Apenas unas semanas después de que Narcodiario publicase en exclusiva el desarrollo de una descarga en la que narcotraficantes gallegos introdujeron un importante alijo de cocaína en el entorno de Ribeira, en la cara Norte de la Ría de Arousa, la Policía Nacional acaba de impedir que la historia se repitiese.

Agentes uniformados de la Comisaría de la citada localidad de Ribeira han intervenido un gran alijo de cocaína que podría aproximarse a las dos toneladas en plena noche y en plena calle, en la localidad vecina de A Pobra do Caramiñal. Los hechos se han registrado en la madrugada de este sábado, sobre las 5.00 horas. Así lo puede adelantar en primicia este medio, que señala que este hallazgo puede ser obra de la misma organización que 'coronó' en el mes de agosto en el entorno de Corrubedo.

Por el momento no existen datos concretos acerca de si se produjeron detenciones sobre el terreno. Lo que se sabe es que los policías nacionales incautaron el remolque en el que los narcos intentaban llevarse la cocaína a un lugar seguro, un remolque que sufrió graves daños.

La droga, como se puede apreciar en las imágenes, estaba empaquetada en fardos de arpillera con asas para su transporte. Se sospecha que había sido descargada desde una embarcación de pequeño tamaño en las inmediaciones de la localidad arousana, aprovechando la impunidad de la noche y sin luces, en una maniobra muy típica de esa zona de Galicia y que se lleva desarrollando desde hace años.

Las investigaciones de Narcodiario revelaban ya en 2018, un año antes de la caída del narcosubmarino hundido en Aldán (Pontevedra), que los colombianos llevaban más de una década enviando alijos de cocaína hacia Galicia en bodegas de semisumergibles. Las fuentes eran de primera mano: narcos colombianos que habían cruzado el Atlántico, la Brigada Central de Estupefacientes e incluso la aparición de tripulantes extra en pesqueros como el San Miguel, interceptado en 2008 con un cargamento de cocaína que, se piensa, había recogido de uno de estos artefactos navales.

Las pesquisas policiales desarrolladas a raíz de la caída del narcosubmarino de Aldán en noviembre de 2019 situaron su partida en la desembocadura del río Amazonas, al norte de Brasil, y su ensamblaje en las inmediaciones. Ahora, con la llegada del mayor alijo jamás incautado en este medio de transporte, los 6.600 kilos intervenidos entre Azores y Canarias la semana pasada, ese mismo lugar del planeta vuelve a estar en el foco. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia Nacional Contra el Crimen (NCA) británica y la Polícia Judiciária lusa señalaron al norte de Brasil como punto de partida del batiscafo.

Todos los indicios apuntan a un mismo enclave. La Policía Nacional fijó en su momento la presencia de estos aparatos en la costa atlántica más cercana a la desembocadura del Amazonas. Manejaba incluso algunas imágenes frente a Surinam y Guyana en las que se apreciaba la silueta de los narcosubmarinos poniendo rumbo a Europa.

Ahora, este periódico ha descubierto que, ya en 2016 al menos tres narcosubmarinos de características casi idénticas a las del Che, el que llegó a la ría de Aldán en noviembre de 2019, fueron ensamblados en el Furo da Laura, uno de los brazos que circundan el tramo final del río Amazonas, no lejos de la localidad de Belén, si bien varios kilómetros al este de dicha ciudad, en un entorno inhóspito y prácticamente deshabitado.

“Tenemos información de que dos de esos narcosubmarinos partieron y coronaron”, confirma uno de los mayores expertos en la lucha contra el narcotráfico de la Policía Federal de Brasil. La hipótesis que maneja es que su destino era España.

Este agente y el resto de su equipo se incautaron del tercero de los submarinos, ubicado en el citado entorno. “Es una zona de manglares con mareas que alcanzan los 10 metros”, explica. El batiscafo quedó encallado en una de esas mareas mal calculadas por los narcotraficantes.

Los narcosubmarinos tienen su origen en Colombia, en los manglares ubicados en la costa del Pacífico. En esa zona se ubican astilleros clandestinos en los que se construyen los cascos y se ensamblan hasta que parten bordeando la costa en dirección a Centroamérica y, en ocasiones, hasta cerca de México. Ellos son los responsables de la patente del invento criminal y también están detrás de lo que ocurre en la desembocadura del Amazonas.

El modus operandi que se ha podido acreditar indica que los colombianos se desplazan a esa zona transportando todo el material preciso para la construcción de los semisumergibles y su preparación para el viaje hacia Europa. En esa misma zona se han localizado claras evidencias de la presencia de colombianos, que instalan astilleros efímeros y se mueven en busca de clandestinidad. Así comienza la ruta de los narcosubmarinos transoceánicos, una ruta cada vez más recurrente y conocida a este lado del Atlántico. 

Una operación policial conjunta de distintos países ejecutada en su fase final por la Marinha de Portugal ha servido para intervenir el narcosubmarino con mayor cantidad de cocaína localizado hasta la fecha en dirección a la Península Ibérica. Las primeras pesquisas a las que ha tenido acceso en primicia Narcodiario apuntan a un alijo cercano a los 7.000 kilos de droga en altamar, un hallazgo histórico. En España fue la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) y el Centro Regional de Análisis e Inteligencia Contra el Narcotráfico (CRAIN) quienes participaron en la acción, que han colaborado con la Polícia Judiciária lusa.

Todo apunta a que el semisumergible pretendía alcanzar un punto cercano a las costas portuguesas, donde debían encontrarle las lanchas rápidas para desembarcar la droga. Se desconoce si los famosos traficantes de las Rías Baixas que ya han mostrado su capacidad para introducir estos alijos sin ser descubiertos en 2023, en Arousa (Pontevedra), y este mismo año 2025, en Corcubión (A Coruña), iban a ser los encargados de llevar la cocaína a tierra, ya sea a través de España o de Portugal, pero ésa es la hipótesis más probable. Es la primera vez que un semisumergible ha sido interceptado en mar abierto.

Cinco personas han sido detenidas en el interior de la embarcación, construida en Colombia. Las investigaciones de Narcodiario apuntan a que los cinco tripulantes –tampoco se habían visto nunca antes tantas personas dentro de un semisumergible, ni en Europa ni en Sudamérica, lo que da cuenta del tamaño de la embarcación apresada– son de nacionalidad colombiana, brasileña, portuguesa y española. Todos han sido conducidos hasta la isla de San Miguel en las Azores. Hace justo un año, una organización liderada por un español afincado en Lisboa fue desmantelada tras perder, según la investigación, una carga similar a la que llegará ahora a la capital lusa.

Respecto al español detenido, es originario de Sevilla, lo que puede ser indicativo de que al menos una parte de la droga iba dirigida a las guarderías que se asientan a orillas del río Guadalquivir recientemente descubiertas. Narcodiario reveló hace algunos meses la presencia de otro sevillano, un vecino de Dos Hermanas, entre la tripulación de un pesquero interceptado con 9.000 kilos de cocaína. Ocurrió en el Atlántico a mediados de enero.

La interceptación del semisumergible se llevó a cabo el pasado jueves, 20 de marzo, a medio camino entre las islas Azores y Canarias, en medio del Atlántico. Según ha informado la Guardia Civil, a unas 500 millas náuticas al sur de las islas Azores y a 680 del suroeste de las Islas Canarias. La droga, los detenidos y el narcosubmarino están siendo remolcados en estos momentos, en una difícil maniobra, pues el hallazgo se produjo a muchas millas de distancia al oeste de la Península Ibérica. Las malas condiciones meteorológicas por culpa de la borrasca Martinho han dificultado la operación. La llegada del narcosubmarino al puerto de Lisboa está prevista para este próximo jueves.

La embarcación, según los datos existentes hasta el momento, había efectuado un recorrido muy similar al del primero de su clase intervenido en Europa, el localizado en Aldán (Pontevedra) en noviembre de 2019. Así, el batiscafo puede haber partido del norte de Brasil, donde recogió la mercancía ilícita. En concreto, de Macapá, la misma zona de la que salió el primer semisumergible capturado. Una opción sería un tránsito por el Amazonas hasta el Atlántico, como ocurrió en 2019, pero ese extremo está aún por confirmar.

La operación policial desarrollada es fruto de la colaboración policial de distintos países, incluidos España, Colombia, Brasil y Portugal, además de las agencias británica (NCA) y estadounidense (DEA), todas ellas presentes en el Centro de Análisis de Operaciones Marítimas sobre Narcotráfico (MAOC-N) con sede en Lisboa. 

Tres años después de las dos grandes operaciones contra la construcción de embarcaciones de alta velocidad para el transporte de estupefacientes, las conocidas como narcolanchas, la Fiscalía de Pontevedra está en condiciones de describir todo el engranaje criminal que dotaba de la infraestructura naval necesaria, antes para el tráfico de hachís y ahora para la mucho más lucrativa cocaína. El esquema delitictivo nacía en el corazón de la comarca de O Salnés (Pontevedra), cruzaba el Miño hasta distintos puntos de Portugal y se ramificaba en los cuatro puntos cardinales de España, desde Salamanca hasta Tarragona, pasando por Toledo, Huelva, Sevilla y Santa Pola (Alicante).

Las dos redes con matriz en Galicia desmanteladas se exponen a penas de prisión que, en conjunto, superan los 110 años. Eso es lo que exige de forma provisional la acusación pública para las 23 personas que serán sometidas a juicio en los próximos meses.

En el caso de la primera de las redes, que cayó fruto del trabajo conjunto de las autoridades españolas –Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera– y las fuerzas de seguridad portuguesas, los investigadores sitúan en la cúpula a personas de la comarca de O Salnés y, en concreto, a Pablo V. El nombre más sonado de entre quienes se sientan en el banquillo no es, sin embargo, el suyo, sino el de Ramón Bugallo, primo del histórico José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Los gallegos son los mayores expertos a la hora de manejar la materia prima con la que se construyen esta clase de embarcaciones, la fibra de vidrio, y se aprovechan de esa circunstancia y de sus contactos en el submundo criminal para mantener una línea de negocio alternativa al narcotráfico puro y duro

La organización disponía de tres localizaciones clave en Galicia: en Castrelo y en A Pedreira, en el municipio pontevedrés de Cambados, y en Sisán, en el de Ribadumia, según explica el fiscal. La más relevante era la primera, pues allí se construían los cascos de las embarcaciones semirrígidas, de unos 12 metros de eslora y con espacio para tres motores –en ocasiones, para cuatro–. Con el trabajo aún por terminar, las narcolanchas eran transportadas a una instalación clandestina en Salamanca que resultó ser un escenario clave: allí se incorporaban los motores, el cableado eléctrico y los sistemas de navegación.

Esta fase final de ensamblaje y pertrecho también se ejecutaba en Viana do Castelo (Portugal). Los gallegos saben bien que con sólo cruzar el río que separa la provincia de Pontevedra de Valença y Monçao, localidades fronterizas, todo cambia: lo que en España está prohibido allí se permite. La mera tenencia de estas embarcaciones es un delito de contrabando al norte de la raia, pero no está penada al aur. Sin embargo, sí se puede atacar, previo pacto con las autoridades portuguesas, el esquema ideado por especialistas en saltar la frontera para delinquir. Y eso es lo que se hizo. 

Desde Salamanca y, en ocasiones, desde Viana do Castelo, las narcolanchas partían en camiones de gran tonelaje hacia distintos puntos del país e incluso del extranjero: llegó a comprobarse el traslado de una de las embarcaciones hasta los Países Bajos.

La segunda red especializada en el negocio que cayó en esa misma época, en 2022, y que será juzgada en breve plazo en Pontevedra tenía una operativa similar. En este caso dos personas afincadas en Barcelona se desplazaban a Galicia para organizar un tejemaneje que comenzaba en una nave del polígono industrial de Cotogrande, a las afueras de Vigo, y que se ramificaba en al menos cinco emplazamientos de Portugal, todos ellos con acceso cercano a un río navegable, el Miño o el Lima, que permitiese pruebas de agua e incluso botaduras. La dinámica criminal, sin embargo, devolvía la lanchas, una vez preparadas, a España.

En Toledo se ubicaba el principal escenario de almacenaje de las embarcaciones que construía la organización, pero fueron halladas planeadoras también en Tarragona –punto de partida de alijos que acaban en España por el Delta del Ebro–, Santa Pola (Alicante), Sevilla y Huelva. Lanchas rápidas de este entramado criminal fueron utilizadas para varios transportes acreditados de droga en distintos puntos, algunos frustrados por las autoridades –en Almería y Huelva– y otros que consiguieron eludir los controles. 

Las penas que solicita la Fiscalía por estos hechos alcanzan los siete años de cárcel en el caso de los presuntos responsables de ambas organizaciones, tres personas en el caso de la red con matriz en Cambados y dos más en la de Vigo. A ello se añaden multas multimillonarias, que parecen más una formalidad que otra cosa. nadie las paga. El resto de los individuos que realizaban diferentes funciones en los entramados, como la mano de obra para trabajar la fibra de vidrio o la conducción de los vehículos para el transporte, así como quienes aportaban las empresas y naves necesarias para el desarrollo del delito, se exponen a posibles condenas que oscilan entre los dos y los cinco años. Salvo un imputado, que añade una acusación por tenencia ilícita de armas y podría ser condenado a siete años de cárcel.

En total, las dos operaciones, bautizadas Munari y Endurance, se saldan con peticiones de penas de prisión para una mayoría de gallegos, pero también para acusados originarios de otros puntos de España y Marruecos. 

En 2025, Galicia sigue siendo centro de producción de esta clase de embarcaciones que se emplean para el transporte masivo de drogas y, en ocasiones, también de personas migrantes, en especial en el sur de España. Sus responsables disponen de la materia prima gracias a la actividad lícita que se lleva a cabo en muchos puntos de la provincia de Pontevedra. Además, tienen acceso a enclaves secretos en los que trabajar la fibra de vidrio para su posterior traslado a Portugal.

Con la misma operativa descrita, los narcos reciben estas lanchas, cada vez más avanzadas y caras, en el sur, en un negocio que puede aportar hasta 200.000 euros por unidad a quienes las construyen, en función de las características de la embarcación. Los motores cuestan entre 30.000 y 50.000 euros cada uno, según sean Honda, Yamaha, Suzuki o Evinrude, los más utilizados por los narcos. Los anclajes, equipos de navegación y acabados añaden unos 15.000 euros más. La mano de obra del constructor gallego y los materiales suponen la parte más variable del presupuesto. En total, restando gastos, las mafias criminales dedicadas al negocio de las narcolanchas se embolsan entre 70.000 y 100.000 euros limpios por cada narcolancha que entregan a sus clientes.

Pocas personas en España disponen de una visión global del crimen organizado como la del teniente coronel Óscar Remacha. Responsable del área de Narcotráfico en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, coordinó algunos de los últimos grandes golpes contra el cártel de los Balcanes y contra clanes gallegos. El jefe de la principal fuerza de choque del instituto armado en la guerra contra el narco en España detalla el escenario actual, no sólo en la Península Ibérica, sino también el internacional.

¿Cómo funcionan las grandes cooperativas que dominan el tráfico de cocaína a nivel mundial?

Fundamentalmente, lo que hacen los narcotraficantes es hacerse dueño de un dominio. Dominio de la provisión de cocaína en un lugar determinado, dominio de la entrada en un país, del transporte, del almacenaje, la distribución... Cada uno se especializa. El que consigue tener esos contactos y ese control de todas las subcontratas puede organizar las operativas de narcotráfico para los inversores, que quieren poner en un determinado punto del planeta la sustancia estupefaciente. Estos brókers, que así les llamamos, son los interesantes, los poderosos, porque son capaces de colocar la droga en cualquier punto. El jefe únicamente pondrá el dinero y tendrá su estructura de distribución.

Se habla del cártel de los Balcanes como la mayor organización la actualidad. ¿Puede describirla?

El cártel de los Balcanes es la denominación para una serie de grupos organizados que tienen la infraestructura y dominan determinadas zonas relacionadas con el tráfico, especialmente de cocaína, aunque no sólo. Nacen a raíz de la guerra de los Balcanes. Algunos son extremadamente violentos e intentan hacerse con el poder en ciertas zonas. En España tienen sucursales, delegados, que les facilitan la recogida de una droga que piden al bróker para que la coloquen, por ejemplo, en el puerto de Málaga. El responsable del clan que está en Málaga busca toda la logística, la salida y demás. Ésa es la estructura. Son diferentes grupos, y las guerras interclanes vienen dadas porque unos quieren imponer su dominio en un territorio a base de amenazas, violencia y asesinatos.

¿Dónde quedan los colombianos en este nuevo panorama?

No dejan de operar. Ellos siguen teniendo aquí sus negocios. Poco a poco han ido ganando terreno los clanes de los Balcanes, pero los colombianos continúan en España. Dentro de la estructura logística o de la operativa de los balcánicos, los colombianos son los proveedores y los que facilitan la salida de la cocaína de Sudamérica. Ahora tienen un papel menor por la presencia de los cárteles de los Balcanes.

¿Cómo salen los grandes alijos desde América Latina?

El principal propietario de gran parte de la cocaína que se produce y que sale hacia Europa es el clan del Golfo, que tiene sucursales en distintos países. Dispone de su propia infraestructura para transportarla por tierra, o mediante avionetas, a los puntos de acopio en Sudamérica, para posteriormente sacarla por el puerto de Guayaquil, en Ecuador, donde tiene una célula que controla el lugar y capacidad de contaminar contenedores con destino a Países Bajos, Bélgica y España. Otra opción es Brasil. El Primeiro Comando da Capital tiene allí sus propios proveedores y su logística para almacenar la cocaína procedente de Bolivia y de Colombia, y sacarla hacia Europa, en contenedores, a través de Santos, en veleros o en pesqueros que transbordan en mitad del Atlántico. También pueden depositar la droga en África y posteriormente, en pequeños barcos, introducirla en Europa.

Una vez que está en el mar, ¿cómo es la travesía hasta que llega a Europa?

Tenemos diferentes modalidades. Igual que vemos que la droga llega a España en contenedor, también lo vemos en embarcaciones rápidas o pesqueros que se aproximan a la costa. Pueden cargarla en un pesquero en Sudamérica que va por el sur de Cabo Verde hasta África Occidental, donde se descarga y almacena. Posteriormente puede llegar a Europa con un velero que suba hacia las Islas Canarias, desde donde salen embarcaciones rápidas para recoger esa cocaína y almacenarla, o pueden acercarse hasta allí en embarcaciones rápidas. De hecho, se interceptó una con cinco toneladas de cocaína cerca de Cabo Verde. Otra modalidad es la de un velero que carga cerca de Brasil, Venezuela o el Caribe, y viene hasta costas españolas, y es en las costas españolas donde salen las lanchas rápidas. Es lo que hacen los clanes gallegos, que tienen esa infraestructura de toda la vida y recogen la droga de los veleros. Canarias se está convirtiendo en un hub de donde salen las embarcaciones para rescatar la mercancía, de un pesquero o de un velero. Recogen la mercancía, la almacenan allí, congelándola durante un tiempo hasta introducirla en la Península, bien con lanchas rápidas que son repostadas por el camino, bien en coches con dobles fondos o incluso en otro velero que salga hacia las costas españolas.

¿Qué papel tienen los narcos gallegos en esos viajes a África?

Los gallegos no están saliendo desde allí, pero sí están usando sus lanchas rápidas para llegar hasta allá abajo [el sur de Cabo Verde]. Lanzan las gomas [lanchas] al mar desde el sur de Portugal y desde allí inician la travesía hacia Canarias. Son los especialistas, y esa parte del servicio la subcontratan ellos. Ponen las embarcaciones y los pilotos, que son expertos en el manejo de esas embarcaciones, y hacen la travesía. El sur de Portugal es desde donde lanzan las embarcaciones al agua. A pesar de que están en un proceso de reforma legislativa para actuar de una forma más dura contra estas embarcaciones, a día de hoy no deja de ser más fácil moverlas por las costas portuguesas.

Ustedes acreditaron uno de esos viajes hacia Portugal en la operación Nazaré. ¿Quién estaba detrás?

Es un clan histórico de gallegos, de distintas generaciones, con sus lanchas e infraestructura para localizar mercancía. Vimos movimientos sospechosos de gente relacionada con ellos, de aprovisionamiento de gasolina y hacia Portugal. Las autoridades portuguesas identificaron una lancha rápida, la interceptaron con una cantidad de droga, y observamos que detrás estaba el clan gallego del que teníamos sospechas. Se creó un equipo conjunto y demostramos que los líderes de esa partida eran los gallegos, que habían organizado el transporte, los pilotos, habían repostado las embarcaciones y pensaban traer esa cocaína hacia Galicia.

Hablemos de Dubái. Se dicen que es el gran refugio de los capos de la cocaína...

Dubái es un emirato con mucho dinero. Si tienes dinero, puedes vivir muy bien. Los grandes narcotraficantes con un poder adquisitivo importante, que llevan tiempo traficando y tienen mucho dinero, se mudan allí. Nuestra obligación es demostrar que se han dedicado al narcotráfico, y cuando llegamos a ese punto, colaborar con las autoridades de Dubái y proceder a su detención. Eso es lo que se hizo en la operación Faukas y en la operación Adriática. Tenemos buena relación con la policía de Dubái y, cuando identificamos a líderes de grupos organizados que residen en el emirato y se benefician de su actividad delictiva, contactamos con ellos, los localizan, se emite la orden y ellos lo detienen. La colaboración es buena.

¿Dónde se cierran los grandes negocios criminales hoy en día?

El que tiene más riesgo de ser detenido intenta moverse poco. Si se cree seguro en algún sitio, intenta que otros vayan a verle, pero esas reuniones tienen que producirse. Aunque utilizan grandes medidas de seguridad y comunicaciones encriptadas, el hecho de que hayamos conseguido acceder a esas comunicaciones les dificulta el hablar entre ellos. Por eso necesitan tener reuniones físicas. Dubái puede ser un punto, pues los grandes líderes están allí, y prefieren que sean sus lugartenientes los que les vayan a ver para darles las indicaciones. Eso también sucede en Turquía y en España, adonde también acuden los cárteles colombianos que vienen a ver a sus células en España.

Ustedes han identificado a capos en Dubái que fueron detenidos pero salieron de prisión.

El proceso de extradición es largo. Nos ocurre igual en España, con requisitoriados por otros países que acaban en libertad. Ellos tienen su propia normativa y a veces [los detenidos] salen. Entiendo que no es una voluntad del país detener a alguien para dejarle en libertad, pero el proceso se hace largo. Yo confío en que finalmente, cuando concluya el procedimiento, volverán a arrestarlos para enviarlos a los países que los reclaman.

Parece que algunos han cambiado el emirato por Turquía.

El cambio lo achaco a operaciones como Faukas, porque han visto que ni siquiera en Dubái están tranquilos y buscan otro sitio. Pero en Turquía también los detienen. Los países refugio ya no son tantos, y ninguno está permitiendo que estos delincuentes se asienten y sigan delinquiendo.

Hablemos de narcosubmarinos. Cada vez se ven con más frecuencia en España.

El uso de semisumergibles para traer grandes cantidades de cocaína está en auge. Es algo que hace años se empezaba escuchar. Se encontró un prototipo debajo del puente de Rande [en Vigo], algo que estaban probando, y nos parecía imposible, inviable. Pues hoy en día es una realidad. Hemos visto uno en 2019, otro el año pasado, y evidentemente hay más. Así que estamos alerta ante este modus operandi. Es arriesgado para ellos, sobre todo para los tripulantes, pero también muy rentable. La inversión en semisumegibles tampoco es tan elevada, y pueden transportar gran cantidad de sustancia estupefaciente sin ser detectados. Debemos tenerlos en la mira y trabajar para interceptarlos.

Sin embargo, parece que seguimos sin poder detectarlos, algo que sí consiguen en América.

Tú no puedes plantear una vigilancia en el Atlántico permanentemente desde el aire. Se está evolucionando y trabajando para tener medios que permitan esa detección lo antes posible. Es un problema de identificación. Necesitas cierta información, un indicador de zona para empezar a buscar. Y los medios aéreos tienen que mejorar. Están pensados para vigilar embarcaciones que —vamos a suponer— puedan atacar el país, son medios de defensa aérea del Ejército del Aire, y no se piensa en un semisumergible. Habrá que evolucionar.

Uno de los casos mediáticos fue el del Poseidón, que descargó en la ría de Arousa.

Supimos que había un semisumergible cerca de las costas, no sabíamos dónde, pero sí que iba a ser descargado. Intentamos localizarlo. No fue posible hasta que apareció semihundido. Ahí lo rescatamos y abrimos una investigación que dio con quien había participado en la descarga y la recogida de esa mercancía, que había salido con las lanchas. No se pudo localizar la sustancia, pero sí demostrar que había sido esta organización la que la había recogido.

¿Cómo operaba esa organización?

Esta organización tiene capacidad logística para extraer la droga y almacenarla, que no es poco. Tiene sus contactos en Sudamérica, donde los contratan para esa recogida. Posteriormente se la entregarán a quien le indiquen desde Colombia. El líder realizaba viajes frecuentes a ese país para contactar con la organización que preparaba el envío de cocaína hacia España.

Sin embargo, en este caso también han quedado libres.

Tenemos muchas evidencias de su participación, damos por hecho que un semisumergible no trae nada legal pero, si no tenemos la droga, es difícil que esas personas ingresen en prisión.

Meses atrás dieron un golpe contra supuestos nuevos narcos gallegos que disponían de grandes mansiones en la provincia de Pontevedra.

Nos centramos en intentar detener a aquellas personas de las que desde hacía muchísimos años se sabía... de ahí su poder económico. Tantos años sin que nadie les pusiera una mano encima les dio mucho dinero. Eran difíciles, objetivos muy complicados. Medidas de seguridad, reuniones en mitad del monte, no utilizaban los teléfonos. Eran muy estrictos y eso nos dificultaba mucho todo. No podía ser que estas personas llevaran más de 15 años traficando, enriqueciéndose de forma tremenda, alguna de ellas más de 25 años en el narcotráfico, sin que nadie les pudiese echar el guante. Así que decidimos ir a por ellos. Sabíamos que iba a ser difícil, pero finalmente se consiguió. Las mansiones son señal del tiempo que llevaban traficando. Y tenían sus propias empresas, sus estructuras de blanqueo. No sólo fue importante el dinero que se intervino, prácticamente a una sola persona, tres millones de euros, sino también las cuentas, propiedades, empresas... Ha sido un golpe duro, aparte de por la droga, por la parte económica, que es lo que hace que se debilite la actividad de esos grupos.

Pese a todo, parece que siguen disfrutando de sus mansiones...

Habrá que esperar a que haya sentencia. Nosotros hemos hecho el trabajo policial, y lo normal es que al final, si hay condena, se intervengan esas propiedades y se saquen a subasta para invertir los fondos en reinserción, prevención o en el Tesoro Público, para beneficiar a toda la sociedad.

El retraso en esas cuestiones no es para nada ejemplarizante.

Lo entiendo. A nosotros también nos pasa. Después de los esfuerzos, ver que [el narco] siga disfrutando de su piscina y su mansión... Las tienen bloqueadas, no pueden deshacerse de ellas, y esperemos que al final del proceso puedan venderse y se revierta en algo beneficioso para la sociedad.

La situación global en el tráfico de cocaína es preocupante. ¿Hacia dónde camina?

Espero que no vaya increscendo. Es cierto que cuanta más producción haya, más posibilidades tenemos de que nos llegue la sustancia. Nuestro empeño es que no llegue a España, e incluso más allá, que no llegue a Europa. Nuestro empeño es investigar a las redes españolas, pero también ir más allá, al origen y al destino de esas sustancias. También la parte económica, con los líderes que no tocan la droga. Si a la cabeza pensante la dejamos con dinero, seguirá trabajando. Tengo la esperanza de que no vaya a peor.

Cada vez llega más droga en contenedores. ¿Cuáles son los modus operandi?

El uso de contenedores para la introducción de cocaína desde Sudamérica y Europa es el principal modus operandi. Se ha incrementado exponencialmente, sobre todo por la corrupción en los países de origen. Es relativamente fácil para las organizaciones contaminar los contenedores. El volumen del tráfico de contenedores es tan grande que es casi imposible controlarlos todos. Los narcotraficantes conocen esa debilidad del sistema. Hay que poner en la balanza la seguridad y el comercio porque, si paralizas envíos, van a otro puerto. Las organizaciones se están especializando, contaminando a personal, no necesariamente de las fuerzas de seguridad, sino a trabajadores del puerto. Corrompen a las personas que facilitan la extracción. El propio negocio de mercancías les permite usar empresas con solvencia y peso que corrompen para exportar la cocaína. Otras veces la empresa no es conocedora.

¿Qué organizaciones dominan los grandes puertos españoles?

No tenemos el mismo escenario que en otros puertos de Europa, por suerte. Y no son las mismas organizaciones. En determinados puertos, la entrada de sustancias está dominada por clanes de los Balcanes. Mocro Maffia no hay tanta, por suerte, porque hemos visto que deriva en situaciones de violencia extrema. Seguimos teniendo algún clan colombiano con control de algunos de los puertos españoles. Pero principalmente es el cártel de los Balcanes el que se está haciendo con el control. Nuestro temor es que, como hay varias organizaciones en los puertos, eso pueda derivar en enfrentamientos entre clanes por el control de los muelles.

...Que estallen guerras entre ellos. 

Eso sucede, bien por una falta de lealtad entre las diferentes organizaciones que subcontratan los servicios, bien porque quieran dominar el puerto y sacar de enmedio a otros grupos. O te vas, o te mato. O porque me has robado dinero o mercancía, o porque quiero que te quites de enmedio. Intentan convencer a los rivales con malas artes para que se retiren.

¿En qué factores incidiría para mejorar en esta lucha?

El éxito en la lucha contra el narcotráfico depende de la cooperación internacional. Intercambio de información entre los países, intercambio judicial. No podemos dedicar esfuerzos, dinero y personal para que todo se desmonte porque no se puede casar judicialmente lo que hay en cada país. Hay que ver las investigaciones desde el punto de vista global y desarticular todo el entramado. Si no, de nada vale coger a los tripulantes de un velero con cinco toneladas —aunque sí es importante que no lleguen a Europa, y eso hay que seguir haciéndolo—. Hay que ir más allá, dar un paso grande: ver de dónde salieron esas cinco toneladas, quién ha organizado el transporte, quién va a ser el destinatario, quién va a distribuirlo, dónde, y empezar a trabajar.

Pocas veces hasta ahora se había podido trazar el movimiento del dinero en efectivo que reportan los grandes alijos de cocaína que llegan a Europa. El mayor cargamento de la historia de Galicia, los 7.500 kilos intervenidos en Cambre (A Coruña) que entraron por el puerto de Vigo en diciembre de 2023, desembocaron en muy relevantes detenciones un año después en Ecuador y en la apertura de una investigación oficial, también periodística, cuyos detalles ofrecieron este fin de semana infoLibre y Narcodiario. La Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público, medio peruano especializado en seguir el rastro del crimen en América Latina y socio de Narcodiario, está detrás de un trabajo que explica un modus operandi que se extiende por varios continentes: el dinero se mueve entre Sudamérica, España, China y hasta Dubái, con las facilidades que supone tener el centro de operaciones en un país con severos problemas de corrupción como es Ecuador. Y desde allí llega a España la mayor parte de los alijos de cocaína. 

La cocaína incautada en Cambre tenía vínculos con un capo de la droga de Ecuador y distintas autoridades del país sudamericano, todas ellas detenidas y relacionadas con empresarios y accionistas de una firma de extracción de oro llamada Goldenminerals SA. El esquema empleado para lavar colosales sumas de dinero procedentes de la cocaína era el siguiente.

El dueño de la firma minera Miderzul –la que permitía operar en sus instalaciones a Goldenminerals SA– es Juan Pogo Labanda, que recibió el título de la concesión de La Boya –así se llama el punto de extracción del metal precioso– en 2021, según informes del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador. Como contratante, Miderzul debía encargarse de que Goldenminerals cumpliera lo establecido en el acuerdo para la explotación de mineral, pero no lo hizo. Los operadores no son controlados por ninguna autoridad gubernamental. 

OjoPúblico y Código Vidrio, socio ecuatoriano en esta investigación, accedieron al contrato entre Cerro Azul-Miderzul y Goldenminerals, firmado en 2018, y que tiene una duración de 10 años. El documento establece que la contratista deberá entregarle el 7% de la producción de oro, “que se liquidará en el proceso de recuperación mineral en la planta de beneficio [donde se procesa el oro] de su elección”. Su obligación era explotar el yacimiento e impedir actividades de minería ilegal.

El mismo contrato señala que el titular de la concesión –Cerro Azul-Miderzul– puede darlo por terminado si el contratista –Goldenminerals– no realiza operaciones de explotación durante más de tres meses. Goldenminerals reportaba muy pocas veces la producción de oro. Por este motivo, expertos consultados y fuentes de la Agencia de Regulación y Control Minero presumen que el área de la concesión era usada para actividades extractivas ilegales de las que en la mayoría de los casos no se informaba, con el fin de evadir el pago de impuestos.

Un grupo de informes y auditorías oficiales señalan que Goldenminerals no tiene licencia ambiental desde 2017 y que tampoco presentó planes de desarrollo ni de exploración geológica. A pesar de que no cumplió con estos procedimientos, las autoridades locales nunca fiscalizaron la explotación. Miderzul debió alertar de que Goldenminerals no registró operaciones mineras formales entre enero y diciembre de 2022, pero no lo hizo, señala un informe técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero.

El año que Goldenminerals sí registró la extracción de 1.004 toneladas de oro fue en 2023, coincidiendo con el de la caída del contenedor con 7.500 kilos de cocaína en Galicia. Sin embargo, no especificó cómo lo hizo, con cuántos trabajadores opera o qué pasó con el material extraído, si fue procesado para convertirlo en barras de oro o si se comercializó como concentrado de oro.

De acuerdo con la información oficial a la que tuvieron acceso OjoPúblico y Código Vidrio, la minera Cerro Azul-Miderzul exportó entre 2023 y 2024 un total de 827 toneladas de concentrado de oro a China. Por estos envíos la empresa recibió 2,5 millones de dólares, pero en ninguno de sus informes de producción indica la procedencia del oro. Según estos mismos informes, el concentrado del mineral procedía de la concesión de La Boya y fue triturado en plantas de beneficio de la zona de Camilo Ponce. 

En Ecuador están inscritas 1.652 concesiones mineras y están registrados 557 contratos de operación. Además hay 213 plantas de beneficio y 370 licencias de comercialización de minerales. Los grupos dedicados a la minería ilegal vinculados a organizaciones del narcotráfico han utilizado desde hace más de una década estas modalidades contractuales de operación. “Han recibido títulos y permisos que luego negocian con operadores delictivos, en medio del descontrol estatal y los focos de corrupción que permean todo el sistema”, sostiene un oficial del Ejército, que investiga esta dinámica en las provincias de Azuay y El Oro, en la frontera con Perú.

Julia Yansura, directora del Programa de Delitos contra el Ambiente y Financiación Ilícita de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), destaca que el caso ecuatoriano no es una excepción. “Existe una relación estrecha en toda la región andina entre narcotráfico y minería ilegal. El oro se volvió ideal para el lavado del dinero que obtienen por la venta de cocaína”, explica. 

Una de las modalidades más usadas en Ecuador para blanquear el dinero, además de invertir el dinero sucio en la extracción del oro, es la exportación ficticia de minerales auríferos. En los papeles se simula que una empresa va a exportar una cantidad determinada de oro, pero luego, cuando se inspeccionan los contenedores, están vacíos. 

Oficiales de inteligencia y también las autoridades del sector minero reconocen que los narcotraficantes declaran importantes envíos de oro –que en la mayoría de casos no son verificados– con el fin de justificar millonarios pagos que ingresan en el sistema financiero sin ninguna dificultad. “Así la riqueza de estas organizaciones está más protegida, como reservas en bancos de diferentes jurisdicciones”, indica Yansura.

Por su parte, José Julio Neira, presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) y director de la la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador, señala que el Gobierno está realizando una auditoría a los 1.652 titulares de derechos mineros del país con el fin de verificar si cuentan con permisos vigentes. También está fiscalizando a todas las personas físicas y jurídicas que tienen licencias de comercialización, contratos de operación y plantas de beneficio. 

María Laura Patiño, consultora financiera y experta en lavado de activos, recalca que a través de estas concesiones y contratos de operación también se genera opacidad sobre quién es el beneficiario final. “En muchos casos, el dueño de la concesión se puede convertir en un testaferro que juega a favor de las actividades ilegales de los operadores”, apunta.

En este momento hay 78 empresas mineras suspendidas y con acciones administrativas sancionatorias, debido a sus inusuales exportaciones de oro. Los cálculos oficiales señalan que en Ecuador más de 1.300 millones de dólares de las exportaciones de oro provienen de la minería ilegal.

La pericia de un agente de los Greco (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) de Pontevedra permitió a la Policía Nacional y al Servicio de Vigilancia Aduanera poner fin en diciembre de 2023 a una ruta de la cocaína que, según sospechan los investigadores, llevaba tiempo sirviendo grandes alijos a la mafia albanesa en cargamentos de pescado congelado procedente de Ecuador. Las autoridades intervinieron 7.500 kilos de droga ocultos entre lomos de atún congelado, una técnica que elude los escaneos de rayos X y que sólo puede ser descubierta si se retira el género, como ocurrió en aquel momento.

Meses más tarde, Narcodiario contaba en exclusiva en España la detención en Sudamérica de varias personas presuntamente relacionadas con el envío de un cargamento que sigue siendo el mayor jamás incautado en la historia de Galicia en una sola operación. Entre ellas se encontraba un objetivo de alta prioridad (HVT por sus siglas en inglés), conocido como Carlitos. También fueron capturados el exjefe de la Policía Judicial de Guayaquil (Ecuador) y un capitán de la Armada ecuatoriana, además de varios individuos más que fueron sometidos a una minuciosa investigación.

Así es como se supo que este grupo de ecuatorianos es la pieza clave para entender la forma en que la explotación de oro se ha convertido en el mejor negocio para el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Los involucrados están relacionados con la compañía Goldenminerals SA, que tiene un contrato de operación con la minera Cerro Azul. Lo destapó una investigación de la Red Investigativa Transfronteriza del medio peruano OjoPúblico, socio de Narcodiario, y el ecuatoriano Código Vidrio. Como telón de fondo, los cambios geopolíticos mundiales que han desequilibrado la balanza: si hace una década el precio del oro era en muchos lugares equivalente al de la cocaína, hoy el metal precioso cuesta, de media, tres veces más que el polvo blanco sudamericano.

Los estrechos nexos entre el narcotráfico y la minería ilegal de oro quedaron expuestos en diciembre de 2024 con las detenciones en Ecuador de las personas que enviaban la cocaína hacia España. Ahora, una serie de documentos oficiales y financieros analizados para esta investigación revelan cómo este grupo de personas fundaron y administraron una firma minera dedicada a la explotación de oro con el fin de lavar su dinero procedente del tráfico de drogas.

Las autoridades sostienen que esta organización criminal, integrada por empresarios, policías en segunda actividad y un militar en servicio activo, utilizó compañías mineras legalmente constituidas, dedicadas a la explotación y comercialización de oro, para lavar el dinero proveniente del negocio de la cocaína. La información oficial y financiera recabada en este reportaje, así como la investigación fiscal, apuntan a Goldenminerals SA.

Agentes de la Policía española y oficiales de inteligencia antidrogas de Ecuador señalan que, en este caso, los principales financiadores del tráfico de cocaína hacia Europa son grupos vinculados a la mafia albanesa que cuentan con el apoyo logístico de la organización criminal Los Lobos y otras bandas pequeñas en Sudamérica y, supuestamente, con la colaboración, directa o indirecta, de un ciudadano español, Bautista S., y otras personas vinculadas a él, encargados de dar cobertura a las entradas de droga en Galicia.

Según la investigación fiscal, a la cabeza de la organización estaba Carlos Eduardo Zambrano Montesdeoca (alias Carlitos), empresario inmobiliario con antecedentes en tráfico de drogas. La persona encargada de las operaciones logísticas era su esposa, María Auxiliadora Montesdeoca García. En 2023, Carlos Zambrano fundó la compañía Inmoalta Inmobiliaria en Guayaquil, además de las empresas Inversiones Monar, en 1998, y Latexcol, en 2004. La Policía también identifica como socios de Zambrano al coronel de la Policía Julio César Miño del Hierro, exjefe de la Policía Judicial de Guayaquil; a Galo Manuel Litardo García, capitán de corbeta en servicio activo de la Marina; así como a Geovanny Javier Cruz Morales, Laureano Leonel Alvear Rosero, José Luis Bersoza Cóndolo (alias Pollos) y a Édison Andrés Espín Vallejo.

Las autoridades sostienen que estos últimos eran los encargados de las transacciones financieras y de las operaciones de lavado para la extracción de oro, entre otras actividades. La información judicial señala que entre 2020 y 2024 estas personas tuvieron enormes ingresos económicos que no pudieron justificar, lo que encaja con las sospechas de la Policía española, que sitúa a Mare Azzurro SL, la empresa gallega de Bautista S., como posible tapadera de entradas de cocaína desde años atrás, si bien no pudieron echarle el guante hasta el alijo aprehendido en diciembre de 2023.

Un alto oficial de la Policía ecuatoriana explica que Carlos Zambrano se encargaba de la coordinación y reclutamiento de operadores claves, de alto perfil, en la Justicia, la Policía y en las Fuerzas Armadas del país andino. Según las mismas investigaciones, fue él quien contactó al coronel Julio César Miño y al capitán de corbeta de la Armada, Galo Litardo. Él era también quien definía dónde se debía invertir el dinero. Uno de estos negocios era la minería de oro.

Una de las claves de este negocio radica en el precio que alcanza este año el kilo del metal precioso, próximo a los 90.000 euros, supera con creces el que se paga hoy por la cocaína.

Las pesquisas señalan que el coronel Miño obtenía información de la Policía para que sus socios evitaran los controles en los puertos, mientras que el oficial de la Armada accedía a datos sobre los patrullajes en los puntos costeros. Cuando estaba en activo, Miño trabajó para unidades de inteligencia antidrogas y contra el crimen organizado en 2006 y 2008. Luego fue comandante en la ciudad portuaria de Manta, un territorio de elevada actividad asociada al narcotráfico. Fue en este último lugar, donde, según un oficial, empezó a ser contactado por grupos criminales.

Desde diciembre del 2024, Ojo Público y Código Vidrio han accedido a información fiscal y financiera que les ha permitido identificar la conexión entre los investigados y su red de empresas, sus accionistas y la explotación minera de oro.

Cuatro de los detenidos son accionistas o administradores de Goldenminerals SA, una compañía minera constituida en 2018 en la ciudad de Machala, donde se encuentra el segundo puerto más importante de Ecuador. Las personas que aparecen como accionistas y administradores de la empresa son Geovanny Cruz Morales, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Édison Espín. Según publica en su web la Superintendencia de Bancos ecuatoriana, la empresa está activa y hasta 2022 era administrada por Melida Biteri y Alisson Bastidas. Ese año fue adquirida por Cruz Morales, quien también es dueño de Golden Security Import, Cruzautocenter, Importadora Morales y Perfectly Models.

En esas y otras empresas también aparecen como socios y administradores Espín, Alvear y Bersoza, quien además es dueño de Avícola Rioblanco, dedicada a la crianza y reproducción de ganado. Esta avícola reporta activos por 327.000 dólares (312.486 euros) y, según la investigación fiscal, también era usada para lavar dinero.

Pero gran parte de las sospechas se enfocan en el papel de Goldenminerals SA. En su último informe económico, el de 2023, la empresa reportó activos por 209.000 dólares (277.127 euros). La empresa no tiene ninguna concesión minera, pero sí posee un contrato de operación con Cerro Azul, también llamada Miderzul, que tiene la concesión La Boya, ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Es decir, Goldenminerals SA extraía oro de la concesión de Cerro Azul, y a cambio, como parte del contrato, pagaba un porcentaje del material extraído. Esta modalidad de explotación del mineral “es ideal para el lavado de dinero”, advierte un oficial de Inteligencia que investiga las conexiones criminales de la minería, porque “no son acciones reguladas o debidamente controladas”, asegura.

Desde hace tres años el cantón Ponce Enríquez es el centro de la minería ilegal en Ecuador. Allí operan Los Lobos y otros grupos delictivos, como el venezolano Tren de Aragua. Estas organizaciones son, a su vez, parte de estructuras criminales más grandes que controlan toda la cadena de producción del oro, desde la explotación del mineral hasta su procesamiento y fundición en las plantas de beneficio ubicadas principalmente en Ponce Enríquez y Portovelo. Y de ahí, una vez convertidas en lingotes, son exportados vía aérea o marítima.

Los informes de la Inteligencia ecuatoriana señalan que el ensamblaje de Goldenminerals SA puede haber sido montado por decenas de operadores desde 2019, con la complicidad de las autoridades de las agencias de control y del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.

Un alto funcionario del Gobierno de ese país que investiga el caso señala que esta estructura tenía el apoyo de funcionarios locales que elaboraron normas y reglamentos para facilitar este tipo de inversiones con dinero del narcotráfico y luego facilitar la comercialización del oro como si procediera de la pequeña minería. En la cúspide de la pirámide están los grandes cárteles y, en el escalón más bajo, algunos clanes familiares locales.

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) el consorcio de medios de investigación al que pertenece infoLibre, ha presentado una demanda contra el presidente de EEUU, Donald Trump y el Departamento de Estado por la congelación de los fondos de la USAID, la mayor agencia de cooperación del mundo. La Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional se ha quedado sin los casi 44.00 millones de dólares que destina cada año a programas para combatir la pobreza, erradicar enfermedades, luchar contra el tráfico de personas o promover la democracia. También apoyaba el periodismo de investigación colaborativo en Europa, Asia y América Latina.

La demanda, que ha interpuesto Public Citizen –una organización sin ánimo de lucro de defensa del consumidor– ante un tribunal del distrito de Columbia en nombre no sólo de OCCRP sino también de la Coalición en Defensa de la Vacuna contra el Sida (AVAC), alega que la congelación –y posterior eliminación– de las ayudas “excede la autoridad constitucional del presidente Trump y usurpa la autoridad legislativa conferida por la Constitución al Congreso, en violación de la separación de poderes”.

La acción legal también va dirigida contra el secretario de Estado, Marco Rubio, que es el administrador interino de la USAID, y contra Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

Los demandantes argumentan que el presidente “no tiene autoridad para modificar unilateralmente las leyes federales”, según la Constitución de EEUU. De modo que, al exigir a USAID que bloquee la financiación de las subvenciones y becas que repartía hasta ahora basándose en “factores inadmisibles y arbitrarios”, la orden ejecutiva con la que Trump congeló los fondos pretende modificar los estatutos del Congreso. Porque las leyes federales, recuerdan, deben ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso antes de ser presentadas al presidente. Entonces es cuando se convierten en ley, tal y como establece la Constitución de EEUU.

“Esta acción ilegal del Gobierno de EEUU priva a los pequeños medios de investigación de países de bajos ingresos en todo el mundo de los fondos que tanto necesitan para funcionar. Estos medios son fundamentales para exigir cuentas a los poderes públicos en algunos de los lugares donde es más difícil informar. Muchos periodistas en el exilio corren el peligro de ser deportados a sus países de origen, donde se arriesgan a ser arrestados y torturados”, advierte un portavoz del consorcio.

Fundada en 2007, OCCRP reúne a medio centenar de medios de los cinco continentes. Colaboran en el consorcio desde The Guardian hasta Le Monde pasando por el belga Le Soir, la televisión pública alemana ZDF, el diario noruego VG o infoLibre en España. Como resultado del bloqueo de los fondos, el presupuesto de OCCRP se ha recortado en un 29%, lo que se ha traducido en el despido del 20% de su personal, además de en una reducción de salarios y de jornada para la mayoría de los empleados que han conservado sus puestos de trabajo.

Si no se restablece la financiación procedente de USAID, sostiene OCCRP, el consorcio deberá cancelar programas en media docena de países, lo que paralizará proyectos de periodismo de investigación en Asia, el Pacífico, América Latina y Europa, destaca la demanda.

Al mismo tiempo que se le retiraban los fondos OCCRP ha sido objeto de una campaña de desinformación promovida por comunicadores de la galaxia de Elon Musk y Donald Trump, que acusan al consorcio de conspirar junto a la CIA y el “Estado profundo” contra el presidente de EEUU.

En concreto, mencionan un reportaje que OCCRP publicó en 2019 que después fue citada por el alto funcionario de inteligencia cuya denuncia de abuso de poder contra Trump sirvió de base para su primer impeachment. Una historia que relacionaba al abogado del presidente y exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, con dos empresarios de origen soviético emigrados a Florida y los intentos de Trump para investigar a sus rivales políticos.

“OCCRP no tuvo ningún contacto con el denunciante ni se enteró de la denuncia [del alto funcionario de inteligencia] hasta que fue publicada por los medios de comunicación nacionales de Estados Unidos”, explica el consorcio, que se define como “apolítico”. “Recibimos financiación de muchos donantes diferentes, incluidas instituciones públicas, privadas y agencias de desarrollo de países democráticos”, añade.

“Como una de nuestras historias fue citada por un denunciante cuyo testimonio se utilizó para enjuiciar a Trump, él sugiere que nosotros causamos el impeachment”, ha contestado OCCRP en la red X. "¡Parece divertido ser tan poderoso! Pero el mundo no funciona así, y definitivamente no es así como nosotros operamos. Es genial cuando nuestras historias encuentran audiencia y tienen un impacto, pero no tenemos control sobre eso, ni queremos tenerlo", ironiza el consorcio.

Uno de esos “comunicadores” es Michael Shellenberger, que se presenta como defensor de la libertad de expresión, pero también niega el cambio climático y los derechos de los transexuales, fue uno de los que publicó los llamados Twitter Files, documentos internos de la red social que les facilitó Elon Musk después de comprar la compañía rebautizada como X. Los documentos supuestamente demostraban que Twitter había censurado hasta la llegada de Musk las cuentas de ideología más conservadora. Ahora, Schellenberg está utilizando a OCCRP para acusar a USAID de impulsar una serie de informaciones que relacionaban al ahora presidente con Rusia y que califica de “bulos”.

“OCCRP ha sido atacada por el crimen organizado, autócratas y otros, y nunca se han acobardado, pero sigue siendo desagradable ser blanco de teorías conspirativas y de desinformación, especialmente cuando están siendo lanzadas por personas que ahora están muy cerca del poder en EEUU”, replica Miranda Patrucic, directora del consorcio.

Otra de los arietes de Musk/Trump contra OCCRP es Michael Benz, un videobloguero antisemita que ha llegado a asegurar que los judíos estaban orquestando un genocidio contra los blancos.

Los últimos meses están siendo frenéticos en la lucha entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes en España. La Península Ibérica ha recuperado el dudoso honor de ser la principal puerta de entrada de cocaína en Europa, el mayor mercado del mundo –probablemente nunca lo había perdido, pero los datos de incautaciones pueden llevar a engaño–, y las mafias internacionales dedicadas al negocio más lucrativo que existe echan raíces en el territorio. La Costa del Sol se mantiene como el punto neurálgico de sus actividades, sin olvidar Madrid y la periferia –Canarias y Galicia–. Detrás de los grandes negocios está el cártel de Los Balcanes.

“La organización más poderosa del mundo, rivalizando con los cárteles mexicanos”, según destaca Alberto Morales, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes. A cuyo servicio trabaja la mafia albanesa. “Los albaneses están sobre el terreno, en España y en Sudamérica, bajan a la arena y se meten de lleno en las operaciones. El cártel de los Balcanes intenta no aparecer en la primera línea”, explica una fuente confidencial a Narcodiario, la misma que sitúa a los capos en Dubái. De hecho, la policía española está investigando el nexo entre el mayor alijo de cocaína intervenido jamás en España, 13 toneladas, en el puerto de Algeciras el pasado octubre, el inspector jefe de la UDEF al que se encontraron 20 millones de euros ocultos en una pared de su casa de Madrid y el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, residente en Dubái.

Compuesto principalmente por ciudadanos serbios y croatas, pero también del resto de repúblicas de la antigua Yugoslavia, el cártel de los Balcanes está integrado por clanes que se agrupan según sus zonas de procedencia. Muy violentos en su lucha por el control territorial, protagonizaron en los últimos meses varios ajustes de cuentas, con resultado de muerte, en los Balcanes, en España y en otros países. En los últimos tiempos, además, cuentan con el apoyo clave de la mafia albanesa.

En este punto aparecen las principales conexiones con España. El pasado enero, la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron in fraganti a siete albaneses cuando pretendían descargar un gran alijo de cocaína en Vilanova de Arousa (Pontevedra). Era la primera vez que personas ajenas al narcotráfico gallego se aventuraban a descargar cocaína en las Rías Baixas. Aunque los albaneses llevaban tiempo dejándose ver en Galicia: en 2023 en un pesquero intervenido antes de su llegada a las Islas Cíes, poco después como presuntos dueños de los 7.500 kilos de cocaína incautados en un contenedor en Cambre (A Coruña) y más tarde en el primer alijo del año, más de 1.200 kilos confiscados en el puerto de Vigo.

La Policía Nacional tiene constancia de que el cártel de los Balcanes está detrás de la financiación de alijos multimillonarios como los 9.500 kilos intervenidos en el puerto de Algeciras en el último trimestre de 2023, los 7.500 kilos de Galicia poco tiempo después o el descomunal cargamento de 13.000 kilos localizados en la dársena gaditana en octubre de 2024. Y de que el cártel ha operado con la intermediación de la mafia albanesa. Es más, la Policía sostiene que, al menos en el caso de las 13 toneladas, contó con el apoyo del inspector jefe detenido con 20 millones de euros emparedados en una pared de su vivienda en Madrid.

El policía, según pudo saber Narcodiario, entró en contacto con las grandes mafias internacionales del narcotráfico tiempo atrás. Se desconoce si lo hizo cuando era responsable de la lucha antidroga a través de Internet o ya en su destino como investigador contra el blanqueo de dinero. Antes de pasar a dirigir el área de blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fisca (UDEF) en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, estuvo en el complejo policial de Canillas y decidió pasarse al otro lado a cambio de suculentas cantidades de efectivo. El asunto sigue bajo secreto de sumario, pero Narcodiario muestra en exclusiva nuevas imágenes del dinero y de otros objetos de lujo incautados en la histórica operación, que incluyó numerosas detenciones en todo el país.

Estos arrestos, el decomiso de los 20 millones en efectivo y el alijo de 13.000 kilos en Algeciras tuvieron un veloz reflejo en las mesas de Dubái, donde se organizan operaciones que, como ésta, mueven cocaína por valor de 500 millones de euros en los mercados clandestinos internacionales. A una de esas mesas, sostiene la Policía Nacional, se sienta El Tigre.

Las autoridades españolas siguen esperando que sea extraditado por su presunta implicación en grandes operaciones de tráfico de cocaína. En concreto, un juzgado de Algeciras lo reclama por un cargamento de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón que llegó al puerto gaditano desde Paraguay en 2020. Pero, como ocurre con otras decenas de extradiciones solicitadas desde Europa, Dubái no responde.

Mientras, el cártel de los Balcanes ha pedido explicaciones a El Tigre por las últimas pérdidas de droga en manos de la policía. Alejandro Salgado Vega se encuentra en libertad en el emirato después de haber pasado un año entre rejas: en agosto de 2022 fue detenido por consumir droga en su propia casa, un lujoso apartamento de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah.

Este presunto narcotraficante español es considerado por la Guardia Civil “el más importante de España”, si bien otras fuentes le señalan como “uno de los grandes, pero no el único”. En cualquier caso, las autoridades españolas le situaban como una pieza clave de la operación Faukas, llamada Desert Light por Europol, por su nexo directo con el cártel de los Balcanes para las grandes operaciones de tráfico de cocaína a través del puerto de Algeciras. Ahora lo investiga también por su posible nexo con el macroalijo de los 13.000 kilos, aunque aún no ha conseguido probarlo.

El poder de los narcos es casi infinito. Las caídas se arreglan con nuevas operaciones y, desde octubre de 2024 hasta febrero de 2025, han entrado miles de kilos de droga colombiana en Europa a través de la Península Ibérica. El negocio sigue, aun cuando el inspector jefe que hacía de topo está entre rejas y los grandes capos se esconden en su jaula de oro dubaití. Los precios de la droga están por los suelos ya no sólo en España, sino en el resto de Europa. 16.000 euros el kilo de cocaína en Galicia y 22.000 libras en Reino Unido eran cifras impensables hace apenas un lustro. Mientras, los Estados no se ponen de acuerdo a la hora de desarrollar políticas que frenen una espiral delictiva que se traduce en un daño social difícil de cuantificar, además de en violencia y muerte.

Otro narcosubmarino. Un mercante marcado por la DEA de EEUU (Drug Enforcement Administration). Ambos consiguieron descargar la cocaína. En el otro lado del tablero, dos organizaciones albanesas, las más importantes de Europa en la actualidad, despojadas de sendos alijos y debilitadas. La guerra contra las drogas está más viva que nunca en España, en general, y en Galicia, en particular. La Policía Nacional lo sabe, y pone todos los medios de los que dispone. Emilio Rodríguez lidera con éxito los Greco Galicia (Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado) en la Comisaría de Pontevedra. Alberto Morales ha sido promocionado, ya como comisario, al frente de la Brigada Central de Estupefacientes. Antonio Duarte lo coordina todo desde la jefatura de la Udyco Central (Unidad de Droga y Crimen Organizado) en Madrid. Todos ellos integran la cúpula de la la Policía Nacional española en la lucha contra el narcotráfico y repasan un escenario de grandes cambios para Narcodiario, socio de infoLibre. “En Galicia jamás hemos bajado la guardia. Nunca. Los malos lo saben y por eso nos temen. Llevan décadas sin descansar tranquilos”, advierten. Pero ahora el narco español ya es sólo “un peón para el serbio o el albanés”. Los balcánicos rivalizan con los mexicanos por el control absoluto del mercado mundial.

La conversación, que tiene lugar con el semisumergible recién hundido y los motores de la planeadora blanca con la que los balcánicos llegaron a Vilanova de Arousa (Pontevedra) aún calientes, ofrece varias novedades. La más importante, la enorme cantidad de –todas– las drogas tradicionales que se mueve en los mercados clandestinos españoles. La cocaína se paga a mínimos históricos, por lo que ya no es un negocio tan rentable. El hachís sólo cuesta 1.400 euros el kilo, un 50% menos que años atrás. Y la marihuana, sustancia que se producía en masa en la Península Ibérica hasta hace pocos meses, también pierde rentabilidad. La regularización en terceros países ha llevado a los albaneses, históricos dueños de las plantaciones, a dejarla de lado en favor de la droga colombiana. Por último, también se han producido alteraciones en el negocio de la heroína. Países Bajos y Reino Unido se quedan con una sustancia que escasea en España, lo que deja un hueco para la posible aparición del opioide sintético más temido: el fentanilo.

En todo este escenario, Galicia sigue siendo la Champions League en el negocio de la cocaína, al que están saltando de forma paulatina las organizaciones del sur de España, rivalizando en cantidades con sus amigos del noroeste peninsular. “Nos estamos centrando en frenar el avance de la cocaína, de los laboratorios, de la metanfetamina, pero estamos muy preocupados ante la posibilidad de que, en algún momento, debido a la reducción de la oferta de heroína, las organizaciones puedan avanzar hacia los opioides sintéticos, y ahí aparece el fentanilo”, abre fuego Antonio Duarte, jefe de la Udyco Central.

“Las rutas de la heroína que históricamente veíamos a través de los países del Este han cambiado. Hay otro tipo de sustancias copando el mercado europeo. El 90% de la heroína está acabando ahora en el mercado británico y en el holandés. Al resto de los países llegan pequeñas cantidades. Sobre el fentanilo, las 130.000 pastillas que incautamos hace unos meses estaban rociadas, por lo que aparece un leve rastro”, opina Alberto Morales, nuevo jefe de la Brigada Central.

Acercándonos a la actualidad más reciente, se abre el debate sobre la mafia albanesa y su reciente aparición en la provincia de Pontevedra. Morales explica que “ya en 2018 se detectó una organización en Madrid, a la que se intervino un millón y medio de euros en efectivo. Tienen un poderío desmesurado. Son los únicos que tienen tanto el efectivo como la capacidad para superar al resto de las organizaciones europeas, pero no sólo eso. Han pegado el salto a Latinoamérica. Nos encontramos con grandes mafias albanesas operando en Ecuador y Colombia. En esos países crean empresas y logística, todo lo que es necesario para llevar a cabo estas operaciones de tráfico de cocaína. En los contenedores, pero también en embarcaciones. Los hemos visto en veleros, en mercantes o en pesqueros, pero donde verdaderamente actúan es en contenedores. En España, además de la aparición en Galicia, se mueven especialmente en Levante y Cataluña. Allí hay grandes poblaciones de albaneses”, detalla.

“Hemos visto pisos por los que pasaban 20 o 30 albaneses en sólo un mes. Tienen bases logísticas, hacen sus negocios de narcotráfico y se van a un tercer país. Es muy difícil que podamos identificarlos, muchas veces tienen documentación falsa, sobre todo italiana, y lo más importante de todo: son muy cerrados. Intentan hacer todo el negocio solos, por eso han saltado a Latinoamérica a hacer tratos con los proveedores. Ahora mismo, en el paraguas del cártel de los Balcanes, las albanesas son las organizaciones más potentes de Europa. Me atrevería a decir que están al nivel de las organizaciones mexicanas, ellas en el entorno de Estados Unidos y éstas en Europa”.

Uno de los responsables de la doble operación en Galicia fue Emilio Rodríguez, jefe de los Greco de la Policía Nacional en Pontevedra. “No es anecdótica la presencia de albaneses en Galicia. Los vimos en 2023 importando de cocaína. En aquel caso, el barco gallego ya estaba ocupado por albaneses, y la organización en tierra también era albanesa. Era el pesquero Bestazurra, que pudimos intervenir. Es cierto que utilizan la estructura de los gallegos, pero intentan hacer todo lo que pueden ellos solos. A finales de 2023 intervenimos un barco que salió de Guyana, otro país emergente en el narcotráfico. El Mathieu tenía una tripulación 100% albanesa y su destino era Galicia. Ésa fue la segunda evidencia. Así llegamos a 2025. Nos hemos encontrado con que al menos en dos ocasiones han intentado botar una lancha e ir en busca de la mercancía desde Vilanova, con una diferencia de dos o tres meses. Tenían estructura como para recibir droga en altamar de forma cíclica”.

En la operación de Rego do Alcalde, la más reciente en la ría de Arousa, el jefe de los Greco de Pontevedra explica que “la organización se apoyaba en personal gallego de segundo nivel, para echar la lancha al agua. Pero los alijadores eran también albaneses. Una cosa que nos llamó la atención el día de los hechos fue la nula seguridad que tenían del entorno. Teníamos miedo de que nos detectasen esa noche, por lo que montamos un dispositivo muy lejano, arriesgándonos a perder la mercancía, para que no nos detectasen, pero no era necesario”. El jefe de la Brigada Central, por su parte, explica que estas bandas albanesas forman parte del cártel de los Balcanes y recuerda una operación en la que un serbio y un gallego acabaron enfrentándose con armas, de la que dio cuenta en primicia Narcodiario. “Son organizaciones muy cerradas. No se delatan unos a otros. Un ejemplo más fue la operación Grajuela, en el sur de España. Una lancha recogió un alijo de un mercante de ganado vivo, el Bader. En ella viajaba un serbio junto a los gallegos. Cuando detectaron la presencia policial, volvieron a altamar. El gallego le indicó al balcánico que había que tirar la droga, y el serbio se negó, hasta el punto que apuñaló a uno de los tripulantes. Ellos le lanzaron al agua y tiraron algunos fardos antes de continuar la marcha. Son herméticos, siempre rige la omertá, el silencio entre ellos, y se adaptan fácilmente a cualquier entorno”.

Sobre Galicia y la cocaína, Antonio Duarte descarta la opción de un Plan Especial para la comunidad autónoma como una opción a corto plazo. “Están aflorando operaciones gracias a la presión policial. En Galicia no se puede combatir el narcotráfico de forma torpe y brusca. Hay que seguir apostando por el trabajo conjunto de las distintas Udyco y por la investigación de la mano de la Fiscalía”, explica.

Alberto Morales ofrece su visión acerca de la recientísima aparición de un nuevo narcosubmarino en las costas gallegas. Recuerda que desde 2003, la Udyco Central ya alertaba de la existencia de sumergibles o semisumergibles: “En 2023 apareció el Poseidón, con la quilla fuera del agua, en Vilagarcía. Nos había coronado [en la jerga del narcotráfico, cuando la cocaína llega a su destino], lo mismo que ocurrió hace un par de días en Camariñas (A Coruña). Volvemos a ratificar que es un sistema utilizado por estas organizaciones. Los construyen en la selva con plenas garantías, los trasladan hacia España y los descargan. Es una historia que, desafortunadamente, está creciendo poco a poco. No llegamos al nivel de Colombia, pero les cuesta 600.000 euros cada artefacto. Los construyen en zonas de seguridad y los lanzan, como mínimo, con tres toneladas. El del otro día, por mucho que nos duela, nos coronó. Lo hicieron la noche anterior a su hallazgo. Las huellas que se vieron en la playa eran muy recientes”.

Así que, añade Duarte, “vuelve a demostrarse la importancia de la Costa da Morte, un enclave histórico desde la época del hachís y el tabaco, y ahora de la cocaína. Los narcos se sienten mucho más impunes a la hora de hacer una descarga. Allí hay escasa vigilancia y las organizaciones están prestas a trabajar en cualquier momento”.

Sobre otra de las acciones policiales recientes en la provincia de Pontevedra, la detención de seis albaneses y tres belgas en relación con un contenedor en el puerto de Vigo, Emilio Rodríguez advierte de que “las grandes organizaciones tienen capacidad para introducir la droga y, en ocasiones, dan todos los pasos hasta el puerto español, donde cuentan con personal corrupto. Pero también se da el caso inverso. El ejemplo de Vigo revela que ha sido la gente de dentro del puerto, la que tenía el contacto para sacar la droga, la que ha ofrecido esa posibilidad a las grandes organizaciones. Una vez que saben de la posibilidad de encontrar un hueco en un puerto, todas ellas van ahí. Una unidad corrupta en un puerto tiene muchas facilidades para trabajar”.

Una de las grandes novedades que expone el jefe de la Udyco Central es el salto del hachís a la cocaína en el sur de España. “Las organizaciones han visto que la cocaína es mucho más rentable y se dedican a ello. Además, temiendo que otros grupos del este de Europa o la Mocro Maffia busquen operar en la misma zona, están acompañados de muchas armas. Por ahora no han atacado a policías ni ciudadanos, pero podría pasar en un momento determinado. Ésa es nuestra preocupación. Son organizaciones autóctonas, de transporte, como ocurre en Galicia. Detrás de ellas están los colombianos, los albaneses o los serbios, ubicados en Málaga o en Madrid. Lo que ocurría antes en el Campo de Gibraltar se ha trasladado al Guadalquivir y su desembocadura. Es muy complicado seguir a estas lanchas. Es un periodo de cambio, de salto del hachís a la cocaína”.

Por su parte, Alberto Morales expone novedades en todos los mercados de las drogas en España. “La cocaína está a precios irrisorios, a 17.000 euros el kilo en España y a 22.000 libras [26.143 euros] en Reino Unido. Ha bajado mucho. El hachís se está vendiendo a 1.400 euros el kilo. Si este precio baja tanto es porque hay mucha mercancía, y sigue entrando. Es una amenaza completa contra la seguridad del Estado. No sólo son drogas, son armas, es violencia. Hay mucha oferta, muchos robos, y al estar inmersos en conflictos armados, es mucho más fácil acceder a armamento militar. El conflicto de Ucrania se lo permite. No hay operación sin esta clase de armas, AK-47, granadas..., una barbaridad”.

A ello se añade lo que ocurre con la marihuana, un negocio que ha dejado de ser rentable para las grandes mafias albanesas ante la llegada de partidas por contenedor desde países en los que se ha legalizado, como Canadá. Más cambios en el horizonte.

El policía más pegado al territorio gallego es Emilio Rodríguez. “Hay pocas organizaciones gallegas con capacidad para adquirir la cocaína en origen, pero siguen completamente activas. Tienen contactos en Colombia, en Madrid y en la Costa del Sol, y operan de forma autónoma. En un segundo escalón están las organizaciones criminales de logística, dedicadas al transporte, descarga y almacenamiento de la droga para llevarla al resto de Europa. Trabajan a requerimiento, siempre tras un contacto de las grandes organizaciones”, revela el jefe de Greco Galicia, al tiempo que avanza un salto hacia adelante de los grupos criminales. “Tenemos que olvidarnos de los alijadores para una noche o de alijadores que frecuentan los bares, o alijadores con vehículos de alta gama. Eso ya no existe”.

Sobre las redes gallegas, Duarte, jefe de la Udyco Central, se manifiesta preocupado por situaciones inusuales que se están viviendo en algunos procesos judiciales que se desarrollan en la provincia de Pontevedra. “Estamos observando con tristeza en algunos juicios que los traficantes, convertidos por sus abogados en payasos, banalizan y juegan con el drama del narcotráfico. Y que desgraciadamente algún personaje sin mucha preparación se hace eco de ello, algo que la ciudadanía observa con sorpresa”.

Rodríguez, por su parte, pone en valor las incautaciones de droga, aunque en el primer momento no se logren detenciones en tierra. “En ciertos ámbitos se menosprecia la intervención de barcos y la caída de droga sin detenidos, y no es un éxito pequeño. Ahora, tras la desencriptación de las comunicaciones, hemos podido vincular a grandes organizaciones, grandes capos, con droga intervenida años antes. Nuestro objetivo es desarticular organizaciones, pero también intervenir una droga que posteriormente, en un futuro, podamos vincular a la organización”.

Duarte analiza con detalle lo que sucede en otros países, y advierte de que se han detectado “graves problemas relacionados con el crimen organizado en Europa que se van a extender a España. Desde la Comisaría General de Policía Judicial se anticipa su llegada aquí. No podemos bajar la guardia. Tenemos que luchar contra los principales actores en lugares como los puertos. Existe un riesgo cierto”, A su juicio, hay “un claro incremento de la presencia de armas”. “Presionamos todas las zonas calientes y buscamos atacar los objetivos más importantes con el apoyo de jueces y fiscales. Tenemos que ampliar la presión a otras zonas”, alienta.

El jefe de la Udyco señala sus principales objetivos. “Junto a otras policías de Europa”, detalla, “seguimos luchando contra las mafias del tráfico de drogas allá donde estén. Investigamos a los líderes de las organizaciones, tanto en el sur de España como en Galicia. Esta presión los sitúa al margen de la actividad criminal, porque saben que estamos encima de ellos constantemente. Los buscamos en Dubái, en Turquía, en Marruecos, en Italia, allí donde estén. Normalmente los grandes capos trabajan desde fuera de nuestro país. Aquí están los peones. El español es un peón para el serbio o el albanés. Ellos mismos van a origen y gestionan la carga, el transporte, la recepción. Necesitan a gente local para cuestiones menores”.

Para Alberto Morales, jefe de la Brigada Central, en cualquier caso, “el gallego no pasa de moda. Nunca descendió de división. Sigue siendo la Champions League en el tráfico de cocaína. Por suerte, la sociedad gallega está muy concienciada en el narcotráfico, lo que hace que las operaciones tengan un eco muy importante. Las organizaciones siguen aprovechando su estructura, pero estamos encima. Los albaneses intentan operar de forma autónoma… pues nosotros los descubrimos”.

También describe el modus operandi de los auténticos dueños de los alijos. “Los grandes capos no están en España. Se reúnen tres o cuatro grupos que invierten, se sientan en una mesa a la espera de que una operación se desarrolle. Esa mesa suele estar en Dubái, un país que por determinados delitos sí entrega a personas, pero por narcotráfico es complejo. Tenemos objetivos pendientes de detener en esa zona y también en Turquía. [Los capos] Están viviendo allí en una jaula de oro, no tengo la más mínima duda. Ellos invierten en la operación y, como tienen una gran estructura, pagan la mercancía en origen, suministrada por los colombianos. La droga está pasando la frontera hasta Ecuador y es desde allí desde donde la están lanzando”.

Y lo hacen desde un lugar estratégico, por un motivo que para Alberto Morales es evidente. “Ecuador es un país en un momento difícil por la corrupción, los cambios de gobierno continuos, con puertos con pocas medidas de seguridad y corruptos, lo que permite a los narcos realizar grandes cargas de cocaína sin problema”, lamenta.

En este momento, el comisario recuerda lo que ha ocurrido en España, con la reciente caída de miembros de las fuerzas de seguridad, uno en Madrid y otro en Valencia, por colaborar con el narco. “Esa corrupción también ocurre en los puertos europeos, eso es indudable. Lo hemos visto en el caso del inspector jefe [detenido con 20 millones en efectivo escondidos en una pared de su casa] o del teniente de la Guardia Civil [responsable del puerto de Valencia]. Las unidades antidroga estamos muy pendientes de cualquier caso de este tipo”.

Se define a sí mismo como emprendedor, un hombre hecho a sí mismo que empezó de cero, tanto en la página web que lleva su nombre como en sus activas redes sociales. Eric Mandala Kinzenga, empresario y diplomático nacido en la República Democrática del Congo hace 48 años, actúa como influencer en Instagram, donde reúne a 317.000 seguidores, y hasta hace sólo unos días era una figura respetada en su país y en otros de su entorno. Sin embargo, ahora duerme en una prisión española, tras ser detenido en Madrid cuando recogía, acompañado de un ciudadano colombiano, casi 200 kilos de cocaína que fueron intervenidos por la Policía Nacional esta semana en un aparcamiento subterráneo de la capital.

La carrera profesional de Mandala comenzó a los 14 años, siguiendo un “espíritu emprendedor”, tal y como señala él mismo en sus canales públicos. Fundó una empresa dedicada al transporte de viajeros que operó en Nairobi, la capital de Kenia. Posteriormente se adentró en el mundo audiovisual invirtiendo y presidiendo Universe Groupe Télévision, una canal de televisión con sede en Kinshasa. “Quiero que mi país crezca”, declara. Incluso se le atribuye una participación en el mercado de los diamantes y la creación de otra firma, Obstiné Sprl, dedicada a la fabricación y venta de jabones en polvo.

Sin embargo, rastreando sus redes sociales se le puede ver en más de una ocasión en Dubái, donde compró en 2020 un apartamento de 221,85 metros cuadrados y dos habitaciones en la torre Burj Khalifa, según consta en los documentos inmobiliarios de la investigación Dubai Unlocked, que el consorcio de medios OCCRP ha llevado a cabo y en la que participó infoLibre. Por el inmueble pagó 1,85 millones de euros. Se encuentra en la planta 84 del mayor rascacielos del mundo, 160 pisos repartidos en una torre de 828 metros de altura. Como ha desvelado esa investigación, en Dubái residen algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, muchos de ellos con órdenes de extradición expedidos por los países europeos donde operan.

Tras la detención de Eric Mandala en Madrid, las fuerzas de seguridad internacionales no descartan que sus estancias en el emirato tuviera tanto que ver con sus negocios legítimos como con los acuerdos necesarios para cerrar envíos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, la actividad clandestina más lucrativa del mundo.

Mandala Kinzenga no sabía que sus pasos estaban siendo vigilados de cerca, al menos por la Administración para el Control de Drogas (la DEA, por sus siglas en inglés) y sus socios de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central en España. Los agentes antidroga españoles se enteraron de la llegada de una partida de casi 200 kilos de droga, procedente de Ecuador, a través del puerto de Algeciras (Cádiz), y se aseguraron de rastrear el envío para dar con sus receptores, una tarea que siempre resulta compleja.

Sin embargo, en esta ocasión descubrieron un viaje procedente del África subsahariana de personas que llegaban a la capital de España en busca de ese alijo. Uno de ellos era Eric Mandala. El otro, su socio colombiano. La Policía los detuvo y el juez les envió directamente a prisión.

La operación era lo que se conoce como un “pase” de droga: oculta en 171 paquetes, la cocaína iba a ser escondida en el compartimento simulado de una furgoneta, que habían metido en el aparcamiento de un centro comercial madrileño. En ese momento fue detenido el influencer congoleño y su socio colombiano. También fueron intervenidos cantidades en efectivo y 50.000 USDT, o Tether, una criptomoneda. El mayor pase de droga frustrado por la Policía española fueron los 600 kilos localizados en una autocaravana en Robliza de Cojos (Salamanca) el pasado mes de diciembre.

En realidad, la investigación había comenzado en agosto del año pasado, gracias a que la DEA había ayudado a identificar el contenedor donde se había transportado la cocaína desde Ecuador. 

Demasiado tiempo habían tardado las grandes redes del narcotráfico del sur de España y sus asociados del resto del mundo en aprovechar una vía de agua, nunca mejor dicho, para importar grandes cantidades de cocaína. Tras años introduciendo alijos de hachís a través del río Guadalquivir, los últimos días de 2024 y el inicio de 2025 han servido para confirmar que el narco andaluz ha dado el salto a la cocaína de forma definitiva.

Después de multitud de indicios que apuntaban en esa dirección, con cargamentos intervenidos en la zona de Huelva –dejando de lado los monumentales hallazgos en el puerto de Algeciras (Cádiz) y otros también relevantes en el de Málaga, todos ellos en portacontenedores–, las última pruebas son contundentes. Las autoridades españolas, después de localizar dos zulos bajo tierra con 7.000 kilos de droga colombiana en la localidad sevillana de Coria del Río y de intervenir otros 3.000 –con arresto de ciudadanos colombianos incluido– a apenas tres kilómetros de allí, en Puebla del Río, descubrieron un alijo de dimensiones colosales, 9.000 kilos, en pleno océano Atlántico. Su destino, según piensa la Policía, era esa misma zona de Andalucía: el entorno de Sevilla.

Los narcotraficantes colombianos, que llevan décadas operando en España –en especial en Madrid, donde tienen sus oficinas permanentes, y en Galicia, donde disponen de sus históricos socios para la introducción de la cocaína–, han tomado conciencia de la facilidad existente en el sur de España para realizar las mismas operaciones que llevan a cabo en Galicia, pero incluso con más posibilidades de éxito. Han visto que la flota de narcolanchas que se asienta en las distintas provincias andaluzas tiene una dimensión imposible de controlar por las autoridades, y han dado el paso: con la misma infraestructura con la que introducían, por ejemplo, cinco toneladas de hachís, colocan en España cinco toneladas de cocaína. Con una diferencia. El beneficio se multiplica por 15, dado el mayor valor del polvo blanco en el mercado ilícito.

La ganancia se multiplica, pero también la pérdida. Las caídas de 7.000 y 3.000 kilos de finales de 2024 de las que ha dado cuenta Narcodiario han puesto en alerta a los dueños de la droga, pero también a la Policía. De hecho, según desveló Narcodiario este domingo, un vecino de Dos Hermanas, a pocos kilómetros de Sevilla y de los grandes hallazgos de droga mencionados, fue detenido en altamar, a unas 1.300 millas de las costas de Martinica, a bordo del barco que transportaba otra gran remesa, ahora nueve toneladas de cocaína. La idea de los narcos, piensa la Policía, era hacer un trasvase de la droga en altamar a narcolanchas que, en la impunidad de la noche, volverían a remontar el Guadalquivir hasta una nave para su posterior enfriamiento. La Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional logró rastrear el viaje de este individuo hasta el Caribe y supo que se subió al barco que fue abordado por las autoridades francesas, donde apareció la droga.

El cargamento, como la mayoría de los que cruzan el océano en esta clase de embarcaciones, se introdujo en el navío en altamar, ya con la presencia del andaluz, que sería el garante de la organización contratada para la introducción y custodia del alijo en España, y de tres colombianos. La Marine Nationale de Francia recibió la información precisa de la Policía española a través del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas de Narcotráfico (MAOC-N), el gran punto de coordinación internacional para luchar contra la droga, con sede en Lisboa. Los fardos intervenidos son, además, exactamente iguales a los localizados por la Guardia Civil y la propia Policía Nacional en Puebla del Río hace apenas unas semanas. Los colombianos ya habían tomado posesión de la carga.

Mientras, las autoridades políticas españolas parecen estar lejos del escenario. 2025 arrancó con la caída de dos células de la Mafia Albanesa en la provincia de Pontevedra. Dieciocho personas detenidas, la mayoría de esa nacionalidad, acudieron a Galicia en busca de cocaína. Primero fue en el puerto de Vigo, donde se intervinieron unos 1.200 kilos que iban a ser recogidos por los llamados rescatadores. Después, la semana pasada, fue en Vilanova de Arousa, donde los balcánicos cayeron en plena playa, intentando descargar otros 36 fardos con 1.080 kilos que fueron confiscados por la Policía y la Guardia Civil. 2024 había finalizado con los dos citados marcoalijos en Coria y en Puebla del Río, y ahora trasciende la caída de otros 9.000 kilos en altamar que dejan claro que el Guadalquivir se ha convertido en una nueva ruta clave para la droga sudamericana. Pero nada de ello hace reaccionar al país.

Tampoco pareció demasiado relevante el hallazgo de 13.000 kilos de cocaína en un contenedor procedente de Ecuador en octubre pasado, el mayor cargamento de esa droga de la historia de España. Ni siquiera los 20 millones de euros emparedados en su casa por un policía presuntamente vinculado con la organización criminal albanesa dueña de la mercancía. Las advertencias en este periódico de la fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán, y de otras autoridades, tales como el jefe del Seacop de la Unión Europea, Dominique Bucas, y de numerosos responsables de las fuerzas de seguridad, siguen sin obtener respuesta. España es el punto de encuentro del crimen organizado, como revelaron los NarcoFiles, el mayor proyecto periodístico mundial sobre crimen organizado, en el que participaron Narcodiario e infoLibre en España, y lo es por condicionantes históricos, geográficos, idiomáticos e incluso turísticos, pero también por el mantenimiento de una Ley de Enjuiciamiento Criminal decimonónica, de una planta judicial que no puede asumir en modo alguno la carga de trabajo con la que cuenta, y de una legislación harto garantista para quienes trafican.

Los muy bien pagados letrados de los capos de la droga conocen perfectamente todas las grietas del sistema, y sus clientes se aprovechan de ello para seguir inundando el país de cocaína.

Coordinó junto al Cuerpo Nacional de Policía la recientísima operación contra un gran clan albanés en el puerto de Vigo. Trabajó en la incautación del mayor alijo de la historia de Galicia, los 7.500 kilos de cocaína intervenidos en diciembre de 2023. Conoce a la perfección las dinámicas criminales en los puertos de Europa y analiza todas las posibilidades para detectar los movimientos de los narcos que dominan los flujos ilícitos de cocaína desde América Latina. La jefa del Servicio de Vigilancia Aduanera del puerto de Vigo, Laura Piñeiro, hace un repaso a una situación en la que la droga colombiana inunda los mercados occidentales. 

Descríbanos el escenario actual del tráfico de cocaína.

El tráfico de cocaína ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos dos años. Esto ha repercutido a nivel europeo en lugares como Amberes o Róterdam y,  en el caso de España, Barcelona, Algeciras y Valencia se han visto afectados, también el puerto de Vigo. Si tiramos de estadísticas podemos ver que Vigo experimenta un volumen de operaciones en torno a unos 20.000 TEU [medida que equivale a un contenedor estándar]. En Algeciras hay 400.000, en Valencia 450.000, en Barcelona algo más de 300.000, wn Bilbao, por ejemplo, 40.000. Y, si analizamos y comparamos las operaciones de entrada de mercancía legal con la ilícita, vemos que en Algeciras entraron 13 toneladas de cocaína, 14 en Valencia, 18 en Barcelona y en Vigo han sido ocho. Si hacemos una comparativa, vemos que el incremento de la entrada de cocaína en el puerto de Vigo es considerable.

¿Qué se esconde detrás de estos números?

Hay una evolución. El número nacional de aprehensiones ha aumentado considerablemente. Estuvimos en 90 toneladas de cocaína en todo el año. Si lo comparamos con 2022, han sido más del doble [40 toneladas] y en el año anterior fueron 30 toneladas. Esto se ha reflejado en el puerto de Vigo. Hemos pasado de una operación anecdótica en 2021 a tres operaciones en 2022, cuando el volumen de las aprehensiones se quedaba en decenas, como mucho en cientos de kilos. En 2023, sin embargo, se mide por toneladas. Tuvimos ocho toneladas y media de cocaína aprehendidas. Sí es cierto que en un único contenedor se encontraron casi siete toneladas de cocaína, y eso rompe todas las estadísticas.

Si vemos que Algeciras o Valencia tienen un mayor número de operaciones que Barcelona, por ejemplo, ¿por qué se incauta más cocaína en Barcelona? El motivo son las rutas comerciales. En el caso de Vigo esto afecta muchísimo. Es uno de los puertos con mayor travesía y conexiones con puertos calientes de Latinoamérica, y la mercancía legal que llega es la más utilizada por las organizaciones: tenemos la fruta, con el banano, el producto por excelencia; las piñas, el mango o la lima. También los productos pesqueros congelados, muy utilizados por los narcos. Si a esto añadimos las rutas calientes por las que llegan barcos semanalmente, varios, con conexiones directas desde Brasil u otros que hacen transbordo vía Algeciras, vemos que es el caldo de cultivo y el reflejo de este crecimiento.

¿Cómo pueden luchar contra este problema?

Se analizan las bases de datos de la Agencia Tributaria y todo el volumen de importaciones, el tráfico comercial, así como el sector económico en concreto. Esto nos permite no sólo conocer una empresa en concreto, sino también la evolución del entorno y de los administradores de esa empresa. Sobre la operación de los 7.500 kilos no puedo dar más datos, pues está en fase de instrucción y podría perjudicar su marcha.

Pero en relación con otras operaciones detectamos patrones comunes. Cuando estamos hablando de esta cantidad de cocaína y este método de ocultación, el hecho de que la droga estuviese oculta en el interior de los palés, en este caso o en cualquier otro, hace pensar que la empresa exportadora y la empresa importadora tendrían que estar vinculadas. Ello es así porque para llevar a cabo el rescate de la sustancia no se podría hacer de otra forma. Para investigar a estas organizaciones nos servimos de bases de datos de la Agencia Tributaria, del análisis de la información, así como de técnicas policiales.

Existen métodos de introducción de la droga de lo más variado...

Cuando hablamos de introducir droga en un puerto, convergen varias tipologías. Los métodos más comunes y tradicionales son los veleros, los pesqueros o incluso técnicas más novedosas que vemos hoy en día, como los narcosubmarinos, los semisumergibles. En los puertos, lo más utilizado son los buques portacontenedores y los contenedores en sí mismos. En estos casos hay que tener en cuenta que la droga no sólo puede ir escondida en el interior del contenedor o en la carga, sino que también el buque en sí mismo puede ser un lugar de ocultación de la droga. En ocasiones efectúan un rip-off, un gancho perdido, dentro del contenedor. Utilizan una oquedad en la estructura del barco, ocultan unas mochilas de hasta 100 kilos, cantidades pequeñas, y las adhieren en esos lugares con imanes para que no se mueva la mercancía.

También pueden adherir las pastillas de cocaína en pequeños grupos, de dos o tres, con imanes, en partes del barco ocultas a simple vista, pero conocidas por los miembros de la organización. Sólo al pasar las recogen y se las llevan entre sus pertenencias, debajo de la chaqueta o en una mochila. Detrás del rescate de estas cargas están las collas de los propios puertos, los trabajadores de las estibas, tanto en origen como en destino. Ellos pueden recoger estos bultos pasando desapercibidos, como si fueran enseres personales.

Sin embargo, lo más común es el interior del propio contenedor. ¿Cuáles son los esquemas?

Puede esconderse dentro de la propia carga, dentro de la mercancía. Para ello es precisa la colaboración de la empresa exportadora y de la empresa importadora. También puede ser una ocultación parasitaria, el rip-off  o gancho ciego. Son mochilas ubicadas entre la mercancía legal, pudiendo llegar incluso a 500 kilos. Las dejan sobre la mercancía y llevan a cabo el rescate en la propia terminal antes de que el contenedor salga hacia la empresa de destino.

También hay métodos más novedosos...

Una forma de ocultación más sofisticada es el gancho ciego en el circuito de refrigeración, lo que las organizaciones criminales llaman los “ojos del contenedor”. En este caso, se reduce la cantidad, 30 o 50 kilos como mucho. El rescate puede ser en la propia terminal con trabajadores del puerto o bien mediante cualquier otro intermediario en la cadena logística, porque la mercancía no está a simple vista. Los rescatadores pueden ser desde los encargados del mantenimiento de los sistemas de refrigeración hasta los transportistas que deben llevar el contenedor a la empresa de destino. Puede también rescatarse en la empresa de destino o incluso cuando el contenedor regresa a puerto aparentemente vacío, a través de trabajadores de la empresa de mantenimiento.

En Vigo conviven varios de estos métodos, en función de las organizaciones que están operando. Abunda más el gancho ciego, tanto en Galicia como en el resto de España, porque son pequeñas cantidades más sencillas de rescatar, pero es cierto que ha habido ganchos ciegos de 50 kilos y de 500 kilos.

También sabemos que en alguno de los casos el contenedor no iba a ser rescatado en Vigo, sino que después de no poder rescatar la droga en Amberes o en Róterdam, por ejemplo, la organización se traslada aquí para recuperarla. Podríamos hablar de otros métodos como el drop-off: lanzar las mochilas al agua desde el barco. Y, volviendo a los contenedores, pueden utilizar los espejos, que es como llaman los criminales a las puertas, y los dobles fondos, en las paredes o en el suelo.

¿Qué organizaciones criminales dominan el escenario de la cocaína ahora mismo?

El puerto es un proveedor de servicios, y al igual que no tenemos una empresa dominante que se hace con el puerto, existen por desgracia diversas redes que hacen uso de los servicios que se les presta allí. Decir qué organización está detrás de todos los envíos sería prepotente. A escala europea se habla de los cárteles colombianos y los mexicanos, que están muy aliados con los gallegos, y de la presencia creciente de organizaciones de países del Este, ya sea búlgaros o albaneses, e incluso de holandeses, que se han interesado por el puerto de Vigo por una cuestión básica: sus rutas comerciales.

En cuanto a las organizaciones albanesas, lo que estamos viendo es que, tanto en el puerto de Vigo como en el resto de España, están cambiando la tendencia. Ya no son organizaciones que están asentadas en un lugar, sino que son itinerantes. Al igual que cambian de puerto de origen para no ser detectadas, con envíos por Paita (Perú), Fortaleza (Brasil) o Balboa (Panamá), por poner tres ejemplos, hacen lo mismo en la llegada. Cuentan con ramificaciones, se mueven por todo el territorio nacional y europeo, y hoy hacen un rescate en Vigo y meses más tarde están implicadas en el rescate de un contenedor en Algeciras, o en Barcelona, o incluso en puertos europeos, italianos como Livorno. Se mueven por todo el territorio, lo que dificulta su persecución: no sólo investigamos a las organizaciones asentadas aquí, sino que también tenemos que luchar contra las organizaciones itinerantes que en un momento dado trabajan aquí durante un mes, o dos meses, un periodo corto, incluso menos, sólo para una operación concreta. Nosotros nos movemos en nuestros análisis internos y vemos que la organización se mueve.

¿Cómo pueden perseguirles?

No puedo desvelar nuestras formas de trabajar, porque me quedaría a pecho descubierto ante los malos, pero puedo comentar cuestiones que nos dan mucha ventaja. Analizar las rutas comerciales, las empresas exportadoras e importadoras, comprobar operadores de confianza –los más recientes–, la mercancía, por qué se importa una cosa u otra. Eso nos da juego, así como las técnicas policiales propiamente dichas.

Los análisis que realizamos se centran en varias etapas. Por un lado, antes de la llegada de la mercancía. Antes de que sea cargada en origen, 24 horas antes, ya tenemos toda la información sobre la carga, cuándo va a llegar y para quién es. En las inmediaciones del día de la llegada y cuando está en el puerto realizamos fondeos, el registro del buque con equipos de hasta 10 funcionarios, que se dividen con personal del buque para su registro. Además, inspeccionamos el contenedor a pie de buque. También hacemos inspecciones en destino, en almacenes de los operadores. Incluso cuando el barco va a salir seguimos haciendo análisis e intercambiando información con el puerto de destino. 

Hablemos de corrupción. ¿Es tan relevante como parece?

La presencia de personal dentro del puerto facilita a las organizaciones criminales que tenga lugar el rescate. A más personal, mayor índice de corrupción podrá haber. Pero tampoco el hecho de que no haya personal implica que el puerto no sea corrupto. Por ejemplo, en el de Barcelona, que está completamente automatizado, se detuvo a informáticos que cambiaban la numeración de los contenedores, de llenos a vacíos. Dependiendo del tipo de organización que utilice el puerto, será distinto. Un gancho ciego entre la mercancía precisa con seguridad a alguien dentro del propio puerto. Pero si está en los ojos del contenedor, el rescate se puede realizar en un momento posterior.

Vigilancia Aduanera ha detectado algunos narcosubmarinos.

Hay varios proyectos en esa dirección y técnicas para detectarlos. No puedo decir los que tenemos en Vigilancia Aduanera, pero contamos con dinámicas para ello. A nivel internacional, por informaciones que recibimos, sabemos que se están utilizando mucho en Latinoamérica. Pero no podemos corroborar la existencia de nuevas entradas en Galicia.

¿Qué medidas ha tomado Vigilancia Aduanera ante esta escalada de alijos?

Hay un crecimiento exponencial del tráfico de cocaína y, paralelamente, hay un crecimiento exponencial de los efectivos de Vigilancia Aduanera. Pasamos de ofertas de empleo público casi inexistentes en 2015 o 2016 –sumando las tres especialidades, unos 100 efectivos, y esto se mantuvo durante años–, a ampliarse en 2022 y en 2023 a 350 efectivos por año. Esto supone un incremento del 60%.

Somos un cuerpo muy pequeño y especializado. Desde que salimos de la oposición a la escuela estamos especializados en tráfico de drogas, blanqueo de capitales y contrabando. Esta especialización, la apuesta por más efectivos y la renovación de la plantilla con gente dotada de carreras universitarias están haciendo crecer a la agencia. También las nuevas técnicas de investigación con análisis automatizados e Inteligencia Artificial. Estamos analizando las bases de datos con estas técnicas que agilizan las investigaciones y repercuten en los operadores económicos, facilitando el comercio legal. Los medios técnicos se han reforzado, se han comprado escáneres de contenedores, tanto en puertos como móviles, y se están construyendo ocho nuevas embarcaciones tipo Águila, de 17 metros de eslora y alta velocidad, las más rápidas de todos los tiempos –estamos batiendo récords–, así como tres patrulleros de altura, un poco más grandes. Hay una inversión cuantiosa de capital humano y de medios.

La Justicia en España parece que en ocasiones beneficia al criminal. ¿Cómo lo valora?

Vemos un colapso judicial. Los juzgados no pueden absorber más causas. Estamos hablando de una Ley de Enjuiciamiento Criminal decimonónica y de partidos judiciales pequeños como pueden ser Cambados o Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) donde conviven una investigación sobre un buque que trajo un alijo de cocaína con blanqueos de capitales que no suelen estar radicados aquí. Son cargas de trabajo ingentes que conviven con deslindes de fincas o divorcios. Es necesario que existan juzgados especializados. Siempre que haya demanda [de droga] va a haber oferta, pero es preciso tener herramientas. Sólo con educación no llega, son necesarias la represión y las condenas. No puede ser que las causas se extiendan durante años, porque eso genera impunidad.

Movistar Plus estrena este martes 10 de diciembre, a las 22 horas, la segunda parte del documental Narcogallegos, dirigido por Víctor Méndez Sanguos, quien también es periodista, creador de Narcodiario, el único medio español especializado en informar sobre el tráfico de drogas internacional, y colaborador de infoLibre.

La segunda entrega de Narcogallegos ofrece imágenes inéditas de los registros que las fuerzas de seguridad hicieron en el mayor astillero dedicado a la construcción de embarcaciones para el narcotráfico que se ha desmantelado en España. Su propiedad se atribuye a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, el histórico narco gallego, quien está siendo juzgado estos días en la Audiencia Nacional por un alijo de casi cuatro toneladas de cocaína a bordo de un barco procedente de Ecuador que fue interceptado en las islas Azores en 2017. La Fiscalía pide para él 31 años y seis meses de prisión.

El hilo de conductor del documental es precisamente una operación ejecutada a principios de este mismo año en Galicia, en la que se incautaron más de cinco toneladas de cocaína, traídas desde América del Sur en un narcosubmarino que, tras entregar la mercancía, quedó varado en la Ría de Arousa (Pontevedra).

En Narcogallegos también se describe cómo las islas Canarias se han convertido en el gran centro logístico de las diferentes mafias de la droga. Y la violencia que las acompaña, como bien atestiguan los ajustes de cuentas y los ataques que sufren las fuerzas de seguridad.

Queda así al descubierto la nueva realidad del tráfico internacional de cocaína: uso de narcosubmarinos, las comunicaciones encriptadas con las que dirigen los alijos los grandes capos –y que las policías de Europa y EEUU ya han conseguido descifrar–, la implantación de laboratorios de producción en España –ya no se fabrica la droga sólo en América del Sur, como antes–.

Desde hace ya un tiempo, además, los grandes señores de la droga se han organizado en cooperativas internacionales y muchos de ellos dirigen sus negocios desde Dubái. Allí disfrutan de una vida de lujo, con grandes propiedades inmobiliarias que les permiten blanquear sus cuantiosos beneficios, y mayor tranquilidad, debido a la seguridad que les proporciona el régimen autocrático del emirato –su índice de criminalidad es de los más bajos del mundo–.

Desde Dubái los principales capos mundiales siguen organizando la importación a Europa de más cocaína que nunca, debido al exceso de producción en América del Sur. El polvo blanco ya no sólo procede de Colombia, sino también de Brasil y Ecuador. Y entra en Europa a través de España. Estas organizaciones, se explica en el documental, no sólo están cada vez mejor estructuradas, sino que también son cada vez más violentas, como han podido comprobar Países Bajos y Bélgica bajo la amenaza de la Mocro Maffia.

“Sito Miñanco ya es una figura más simbólica que operativa”, explica Víctor Méndez, “los narcos más importantes son aquellos cuyos nombres desconocemos”.

A Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, el mayor narcotraficante español del mundo, según la Guardia Civil, lo detuvo la policía de Dubái en agosto de 2022, pero no por dirigir una potente organización que controlaba desde la compra de grandes volúmenes de cocaína en Sudamérica hasta su importación ilegal en puertos “de los cinco continentes”, sino por consumir droga en su propia casa. Una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, la isla artificial con forma de palmera donde se han levantado los hoteles y villas más fastuosos de un emirato ya de por sí forjado sobre el despilfarro.

El inmueble, de tres habitaciones, había sido adquirido sólo un mes antes por la esposa de El Tigre, Sara Gallego Soler, o al menos figura a su nombre en los registros inmobiliarios dubaitíes a los que ha tenido acceso infoLibre, como miembro del consorcio de investigación OCCRP, en el marco de Dubai Unlocked, un proyecto conjunto con el periódico financiero noruego E24 basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Al capo español le costó 5,65 millones de euros. Desde la fecha de su detención, la propiedad se encuentra bloqueada por las autoridades de Dubái.

Pero no es ésta la única propiedad de Alejandro Salgado en el emirato. Como ha podido comprobar infoLibre en los citados registros inmobiliarios, a su propio nombre tiene El Tigre otro inmueble, en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros del altura–. También cuenta con tres habitaciones, pero distribuidos en sólo 188 metros cuadrados.

No obstante, lo más llamativo de la operación es su contraparte: El Tigre compró la vivienda en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros, a otro narcotraficante de primera línea, Othman El Ballouti. De nacionalidad belga, el pasado septiembre fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti, de 36 años, es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. La vivienda también fue bloqueada por las autoridades de Dubái en agosto de 2022, tras la detención de El Tigre.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

Pero la cartera inmobiliaria de El Tigre no se detiene ahí. La esposa de Alejandro Salgado posee a su nombre otros dos inmuebles. La primera es una vivienda de 179 metros cuadrados y tres habitaciones en Sunrise Bay Tower, que adquirió por 1,13 millones en agosto de 2021. Un mes después, compró la segunda, esta vez de dos habitaciones y 111 metros cuadrados, en la planta 12 de la Palace Beach Residence Tower 1, que le costó 914.770 euros. Estas dos últimas propiedades se encuentran situadas en Marsa Dubai, o la Marina de Dubái, un distrito construido a ambos lados de un canal artificial muy próximo a Palm Jumeirah. En total, las cuatro propiedades del matrimonio suman 9,25 millones de euros.

infoLibre ha preguntado al abogado español de Salgado Vega, Javier Yagüe García, por estas propiedades, pero no ha obtenido respuesta.

La Guardia Civil convirtió a Alejandro Salgado Vega en el mayor narcotraficante español del planeta cuando anunció en diciembre de 2022 que había sido detenido en Dubái cuatro meses antes y que había desarticulado su organización en España. Hasta ese momento, este madrileño de 46 años apenas había atraído la atención de la policía española, que en principio lo consideraba una pieza menor, ni siquiera ligado al tráfico de drogas.

Pero la investigación que siguió a la captura en 2020 en el puerto de Algeciras de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón a bordo del Maersk Laberinto, permitió situar a Salgado Vega en la cabeza de una organización que sorprendió a la Guardia Civil por la cantidad de droga que movía cada mes y porque lo hacía “sin límites geográficos”. Las operaciones las dirigía El Tigre desde Dubái utilizando teléfonos encriptados. Policías de todo el mundo llevan años desmantelando organizaciones criminales después de que Francia y EEUU hackearan los sistemas de mensajes encriptados Encrochat, Sky ECC y Anom, de los que se servían los narcos para sus comunicaciones.

El verano de 2022, los policías emiratíes vigilaban el lujoso apartamento de Palm Jumeirah por “una investigación interna sobrevenida” –así de crípticamente lo explicaba la Guardia Civil en su comunicado oficial– y arrestaron a El Tigre y a su esposa, entre otras personas. Ella fue puesta en libertad, pero Alejandro Salgado dio positivo en drogas y pasó un año en la cárcel.

El consumo de estupefacientes es un delito duramente castigado por las leyes locales. El abogado de El Tigre, Javier Yagüe García, no ha respondido a las preguntas de infoLibre en esta ocasión, pero sí lo hizo tanto en noviembre de 2023 como el pasado mes de mayo cuando se le inquirió por el proceso de extradición de su cliente. Entonces explicó que Salgado Vega había salido de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Mientras, aseguran fuentes judiciales, avanza con muchas dificultades el procedimiento para extraditarle.

Los obstáculos son la tónica habitual en lo que respecta a la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, después pidieron que se les tradujeran los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición. “Todo lo que se le imputa en España está relacionado con unas supuestas conversaciones telefónicas desencriptadas”, alegó su abogado, “otra cosa es que sea él quien las mantiene: nosotros lo negamos. No hay nada contra él”. La pena mínima que le podría caer en España son 15 años.

Que los mayores narcos del mundo ocultos en Dubái funcionan como una joint-venture criminal es sabido por las policías y los gobiernos desde hace tiempo. Según el periódico colombiano El Tiempo, Alejandro Salgado Vega formaba parte de lo que el diario denomina “junta directiva de la mafia”, establecida en el emirato e integrada por grandes jefes de la cocaína colombianos, que “decidían quiénes podían traficar y quién vivía o moría en los diferentes microcárteles” del país sudamericano. El periódico revela que la información la obtuvo el FBI estudiando las listas de pasajeros de los vuelos que unen Caracas y Dubái dos veces a la semana y que hacen escala en Madrid.

También es sabido que los grandes capos aprovechan el pujante mercado inmobiliario dubaití para blanquear los millonarios beneficios que obtienen de la droga. En 2023, los precios de las viviendas residenciales subieron un 18% y aún más los alquileres, un 26%, según el último informe sobre el emirato publicado por Deloitte. Es decir, quintuplicaron las alzas de precios en España ese año. Los de las viviendas de lujo están ahora un 134% más altos que al principio de la pandemia, de acuerdo con los análisis de la consultora inmobiliaria Knight Frank. Otro incentivo, y no menor, es el secreto de la propiedad que permiten las leyes locales.

Así, los medios belgas de OCCRP localizaron gracias a Dubai Unlocked los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados de su país huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. Sólo El Ballouti era propietario de nueve viviendas, sin contar la que vendió a El Tigre. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Además, por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Un buen ejemplo de todo lo anterior es precisamente Alejandro Salgado Vega, quien alquiló la vivienda que le compró a El Ballouti en Burj Khalifa a un ciudadano británico entre agosto de 2023 y agosto de 2024, de acuerdo con los documentos inmobiliarios de Dubai Unlocked. Se trata de un contrato anual por 102.931 euros, 8.577 euros al mes.

En ese mismo edificio, en el piso 22, compró también un apartamento otro narco con actividad en Bélgica, Franc Gergely: lo adquirió el 6 de agosto de 2020 y lo vendió el 23 de agosto de 2021. De origen albanés, tenía inmuebles en Dubái por importe de 18 millones de euros.

Gergely está detrás de un sangriento asesinato por encargo. El 27 de noviembre de 2020, un albanés de unos 30 años salió de un café en la ciudad belga de Molenbeek cuando un Golf negro se le acercó. De él salió un hombre con una ametralladora que disparó al albanés a plena luz del día. Recibió ocho balazos. El conductor del coche y el tirador fueron detenidos en Alemania y España. Pero faltaba saber quién los había contratado. En los meses siguientes, la policía belga llegó hasta Gergely tras destripar unos teléfonos encriptados Sky ECC: había ordenado la ejecución en Molenbeek desde Dubái, y otros ocho asesinatos más en Albania.

Fue un ajuste de cuentas entre clanes albaneses rivales tras la desaparición de un cargamento de cocaína. En octubre de 2021 un millar de policías llevaron a cabo en Bélgica 192 registros domiciliarios para desmantelar la red albanesa que importaba cocaína a través de los puertos de Amberes y Rotterdam, tenía laboratorios en Bruselas y participaba activamente en el comercio internacional de armas. A raíz de esa macrooperación, Gergely se convirtió en uno de los 20 objetivos de alto valor –la denominación que utiliza la policía para designar a quienes suponen una amenaza significativa para la seguridad pública– cuya extradición lleva años reclamando a los Emiratos Árabes Unidos.

Pero, a diferencia de El Tigre, Gergely ya ha sido extraditado. El 30 de diciembre de 2023 fue enviado a Bélgica en un jet privado, en cumplimiento del tratado de extradición que Bélgica firmó con el emirato en 2021. Dos años, por tanto, costó su entrega.

Los abogados de Gergely no han respondido a las preguntas que les formularon los medios asociados a OCCRP.

Otro criminal belga con cartera inmobiliaria en Dubái es Younes El Ballouti, de 29 años, el hermano menor de Othman. A principios de este año, un tribunal de Amberes le condenó a ocho años de cárcel por un alijo de cocaína incautado en 2021. El pasado mes de octubre, Younes alegó ante el tribunal de casación que no estaba implicado en esa operación porque “no residía en Dubai”. Los jueces desestimaron el argumento.

Ahora, además, los socios belgas de OCCRP Knack, De Tijd y Le Soir han encontrado en Dubái más inmuebles propiedad de personas próximas a los hermanos El Ballouti. Como Youssef B. A., que fue condenado a 15 años de prisión y a pagar una multa de 120.000 euros por importar 15,2 toneladas de cocaína a través del puerto de Amberes. Según la acusación, Youssef B. A. es uno de los mayores señores de la droga de Bélgica y también reside en Dubái. La intervención de sus comunicaciones encriptadas reveló que dirigía una organización criminal bien organizada desde el emirato, donde aparentemente lleva una vida de lujo. De hecho, el fiscal mostró las fotos de una reunión familiar en Dubái, encontradas en el teléfono móvil de su hermano, donde su madre posaba al volante de un Ferrari frente a una villa de lujo y la familia también pasaba tiempo en un yate.

Pero incluso antes de su condena, en julio de 2023, Youssef B.A. ya había sido incluido en la lista de sanciones del Tesoro estadounidense en julio de 2023. Según la OFAC, lleva  “más de una década” implicado en el tráfico de drogas y en ese tiempo ha ayudado a Othman El Ballouti a “crear empresas aparentemente legítimas, creadas para ocultar la implicación de la organización en actividades ilegales”. Exactamente un mes después de entrar en la lista de la OFAC, Youssef vendió a una mujer de nacionalidad marroquí la propiedad que había comprado en mayo de 2021, una vivienda situada en Al Merkadh. El narco belga no ha contestado a las preguntas que le formularon los medios de OCCRP.

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, cifra en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

La carrera de Juan Carlos Carrión se truncó de forma súbita cuando bajó el pasado marzo de un avión procedente de Bogotá para pasar la Semana Santa en Pontevedra. Con décadas de trabajo en los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de Galicia e innumerables éxitos policiales a sus espaldas, el inspector jefe y oficial de enlace del Ministerio del Interior en la Embajada de España en Bogotá fue detenido por agentes de Asuntos Internos, acusado de formar parte de una organización criminal dedicada a introducir grandes partidas de cocaína en España procedentes de Sudamérica y de repartirse los beneficios.

Su nombre acaparó titulares y Carrión, condecorado con la Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas en 2018, se vino abajo. Entonces prefirió guardar silencio. Sin embargo, cuando han transcurrido siete meses desde aquel día, la documentación oficial a la que han tenido acceso Narcodiario acredita que la labor del inspector madrileño afincado en Pontevedra no fue otra que la de coordinar a agentes encubiertos para efectuar lo que se denomina “entrega controlada”, tutelada a cada paso tanto en Colombia, por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de aquel país, como en España, mediante un decreto emitido el 2 de diciembre por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional.

Una entrega controlada es una técnica policial que consiste en permitir que un alijo de droga circule por el territorio español, o entre y salga de él, “bajo vigilancia, pero sin interferencia de la autoridad”, para descubrir a las personas involucradas en una operación ilegal, así como para “prestar auxilio a autoridades extranjeras en esos mismos fines”, tal y como la define la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El objetivo de Juan Carlos Carrión, uno de los agentes más odiados por los clanes de la droga en Galicia, era detener con las manos en la masa a miembros del Cártel de los Balcanes de nacionalidad albanesa que llevaban tiempo introduciendo cocaína en España a través de contenedores desde distintos puertos de Sudamérica. Para ello recurrió a Pedro Andrés Marqués Ayala, confidente policial en España que fue utilizado como agente encubierto por la policía colombiana, como consta en la documentación de la Fiscalía General de la Nación a la que ha tenido acceso Narcodiario.

Pero, según la investigación de Asuntos Internos y su primera declaración ante la policía, el confidente, que también fue detenido, pretendía además obtener un beneficio económico. En cualquier caso, la entrega controlada se frustró porque los albaneses no mordieron el anzuelo, y no se produjeron detenciones.

La operación vigilada se organizó gracias a informaciones obtenidas en España sobre la organización albanesa, que intentaba abrir una nueva ruta para exportar cocaína a Europa. La Policía Nacional activó los mecanismos legales para ejecutar el procedimiento, que incluía un agente encubierto tutelado por las autoridades colombianas: Pedro Andrés Marqués Ayala firmó un “acta de voluntariedad” para actuar en calidad de tal durante un año y le fue adjudicado un código. También hizo las gestiones oportunas para hacerse con los 111,2 kilos de cocaína que posteriormente tendría que entregar a los albaneses mediante agentes encubiertos en España. En todo momento fue vigilado por policías colombianos, que detallaron en el correspondiente informe –con fotos y capturas de pantalla de sus conversaciones en Whatsapp– los encuentros del confidente con sus suministradores.

También el decreto de la Fiscalía Especial Antidroga española que autorizó la entrega controlada precisa que la cocaína llegaría en un vuelo de Iberia y que esos 111,2 kilos de cocaína estarían metidos en cinco contenedores. La Fiscalía General de la Nación colombiana incluso menciona el número de vuelo y la fecha y hora de salida y de llegada del avión.

Toda la operación se ejecutó, como de costumbre, mediante la Red de Fiscales Iberoamericanos Antidrogas, un esquema de cooperación internacional que lleva años ofreciendo grandes réditos a las autoridades que luchan contra el narcotráfico.

“Con la finalidad de continuar con el trámite de la entrega controlada con agencia encubierta, se pactó dentro de la misma que la Policía Nacional de España enviaría los narcóticos con destino a Madrid”, explica la Fiscalía Antidroga en su escrito, lo que confirma que tenía conocimiento pleno de las actuaciones. “Una vez llegue la remesa ilícita al territorio español, la Policía española realizará la respectiva entrega controlada del alijo a miembros de la organización en este país con la finalidad de hacer las respectivas capturas y desarticular la organización”, abunda el Ministerio Público español.

Sin embargo, esta vez la acción policial se fue al traste. Los narcotraficantes albaneses sospecharon del confidente. Juan Carlos Carrión quería que se hiciese el pago de la cantidad pactada a través de los agentes encubiertos –357.000 euros–, dinero que se incautaría junto a la droga en la operación. El dinero resulta clave en esta clase de procedimientos, para que los narcotraficantes crean que la venta es real. Pero su insistencia en exigir el dinero fue precisamente una de las pruebas de cargo contra Carrión, puesto que Asuntos Internos le atribuía la intención de lucrarse con la entrega controlada. Según su defensa, en cambio, el objetivo del policía no era otro que completar su trabajo con éxito.

De hecho, Pedro Andrés Marqués llegó a amenazar a Juan Carlos Carrión cuando comprobó que el inspector jefe no iba a dar el visto bueno a la entrega sin los 357.000 euros, la cantidad previamente pactada y documentada judicialmente en España y en Colombia como pago por la mercancía.

El confidente y agente encubierto declaró durante seis horas ante la policía nada más ser detenido. Pero el 22 de febrero, ante el juez, se retractó de su testimonio. Dijo que estaba “coaccionado” y que ahora tenía miedo, de acuerdo con los documentos judiciales a los que ha tenido acceso Narcodiario.

En realidad, hasta Juan Carlos Carrión llegó Asuntos Internos cuando investigaba a otro policía, el entonces inspector jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) en Murcia, José Guerrero Alonso. Detenido el pasado mes de febrero, sus compañeros le acusan de proporcionar protección a, entre otros, Pedro Andrés Marqués, a cambio de dinero y regalos. Guerrero y Carrión compartían, pues, confidente.

La causa contra Guerrero Alonso está a cargo del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, cuyo titular se encuentra a la espera de que Asuntos Internos conteste a las pruebas documentales que ha aportado la defensa de Juan Carlos Carrión, los decretos e informes de las fiscalías colombiana y española que describen al detalle la entrega controlada de la droga. Entonces decidirá si sigue adelante contra el inspector jefe condecorado o archiva el procedimiento.

Entre los documentos remitidos por la defensa de Juan Carlos Carrión al Juzgado de Instrucción murciano se halla un extracto de los oficios presentados ante la Brigada Central de Estupefacientes de la Udyco Central, la unidad de la que depende orgánicamente, donde se relacionan las distintas fases de la entrega controlada.

Así, el 6 de noviembre de 2023, Carrión informaba a la Udyco de que la organización investigada pretendía “introducir nuevas cantidades de estupefaciente en España”, por lo que avanzaba que, para desmantelarla, “se tiene abierta una noticia criminal en Colombia con la previsión de actuación de agente encubierto”. En una siguiente comunicación, el 26 de noviembre, se informaba a la misma Udyco de que se estaban “llevando a cabo las gestiones oportunas con el objetivo de identificar al individuo de origen albano que se trasladó hasta Bogotá […] habiendo solicitado la entrega controlada y participación de agente encubierto”.

Tres días después, la Policía en España recibe la comunicación de que “se han llevado a cabo reuniones en Bogotá que han concluido con la entrega al agente encubierto de 100 kilogramos de sustancia estupefaciente”. El agente encubierto era Marqués Ayala. “Se significa que la organización ha acordado ciertos pagos en España […] un total de 357.000 euros que serían entregados al encubierto autorizado para su entrega”, añade. Ese mismo día se dio traslado de lo actuado a la Fiscalía Antidroga.

La representación legal del policía explica que “por medio de las intervenciones llevadas a cabo en la presente causa se sabía qué cantidades iba a recibir el señor Marqués […], se informó de las mismas cantidades que aparecen referenciadas en las intervenciones e informes de la UAI [Unidad de Asuntos Internos]”.

La defensa de Carrión concluye, además, que “parte de esta información estaba en poder de la UAI con anterioridad a la detención”, y se sorprende de que “no se haya informado nada en el desarrollo de la presente instrucción respecto de dicha entrega controlada, así como de las comunicaciones del señor Carrión con la Udyco”. Por ello, el abogado solicita “la mayor celeridad” a Asuntos Internos para que responda, a fin de cerrar un proceso que “dañó la imagen” de su representado.

La investigación del juzgado de Murcia ha sido utilizada en varias ocasiones por las defensas de algunos de los principales investigados en otra causa, la del buque MV Karar, 3.800 kilos de cocaína cuya descarga se atribuye a la organización criminal presuntamente liderada por el vilanovés Juan Carlos Santórum.

Ello es así porque fue el grupo de investigación que dirigía Juan Carlos Carrión desde la Comisaría Provincial de Pontevedra el que lideró las investigaciones que acabaron no sólo con la incautación del mayor alijo de los últimos años en dirección a Galicia –contenedores aparte–, en abril de 2020, sino también con la detención de las personas que preparaban la infraestructura criminal para recoger la mercancía ilícita en altamar.

Las defensas habían pedido la declaración del inspector jefe en la vista oral que estaba prevista para este martes, pese a que Carrión ha presentado informes médicos sobre su estado de salud que la desaconsejan. Por ese motivo, la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha solicitado una valoración a los médicos forenses.

El juicio por el caso Karar comenzó el pasado abril, se interrumpió en verano y se reanudó el pasado 10 de septiembre. La vista programada para este martes quedó suspendida después de que uno de los 28 acusados rechazase a su abogado.

El fiscal pide para Sántorum una pena de 18 años y medio de prisión y el pago de una multa de 438 millones de euros, y 13 años y medio para el resto de los implicados.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha concedido uno de sus Premios a la Excelencia Periodística 2024 a los NarcoFiles, una investigación del consorcio OCCRP en la que participaron infoLibre y Narcodiario en España. El galardón, en la categoría de Periodismo en profundidad, reconoce a NarcoFiles por describir “mediante una impresionante investigación, el submundo de producción, logística, comercialización y lavado de dinero” procedente del negocio internacional de la droga.

A juicio de la SIP, se trata de “un magnífico ejemplo de trabajo colaborativo, apoyado en técnicas avanzadas de análisis, trabajo de campo y diversidad de fuentes documentales, verificación, cruce de datos y colaboración transnacional”.

En efecto, en NarcoFiles colaboraron 40 medios de comunicación de 23 países, desde Ecuador hasta Lituania. Su origen se sitúa en una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que fue compartida el año pasado con OCCRP y con varios medios latinoamericanos, entre ellos, Cerosetenta / 070, Vorágine y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Con un tamaño de cinco terabytes, la filtración contenía más de siete millones de correos electrónicos de la Fiscalía de Colombia, entre ellos correspondencia con embajadas y autoridades de todo el planeta. Los archivos –que también contienen audios, imágenes, PDF, hojas de cálculo y calendarios– se remontan hasta 2001, aunque la mayoría de ellos se concentran entre 2017 y 2022.

OCCRP recopiló esos datos e invitó a medios de 23 países de América y Europa para analizar su contenido. El resultado fue un completo retrato de cómo colaboran, se comunican e innovan los grupos criminales en un mundo globalizado. NarcoFiles revela cómo los puertos comerciales se han convertido en focos de actividad criminal, desde Amberes y Rotterdam hasta Gioia Tauro y Guayaquil. O destapa los flujos subterráneos por los que circulan los beneficios generados por el narcotráfico y los profesionales financieros que los facilitan. También pone el foco en el impacto medioambiental del crimen organizado y cómo sus actividades están destruyendo la vida salvaje, contaminando ríos y amenazando áreas protegidas. Incluso desvela cómo a veces los agentes de las fuerzas de seguridad forman parte del problema.

InfoLibre y Narcodiario publicaron que los seis capos del supercártel detenidos por Europol en 2022 llevaban un año libres y pendientes de extradición en Dubái, además de descubrir al supuesto capo gallego que envíaba droga del Amazonas a las Rías Baixas en submarino y la alianza de disidentes de las FARC con narcos brasileños y gallegos para traer cocaína a Europa. Las investigaciones de infoLibre y Narcodiario dejan claro que el narco global ha convertido a España en un centro de negocios y en un paraíso para el blanqueo, además de un gran productor de droga, cuando antes no pasaba de puerta de entrada de la cocaína y el hachís a Europa.

La SIP, una organización sin ánimo de lucro integrada por más de 1.300 publicaciones, se dedica a defender y promover la libertad de prensa y expresión en América. Según ha destacado la presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, María Lorente, que es también la directora regional de la Agencia France Presse en América Latina, los premiados este año han hecho “un aporte significativo al conocimiento público, la vitalidad de la democracia y el bienestar de las sociedades americanas”.

La ceremonia de entrega de los Premios SIP a la Excelencia Periodística se celebrará durante la 80ª Asamblea General de la SIP, del 17 al 20 de octubre en Córdoba (Argentina). Los premios constan de un diploma de reconocimiento y, en su mayoría, de una gratificación de 2.000 dólares (1.803 euros).

Los Premios a la Excelencia Periodística se dividen en 12 categorías, que abarcan desde la caricatura y la fotografía hasta el periodismo de datos, el de medio ambiente o la crónica. Este año se han concedido por primera vez un galardón sobre migración –a la Agencia France Presse– y otro de periodismo de soluciones –al Semanario Vanguardia de México–.

Además, la SIP dará a conocer esta misma semana el ganador del Gran Premio a la Libertad de Prensa y los galardonados como Ejecutivo del Año, Gran Amigo de la Prensa, Sustentabilidad y Transformación Digital.

Entre los premiados este año se encuentran una ilustración sobre la plaga de la droga de Ezequiel Omar García publicada en la revista Rolling Stone argentina, un trabajo del también argentino La Nación sobre la tragedia de los Andes –el accidente aéreo de los jugadores de rugby uruguayos en 1972–, y dos historias sobre migración: la tragedia de quienes cruzan el río Darén para llegar a Estados Unidos, del colombiano Vorágine, y la odisea de los venezolanos hasta alcanzar EEUU, de France Presse. La favelas de São Paulo, los asesinatos de ambientalistas en Perú y las violaciones de derechos humanos en la flota pesquera china son otros trabajos galardonados en esta convocatoria.

Además de infoLibre, ha sido premiado un artículo publicado en El País por el periodista nicaragüense Wilfredo Ernesto Mirando Aburto, que fue despojado de su nacionalidad por el Gobierno de Daniel Ortega, y ha recibido una mención honorífica una entrevista a la soprano Nadine Sierra publicado en El Español.

La Guardia Civil, en coordinación con Europol y la ayuda de las fuerzas de seguridad de Dubái, Brasil y Turquía, ha desmantelado las sucursales en Europa del cártel de los Balcanes y sus centros logísticos en África. En una investigación que se ha prolongado durante cuatro años y que culminó hace sólo dos días con cuatro arrestos en Málaga y Canarias, han sido detenidas 40 personas, incautadas ocho toneladas de cocaína, confiscados 12,5 millones de euros y tres millones de dólares en Brasil, además de haber bloqueado activos por importe de 50 millones de euros más en Serbia. “Pero lo más importante es que la estructura ha quedado inoperativa; no han caído los eslabones más bajos de la cadena, sino los líderes de los diferentes clanes”, destacó en rueda de prensa el teniente coronel jefe del Departamento contra el Narcotráfico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Óscar Esteban Remacha.

Dos de los implicados han sido detenidos en Dubái, donde residían. De hecho según explicó el teniente coronel Esteban Remacha, las operaciones de los cuatro clanes de los Balcanes que han sido desarticulados, uno de ellos el serbio Kavac, se dirigían desde el emirato y Turquía, donde han sido capturados los tres principales capos, aquellos a los que las fuerzas de seguridad europeas etiquetan como “objetivos de alto valor”.

Una vez más, Dubái se revela como refugio de los mayores narcotraficantes que operan en la Unión Europea. Dubai Unlocked, la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, ha destapado a decenas de criminales convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos que poseen propiedades de gran valor en Dubái. También ha expuesto la laxitud con la que las autoridades del emirato aplican las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y las trabas que pone para extraditar a los delincuentes reclamados por otros países.

En esta operación, sin embargo, la policía dubaití detuvo hace unos meses, en cumplimiento de una orden emitida por Bélgica, a Mario Krešić, quien se había refugiado en el emirato tras residir en Sierra Leona. Desde allí dirigía la logística que los clanes de los Balcanes necesitaban en África occidental para transportar hasta Europa la cocaína que les suministraban desde Colombia, Ecuador y Brasil. En estos momentos Krešić se encuentra en libertad en Dubái, pero fuentes de la Guardia Civil indicaron a infoLibre que será detenido los próximos días para extraditarlo. En octubre de 2009, un tribunal de Bosnia-Herzegovia condenó a tres años de prisión por tráfico no autorizado de estupefacientes a quien hasta ahora era el responsable de la logística africana del cártel.

El segundo detenido es Aomar el Harraj, un ciudadano canario que residía en Dubái. Fue arrestado hace unas semanas en el aeropuerto de Barcelona, antes de coger el avión que debía llevarle de vuelta al emirato tras pasar unos días de vacaciones en España. De los 40 detenidos en la operación, 13 fueron capturados en España, pero sólo cinco tenían nacionalidad española. El resto eran serbios, croatas e italianos.

La investigación en España ha estado al cargo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al mando de Manuel García Castellón, quien ha emitido 18 órdenes internacionales de busca y captura para completar la operación. “No descartamos que alguno más de los que hemos reclamado se encuentre en Dubái”, apuntó en la rueda de prensa el teniente coronel Óscar Esteban.

Además de Mario Krešić, los otros dos objetivos de alto valor capturados son Nemad Petrak y Kristjan Palic. De nacionalidad croata, fueron detenidos el pasado mes de noviembre en Turquía, que se ha convertido en el segundo refugio preferido de los narcotraficantes después de Dubái.

Palic era el bróker de los clanes de los Balcanes, que es como se llama en el argot de los narcos a quien coordina a las distintas organizaciones necesarias para gestionar un alijo. En este caso, fueron tres: el Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor banda criminal de Brasil, la 'Ndrangheta o mafia calabresa, y los clanes de los Balcanes. Como detalló Óscar Esteban, el croata tenía los contactos para conseguir la droga en Brasil, transportarla a través del Atlántico hasta Sierra Leona y Costa de Marfil y luego introducirla en Europa tras hacer escala en Canarias. Es en ese punto donde entraban en juego los españoles, que se encargaban del trasbordo de la cocaína en embarcaciones rápidas desde las naves nodriza. Palic disponía de personal a su cargo no sólo en España, sino también en Francia, Alemania, Italia, Montenegro y Croacia. Sus poderosas alianzas, en este caso con el PCC brasileño, que intermedió en su favor, le sirvieron para quedar libre tras ser secuestrado por otra organización criminal del país suramericano, que quería cobrarle una deuda.

Nenad Petrak, por su parte, se dedicaba al blanqueo del dinero obtenido con el tráfico de droga. Según informó en su día Turkish Minute, el croata había adquirido la nacionalidad turca en diciembre de 2022, tras comprar una casa en el barrio de Yenibosna, en Estambul, por 250.000 dólares –233.642 euros–, y adoptó el nombre de Nenat Çelik.

Pedrak ya ha sido extraditado a Croacia, mientras que Palic se encuentra aún en un centro de detención a la espera de ser entregado a las autoridades croatas, según explicó Erdem Koc, director adjunto del Departamento Contra el Narcotráfico de la Policía Nacional de Turquía.

Óscar Esteban destacó en la rueda de prensa la cooperación entre las policías de siete países europeos –Bélgica, Italia, Alemania, Serbia, Croacia, Países Bajos y España–, así como de Turquía, Brasil y Dubái. De hecho, junto al teniente coronel de la UCO comparecieron los jefes antidroga de estos tres países y de Europol, Robert Fay, mientras enfrente les escuchaban representantes policiales del resto de los países implicados en la operación. Gracias a la coordinación entre todos ellos, se han desmantelado cuatro clanes que en conjunto mueven la mitad de la cocaína que entra en Europa, subrayó Tomislaw Stamuk, jefe antidroga de la Policía Nacional de Croacia.

El jefe de Europol advirtió de la “extrema violencia” de estas organizaciones –“envían vídeos con las mutilaciones y ejecuciones a miembros de otros clanes”, aseguró Óscar Esteban–. Un motivo de “preocupación” para la oficina europea de policía, añadió, porque la mitad de las redes criminales internacionales están relacionadas con el tráfico de drogas. Y Europa es el principal mercado mundial de estupefacientes.

De ahí la presión que los países europeos están ejerciendo sobre Dubái. La Guardia Civil resalta la colaboración que la policía del emirato lleva prestando desde hace “tres o cuatro años”. La misma que permitió a Europol y a la Guardia Civil desmantelar en octubre de 2022 el supercártel que cayó en la Operación Desert Light. Seis capos de la droga fueron detenidos en Dubái, cada uno de ellos de una organización distinta: los Kinahan irlandeses, un bosnio del clan de los Balcanes, un panameño y tres miembros de la Mocro Maffia, dos belgas y un holandés. Casi dos años después, todos ellos se encuentran libres en el emirato y pendientes de una extradición que nunca llega.

Porque la cooperación policial dubaití no continúa en los tribunales, según se quejan al unísono todos los países europeos. Francia, Bélgica y Países Bajos tienen una veintena de solicitudes de extradición de criminales pendientes con el emirato. Cada uno. España, por su parte, ha remitido a los Emiratos Árabes Unidos 60 comisiones rogatorias de carácter penal desde 2020. De ellas, 53 siguen pendientes de tramitación.

La investigación que ha acabado con los clanes de los Balcanes se abrió en 2020 cuando la Guardia Civil interceptó un velero de bandera croata, cargado con una tonelada de cocaína, en aguas canarias. La mercancía había sido alijada desde un carguero en el Golfo de Guinea, lo que reveló la existencia de una ruta africana de la droga. La bautizada entonces como Operación Adriática permitió cerrar posteriormente otras ocho operaciones en seis países distintos.

Hasta que en agosto de 2023 se capturó un segundo velero en Canarias con 700 kilos de cocaína. Y fueron detenidos dos italianos que pertenecían a la 'Ndrangheta. Entonces se descubrió que la misma tripulación, italiano-croata, había gestionado un alijo anterior de 500 kilos de cocaína procedente de Brasil también con la misma nave. La organización había quedado al descubierto.

Con 72.000 y 48.000 kilos de droga incautados en sus buques y contenedores, respectivamente, las gigantes europeas Maersk y CMA-CGM son las navieras más usadas por el crimen organizado colombiano para transportar su cocaína a Europa. Juntas suman casi la mitad del alcaloide confiscado entre 2016 y abril de 2022 en Colombia –el mayor productor de cocaína del mundo– y vinculado al tráfico marítimo internacional. Así lo han confirmado el medio colombiano Cuestión Pública y el consorcio de investigación OCCRP, al que pertenece infoLibre, tras construir una base de datos única que consolidó y cruzó información de cuatro fuentes oficiales en Colombia y una en Bélgica.

Durante un año, Cuestión Pública y OCCRP rastrearon 431 decomisos de 265 toneladas de cocaína, casi el doble de lo que pesa la Estatua de la Libertad. Así descubrió que estas navieras también lideran el número de incautaciones: la danesa Maersk aparece en 134 casos, seguida por la francesa CMA-CGM con 67.

De hecho, la contaminación con estupefacientes en su línea de transporte fue tan recurrente que casi cada mes desde 2016 y hasta abril de 2022 cayó un cargamento en alguna de estas dos navieras, que se encuentran entre las cinco compañías marítimas más importantes del mundo.

Además, estas cifras de incautaciones contrastan, en buena medida, con la participación de las dos multinacionales en el mercado colombiano: entre 2016 y 2021 Maersk tenía una cuota del 33% y CMA-CGM del 11%, de acuerdo con los datos de Sicex, una plataforma de inteligencia de mercado.

A través de una amplia filtración de correos de la Fiscalía colombiana, Cuestión Pública y OCCRP encontraron documentos de interceptaciones telefónicas y testimonios de integrantes de organizaciones criminales, quienes piden, tanto de manera explícita como en clave, usar los servicios de ambas para exportar la droga.

En enero de 2022, un informante de la Fiscalía colombiana, que antes prestaba sus servicios como buzo para un cartel mafioso del Caribe colombiano, explicó que la organización de la que era miembro exigía que las cargas que salían desde Barranquilla y otras ciudades llegaran a los terminales de Maersk en Europa.

“Hay una gente que está buscando enviar de 30 a 40 kilos de cocaína al puerto de Amberes, Bélgica, exactamente a la terminal 188 y 234, donde llegan contenedores con banano de Maersk Line. Ellos [los socios europeos] quieren que la mercancía vaya en los ojitos del buque, es decir, en los motores de los aires acondicionados o en el espejo, que es la parte del fondo del contenedor, porque en esos lugares caben entre 40 y 100 kilos de cocaína”. Este testimonio quedó consignado en un informe técnico de la Fiscalía.  

En el muelle 188 se hicieron en 2019 tres incautaciones que sumaron 1.580 kilos de cocaína, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades belgas a Cuestión Pública y OCCRP. Dos de ellas llegaron en cargamentos de bananos y se realizaron en buques de Maersk.

Los terminales 188 y 234 del puerto de Amberes (Bélgica) también son los favoritos de otro grupo criminal asentado en la ciudad caribeña de Santa Marta, según documentos de la Fiscalía colombiana. En 2021, las autoridades obtuvieron la información mediante interceptaciones telefónicas legales a dicha estructura, cuya droga era producida en el departamento de Norte de Santander.

Algunos de sus integrantes, conocidos con los alias de Juancho, Joche y Alex, se refirieron en clave a las exportaciones de cocaína mediante el uso de dos de las abreviaturas que identifican los contenedores de Maersk a nivel global: MMAU y MNBU. Estos prefijos están registrados como propiedad de la compañía ante el Buró Internacional de Contenedores (BIC).

En una de esas llamadas, Alex dice que “[...] todo lo que sea por Antwerp [Amberes] tiene que ser por MMAU (SP) bodega 188” y que quienes pagan por los envíos de la droga “no quieren 1.700 [otra bodega del puerto, a la que llegan los buques de CMA-CGM], quieren la 234 [de Maersk]”. En otra charla, alguien interrumpe una conversación entre Joche y Juancho para afirmar que los cargamentos “siempre salen por MNBU”.

El 30 de agosto de 2018, un cargamento de banano de las compañías C. Coindex SA y Bensa Global Trading fue incautado en el muelle 188 del puerto de Amberes con 3,4 toneladas de cocaína. La droga iba en el contenedor MNBU 031563-4, en el barco Cap Beatrice, de Maersk.

De los 53.481 kilos de cocaína decomisados sólo en contenedores de la naviera danesa desde 2016, los identificados con esas dos abreviaturas corresponden a más de la mitad del total de la droga incautada (58%): 10.154 kilos en MMAU y cerca de 21.000 en MNBU, según la base de datos construida por Cuestión Pública.

En otros países, las sospechas sobre la preferencia de la naviera por parte de los narcotraficantes para exportar droga son de tal magnitud que, según reveló el diario danés Finans, “Maersk” y “cocaína” están entre las palabras elegidas por la Policía holandesa para acceder a conversaciones cifradas entre delincuentes en el servicio de mensajería encriptada Sky ECC.

En Costa Rica, el exministro de Seguridad, Álvaro Ramos, señaló a Cuestión Pública y OCCRP que tras la adjudicación en 2011 de la concesión del puerto marítimo de Moín a APM Terminals, compañía del grupo Maersk, notaron un aumento significativo del tráfico de drogas. “Con la llegada [de APM a Puerto Moín] se dio una posibilidad muy alta al gran narcotráfico internacional para que usara la facilidad portuaria y se notó una expansión muy grande hacia Europa Occidental y un poco hacia Estados Unidos. Empezamos a recibir informes de que de ese puerto llegaban [estupefacientes] a Róterdam, Sevilla y a otros puertos de Europa”.

Consultada sobre la declaración del exministro Ramos, Maersk respondió que “en ese puerto, APM Terminals ha seguido sistemáticamente las indicaciones de las autoridades locales, y ha instalado tres escáneres de contenedores para que operen las fuerzas de seguridad locales, y sigue apoyando los esfuerzos donde se nos requiera”.

Para llegar a estos hallazgos, se cruzaron datos de diferentes fuentes de información: Fiscalía, Armada, Ministerio de Defensa y Policía de Colombia, autoridades de Bélgica, bases de datos de exportaciones como Panjiva e ImportGenius y registros en medios de comunicación nacionales e internacionales. Los casos se establecieron a partir de la cantidad de droga, el lugar y la fecha de decomiso, lo que reveló inconsistencias en los registros llevados por las diferentes autoridades colombianas e incautaciones que no fueron comunicadas.

Tras esta búsqueda, se encontraron 22 hechos en documentos reservados de la Fiscalía que no fueron comunicados por ninguna otra autoridad nacional. Ni siquiera fueron enumerados por el ministerio público en una respuesta oficial que entregó a Cuestión Pública y OCCRP.

El 14 de junio de 2020, en pleno brote del Covid-19, fueron incautados 2.500 kilos de cocaína en Cartagena (Colombia), de acuerdo con un informe de la Fiscalía. La droga iba escondida en sacos de panela pulverizada en el contenedor CMAU 634975-6 de la naviera francesa CMA-CGM, que iba a ser cargado en el Cristina Star, de la misma compañía. Sin embargo, por problemas de capacidad, el contenedor terminó partiendo a bordo del Dublin Express, propiedad de la naviera alemana Hapag-Lloyd.

La mercancía había sido exportada por la empresa colombiana Serendipia Group y la importadora era Zurkum Business, registrada en la ciudad española de Valencia y administrada por el venezolano José Alejandro Sierra Troncoso, alias Chepe, líder de la organización criminal en Europa. Aunque José Alejandro Sierra aseguró que su compañía trabajaba para la cadena de supermercados Carrefour, documentos de la Fiscalía sobre este caso concluyeron que en realidad se trataba de una empresa pantalla creada para facilitar el tráfico de drogas.

La cocaína debía transportarse en la naviera francesa, según explicó Sierra Troncoso en un correo electrónico enviado a su socio colombiano, Juan Sebastián Quiceno Calderón, representante legal de Serendipia Group. Ambos coordinaban varios envíos; entre ellos, las dos toneladas de cocaína que cayeron en Cartagena, donde el buque hacía tránsito antes de partir hacia el puerto de Le Havre, en Francia, su lugar de desembarco.

“En principio mi cliente comprador sólo acepta CMA como naviera, por las condiciones de sus equipos y por razones internas de ellos, cosa que no puedo yo llevarles la contraria por el mismo hecho de que es el Cliente que tiene la zaon [razón], como dice el dicho. Por lo que, por favor, necesitamos estos envíos se hagan por medio de CMA (sic)”.

Un mes antes de ese correo y después de recibir exitosamente en marzo en Valencia dos cargas de panela pulverizada mezcladas con cocaína, según la Fiscalía colombiana, Chepe pidió a los dueños de Serendipia que “los próximos contenedores fueran enviados en tamaño más grande”; es decir, de 40 pies, con el pretexto de que la mercancía tuviera mejor ventilación”.

El contenedor de CMA en el que se confiscaron las dos toneladas de cocaína era de 40 pies. Una posible explicación de por qué el grupo criminal prefería estos tamaños para mandar la droga la entregó en el informe judicial el investigador de campo: “De acuerdo con mi conocimiento y con la modalidad de contaminación que utilizó la organización criminal, la solicitud de aumento del tamaño del contenedor obedecería a la facilidad que tendrían para el desembalaje de la mercancía en el momento de efectuar la contaminación con sustancia estupefaciente en tránsito”.

En 2023, la Fiscalía colombiana desarticuló esta organización criminal transnacional identificada como Perlas Negras, que operaba en Buenaventura (Colombia) y Valencia, y que trató de exportar sin éxito seis toneladas de cocaína a Europa entre 2019 y 2020.

La Policía española detuvo a siete miembros de la organización en la Operación Tayrona II, ejecutada en marzo de 2021, entre ellos a José Alejandro Sierra Troncoso. Pero, según indican fuentes judiciales a infoLibre, en febrero de 2022 el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia sobreseyó provisionalmente el caso por no haber quedado “suficientemente acreditados los indicios de delito”, y con informe favorable del Ministerio Fiscal. 

La droga incautada en CMA-CGM viene del Pacífico colombiano, de acuerdo con los datos compilados por esta investigación periodística. Uno de cada cinco decomisos que involucraron a buques y contenedores de la naviera francesa se produjo en Buenaventura, el puerto más importante de la región.

La otra costa del país, en cambio, es territorio Maersk. Allí, y sin que guardara relación con la anterior, otra organización identificada como Perla Negra, en singular, y al servicio del Clan del Golfo en el Caribe, envió cerca de 15 toneladas al Viejo Continente entre 2017 y 2018, usando la danesa como naviera. Dicho grupo movió 7,5 de cada 10 kilos del alcaloide, principalmente desde el puerto de Santa Marta. Casi la mitad –el 47%– de las incautaciones en barcos y contenedores de la compañía danesa se practicaron en sus muelles.

Allí tiene una gran presencia el Clan del Golfo desde hace varios años, según destaca un investigador del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo Internacional (CMCON), que habló con Cuestión Pública y OCCRP bajo condición de anonimato. Así lo confirma también el vicealmirante Orlando Grisales Franceschi, jefe de Estado Mayor Naval de Operaciones de la Armada Nacional de Colombia: “Los puertos marítimos de Santa Marta son un punto clave para la exportación de cocaína hacia puertos europeos, que en su mayoría viene oculta en carga contenerizada de fruta como el banano y la piña. Por otra parte, la infiltración de organizaciones criminales en puertos y autoridades locales permite que el tráfico de drogas opere con relativa impunidad”.

En agosto de 2017, los narcos de Perla Negra consiguieron transportar una tonelada de cocaína camuflada en láminas de pladur de la empresa Caribe Exporta hacia el puerto de Algeciras. La alijaron a bordo del Maersk Willemstadt, que zarpó desde Santa Marta hasta el puerto alemán de Bremerhaven el 22 de agosto. En concreto, en el contenedor MRKU 732399-2 habían introducido 935 paquetes de cocaína. Tras atracar en Bremerhaven, la policía alemana extrajo 42 de esos paquetes, que agentes aduaneros germanos enviaron por avión a España y entregaron en mano a policías españoles, en cumplimiento de una entrega controlada autorizada por la Fiscalía especial antidroga española. El resto de los paquetes se quedó en Alemania.

En su lugar se colocó una carga “embalada y preparada de la misma manera” que la cocaína colombiana. Cuando llegó a Algeciras, a bordo de otro barco de la naviera danesa, el Maersk Lima, la esperaba un camión para transportarla hasta la sede de una empresa, Displasur Soluciones SL, situada en un polígono industrial de Málaga. Pero como se vio que alguien había abierto el contenedor, el pladur no salió del puerto.

El relato de la fallida operación lo ha recogido infoLibre de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que en 2019 condenó a seis años de prisión al socio y administrador único de esa sociedad, José González Roldán. También se le impusieron dos multas de 120 millones de euros. Además se dictó la disolución de Displasur Soluciones, con otra multa de 190 millones, y se prohibió a González Roldán realizar actividad comercial similar durante 12 años. La empresa, establecen los jueces, se dedicaba sólo “en teoría” al comercio mayorista y minorista, así como a la importación y exportación de materiales de construcción. En la práctica, había importado un cargamento de droga, con una pureza de entre el 72,9% y el 89% y valorado en 38 millones de euros.

La sentencia es firme porque González Roldán reconoció los hechos ante el juez y llegó a un acuerdo con la fiscalía.

De acuerdo con los datos recabados durante esta investigación, Bélgica se ha mantenido como el país favorito para la entrada de la droga a Europa, pues registra 26 casos de cocaína incautada proveniente de Colombia desde 2016, con un total de 27 toneladas en el puerto de Amberes.

De este puerto, las organizaciones criminales conocen en detalle los muelles exactos en los que atracan los barcos de cada naviera. Además del 188 y el 234, donde recala Maersk, esta investigación encontró en los documentos de la Fiscalía colombiana, referencias por parte de grupos criminales al muelle 1.700, asignado a CMA-CGM. En 2019, según datos de las autoridades belgas, en este último muelle desembarcaron tres buques contaminados con 2.701 kilos de cocaína, de los cuales dos eran de CMA-CGM.

Los narcos también muestran cierta preferencia sobre determinados productos o compañías para contaminar los cargamentos. Según la base de datos elaborada en esta investigación, el récord de decomisos de droga lo tiene Banasan, una de las mayores exportadoras de banano del país. La empresa está vinculada a 37 incautaciones, que suman 4,7 toneladas de cocaína en Colombia, Alemania y Bélgica entre 2016 y 2022. Todas se practicaron en buques o contenedores de Maersk.

Armando Lacouture, abogado y portavoz de la exportadora, responde que “Banasan es la principal víctima de esta actividad criminal” y que se trata “de una cifra insignificante frente a los 13.000 contenedores que exporta al año hacia Europa”, su único destino. Lacouture agrega que la empresa tiene una política de lavado de activos y hace seguimiento GPS de los camiones donde se transporta la fruta, entre otros controles.

Para Henrik Vigh, profesor de la Universidad de Copenhagen y experto en crimen organizado, “los narcos se centran en las terminales portuarias donde el ritmo es alto, para enviar sus mercancías rápidamente. Esto afecta especialmente a los muelles que manipulan alimentos. En éstos, a las autoridades les resulta complicado detener el flujo de contenedores si sospechan de contrabando, porque los alimentos se pudren y se corre el riesgo de interrumpir la cadena de transporte”.

Lacouture añade que hasta ahora no ha habido investigaciones contra directivos de Banasan por narcotráfico y aclara que la naviera la eligen los clientes internacionales que les compran la carga.

También de acuerdo con los documentos de la Fiscalía, son los narcos europeos, encargados de recoger la droga en los puertos de llegada, quienes escogen la naviera. Interceptaciones telefónicas legales encargadas por el ministerio público muestran que esta práctica la siguen organizaciones criminales que operan en Buenaventura y Barranquilla y que, una vez se conoce el lugar de llegada, se empieza a coordinar la logística del envío de la cocaína.

En los últimos años, navieras como Maersk y CMA-CGM han apostado por diversificar su portafolio empresarial hacia la totalidad de la cadena logística del comercio internacional: desde la recogida de la carga en la bodega de origen, el servicio de agencia aduanera, el transporte en sus contenedores y el envío en sus buques, hasta la entrega en el lugar de destino.

El profesor Henrik Vigh comenta que un modelo de negocio como el de Maersk “se adapta perfectamente a los narcos, que prefieren que haya el menor número posible de eslabones en la cadena. Cuantas menos veces tengan que cambiar de manos las mercancías, menor es el riesgo de ser controladas y descubiertas. Introducirlas en una empresa que cubra toda la cadena logística es una clara ventaja para ti como cártel”.

Pese a que las principales navieras ofrecen servicios similares, el caso de Maersk es excepcional. A través de su filial APM Terminals, participa mayoritariamente en la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen) y en otras terminales en España, Costa Rica, Brasil y Panamá. Además, tiene operadores logísticos como Maersk Logistics y Servicios Colombia, servicios de aduanas en Europa como KGH –ahora Maersk Customs Services– y una de las mayores flotas de contenedores y barcos del mundo.

Consultada por los periodistas, la multinacional danesa respondió que el gran número de incautaciones en sus contenedores y buques suele ser el resultado de una buena y proactiva colaboración entre las autoridades y el sector. Además, usa escáneres de contenedores en sus terminales de mayor riesgo y explora el uso de dispositivos de seguimiento de contenedores. También utiliza inteligencia artificial para detectar envíos sospechosos.

“Si bien todas las navieras que conocemos no están implicadas criminalmente en el tráfico de drogas, [...] me atrevo a decir que cada una tiene gente corrupta trabajando para ellas”, advierte por su parte Jan Janse, jefe de distrito de la Policía Portuaria de Róterdam (Países Bajos).

En 2023, directivos de MSC, Maersk, CMA-CGM, Hapag-Lloyd y Seatrade firmaron una declaración sobre la lucha contra el narcotráfico transnacional con los gobiernos belga y holandés. Entre sus compromisos se mencionaba intercambiar información e implementar mejoras en la verificación de antecedentes de su personal. No obstante, ni la naviera, ni las tripulaciones, ni tampoco las empresas que les sirven de camuflaje a los narcotraficantes son objeto de pesquisas por parte de las autoridades en la mayoría de los casos, de acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por Cuestión Pública y OCCRP.

Juan Alberto Páez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Navieros y Agentes Marítimos de Colombia (Asonav), señala que “las empresas marítimas son víctimas del narcotráfico [...]. Las estadísticas [de toneladas de droga incautadas en navieras] podrían demostrar un compromiso activo de colaboración con las autoridades”.

Por su parte, la naviera francesa contesta que “la lucha contra todo tipo de tráfico ilícito es una prioridad absoluta para el Grupo CMA-CGM, igual que para toda la industria naviera”. Asegura que colabora estrechamente con las autoridades policiales, aduaneras y judiciales de todos los países para combatir ese tipo de tráfico y que por la seguridad de su equipo y su operación “no hace más comentarios al respecto”.

Hasta ahora, no se conoce ningún país que haya analizado abiertamente el papel de las navieras en el combate al narcotráfico. Estados Unidos lo hizo en una única ocasión con el buque Gayane, de la naviera MSC, en el que se encontraron 19 toneladas de droga el 17 de junio de 2019, la mayor incautación de la historia en un portacontenedores. Recientemente, voces aisladas como Jan Janse en Países Bajos y la fiscal antidrogas de España, Rosa Ana Morán, han llamado la atención sobre el papel de estas compañías.

“La corrupción en los puertos es impresionante. Si envían cargamentos tan grandes [como los que últimamente han llegado a Algeciras], es porque están muy seguros de que tienen vía libre. Piensan que el puerto es suyo”, resaltó la fiscal antidrogas a infoLibre.

Según explicó Rosa Ana Morán el pasado mes de diciembre en un acto en Valencia –el principal puerto de entrada de droga en España–, “es difícil introducir tanta droga sin colaboración desde dentro”. “La corrupción afecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a Aduanas, pero también hay mucha implicación de trabajadores del puerto, estibadores o dockers”, que es donde se están centrando los esfuerzos policiales.

La Operación Jumita, de hecho, es un magnífico ejemplo de lo que está pasando en los puertos. Se ejecutó en junio de 2021 y supuso la detención 29 personas y el decomiso de 1.616 kilos de cocaína y 16,5 millones de euros, la mayor incautación de efectivo a una banda en España hasta ese momento. Los narcos tenían toda una logística organizada para rescatar el contenedor con la droga. Entre los detenidos había un veterinario en el Punto de Inspección Fronteriza (PIF), el jefe de Operaciones de APM Terminals –del grupo Maersk–, un transportista, un funcionario de Aduanas –de la Agencia Tributaria–, una persona que duplicaba los precintos de los contenedores… También se sospecha que tenían contactados a policías y guardias civiles.

Según indican fuentes judiciales a infoLibre, el juicio por esta operación, que se sigue instruyendo en un juzgado de Algeciras, no comenzará hasta febrero de 2025.

El profesor Henrik Vigh añade otro componente significativo. “Si se interviene y se restringe la libre circulación de mercancías, se corre el riesgo de crear rápidamente problemas en la cadena de suministro. Si, por ejemplo, se empieza a controlar más intensamente los buques y contenedores o a regular excesivamente los puertos, se corre el riesgo de ralentizar el comercio mundial”.

El experto colombiano del CMCON, que agrupa a 12 países y tiene a su cargo el estudio del tráfico interoceánico de drogas, admitió a Cuestión Pública y OCCRP que su equipo estudia 200 variables diferentes como la sustancia ilícita, el grupo criminal o la modalidad de contaminación, pero no incluye a las empresas dueñas de los buques y contenedores objeto de presuntas contaminaciones.

Y es que, según el mexicano Bernardo Gómez Del Campo, el problema más serio en la persecución del narcotráfico es la mirada “desactualizada” frente a los desafíos: “Ahora tenemos una generación de empresarios criminales que trabajan con mercancía legal, pero también ilícita. La diferencia es que lo hacen como empresarios formados y lo que está fallando es la investigación criminal corporativa a las navieras”.

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** Con información de Begoña P. Ramírez (infoLibre), Paul Vugts (Het Parool), Lars Bové (De Tijd), Angus Peacock (OCCRP) y Pavla Holcova (Investigace.cz). Vorágine también aportó datos de la Armada colombiana, mientras que el K-Lab de la Fundación Karisma prestó apoyo adicional y Brigadas Internacionales de Paz colaboró en cuestiones de seguridad

** Cuestión Pública, fundada en 2018, ganó el Premio Internacional Rey de España de Periodismo al Medio de Comunicación de Iberoamérica en 2023

** Este artículo forma parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación internacional sobre el crimen organizado actual y quienes lo combaten. La investigación comenzó con una filtración de datos compartidos por dos organizaciones, Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista.

El Juzgado Mixto número 2 de San Roque (Cádiz) puso en libertad hace dos semanas a Fikri Amellah, considerado el mayor capo del hachís y la cocaína del sur de Europa. Y el pasado viernes también lo hizo la Audiencia Nacional, donde compareció ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón. Sobre él pesaba una orden internacional de búsqueda y captura hasta que fue detenido en Barcelona en diciembre de 2021, en la Operación MVRand.

A diferencia del caso de Karim Bouyakhrichan, el holandés que lideraba uno de los clanes más importantes de la Mocro Maffia –la organización criminal que atemoriza a Bélgica y Países Bajos–, Amellah no ha salido de la cárcel por un error o descoordinación judicial. Su puesta en libertad ha sido incluso más fácil: no ha tenido mayor problema para pagar los 400.000 euros de fianza que le impuso el juzgado gaditano. Más elevada que los 50.000 euros solicitados a Bouyakhrichan por la Audiencia Provincial de Málaga, pero aun así calderilla para Amellah, al que la UCO de la Guardia Civil le había incautado un millón de euros en efectivo cuando fue detenido en su piso del Poble Sec.

La Audiencia Nacional, además, no le ha exigido fianza alguna. Acusado de un delito contra la salub pública, García Castellón ya lo puso en libertad provisional sin fianza el 27 de diciembre de 2023. Una medida que repitió el pasado día 10, tras comparecer ante él Amellah para resolver un recurso de la Fiscalía, que pedía su vuelta a prisión. Amellah ya había pagado la fianza impuesta por el juzgado de San Roque y estaba libre. Según explican fuentes judiciales, García Castellón apoya su decisión en el tiempo transcurrido en prisión –dos años y medio–, así como en “el arraigo que tiene en España, con domicilio fijo en Barcelona, donde vive con su mujer y sus tres niños dependientes de él”.

Al narco, de origen marroquí pero nacionalidad española y 46 años de edad, lo buscaban las policías de Francia, Bélgica, EEUU y Marruecos. Europol lo había clasificado como “objetivo de alto nivel”. Pero eso no fue óbice para que la fiscalía gaditana, la única parte acusadora en el procedimiento, informara a favor de su puesta en libertad provisional bajo fianza de 400.000 euros, después de que la defensa del capo pidiera su salida de prisión debido al tiempo que llevaba entre rejas. La jueza decidió en el mismo sentido. A Amellah se le acusa de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Como medidas aseguratorias, se le ha retirado el pasaporte y tendrá que comparecer cada semana en el juzgado de San Roque. En la Audiencia Nacional, por el contrario, sólo cuando sea llamado, no se ha fijado una periodicidad.

La primera vez que García Castellón lo dejó en libertad, sin fianza y a la espera de juicio, fue por organizar un alijo de 3,2 toneladas de cocaína en un velero que viajó de Venezuela a España y que fue localizado en la costa de Huelva en enero de 2021. Precisamente, la bautizada como Operación Medellín, en julio de 2022, cuando Amellah ya llevaba casi ocho meses en la cárcel, sirvió para acreditar el nexo entre los narcotransportistas gallegos y la Mocro Maffia, pero también con Jonas Falk, el Pablo Escobar sueco, considerado el mayor traficante del norte de Europa para las autoridades. Entonces, uno de los motivos que llevaron a García Castellón a acceder a la solicitud de la defensa de Amellah fue que Francia aún no le había enviado las conversaciones de móvil desencriptadas que habían servido para descubrir su participación en el alijo.

La Justicia española, que tenía la opción de mantener a Amellah en la cárcel hasta diciembre de 2025, agotando los plazos legales, tendrá ahora que responder al previsible descontento de las autoridades holandesas, la segunda vez en unas semanas tras el error cometido con Bouyakhrichan.

Fikri Amellah se convirtió en uno de los capos más buscados de Europa tras organizar con notable éxito la logística del tráfico de hachís desde África hasta aguas próximas a España. Allí les suministraba la droga a otras organizaciones, como la de Los Castaña y la encabezada por Abdellah El Haj Sadek, el Messi del Hachís, los clanes más importantes del Campo de Gibraltar. Después aprovechó una operativa tan bien engrasada para dar el salto a la cocaína.

Suyas fueron las 4,3 toneladas de hachís confiscadas en San Pedro del Pinatar (Murcia) en octubre de 2021 y, ocho meses antes, el alijo de 1,8 toneladas de cocaína transportadas por el barco Nehir, que fue hundido por sus propios tripulantes en el puerto de Gijón para evitar la incautación de la carga.

El capo llevaba ya dos años en el radar de las fuerzas de seguridad, por lo que había dejado la grandiosidad de Sotogrande (Cádiz), donde residía, por un piso anónimo de Barcelona. Allí se escondía discretamente, alejado de la vida de lujo indiscreto que había llevado hasta entonces. Había comprado una heladería, dos bares y un kebab, según contó El País. Y allí lo sorprendieron los agentes de la UCO de la Guardia Civil, mientras organizaba varias operaciones con media decena de móviles a su alrededor.

En la misma operación fue detenido, en Vigo, Roberto Martín González, hermano del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, del PP, en su día el diputado que más patrimonio declaró hace tres legislaturas. A Roberto Martín, que ya había sido condenado en 2014 a tres años y seis meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, se le acusó entonces de blanquear dinero procedente del narcotráfico. Según los investigadores, se había reunido “en varias ocasiones” con Fikri Amellah.