que los medios declaren si sus contenidos generados con inteligencia artificial tienen supervisión humana y control editorial. Es, probablemente, la novedad más relevante del texto en el contexto actual, y anticipa una conversación que apenas ha empezado en la industria periodística.

Una vez presentada la declaración, la plataforma tiene que acusar recibo de forma automática e inmediata, con un contacto humano real —no un sistema automatizado— para facilitar la comunicación posterior. Las declaraciones deben además ser públicas: cualquier ciudadano podrá consultar qué medios se han declarado como tales en cada plataforma.

Las directrices también acotan el margen de maniobra de las plataformas cuando tengan dudas sobre si un supuesto “medio” cumple realmente los requisitos. En ese caso, no pueden limitarse a rechazar la declaración: deben consultar al regulador nacional correspondiente antes de tomar ninguna decisión. 

La incertidumbre no puede usarse como excusa para el bloqueo. Y si un medio pertenece a un mecanismo de corregulación o autorregulación reconocido —un consejo de prensa, por ejemplo—, su declaración debe aceptarse de forma automática, siempre que el resto de elementos estén en orden.

Por último, las directrices abren la puerta a que organizaciones como verificadores de datos participen en la supervisión del proceso, para evitar que medios dedicados sistemáticamente a la desinformación o a la propaganda disfrazada de periodismo se beneficien de protecciones que no les corresponden.

La pelota está en el tejado de las plataformas. Las normas ya existen; lo que falta es que las implementen. La lista de obligadas incluye a Meta (Facebook, Instagram, Threads), Alphabet/Google (YouTube, Google Search, Google News), TikTok, X, Microsoft (Bing, LinkedIn), Snapchat y Pinterest, entre otras. Todas ellas están sujetas al Reglamento de Servicios Digitales y, por extensión, al artículo 18 del EMFA.

Pero no son las únicas que tienen que actuar. Los medios de comunicación que quieran beneficiarse de estas protecciones tendrán que preparar su declaración y presentarla en cada plataforma en la que tengan presencia relevante. Eso implica verificar que cumplen los requisitos —en particular los de transparencia sobre propiedad e independencia editorial— y mantenerla actualizada si sus condiciones cambian.

Y los reguladores nacionales de medios deben estar preparados para ser consultados por las plataformas cuando estas duden sobre alguna declaración. En España, eso corresponde principalmente a la CNMC y, en su ámbito audiovisual, al organismo que prevé la Ley de Comunicación Audiovisual. La agilidad de esa respuesta importa: si el regulador tarda semanas en contestar, la protección pierde buena parte de su sentido práctico.

¿Cuál es el problema? En España la CNMC sigue sin tener la habilitación legal para ocuparse de este asunto más allá del campo audiovisual.

La presidenta del Media Board, Amma Asante, resume el propósito del artículo 18 en que estas normas existen para que los intermediarios privados no puedan “restringir indebidamente el discurso público”. Dicho de otra forma: para que la decisión sobre qué periodismo llega a la ciudadanía no la tome un algoritmo de Silicon Valley.

No es una amenaza hipotética. En los últimos años, medios de distintos países —incluidos algunos europeos— han visto contenidos borrados o alcances limitados sin previo aviso, sin explicación clara y sin posibilidad real de réplica. Las plataformas aplican sus propias condiciones de uso, las cambian cuando lo consideran oportuno y no tienen, hasta ahora, ninguna obligación legal de tratar a un medio periodístico de forma distinta a cualquier otro usuario.

El artículo 18 del EMFA no cambia eso radicalmente: no obliga a las plataformas a no borrar contenidos. Solo les exige que, antes de hacerlo, avisen, expliquen y escuchen. Es una protección modesta, pero es la primera de su tipo a escala continental. Y tiene una virtud: pone por escrito, en una norma jurídicamente vinculante, que el periodismo independiente merece un tratamiento distinto al del contenido ordinario.

La eficacia de esa protección depende ahora de que las plataformas construyan el mecanismo, de que los medios lo usen y de que los reguladores hagan cumplir la norma. El Media Board ya ha avisado esta semana de que el reloj está corriendo. El primer test es el más sencillo: ¿tienen ya Facebook, YouTube o TikTok ese formulario? La respuesta, por ahora, es negativa.

Durante décadas, las grandes plataformas digitales han estado operando bajo un principio casi sagrado: lo que publican sus usuarios no es responsabilidad suya. La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos les otorgó un escudo legal que las blindaba frente a miles de demandas y convertía cualquier intento de atribuirles responsabilidad en un ejercicio jurídico destinado al fracaso. Ese escudo se está agrietando, y lo que está entrando por las grietas, además de un reproche moral, es una abultada factura.

En Los Ángeles, un jurado popular declaró esta semana a Meta —la matriz de Instagram y Facebook— y a YouTube —propiedad de Alphabet, la empresa madre de Google— responsables de negligencia por haber diseñado ambas plataformas de una manera que dañó la salud mental de una joven de veinte años. La indemnización fue de seis millones de dólares, repartidos entre daños compensatorios y punitivos, con Meta asumiendo el 70% de la responsabilidad y Google el 30%.

Una cifra modesta comparada con lo ocurrido unos días antes en Nuevo México, donde Meta fue condenada a pagar 375 millones por permitir que Instagram se convirtiera en un entorno propicio para la explotación sexual infantil y por engañar a los usuarios sobre la seguridad de sus aplicaciones. Snap y TikTok se libraron en el juicio de Los Ángeles gracias a que prefirieron llegar a acuerdos extrajudiciales con la demandante antes de que el jurado emitiera su veredicto. Nadie sabe cuánto pagaron por no ser señaladas en este caso, pero eso no las librará de ser acusadas en en otros procedimientos.

Lo que hace jurídicamente relevantes estos fallos es que no se basan en el contenido que circula por las plataformas sino en cómo están construidas. Los demandantes no están acusando a Meta o a Google de publicar algo ilegal. Las acusan de haber diseñado productos defectuosos: el scroll infinito que elimina cualquier punto natural de parada, las notificaciones de intervalo variable que imitan la lógica de una máquina tragaperras, los algoritmos que priorizan el contenido que más engancha aunque sea el más dañino. Eso no es contenido de terceros. Eso lo fabricaron ellas. Y ahí es exactamente donde la Sección 230 deja de protegerlas.

La norma, aprobada en 1996, cuando internet era todavía un espacio marginal y sus riesgos apenas se intuían, fue concebida para proteger a los proveedores de servicios digitales de la responsabilidad por lo que sus usuarios publicaran. Su lógica parecía razonable en aquel contexto: no tenía sentido hacer responsable a una plataforma de mensajería por los insultos que un usuario enviara a otro, del mismo modo que no se considera responsable a una empresa de telefonía por las conversaciones que se producen a través de sus líneas.

Pero las redes sociales del siglo XXI no son una infraestructura pasiva. Son sistemas activos de recomendación, ordenación y amplificación del contenido, diseñados con una intención precisa: mantener al usuario el mayor tiempo posible dentro de la plataforma. Y ese diseño, argumentan los demandantes con creciente éxito, es una decisión de ingeniería cuyas consecuencias dañinas sus autores deben asumir.

Los juristas recurren a la industria tabacalera para explicar el giro histórico que están protagonizando estos procesos. Al igual que ocurrió con las tabaqueras en los años noventa, lo determinante no está siendo solo el daño, sino la evidencia de que las empresas lo conocían. Documentos internos de Meta han demostrado que sus propios equipos sabían que los filtros de belleza de Instagram generaban dismorfia corporal en adolescentes, que sus algoritmos podían empujar hacia contenido relacionado con trastornos alimenticios, y que la empresa eligió priorizar el engagement sobre el bienestar. Sabían, callaron y siguieron optimizando. Ese es el patrón que en los años noventa arruinó a Philip Morris. Y ese es el patrón que los jurados de Los Ángeles y Santa Fe han empezado a penalizar.

La base científica que sustenta estas demandas no es especulativa. El cerebro reacciona a las redes sociales de forma parecida a como reacciona a las drogas. Recibir un “me gusta” libera dopamina —el neurotransmisor que el cerebro segrega cuando anticipa o recibe una recompensa— en sus zonas más instintivas.

Con el tiempo, el usuario desarrolla lo que los investigadores llaman una disociación entre el “querer” y el “gustar”, un deseo compulsivo de revisar la plataforma que no va acompañado de satisfacción real, o que incluso coexiste con una satisfacción decreciente. El usuario sigue abriendo la aplicación aunque sepa que no va a encontrar nada que le importe, del mismo modo que un fumador enciende un cigarrillo sin esperar ya ningún placer particular de él. Los adolescentes son especialmente vulnerables porque su corteza prefrontal —la región que regula el control de los impulsos— aún no está completamente desarrollada. No es una metáfora clínica. Es neurobiología con implicaciones jurídicas.

Los mecanismos concretos mediante los que las plataformas explotan esa vulnerabilidad están bien documentados. El scroll infinito, desarrollado por el diseñador Aza Raskin —que después se arrepentiría públicamente de haberlo inventado—, elimina los momentos naturales de pausa que en cualquier otra actividad actúan como señales de que ha llegado el momento de parar. "Es como si estuvieran tomando cocaína conductual", ha llegado a decir Raskin.

La reproducción automática de vídeos hace lo mismo en el terreno audiovisual. Las notificaciones de intervalo variable —que llegan de forma impredecible, como los premios de una tragaperras— generan un hábito de comprobación compulsiva que los psicólogos conductuales llevan décadas identificando como uno de los mecanismos de condicionamiento más potentes conocidos.

Y los algoritmos de recomendación, optimizados para maximizar el tiempo de uso, aprenden rápidamente que el contenido que genera más actividad neuronal es el que activa el sesgo de negatividad: la indignación, el miedo, la comparación social desfavorable. El contenido más rentable tiende a ser también el más tóxico, y los sistemas están diseñados para servirlo con precisión creciente.

La investigación ha empezado a documentar además cambios estructurales en el cerebro asociados al uso intensivo. Niveles más bajos de materia gris en ciertas áreas, alteraciones en los patrones de atención, mayor impulsividad. En adolescentes, cuyo sistema nervioso está todavía en formación, estos efectos pueden condicionar el desarrollo cognitivo de forma duradera. La correlación entre el uso excesivo de redes sociales y el aumento de la depresión, la ansiedad y las ideas suicidas en jóvenes está suficientemente documentada como para que ya no pueda descartarse como alarmismo de padres preocupados.

El problema central es que el diseño adictivo no es un efecto secundario del modelo sino su columna vertebral. Las redes sociales ofrecen sus servicios de forma gratuita porque su negocio no consiste en vender un producto al usuario sino en vender al usuario —su atención, sus datos, su comportamiento— a los anunciantes. En ese modelo, el tiempo que el usuario permanece en la plataforma es literalmente la unidad de medida de la rentabilidad. Cada scroll de más es un anuncio más, un dato de comportamiento más, una fracción de céntimo más. El usuario no es el cliente. Es la materia prima.

Investigaciones con universitarios estiman que, si los usuarios pudieran desactivar todas las funciones de diseño persuasivo, su tiempo de pantalla se reduciría una media del 37%, con casos individuales que llegan al 65%. Una reducción de ese calibre no sería un ajuste menor para estas empresas: sería un colapso de las métricas sobre las que se construyen sus valoraciones bursátiles y se justifican sus ingresos publicitarios. El mercado global de publicidad digital, que valía 350.000 millones de dólares en 2020, alcanzará este año los 768.000 millones, un crecimiento impulsado casi exclusivamente por el aumento del engagement. Sin adicción, no hay negocio a esta escala. Esa es la aritmética del modelo.

La diferencia con otros sectores que también pueden generar dependencia es reveladora. En un modelo de suscripción —Netflix, Spotify— la empresa es indiferente a la intensidad del uso siempre que el cliente renueve. Un abonado que apenas consume el servicio es tan rentable como uno que lo usa doce horas al día, y de hecho consume menos infraestructura. Una tabaquera puede ser indiferente a si el cliente fuma el cigarrillo o lo tira, siempre que lo compre. En las redes sociales, en cambio, el beneficio no se produce con la compra inicial del servicio —que es gratuita— sino con cada minuto adicional de uso. La adicción no es un riesgo colateral del modelo. Es el modelo.

Tristan Harris, exdiseñador de Google convertido en crítico del sector, lleva años argumentando que estas empresas no pueden reformarse significativamente desde dentro porque sus incentivos financieros están estructuralmente orientados a consumir el tiempo de ocio de las personas. La arquitectura de las plataformas, sostiene, no está diseñada para servir al usuario sino para servirlo a él como producto. Los veredictos judiciales de estos días parecen haberle dado la razón, al menos en los tribunales.

Lo ocurrido en Los Ángeles y Santa Fe es, en términos procesales, un ensayo general. El juicio californiano funciona como caso piloto para más de 1.500 demandas similares consolidadas en ese estado, y sus resultados orientarán el valor de miles de reclamaciones pendientes y la posibilidad de acuerdos globales. En junio comenzará en Oakland un juicio federal impulsado por distritos escolares contra Meta, ByteDance —la matriz de TikTok—, Snap y Google. En julio, otro proceso estatal en California involucrará a las cuatro grandes plataformas. En mayo, un juez de Nuevo México decidirá si impone a Meta cambios estructurales en la arquitectura de sus productos, como verificaciones de edad efectivas que hoy no existen o no funcionan con ninguna fiabilidad.

Meta y Google han confirmado que apelarán, y los expertos prevén que la disputa llegará al Tribunal Supremo, que tendrá que pronunciarse de forma definitiva sobre si las protecciones legales actuales cubren el diseño de algoritmos adictivos. Es una pregunta a la que la Sección 230, redactada treinta años antes de que existiera el scroll infinito, no puede responder.

La batalla, previsiblemente, se extenderá además hacia nuevas fronteras: Baltimore ha demandado a xAI, la empresa de Elon Musk, alegando que su chatbot Grok genera imágenes sexuales explícitas de menores, y más de 130 demandas apuntan ya contra la plataforma de videojuegos Roblox por reclamos similares de desprotección de la infancia. La teoría del "diseño defectuoso" está encontrando aplicaciones que sus impulsores iniciales apenas anticipaban.

Hay algo significativo en que sean jurados populares —no legisladores, no reguladores, no académicos— quienes estén forzando este punto de inflexión. El Congreso estadounidense lleva años intentando aprobar la Ley de Seguridad Infantil en Internet sin lograrlo, paralizado por el poder de lobbying de las plataformas, por la dificultad de alcanzar consensos en un sistema político fracturado y por la genuina complejidad de legislar sobre tecnologías que evolucionan más rápido que los ciclos parlamentarios. Doce ciudadanos reunidos en una sala de Los Ángeles han conseguido en días lo que la política no ha logrado en años: establecer, con fuerza de ley, que estas empresas conocían el daño que causaban y eligieron no actuar. Que la ignorancia, en este caso, no es una defensa.

Las plataformas llevan años presentándose como meros intermediarios neutrales, espacios donde las personas se expresan libremente y la empresa solo pone la infraestructura. Es una imagen que siempre tuvo más de relato corporativo que de descripción precisa, pero que funcionó durante tiempo suficiente como para construir sobre ella un muro legal casi impenetrable.

Los veredictos de estos días dicen que ese muro tiene fecha de caducidad. Que el scroll infinito, las notificaciones diseñadas para generar ansiedad y los algoritmos optimizados para maximizar el tiempo de pantalla son decisiones de ingeniería con consecuencias reales sobre personas reales, y que tienen autor, tienen destinatario y tienen precio. Son, simplemente, un producto. Y los productos defectuosos no son neutrales.

Un jurado de Los Ángeles ha declarado este miércoles culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de 3 millones de dólares (unos 2.6 millones de euros).

El juicio comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles con la demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia. Ambas plataformas deberán pagar 3 millones de dólares en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos. De acuerdo con la sentencia, Meta es responsable del 70% de dicho coste y YouTube del resto.

El jurado de este histórico juicio, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, seguirá deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar las empresas por dolor o fraude.

El resultado de esta demanda representa una importante victoria contra dos gigantes tecnológicos y sienta las bases para la resolución de alrededor de 1.500 casos similares contra empresas de redes sociales.

La demanda de la joven, identificada como K.G.M., incluía a las herramientas TikTok y Snapchat, que lograron alcanzar un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

Esta resolución se suma a la sentencia dictaminada ayer por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil y fue condenado a una multa de 375 millones de dólares (324 millones de euros).

Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EEUU.

No conocemos las condiciones exactas del primer acuerdo que Prisa Media firmó con OpenIA en marzo de 2024: cuánto dinero, por cuántos artículos, con qué cláusula de renovación. Los pactos entre los gigantes tecnológicos de la inteligencia artificial y los grandes grupos de comunicación tienen algo en común con los tratados de paz: se anuncian en comunicados triunfales pero entierran todos los detalles.

Aun así, lo que sabemos es suficiente para entender la dirección en la que se mueve el mercado. Y lo que no sabemos sobra para entender por qué los medios pequeños, regionales, locales e independientes están preocupados.

Desde 2023, las empresas de inteligencia artificial generativa —OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Amazon, Perplexity— han necesitado responder a la misma pregunta incómoda: ¿de dónde sacan el texto con el que entrenan sus modelos? La respuesta es que lo toman de internet. Y una parte sustancial de ese "internet" estaba y está hecho de periodismo: crónicas, reportajes, análisis, entrevistas. El trabajo de redacciones financiadas con suscripciones y publicidad, que forman opinión pública, y a las que nadie consultó antes de convertir su producción en datos de entrenamiento.

El conflicto no es un debate técnico sobre modelos de lenguaje. Trata sobre a quién pertenece el valor que genera el periodismo. Y la respuesta que está dando el mercado es que pertenece, en gran medida, a quien tiene más capacidad de negociación.

Los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Claude se entrenan con enormes corpus de texto extraídos de la red. Cuanto más rico y diverso es el material de entrenamiento, mejor funciona el modelo. El periodismo de calidad —con su precisión factual, su variedad temática, su diversidad de registros— es un activo extraordinariamente valioso. El problema es que fue tomado sin permiso.

Las empresas de IA arguyen que el rastreo de contenidos públicos está amparado por la excepción de la minería de datos de la normativa europea de 2019. Los editores rechazaron esa interpretación desde el primer momento. El resultado fue una acumulación de litigios, presiones regulatorias y, finalmente, una carrera por firmar acuerdos que pusieran un precio —aunque tardío— al uso de ese material.

Pero los acuerdos no resuelven el problema de fondo. Un sistema como AI Overviews de Google no solo se entrenó con artículos periodísticos: los resume en tiempo real y los sirve al usuario en la página de resultados, sin que este necesite hacer clic en el enlace original. El medio que financió el sueldo del periodista, el viaje y las horas de edición ve cómo su trabajo llega al usuario sin pasar por su web. Sin clic que genere publicidad. El periodismo se ha convertido en el combustible de un negocio que, en su fase extractiva, no deja nada a cambio.

En España, el actor central de quienes están cobrando a los gigantes de la IA es Prisa Media. La empresa propietaria de El País, la Cadena SER, Cinco Días, As y el Huffpost ha firmado con cuatro operadoras de IA en menos de dos años: con OpenAI, con Meta, con Google y con Perplexity. Prisa se ha convertido, de facto, en el interlocutor del periodismo español ante las grandes tecnológicas.

En el resto de Europa, el patrón es idéntico. OpenAI tiene acuerdos con Axel Springer, Le Monde, el Financial Times, The Guardian y Schibsted. Meta ha fichado a Le Figaro, Süddeutsche Zeitung, Reuters y News Corp. Microsoft colabora con Informa, Axel Springer, el FT y Reuters. Mistral cerró un acuerdo con la AFP. Amazon se alió con Reach, Condé Nast y Hearst.

La lista tiene una característica que se vuelve evidente al leerla entera: todos los nombres son grandes. Todos los medios firmantes tienen decenas o cientos de millones de lectores, archivos históricos de décadas y equipos jurídicos capaces de revisar contratos complejos. Ninguno es un periódico provincial, una revista especializada, un nativo digital de medio alcance. Ninguno.

La posición pública de las grandes empresas de IA descansa en tres argumentos. El primero es el de la innovación: cuando Meta rechazó, en agosto de 2025, firmar el Código de Buenas Prácticas de la UE en materia de inteligencia artificial, argumentó que introduce incertidumbres legales que ahogarán el desarrollo de la IA en Europa. Lo que no dijo es que "incertidumbre legal" es su manera de decir que no quiere quedar obligada a publicar qué datos usaron para entrenar sus modelos.

El segundo es el de la complejidad técnica: alegan que un modelo de pago proporcional al uso real de cada contenido es inviable porque no existe infraestructura para medirlo. Esto es parcialmente cierto. Pero la solución que proponen —la tarifa plana— no resuelve el problema de la atribución: lo elimina. Pagar una cantidad fija anual desvincula la compensación del uso real: el valor específico de cada pieza periodística desaparece en el bulto.

El tercero es el del mercado voluntario: sostienen que el ecosistema de licencias está tomando forma solo. Lo que no explican es que el mercado que toma forma es el de los grandes grupos. No funciona para el periódico regional que no tiene peso –ni recursos– para ser un interlocutor válido con las oficinas de OpenAI.

El argumento que las empresas raramente formulan en público es más simple: negociar con pocos actores grandes es más eficiente que hacerlo con muchos pequeños. Gestionar un acuerdo con Prisa Media tiene el mismo coste administrativo que uno con un periódico local de 10.000 lectores, pero el primero da acceso a décadas de archivo en cuatro cabeceras nacionales. Las cifras conocidas hablan solas: News Corp obtuvo 50 millones de dólares anuales de OpenAI; Axel Springer genera cifras de ocho dígitos. Los medios fuera de esa categoría no tienen cifra porque no tienen acuerdo.

El último acuerdo firmado por Meta con varios medios europeos, entre ellos los del Grupo Prisa, se ha conocido pocos días después de que el Parlamento Europeo, el pasado 12 de marzo, aprobase el informe sobre IA que lleva el nombre del eurodiputado de la CDU alemana Axel Voss. No es una directiva vinculante —ese es su límite principal— pero es el diagnóstico más preciso que ha producido hasta ahora una institución europea sobre este conflicto. Su lectura revela algo importante: los legisladores europeos entienden exactamente lo que está pasando. Y ya le han pedido a la Comisión que actúe.

El punto de partida es una afirmación que las empresas de IA llevan años esquivando: la IA generativa se ha entrenado masivamente con obras protegidas sin autorización. No como accidente ni zona gris, sino como práctica sistemática. El informe reafirma que el derecho de autor es algo que ninguna excepción tecnológica puede erosionar e introduce el concepto de ”acceso lícito”: solo puede ampararse en la excepción de minería de datos quien primero accedió legalmente al contenido.

En el plano operativo, el informe pide a la Comisión un nuevo marco jurídico que cubra no solo el entrenamiento inicial de los modelos, sino también la inferencia —el momento en que el modelo genera una respuesta— y la generación aumentada mediante recuperación: el sistema por el que algunos modelos consultan fuentes externas en tiempo real. Es una distinción técnica con consecuencias económicas enormes: cada vez que un modelo usa contenido periodístico para construir una respuesta, ese uso debería ser licenciable y remunerado.

El informe exige además transparencia: listas detalladas del contenido protegido usado para entrenamiento y usos posteriores, registros de actividades de rastreo, y que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) actúe como intermediaria para gestionar mecanismos de exclusión y mercados de licencias sectoriales.

Rechaza también las tarifas planas: un modelo de licencia global a cambio de pago único diluye el valor de cada contenido y amenaza la diversidad sectorial. Defiende en su lugar licencias voluntarias con remuneraciones proporcionales al uso efectivo. Y añade un elemento que suele pasarse por alto: pide estudiar soluciones para remunerar los usos ya realizados. Reconoce, en otras palabras, que el daño ya ocurrió y que hay que buscar mecanismos para compensarlo retroactivamente.

Para los medios, el informe reserva un bloque específico: control efectivo sobre sus contenidos tanto para entrenamiento como para productos que compiten con ellos, compensación por desvío de audiencia e ingresos, protección especial explícita para medios locales y regionales, y prohibición de que los sistemas de IA favorezcan selectivamente ciertas cabeceras.

Es la propuesta regulatoria más completa que existe hoy en Europa. Su debilidad es que es una resolución parlamentaria, no una ley. Las empresas de IA la leen con atención. Y mientras leen, siguen firmando acuerdos de tarifa plana. Para protegerse, al menos ante los grandes grupos de comunicación, que son además los más influyentes en las políticas de Bruselas.

Mientras tanto, la batalla judicial continúa. En febrero de 2026, el Consejo Europeo de Editores de Medios demandó a Google ante la Comisión Europea. El argumento conecta con lo que el informe Voss llama “productos que compiten directamente” con los medios: cuando AI Overviews genera un resumen tan completo que el usuario ya no necesita leer el artículo original, Google no está citando al periodismo, sino suplantándolo. El usuario obtiene la información, el medio pierde el clic, Google se embolsa el dinero que genera la publicidad.

En España, CEDRO denunció a Google ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por abuso de posición dominante. El expediente se cerró en diciembre de 2025 con compromisos vinculantes para todos los editores y agencias españolas: más transparencia sobre cómo se calcula la remuneración, un procedimiento de negociación estructurado, revisión anual de las ofertas económicas y posibilidad de remuneración retroactiva.

El Tribunal de Justicia de la UE examina por su parte si los resúmenes generados por IA constituyen una reproducción ilícita que vulnera la protección especial de los editores reconocida en la Directiva de Copyright de 2019.

Al margen se están quedando, al menos por el momento, los medios pequeños y locales, que están siendo utilizados —sus contenidos rastreados, incorporados a modelos, usados para generar respuestas— sin recibir compensación, sin capacidad técnica para verificar si su trabajo está en los corpus de entrenamiento y sin recursos legales para impugnar esa situación. El informe Voss los menciona como sujetos que merecen protección especial. Pero una mención en una resolución no es un cheque ni un acuerdo comercial.

Hay además un problema que los grandes acuerdos no solucionan. Si quienes habrían visitado la web de un medio ya no lo hacen porque la IA les dio la respuesta, ningún ingreso por licencias compensa esa pérdida. Los acuerdos actuales no contemplan el valor del lector a largo plazo: la suscripción, la fidelización, la relación sostenida con la audiencia. El modelo de negocio del periodismo financiado por audiencia está siendo erosionado con independencia de si el medio firmó o no un acuerdo.

Frente a esta asimetría, CEDRO y la Asociación de Medios de Información (AMI) defienden la gestión colectiva: ningún autor individual puede negociar con las grandes plataformas en condiciones de igualdad, pero una entidad que agrupa a miles de creadores sí puede. El informe Voss respalda esta vía al pedir que la EUIPO apoye mercados de licencias sectoriales con participación de entidades de gestión colectiva. CEDRO defiende además que el contenido no se use salvo que el medio lo autorice expresamente. Porque una vez que los contenidos han entrado en el corpus de entrenamiento, no existe mecanismo técnico para retirarlos. El permiso que no se pidió al principio se puede solicitar retroactivamente, pero no sirve para nada.

Lo que está en juego no es solo una cuestión de derechos de autor. Es si el periodismo local, el especializado, el de investigación —el que no puede permitirse un equipo jurídico ni una ronda de negociación en San Francisco— va a poder seguir existiendo en un ecosistema donde su trabajo alimenta sistemas que no le pagan y que le quitan tráfico. El informe Voss dice que no debería ser así. El mercado, por ahora, alimenta lo contrario.

Y mientras las directivas maduran en Bruselas, los corpus de entrenamiento están cerrados, los modelos de IA desplegados y los contenidos de miles de redacciones que nunca han recibido —ni recibirán— una llamada de las grandes empresas tecnológicas ya forman parte de la inteligencia artificial que hoy compite con ellas. En la mayoría de los debates sobre copyright, el daño está por venir. Aquí el daño ya se produjo, pero sigue teniendo lugar. Lo que se negocia ahora no es el futuro: es si alguien va a pagar, y a quién, por lo que ya ocurrió. Y por lo que está pasando cada día.

Apenas unas horas después de replicar, en persona, al dueño de X, el oligarca tecnológico de extrema derecha Elon Musk, por el uso de su plataforma para difundir bulos sobre la regularización de inmigrantes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un paquete de medidas sin precedentes para regular las plataformas digitales en España.

Hace un año, el presidente ya había acusado a la "tecnocasta" de tratar de utilizar su poder "omnímodo" para controlar el debate público y la acción gubernamental en todo Occidente y había llamado a Europa a rebelarse y defender la democracia.

No se trata de recomendaciones ni de códigos de buenas prácticas: Sánchez ha puesto sobre la mesa reformas legales que incluyen responsabilidad penal para los directivos de las grandes tecnológicas, la tipificación de nuevos delitos relacionados con la manipulación algorítmica y la prohibición expresa del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Con esta última medida enmienda además la plana a la reforma legal impulsada por su propio Gobierno —y que está atascada en el Congreso de los Diputados—, que era mucho menos ambiciosa, porque planteaba que los menores de entre 14 y 16 años pudiesen seguir usando redes sociales si tenían el consentimiento de sus padres (en la actualidad, si los progenitores consienten, pueden acceder aunque tengan menos de 14).

En un contexto de creciente preocupación sobre los daños que las redes sociales causan a sus usuarios, en particular a los más jóvenes, a los procesos electorales y a la salud de las democracias en general, el Gobierno pasa de la retórica a la legislación y lo hace poniéndose a la cabeza de los países de nuestro entorno.

La medida más contundente de todas las propuestas por el presidente es la reforma del Código Penal para establecer la responsabilidad penal directa de los ejecutivos de plataformas digitales. Hasta ahora, las sanciones recaían sobre las corporaciones, diluidas en multas que apenas arañaban sus astronómicas cuentas de resultados.

El Ejecutivo quiere cambiar las reglas: si un alto directivo ignora deliberadamente una orden judicial de retirada de contenidos ilícitos, podrá responder penalmente en persona. La norma, que se tramitará mediante un Proyecto de Ley Orgánica, pondrá fin —si llega a aprobarse en el Congreso— a la impunidad derivada de la opacidad corporativa. Ya no bastará con escudarse en la complejidad de los algoritmos o en la imposibilidad material de controlar millones de publicaciones.

Pero la iniciativa no se queda ahí. La segunda gran novedad es la tipificación penal de la manipulación algorítmica. Con su propuesta, Sánchez reconoce explícitamente lo que hasta ahora solo han establecido los académicos: los contenidos tóxicos no surgen de forma espontánea en Internet, sino que son creados, impulsados y amplificados por actores concretos y por algoritmos diseñados para maximizar el beneficio económico.

La reforma del Código Penal convertirá en delito la manipulación de algoritmos que facilite deliberadamente la amplificación de contenidos ilegales, así como la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos. Francia ya introdujo delitos similares en 2023, y España toma nota. La idea de que estas tecnologías son neutrales quedaría definitivamente sepultada.

La tercera medida es la más innovadora, aunque también la más difícil de implementar y, previsiblemente, la más polémica: la creación de la “huella de odio y polarización”. Se trataría de un sistema destinado a rastrear, medir y hacer visible cómo cada plataforma fomenta la polarización social y amplifica el odio.

El objetivo declarado es transformar un fenómeno opaco en algo cuantificable y evaluable, generando un ranking que señale públicamente a las peores plataformas. No es solo una herramienta técnica: es un mecanismo de presión social y reputacional. Si funciona, el Gobierno espera que obligue a las empresas a competir no solo por usuarios, sino por no aparecer en lo más alto de una lista que nadie querrá encabezar.

En el terreno de la protección de menores, el Gobierno da un paso que otros países europeos ya han comenzado a explorar: la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. La medida se incluirá en el Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en Entornos Digitales que se tramita en el Congreso, y obligará a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad que vayan más allá de la simple casilla de “acepto que soy mayor de edad”. El Gobierno quiere controles reales y eficaces, amparado en el artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales europea y en las directrices publicadas por la Comisión.

La quinta medida adopta un tono de ultimátum: tolerancia cero frente a las infracciones vinculadas a contenido sexualizado de menores. El Gobierno apunta directamente a plataformas como Grok o TikTok, y anuncia que trabajará conjuntamente con el Ministerio Fiscal para prevenir, detectar, investigar y, en su caso, promover la acción de la justicia. No es una advertencia genérica: es un aviso con nombres propios. Las investigaciones ya están en marcha en Europa, y España se suma a la ofensiva.

El anuncio de Sánchez coloca a España en la vanguardia regulatoria europea, junto a Francia y Reino Unido. Pero la distancia entre el anuncio y la realidad legislativa puede ser larga. Los proyectos de ley deberán tramitarse en las Cortes, donde el Gobierno no tiene mayoría absoluta y donde los lobbies tecnológicos ejercerán toda la presión posible, como ya están haciendo con el Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad.

La implementación técnica de algunas medidas, como la verificación de edad o la huella de odio, planteará desafíos considerables. Y nadie en el sector espera que las plataformas, acostumbradas a operar con impunidad, se queden quietas, especialmente cuando cuentan como aliado con el presidente de EEUU, Donald Trump, que ya en el pasado ha amenazado con aprobar aranceles contra cualquiera que legisle sobre las actividades de sus aliados tecnológicos.

En cualquier caso, el debate sobre la regulación de las plataformas digitales ha dejado de ser teórico. Y no solo en España. Varios países han comenzado ya a implementar medidas que, aunque parciales, marcan el camino de lo que podría convertirse en un nuevo paradigma de control sobre las grandes tecnológicas.

Reino Unido ya había dado el paso más audaz en materia de responsabilidad directiva. Su Online Safety Act, aprobada en 2023, contempla penas de cárcel para los ejecutivos de empresas tecnológicas que incumplan de forma reiterada las órdenes de protección de menores o destruyan pruebas. Es una legislación sin precedentes que traslada la responsabilidad de la corporación al individuo, señalando con nombre y apellidos a quienes toman las decisiones. Y que va más lejos de lo que ha implementado la Unión Europea, que ha optado por la vía de las sanciones económicas: la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) impone multas de hasta el 6% de la facturación global, aunque la responsabilidad penal individual solo se activa si se demuestra un delito ordinario.

En el terreno de la manipulación algorítmica, la DSA no tipifica como delito la programación de algoritmos manipulativos, pero obliga a las plataformas a auditar y mitigar los “riesgos sistémicos” —desinformación, polarización, manipulación del discurso público— bajo amenaza de sanciones millonarias. Brasil sí ha intentado ir más allá con su proyecto de ley contra las fake news, que busca criminalizar directamente la difusión masiva automatizada de desinformación, aunque el texto sigue atascado en un debate legislativo intenso.

La propuesta española de crear una “huella de odio y polarización” —un sistema de trazabilidad del impacto de cada plataforma en la degradación del debate público— no tiene parangón internacional. Es una terminología nacida del informe del Comité de Expertos presentado en 2024, y supone una novedad radical en el enfoque regulatorio. Lo más similar en Europa es el sistema de monitorización de la Comisión sobre desinformación, pero se trata de análisis estadístico agregado, no de un rastreo individualizado.

El Gobierno ha dejado claro que no está solo en esta ofensiva contra las grandes tecnológicas. Ha presentado sus propuestas en el marco de lo que ya se conoce como la Coalición de los Dispuestos Digitales: un bloque de seis países europeos que han decidido dejar de esperar al consenso lento de los 27 miembros de la Unión Europea para actuar de inmediato. Junto a España se sitúan Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Alemania. Un Gobierno socialdemócrata y cinco de derechas. No es una alianza simbólica: representa a más de 170 millones de ciudadanos y a las economías más fuertes del continente. Y su objetivo es crear un estándar de oro regulatorio que las plataformas no puedan ignorar ni esquivar.

Es, en el fondo, un mensaje de soberanía dirigido directamente a Silicon Valley: si quieren operar en los mercados europeos, las reglas las ponen los Estados, no sus términos y condiciones. Al actuar de forma coordinada, la coalición minimiza la amenaza que algunas plataformas han utilizado en el pasado: la de abandonar un país si la regulación les resulta incómoda. X lo intentó en Australia y lo ha insinuado en otros territorios. Pero no pueden permitirse cerrar el grifo en los seis mercados más potentes de Europa a la vez.

El gigante tecnológico Meta ha anunciado este lunes que ha nombrado a Dina Powell McCormick, exasesora de Donald Trump durante parte de su primer mandato, como presidenta y vicepresidenta de la empresa, informa EFE.

Powell formaba parte de la junta directiva de Meta hasta el pasado diciembre, cuando renunció sin especificar el motivo, y estuvo "profundamente involucrada" a medida que la tecnológica aceleraba su búsqueda en la inteligencia artificial (IA) y superinteligencia personal, según un comunicado.

"La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento como presidenta y vicepresidenta de la empresa", ha manifestado Mark Zuckerberg.

Por su parte, Trump ha felicitado en Truth Social a McCormick, que se desempeñó como su asesora adjunta de Seguridad Nacional hasta 2018, y la ha definido como una persona "fantástica" y "talentosa" que "sirvió a la administración Trump con fuerza y distinción".

Según el comunicado de Meta, Powell, de 52 años y originaria de Egipto, formará parte de su equipo directivo y ayudará a guiar la estrategia y la ejecución general de la empresa. Así, colaborará con los equipos de informática e infraestructura para garantizar que las inversiones multimillonarias de la empresa se ajusten a sus objetivos "y generen un impacto económico positivo en las comunidades" donde opera.

Además, su papel como presidenta y vicepresidenta de la tecnológica "impulsará la creación de nuevas alianzas estratégicas de capital y la búsqueda de formas innovadoras de ampliar nuestra capacidad de inversión a largo plazo", incide la compañía.

Powell trabajó durante 16 años en Goldman Sachs y en 2023 se unió a la firma de inversiones BDT & MSD Partners, y además trabajó para el Departamento de Estado durante la administración de George W. Bush.

Los arquitectos de la inteligencia artificial (IA), como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang y Sam Altman, fueron elegidos este jueves como Persona del Año 2025 por la revista Time, "por inaugurar la era de las máquinas pensantes, por asombrar y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender los límites de lo posible".

La foto de la portada muestra a diversos directores ejecutivos de empresas tecnológicas almorzando sentados en una viga de acero suspendida a gran altura sobre la ciudad de Nueva York, un guiño a la famosa fotografía Lunch atop a Skyscraper (Almuerzo en la cima de un rascacielos) de 1932.

En este caso los protagonistas de la foto son: Zuckerberg, líder de Meta; Lisa Su, directora ejecutiva de AMD; Musk, director ejecutivo de Tesla, SpaceX, fundador de xAI y cofundador original de OpenAI; Huang, director ejecutivo de Nvidia; Altman, líder de OpenAI; Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft; Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind; Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic; y Fei-Fei Li, codirectora del Instituto de IA de la Universidad de Stanford.

"2025 fue el año en que el potencial de la inteligencia artificial se manifestó en todo su esplendor, y cuando quedó claro que no habría vuelta atrás", destaca este jueves la revista. En 2024, los editores de Time eligieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otras elecciones recientes incluyen a la superestrella del pop Taylor Swift, al presidente ucraniano Volodímir Zelensky y a Musk, pero en esa ocasión en solitario.

La publicación empezó a otorgar este título en 1927 y se llamó Hombre del Año hasta 1999.

Este año, además, la revista nombró al actor Leonardo DiCaprio como el Artista del Año; al director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, como CEO del Año; a la jugadora de baloncesto A'ja Wilson como Atleta del Año; y a la película de animación KPop Demon Hunters como Revelación del Año. 

La Comisión Europea anunció este jueves la apertura de una investigación antimonopolio sobre la nueva política de la estadounidense Meta relativa al acceso de proveedores de inteligencia artificial (IA) a su servicio de mensajería WhatsApp, según informa EFE.

"Estamos investigando si la nueva política de Meta podría ser ilegal conforme a las normas de competencia y si debemos actuar con rapidez para evitar un posible perjuicio irreparable a la competencia en el ámbito de la IA", declaró en un comunicado la comisaria de Competencia y vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

El Ejecutivo comunitario sospecha que la nueva política de Meta sobre el acceso de los proveedores de inteligencia artificial a WhatsApp, anunciada en octubre de 2025, podría infringir las normas de competencia de la UE.

"Los proveedores de IA competidores podrían quedar bloqueados para llegar a sus clientes a través de WhatsApp" mientras que "el servicio propio de Meta, Meta AI, seguiría estando accesible para los usuarios de la plataforma", señaló la Comisión.

La nueva política de la tecnológica de Mark Zuckerberg "prohíbe a los proveedores de IA utilizar una herramienta que permite a las empresas comunicarse con sus clientes a través de WhatsApp, la WhatsApp Business Solution, cuando la IA sea el servicio principal que ofrecen", indicó la Comisión.

Bruselas entiende que las compañías sí podrán seguir usando herramientas IA para realizar "funciones accesorias o de apoyo", como la atención automatizada al cliente mediante WhatsApp y teme "que esta nueva política pueda impedir que proveedores de IA de terceros ofrezcan sus servicios a través de WhatsApp en el Espacio Económico Europeo (EEE)", indicó.

La Comisión cree que "Meta aplicará la nueva política mediante una actualización de los términos y condiciones de WhatsApp para usuarios empresariales, los WhatsApp Business Application Programming Interface terms". 

Para los proveedores de IA que ya están presentes en WhatsApp, la actualización "se aplicará a partir del 15 de enero de 2026, mientras que para los nuevos proveedores de IA en WhatsApp ya es aplicable desde el 15 de octubre de 2025".

La investigación formal cubrirá el EEE, excepto Italia para evitar "un solapamiento" con los procedimientos en curso de la Autoridad Italiana de Competencia sobre la posible imposición de medidas cautelares a Meta.

Si se confirman, las prácticas investigadas podrían vulnerar las normas de competencia de la UE que prohíben el abuso de posición dominante, agregó Bruselas.

"Los mercados de IA están en pleno auge en Europa y más allá (...). Debemos garantizar que los ciudadanos y las empresas europeas puedan beneficiarse plenamente de esta revolución tecnológica y actuar para evitar que los grandes actores digitales dominantes abusen de su poder para expulsar a competidores innovadores", añadió Ribera.

La Comisión llevará ahora a cabo su investigación en profundidad con carácter prioritario. La apertura de una investigación formal no prejuzga su resultado, indicó el Ejecutivo, que recordó que "no existe un plazo legal para finalizar una investigación antimonopolio".

El PSOE ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia de Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta; de Javier Oliván, jefe de operaciones (COO) de la compañía y de José Luis Zimmermann, director de Asuntos Públicos para España y Portugal, por el supuesto espionaje a millones de usuarios.

El presiente el Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció hace varias semanas, en una intervención en el foro Metafuturo (Atresmedia), que los socialistas llevarían al Congreso a los responsables de Meta para que den explicaciones por haber rastreado sin permiso la navegación en teléfonos móviles.

El gigante estadounidense Meta, propietario de Facebook, Instagram y Whatsapp, aseguró poco después, en un comunicado remitido a EFE, que está dispuesto a colaborar "de forma constructiva con las autoridades en este asunto".

Los socialistas, que han pedido también la comparecencia de expertos ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, recuerdan que la investigación anunciada por Sánchez se deriva de la información revelada por varios centros europeos sobre la posible violación de la privacidad de millones de usuarios en España y Europa.

"En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias", dijo Sánchez.

Se trata de una investigación realizada por centros de referencia internacionales —IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos)—, que reveló que Meta utilizó durante casi un año un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de usuarios de dispositivos Android a través de las aplicaciones de Facebook e Instagram.

Este sistema permitía a la compañía registrar las páginas visitadas, incluso cuando los usuarios empleaban modo incógnito o VPN, y vincular esa información a sus perfiles personales en las plataformas de Meta, "un espionaje silencioso sin ningún tipo de consentimiento explícito", subraya el grupo socialista.

En un comunicado, señala que, de confirmarse, esta práctica supondría una violación de múltiples normativas europeas: el RGPD, la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), y recuerda que Meta ya se enfrenta a demandas colectivas en Alemania, Estados Unidos y Canadá por hechos similares.

Durante años, Meta jugó en el mercado publicitario español (y europeo) con una baraja marcada. Esa es, en esencia, la conclusión de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid que ha obligado a la compañía del multimillonario estadounidense Mark Zuckerberg —propietaria de Facebook e Instagram— a pagar casi 500 millones de euros en compensaciones a los grandes medios agrupados en la Asociación de Medios de Información (AMI), la antigua patronal de prensa AEDE, dominada por las grandes cabeceras de papel.

No se trata de una simple disputa comercial: el fallo describe un sistema construido sobre la explotación masiva e ilegal de los datos de los usuarios sin su conocimiento ni autorización expresa, un modelo que permitió a Meta ofrecer publicidad más eficaz que la de todo su ecosistema competidor… precisamente porque violaba la ley.

La resolución desmonta el corazón del negocio publicitario de Meta en España. Primero, declara que la compañía actuó con deslealtad competitiva: su posición dominante no era fruto únicamente de la escala o de la innovación, sino de una ventaja indebida obtenida al incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En otras palabras: Meta ganaba porque hacía lo que nadie más podía ni debía hacer.

El relato judicial es un catálogo de ilegalidades sostenidas durante años. Entre 2018 y 2023, la compañía trató datos personales para elaborar publicidad personalizada (anuncios adaptados al comportamiento del usuario) sin una base legal válida. Ni la supuesta “necesidad contractual” —un argumento que el Comité Europeo de Protección de Datos terminó tumbando— ni el posterior giro al “interés legítimo” superaron el escrutinio jurídico. El tribunal insiste en algo fundamental: la publicidad personalizada no es un elemento esencial del servicio de una red social, es simplemente el núcleo del negocio de Meta. Y ese negocio debe ajustarse a la ley, no al revés.

Pero la sentencia va más allá. Señala infracciones estructurales en transparencia, lealtad y minimización de datos. Meta recopiló información de forma masiva y sin distinción, tanto dentro de sus plataformas (mensajes, interacciones, fotos, vídeos) como en la navegación externa mediante píxeles de seguimiento (una diminuta imagen invisible que se incrusta en una web o correo electrónico para recoger información del usuario cada vez que la página o el email se cargan). Ese barrido indiscriminado incluía datos especialmente sensibles —opiniones políticas, salud, orientación sexual o creencias religiosas— para cuyo tratamiento habría sido imprescindible un consentimiento explícito que nunca llegó.

Con ese arsenal de información, Facebook e Instagram lograban segmentaciones publicitarias imposibles para los medios digitales españoles que, obligados a cumplir la normativa, competían con las manos atadas. La sentencia lo explica sin rodeos: la amplitud y profundidad de los datos obtenidos ilegalmente permitía a Meta construir publicidad más precisa, más agresiva y más rentable.

Meta puede presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid y ya ha anunciado que lo hará. Pero, de momento, los medios que forman parte de AMI se frotan las manos pensando en repartirse los 479 millones de euros más intereses que el fallo fija como indemnización por lucro cesante. Es decir, el dinero que supuestamente dejaron de ganar en el mercado publicitario porque Meta hizo trampas, y al que no tendrán acceso el resto de soportes publicitarios que no presentaron cargos contra el gigante tecnológico estadounidense, incluidos todos los medios que no forman parte de AMI.

La clave de la sentencia, que puede indicar el camino a otras semejantes presentadas en Europa —Francia es un ejemplo—, se basa en el incumplimiento acreditado de la legislación europea en protección de datos. Pero el fallo va un paso más allá: sostiene que esa infracción masiva no fue un mero incumplimiento administrativo, sino una ventaja competitiva ilegal que alteró el mercado y dejó en inferioridad a los medios que sí estaban obligados a respetar la normativa.

El razonamiento del juzgado es directo: si una empresa levanta su modelo de negocio sobre datos obtenidos sin base legal, la posición que alcanza en el mercado no es legítima. Y Meta, a juicio del tribunal, lo hizo durante cinco años. Primero, intentando justificar la publicidad personalizada como si fuera necesaria para ejecutar el contrato con el usuario; después, refugiándose en un supuesto interés legítimo que la justicia europea ya ha descartado.

En ambos tramos, el tratamiento de datos —el mismo que alimentaba la maquinaria publicitaria de Facebook e Instagram— era ilegal. Y esa ilicitud, argumenta el juez, se tradujo en poder de mercado.

La clave está en el volumen y la precisión. Mientras los medios españoles —incluidos los agrupados en AMI— solo pueden trabajar con datos limitados y normalmente anonimizados, Meta manejaba millones de perfiles detallados, incluidos rastros recopilados fuera de la propia plataforma mediante píxeles de seguimiento y otras tecnologías. Ese diferencial de información permitía a Facebook e Instagram ofrecer publicidad dirigida más eficaz, más barata para el anunciante y más atractiva en términos de resultados.

La prensa, concluye el fallo, nunca podría competir en igualdad de condiciones: no porque no invierta, sino porque no puede —por ley— acceder al nivel de detalle que Meta obtenía infringiendo los reglamentos europeos.

El juzgado se apoya en esta idea para establecer el nexo causal: si Meta no hubiera vulnerado la normativa, no habría obtenido esos ingresos publicitarios. En consecuencia, todo lo ingresado de forma neta entre 2018 y 2023 —5.281,69 millones de euros, según la pericial aceptada por el tribunal y propuesta por AMI— se considera potencialmente desviado del mercado. La ausencia de las cuentas de Meta en España, que la compañía no aportó pese a tener “facilidad probatoria”, llevó al juzgado a aceptar íntegramente las cifras de la antigua patronal de la prensa de papel española.

Acotado —en ausencia de datos de Meta— lo que la empresa supuestamente ganó en España en esos años, ¿cómo decide el tribunal cuánto de ese volumen astronómico habría terminado en las cuentas de resultados de la prensa si Facebook e Instagram hubieran competido bajo las mismas reglas?

El juzgado optó por una metodología relativamente extendida en competencia: aplicar la cuota de mercado legítima de cada afectado sobre la cifra total considerada ilícita. Como AMI no mantuvo su propuesta de acotar el mercado solo a la publicidad digital, el tribunal acabó tomando como referencia la definición más amplia presentada por Meta: el mercado publicitario español en su conjunto, desde la televisión a los diarios impresos, pasando por internet y la radio.

A partir de ahí, la mecánica es aritmética: se cruzan los ingresos netos del mercado total —calculados a partir de informes de InfoAdex (la empresa que elabora cada año las estimaciones oficiales de inversión publicitaria en España) ajustados con un coeficiente elaborado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC)— con los ingresos netos de cada uno de los demandantes. El resultado: AMI y las empresas asociadas representan, según el tribunal, la parte más significativa del mercado y, por tanto, del daño. Su lucro cesante fue fijado en 479,12 millones de euros, una cifra inédita en una sentencia civil española contra una gran tecnológica (a menor escala, Europa Press recibe 2,57 millones y Radio Blanca algo más de 13.500 euros).

¿Quién se llevará la parte más importante de la indemnización si la sentencia alcanza algún día la condición de firme? AMI no lo ha revelado, pero todo indica que los casi 500 millones acabarán, sobre todo, en manos de las empresas editoras de El País, El Mundo y La Vanguardia, así como del grupo Editorial Prensa Ibérica.

Un juzgado de Madrid ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias por haber obtenido ventaja competitiva publicitaria para Facebook e Instagram de forma desleal infringiendo las normas europeas de protección de datos, según informa EFE.

En una sentencia, el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid estima de forma parcial las pretensiones de los medios -que reclamaban 551 millones de euros- al entender que Meta utiliza indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram para insertar publicidad en esas redes sociales.

Esa es la condena principal de la sentencia dictada por el juez Teodoro Ladrón Roda, contra la que cabe recurso y por la que Meta, en principio, tendría que pagar esta cuantía a las editoras de prensa y sociedades cesionarias de derechos de explotación de publicidad demandantes.

Pero, además, la compañía matriz de Facebook e Instagram tendrá que abonar más de 60 millones en concepto de intereses, 2,5 millones para resarcir a la agencia Europa Press más otros 328.000 euros de intereses, y cerca de 14.000 euros deberá pagar a Radio Blanca.

Así lo ha establecido el juez tras la demanda de AMI contra el gigante tecnológico estadounidense al considerar que entre el 25 mayo de 2018 y el 31 julio de 2023 utilizó datos personales sin un consentimiento válido para así reforzar su negocio publicitario y restar ingresos a los medios de información.

En concreto, las cabeceras de prensa le acusaban de incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, aprobado en 2018, que supuso un antes y un después en el uso de la información personal ya que se obligó a las empresas a obtener consentimiento expreso y claro de los usuarios para poder utilizar sus datos personales y venderles publicidad personalizada.

Ahora, el juez ha entendido también que esta infracción de las normas le ha dado una ventaja competitiva y "desleal" respecto al resto de los medios digitales y las agencias de noticias, como consecuencia del abuso de dominio" y dado "el enorme volumen de la base de datos de usuarios de Meta en España" y "como consecuencia del abuso de dominio".

"Esta ventaja es significativa -argumenta- porque Meta ha podido tratar una cantidad de datos de cada usuario mucho mayor que si hubiera utilizado la base del consentimiento" que establece el reglamento europeo, que hubiera exigido el consentimiento explicito del usuario".

El magistrado fundamenta la sentencia en la Ley de Competencia Desleal, que considera como tal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes.

Meta, según el juez, "no ha fallado en utilizar la tecnología adecuada para conseguir muchos y buenos perfiles para realizar la publicidad comportamental". "Ha fallado -prosigue- en la forma de obtener y utilizar los datos personales porque ha incumplido el RGPD en el periodo relevante".

Según la sentencia, Meta "usó los datos de millones de usuarios de forma ilícita, obteniendo así una ventaja competitiva que jamás podrán igualar las demandantes que también realizan 'publicidad on line en display'", fundamentalmente, en prensa digital. La 'publicidad on line en display' es la que aparece cuando se lee gratuitamente una noticia de prensa en un periódico digital.

El dinero ganado por Meta infringiendo el reglamento deberá repartirse al resto de los competidores del mercado publicitario español, en función de la cuota de mercado que tenía la prensa digital durante esos cinco años.

La resolución, que todavía no es firme y que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, podría marcar un precedente relevante en el sector publicitario español y podría tener repercusiones en el ámbito europeo.

La batalla por la tarta publicitaria en España llega a los tribunales. El juez Teodoro Ladrón Roda, titular del Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, será quien decida en la disputa, sin precedentes en España, que enfrenta a la patronal mediática española, la Asociación de Medios de Información (AMI), con Meta, la empresa del multimillonario Mark Zuckerberg que controla Facebook, Instagram y WhatsApp.

AMI representa a poderosos grupos de comunicación como Prisa (El País), Unidad Editorial (El Mundo), Vocento (Abc), Godó (La Vanguardia), Prensa Ibérica (El Periódico) y Henneo (20 Minutos), entre otras muchas cabeceras de papel y digitales, pero tiene delante a una de las empresas más poderosas del mundo. La demanda, que se remonta dos años atrás, acusa a la matriz de Facebook e Instagram de competencia desleal y de saltarse las normas europeas de protección de datos.

Según los diarios españoles, entre 2018 y 2023 Meta habría recopilado y explotado masivamente datos de navegación de millones de usuarios para vender publicidad personalizada, sin pedir un consentimiento válido (tal y como exige la legislación europea de protección de datos desde 2018). Eso, aseguran, le dio ventaja en el mercado publicitario, porque al tener más datos y poder segmentar mejor los anuncios, pudo quedarse con gran parte de la tarta publicitaria digital, dejando en desventaja a los periódicos españoles, muy dependientes de esos ingresos.

AMI reclama 550 millones de euros de indemnización porque considera que esos ingresos de Meta fueron ilegítimos y que deberían haber ido, al menos en parte, a los medios. Una suma que, argumenta, será mayor si se demuestra que Meta jugó en el mercado de la publicidad digital usando datos personales sin cumplir las normas y dejando a los medios en clara desventaja económica también entre 2023 y el momento presente.

La vista se ha prolongado durante dos días. A su término, la directora de la Asociación de Medios de Información (AMI), Irene Lanzaco, aseguró tener “una sensación muy positiva” porque considera que ha quedado “plenamente acreditado” que la empresa de Zuckerberg vulneró la protección de datos para realizar publicidad segmentada.

Lanzaco reprochó a Meta que haya declarado desconocer el número de cuentas que tiene en España y los ingresos publicitarios que obtiene en nuestro país. Está sustentando su defensa, declaró, sobre la base de que realizaron inversiones en tecnología para obtener resultados, “pero omiten decir que esas inversiones han sido posibles y son debidas a la necesidad de explotar los datos personales. No es posible desligar una cosa de la otra”.

La pelea es por un trozo significativo de la publicidad digital en España, que la prensa ha ido perdiendo progresivamente en las últimas décadas, pero Lanzaco, que representa a la patronal de diarios, ha tratado de situarla en otros términos: “Lo importante”, subrayó, “no es la cuantía económica, sino la defensa del trabajo periodístico y de los derechos fundamentales, que son un pilar de la democracia”.

La demanda se apoya en que, desde 2018, la legislación comunitaria exige a las empresas disponer de “una base legítima” que les habilite para el perfilado publicitario (adaptar los anuncios a los gustos, intereses, hábitos o comportamientos de cada usuario a partir de sus datos personales).

En la primera jornada del juicio declararon tres responsables de Facebook. David Sáez de la Torre, director de Industria de España y Portugal de Facebook desde 2018, declaró que un mayor volumen de datos no significa mayor éxito en publicidad porque su éxito depende de los algoritmos y los instrumentos con los que se cuente para interpretarlos.

“No es el único factor a tener en cuenta”, remarcó. Para la publicidad personalizada se toman en consideración otros aspectos derivados de la experiencia que tiene el usuario dentro de la plataforma y de la observación de su navegación, no solo los datos que facilita.

El catedrático de Derecho Procesal Nicolás González Cuéllar, que representa a la patronal de los diarios españoles, preguntó también a Beltrán Seoane, director de agencias en Facebook para España y Portugal. Seoane corroboró la importancia de los datos, porque si no dispusieran de ninguno “sería como volver a la publicidad de hace 25 años”, pero sostuvo que lo que se persigue con ellos son las audiencias y el retorno para un mercado publicitario digital que crece cada año por la publicidad online, una mayor población, competencia y anunciantes.

Ninguno de los testigos confirmó conocer los procedimientos que se están desarrollando contra Meta por incumplir la normativa. Tampoco Cecilia Álvarez, directora de Política de Privacidad en Europa de Facebook desde 2019. Álvarez reveló que para la publicidad personalizada se recaban datos de primera parte y datos de terceros, es decir, los personales con los que los usuarios se registran para darse de alta en la plataforma (el nombre, correo electrónico y, si lo desean, foto de perfil), además de otros que les proporcionan empresas a las que los usuarios dieron su consentimiento para su cesión. Y aseguró que desde 2018, el año en que entró en vigor la regulación europea, siempre requieren el consentimiento expreso del usuario para que terceros cedan sus datos.

La demanda de AMI, que posteriormente fue secundada por televisiones y radios comerciales españolas, sigue en el tiempo a otra que se formalizó en Francia la pasada primavera. A través de ella, más de 200 medios de comunicación franceses públicos y privados denunciaron a Meta ante el Tribunal de Actividades Económicas de París por lo que consideran que son “prácticas ilegales” que, como argumenta AMI, les habrían privado de buena parte de la publicidad en línea.

La base argumental en Francia es idéntica a la que se ha usado en España: la supuesta recopilación masiva e ilícita de datos personales para disponer así de informaciones que permiten a la compañía elaborar anuncios selectivos en función de las preferencias y los gustos conocidos de los usuarios. Una “violación flagrante”, según sus promotores, del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, ya que no informaron a esas personas de que estaban recopilando esos datos ni solicitaron expresamente su consentimiento.

Según los cálculos de la demanda francesa, mediante el uso de estos datos Google y Meta acaparan el 75% del mercado publicitario y el 90% de su crecimiento.

Mark Zuckerberg, un aliado tecnológico de Donald Trump, que en varias ocasiones ha amenazado a la Unión Europea con sanciones si no deroga la legislación que afecta a las tecnológicas norteamericanas, enfrenta también problemas en otros países de Europa. Este jueves se conoció que la Justicia neerlandesa ha ordenado a Meta modificar en un plazo de dos semanas sus plataformas sociales Facebook e Instagram en Países Bajos para garantizar a los usuarios una opción de cronología sin algoritmos, de acceso directo y que pueda fijarse como predeterminada, frente a la práctica actual de elaboración de perfiles.

El tribunal concluyó que la configuración actual de ambas aplicaciones vulnera aspectos de la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA), al forzar de manera encubierta a los usuarios a volver a un sistema de recomendaciones basado en perfiles, un restablecimiento automático que el juez consideró un “patrón oscuro” prohibido que limita la libertad de información y expresión.

“Actualmente, Facebook e Instagram no permiten suficientemente a los usuarios en Países Bajos tomar decisiones libres y autónomas sobre el uso de sistemas de recomendaciones basados en perfiles”, señaló el juez.

La decisión responde a una demanda de la organización de derechos civiles Bits of Freedom, que denunció que el funcionamiento de Facebook e Instagram podía influir en los comicios generales en Países Bajos a finales de este mes, al condicionar la visibilidad de contenidos mediante algoritmos, informa Efe.

“Teniendo en cuenta las elecciones del 29 de octubre de 2025, Meta Irlanda deberá adaptar sus plataformas en el plazo de dos semanas”, urgió el magistrado.

El juez ordenó que la opción de un feed cronológico o sin perfilado se mantenga incluso cuando el usuario cierre la aplicación o cambie de sección dentro de la plataforma.

Esto implica que los usuarios deben poder elegir un feed que no se elabore en función de sus supuestos intereses, una opción que existe actualmente, pero está oculta y no puede fijarse como estándar.

Meta deberá implementar los cambios en Países Bajos en dos semanas o pagar una multa coercitiva de 100.000 euros por día, hasta un máximo de cinco millones.

Meta utilizado fotos de “vuelta al colegio” de niñas en edad escolares para anunciar una de sus plataformas a un hombre de 37 años, una acción que los padres de la menor describieron como “indignante” y “perturbadora”, informa The Guardian.

El hombre notó que publicaciones que lo animaban a “unirse a Threads”, la red de Mark Zuckerberg rival de X de Elon Musk, aparecían en su feed de Instagram con publicaciones insertadas de niñas uniformadas de hasta 13 años, con sus rostros visibles y, en la mayoría de los casos, sus nombres.

Las imágenes de las menores fueron usadas por Meta después de que sus padres las publicaran en Instagram para marcar el regreso a clases. Los padres desconocían que la configuración de Meta permitía esto. Una madre dijo que tenía su cuenta en modo privado, pero que las publicaciones se compartían automáticamente en Threads, donde quedaban visibles. Otra explicó que había subido la foto en una cuenta pública de Instagram. Las publicaciones de sus hijas fueron destacadas al extraño como “threads sugeridos”.

El destinatario contó a The Guardian que las publicaciones le parecieron “deliberadamente provocativas y, en última instancia, una explotación de los niños y las familias involucradas”.

El padre de una niña de 13 años que apareció en una de las publicaciones dijo que esta práctica era “absolutamente indignante”. Las imágenes eran todas de chicas escolares con faldas cortas, con las piernas descubiertas o usando medias.

“Cuando descubrí que una imagen de ella había sido explotada de lo que me pareció una manera sexualizada por una empresa tan grande para promocionar su producto, me sentí bastante asqueado”, afirmó.

Meta se defendió diciendo que las imágenes no infringían sus políticas. La empresa explicó que recomienda visitar Threads mostrando fotos compartidas públicamente que cumplan sus normas comunitarias y sus directrices de recomendación. Sus sistemas no recomiendan publicaciones de Threads compartidas por adolescentes, pero en este caso se trataba de cuentas de adultos configuradas para ser visibles públicamente.

El hombre que recibió las publicaciones señaló que, como solo le llegaron publicaciones promocionales de chicas escolares —sin ningún chico en uniforme, por ejemplo—, parecía haber “un aspecto de sexualización”.

La madre de una joven de 15 años cuya foto fue usada en una publicación promocional con un gran botón de “Get Threads” comentó: “Para mí era una foto de mi hija yendo al colegio. No tenía idea de que Instagram la había tomado y la estaba usando como promoción. Es absolutamente repugnante. Ella es menor de edad”.

Añadió que jamás habría dado su consentimiento y que “ni por todo el dinero del mundo permitiría que usaran a una niña en uniforme escolar para atraer gente a su plataforma”.

Con 267 seguidores, su cuenta de Instagram normalmente tenía un alcance modesto, pero la publicación de su hija atrajo cerca de 7.000 visualizaciones, de las cuales un 90% de personas que no la seguían, la mitad tenía más de 44 años y el 90% eran hombres.

Otra madre, cuya publicación de su hija de 13 años fue utilizada en un anuncio promocional, declaró: “Meta hizo todo esto a propósito, sin informarnos, porque quieren generar contenido. Es despreciable. ¿Y quién es responsable de crear ese anuncio de Threads usando fotos de niños para promocionar la plataforma entre hombres mayores?”.

Meta explicó que llama a estas publicaciones “herramientas de recomendación” y que las publicaciones públicas pueden usarse con ese fin.

El usuario de Instagram de 37 años, residente en Londres y que pidió permanecer en el anonimato, concluyó: “Durante varios días recibí repetidamente anuncios de Meta para Threads que incluían exclusivamente imágenes de padres de sus hijas en uniforme escolar, algunas con sus nombres visibles. Como padre, me parece profundamente inapropiado que Meta reutilice estas publicaciones en una promoción dirigida a adultos”.

Dijo que no había publicado ni dado “me gusta” a imágenes similares antes de que le enviaran las fotos de las escolares.

“Para mí, mostrar este tipo de contenido como tendencia o popular es deliberadamente provocativo y, en última instancia, una explotación de los niños y las familias involucradas, poniendo en riesgo su seguridad en línea”.

La inteligencia artificial es desde hace tres años la tecnología fetiche y el epicentro de cualquier conversación sobre el futuro. Lo que antes parecía un concepto propio de una película de ciencia ficción o de un capítulo de Black Mirror, ahora forma parte ya de nuestras vidas. Y, aunque no nos guste reconocerlo, cualquier éxito que afecte a nuestro día a día tiene un impacto en la economía. Y en el caso de la IA, no iba a ser menos con valoraciones disparadas en las bolsas, promesas sobre una alta rentabilidad financiera y un discurso que roza la euforia. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y las dudas llevan encima de la mesa de los mercados bursátiles desde principios de año.

La pregunta, incómoda pero inevitable, es si estamos repitiendo la historia de otras burbujas tecnológicas. Las señales de alarma son visibles, más desde este mismo mes de agosto donde se ha producido la tormenta perfecta: caídas en bolsa de los emblemas del sector acompañados de declaraciones grandilocuentes de algunas de las figuras claves de la industria junto a oportunos estudios con conclusiones llamativas. 

"Lo que estamos viendo no es una burbuja de la inteligencia artificial en sí, sino más bien una de expectativas", explica Cristian Castillo, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en logística y producción. Para este experto, el progreso técnico es "innegable", pero "la velocidad de esos avances no ha estado a la altura del entusiasmo que se ha acumulado" alrededor de esta tecnología. 

"Hay una cantidad de dinero descomunal entrando en el sector. Todo tiene que ver con la liquidez que se está inyectando a esta tecnología porque ahora es la mejor apuesta en inversión de capital", admite Jesús Cristóbal, profesor de OBS Business School y director de Sand. Este experto señala que esto supone un "peligro tremendo": "Si se cortara el flujo habría una caída en cadena porque hay muy pocas empresas recibiendo grandes cantidades de dinero". 

¿Se han inflado las expectativas? "Ya ha demostrado su valor increíble. Lo que pasa con toda la tecnología nueva y disruptiva es que pasa por este entusiasmo que no se mide muy bien", reconoce Miguel Ángel Román, doctor en Inteligencia Artificial, ingeniero de Telecomunicaciones e Informática y cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial (IIA). 

Para Castillo, con la IA estamos entrando ya en el "valle de la desilusión", una fase en la que "el entusiasmo inicial se convierte en escepticismo". "La tecnología es asombrosa y ha logrado avances que hace apenas unos años parecían inalcanzables, pero todavía está lejos de cumplir con la imagen que se ha proyectado de ella. Se ha instalado la idea de que estamos a un paso de alcanzar sistemas comparables a la inteligencia humana, cuando en realidad los modelos actuales siguen mostrando limitaciones claras", sostiene. 

Y estas expectativas han inundado los mercados. Una de las más beneficiadas ha sido Nvidia, que ha experimentado un crecimiento significativo, superando el 500% en los últimos cinco años, impulsado por el auge del mercado de la inteligencia artificial. Aunque su nombre no acapara titulares por sus avances a nivel tecnológico, como Open AI con ChatGPT, se trata de la empresa líder en la fabricación de chips, clave para el crecimiento del sector. Por ello, cualquier perturbación en su valoración bursátil hace saltar las alarmas. 

Y esto es lo que ha pasado durante todo el pasado mes de agosto. Sobre todo desde el día 18. Mientras Nvidia se dejaba un 3%, el resto de acciones de las tecnológicas estadounidenses también registraban números rojos, sobre todo Palantir, empresa de minería de datos y software espía, con contratos del gobierno estadounidense valorados en miles de millones de dólares, que se desplomó casi un 10%. 

Y la presentación de sus resultados del segundo trimestre el pasado día 27 tampoco ayudó: a pesar de superar las expectativas de Wall Street al establecer un nuevo récord de ventas, las acciones de la compañía cayeron un 2,3%. "Este comportamiento bursátil es ilustrativo. Son reacciones que muestran hasta qué punto las valoraciones estaban apoyadas más en expectativas de futuro que en beneficios tangibles", argumenta Castillo. 

Incluso el propio Sam Altman, CEO de OpenAI, reconoció a mediados de agosto a un grupo de periodistas que los inversores están "demasiado entusiasmados con la IA". "Cuando se producen burbujas, las personas inteligentes se entusiasman en exceso con [lo que en realidad es tan solo] una pizca de la verdad", aseguró, según recoge The Verge. "No creo que estuviera hablando de una burbuja desde el punto de vista tecnológico, sino por las inversiones y los sueldos que se están pagando", señala Román. 

Y es que Altman pareció comparar esta dinámica actual con la burbuja de las puntocom. "Es la situación más parecida a la actual y podríamos estar en un estado similar", apunta Jesús Cristobal. El desplome bursátil centrado en las empresas de internet se produjo entre marzo de 2000 y octubre de 2002 después de que durante los años 90 se generase una fiebre por las empresas tecnológicas ante el desarrollo de internet. En concreto, el Nasdaq perdió casi el 80% de su valor después de que muchas de estas empresas no generaran ingresos ni beneficios. "Además ahora el sector está concentrado en menos jugadores y todos los indicadores están disparados y en récord", reconoce este profesor. 

Los comentarios de Altman, una de las voces más importantes dentro de la industria actual, se suman a la creciente preocupación de expertos y analistas de que la inversión en inteligencia artificial avanza de forma demasiada acelerada. A principios de este año, Ray Dalio de Bridgewater Associates advirtió en The Financial Times de que el ciclo actual en Wall Street parecía ser "muy similar" al observado antes de la crisis de las puntocom. Advertencias similares a las que también han hecho más recientemente personajes como el cofundador de Alibaba, Joe Tsai, o el economista jefe de Apollo Global Management, Torsten Slok.

Una inversión acelerada que también está teniendo repercusión en la fuga y caza de talento. Las grandes tecnológicas han comenzado a inflar los sueldos de algunos de sus trabajadores. En concreto, Mark Zuckerberg fichó durante la primavera para desarrollar en Meta su superinteligencia a más de 50 investigadores de compañías como OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, xAI o Apple con contratos que, según algunos medios como Wired, sumaban 300 millones de dólares en cuatro años. 

Las advertencias desde dentro de la propia industria parece que recibieron además el aval externo de un informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) publicado este mismo mes de agosto que reveló que el 95% de las empresas que invierten en IA generativa aún no han visto ningún retorno financiero. "Hay que ir más allá del titular", advierte Román. 

Y es que, aunque el mercado optó por interpretarlo como una crítica a la inteligencia artificial en su conjunto, lo cierto es que esta investigación del MIT apunta a que el principal problema no es la calidad de los modelos adoptados a nivel empresarial, si no la "brecha de aprendizaje" de los ejecutivos. Es decir, tal y como explica Fortune, la integración de esta tecnología es defectuosa porque no entendían cómo usar estas herramientas correctamente.

"La irrupción de modelos como ChatGPT generó una sensación de disrupción inmediata. De repente, todas las empresas querían incorporar inteligencia artificial a sus procesos. El problema es que esa adopción muchas veces se hizo sin conocer bien las limitaciones de la tecnología ni contar con una estrategia clara de integración", defiende Castillo que señala que la mayoría de proyectos se han orientado a áreas visibles, "como ventas y marketing", donde el impacto real es "limitado", mientras que "los retornos más consistentes se obtienen en la automatización de procesos internos". 

Así, con las expectativas infladísimas tanto en la bolsa como en la propia industria y con todo el mundo en el sector esperando a cualquier mínimo resquicio de señal preocupante para lanzar sus mensajes de alerta, la pregunta es evidente: ¿podría explotar esta burbuja? Para Jesús Cristobal, este escenario no cabe a corto plazo: "Hay una carrera armamentística entre EEUU y China por la inteligencia artificial: están invirtiendo muchísimo y no se va a cortar el dinero. Tendría que venir algo muy grave y que no tenemos en el radar para que pasase en breve". 

Y si explota esta burbuja, ¿qué va a pasar? "Va a afectar a la confianza del inversor y podría retrasar avances porque habrá más incertidumbre", reconoce Román. "Lo que se frenaría no sería el desarrollo tecnológico en sí, sino las expectativas sobredimensionadas que se han creado en torno a ella", completa Castillo. 

Dentro de la propia industria, las tecnológicas que están desarrollando la inteligencia artificial serán las que se vean más afectadas. Para Miguel Ángel Román, las empresas que tienen la unión de una serie de cuatro elementos son las que tienen todas las cartas para "resistir" ante una posible explosión de la burbuja y un parón de la inversión. 

El primero, son los datos. "Por ejemplo Google puede seguir aprovechando la inteligencia artificial porque tiene más datos que nadie y su dominio va a ser como con Internet, enorme", detalla Román. El segundo, es la infraestructura, los famosos centros de datos. "Empresas como Amazon están pensando en hacerse con centrales nucleares para alimentarlos", explica este experto. El tercero es "la famosa GPU", es decir, la capacidad de cómputo y aquí la mejor "es el de Nvidia". Y, por último, el talento. De ahí, los sueldos desorbitados que está poniendo encima de la mesa Meta. 

"¿Quién tiene estos cuatro elementos? El único es Google. Open AI está intentando obtener los elementos que le faltan, por ejemplo con su asociación con Microsoft. La dependencia con Nvidia la tienen todos, excepto Google, y por eso está creciendo tanto", sostiene Román. 

"Y aunque alguna de las empresas actuales desapareciera, el conocimiento se esparcirá por otras empresas", añade Cristóbal que cree que la empresa más afectada podría ser Nvidia. "Tiene un riesgo de concentración de sus clientes y cuellos de botella en la fabricación de sus chips", asegura. 

Más allá de la propia industria, la explosión de la burbuja también podría tener repercusiones, aunque más limitadas, en la adopción de inteligencia artificial en sectores como salud, educación, transporte o servicios. "Este tipo de grandes inversiones están en las empresas más grandes y fuertes, por lo que no se verán afectadas", completa Román que insiste en que esta tecnología "ha venido para quedarse". 

"En sectores donde ya se observan beneficios tangibles no desaparecerá, aunque el ritmo de inversión y adopción se ajuste a una realidad más prudente", apunta Castillo. Este experto apuesta porque en el campo de la sanidad, la adopción de los algoritmos que apoyan el diagnóstico por imagen, la monitorización de pacientes o la predicción de brotes, va a "seguir adelante", mientras que en otros, como en transporte y logística, los proyectos más ambiciosos, "como los vehículos completamente autónomos", podrían "ralentizarse". 

Y, por último, también hay que tener en cuenta al usuario. Aunque parece que en este caso, a la hora de usar la propia tecnología, no tendrá impacto. "Pasará lo mismo que con la burbuja de Internet: afectó a inversores y a los creadores de startups, pero a los usuarios les afectará poco porque podrán seguir usando normalmente estas herramientas", apunta Román. 

Para Cristian Castillo, el impacto en los usuarios sería sobre todo de "percepción". "Tras un entusiasmo inicial con herramientas como ChatGPT, ya se observa que solo una minoría paga por la versión premium. Un estallido de la burbuja consolidaría esta tendencia: los usuarios seguirán utilizándose como apoyo, pero con expectativas más realistas sobre lo que pueden y no pueden hacer", explica este experto. 

Para Jesús Cristóbal, el usuario lo podría notar en que se podrían poner fin "a las cuentas gratuitas", pero más allá de eso "no debería verse afectado porque el servicio ya se está prestando".

La primera gran batalla entre los grandes oligarcas tecnológicos y la Unión Europea ya está aquí. Este sábado entró en vigor parcialmente la ley europea de Inteligencia Artificial, que protege a los ciudadanos de las zonas oscuras de esta tecnología, pero amenaza, al mismo tiempo, el poder ilimitado de los multimillonarios y grandes corporaciones que controlan los modelos de uso más frecuente.

Los más grandes ya han empezado a tomar posiciones, algunos dando a entender su disposición a cumplir la ley, a veces con algunas condiciones. Es el caso de OpenAI, Anthropic, Google, Mistral y Microsoft. Otras, en cambio, se niegan y desafían la autoridad de Bruselas. Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, rechaza todo el documento. xAI, del empresario ultra Elon Musk, ha anunciado que solo firmará una parte, pero no todo el código.

Los plazos para cumplir las exigencias de la ley europea de Inteligencia Artificial aprobada en 2023 son muy amplios. Las empresas con modelos de IA de “propósito general” (como los asistentes conversacionales tipo ChatGPT, Claude o Gemini) no estarán obligadas a cumplir obligaciones de transparencia hasta agosto de 2027. No será hasta entonces cuando se haga realidad que, al usar uno de esos servicios, el modelo deba dejar claro que estás hablando con una IA, qué tipo de datos de entrenamiento se usaron, los posibles riesgos de sesgo o toxicidad y un resumen técnico del funcionamiento.

El objetivo de la ley es proteger derechos y evitar el engaño a los ciudadanos. De momento, muchas aplicaciones basadas en modelos de IA de uso general no explican cómo han sido entrenadas, qué tipo de datos usan ni informan del posible sesgo. Cuando estas normas de la ley estén en vigor, dentro de dos años, cualquier servicio disponible en la UE que utilice un modelo de propósito general deberá proporcionar un resumen técnico accesible, incluyendo una declaración que aclare si ha sido entrenado con datos protegidos por derechos de autor y permitir detectar sesgos discriminatorios o toxicidad.

Para adelantar plazos y facilitar la adopción de estos requisitos, la UE publicó el 19 de julio un Código de Buenas Prácticas de adopción voluntaria, en torno al cual se están posicionando las grandes empresas. Firmarlo o no va a permitir al regulador europeo saber quiénes están dispuestos a cumplir y quiénes están predispuestos a desafiar la legislación de la UE.

Los que van a firmar, Google, OpenAI y Anthropic, por ejemplo, se comprometen a adoptar, en primer lugar, medidas de transparencia. Eso significa que publicarán resúmenes de los contenidos usados en el entrenamiento de sus modelos de IA (Gemini, ChatGPT y Claude) y que se comprometen a actualizar esta información de forma periódica, así como a mantener registros detallados sobre su despliegue y funcionalidad.

En segundo lugar, las empresas que acatan el Código prometen implementar políticas estrictas para no usar contenidos con copyright no autorizado, responder a cualquier solicitud de creadores de contenido para excluir sus obras del entrenamiento y cumplir con la normativa de propiedad intelectual europea.

Los propietarios de lo que la ley denomina “modelos de IA de alto riesgo” —que son aquellos que combinan gran capacidad computacional, se despliegan de forma generalizada en múltiples sectores y son susceptibles de amplificar riesgos sociales, como desinformación, sesgo, manipulación, automatización del trabajo o discriminación— deberán además tomar medidas especiales. Entre ellas, hacer evaluaciones sistemáticas de riesgos de seguridad o aprobar protocolos para la detección, mitigación y reporte de incidentes relacionados con mal uso.

Firmar el Código proporciona una presunción de cumplimiento de buena fe frente a la Autoridad de IA de la UE, lo que puede facilitar auditorías, inspecciones o negociaciones regulatorias en el futuro. Y anticipa la decisión de cumplir la ley en estos apartados antes de agosto de 2027.

¿Qué riesgos asumen Meta y xAI al no firmar, o hacerlo parcialmente? En primer lugar, se ponen en el foco y se arriesgan a un mayor escrutinio regulatorio. Aunque el Código es voluntario, la Comisión Europea ha avisado que las empresas que no lo firmen se enfrentarán a una supervisión más intensa.

En segundo lugar, se exponen a un riesgo reputacional. La negativa a suscribir un estándar voluntario alineado con valores de seguridad, transparencia y derechos genera una percepción pública y política adversa, especialmente en un continente como Europa, en el que la ley va a servir para elevar la confianza en unos modelos y desacreditar otros.

Los que cumplan el Código tienen, en principio, más facilidades para desplegar sus modelos de negocio en Europa. Así que Meta o xAI lo tendrán más difícil para lanzar nuevos modelos o acceder al mercado de la Unión Europea, frente a OpenAI, Google o Anthropic.

Lo que no habrá, de momento, son sanciones. Si en agosto de 2027 las empresas de Zuckerberg o Musk siguen sin cumplir las obligaciones que, de momento, son voluntarias —en materia de transparencia, seguridad y derechos de autor— se arriesgan a multas que pueden llegar al 7% de su facturación global.

La empresa de Musk, xAI, ha tratado de salir del paso firmando solo el capítulo de seguridad y protección, pero no los relativos a transparencia ni derechos de autor. Esto implica que no obtendrá la presunción de conformidad completa y se expone a supervisión adicional en torno a los capítulos no firmados.

Meta, a través del director de Asuntos Globales de la compañía, Joel Kaplan, alega que Europa “va por el mal camino en materia de IA” y que el Código introduce “diversas incertidumbres legales para los desarrolladores de modelos”, así como “medidas que van mucho más allá del alcance de la Ley de IA”. La empresa de Zuckerberg está tratando de conseguir, junto a otras grandes compañías de diferentes campos, que la UE detenga la implementación de la ley de IA porque, asegura, frenará el desarrollo y la implementación de modelos de IA de vanguardia en Europa.

Los argumentos de xAI son parecidos. Asegura que el Código y la futura ley son profundamente perjudiciales para la innovación y considera que las disposiciones sobre derechos de autor son “claramente un exceso”.

Las voces autorizadas que apoyan un mayor control de los modelos de IA son, en cambio, cada vez más numerosas. Uno de ellos es el sociólogo, ensayista y asesor político de origen italo-suizo Giuliano da Empoli, para quien las empresas que los desarrollan constituyen un imperio difuso y sin contornos físicos que supone una amenaza para Europa, uno de los pocos contrapesos que se interponen en el mundo en su objetivo de consolidar su hegemonía global, descentralizada, basada en datos, algoritmos y redes.

Según Da Empoli, estas compañías buscan generar inestabilidad —con hitos como la presidencia de Donald Trump o, en su día, la salida de la UE del Reino Unido— utilizando redes sociales para manipular electorados y erosionar el consenso democrático. Es un poder esencialmente antidemocrático, porque concentra poder sin consulta ni rendición de cuentas, sustituyendo las decisiones colectivas por dictados algorítmicos y corporativos. Un poder que dispone además de enormes recursos financieros con los que sostener proyectos políticos (Musk ya está financiando a los ultraderechistas) y presionar a no pocas democracias europeas.